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Comisión Permanente

Of. Administrativa: Piso P01 Oficina 136

Secretario Administrativo DR. GALLEGOS EMILIO

Jefe DR. DEL CASTILLO FRANCISCO R.

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PROYECTO DE RESOLUCION

Expediente: 4256-D-2015

Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CONTRATO EFECTUADO ENTRE LOS AÑOS 2011 Y 2013 CON EL EMPRESARIO ALBERTO EDUARDO PAMPIN Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.

Fecha: 11/08/2015

Publicado en: Trámite Parlamentario N° 100

Proyecto
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del art. 100 inc. 11 de la CN para que por intermedio de la Secretaría General de la Presidencia, Unidad Ejecutora del Bicentenario, Sindicatura General de la Nación, Oficina Nacional de Contrataciones; Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); Inspección General de Justicia (IGJ) y demás organismos competentes en la materia, procedan a informar acerca de las razones por las cuales se contrató entre los años 2011 y 2013 por la suma $17.953.656 con el empresario Alberto Eduardo Pampín, DNI 14.223.533, CUIT 20‑14223533‑2, domiciliado en Av. Scalabrini Ortiz 1278, 4º "A", C.A.B.A, que estaba condenado con sentencia firme por delito doloso a la pena de cinco años de prisión y con inhabilidad para ejercer el comercio con el Estado mediante su ex empresa, Pampín Luces SRL CUIT: 30-64544968-8.
1.- Explicar los motivos por los cuales Pampín Luces SRL CUIT: 30-64544968-8 obtuvo certificados fiscales de la AFIP para ser contratista del Estado en cuatro oportunidades una vez condenado: el 22 de junio del 2011 (certificado 47/13823/2011), el 16 de noviembre del 2011 (certificado 47/27231/2011), el 11 de junio del 2012 (certificado 47/13187/2012) y el 25 de marzo del 2013 (certificado 47/6828/2013).
2.- Acreditar las razones por las cuales se soslayó en el caso lo dispuesto por el "inciso D" del artículo 28 del "Régimen de Contrataciones de la Administración Pública" (Decreto 1023/2001), en tanto especifica que no podrán contratar con la Administración Pública Nacional y están inhabilitados, "los condenados por delitos dolosos", quienes no podrán realizar negocios con el Estado por "un lapso igual al doble de la condena".
3.- Remitir los antecedentes relativos a todas las contrataciones efectuadas por el Estado con la firma Pampín Luces SRL y/o Sr. Alberto Eduardo Pampín desde 2003 a la actualidad.
4.- Remitir todos los antecedentes relativos a inscripción, socios, modificaciones estatutarias, cesión de cuotas parte, de las firma Pampín Luces SRL inscripta en la Inspección General de Justicia bajo número 5488, en
el libro 94 del tomo de Sociedades de Responsabilidad Limitada, con el expediente correlativo 1540560.
5.- Certificar: a) si el 8 de agosto de 2013 por Escritura Nº 108, pasada ante Escribana Mónica Liliana Sanguineti, al folio 445 del Registro Notarial 1469 de la Capital Federal, a su cargo, Alberto Eduardo Pampín, argentino, divorciado, DNI 14.223.533, CUIT 20142235332, domiciliado en Scalabrini Ortiz 1278, 4º "A", C.A.B.A., cedió a título gratuito a su hijo Pedro Eduardo Pampín, argentino, soltero, DNI 36.720.998, CUIL 20367209985, domiciliado en Av. Scalabrini Ortiz 1278, 4º "A"., Capital Federal, 7.000 cuotas sociales.
b) Si las cuotas cedidas representan el 70% del capital social y fue aprobada en reunión unánime de socios del 26 de julio de 2013, cuya acta obra a fojas 25 del Libro de Actas de Reunión de socios número 2.
c) Si con esta cesión gratuita de cuotas sociales Alberto Eduardo Pampín, perdió el carácter de socio, manteniendo su cargo de gerente.
6.- Acreditar con el sustento documental pertinente la totalidad de los pagos que el gobierno nacional ha efectuado a Pampín Luces SRL desde 2003 a la actualidad.
7.- Adjuntar copias de los balances de Pampín Luces SRL correspondientes a los últimos diez períodos fiscales.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


El gobierno nacional viene invirtiendo cientos de millones de dólares en sistemas de identificación de sus ciudadanos, y otros tantos en controlar su vida impositiva. Sólo precisa de unos segundos para saber si una persona cumple con requisitos (nunca difundidos) para poder adquirir divisas; y, en breve, el sistema de identificación biométrica hará posible saber al instante el nombre e historial de cada persona captada por las cámaras de seguridad.
Pero todo este esfuerzo pareciera fallar cuando se trata de un empresario ligado al poder que, pese a estar condenado por haber sometido a una menor al proxenetismo, entraba y salía de la Casa Rosada sin que el sistema de seguridad de la sede de gobierno siquiera lo alertara. Y lo que es igual de grave, fue cubierto por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), aun cuando su nombre figuraba entre los prófugos buscados por Interpol.
Se trata de la historia del empresario Alberto Eduardo Pampín, que en la actualidad cumple una condena por haber sido hallado penalmente responsable de promover la prostitución de una menor, que había sido entregada para proxenetismo por sus propios padres.
El caso surgió a partir de la revelación del diario Clarín, a comienzos de agosto de este año, en donde relataba la historia de abusos que padeció una adolescente, entregada por su familia a una red de prostitución que operaba en dos departamentos de la Ciudad de Buenos Aires. Por este delito se condenó -entre otros- al empresario del rubro de la iluminación, un hombre de fuertes vínculos con uno de los grupos de artistas y shows preferidos en la Casa Rosada: Fuerza Bruta.
Alberto Pampín, por otro lado, se encontraba prófugo, aunque su abogado afirmó que su cliente nunca había sido notificado de tal situación. Lo llamativo era que para ese momento ya existía un pedido de captura de Pampín en la página de Interpol. Y fue la chica abusada durante meses a comienzos del año 2001 quien dio con el paradero del empresario.
El proxeneta logró, mientras tanto, millonarios contratos con el Estado desde el año 2011, incluso cuando ya estaba condenado y con inhabilidad para ejercer el comercio con el Estado mediante su ex empresa, Pampín Luces SRL. Su principal contratante durante ese lapso fue nada más ni nada menos que Tecnópolis, entidad perteneciente a la Unidad Ejecutora del Bicentenario, dependiente de la Presidencia de la Nación.
Esta dependencia atiende dentro de la Casa Rosada, por lo que no resulta aventurado decir que Pampín debe haber entrado más de una vez a la sede de gobierno sin que los controles de seguridad descubrieran que estaban dejando pasar a un criminal condenado.
Una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizada el 11 de junio del 2013, desestimó -por mayoría y sin tratamiento-, un recurso de queja realizado por la defensa de Alberto Eduardo Pampín. La única firma en disidencia perteneció al doctor Eugenio Zaffaroni. Se trata del mismo magistrado que estuvo involucrado en otro incidente de proxenetismo con unos departamentos a su nombre, aunque su caso fue cerrado luego que el apoderado de sus bienes, Ricardo Montivero, se hiciera responsable de las infracciones ante el juez Carlos Bruniard y pagara una multa de $12.500 para extinguir la causa.
Cuando recibió la copia de la causa de Pompín, Zaffaroni buscó "revivirla" intentando enviarla a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó. El intento de Zaffaroni fue arruinado por la mayoría de los otros miembros de la Corte. No son pocos los abogados consultados por el sitio web Eliminando Variables que vieron como sugestivo este hecho, que hubiese beneficiado al empresario Pampín, muy ligado a la Unidad Ejecutora del Bicentenario con sede en Balcarce 50. No son menores las suspicacias que despierta la cercanía entre la Casa Rosada que contrataba al proxeneta y el juez de la Corte Suprema célebre por sus fallos que beneficiaron en el pasado a personas acusadas de abusos carnales.
Mientras el recurso en la máxima instancia judicial argentina era rechazado, Pampín continuó realizando negocios con el Estado, al ganar 3 licitaciones públicas destinadas a Tecnópolis, por la nada despreciable cifra de $6.370.180. Es decir que mientras cargaba con la condena, seguía siendo beneficiado con contratos sin que ningún funcionario se molestara en corroborar los antecedentes de uno de sus grandes contratistas.
En efecto, los casi 6.4 millones de pesos ganados en el lapso de dos meses, a la vez, son parte de los $17.953.656 que ganó Pampín Luces SRL con Tecnópolis desde el año 2011 hasta mediados del 2013, cuando Alberto Pampín era aún su titular. De hecho, al momento de iniciar las contrataciones, el Tribunal Oral en los Criminal N° 17 ya había condenado a Pampín a cinco años de prisión, hecho confirmado por la Cámara Nacional de Casación Penal en noviembre del 2011.
El "inciso D" del artículo 28 del "Régimen de Contrataciones de la Administración Pública" (Decreto 1023/2001), especifica que no podrán contratar con la Administración Pública Nacional y están inhabilitados, "los condenados por delitos dolosos", quienes no podrán realizar negocios con el Estado por "un lapso igual al doble de la condena". Según la opinión predominante tanto en doctrina como en jurisprudencia, la prostitución y corrupción son delitos dolosos. "El dolo consiste en la conciencia del que obra al estar promoviendo o facilitando la prostitución o corrupción. El delito se tipifica también a través de la satisfacción de deseos propios", explican profesionales del derecho consultados.
Es decir que, desde el 2011, Alberto Eduardo Pampín estaba inhabilitado, como presidente de Pampín Luces SRL, a realizar contrataciones con el Estado por un lapso de al menos 10 años. Sin embargo, las 7 contrataciones ganadas por esta compañía desde el 2011 y a las que se accedió, muestran que "alguien hizo la vista gorda" en la Secretaría General de la Presidencia, responsable de las contrataciones de la Unidad Ejecutora del Bicentenario. Y tal como se verá más adelante, no fue hasta bien ingresado el año 2013 que el proxeneta dejó la firma.
Incluso, aun procesado y condenado, obtuvo certificados fiscales de la AFIP para ser contratista del Estado en cuatro oportunidades una vez condenado: el 22 de junio del 2011 (certificado 47/13823/2011), el 16 de noviembre del 2011 (certificado 47/27231/2011), el 11 de junio del 2012 (certificado 47/13187/2012) y el 25 de marzo del 2013 (certificado 47/6828/2013).
La AFIP es el mismo organismo que muestra una impresionante efectividad investigativa cuando se trata de evasores, contrabandistas o de negar un permiso de compras de divisas a los contribuyentes comunes. Pero en este caso, le dio certificados a una empresa liderada por un proxeneta sin que sonara ninguna de las alarmas que se disparan cuando un ciudadano común pretende, por ejemplo, comprar algunos dólares para ahorrar.
No puede argumentarse que la empresa ya estuviera desligada de Pampín. De acuerdo con documentos a los que accedió este blog, el empresario condenado cedió sus acciones en la compañía Pampín Luces SRL el 6 de agosto del 2013, 56 días después de haber sido condenado y con pedido de captura de Interpol. Lo hizo mediante las escrituras 107 y 108 realizadas ante la escribana Mónica Liliana Sanguinetti. Allí, específicamente, Pampín entregó 7 mil cuotas sociales a título gratuito, a su hijo Pedro Eduardo Pampín, mientras que vendió dos mil cuotas sociales de la empresa a Bernardo Luis Doiny y María Gracia Franco. Según el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 4331, publicado el 3 de febrero del 2014, Pampin Luces SRL actualmente pertenece a Bernardo Doiny, y desde julio de este año posee un pedido de quiebra.
La base de proveedores del Estado (SIPRO), muestra que Pampín Luces SRL tuvo su contrato constitutivo el 31 de julio de 1991, con el objeto de realizar iluminación para eventos y espectáculos. El nombre original de la compañía era "Pampín & Pujía Luces SRL", y fue registrada bajo el número de inscripción en la Inspección General de Justicia 5488, en el libro 94 del tomo de Sociedades de Responsabilidad Limitada, con el expediente correlativo 1540560.
Hasta el 2010, según el SIPRO, básicamente trabajaba con clientes privados. De hecho, entre la selección de clientes dados a conocer por el mismo Alberto Pampín el 2 de septiembre de ese año, afirmaba haber realizado trabajos para los canales de televisión Telefé, América TV, y una agencia de publicidad de primera línea en el mercado.
