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Comisión Permanente

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PROYECTO DE LEY

Expediente: 3583-D-2007

Sumario: AUTORIZASE A ENERGIAS ARGENTINA SA (ENARSA) CREADA POR LA LEY 25943, HA PROCEDER AL RESCATE DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN EN PODER DE LA EMPRESA YPF SA; CREACION DE UNA COMISION DE CONTROL Y FISCALIZACION DE LA ESTATIZACION DE LA EMPRESA DE YPF SA.

Fecha: 19/07/2007

Publicado en: Trámite Parlamentario N° 93

Proyecto
ARTÍCULO 1º): Autorízase a Energías Argentina SA (ENARSA) creada por la Ley Nº 25.943, ha proceder al rescate de la totalidad de las acciones que se encuentran en poder de la empresa Y.P.F S.A.
ARTÍCULO 2º): A partir del momento en que se producirá el rescate, ENARSA pasará a ser la única titular de las acciones mencionadas en el Artículo anterior.
ARTÍCULO 3º): Créase una Comisión de Control y Fiscalización de la estatización de la empresa de Y.P.F SA: la que estará integrada por tres (3) representantes del Poder Ejecutivo Nacional, dos (2) representantes de la Honorable Cámara de Diputaos de la Nación, y dos (2) del Honorable Senado de la Nación, los que tendrán por finalidad supervisar el cumplimiento de la presente Ley.
ARTÍCULO 4º): El Poder Ejecutivo Nacional a través del organismo que designe, está facultado para realizar todos los actos que fueran necesarios e imprescindibles para proceder al rescate de la totalidad del paquete accionario que se encuentra en poder de Y.P.F SA, estableciendo la forma en que dicho acto se llevará a cabo.
ARTÍCULO 5º): Deróguese cualquier disposición que contradiga los objetivos de la presente Ley.
ARTÍCULO 6º): De Forma.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


