1. Encomendar a sus comisiones permanentes de Derechos Humanos y Garantías y de Asuntos Constitucionales que durante el mes de marzo de 2012 sesionen conjuntamente en la localidad de Andalgalá, provincia de Catamarca, con el fin de recoger y evaluar testimonios acerca de eventuales inobservancias a derechos o garantías de raigambre constitucional en la mencionada provincia.

2. Tras dicho cometido, ambas comisiones elevarán a esta Honorable Cámara un informe pormenorizado sobre la situación imperante en Catamarca.

Señor presidente:

Cuando aún no salíamos del estupor que nos causó la feroz represión que la policía catamarqueña desató contra hombres, mujeres y niños de Tinogasta que se oponen a la minería a cielo abierto y sobre los que lanzaron gases lacrimógenos, balas de goma y amenazantes perros, venimos a enterarnos que en la también catamarqueña Andalgalá funciona impunemente una "patota prominera" dedicada a impedir el ingreso a esa localidad de ciudadanos argentinos a los que considera foráneos.

Aunque se inscribe en el debate en torno a la minería a cielo abierto, este impedimento a los "foráneos" impuesto por la "patota prominera" supera a dicho debate, ya que vulnera lo prescripto por el artículo 8º de la Constitución Nacional que en su primera parte sostiene: "Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás". Entre esos derechos se incluye el previsto en el artículo 14 del mismo cuerpo que reconoce el de transitar por el país.

Asimismo, resultan lesionadas las prescripciones dispuestas por diversos tratados internacionales que son parte de nuestra Constitución:

- Artículo VIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado del que es nacional, de transitar por el libremente y no abandonarlo si no por su voluntad.

- Artículo 13 inciso 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

- Artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.

- Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.

Por cierto, cuando un grupo de particulares impide el paso de los "foráneos" comete un delito que sólo la justicia juzgará. Pero si ante ese delito, las autoridades con jurisdicción en el lugar en el que se comete omiten intervenir para hacerlo cesar, estamos ante una violación de la Constitución Nacional, que compete al Poder Legislativo Nacional en concordancia -como veremos- con lo dispuesto por los Artículos 5°, 6° y 75 inciso 31 de la Constitución Nacional.

Al respecto, cabe señalar que el pasado 9 de febrero, días antes de que el patoteril proceder trascendiera a nivel nacional, un medio catamarqueño -El Esquiú.com- hacía una complaciente presentación de los promineros.

Decía el sitio: "Más de 500 personas, entre vecinos, trabajadores y proveedores mineros, cortaron totalmente la Ruta Nacional N° 40 en el día de ayer, para exigir que la Justicia procediera al desalojo del grupo de ambientalistas que desde 20 días atrás no permite el paso de los camiones que transportan insumos con destino a Minera Alumbrera. Y amenazaron con armar bloques humanos(sic) para despejar el camino ellos mismos".

Como si se tratase de una consecuencia de esa amenaza, El Esquiú.com continuaba: "El juez de Garantías subrogante de Belén, Miguel Angel Aibar, intimó a los antimineros a despejar la ruta para evitar el choque entre los dos grupos. Los manifestantes fueron notificados alrededor de las 15:40 y tenían una hora para acatar la medida, o de lo contrario se procedería al desalojo por la fuerza".

Finalmente y cual altavoz de los promineros, el sitio señalaba: Los vecinos a favor de la actividad minera indicaron que quienes realizan los cortes selectivos "son movimientos políticos en contra de la gobernadora". Asimismo resaltaron que los asambleístas "no tienen nada que perder, pero nosotros debemos salir a trabajar todos los días".

Esta empatía entre El Esquiú.com y los promineros se explica ya que el sitio está enrolado en el "bombonismo", corriente del oficialismo catamarqueño que lidera Armando "Bombón" Mercado y al que pertenece su sobrina, la gobernadora Lucía Corpacci.

Mercado, bueno es recordarlo, ha sido designado a comienzos de febrero por su sobrina como director de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, una empresa estatal mixta en la que intervienen la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán y que conforma, junto con la multinacional Minera Alumbrera Ltd. (Xstrata Copper), la Unión Transitoria de Empresas que explota el yacimiento de cobre, oro y molibdeno de Bajo La Alumbrera y de la que dicen ser empleados los promineros.

