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Reunión del día 20/04/2017

- REUNIÓN INFORMATIVA

- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veinte días del mes de abril de 2017, a la hora 10 y 32:
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Damos comienzo a la reunión conjunta de las comisiones de Obras Públicas y de Pequeñas y Medianas Empresas, en honor y respeto a los señores diputados y a los representantes de las diversas cámaras que han sido invitadas y que se encuentran presentes desde hace varios minutos.

La idea es poner en discusión un nuevo marco normativo en cuanto a las compras públicas. Por eso, hemos reunido a la comisión que preside el señor diputado Kosiner, de Pequeñas y Medianas Empresas, con la de Obras Públicas, que es la comisión cabecera, a fin de realizar un amplio debate con todos los sectores involucrados en la materia.

Esta es la primera de las reuniones informativas con las cámaras empresariales. Tenemos pedidos de varios señores diputados para incorporar otros nucleamientos; de modo que estamos armando la agenda para realizar otra jornada de debate con el objetivo de escuchar a todos los sectores.

Es cierto que hace mucho tiempo el gobierno nacional está informando que enviará al Congreso un proyecto de ley sobre esta temática; bienvenido sea. Nuestro deseo es tener participación y que la norma sea sancionada por unanimidad, si es posible. De esta manera, no solo será una propuesta del gobierno nacional, sino que, a partir del aporte de todos los sectores y del debate del Congreso Nacional, se transformará en una política del Estado en relación con la protección de la industria nacional y, específicamente, de las pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, hemos enviado, tanto a los señores diputados como a los invitados, un compendio de los proyectos que tienen estado parlamentario. Se trata de una problemática que aqueja y preocupa a sectores de distintas bancadas políticas. Ustedes verán que las iniciativas plasman diversos enfoques dentro de los lineamientos partidarios de la Cámara de Diputados, incluso desde el punto de vista ideológico, por qué no decirlo.

Creo que a partir de la discusión debemos llegar a la mejor ley, teniendo como base no que podemos medir o mirar las compras públicas como un mero gasto burocrático, que solo tiene como fin satisfacer las necesidades que posee el Estado nacional para brindar sus servicios sino, por el contrario, que debe ser una de las principales herramientas, como política de Estado de desarrollo, para fomentar, primordialmente, la economía nacional, y protegerla ante el avance de la economía mundial.

Por eso, tengo muy en claro que, si bien es verdad que el gobierno tiene otras mediciones, y seguramente es el que maneja los datos más ciertos, sabemos que, a nivel internacional, las compras públicas siempre oscilan entre un 10 y un 15 por ciento del PBI.

El Poder Ejecutivo lo cirscunscribe a un 5 por ciento. Aun así, un 5 por ciento del PBI equivale a casi 30.000 millones de dólares. Se trata de mucho dinero que -como dije anteriormente- no solo debe ser un gasto sino una inversión al servicio de la industria nacional.

Para dar inicio al debate, daré la palabra, en primer lugar, al señor diputado Pablo Kosiner, presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas. A continuación, los expositores tendrán la posibilidad de plantear sus perspectivas del sector. Posteriormente, los señores diputados podrán también hacer uso de la palabra para despejar todas las dudas que puedan surgir, luego de las exposiciones de cada uno de nuestros invitados, a quienes agradecemos su presencia.

Tiene la palabra el señor diputado Kosiner.

SR. KOSINER Deseo agradecer al señor presidente de la Comisión de Obras Públicas, el señor diputado Ziliotto, al igual que a cada una de las organizaciones que hoy se encuentran aquí presentes, con la mayoría de las cuales tenemos un diálogo bastante frecuente en lo relativo a las consultas y actividades desarrolladas en la comisión que presido. Obviamente, agradezco también a los diputados que integran ambas comisiones, la de Obras Públicas y la de Pequeñas y Medianas Empresas.

Indudablemente, uno de los temas que más nos preocupa hoy en la Argentina es la situación de la pequeña y mediana empresa, de la cual todos los días se habla. A diario existen presiones sobre cómo repercute el cambio de las distintas variables económicas en nuestro país con respecto a la actividad de las pymes. Cabe destacar que la gran mayoría del trabajo en la Argentina se genera desde las pymes.

Nuestra idea hoy es empezar a anticiparnos a la discusión de un tema que seguramente va a ser debatido en el Congreso. Todavía no sabemos si el proyecto que el Poder Ejecutivo nacional va a remitir ingresará por la Cámara de Senadores o por la de Diputados. Lo cierto es que casi todas las bancadas han presentado iniciativas vinculadas con la modificación de la ley 25.551, en relación con la participación de las pymes en las compras por parte del Estado nacional, y referidas también a cómo repercute esta cuestión en las provincias.

Ello indica que esta no es solamente una cuestión privativa de una visión coyuntural de un sector político. Es claro que todas las fuerzas políticas están preocupadas por la modificación de la llamada "Ley de Compre Argentino" y por ver cómo se mejora la situación de la pequeña y mediana empresa en nuestro país.

En relación con esto, indudablemente hay una realidad, que además la vivimos cuando discutimos la ley pyme o la de emprendedores. En este sentido, nosotros estamos discutiendo herramientas, pero el éxito de su aplicación dependerá de las condiciones macroeconómicas de la Argentina. Eso lo tenemos perfectamente claro.

Por ello, hemos hablado con el señor diputado Ziliotto acerca de que no queríamos esperar a que ingrese el proyecto del Poder Ejecutivo para ocuparnos de esto. No es nuestra intención que solo desde la urgencia se trabaje sobre la redacción de un proyecto, sino escuchar las posiciones de los principales involucrados, que son las organizaciones, y saber cómo creen que debe encararse este trabajo. Algunas de las organizaciones incluso ya nos han acercado proyectos de ley para que los analicemos y eso estamos haciendo, ya que constituyen un aporte muy importante.

Existen datos claros de que hay muchas empresas que no solamente están teniendo dificultades a partir de la caída del mercado interno, del consumo, sino también para poder acceder a los procesos licitatorios que genera el mismo Estado. Entonces, indudablemente nosotros debemos contemplar esos temas y para ello seguramente tendremos que encarar modificaciones a determinadas leyes.

La idea no era que habláramos tanto nosotros, los diputados, sino principalmente escuchar a quienes hoy nos visitan. Queremos agradecerles por su presencia.

Este es el punto de partida. Esta es una primera ronda de consultas, y haremos otras con los distintos sectores, independientemente de que la norma ingrese por la Cámara de Senadores o por la de Diputados.

Si el proyecto ingresa por el Senado, vamos a tratar de volcar en ese ámbito todos los aportes que ustedes puedan hacernos y las discusiones que nosotros vamos a generar desde aquí. Ello, para que el tema no se convierta en una norma que vaya y vuelva, sino para que exista un consenso importante. Si la iniciativa ingresa por esta Cámara, entonces nos habremos anticipado al trabajo.

SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Damos inicio ahora a las exposiciones de nuestros invitados. En primer lugar, daremos la palabra al representante de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas, el señor Jorge Tamborenea.



SR. TAMBORENEA Señor presidente: ya nos presentaron como CADIEEL; soy socio y pertenezco a la comisión directiva. A mi izquierda, se encuentran José Álvarez, quien también es socio y parte de la comisión directiva; Oscar Calvelo, que es parte del staff y en algunos segundos nos proyectará un video y, por último, Mabel Riemersma, gerenta general de la cámara.

Hemos trabajado en profundidad este proyecto. CADIEEL es una cámara que está muy afectada por las compras públicas, dado que manejamos el tema de la energía electrónica y la luminotécnica. Este aspecto es, tal vez, uno de los hitos más importantes que nos llevó a hacer esta tarea.

Lo que verán a continuación está basado en un trabajo de investigación que realizamos en el mercado internacional; para ello, hemos invertido en profesionales y en tiempo para que llegue a manos de ustedes. No se trata de un proyecto de ley, sino de una propuesta para que puedan discutirla, desmenuzarla y tomar lo mejor de ella.

Lo trascendente de todo esto es que recorrimos nueve países de los más importantes del mundo, como Estados Unidos, Corea, Japón, Méjico, Brasil, España, dentro de la Comunidad Económica Europea e Israel, donde trasladan equis cantidad de beneficios a las pymes, resolviendo esta problemática que acaban de mencionar tanto el señor diputado Ziliotto como el señor diputado Kosiner.

Allí están planteadas todas las referencias del trabajo realizado, para atender los hitos que ayudan a que la industria nacional pueda desarrollarse en un país, cualquiera sea.

Los invitamos a ver un video de dos minutos, que es un resumen de todo esto, y después haremos hincapié en un par de puntos.

- A continuación, se procede a la proyección de un video.
SR. TAMBORENEA Este es un resumen bastante ágil para poder detectar parte de este trabajo profundo que hicimos. Hay algunos puntos relevantes, dentro del material que les vamos a entregar, que creemos que son de un impacto muy importante y que pensamos que hacen falta que estén contemplados en la ley.

El primero de los puntos está relacionado con lo que sería, para ustedes, el artículo 1° que tiene que ver con el sujeto alcanzado. Es importante que las compras públicas no provengan solamente de lo que compra el Estado nacional sino de lo que deriva de las provincias, los municipios o los fondos de fomento para obras públicas destinados a diversos proyectos. Aquellas compañías que utilizan, viven del Estado o son permisionarias deben ser alcanzadas por este punto. Esto es algo muy importante para nosotros; de lo contrario, nos sucedería lo que hemos vivido con el tema de la energía. Concretamente, nos hemos quedado fuera de algunas licitaciones y nosotros necesitamos estar adentro. Fundamentalmente, necesitamos competir y, por ello, esto es de suma importancia. Allí está el detalle de todos los sujetos alcanzados que nosotros ya hemos planteado.

Otro concepto es el relativo a la fabricación nacional, o sea, cómo se define un producto. La idea es tener en cuenta que el precio de producción hay que pasarlo al precio de venta, con un porcentaje del 40 por ciento. Hay que entender que existen ciertas aristas como la vinculada a la electrónica -componentes tecnológicos- que necesitan una porción mayor de producto importado para desarrollarse. Si queremos desarrollar la industria aeroespacial, la ferroviaria o la tecnológica, esto debería tenerse en cuenta.

Además, estamos solicitando, en base a un estudio, que se tengan en cuenta 20 puntos en el recupero. ¿Dónde se daría esto? Cuando cotizamos en una licitación pública sobre una base de 100 para un producto nacional, mientras que un producto importado cotiza 80, deseamos que en ese escenario se nos descuenten 20 de esa presión tributaria. Ustedes saben que para no tener una discusión pusimos un 38 por ciento, pero es mucho mayor. Si uno le saca al PBI y sólo computa la parte en blanco, o sea, la tributaria real sobre la participación del Ejecutivo nacional en lo que es la recaudación, se dará cuenta que ese porcentaje es mucho más alto, y nosotros lo tenemos medido.

La idea es que esos 20 puntos se descuenten sobre la base 100 para que pueda compararse en una forma coherente y tomar decisiones. Estamos solicitando un 5 por ciento flotante adicional que tendrá que ver con la flexibilidad, de acuerdo con la característica del momento en que se encuentra el país; es decir, si se hace una reforma tributaria o no, si hay un área desprotegida o no.

Ese es otro punto que queremos instrumentar. Algunas industrias necesitan un poco más de apoyo y otras menos, pero también hay muchas provincias que requieren de ayuda. Eso es importante, porque tenemos zonas postergadas, como es el caso del Plan Belgrano -aquí veo al señor diputado Masso, quien se ocupa mucho del área NOA- y es conveniente llegar con una ayuda a esos lugares, en el supuesto de que una provincia quiera dar un 1 o 2 por ciento de plus.

Asimismo, tenemos que tratar de desarrollar la masa de discapacitados que tenemos. La idea es que aquellas empresas que empleen a personas discapacitadas puedan tener uno o dos puntos, en caso de que su masa crítica supere el 2 por ciento o si tiene la antigüedad que corresponde. Esto también es importante y estamos haciendo una política inclusiva, en este sentido.

Lo mismo ocurre con aquellas empresas que tienen más del 50 por ciento de dotación de mujeres. Creemos que es la oportunidad para que estén adentro. Eso es demostrable y si puede corroborarse, podrían tener uno o dos puntos extra.

Hay ciertas consideraciones a tener presente; sabemos que para ello hay que trabajar, y no es fácil. Si empezamos a definir lo que sería la autoridad de aplicación, y lo enmarcamos para que no tenga claroscuros y pueda saltearse la ley, será beneficioso para todos. Por eso, hemos propuesto en otro de los artículos, cómo se define esa autoridad de aplicación, cómo sería la revisión y quiénes serían los integrantes idóneos, a nuestro criterio, para discutir con todos ustedes.

Otra cosa que queremos que se agregue es el punto de innovación, que lo consideramos crítico y es el salto para poder tener una industria de calidad en nuestro país y empezar a jugar a nivel internacional; para lo cual incluso proponemos que en cierta forma esté dentro del nombre de la ley, porque es lo que nos va a diferenciar y es lo que tenemos que potenciar.

Luego, también, el acceso -si se puede- gratuito, y si no de alguna manera -que lo ponemos en un 0,5 por mil- para participar de esas licitaciones que tienen una banda de flotación; por ejemplo, damos de 500.000 a 80 millones, porque ya nos ha pasado en licitaciones cuantiosas -sean de medio millón de pesos, 350.000 pesos-: ¿qué pyme puede participar? ¿Qué pyme va a poner medio millón de pesos para comprar un pliego de licitación? No existe eso.

Entonces, si no lo reglamentamos y no está bien fundado, permitimos que nos filtren. Hemos participado en licitaciones donde se quería desarrollar o fomentar el emprendedurismo y la innovación tecnológica, y resultó que nos pedían diez años de antigüedad, diez mil luminarias instaladas, equis cantidad de equipos presentados. ¿Qué innovación habrá con eso? Esto no va a ayudar a favorecer el emprendedurismo.

Por esta razón, necesitamos que eso esté definido, que no se pueda saltear, que esta autopista tenga el guardarraíl bien ubicado; y si hay que saltar a una colectora, que nos demos cuenta enseguida y podamos recurrir a la misma ley para encontrar cómo encorsetarla y que no se escapen de esto, porque es crítica, como mostramos en el resto de los fundamentos -basados en la legislación comparada de estos nueve países-, donde justamente las penalidades están claras para aquellos que no quieren aplicar la ley.

Si tienen alguna consulta, por supuesto vamos a estar a disposición de ustedes. Les queda el material -que también está digitalizado- con todas las referencias a cada uno de los artículos y el estudio de legislación comparada que hemos realizado.

SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Por parte de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, tiene la palabra el señor Eduardo Fernández.

SR. FERNÁNDEZ Agradecemos a los señores diputados por esta invitación y por constituir esta asamblea, en el plano legislativo, para discutir los problemas de las pymes, que estamos pasando serios momentos, como ya lo han expresado otras organizaciones.

Para simplificar, quisiera señalar que nosotros vamos a adherir al proyecto que ha presentado Cadieel. Lo hacemos en razón de las observaciones que traíamos referidas a los porcentajes y porque la ley vigente, 25.551, tampoco ha dado los frutos necesarios en lo que se refiere a los órganos que justamente hacen al contralor. Lo apoyamos, además, porque las propuestas de modificación que están incluidas en los proyectos no contemplaban la forma de actualización de los valores en forma permanente, y también por la preferencia que se hace hacia el sector pyme, las economías regionales y la innovación tecnológica.

La verdad es que la propuesta que presenta Cadieel es íntegra y creemos que debe ser tenida en cuenta. Pensamos que habla por la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, pero requiere de un Estado activo y presente.

En este sentido, debemos manifestar nuestra preocupación, ya que los señores legisladores pueden estar discutiendo esto, y el Poder Ejecutivo estar pensando en firmar un tratado de libre comercio que, por jerarquía legal, dejaría esta cuestión con un rol mucho menor e inservible en relación con la cantidad de inversiones que hace el Estado en compra pública. Por lo tanto, volcarlo en favor de la industria nacional y del sector pyme juega un rol esencial.

Entonces, hacemos la advertencia de que los pactos con organismos internacionales que obligan a compras -también de carácter internacional- y a adhesión a tratados de libre comercio pueden tornar bastante relativo el efecto de la ley. Por estos motivos, solicitamos a los señores legisladores y al Poder Ejecutivo que sean coherentes a fin de que la norma tenga realmente efectividad.

Particularmente, en lo relativo al proyecto de ley, proponemos un agregado que lo planteará el señor vicepresidente primero de la entidad, Julián Moreno, en relación con la ley 18.875. Este es un aporte que consideramos debería agregarse.

SR. MORENO El proyecto de Cadieel refiere que los pliegos de licitaciones podrían hacerse de acuerdo con la ley 18.875. Del análisis de esa norma, nosotros advertimos algún punto flojo, que creemos debería considerarse.

La ley explica claramente la diferencia entre una empresa local y una extranjera. Dentro de las empresas locales, diferencia las empresas de capital interno y las de capital externo. A nuestro criterio, las empresas de capital externo son equivalentes a empresas extrajeras; lo único que se requiere para determinar que una empresa es local es que tenga domicilio acá y que sus directivos, o el 80 por ciento de ellos, sean argentinos, pero el capital puede ser ciento por ciento extranjero. Entonces, en las licitaciones simplemente se cumple con la ley con una delegación en Argentina, pero la empresa sigue siendo extranjera con el ciento por ciento de su capital a nombre de las casas matrices que están en el exterior.

Por consiguiente, tanto la ley como su decreto reglamentario número 2.930 son claros, pero dejan un hueco en relación con la redacción del artículo 12, que creemos habría que modificar para ver cómo revertirlo. Dice así: "En los casos de estimarlo justificado, el Poder Ejecutivo podrá disponer o autorizar que los pliegos de licitación incluyan cláusulas de preferencia a favor de las empresas locales de capital interno, suficientes para compensarlas por el mayor costo de financiación derivado de su menor acceso a los avales y a los créditos externos, en comparación al que tienen las empresas del exterior y las locales de capital externo." Nosotros creemos que siempre deben ser priorizadas las de capital interno y el Poder Ejecutivo, en algunos casos -ya sea por tratarse de obras gigantescas o porque no haya empresas locales que puedan hacerlo-, podrá disponer la apertura y la participación de empresas extranjeras o locales de capital externo. Esta distinción creemos que es la que hay que tener en cuenta.

SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tendremos en cuenta esta apreciación para incursionar en la modificación de esa ley, que es complementaria y, en cierta manera, puede distorsionar el objetivo que pretendemos lograr.

Seguimos con los expositores. Tiene la palabra el señor Rubén Cocca, en representación de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina.



SR. COCCA Señor presidente: ADIMRA representa a 24.000 empresas pymes del sector metalúrgico de la Argentina y nuclea a 60 cámaras sectoriales y regionales. Además, tiene presencia en todo el país y agrupa una fuerza laboral aproximada de 300.000 personas que están representadas por la Unión Obrera Metalúrgica.

Desde hace muchos años venimos trabajando el tema relativo a la Ley de Compre Nacional. En el año 2012, trabajando en conjunto con todas las cámaras representadas por ADIMRA -entre ellas también se encuentra Cadieel- logramos la sanción en el Senado de un proyecto de modificación de la ley 25.551, que luego no fue tratada en Diputados y, por lo tanto, dicho proyecto "cayó". Hago este comentario para ubicarnos en el tiempo.

Quisiera limitarme a mencionar las ideas fuerza que creemos debe tener un proyecto de ley de esta naturaleza. Desde ya, tiene que ser abarcativo e integral pues no queremos concentrarnos en algún punto en particular. Debemos mencionar las ideas fuerzas que, cualquiera sea el proyecto, deben tenerse en cuenta.

En primer lugar, queremos destacar cuál es el objetivo de una Ley de Compre Nacional para desinstalar la idea de que esto representa una obligación para el Estado nacional de comprar caro, malo y desactualizado tecnológicamente. Esa es la idea a la que se apunta permanentemente.

Creemos que la Ley de Compre Nacional tiene que garantizar que el Estado compre en igualdad de condiciones de calidad y prestación en comparación con cualquier producto extranjero. Se apunta a desarrollar una industria nacional con los recursos del Estado que sea competitiva a nivel mundial. Habrán notado que no menciono el tema precios. Simplemente, me refiero a la calidad y a la prestación.

El segundo punto a mencionar es el de los sujetos alcanzados por la ley, que fue ampliamente descrito por el representante de Cadieel. Concretamente, cuando se habla de los "prestatarios de servicios públicos", nosotros lo hemos objetado desde hace tiempo, pues ha sido motivo de elusión de la Ley de Compre Nacional. Los concesionarios de servicios públicos se han ocupado siempre de decir que algunos de ellos son públicos y otros no lo son. Pongo el ejemplo de las telefónicas. Ellas aducen que prestan el servicio de telefonía básica -eso es un servicio público- pero cuando prestan telefonía celular e Internet -es decir, el negocio más importante- eso no es un servicio público y por lo tanto no le aplica la ley.

Además, está el caso de quienes transportan carga. Afirman que si transportan pasajeros es un servicio público, pero si transporta carga no lo es. Aquel que transporta energía dice que si la genera no es servicio público y si la distribuye sí lo es.

Por ende, cuando se entra en la enunciación de los sujetos alcanzados por la ley, dado que no se pueden eliminar las palabras "servicios públicos", es menester hacer una precisión acerca de cuáles son los servicios que están alcanzados. Esta es una sugerencia que hacemos además de agregar a todos aquellos que hacen uso de los recursos del Tesoro nacional, ya sean entidades nacionales, provinciales, municipales, etcétera. Quien hace uso del recurso nacional ya está obligado a realizar la obra, pues en el momento en que recibe el dinero del Tesoro nacional se le dice: "Señor, usted recibe este fondo a condición de que tiene que aplicar la ley de compra al momento de realizar la obra pública".

La otra idea fuerza a considerar es la relativa al margen de preferencia. Nosotros también suscribimos que el margen de preferencia tendría que estar en el orden del 25 por ciento, como sucede en los países que ya han sido mencionados. Queremos hacer alguna consideración tendiente a desinstalar la idea de que esto significa para el Estado comprar más caro o hacerlo con sobreprecio. ¿Por qué? Porque cuando se compra un producto nacional, el precio de venta de ese producto tiene un componente diferencial, como mínimo, respecto de un producto importado, del orden del 30 por ciento en cargas impositivas. Si nosotros miramos macroscópicamente todo el país, al poner esa plata en la compra de un producto nacional, hay un 30 por ciento de ese dinero que regresa al Estado nacional por alguna vía, por alguno de los tantísimos impuestos.

Por lo tanto, de los 100 pesos que pagó el Estado hay 30 pesos que vuelven. Si estoy dando un margen de preferencia en la compra del producto nacional, lejos estoy de estar comprando más caro. Al fin y al cabo, estoy comprando más barato; pero hay toda una mala prensa al respecto y una idea de instalar que se está obligando al gobierno a comprar más caro.

Queremos desinstalarlo explícitamente como idea y defender el margen de preferencia elevado, ya que cuando impulsamos el desarrollo de la industria nacional no estamos promoviendo la compra de elementos sencillos, sino el progreso de nuestra tecnología nacional. Esto conlleva al desarrollo de nuestra soberanía nacional, porque no olvidemos de que si nosotros no somos independientes tecnológicamente, hoy por hoy, la dependencia tecnológica acarrea también una dependencia soberana, directamente.

Entonces, estamos resguardando muchas otras cosas. Estamos defendiendo la generación de puestos de trabajo altamente calificados y bien remunerados, que no los produce cualquier sector laboral. No es lo mismo trabajar de cajero de supermercado que trabajar en una línea de producción, en un departamento de ingeniería. En fin, en eso estaría invirtiendo el Estado al comprar un producto de industria nacional.

Yendo a otra de las ideas fuerza que queremos señalar en este momento, nosotros creemos que en una ley de esta naturaleza debería preverse, como se hace en otros países del mundo, una reserva explícita de mercado para las industrias pyme, para ciertos proyectos que lo ameritan, que no detallaremos ahora; ni siquiera estoy hablando de hacerlo competir con un producto extranjero, simplemente digo, "esto se compra..." Por ejemplo, a ningún norteamericano se le ocurriría comprar a una potencia extranjera armamento bélico o cualquier cosa que, de alguna manera, luego lo condicione, como nos pasó a nosotros cuando fuimos a la guerra de las Malvinas, que teníamos los aviones, pero nadie nos vendía los misiles. Entonces, también hace falta tener criterios de pensamiento estratégico que hagan que compremos a la industria nacional ciertos productos en forma de reserva de mercado.

Paso a otro tema que nos parece sustancial, que nunca ha sido contemplado, salvo en aquel viejo proyecto que se frustró: la consulta temprana a la industria nacional.

Estamos acostumbrados -esto también es una instalación de la famosa transparencia- a creer que, si sale un pliego de licitación y se publica en Internet, en la radio o en los diarios, con eso se tiene garantizado alegremente que todo saldrá bien y que las cosas se harán prolijamente. La realidad demuestra que esto no es así; cualquiera que se dedique a vender cosas sabe que no lo es.

Nosotros creemos que la única forma que realmente conduce a facilitar la participación de la industria nacional en los proyectos de obra pública es que, en el momento en que se están concibiendo los proyectos que van a llevar a las contrataciones de obra pública, la ley tiene que arbitrar los medios para que se reúnan el desarrollador del proyecto con los representantes de la industria nacional para evaluar, por un lado, qué es lo que la industria puede ofrecer a quien va a comprar y analizar cuál es la versatilidad que tiene la industria para modificar su oferta a fin de adaptarse a sus necesidades, y viceversa. Es decir, de qué manera la industria puede adaptarse a modificar su producto o su sistema de producción y satisfacer las necesidades de lo que requiere el demandante.

Para eso, en su momento nosotros propusimos algo, aunque no vamos a tratarlo acá porque no contamos con tiempo suficiente; pero de manera conceptual la consulta temprana obligatoria en la industria nacional nos parece una idea importante.

Uno de los últimos puntos que voy a tratar -no quiero aburrirlos- es el referido a la autoridad de aplicación. Creemos que es importante que ésta sea fijada taxativamente por la ley y que esté remitida al Ministerio de Producción, Secretaría de Industria, etcétera. Pero dentro de la autoridad de aplicación tiene que haber un comité consultivo que esté integrado por los representantes de la industria -o sea, por asociaciones como la nuestra, que representamos a tantas empresas-, de manera que podamos participar, aunque sea con opiniones no vinculantes; de hecho, no podríamos tener opiniones vinculantes. Sí nos parece relevante poder participar en el contralor del cumplimiento de la ley y en el asesoramiento para cada uno de los proyectos que aterrizan por esa autoridad de aplicación. Consideramos que los grandes proyectos, todos ellos, deberían aterrizar por la autoridad de aplicación, y que ese comité consultivo operaría como una herramienta para ayudar en este pensamiento de la consulta temprana a la industria. Estas serían las ideas más importantes que creemos deben tenerse en cuenta.

Por otra parte, hay algunos aspectos -yo diría que son de segundo orden-, tales como, por ejemplo, si llegamos a un punto en el que la industria nacional, por determinadas razones, no gana una licitación y la gana alguna empresa extranjera para una obra grande. Allí entraríamos en esta figura tan mentada en los últimos tiempos del offset o de la cooperación productiva, como se la llama. Es decir que en un caso como el citado debe garantizarse una participación de la industria nacional, que debería darse emulando lo establecido en la ley de participación público-privada, de un 33 por ciento. Es decir, se debe garantizar que este ganador esté obligado a dar participación a la industria nacional en un porcentaje del orden del 33 por ciento. Cuando digo "industria nacional", me refiero tanto a la industria como a la ingeniería y a los desarrollos nacionales. Es decir que ese concepto sería más vasto que la industria en sí misma.

Lo que no queremos es que ese 33 por ciento después termine siendo integrado por movimiento de tierra o actividades totalmente secundarias que sirven de relleno y que no producen ningún crecimiento industrial. De eso tenemos que cuidarnos porque, si no, esta norma no servirá de nada.

Por último, quisiera señalar que ninguna ley cumplirá su objetivo si no está correctamente instrumentado el sistema de sanciones a quien la incumpla, ya sea el obligado por la norma o el funcionario que debe ocuparse de supervisar que ésta se cumpla.

La actual Ley de Compre Nacional en ese sentido no sirve para nada. Según nuestra experiencia, todos los que hemos litigado y demostrado los incumplimientos de la ley nos encontramos con que al final no le pasa absolutamente nada a quien la incumple. Esto es algo que debe ser enmendado a través de un proyecto de ley que establezca sanciones, tanto para el incumplidor como para los funcionarios que deben velar por su cumplimiento.

SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Daremos la palabra al representante de la Unión Industrial Argentina, el señor Gabriel Vieni. Luego de su intervención, el representante de la CGERA hará un breve comentario.

Sr. Vieni.- Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación.

Mi nombre es Daniel Vieni, vengo en representación del Departamento de Pequeña y Mediana Industria y Desarrollo Regional de la Unión Industrial Argentina. Me acompaña Florencia Asef Horno, del Centro de Estudios de la UIA, con quien también estuvimos analizando tanto los diferentes proyectos que se fueron presentando como aquellos aspectos que se conocen del proyecto oficial, aunque todavía no ha sido presentado.

En líneas generales tenemos una visión parecida a la que se fue comentando. La situación que atraviesan las pymes es una preocupación permanente y sobre ello se fue dialogando entre las cámaras. Por eso, si bien voy a repetir algunas cosas, dada la importancia del tema y porque es bueno reforzar la posición de la entidad, trataré de hacer un poco más de énfasis en algunos otros puntos que todavía no fueron mencionados.

Una cuestión más conceptual o general es que es importante destacar la relevancia de esto en términos del largo plazo, del desarrollo, de las capacidades y de los puestos de trabajo. Pero más aún lo es en la coyuntura: la industria cayó el año pasado un 4,9 por ciento; en el primer bimestre de este año, un 5 por ciento, y según las estimaciones propias, el dato de febrero es de menos 9 por ciento. Por ello, tanto desde la coyuntura como desde el largo plazo es de vital relevancia contemplar estos aspectos en la Ley de Compre Nacional que se sancione.

En primer lugar, tal como fueron mencionando los demás oradores, nos parece muy importante la definición de los sujetos comprendidos en la norma. En este sentido, para no repetir conceptos, quisiéramos destacar la importancia de que los contratos de participación público-privada no ofrezcan una ventana de salida a la normativa y que estén comprendidas todas las operaciones que se realicen en términos de inversión. Es decir que, cualquiera sea el marco legal, esto no debe ofrecer una ventana de escape.

Debemos reforzar la necesidad de incorporar en la ley a todas las instancias del sector público, las empresas estatales y las controladas, e impulsar la mirada federal; o sea, que las provincias y los municipios también formen parte de esto activamente. Digo esto porque muchas veces la falta de adhesión de las provincias a las leyes hace que algunas de las medidas propuestas, que son tan valiosas, caigan en saco roto.

Justamente, hace unos días estábamos hablando de la ley pyme -que alguien mencionó recientemente-, que proponía, entre otras cosas que fueron valoradas, la estabilidad fiscal respecto de la cual sigue pendiente la adhesión de algunas provincias. Creo que en alguna se aprobó y luego se vetó; no lo sé exactamente, pero es muy importante avanzar realmente en una implementación federal que promueva el desarrollo regional de las pymes en todo el país.

Por otra parte, desde ya que es bajo el margen de preferencia que existe actualmente -ya fue ampliamente tratado acá- entre 5 y 7 por ciento.

En este sentido, la experiencia internacional comparada ya fue mencionada. No quisiera "tirar" un número definitivo, ya que eso será objeto de los debates que vengan; pero claramente es importante elevarlo y que esa cifra contemple los beneficios fiscales que también fueron señalados.

No debe pensarse que habrá alguna pérdida o algún "desahorro" en el gasto público por un margen de diferencia del 5 o 7 por ciento, ya que esto conllevará una recaudación directa que generará la compra inicial de bienes locales. A ello debe sumarse la recaudación indirecta derivada de los encadenamientos de segundo orden en la generación de empleo, en la demanda que deriva de ese empleo y demás, razón por la cual esas supuestas pérdidas son claramente compensadas por márgenes de preferencia muy superiores a los existentes actualmente.

En este mismo sentido respecto del porcentaje de preferencia, es importante contemplar algunas diferencias regionales y contar con cierto margen que permita modificar estos valores en situaciones adversas o en sectores que tengan algún tipo de inconveniente coyuntural.

Respecto de cuál es el límite a partir del que entran en vigencia la normativa o las disposiciones, hay que tener presente la capacidad de las pymes de incorporarse a las licitaciones y de ser proveedoras del sector público. Hay muchas compras directas por montos que parecen menores para lo que son las compras estatales o las grandes inversiones, pero para las pymes constituirían una fuerte demanda. Sin embargo, al tener la discrecionalidad de la compra directa, esas pymes podrían quedar fuera de este régimen, razón por la cual sería importante tener en mente la escala de todos los actores de la economía y de la industria en particular.

Respecto de la definición del contenido nacional, sería bueno tener reglamentado de una manera clara cuál es el modo en que se calcula, cuáles son los componentes y cuál es el peso que se da a cada uno de los componentes, los insumos, el valor agregado local y el tratamiento impositivo que esto conlleva.

Entrando a analizar algunos puntos que quizás fueron mencionados en un segundo orden, hay dos temas que nos parecen muy importantes y que se vinculan con los incumplimientos de una posible ley. En una primera instancia, queremos que sean claras las sanciones para aquellos ganadores de licitaciones que efectivamente no cumplan con lo previsto por la norma. Proponemos que se les exija el cumplimiento y que exista una difusión y una comunicación de cuáles son el resultado y las consecuencias de esos incumplimientos.

Decimos esto porque, a pesar de que existen disposiciones y medidas de incentivos que prevén penalizaciones, luego no solo no se llevan adelante, sino que ni siquiera existe la difusión de esa falta de penalización. Esto hace que en el largo plazo se desdibuje el texto escrito.

Del otro lado del mostrador sería interesante saber si hay sanciones previstas para aquellos oferentes nacionales o pequeñas y medianas empresas que se ven beneficiadas por el régimen, pero que puedan tener un incumplimiento menor derivado de la dificultad de algún plazo, de la propia capacidad operativa de la pyme o de alguna cuestión menor que no hace a lo sustantivo del contrato firmado. Eso no debería implicar una sanción desmedida o la exclusión de un régimen, equiparando pequeños desvíos de lo previsto originalmente derivados de la capacidad operativa de la empresa de los grandes desvíos o incumplimientos con otras intencionalidades o beneficios asociados para quien incumpla la ley.

Otro de los puntos relevantes es el vinculado al financiamiento que pueden tener los oferentes locales. Esto es importante en dos sentidos. En primer lugar, se podrían ofrecer alternativas de financiamiento equiparables a las que existen internacionalmente. Muchas veces la oferta externa viene con un financiamiento en condiciones que localmente no puede obtenerse y eso se aprecia mucho más en el caso de las pymes. Esto se da en un contexto de tasas elevadas y de un costo financiero para las inversiones, tanto en términos de tasa como de plazos, que no tiene punto de comparación con lo que sucede a nivel internacional cuando llegan ofertas.

Existe un segundo aspecto que entendemos es muy importante. Me refiero al impacto de todo esto en el precio de la oferta. Cuando el precio de la oferta tiene incluido este financiamiento o los plazos de pago, la comparabilidad se pierde totalmente. Entonces, habría que buscar algún mecanismo que permita comparar los bienes, en términos de la propia calidad y de la oferta, pero en los precios que contemplen una modalidad de lo que equivaldría el pago al contado. Me refiero a lo que sería un precio comparable para todos los oferentes, viendo cómo la oferta de financiamiento permite llevar adelante los proyectos para empresas de diferentes tamaños.

Asimismo, suscribimos la idea de que tiene que haber un derrame local en aquellos casos en los que finalmente el oferente sea extranjero. Esto lo extendemos a aquellos casos en los que las licitaciones sean por volúmenes muy grandes y que el cupo de subcontratación local derive en un monto mayor. Habría que permitir un mecanismo de asociación para que las pymes, en conjunto, puedan constituir ofertas en volúmenes que contemplen las grandes licitaciones y los porcentajes de participación locales para no quedar afuera por un tema de escala. Individualmente, podría estar previsto el marco, pero uno puede no estar en condiciones de abordarlo.

Respecto de la autoridad de aplicación y retomando el tema de cuáles son los caminos a seguir ante los incumplimientos, es importante que queden definidas explícitamente cuáles serán las potestades, las facultades y los mecanismos de sanción. La idea es dotarlo de una estructura con capacidad de gestión. Esto requiere de fondos, personal capacitado y brindar una institucionalidad que no siempre tienen los organismos. La manera de que el texto escrito tenga el impacto esperado es que la autoridad de aplicación pueda tener el monitoreo, control, seguimiento y la fuerza de sanción que requiere una ley tan compleja de aplicar.

Finalmente, quiero referirme a algunos temas operativos que ya fueron mencionados. Hago mención a la necesidad de difundir las licitaciones; debe existir un informe anual acerca de las licitaciones que se fueron realizando y de sus resultados. El mecanismo debe ser sencillo para las pymes que operativamente en algunas ocasiones encuentran mayor dificultad. Incluso, en cuestiones tan sencillas como solicitar un crédito. El armado de carpetas, pliegos y la gestión de estos trámites suele ser dificultosa. En ese sentido, la participación de las cámaras empresariales también puede cumplir un rol importante, asistiendo, colaborando y difundiendo.

De esta forma, cumplimos con todos los puntos que fueron mencionados más alguno que fuimos analizando desde nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación y estamos a disposición para seguir el debate con las respectivas cámaras, los diputados y los espacios que ustedes determinen.



SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra el señor diputado Marcucci, quien es coautor de uno de los proyectos referidos al tema en tratamiento.

SR. MARCUCCI Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera destacar la participación de las distintas cámaras. Para nosotros el hecho de que estén aquí presentes, que puedan enriquecer las propuestas y también marcar algunas diferencias -aunque quizás sean más conceptuales- es un buen ejercicio para el Congreso. Como decía De Mendiguren, esa es la marca de este Parlamento.

Por otra parte, la intención del Poder Ejecutivo de enviar un proyecto en este sentido significa que políticamente está dispuesto a abrir la discusión del tema ya que considera insuficiente lo establecido en la ley actual. Además, todos sabemos que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado el gobierno no cuenta con mayoría, lo que también habla de los nuevos tiempos que se viven y de la búsqueda de consensos.

Al igual que De Meringuren, destaco que no debemos asustarnos de estos temas; hasta la OMC lo establece claramente. Otros países han hecho punta en esto: Corea, Israel, Estados Unidos, la Unión Europea.

Por otra parte, me quedo con algunos conceptos muy importantes que plantearon las cámaras en el sentido de que nunca estamos hablando de resignación de calidad o de la prestación de los servicios, sino de la responsabilidad que todos tenemos, tanto ustedes como nosotros. En definitiva, cuando el Estado compra, los usuarios de esos bienes y servicios son los ciudadanos, a quienes se debe garantizar su calidad. Eso me parece muy importante que ustedes lo destaquen.

En este sentido, quien habló en último término hizo alguna referencia, que me pareció importante destacar. No es que no tengamos ley. Mientras escuchaba las exposiciones hacía la abstracción de la situación de que exista una ley, y daba la sensación de que por primera vez estábamos discutiendo una Ley de Compre Nacional. "Nino" siempre decía que somos un país medio anómico, tenemos leyes, no las cumplimos y, además, nos entretenemos discutiendo más normas.

Me parece que un buen punto de partida sería saber qué pasó en estos quince años, porque yo he escuchado varias cosas, entre ellas, que no hay sanción con la ley actual. Eso no es así. Entiendo que el representante que dijo que hicieron presentaciones, las habrán hecho en sede administrativa, no en sede judicial.

Tenemos una ley, hablamos de 19.000 millones de pesos en 2017, y también escuché lo de las pelotas de YPF, lo que generó algunas cuestiones en el campo de la industria del cuero. Me parece que un buen punto de partida sería saber por qué la ley no fue operativa, ya no en relación con el pasado, sino para entender qué aspectos de la norma deberíamos contemplar. En, definitiva, qué aspectos operativos -como también se dijo aquí- deberíamos avanzar en relación con la ley para no dejarlo librado a las buenas intenciones y a la buena gestión. A veces, hay aspectos que tienen que ver con las exigencias de registros de proveedores, antecedentes, ventas anteriores, calificaciones. Las consultas tempranas constituyen una herramienta importante y fundamental, así como también el costo de los pliegos, la difusión, etcétera.

Entonces, ¿por qué fracasó? Entiendo que cuando hablaron sobre eso, hicieron referencia a un fracaso implícito de la ley anterior. Esto, más allá de otros aspectos que mencionaron con los cuales estoy de acuerdo como, por ejemplo, el vinculado con la ampliación del sujeto. En este punto, me surge la duda de si nosotros estamos regulando el sujeto o el objeto, por alguna intervención que hubo en relación con los sujetos. Lo que compra el Estado o a quién le compra el Estado, eso después en el debate lo vamos a aclarar.

En términos generales, la innovación me pareció otro dato fundamental. En nuestro proyecto contemplamos la posibilidad de que se dupliquen los límites -15 por ciento, en general, para las pymes-; pero me gustaría conocer alguna opinión, teniendo en cuenta que ustedes están aquí, de por qué consideran que lo anterior fracasó.

Nosotros podemos debatir cómo se mejora la ley actual, el concepto de "compre", cuáles son las obligaciones para el Estado y ampliarlas, fideicomisos, servicios concesionados públicos y no públicos, cuándo el Estado gira fondos a las provincias delegándoles, a veces, la facultad de realizar la licitación y obligándolas a que la hagan en los términos de la ley, etcétera.

En fin, me gustaría saber por qué fracasó y si tienen alguna estadística acerca de cuánto fue usada la ley actual en términos del compre nacional. Asimismo, sería importante que en esta oportunidad los usuarios directos nos planteen cuáles son las dificultades de la ley actual en relación con su incumplimiento.

Evidentemente, eso como mínimo es un incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. Después podremos discutir agregar sanciones en esta norma específica, pero un funcionario que incumple una ley comete un delito.

SR. PRESIDENTE ZILIOTTO El señor diputado preopinante ha hecho una requisitoria; pero vamos a sumar a algunos diputados más, por si surgen otras preguntas.

Tiene la palabra el señor diputado Daniel Di Stefano.

SR. DI STEFANO Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Di Stéfano, soy diputado nacional; represento al pueblo y a los intereses de Misiones.

Felicito a las autoridades de ambas comisiones porque tienen un espíritu muy constructivo. Es muy importante escucharnos, no solamente entre los distintos sectores sino también entre oficialismo y oposición.

He escuchado a todos con muchísima atención. Es muy importante hablar de una Ley de Compre Nacional. He escuchado también acerca del incentivo a los proveedores locales y de las legislaciones comparadas, que fueron muy positivas y nos sirven muchísimo para trabajar. Además, se ha hablado del ahorro de divisas y del aumento de la recaudación fiscal, temas que para nosotros son muy importantes a la hora de tomar decisiones.

No puedo olvidar que hace aproximadamente tres o cuatro semanas estuvo presente en el recinto de la Cámara el señor jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña. Todos los diputados nacionales pudimos hacer preguntas que enviamos por anticipado; algunas otras pudimos formularlas en el plenario y él nos respondió. Particularmente, le pregunté por la compra de las casas de madera a China. Seguramente ustedes estén al tanto de esto.

En la provincia de Misiones -y está muy relacionado con este tema, por eso quiero mencionarlo-, hay más de 20.000 trabajadores involucrados en forma directa en este tipo de industria, y son más de 76.000 en toda la Argentina. Marcos Peña dijo que no estaba al tanto de estas compras, al igual que el ministro Buryaile y el titular de la cartera de Industria.

Hace unos días ha ido una funcionaria del Ministerio de Agroindustria a la provincia de Misiones a hablar de que se iba a hacer un censo nacional de aserraderos, cosa que nos parece muy positiva. Tenemos que saber quiénes somos, cuándo estamos y qué podemos hacer. Sin embargo, ayer o anteayer salió una nota en el diario Clarín, que dice: "El gobierno negocia con China la compra de casas prefabricadas". Se trata de más de un millón de casas.

Nosotros estamos de acuerdo con que vengan inversiones de afuera; las necesitamos. ¿Pero qué vamos a hacer para sostener la industria nacional? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Ley de Compre Nacional, si el gobierno está haciendo lo contrario de lo que estamos proponiendo?

Me parece muy bueno y constructivo que haya aquí diputados nacionales del oficialismo, de la oposición y de los distintos sectores, porque esto es algo que nos involucra a todos y no tiene bandera política. Si no hacemos algo al respecto, tendremos que ir a dar la cara y responsabilizarnos por lo más de 76.000 argentinos que podrían quedar sin trabajo en forma directa.

Tenemos que usar componentes argentinos. Nos están escondiendo información. Los ministros nos dicen que no saben nada, pero tenemos a Iván Kerr y a otros funcionarios trabajando ya sobre esto. Aparentemente, el 15 de mayo, según la información que circula, Macri va a estar en China.

Queremos saber qué opinan ustedes de esto. Nosotros hemos presentado distintas iniciativas legislativas con el consenso de los diferentes bloques, que seguramente el día de ayer, hoy o mañana habrán ingresado a estas comisiones, Obras Públicas y PyMES, de las cuales soy integrante. Sobre esta cuestión hemos trabajado y dialogado con las distintas organizaciones que nuclean no solamente a los empresarios sino también a los trabajadores.

Queremos saber qué piensan de esto y de qué manera podemos, en forma conjunta, aunar criterios con los legisladores del oficialismo para tratar de parar esta situación.

Nosotros decimos que, si quieren comprar 15.000 casas a China, primero tienen que comprar 1 millón de casas a la República Argentina. Si las casas no son de madera sino de otro material, que ese material sea argentino. Hay que usar componentes, materia prima y mano de obra nacionales. Se dice que van a ensamblar esas casas aquí y que la mano de obra será argentina, sí, pero para ensamblar cada una de ellas necesitamos cinco hombres, y en cuatro o cinco días se termina de hacer ese trabajo. ¿Y después qué?

La gente que está relacionada en forma directa con esa actividad, ¿qué va a hacer después? ¿Quién dará explicaciones a sus familias? ¿Quién les dirá que van a sacarles el pan de la mesa? ¿Qué van a hacer esos chicos? ¿Qué harán esas familias? No solamente se está atacando a la industria nacional sino también a las economías regionales.

En forma conjunta todos debemos buscar una solución y dar una respuesta; pero el gobierno nacional debe escuchar al Poder Legislativo. El gobierno nacional debe hacer que este poder funcione, no por una cuestión electoral tiene que haber menos sesiones.

La verdad es que es un privilegio que hoy haya muchos diputados, pero últimamente no estamos consiguiendo quórum en las reuniones de comisiones y tenemos problemas muy importantes. Quieren sentarse a debatir el tema de Venezuela... Esto me parece mucho más importante. Solo quería ponerlos en alerta.

- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Para una aclaración, tiene la palabra el señor Cocca, en representación de ADIMRA.

SR. COCCA Quiero responder al señor diputado Marcucci que preguntó por qué la ley 25.551 no funcionó ni funciona.

Rápidamente, ilustro algunos de los motivos. El primero de ellos, es que los sujetos alcanzados por la ley no se los considera. En algunos casos -ya lo mencioné anteriormente-, se torna el debate de los servicios públicos, cuáles sí y cuáles no. En otros, pisamos terreno vidrioso, como en el de YPF, importante comprador, y debemos entrar a discutir, porque hay una estantería que dice que sí, y otra que demuestra que no estaría alcanzado. Entonces, ese grado de incertidumbre hace que no se aplique la ley.

Otro punto por el cual fracasa la ley, es el bajo margen de preferencia. Estamos hablando de un 5 o 7 por ciento con la carga impositiva que tiene un producto nacional frente a otro importado, con lo cual, lleva todas las de perder.

Uno de los ardides que utilizaron y utilizan los obligados para eludir el cumplimiento de la ley está dado por las diversas formas de contratación. Voy a poner un ejemplo muy claro: las licitaciones inversas, en las que uno no sabe contra quién está compitiendo. Como la ley exige que me presente en un acto y diga: "esta es mi oferta, esta es la oferta del importado y las comparamos". En una licitación inversa no existe esa posibilidad de hacer tal comparación; es más, ni siquiera sé contra quién estoy compitiendo. Entonces, la ley se torna de imposible cumplimiento.

Hay otros ardides, como introducir a los precios factores multiplicadores que los alteran. Esos factores están afectados por determinados coeficientes que inventan los contratistas, por ejemplo, que para calificar uno debe tener dieciocho años de antecedentes en la fabricación de un "pirulo", tres años de antecedentes en hacer determinada cosa, y veinte mil cuestiones más.

Otro de los motivos por los que la ley no se cumple es que los pliegos salen direccionados; como no hay una instancia de debate previo, en el momento en que se crean los proyectos, las licitaciones salen a la calle con nombre y apellido. Normalmente, esos nombres y apellidos son extranjeros.

Otra cuestión es la falta de sanción al que no cumple la ley. Ya hemos hecho mención a esto, hemos ido por la vía administrativa, como bien dijo un señor diputado. Un ejemplo claro es el siguiente: en el ámbito de Cadieel -esto puede demostrarse-, hay un montón de casos de proveedores de transformadores de potencia. Se demuestra que se incumplió la ley y que habría que poner otro transformador nacional. El transformador importado ya está instalado y la autoridad de aplicación dice que se incumplió la ley; pero ¿quién hace desinstalar un transformador que ya está instalado y coloca otro? Eso no lo hace nadie. Entonces, no se cumple y no hay sanción.

Otro de los motivos por los cuales no se cumple la ley es cuando vienen atados con exigencias de financiamiento que la industria nacional no puede cumplir. Según la ley, los industriales nacionales deberíamos contar con el apoyo del BICE para obtener equivalencia de financiamiento al que ofrecen los proveedores extranjeros. De más está decir que cada vez que hemos ido al BICE nos han dicho: "Muchachos, ustedes no tienen la más mínima posibilidad de que nosotros los financiemos a las tasas que financia, por ejemplo, el Banco de Brasil a sus empresas." Entonces, esto es ciencia ficción, no existe. Es otra forma de sacar del medio a la industria nacional.

Otra de las maneras de hacer que la ley no funcione es mediante la exigencia intempestiva del plazo de entrega; es decir, saco la licitación hoy para que me entreguen mañana cien mil productos, de acuerdo con las especificaciones. Como no hay programación de las contrataciones, es otro de los trucos para que la ley fracase.

Por último -para cerrar acá y simplemente ilustrar algunos motivos-, la falsificación, por ejemplo, de las declaraciones juradas. Ustedes saben que cuando uno se presenta y dice: "Yo tengo un producto de industria nacional", simplemente, se presenta una declaración jurada. No hay ningún certificado, salvo que alguien me cuestione y me obligue a demostrarlo. Entonces, presentan declaraciones juradas falsas; cito un ejemplo con nombre y apellido: la firma Siemens ha presentado declaraciones falsas de productos diciendo que eran de origen nacional cuando no lo eran. Se presentan en la licitación como supuestos fabricantes nacionales de productos que no lo son. He mencionado algunos temas acerca de por qué la ley, tal como está, no funciona.

SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra el señor Eduardo Fernández, representante de APYME.

SR. FERNÁNDEZ Señor presidente: sería útil leer el texto completo del proyecto de Cadieel, que es reglamentarista y nos permitiría recurrir al decreto reglamentario.

Respecto de lo que expuso el representante de ADIMRA, puedo señalar que muchas de esas causales están contempladas para ser solucionadas ahora. Estamos hablando de un organismo de control y la participación de las entidades empresarias.

Lo que sucede es que estamos tratando este proyecto en un momento en el que las pequeñas y medianas empresas vienen con un mercado retraído. Esto ha sido comprobado en los datos oficiales del año pasado basado en la disminución de la demanda interna. También hay que tener en cuenta las subas que, en el plano energético, han transformado fundamentalmente la estructura de costos. Precisamente, el proyecto de Cadieel contempla reservar en forma obligatoria una porción para las pymes con una flexibilidad respecto del margen de preferencia. Esto haría que pueda aplicarse la ley, aspecto que no está siendo contemplado por la actual normativa. Me refiero al órgano de aplicación que, según el artículo 11, estaba contemplado en la Sindicatura General de la Nación o los entes reguladores.

En el proyecto se propone una participación activa del INTI para alguna de las causales que se han expresado. Hoy se está invirtiendo en obra pública. Como se ha dicho, EDESUR Y EDENOR están comprando transformadores en Brasil. De modo que estamos perdiendo trabajo argentino. Cuando vemos las cifras que acerca el INDEC, respecto de la capacidad ociosa de nuestras empresas, esto se transforma en una necesidad imperiosa, porque ya se ha dicho qué es lo que significa la compra pública para el sector industrial nacional.

SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra el señor diputado Kicillof.

SR. KICILLOF Señor presidente: la verdad es que de lo que hemos escuchado uno podría sintetizar que prácticamente hay un acuerdo acerca de cuáles son las problemáticas de la actual legislación y cuáles serían las soluciones a aplicar.

En cuanto a los márgenes de preferencia de la producción nacional me parece razonable un porcentaje del 25 por ciento, incluso dejando un margen para la reserva de mercado pyme, pero teniendo en cuenta un margen de discrecionalidad a la autoridad para casos especiales que pueden tener que ver con el federalismo y con el mayor empleo de mano de obra intensiva; es decir, cuanto más amplio, mejor.

Respecto de los sujetos alcanzados, indudablemente hay que ser lo más amplio posible. Tengo el recuerdo de todos los esfuerzos que hicimos, incluso contra la conducción de YPF, para forzar que esta empresa -una vez que se había recuperado la gestión para el Estado y la propiedad del 51 por ciento- generara un desarrollo de proveedores locales. A los rangos gerenciales el compre extranjero les parecía algo más sencillo porque era más rápido y tenía determinados estándares de calidad. Pero, si se había recuperado YPF, era precisamente para que fuera un resorte de desarrollo nacional, lo cual nos hace pensar en cuestiones como la que planteaba el representante de ADIMRA. Me refiero a las exigencias de plazo de entrega y de financiamiento.

Cuando uno se pone riguroso en esas cosas, evidentemente la Argentina es un país atrasado a nivel industrial. No estamos en la frontera tecnológica ni de escala. Entonces, si vamos a llevar adelante un desarrollo nacional, hay que generar todas esas prevenciones para que no sean limitaciones porque si no se mata al sujeto que queremos desarrollar; al revés, hay que regarlo todos los días y tener paciencia mientras sea un bonsái para no compararlo con un roble de doscientos años.

Así que, creo que en todo esto estamos de acuerdo. Insisto, la consulta temprana me parece una excelente propuesta; así como también un comité consultivo y el establecimiento de sanciones. Los puntos son todos similares. Le estamos dando vuelta a lo mismo.

Sinceramente, para quienes apoyamos todas estas cosas, considero que un instrumento de enorme potencia es que se formule un proyecto único entre todas las cámaras y, yo diría como criterio, ser lo más exigente y ambicioso posible; o sea que las cámaras redondeen para arriba.

Después, nos tocará a los legisladores ver qué cuestiones nos parecen y entrar en una negociación; pero ustedes no tienen que autocensurarse. Pienso que es tonto que se pongan en la posición del legislador, que sí puede tener en cuenta factores macroeconómicos y de razonabilidad.

Los representantes de la industria nacional no se pongan la mordaza, pidan lo máximo que puedan pedir y, después, nosotros veremos si lo podemos consensuar teniendo en cuenta otros aspectos. No es el papel que les cabe.

Entonces, yo juntaría todos los proyectos que hay y pondría lo máximo, siempre que no sea una locura. Igualmente, no he visto ninguna posición que sea ridícula, es decir, ciento por ciento o lo que se mencionaba de la defensa en Estados Unidos, que todos conocemos.

Para mí sería lógico en algunas industrias. Déjennos también a nosotros ser creativos y poner algunos extremos desde acá para que no parezca que la pequeña industria, la industria nacional, pide locuras al Estado, pero sí lo mínimo indispensable. No vamos a quedarnos atrás de Brasil ni de Estados Unidos. Esos son países ya tremendamente desarrollados y que, así y todo, tienen exigencias muy altas. No podemos ser más bajos, porque nosotros partimos de más atrás, incluso que Brasil industrialmente.

Así que, indudablemente, un proyecto único planteado por todas las cámaras industriales nos daría un instrumento muy fuerte. Me parece que hay que sentarse y, siempre que no haya alguna limitación extraña, poner lo máximo porque, desde mi punto de vista, todo es perfectamente explicable, defendible y es lógico para sectores que, además, en esta coyuntura se encuentran en una situación bastante comprometida.

Entonces, si vamos a sancionar una ley, ¿por qué no pensar que en esta coyuntura el Estado puede además ser una especie de salvavidas y poner fin a una situación que es crítica en muchos sectores?

En este sentido, así como se hizo el esfuerzo de que sin leyes YPF desarrollara proveedores locales, ahora vemos que en esta gestión el Estado -y tenemos muchos ejemplos- se ha lanzado a comprar afuera basándose en la letra chica, es decir, si la distribución es o no servicio público y todas esas cosas. No hay vocación, ya sea en algunas partes del Estado o en el Estado en su conjunto. No es lo que quiero discutir acá, pero no podemos darnos el lujo.

Yo quiero una ley muy reglamentarista, porque si no lo dejamos al arbitrio, al corazoncito, a la predisposición o al apuro del funcionario de turno y en el medio destruimos industria nacional. Con la compra del Estado destruimos industria nacional. Esto es lo que estamos atestiguando.

Fíjense el caso de Mendoza: la capacidad que había para generación eléctrica eólica. Tenemos una enorme licitación y se ha pisoteado esa capacidad. ¿Ahora qué va a pasar? Por no sé cuántos años vamos a estar comprando importado. Eso no puede pasar de nuevo. Además, creo que es ilegal. Eso ya lo charlamos en alguna otra ocasión. Considero que hay que ir para atrás con esas decisiones.

Sin embargo, si tuviéramos una ley más clara, más concisa y con menos margen de maniobra para alguien cuya política tal vez sea llegar rápidamente...; pero el Estado no son departamentos de una empresa. El Estado tiene objetivos, y el objetivo del Estado argentino debería ser desarrollar la industria nacional, más allá de lo quiera un ministro, un secretario o quien arma un pliego. Ni hablar de todas las cuestiones de pliegos direccionados.

También planteo un punto -que recién me comentaba el "Vasco" De Mendiguren- respecto de que a veces la falta de competitividad de una oferta es por el costo de los insumos difundidos, que son grandes monopolios nacionales y que están desalineados de los precios mundiales.

Entonces, yo pondría una previsión para que en los renglones de la licitación no se le cargue a la empresa proveedora de bienes tecnológicos o pyme de alto valor agregado el costo que tienen por comprar el acero en la Argentina, que está desalineado de los costos mundiales con los que vienen las otras ofertas. Así que desagregaría algunos elementos, por renglón, como para permitir que, aun teniendo acero caro, pueda competir una pyme. No vamos a cargar a la pyme lo que le corresponde a alguna industria concentrada del aluminio, del acero o ecuaciones energéticas que claramente pueden deslindarse.

Por lo tanto, hay mucho más para permitir que el poder de compra del Estado se use para lo que tiene que usarse. Además, como bien decía el "Vasco", no hay país en el mundo que regale las compras públicas a la industria extranjera. ¿Cómo con los impuestos argentinos vamos a estar comprando trabajo extranjero? Es una locura, nadie puede defender esto, desde ningún criterio; excepto que piense que la Argentina no debe tener industria.

Acá volvemos a un tema de fondo, al de los dos modelos de país, que algunos expresan desembozadamente y otros, escondidos; pero básicamente existe esta discusión desde tiempos inmemoriales, diría que hace casi doscientos años. Si uno quiere desarrollar la industria nacional, hay que pagar los costos de desarrollarla hasta que se logre el objetivo. Que sea más cara la mercadería, claro que tiene que ser más cara. ¿Qué problema hay? Siempre y cuando le pongamos a esa industria exigencias, la controlemos, la sigamos, y eso desemboca donde todos queremos estar que es una industria de calidad, con los mejores precios, competitiva y muy desarrollada.

Esto no va a suceder en cinco minutos; venimos de muchos años de hacer este esfuerzo, después de muchos años de haber destruido todos los esfuerzos que se habían hecho antes. No lo destruyamos de nuevo, porque si no va a haber que construir todo lo que se había hecho. No estoy diciendo que estaba perfecto, lejos de ello, lejos de haber llegado a la meta. Por eso, faltan años y años de política de industrialización del país.

Preséntenos una ley en nombre de todas las cámaras industriales y va a ser fácil que no nos pasen por el Senado con una ley que salga de no sé dónde. Tengamos la ley de los industriales nacionales para el compre nacional y nosotros vamos a apoyarla; creo que ningún legislador podrá hacerse el distraído.

SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Comparto plenamente su objetivo, pero la herramienta que tenemos pensada difiere en cuanto a que no vamos a eludir nuestro rol de legisladores. Justamente, estamos para hacer eso, para trabajar, para eso nos pagan.

Así que, como metodología de trabajo, voy a proponer que desde la comisión -seguramente todos estarán de acuerdo-, junto con los asesores, empecemos a trabajar en un texto único. Hay un proyecto presentado por una de las cámaras -con modificaciones particulares-, en el que todas las cámaras han coincidido. Tenemos también invitada a otras cámaras: CAME y cámaras que tienen que ver con la industria de la madera y de la construcción.

La compra pública tiene mucho que ver con la obra pública. En este sentido, la idea es empezar a trabajar en un texto único con los asesores de todos los bloques y estar en estado de consulta permanente con las cámaras para que, a medida que avancemos con los borradores, podamos ir planteando cuáles son las correcciones que tienen que ver con el avance de una ley que logre consenso.

Permítanme hacer una aclaración, creo que nosotros -y esto lo planteo a todos los bloques que integran la Cámara de Diputados- debemos llevar adelante una discusión seria. Esto ya lo planteó el "Vasco" en varias oportunidades. La metodología que llevamos adelante con el proyecto de participación público-privada, más allá de que en el fondo no hubo coincidencia total, sí la hubo en cuanto a la metodología.

Aquí, en la Cámara, el diputado Lavagna trabajó mucho con nosotros en ese tema. En concreto, transformamos una ley totalmente distinta de la que ingresó por el Senado, porque realmente era inaplicable y tenía un gran poder de discrecionalidad de parte del Poder Ejecutivo, que nos asustaba y no nos daba garantías acerca de cuánto era el monto de endeudamiento. Por ello, pusimos todos los instrumentos a disposición, incluso incluimos el tema de las reservas de mercado para la industria nacional. En ese sentido, queremos duplicar la experiencia y hacía allí se orientará nuestro trabajo. La idea es tratar de coincidir con el Poder Ejecutivo en la necesidad de contar con una ley que sea realmente operativa y que esté al servicio de la industria nacional.

Tiene la palabra el señor diputado Torroba.

SR. TORROBA Señor presidente: gracias por los aportes que nos han brindado.

Coincido totalmente con el señor diputado De Mendiguren en la importancia que tiene el compre nacional y la actuación del Estado para el desarrollo de una economía.

Debe ser la primera vez en muchos años que ustedes concurren a las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Industria a tratar este tema. Creo que a partir del año 2015 se empezaron a analizar en la Cámara de Diputados estos asuntos, porque antes de ese año no recuerdo que esto haya sucedido, y yo estoy desde 2013. Por ende, celebro que desde 2015, en conjunto, podamos desarrollar estas cuestiones.

Vamos a necesitar del trabajo de todos los diputados y de la experiencia de ustedes. La expresión del señor Cocca es más que preocupante. Teníamos una buena ley y fracasó; o sea, fracasó en un momento en el que la incidencia del gasto público en el PBI nacional ha sido la mayor en la historia de la Argentina. De modo que no se trata del fracaso de una ley; ha habido un rotundo fracaso, pues si la ley hubiese funcionado, el desarrollo de la industria nacional hoy sería de otra envergadura.

Entonces, hará falta esto que, reconozco, debe ser impulso de las autoridades. Antes de 2015, la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas se reunió en una sola oportunidad y la de Industria debe haberse reunido en dos o tres ocasiones. El Parlamento está dando, a través de esta actitud y con la participación de todos los bloques, la importancia que tienen la industria nacional y las pymes.

Comparto que no podemos entrar en la vorágine de importar casas prefabricadas, durmientes para la industria ferroviaria. En el país teníamos una industria ferroviaria que ha desaparecido. Primero compramos chatarra fuera del país -que nunca pudimos hacer funcionar- y luego compramos trenes. Creo que esto es sumamente importante y responde a un modelo de país. Por eso, vamos a necesitar la participación de todos ustedes pues tienen la experiencia de por qué se fracasó.

Tenemos que empezar a trabajar acerca de cuál fue el motivo del fracaso porque si eso no hubiera sucedido hoy la industria tendría otro grado de desarrollo, en coincidencia con lo afirmado por el señor diputado De Mendiguren.

Les agradezco su presencia hoy aquí y les señalo que tienen nuestro compromiso. Reclamamos la participación de ustedes, teniendo en cuenta que antes no fueron convocados para analizar este tipo de temas.

SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.

SR. LAVAGNA Señor presidente: agradezco la presencia de todos ustedes en esta reunión.

Queda clara la posición que tenemos respecto de estos temas y está expuesta la necesidad de avanzar más rápido para darle alguna solución y generar nuevas herramientas para resolver algunos problemas que estamos teniendo.

Quiero formular dos preguntas muy concretas. Me enfoco en la realidad que vivimos y creo que hay que tenerla en cuenta. Una de las cuestiones se refiere al tema del financiamiento. Al respecto, los representantes de ADIMRA suministraron muchos datos sobre el punto. Creo que nos falta algo en el medio, porque tampoco podemos ir a un esquema en el que, dadas las restricciones financieras que tenemos, lleguemos a decir que no ponemos ninguna búsqueda de financiamiento en los proyectos. Creo que debemos buscar alguna herramienta intermedia o inteligente que permita buscar proyectos que cuenten con financiamiento, pero, a su vez, resguardemos la necesidad de compre nacional. Creo que algo se dejó entrever cuando plantearon una reserva de mercado. Me interesaría entrar un poco más en ese punto para ver cómo podemos instrumentarlo para que quede bien señalado en la ley.

El segundo tema se relaciona con el delta del precio o de preferencia, si se quiere. Al respecto, estuvimos hablando de un porcentaje entre el 15 y 25 por ciento. Eso depende de las distintas realidades de cada una de las industrias.

Me gustaría saber cuál es el piso mínimo. Tengo entendido que se habló de un 15 por ciento, basado en el proyecto que yo también firmé. Quisiera saber si es un piso válido o si tiene que ser del 20, por las realidades que estamos pasando en términos de competitividad. La idea es tratar de desmenuzar el justificativo, aspecto sobre el que ya tengo una postura formada. La cuestión impositiva es precisamente uno de esos temas, pero me gustaría escuchar de parte de ustedes cuál es el diferencial de precio, las razones por las que uno puede justificarlo -creo que esto fortalece el debate y cómo puede venderse- y cómo se conforma dicho diferencial, más allá de la protección de la industria nacional y del desarrollo, cuestión sobre la que todos coincidimos.

Finalmente, quiero hacer un pedido dirigido a nosotros mismos, los legisladores. Esto involucra a las comisiones de Obras Públicas, de las Pequeñas y Medianas Empresas y de Industria. Creo que debemos avanzar más rápido. Cuando discutimos la Ley PyME señalamos -no lo pudimos lograr en ese momento- algunas cosas que tenían que ver con el compre nacional. Considero que debemos avanzar más rápido.

Me alegro que el Ejecutivo tenga la idea de enviar un proyecto al Parlamento, pero creo que no podemos esperar a que eso suceda. Si el Ejecutivo tiene la voluntad de enviar la iniciativa, pedimos que efectivamente lo haga. Debemos avanzar más allá de que eso suceda, pero hay que hacerlo en tiempo y forma para lograr un consenso más amplio. Igualmente, creo que debemos tener una agenda para ir avanzando más rápido.

SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Esa es la idea, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado Pretto.

SR. PRETTO Señor presidente: voy a ser breve.

Celebro la presencia de todas las entidades y agradezco el aporte interesante que nos han brindado. Asimismo, me alegra que en esta etapa el Congreso pueda discutir este tipo de temas. Si bien algunas iniciativas pueden provenir del Ejecutivo, lo bueno es que aquí se pueden modificar y mejorar. Cuando una iniciativa es buena, más allá de que provenga de un partido opositor, también prospera, de modo que estamos viviendo buenos tiempos.

Adhiero a todas las manifestaciones formuladas por los representantes de las distintas entidades. Me parece que hay un punto en el que tendremos que poner énfasis, precisar y estudiar en profundidad. Me refiero al tema de los sujetos alcanzados. A eso agregaría el tema de los servicios alcanzados. Coincido en lo expresado hoy aquí acerca de que no tiene que haber dudas acerca de si el servicio es o no público. Aunque no fuera público para la doctrina, en lo que atañe a la ley, debería ser público si nos conviene a los fines de este proyecto. Entonces, más allá de investigar qué opinan los distintos autores, acá tenemos que tomar una decisión política, y soy partidario de incluir todo lo que se pueda como servicio público para que esté alcanzado por una ley que promueva el compre local.

Por otra parte, respecto de los sujetos alcanzados coincido con que obviamente tienen que estar el Estado nacional, los estados provinciales y los municipales; también las empresas públicas, ya sean ciento por ciento de capital estatal o incluso las mixtas, cualquiera fuere el porcentaje de participación de la empresa pública en esa persona jurídica; los concesionarios, las empresas privadas que tienen a cargo un servicio público como concesionarios de servicios públicos.

Además, allí habría que agregar las agencias, los entes, Fernández asiente con la cabeza... Hay un montón de entes públicos -que por ahí no están definidos en lo grueso de la ley- que compran mucho, que a veces en sus reglamentos tienen más facilidades para comprar, en orden al tiempo, a las condiciones, por lo que hablábamos de los plazos y el direccionamiento, obviamente. Acá tenemos que ser muy claros para erradicar el direccionamiento de los pliegos y que, en todo caso, sea un delito, porque si lo analizamos bien quizás pueda configurar una figura delictiva.

Respecto del margen de preferencia estoy totalmente de acuerdo. Hay que hacer el estudio, pero me parece que está analizado. Se podría precisar y podríamos ahondar en cuál debería ser el porcentaje en función de los impuestos que retornan. Aunque no retornen todos, que también sea una determinación política cuánto pagar porque eso tiene que formar parte de la decisión de cómo promover la industria nacional. Está claro que hasta ahora todos los intentos de desarrollar la industria nacional habrán tenido más o menos éxito, pero no es lo que esperábamos, así que vamos a tener que mejorar en ese punto.

Por otro lado, me parece muy saludable lo que planteaba el señor diputado Di Stefano, de Misiones -ahora no está-, pero tengo entendido -ya vamos a precisarlo- que las negociaciones o las conversaciones que está teniendo el Estado nacional con China para la producción de viviendas prefabricadas responde más a una necesidad imperiosa de un montón de gente que hoy habita en viviendas muy precarias o que no tiene vivienda. Sin embargo, hay dos conceptos que se están incorporando ahí, que tienen que ver con el compre nacional y con el convenio con la UOCRA, o sea que debe ser sí o sí mano de obra argentina y compre nacional.

Ahora bien, si la Ley de Compre Nacional no ha sido del todo buena, eso no obsta para que el compre nacional sea exigido en un pliego, si se decide comprar viviendas a China. Entonces, la decisión sigue siendo política y nosotros podríamos exigir o plantear al Ejecutivo que, más allá de que la ley pueda aprobarse en otro tiempo, lo importante es que el pliego establezca las condiciones de compre nacional.

Finalmente, si bien se habla mucho sobre la promoción de la industria nacional y se han intentado impulsar distintas políticas públicas, me parece que nos debemos un amplio debate al respecto. Por lo menos, hemos empezado con la Ley PyME, donde se bajaron algunos impuestos. Seguramente, serán insuficientes y tendremos que profundizar la norma.

En este sentido, ya que hay buen diálogo y buena participación de todos los espacios políticos y la voluntad del Poder Ejecutivo nacional, nos debemos un gran debate sobre cómo vamos a formular, entre todos, una política pública que realmente promueva la industria nacional con incentivos, con la reforma tributaria que nos debemos, por la altísima presión impositiva que sabemos que hay que soportar; promoviendo la investigación y el desarrollo, las incubadoras de empresas, las aceleradoras, las tutorías y obviamente el financiamiento.

Tiene que haber un financiamiento con tasas que subsidie el gobierno nacional para promover el desarrollo, con todo ese paquete que debemos estudiar en una ley a fin de fomentar la industria nacional.

Por lo tanto, creo que será muy rico el debate y que vamos a avanzar en una muy buena ley.