El presente Proyecto de Ley que se pone a consideración de este Honorable Congreso de la Nación, tiene por finalidad proceder al rescate de la totalidad del paquete accionario que se encuentra en poder de la empresa Y.P.F SA. Para ello, se establece en el Artículo 1º) de la presente, que el organismo encargado de llevar adelante éste proceso será Energías Argentina SA (ENARSA).
Dicho Ente es el responsable de todo lo referente a la explotación, exploración y comercialización del petróleo y el gas. Es decir, que la Ley de creación del mismo, dentro de su objeto social permite la realización de acciones y funciones que hoy en día realiza la empresa privada YPF SA.
La gestión del gobierno del Sr. Presidente Dr. Néstor Kirchner ha marcado una gran diferencia con las políticas implementadas por gobiernos anteriores en lo que se refiere a las privatizaciones. Es por eso, que creemos que este Proyecto de Ley se condice con los lineamientos del actual gobierno en busca de la recuperación del control y seguimiento de los recursos naturales, más aún cuando se trata del petróleo, que como sabemos no es renovable y además, es fundamental para el desarrollo y crecimiento de los distintos sectores productivos y comerciales.
Esta iniciativa permitiría recuperar como empresa nacional a Y.P.F, recobrando para la nación argentina la titularidad de uno de los principales recursos naturales: el petróleos, y en consecuencia todos los productos derivados de él.
Los recursos naturales son definidos, en términos generales, como el conjunto de elementos de origen natural que se encuentran en nuestra Naturaleza de forma no modificada, y que en su mayoría son escasos, si se los compara con su demanda actual o potencial. Se los puede clasificar en recursos renovables, que usualmente son organismos vivos que crecen y se renuevan, como por ejemplo la flora y la fauna; y no renovables, que son aquellos cuya existencia es agotable, como es el hecho del petróleo y los yacimientos de minerales.
Es en este sentido, que la privatización de estos recursos a partir de la Ley de Reforma del Estado Nº 23.696, habría implicado la transferencia de este patrimonio, fundamental para cualquier país, al jugar un papel indispensable en la determinación de la posición económica y política de una nación.
A lo largo del siglo XX han existido innumerables experiencias sobre reformas del Estado en América Latina y en el mundo. Este proceso se inicia en Argentina a partir de la década de 1980, profundizándose en la década siguiente. Anteriormente los esfuerzos por reestructurar al Estado se habían dirigidos a garantizar su papel como articulador de las relaciones sociales. Es así, que toda acción en esta dirección no cuestionaba su intervención en la vida social y económica. Se trataba de un Estado empresario, regulador, empleador, subsidiador
A partir de la década del 1980 y principalmente de 1990 este rol comienza a ser cuestionado con la emergencia de un nuevo diagnóstico respecto de la función que debía tener. Las crisis financiera internacional, el fin del estado de bienestar, la escasez de recursos, las crisis de las deudas externas, las presiones de los organismos internacionales de crédito, el estancamiento y el aumento de las demandas sociales en término de salud, seguridad, educación, entre otros promovieron este nuevo contexto. Es así, que esta situación definió y preparó un nuevo clima ideológico y social, en el cual el Estado como articulador de las relaciones sociales y promotor del desarrollo social, económico y cultural, ya no sería posible.
En consecuencia, el diagnóstico habría sido elaborado promulgando que el Estado empleador, subsidiador, empresario y regulador habría generado, tanto un exceso de gastos y crisis fiscal producto de su intervensionismo desmesurado, como una "situación de hipertrofia" (Oszlak, 1993) causada por el exceso de funciones, la mala distribución de los recursos, y la ineficiencia para resolver los reclamos sociales y privados.
En este contexto, las Reformas del Estado aparecen como la política a desarrollar para revertir esta situación. Este proceso es definido por innumerables especialistas en la materia, algunos de ellos, lo conciben como un proceso político e interburocrático que implica la redefinición de las fronteras entre el Estado y la sociedad, pues transforma la manera en que el gobierno interviene en los asuntos de la sociedad y crea nuevas reglas de juego (Oszlak:1993). Se trata en definitiva, de un conjunto de medidas orientadas a intervenir en las competencias y relaciones del Estrado y la Sociedad.
Las privatizaciones fueron uno de los procesos que más caracterizó esta etapa argentina. Si bien esta medida aparece en el discurso público, según especialista en esta temática, en 1976, es recién en la durante el Gobierno del Presidente Raúl Alfonsín que esta cuestión aparece con ímpetu. La privatización de SIAM, de la empresa de turismo Sol Jet, y de la compañía azucarera Las Palmas del Chaco Austral son parte de este período. Con el Gobierno siguiente, esta política se vuelve sistemática, vendiendo y colocando en manos de privados a la mayoría de las empresas públicas y de servicios. Entre ellas se destacan YPF, Aerolíneas Argentina, el Sistema Previsional, ENTEL, el sector eléctrico, y otros organismos.
