Su adhesión al documento de la Iglesia Católica Argentina en defensa del derecho a la tierra de los pueblos aborígenes y los pequeños productores, ante el proceso de concentración y extranjerización que se observa en el país, agravado en forma particular en los últimos 30 años, solicitando se garantice una justa distribución.

Señor presidente:

La tierra debe ser, a mi criterio para quien la hace producir y nunca debe ser un bien de renta o especulación

El recurso suelo en nuestro país, recurso no renovable, se ha visto perjudicado por prácticas agrícolas que lo han ido deteriorando sistemáticamente, y si bien hoy la situación no es extremadamente crítica, estamos en un buen momento para detener el proceso de deterioro de nuestros suelos, implementar sistemas o prácticas agrícolas no contaminantes ni destructivas y respetar de esa forma la sustentabilidad del mismo con miras a la conservación del recurso.

La siembra directa ha representado una interesante manera de desacelerar esos procesos degradativos que con el incesante uso de herramientas mecánicas agresivas, nos iban conduciendo lentamente a una pérdida inexorable del recurso.

A estos procesos físicos donde el Estado debe jugar un rol importante como supervisor y educador para lograr que nuestros productores se concienticen sobre las consecuencias del mal uso del recurso, se agrega un factor sumamente importante como lo es la tenencia de la tierra.

En las últimas décadas y como resultado de un proceso de globalización, se ha llegado a un sistema productivo donde la escala hace que pequeños productores no alcancen el mínimo de producción para hacer viable su subsistencia y permanencia en el campo y debe emigrar hacia otros horizontes. Es el fenómeno que estamos viendo en los sectores rurales donde familias enteras son desarraigadas y emigran a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Ello trae aparejado un proceso de concentración de la tierra por parte de aquellos que, disponiendo del capital a tal efecto en muchas zonas de nuestro territorio van adquiriendo porciones de campos que van sumando y poco a poco se va concentrando en pocas manos la explotación agropecuaria.

Este fenómeno se puede constatar revisando los datos del último censo agropecuario que muestra el éxodo de sus campos de aproximadamente 100.000 productores pequeños y la consiguiente concentración en menos manos de la misma superficie. Todo esto conlleva un fenómeno de gran deterioro desde el punto de vista social, económico y geopolítico que desarrollarlo explicarlo llevaría mucho y el objeto de este proyecto es apoyar una posición que a mi criterio ha sido muy conveniente en tiempo y forma pues es hora de comenzar a echar los cimientos de las acciones que nos conduzcan a revertir este fenómeno. Como dije anteriormente ha sido la Iglesia como Institución que ha salido al ruedo a denunciar una situación que es insostenible.

La Iglesia ha lanzado semana una fuerte defensa del derecho a la tierra de los pueblos aborígenes y los pequeños productores, ante el proceso de concentración y extranjerización que observan en el país, y reclamará por una política que garantice una justa distribución.

El reclamo está contenido en "Una tierra para todos", un libro que la Conferencia Episcopal Argentina presentará el lunes en su sede de Suipacha 1034, elaborado en conjunto por las comisiones de Pastoral Aborigen, Pastoral Social, Cáritas y la Universidad Católica Argentina (UCA).

"La falta de una política estatal fundada en una equilibrada distribución de las tierra rurales, en el marco del predominio de una concepción utilitaria de la propiedad como un bien de mercado y como bien social, fue generando en el país un fuerte proceso de

concentración de las tierras productivas", diagnostica el estudio en su segundo capítulo.

Esta concentración se debió a "la venta de derechos de posesión de pequeños productores empobrecidos a grandes corporaciones de capitales, nacionales y extranjeras".

Al referirse a la cuestión de la extranjerización, el trabajo dice que "representa un proceso de pérdida de soberanía y de recursos naturales, así como de concentración de la tierra en capitales extranjeros" y señala que "no hay impedimento legal" para la compra de grandes extensiones de tierra por parte de corporaciones extranjeras.

Luego, denuncia que "resultan cada vez más excluidas las mayorías y especialmente los aborígenes, de manera tal que en nuestro país el hambre y la malnutrición representan algunos de los problemas principales debido a medidas políticas que limitan el acceso de las familias a la tierra y a los recursos que hay en ella".

Según el relevamiento que realizaron los organismos de la Iglesia, de un total de 900 comunidades indígenas en todo el país, dos tercios no cuentan con los títulos de propiedad de sus tierras, y mencionan como "preocupante" la situación de los grupos de Salta y Neuquén.

Ante esta situación, las comunidades indígenas "son susceptibles de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para los emprendimientos empresariales" y señalan que en otros casos "estas presiones toman la forma del olvido y abandono por parte del Estado".

"A una década de la incorporación del inciso 17 en el artículo 75 de la Constitución, que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, pareciera que la situación de las comunidades se agrava cada vez más y los problemas estructurales que padecen

se agudiza día a día", advierte el texto.

En ese sentido, consideran "impostergable y urgente saldar la deuda histórica que - como país- tenemos con los pueblos indígenas".

Otro capítulo del libro se refiere al "déficit social" en relación a los problemas de tenencia, titulación y habitabilidad de tierras urbanas y suburbanas, que "no constituyen algo reciente en nuestro país, sino una realidad de larga data".

"Con el crecimiento del desempleo, la precariedad laboral y la pobreza, junto con la incapacidad del Estado para articular una política estratégica de desarrollo económico y social, estos problemas han tendido a intensificarse", dicen los obispos.

También se menciona en el trabajo la necesidad de la explotación racional de los recursos naturales de modo de evitar la contaminación ambiental y el desequilibrio ecológico.

Hacia el final del trabajo, el libro contiene una serie de propuestas "hacia el Estado y la sociedad", entre las que sugiere "establecer una política de largo alcance que contemple

integralmente la cuestión de la tierra y los recursos naturales".

También proponen "generar políticas fiscales que favorezcan el uso racional y eficiente de la tierra, de manera adecuada y equitativa" y "garantizar el acceso y la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra".

Asimismo, instan a "facilitar el traspaso de tierras de minifundistas acortando procesos burocráticos innecesarios y asegurando que las transacciones de propiedades sean transparentes" y "diseñar políticas ágiles que permitan el traspaso de tierras fiscales a la población carenciada que las ocupa".

En relación a las comunidades aborígenes, solicitan implementar programas de regularización dominial de las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas, sancionar una ley nacional que establezca un trámite sumario para la titulación en forma comunitaria, establecer programas de adjudicación y recuperar las tierras fiscales que fueron adjudicadas ilegalmente en violación de las leyes vigentes.

Esta importante iniciativa merece nuestro apoyo y por ello, Sr. Presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto.