1- Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios, y de la Secretaria de Obras Públicas:

a) los informes o medidas de fiscalización técnico-contable de las ampliaciones de la capacidad de transporte de la obra “Gasoducto Norte”.

b) la explicación acerca de las irregularidades detectadas en la contratación de la citada obra por parte del organismo publico correspondiente.

c) las medidas que se piensan adoptar respecto a los funcionarios involucrados, especialmente en lo que respecta al nombramiento del titular del ENARGAS, cuya designación se produjo a través de un decreto presidencial y no por concurso, tal como lo exige la ley.

d) las medidas que se adoptaran para aumentar el grado de transparencia y control respecto al manejo de los Fondos Fiduciarios Públicos.

Señor presidente:

El motivo del presente pedido de informes esta relacionado con un hecho delictivo reciente, en el que nuevamente se pone en dudas la transparencia en el manejo de los Fondos Fiduciarios Públicos.

Las irregularidades se habrían gestado utilizando los Fondos Fiduciarios para Obra Pública impulsados por el ministro de Planificación, Julio De Vido a través de la ampliación del Gasoducto Norte.

En ese contexto y tal como lo asegura la causa 1705/2005, que lleva adelante el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart y que ya llega a las 12.000 fojas, la compañía constructora de origen sueco Skanska le pagó a una empresa fantasma, denominada Infiniti Group, $ 1.256.120 sin recibir contraprestación legítima.

En estos días, están en plena búsqueda de la ruta del dinero. En los últimos quince días se produjeron –al menos– tres allanamientos en su búsqueda. Los pagos de Skanska a Infiniti Group se produjeron –así lo reconoce la propia empresa y consta en la investigación judicial– en una obra concreta en el marco del Gasoducto Norte: la Planta Impulsora de la localidad cordobesa de Deán Funes.

La fiscalización técnico-contable de las ampliaciones de la capacidad de transporte del Gasoducto Norte –es decir, en el marco en el que se produjeron las irregularidades– les corresponden a la Secretaría de Obras Públicas y al Enargas (Ente Nacional de Regulación del Gas), áreas que dependen directamente del Ministro de Planificación, Julio De Vido.

Las dudas y los cuestionamientos sobre el manejo de los Fondos Fiduciarios Públicos, son moneda corriente. La ley 24.441 es la que regula el fideicomiso privado y, si bien puede aplicarse de manera supletoria a la figura del fideicomiso público, dada la complejidad de esta figura es evidente la necesidad de una legislación específica.

Del mismo modo quisiera recordar el último informe de la AGN. En el mismo se hace alusión a la tasa del Gas Oil creada en 2001 con carácter extra presupuestario y posteriormente incluida bajo el ámbito de la ley de administración financiera 25.565, que expresa: “su ejecución no se realiza ateniéndose a las normas generales de ingreso y gastos del sistema presupuestario, presentando diferencias en lo respecto al proceso de elaboración y aprobación de su presupuesto, y un alcance limitado de las normas relativas a la programación de su ejecución en el marco del sistema de tesorería. A su vez salvo algunas excepciones la normativa no previó un mecanismo de rendición de los fondos, y cuando lo hizo su esquema se circunscribió exclusivamente a la rendición de la percepción de los fondos y no de su aplicación.”

En mi carácter de diputado nacional, he presentado un proyecto de ley ,-el D-696-06, a disposición de todos-, el cual pretende solucionar los problemas descriptos en los párrafos anteriores con el objeto de consolidar el desarrollo de los Fideicomisos Públicos en la Argentina, al igual que en otros países hermanos de América Latina. Del mismo modo existen muchos otros proyectos presentados por mis pares.

Por tal motivo, le solicito a los citados organismos tengan a bien de brindar las explicaciones pertinentes acerca de las mencionadas irregularidades, como así también solicitarles que se comprometan a darle una solución definitiva impulsando un marco regulatorio transparente y específico que elimine de una vez todas las dudas respecto a la administración de los Fondos Fiduciarios Públicos.