SR. LAVAGNA ¿El delta precio se pone antes del financiamiento o con el financiamiento, en la ecuación?

SR. TAMBORENEA En la evaluación, si el importado viene con financiamiento, usaríamos las tasas locales para determinar dicho financiamiento, de modo de hacer una evaluación si se están tomando tasas internacionales para llevarlo a un valor de precio de contado, por ejemplo, poniendo un 2 por ciento fijo en dólares. Así serían comparables entre sí y podríamos salvar esa distancia.

Respecto del tema impositivo, lo estudiamos bastante en profundidad. Saben que es difícil sacar a los industriales la matriz de costo, pero, sin embargo, lo hicimos. Fue mi caso. Yo lo propuse, abrí todos los costos de mi compañía. La presión tributaria, en el caso de nuestra cámara, da 48,9 por ciento; por eso, estaba muy seguro cuando hablaba del tema de ingresos brutos. Sacamos un promedio de 2,3 vueltas en proveedores para atrás, separando importados sobre nacional, con cantidad de componentes 20-80, en el caso del que estamos hablando.

Nosotros creamos una formulación con un grupo de economistas para ver la incidencia y trabajar sobre una matriz de competitividad nacional. Queríamos ver el impacto de cada uno de los impuestos y que sea el Estado o sus organismos que juzgando qué herramientas toca, analice cómo puede acomodar eso para que esté mejor y logre evaluar qué impacto tiene. Sabemos que ingresos brutos hoy lo manejan las provincias y no el Estado nacional; entonces, no se puede hacer mucho, pero sí con el impuesto al cheque. El ABL industrial, lo tienen, en este caso, los municipios que tienen falta de fondos, en estos momentos. En algunos casos, como el nuestro, nos duplicaron del año pasado a este, porque la necesidad existe. Entonces, se trata de regular esas herramientas para ayudar a tener una mejor ubicación dentro del contexto. También hay cosas que podemos compartir para que puedan ver el análisis.

SR. LAVAGNA Perdón, a veces me pongo pesado.

Se está hablando aproximadamente de un 45 por ciento de presión; entonces, ¿cuál es el delta respecto de la nacionalización de los productos importados? Porque ahí también está la parte impositiva, en torno del 15 por ciento, dependiendo del producto, me imagino.

SR. TAMBORENEA Correcto. En el caso de luminarias es del 15 por ciento, para cuando ingresa el producto; el diferencial por el doble de IVA que se cobra, se recupera, con lo cual, estamos hablado tranquilamente del 20 por ciento, en nuestro caso es del 25. Todo se consensuó un poco. De hecho, cuando se habla de consensuar con las cámaras -aquí está Rubén Cocca-, creo que tanto ADIMRA como Cadieel están de acuerdo casi en un 95 por ciento. Si tenemos algún comentario extra, es por un tema de tiempo, nada más; pero prácticamente diría que el proyecto nuestro es el proyecto de ADIMRA. Hemos trabajado juntos. Rubén Cocca hace años que lo empuja y, como digo siempre, son sesenta cámaras, muchos aportes. Procesar la información de todas las cámaras no es lo mismo que procesar la de una sola, que tiene otra velocidad. Seguramente, vamos a ponernos de acuerdo en dos minutos, porque prácticamente no hay algo particular que acordar.

Esto, respecto del tema impositivo. No sé si hay alguna otra duda.

SR. PRESIDENTE ZIOLIOTTO Tiene la palabra el señor diputado Marcucci.

SR. MARCUCCI En relación con la tasa, a ver si entendí bien: ¿el objetivo sería escindir el costo financiero del precio de contado y neutralizarlo vía subsidio?

SR. TAMBORENEA Ello, si fuera necesario. En la comparación, nosotros pedimos lo mismo, en el tema precio. De modo que no se suba 20 puntos sobre la cotización o el presupuesto del importado, sino que se retraigan 20 puntos a la cotización nacional, porque el diferencial es más importante. Si tenemos un impacto basado en un delta que encima es multiplicador, como lo estamos marcando con estos impuestos, lo lógico es que de esos 100 se retraiga un 20 o 25 por ciento, para poder valuar. Detrás de todo esto hemos hecho un análisis bastante profundo sobre el derrame del trabajo; por eso hablo de 2,3 vueltas, cuando se trata de proveedores que van agregando valor a la cadena.

En relación con las luminarias, hay una noticia de hoy, que publicó el Ministerio de Producción, cuyo titular es Francisco Cabrera, vinculada con bajar el precio del aluminio. Si bien no tuvimos oportunidad de chequearla, obviamente la celebramos; solo estamos llevando este reclamo, que es buenísimo. No nos quejamos del valor del kilo o de la tonelada del aluminio porque sabemos que hay 5.000 personas trabajando. Queremos que se entienda la problemática, que sea completa.

Quien lleva un producto final está dispuesto a pagar extracosto si al momento de la línea de llegada se retrotraen esos impuestos para ser equiparados; es decir que no sea un castigo. Pero si hay que pagar extracostos para un producto final y usamos insumos de terceros, no queremos ir en castigo o desmedro de eso; por el contrario, justamente en el momento en el que uno evalúa la oferta y está en la última milla o en el último metro se haga la comparación y tenga en cuenta esa cantidad de impuestos que se está pagando.

SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Tiene la palabra Rubén Cocca de ADIMRA.

SR. COCCA Quiero contestar al señor diputado Lavagna. Justamente, al principio hablé de un diferencial del 30 por ciento, respecto del margen de preferencia versus la carga impositiva; contra eso estamos comparando el margen de preferencia. Este es un comentario.

La otra cuestión que no es menor, así como cuando hablamos de promocionar la industria nacional, nos referimos a promocionarla para que sea competitiva en calidad y en prestación en relación con los productos extranjeros, también vale la pena señalar que vamos a encontrarnos con muchos casos en los que el margen de preferencia es una protección a la industria nacional. No siempre la industria nacional necesita el margen preferencial. Nos encontraremos con muchos casos en los que el proveedor nacional puede facilitar precios y ganar una licitación frente al producto importado sin necesidad de llegar a utilizar todo ese margen de preferencia. Esto sucede hoy.

Entonces, el margen de preferencia es un concepto de protección de la industria, pero no necesariamente se lo utiliza en todos los casos. Yo quiero destacar esto porque si no partimos de la base de que a la industria siempre hay que darle ese margen, cosa que no es así.

SR. PRESIDENTE ZILIOTTO Me ha pedido la palabra un representante de Cadieel, a quien le pido que se identifique, para la versión taquigráfica.

SR. CALVELO Soy Oscar Calvelo, coordinador de las comisiones de electrónica y de baja tensión de Cadieel.

Quiero remarcar uno de los puntos de la propuesta de Cadieel; se trata del artículo referido a la innovación. Permanentemente, estamos tratando de impulsar el empleo joven, estamos hablando de empresas que necesitan un impulso distinto porque son innovadoras, son nuevos productos, están generando trabajo genuino, legítimo y nuevo. Hay un artículo que eleva el margen del producto que podría ser integrado del 40 al 60 por ciento del precio de venta del bien.

En electrónica en particular, hay un conjunto muy grande de productos que dependen fuertemente de componentes que se compran en la Argentina pagando un derecho de importación. Cada componente de electrónica paga un derecho de importación cuando se adquiere para intentar integrarlo en un equipo. Una vez que ese equipo se integra, vuelve a pagar impuesto cuando sale a la venta. Entonces, la carga impositiva es mucho más fuerte en algunos bienes que intentan crearse como innovación, como producto nuevo, y salir al mercado.

Ese es el motivo del capítulo específico de innovación, que propone Cadieel. Quería remarcarlo porque no se trata de agregar protección o un margen de ventaja para dichos productos; es una necesidad imperiosa para agregar un valor en las nuevas profesiones y en los nuevos productos que se están creando, y que justamente requieren este margen de "customización" y diferenciación, por ser productos nuevos y requerir esa ventaja.

Sr. Presidente (Ziliotto).- Tiene la palabra el señor diputado Kosiner.

SR. KOSINER Señor presidente: simplemente quiero agradecer la presencia de todos los invitados.

Hay un tema que surgió al comienzo de la exposición y la verdad es que lo tomamos como un desafío para profundizarlo. Eso fue planteado en la primera exposición de Cadieel. Me refiero a las políticas de diferenciación. Creo que la experiencia fue en función de la Unión Europea, pues lo llevan a cabo por regiones. Considero que esa es la matriz que debe tener trazabilidad en cuanto a la legislación.

El problema con el que nos encontramos es que cuando legislamos con muy buenas intenciones de manera igualitaria para todo el país no tenemos en cuenta las dificultades de las distintas pymes vinculadas con las problemáticas de competitividad. Si a la dificultad de ser pyme se suman aquellas que están alejadas de los mayores centros de consumo o que tienen mayor nivel de costos para trasladar su materia prima y generar la producción final, entonces creo que es un aspecto para seguir profundizando. Hay que vincular la política, dentro de los principios generales, y la diferenciación de beneficios. Si seguimos tratando de iguales a los que no lo son -esto ya se dijo- el espíritu de la ley puede ser el mejor, pero nos encontraremos generando situaciones de desigualdad o de injusticia.

Quiero destacar este aporte que es muy positivo dentro del planteo general. Aquellos legisladores que vienen de zonas con diversas economías regionales van a entenderlo.

SR. PRESIDENTE ZILIOTTO En principio, quiero agradecer nuevamente la presencia de los invitados y de los señores diputados por el interés demostrado en el tema.

La conclusión es que todos estamos de acuerdo con el diagnóstico. Ese diagnóstico puede llevarse adelante porque vemos la necesidad que han mostrado los sectores involucrados, sumado al compromiso. Al hacer uso de la palabra, han demostrado intención de avanzar positivamente diputados de todas las bancadas políticas. En este sentido, esperamos una uniformidad de criterios para avanzar en un sistema de protección de la industria nacional.

Seguramente, seguiremos trabajando en conjunto. Voy a tomar nota del pedido del señor diputado Lavagna para ir avanzando en estos temas. Nos ha quedado muy clara la exposición de cada uno de ustedes. Tenemos un proyecto sobre el cual trabajar y, en ese sentido, vuelvo a agradecerles y redoblar el compromiso de que es necesario llevar adelante una ley con el gran objetivo de proteger aún más la industria nacional, tal cual fue planteado desde un principio.

Les informo a los señores diputados que seguramente la semana que viene seguiremos trabajando. Lo haremos en base a lo discutido en el día de hoy, o sea, un texto único de proyecto. Seguramente en las próximas semanas estaremos invitando a otros sectores relacionados con la industria nacional. Queda levantada la reunión.

- Es la hora 12 y 48.

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