Alberto Pampín figuró en la mayoría de las modificaciones de directorio publicadas sobre Pampín Luces en el Boletín Oficial, salvo cuando ingresaron gerentes en la sociedad de responsabilidad limitada. El último "gerente" nombrado durante el año 2012 fue Javier Alejandro Bustos, un monotributista y especialista en la producción de espectáculos teatrales y musicales.
Hoy el destino de la empresa es incierto: Desde el 14 de julio del 2014, posee un pedido de quiebra que se tramita en el juzgado comercial a cargo de la doctora María Cristina O'Reilly.
Sin embargo, como se vio, no todo fue zozobra en la vida de Pampín Luces SRL durante los últimos años, lo cual hace más sugestiva la repentina decadencia de la firma. Entre el 2011 y mediados del 2013, Pampín Luces SRL facturó, solamente para el predio de Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología y Art, un promedio anual de 6 millones de pesos en concepto de alquileres y provisión de equipos de iluminación. Poco más de doce meses después del cambio de accionistas, ocurrido en agosto del 2013, pareciera que el dinero de la compañía se esfumó.
Por ejemplo, en el 2011, Pampín Luces SRL fue beneficiada con la licitación pública 40/2011, expediente 31.596/2011, por $6.220.000. La misma consistía en la provisión, montaje y desmontaje, en calidad de alquiler, de iluminarias a instalar en Tecnópolis.
En el 2012, Pampín Luces SRL fue beneficiada con al menos 2 licitaciones públicas (más una ampliación) realizadas también en Tecnópolis: la 43/2012 (expediente 34.937/2012), por un monto de $1.240.780, para instalar iluminarias; y la 45/2012 (expediente 34.941/2012), con el fin de realizar un servicio de iluminación ornamental en calidad de alquiler. El monto contratado original fue de $3.435.580, al que un par de meses después se le adicionó una ampliación por un monto de $687.116. Es decir, el total facturado en la licitación pública 45/2012 fue por $ 4.122.696, alcanzando en el año 2012 unos 5.363.476 pesos.
Ya en el año 2013, también gracias a Tecnópolis, Pampin Luces SRL ganó 3 licitaciones públicas por un total de $6.370.180. Las mismas fueron las licitaciones 25/2013 (expediente 35.597/2013), 26/2013 (expediente 35.524/2013) y 28/2013 (expediente 38.570/2013). Las adjudicaciones fueron, respectivamente, por $479.160, 4.610.900 y por $1.280.120.
Cabe destacar que en todos los casos, las licitaciones mencionadas en el párrafo anterior fueron realizadas por la Dirección de Patrimonio y Suministros dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
La joven víctima que actuando en solitario logró identificar y poner tras las rejas a Pampín mostró tener más recursos que el Estado nacional para darle un final lógico al caso. Y desnudó la dolorosa realidad de un sistema judicial que no puede atravesar con su mirada los filtros que se construyeron para opacar lo que sucede en ciertos pasillos del gobierno. Queda claro que esos ámbitos, un condenado puede seguir haciendo sus negocios y pasearse cerca del despacho presidencial sin que se active ninguna de las alarmas que protege a la primera mandataria.
No menos importante es la lección impositiva. No es tan grave doblegar las normas que impiden contratar condenados por dolo en el Estado y asignarles millonarios contratos; lo importante es que el ciudadano común esté al día con sus impuestos y cumpla a rajatablas las normas si quiere conseguir un permiso para comprar divisas.
Pampín es ahora el ejemplo perfecto de un modo de hacer negocios dónde no pareciera ser relevante tener un historial limpio. Apenas basta con saber dónde esconderse y cómo hacer millones desde la clandestinidad (Fuente: José M. Stella e Ignacio Montes de Oca, Eliminando Variables).
En virtud de lo precedentemente expuesto, que reviste una innegable gravedad, solicito el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar el presente pedido de informes.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
ASSEFF, ALBERTO BUENOS AIRES UNIR
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
OBRAS PUBLICAS (Primera Competencia)