Artículo 1º - Créase una comisión bicameral de investigación de los negocios petroleros, con la consiguiente revisión de las contrataciones estatales y privadas, las acciones y sus propietarios. De manera central, la Comisión evaluará las reservas petroleras del País, su exportación e importación y toda temática que pudiera ser observable a los fines de efectuar el debido contralor por parte de este Parlamento.

Artículo 2º - La comisión estará constituida por doce diputados y doce senadores designados por los presidentes de cada Cámara a propuesta de los respectivos bloques políticos, debiendo observarse la representación de las minorías.

Artículo 3º- La citada Comisión deberá convocar, en forma consultiva, a especialistas en la materia provenientes de:

a) Organizaciones No Gubernamentales

b) Consejos Universitarios cuyo objeto de estudio principal sea la temática del presente

c) Especialistas de acreditada experiencia en cada rubro especifico de la materia que demuestren su carácter independiente en cuanto las políticas privadas y públicas

Artículo 4º - El objeto de la comisión será la investigación de las actividades petroleras a fin de detectar la eventual comisión de delitos en lo que hace a temática citada en el artículo 1º de la presente Ley y establecer una prospectiva respecto de las reservas generando una política de Estado sobre el recurso estratégico.

Artículo 5º - El plazo de duración de la comisión vencerá al año de su constitución con posibilidad de prórroga por un período igual, debiendo informar al término del primer ciclo respecto de lo ya efectuado al momento de la renovación.

Artículo 6°- En el ámbito de su funcionamiento deberá dictar su propio reglamento que establezca los procedimientos para el cumplimiento de su objeto.

Artículo 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Los problemas producidos por el agotamiento de las reservas de hidrocarburos son graves y se proyectan a consecuencias imprevisibles. De hecho en los últimos tiempos, la situación de emergencia, su explotación indiscriminada y sin control efectivo por parte del Estado, provocaron desinteligencias entre Argentina y algunos de sus países vecinos.

El Estado Nacional, tiene facultades para revisar la andadura y legitimidad de los contratos petroleros, las zonas asignadas, las inversiones en el sector; tanto las que se consideren necesarias luego de una evaluación, como las comprometidas por las empresas concesionarias.

Son suficientemente conocidas las medidas de prioridad nacional que las naciones otorgan al recurso petrolero por la importancia que tendrán las consecuencias de su merma sostenida a lo largo de los años. En cambio, nuestro país carece de un plan de su matriz energética y de contralor de la sobreexplotación de los pozos operativos.

El desguace del Estado que soportamos en la década de los noventa, tuvo un punto central en la transformación de la estructura energética global del sector, abandonado a los intereses privados y a sus propias necesidades de explotar el recurso a su máximo nivel, con inversiones mínimas; sin tener en cuenta, como es lógico, los intereses y las necesidades del pueblo argentino, frente a un Estado ausente y desertor de sus obligaciones.

El marco normativo que permitió la desnacionalización de nuestras reservas petroleras fue puesto al servicio de las empresas. Se eliminaron las cuotas de crudo, se flexibilizó la importación de petróleos crudos y de productos derivados del petróleo al no requerirse autorización previa, eximiéndose de los aranceles de exportación. La política energética no se planificó en base a una proyección de las necesidades argentinas de mediano plazo ni protegió adecuadamente el recurso de su depredación indiscriminada.

En todo momento se antepusieron las reglas del mercado internacionalizado a las necesidades del desarrollo nacional, cosa que no es de ninguna manera frecuente en este sector de la actividad que los países no abandonan a las arbitrariedades del mercado; y esto, simple y sencillamente porque se trata de un recurso imprescindible para la supervivencia de los pueblos en el estado actual de escasez de recursos y superpoblación mundial.

Argentina arrasó con sus marcos regulatorios establecidos como consecuencia de políticas de largo plazo pensadas por los hombres que construyeron la matriz de la independencia energética argentina que logró sus objetivos partiendo de una situación de completa precariedad técnica en los años treinta del siglo XX. Apenas en un puñado de meses, todo ello fue destruido y enajenado de manera irresponsable, colocándonos ahora en una situación de indefensión estratégica y sin capacidad ni voluntad de regular en negocio que se realiza con nuestros recursos naturales no renovables.

La empresa estatal YPF, fue estructurada como una de las bases esenciales de la industrialización argentina. Los argumentos que se utilizaron - de corrupción generalizada e incapacidad del Estado para reinvertir en la explotación - con el objeto de justificar su desmantelamiento a pesar de contar con balances notablemente positivos fueron falsas excusas. Además, durante los setenta años de su existencia, YPF cubrió el 95% de las necesidades energéticas del país.

A la cesión injustificada de las instalaciones de YPF y de YCF, siguió la entrega de todas las áreas continentales de exploración y explotación, coartando con estas y otras medidas, toda capacidad del Estado para definir políticas de uso racional de los recursos en cuestión. La actual crisis energética tiene su fundamento primario en estas políticas neoliberales que se olvidaron de tener en consideración el futuro de nuestro país, sometida su soberanía energética a los negocios concentrados transnacionales.

El país perdió también la renta petrolera. Las empresas además están autorizadas a transferir el 70% de las divisas obtenidas sin pasar por el Banco Central en una situación anómala y única, tal como expresamente señala el Informe del Ari sobre Repsol/YPF de mayo de 2006.

"El proceso de internacionalización de los precios del petróleo y del gas produjo impactos negativos sobre el funcionamiento de otros sectores económicos", como señala el economista Alberto Barbeito en su informe sobre la crisis energética. La carencia de una planificación política de los recursos, ajustada a nuestros intereses, tuvo más consecuencias que las estrictamente petroleras y energéticas que condicionan negativamente nuestro desarrollo económico actual y futuro a menos que se establezcan criterios encaminados a retomar un control del sector que nunca debimos ceder. El Estado incumplió con criterios mínimos de supervisión acerca de qué se produce, cómo y cuánto en materia de tareas de explotación y de sostenimiento de las reservas. Según desarrolla Barbeito , "...el descontrol es tan grave que la producción se conoce por vía de declaraciones juradas de las empresas, y las reservas comprobadas no son auditadas por los organismo públicos sino certificadas por consultoras contratadas por las propias empresas".

Señor Presidente, la necesidad de establecer una Comisión Bicameral que investigue tanto los negocios, como los incumplimientos contractuales de las empresas, el estado de las reservas y su importación y exportación es de suyo evidente y solicitada por muchos sectores políticos, sociales y económicos; así como las consecuencias de las políticas que se llevaran a cabo en esta materia, se encuentran a la vista.

Se adjunta al presente proyecto a modo de suficiente explicación de la situación petrolera argentina, el Informe REPSOL de Mayo de 2006, emitido por nuestro bloque y que lleva la firma de los diputados nacionales Elisa Carrió, Fabiana Ríos y Adrián Pérez

Por todo lo expuesto es que se solicita la aprobación del presente proyecto.