Corpacci, por su parte, es una férrea defensora de la actividad minera a cielo abierto en su provincia y mantuvo un sugestivo silencio en relación al accionar delictivo de los promineros a quienes el portal El Esquiu.com presenta como trabajadores preocupados por su fuente laboral.

A la pasividad de la máxima autoridad provincial se le sumó la complacencia y hasta la subordinación de la Policía catamarqueña respecto a la patota. Así lo demostraría el testimonio de la concejal de Andalgalá Gloria Peña, quien tras recurrir a la Policía porque los promineros le impedían ingresar a su ciudad, recibió como respuesta de los uniformados que ellos (los promineros) están a cargo de observar y decidir quién entra y quién no.

Otro testigo y víctima del accionar prominero y de la complacencia policial fue el periodista Gabriel Levinas que escribió en el sitio www.plazademayo.com: "Al constatar que algunos (de los que intentaban ingresar a Andalgalá) eran periodistas, requirieron identificaciones y nombre del medio al que cada uno pertenecía. No contentos con las respuestas, solicitaron documentos que probaran los datos y finalmente exigieron que se retiraran todos del lugar. Plazademayo.com intentó dialogar con representantes del corte, e incluso ofreció entrevistarlos, pero estos demostraron una peligrosa y agresiva intransigencia. Una vez desalojados de la entrada, estos cronistas acudieron a la Policía provincial en un puesto ubicado a 300 metros del corte, quienes nos informaron que no podían hacer demasiado hasta tanto no se comunicaran con el comisario y posteriormente con el fiscal. Tanto la fiscal Marta Nieva de Andalgalá como Santo Reynoso, Fiscal Federal de Catamarca, fueron notificados de la situación. Este último informó que debía realizarse la denuncia ante la Policía. Sin embargo, las Fuerzas de Seguridad eludieron durante todo el día la denuncia argumentando que la solicitud debía radicarse en la comisaría de la Ciudad". Agrega Plazademayo.com que cuando el cronista "explicó al subinspector Valdez el motivo de la denuncia, este justificó el corte y declaró que la modalidad no es solo no dejar pasar a periodistas; tampoco a todos aquellos que se manifiestan en contra de la minería".

Claro que la cordial presentación que hace El Esquiú.com de los promineros (vecinos, trabajadores y proveedores mineros) no se condice con la fotografía que de ellos publicaron diversos medios periodísticos y que muestra a una larga fila de hombres corpulentos y de gesto desafiante. El diario Página 12, que no reproduce esa imagen, los tilda de "patovicas" en la volanta de la nota titulada "Corte de la Patota Prominera".

El mismo medio reproduce denuncias de vecinos andalgalenses, según las cuales una "patota prominera financiada por Bajo La Alumbrera actúa con total impunidad cortando los caminos hacia Andalgalá" (con lo cual se) "demuestra cómo empresas transnacionales operan al margen de la legalidad, utilizando una metodología patoteril de control total, ignorando la voz y la voluntad del pueblo".

Yo mismo, Sr.Presidente, estuve retenido -a pesar de mis fueros y de que la fiscal Nieva había ordenado la deposición del corte- por la denominada patota prominera, lo cual me obligó a ingresar y retirarme de Andalgalá con custodia policial. :

Otros testimonios del mismo tenor abundan en distintos medios de las más variadas líneas editoriales e indicarían que en Catamarca no estaría garantizado el sistema republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional en su artículo 5to. Si así ocurriere se estaría dando una de las condiciones contempladas por el art. 6 de la CN para disponer la intervención federal de la provincia, instancia cuya decisión corresponde al Poder Legislativo del que somos parte por imperio del art. 75 de la CN en su inciso 31.

En consecuencia, consideramos que esta H. Cámara, a través de sus comisiones permanentes de Derechos Humanos y Garantías y de Asuntos Constitucionales, debe comprobar "in situ", la veracidad de los distintos testimonios que dan cuenta de la violación de preceptos constitucionales y del ordenamiento jurídico internacional incorporados a nuestra Carta Magna.

Por ello, pedimos la aprobación de esta iniciativa.