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Comisión Permanente

Of. Administrativa: Piso P01 Oficina 136

Secretario Administrativo DR. GALLEGOS EMILIO

Jefe DR. DEL CASTILLO FRANCISCO R.

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PROYECTO DE RESOLUCION

Expediente: 6605-D-2014

Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS MULTIPLES INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO DE CONCESION Y EL ACTUAL PROCESO DE DISOLUCION DE LA FIRMA "PUENTES DEL LITORAL SA", Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.

Fecha: 26/08/2014

Publicado en: Trámite Parlamentario N° 109

Proyecto
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, ante las conclusiones que surgen del Informe de la Auditoria General de la Nación Resolución Nº 212/04, los múltiples incumplimientos del contrato de concesión y el actual proceso de disolución de la firma Puentes del Litoral SA, que:
1) Proceda a la inmediata rescisión del Contrato de Concesión de Obra Pública por Peaje para la Construcción, Mantenimiento y Explotación de la Conexión Física Rosario- Victoria,
2) Asuma, mediante la Dirección Nacional de Vialidad, la administración de la conexión vial, garantizando su operatividad y la conservación de la fuente de trabajo de los empleados de la empresa actualmente concesionaria.
3) Inicie las acciones legales correspondientes contra aquellos que fueran presuntos responsables de incumplimientos contractuales y de ilícitos contra el Estado Nacional, de acuerdo al Informe de la Auditoria General de la Nación precitado y las observaciones de la auditoria que se solicita realizar.
2) Requerir la intervención de la Auditoría General de la Nación, como órgano externo de fiscalización del Estado Nacional, para verificar las medidas adoptadas luego del Informe aprobado por Resolución Nº 212/04, el cumplimiento de obligaciones contractuales de la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mantenimiento y explotación de la Conexión Física Rosario-Victoria desde el periodo auditado hasta la actualidad, señalando las irregularidades existentes que afectan la seguridad vial, y cuantificando los daños producidos en caso de falta de obras, así como deudas a favor del Estado Nacional que tengan causa en incumplimientos, asistencia financiera, expropiaciones, sanciones aplicadas, y todo otro concepto.
3) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, a la Oficina Anticorrupción y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con los fundamentos de la presente.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


La conexión física Rosario - Victoria fue otorgada por el Estado Nacional en concesión de obra pública por peaje con subvención para la construcción, mantenimiento y explotación a la empresa Puente del Litoral S.A. integrada por las empresas: Impregilo S.A., Iglys S.A., Hochtief A.G., Benito Roggio e hijos S.A., Sideco Americana S.A., Iecsa S.A. y Techint Compañía Técnica Internacional S.A.
El contrato de concesión se firmó el 28 de enero de 1998, fue aprobado por el Decreto Nº 581/98 y el organismo encargado del control fue la Comisión Transitoria Rosario- Victoria, hasta la creación en 2001 del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI).
El presupuesto total de la obra, según el contrato original firmado con la Empresa Concesionaria y sus posteriores modificaciones, ascendía a 377 millones de pesos, de los cuales 234 millones corresponde como aporte del Estado Nacional, incluyendo 10 millones de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos respectivamente, y 143 millones a la empresa concesionaria. Del esquema surge que el aporte estatal corresponde al 62 por ciento de la obra, mientras que a la contraparte privada le corresponde aportar el 38 por ciento que, según el cronograma de inversiones, debía efectuarse en el tramo final de la construcción. Tanto la Nación como las provincias de Santa Fe y Entre Ríos cumplimentaron la totalidad de sus obligaciones.
El pliego de bases y condiciones obligaba a Puentes del Litoral S.A. a obtener financiamiento de sus socios y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de un préstamo que debía tener carácter firme e irrevocable. Como resulta de público conocimiento, a partir del año 2002, y una vez efectuado todo el aporte correspondiente al Estado, la concesionaria manifestó la imposibilidad de obtener el financiamiento comprometido, hecho que motivó el otorgamiento de una asistencia financiera por parte del Estado Nacional de 51.648.352 pesos, con el objeto de evitar la paralización de las obras. El incumplimiento de esta obligación básica del pliego, amén del perjuicio que significa para el Estado Nacional, otorga a Puentes del Litoral una condición de privilegio respecto a las otras empresas que se presentaron a la licitación.
En 2002 se realizó una auditoría con el objeto de determinar el valor real de las obras de la conexión física, que fue realizada en base a la información provista por el OCCOVI. Ésta determinó que el valor estimado de la obra (IVA incluido), asciende a un monto total de 344 millones de pesos, es decir aproximadamente un 10 por ciento menos que el valor establecido en el contrato, y en función del cual se otorgaron los subsidios y la asistencia financiera a la empresa constructora. Merece destacarse que se encuentra incorporado al cálculo del monto total enunciado, una tasa de ganancia para la empresa del 10 por ciento sobre los costos. Innumerables irregularidades se encontraron en esta auditoría que determinaron este sobreprecio, a las que se suma que la empresa en ese momento no podía demostrar cuánto había aportado.
En base a este informe y a los problemas detectados en la carpeta asfáltica, en el año 2003 se aprobó una resolución en la Cámara de Diputados (Giustiniani y otros Nº 3232-D-03), solicitando la intervención de la Auditoria General de la Nación, como órgano externo de fiscalización del Estado Nacional, para verificar y cuantificar el aporte económico realizado por la empresa Puentes del Litoral S.A..
Mención aparte merecen las deficiencias de la propia obra que afectan la seguridad vial de los usuarios. A sólo cuatro meses de inaugurada la conexión vial se presentan baches, lo que motivó que el OCCOVI inicie una investigación sobre dichas fallas. En base a los resultados de este peritaje se obligó a la empresa a repavimentar, obra que inició en enero de 2004.
La traza ha sido durante estos años escenario de luctuosos accidentes en los cuales la empresa no ha podido exonerarse de responsabilidad. Por el contrario, la Justicia resolvió hacer efectiva su responsabilidad y obligarla a cumplir su deber de reparar, lo que no puede quedar desvirtuado por la disolución de la empresa.
En octubre de 2013, el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 6 de la ciudad de Rosario condeno a Puentes del Litoral S.A. a pagar una indemnización de ocho millones de pesos a favor de una joven que quedó cuadripléjica, en estado vegetativo permanente y con síndrome de cautiverio a causa de un accidente ocurrido en la conexión vial Rosario-Victoria.
Las pericias ordenadas durante el trámite del juicio establecieron que no estaban completados los sectores de banquinas y faltaban carteles de señalización sobre reducción de la velocidad. Además se consigna que el mal estado de las banquinas contribuyó a la producción del siniestro.
Sostiene el fallo que "si la banquina se hubiera encontrado en condiciones adecuadas, es altamente probable que el accidente no habría ocurrido o las consecuencias pudieron ser menos nefastas".
Agrega el tribunal que "la obligación de seguridad de la empresa es ineludible en relación a los usuarios por imposición de la Ley de Defensa del Consumidor".
En el mismo sentido, el 20 de noviembre de 2006, una inspección OCCOVI, puso de manifiesto varias irregularidades de la concesionaria. En el operativo, treinta inspectores recorrieron los casi sesenta kilómetros de extensión entre Rosario y Victoria.
La auditoría integral a Puentes del Litoral fue con el objetivo de verificar el estado general de la ruta y el cumplimiento de las cláusulas establecidas en el contrato. Se inspeccionó el estado de conservación de la autopista, el control de los servicios al usuario, el funcionamiento de los 26 postes de telefonía parlante SOS, las condiciones de seguridad, el mantenimiento de las estaciones de peaje y el estado de las luminarias.En el plano laboral, los representantes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación censaron al personal que desarrollaba funciones. A cada uno de ellos se les controló horas de trabajo, tipo de contratación y aportes jubilatorios.
Como resultado del rastrillaje, se confeccionaron 25 multas por un monto total estimado en 800 mil pesos. Los motivos: postes de auxilio en la ruta que no funcionan, falta de señalización vertical y horizontal eficiente, suciedad en los baños del peaje, ausencia de rampas para discapacitados en el sector de atención al usuario y problemas para acreditar documentación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y de su propio personal. Se trató del segundo llamado de atención, luego de la orden para repavimentar el 80 por ciento de la carpeta asfáltica.
En cuanto a la labor de la Auditoria General de la Nación es preciso señalar que llevó adelante una investigación en el ámbito del OCCOVI referida a "Verificar el cumplimiento de obligaciones contractuales de la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mantenimiento y explotación de la Conexión Física Rosario - Victoria". Las tareas de campo se desarrollaron en el período comprendido entre el 3 de noviembre de 2003 y el 31 de mayo de 2004.
El Informe fue aprobado por la Auditoria General de la Nación según la Resolución Nº 212/04, y comunicado al OCCOVI, al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a la Sindicatura General de la Nación, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y con fecha 14 de febrero de 2005 ingresa a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.
El resultado de la Auditoria es concluyente: se detectan 35 situaciones irregulares, de incumplimiento contractual por parte de la empresa concesionaria, de flexibilización de las normas contractuales por parte del OCCOVI y de inviabilidad futura de la concesión.
Entre las situaciones fuera del marco contractual, que son expresamente descriptas en el Informe de la Auditoria General de la Nación, podemos citar la integración del capital social del concesionario en cuotas, situación que provocó a la fecha prevista contractualmente para la toma de posesión, que la empresa no contara con la integración de capital exigida.
Respecto a las garantías exigidas, la concesionaria incumplió con la constitución de la garantía de ejecución de las obras y el Órgano de Control modificó las obligaciones contractuales conforme a las pretensiones de Puentes del Litoral S.A. En definitiva, el Informe determina que el comportamiento de Puentes del Litoral S.A. y la ineficiencia del Órgano de Control dejaron sin cobertura la toma de posesión y la ejecución de las obras.
La empresa concesionaria incumplió con la obligación del acuerdo de financiamiento, que vencía el 28 de abril de 1998, y que debía contener un compromiso financiero firme e irrevocable. Situación que derivó en un contrato de préstamo con el BID, también fracasado y que concluye con el préstamo de asistencia financiera acordado por el Estado Nacional en febrero de 2003. La Auditoría General de la Nación determina que más allá del incumplimiento contractual que conlleva la asistencia financiera, la empresa Puentes del Litoral S.A. no se encontraba en condiciones financieras de ser receptora de un préstamo de la Nación, con indicadores de nivel de endeudamiento de 99,99 por ciento.
Finalmente, el aspecto más sustancioso del Informe de Auditoría, se relaciona con las proyecciones económico-financieras que los técnicos realizaron y que concluyen en que la concesión no se encuentra en condiciones de cumplir con el objeto del contrato. Se realizaron proyecciones hasta el año 25 de concesión y se comprueba que en razón del endeudamiento alcanzado y el costo financiero asociado, Puentes del Litoral no cancelará jamás la deuda en concepto de asistencia financiera. Al finalizar el primer año de cobro de peaje, el saldo de la deuda es de 40.418.030 pesos, mayor que el monto desembolsado efectivamente. Se demuestra en el Informe que proyectando el reintegro de la asistencia financiera para toda la concesión se advierte que no se logra cancelar, ni siquiera reducir en el tiempo la deuda, demostrando que se acumularían pagos por 110 millones de pesos, quedando un saldo de deuda por otros 258 millones.
Considerando los comentarios y observaciones explicitadas en el informe, la AGN recomienda al OCCOVI que, "con el objeto de verificar los gastos operativos de la Concesión, se efectúe una auditoría de costos con el fin de ajustar el valor que se deduce de los ingresos por peaje cedidos al SISVIAL"; al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que proceda al "deslinde de responsabilidades atento los hallazgos de auditoría"; y a la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos que, teniendo presente "los antecedentes sobre los incumplimientos en que ha incurrido el Concesionario desde el inicio de la concesión, que lo llevan a estar incurso en las causales previstas en el art. 30.3 incs. b) y c) del Texto Jurídico Definitivo, (...) evalúe la viabilidad de su renegociación y los términos de la misma."
Para la Auditoría queda absolutamente claro que, desde el inicio de la Concesión, "el Concedente flexibilizó sistemáticamente las normas contractuales a favor de la Concesionaria, quebrando el principio de igualdad entre los oferentes", dado que "la empresa Puentes del Litoral S. A. no contó con los fondos comprometidos y necesarios para el funcionamiento de la concesión." Es por ello que "su situación financiera muestra un continuo deterioro medido a través de los índices característicos elaborados a partir de los EECC" y "no hizo frente a los compromisos con sus contratistas", como "tampoco aplicó el subsidio a su cancelación." Como consecuencia de ello, la empresa tenía "embargada sus cuentas y una orden judicial le impide disponer de los derechos de cobro provenientes del convenio de Asistencia Financiera."
A pesar de estas irregularidades advertidas la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) (1) y la concesionaria, el 16 de mayo de 2006 suscribieron una primera carta de entendimiento que con posterioridad a su firma mereció la revisión de algunos de sus puntos dando lugar a nuevas negociaciones que culminaron en la firma de una segunda carta de entendimiento el 27 de febrero de 2007. Estas cartas de entendimientos tienen por objetivo la renegociación integral del contrato de concesión. Con posterioridad a ello, en mayo de ese año y con motivo del pedido de quiebra formulado por las empresas Boskalis International BV y Ballast Nedam Baggern BV (consorcio holandés Boskalis- Ballast, encargado de realizar tanto el dragado de la obra como los terraplenes, al que se le adeudaba 39 millones de dólares en concepto de servicios e intereses) contra Puentes del Litoral S.A. (radicado ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, Nº 13, Secretaría Nº 26, a cargo de la Dra. Alejandra Tévez) la concesionaria solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores.
En este punto ocurrió un hecho gravísimo para las finanzas del Estado, ya que la UNIREN, en el marco de ese concurso preventivo solicitó, a favor del Estado Nacional, la verificación de créditos a su favor en concepto de:
a.- Incumplimiento de contrato de concesión por la suma de $ 106.331.095
b.- Asistencia Financiera por la suma de $ 40.813.150,32
c.- Expropiaciones por la suma de $ 2.398.814,54
d.- Penalidades por la suma de $ 11.324.217,70.
El total de lo solicitado sumaba 160.867.277,56 pesos. Increíblemente el Juzgado interviniente declaró admisible un crédito a favor del Estado Nacional por sólo la suma de 38.915.025,68 pesos en concepto de asistencia financiera, declarando "inadmisible" lo demás pretendido, no aclarándose en ningún lado adónde quedó el resto y por qué razones no puede ser reclamado.
La empresa consiguió el 27 de febrero de 2009 sacar adelante un acuerdo preventivo, encontrándose el mismo en periodo de homologación. Aún con todo el proceso de quiebra en marcha, la UNIREN y la concesionaria continuaron con las rondas de reuniones a efectos de evaluar las posibilidades de negociación contractual ante las circunstancias emergentes de la prestación del servicio y el desarrollo del proceso concursal ante la Justicia.
Es en el marco de estas reuniones que la empresa sostiene que necesita una readecuación tarifaría para "mantener las necesarias condiciones de continuidad, seguridad, calidad y responsabilidad sobre la prestación del servicio a los usuarios, como así también a fin de recomponer la ecuación económico financiera del Contrato de Concesión" (2) . Se basaba esto en la carta de entendimiento firmada en el año 2007.
Ante este pedido planteado por la concesionaria, el OCCOVI, por su competencia específica en la cuestión vinculada a la prestación del servicio a los usuarios, presentó un informe por Nota Nº 3425 del 15 de diciembre de 2009 donde sostiene que "se puede decir que la concesión de la Conexión Física Rosario Victoria se desarrolla sin mayores problemas, habida cuenta que las inversiones más importantes (particularmente las del puente Rosario - Victoria y el camino que une estas dos ciudades) están cumplidas a satisfacción y los trabajos de conservación y mantenimiento, como así también la explotación del corredor, se efectúan en forma satisfactoria y sin inconvenientes relevantes". Siendo éste el único elemento tenido en cuenta para determinar que había que posibilitar un avance parcial y transitorio, pero efectivo, en la situación actual, y que a la vez, estableciera bases y condiciones para un acuerdo integral y definitivo.
Es en este punto donde se definió la firma de un acuerdo transitorio donde se accedió a lo solicitado por la empresa concesionaria y se le agregó como premio la condonación de todas las multas aplicadas por los organismos de control desde enero de 2002. Los argumentos de la readecuación tarifaria fueron: "Se hace necesario y conveniente, en función de preservar la accesibilidad, continuidad y calidad del servicio prestado a los usuarios, y a su vez posibilitar una recomposición parcial de la ecuación económica financiera del Contrato de Concesión, alcanzar un Acuerdo Transitorio, el cual contempla razonablemente las actuales circunstancias, las posiciones de la Empresa Concesionaria y del Concedente en representación de los Usuarios" (3) . Quedando para más adelante un futuro aumento cuando se logre el supuesto acuerdo de renegociación integral y definitiva.
Lo del blanqueo de todas las deudas de la empresa por multas debido a incumplimientos del contrato de concesión ha sido justificado por una situación de emergencia del país, pudiéndose entender que esto forma parte de un plan de salvataje de la empresa inmersa en un proceso de quiebra a cargo del Estado Nacional: "Los incumplimientos del Concesionario de sus obligaciones contractuales, que hubieran sido determinados por el OCCOVI a partir del mes de enero de 2002 en virtud de la situación de emergencia declarada, no serán pasibles de las penalidades previstas en el Contrato de Concesión. Por tal motivo, la Autoridad de Aplicación y el Órgano de Control procederán a dejar sin efecto los procesos en curso originados en las actas de constatación referidas a los incumplimientos que aquí se señalan, como así también las penalidades impuestas que se detallan en el Anexo III adjunto a este documento." (4)
Sin lugar a dudas, el puente Rosario-Victoria se ha convertido hoy en una obra de infraestructura trascendental, con un fuerte impacto en el desarrollo económico social de nuestro país y en su integración regional. De los antecedentes expuestos surge que su concreción demandó un esfuerzo superlativo y casi excluyente del sector público, y una larga cadena de incumplimientos por parte de la empresa concesionaria. Desde el inicio mismo de la concesión, el concedente flexibilizó sistemáticamente las normas contractuales a favor de la concesionaria, quebrando el principio de igualdad entre los oferentes. La empresa no contó con los fondos comprometidos y necesarios para el funcionamiento de la concesión y no hizo frente a las deudas con sus contratistas.
Todo lo actuado hasta el momento confirma que nos encontramos ante una Concesión en donde la empresa se ha beneficiado de los dineros públicos, incumpliendo sistemáticamente con sus obligaciones contractuales, frente a la pasividad de los organismos de control y la presunta complicidad de algunos funcionarios públicos, que culminará con una grave perjuicio para el Estado Nacional, es decir todos los argentinos.
Frente a ello, plantemos que el Estado Nacional rescinda la concesión e inicie las acciones judiciales pertinentes para hacer efectiva la responsabilidad de los implicados en incumplimientos y hechos ilícitos. Asimismo, solicitamos que la Dirección Nacional de Vialidad tome a su cargo la administración de la conexión vial y preserve la continuidad laboral de quienes hoy se desempeñan en la concesionaria.
En orden a deslindar y ejecutar responsabilidades, es preciso que la Auditoría General de la Nación audite nuevamente los obligaciones incumplidas con posterioridad al periodo auditado.
El Gobierno Nacional, a través de los organismos competentes, debe dar respuestas ante las irregularidades planteadas y tomar cursos de acción para evitar perjuicios irreparables.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
JAVKIN, PABLO LAUTARO SANTA FE COALICION CIVICA ARI - UNEN
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
OBRAS PUBLICAS (Primera Competencia)
Trámite
Cámara Movimiento Fecha Resultado
Diputados SOLICITUD DE REPRODUCCION DEL PROYECTO PARA EL PERIODO 133 (2015), SEGUN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 7 DE LA RESOLUCION DE LA HCD DEL 05/06/1996