Algunas de las consecuencias que habría traído este proceso, fueron el despido masivo de empleados del Estado, el incremento del desempleo y la pobreza, el avance del mercado sobre áreas que antes el gobierno las garantizaba como la salud, la educación, la seguridad, el aumento de las dificultades en algunos estados provinciales para sustentar económicamente las nuevas funciones atribuidas, e incluso se habría comprometido la capacidad del estado para dar respuestas a la sociedad, entre otras.
En el caso de YPF, su privatización con la Ley Nacional Nº 24.145, significó la venta de sus activos a empresas privadas y la licitación de la mayoría de sus pozos para la explotación de los mismos por petroleras privadas. Dicha situación habría tenido impactos similares a los mencionados, muchos de sus empleados fueron despedidos, y principalmente el Estado nacional perdió la capacidad de poseer el control de uno de los recursos naturales estratégicos más importante, junto con el agua.
No obstante, países como Chile y Brasil, si bien la ola de privatizaciones llegó al interior de las administraciones públicas, en ninguno de los dos casos se procedió en la venta de los recursos naturales estratégicos como ser el cobre y el petróleo, respectivamente, sino que por el contrario las empresas estatales fueron potenciadas y mejoradas en términos de infraestructura, inversión, tecnología y recursos humanos. Hoy, dichas empresas son consideradas competitivas a nivel mundial, lo cual se expresa en sus rendimientos en exportaciones y en inversiones.
En este marco de análisis es que la presente Ley propone el rescate de la totalidad de las acciones que se encuentran en poder de la empresa Y.P.F S.A, considerando que es una temática sumamente precisa y que exige análisis y estudios exactos. Por ello será ENARSA y el Poder Ejecutivo los responsables de llevar adelante este proceso. Asimismo, se plantea en el Artículo 3º) la creación de una Comisión de Control y Fiscalización, la que estará integrada por tres (3) representantes del Poder Ejecutivo nacional, dos (2) representantes de la Honorable Cámara de Diputaos de la Nación, y dos (2) del Honorable Senado de la Nación. Esto permitiría supervisar el cumplimiento de la presente Ley.
Asimismo, consideramos fundamental mencionar los procesos de recuperación a nivel latinoamericano como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela y de Bolivia. En ambos caso, la iniciativa ejecutiva, precedida de innumerables estudios han procedido a la rescate como bien público nacional a las principales fuentes de energía. Si bien estos hechos han implicado la confrontación de intereses, creemos posible el trabajo conjunto y consensuado para impedir esta situación. Es por ello, que el Poder Ejecutivo debería contemplar lo expresado, y proceder en este sentido.
A estos dos hechos recientes se suman como argumentos válidos para nuestra fundamentación lo que sucede con PETROBRAS que siendo una empresa mixta, de capitales privados y del Estado de la República Federativa de Brasil, y a pesar de que éste último no tiene el mayor capital social, sí posee dentro del directorio el número de representantes suficientes como para adoptar las decisiones de políticas empresariales. En el caso de REPSOL, que es la que tendría la mayoría de las acciones en los que hoy es YPF SA, también es una empresa que pertenece al Estado Español.
El control de las políticas a seguir por las empresas en el caso de un recurso esencial como es éste, tiene que estar en manos del Estado para evitar consecuencias como las que estamos viviendo en este momento, a causa de los malos convenios de privatización que se realizaron anteriormente; nos referimos con esto a la crisis energética. Tanto las empresas productivas como los comercios y los hogares de muchos argentinos hoy están padeciendo esta situación, en muchos casos por la falta de inversión de las empresas y en otros por decisiones comerciales que prefieren las exportaciones, favorecidos por los precios internacionales, a cumplir con el abastecimiento del mercado interno.
Estas medidas empresariales que han dañado, de alguna forma, al mercado interno, nos insta a reflexionar sobre cuales son los recaudos que estas empresas han tomado sobre la posibilidad real de que dentro de algunos años debiésemos importar petróleo.
Sostenemos que frente a esta situación y dadas las condiciones económicas y financieras actuales, sería posible impulsar la recuperación de nuestros yacimientos petrolíferos, no sólo como sector estratégico determinante, sino porque la energía es una piedra angular de la economía de todo país y de la calidad de vida de sus habitantes. Lo que ocurre hoy en día, respecto a la escasez de este servicio pone en debate la necesidad de garantizarlo, y la reestatización de YPF SA podría contribuir en este objetivo.
Estamos convencidos que nuestro país tiene que seguir dando las garantías necesarias para las inversiones directas (ID) extranjeras sigan viendo a nuestro país seguro y con reglas claras, pero en los que respecta a recursos naturales estamos seguros que no pueden apartarse de las decisiones políticas que el Estado Nacional a planificado a corto y largo plazo
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Ley.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
SOLANAS, RAUL PATRICIO ENTRE RIOS FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
ENERGIA Y COMBUSTIBLES (Primera Competencia)
OBRAS PUBLICAS
PRESUPUESTO Y HACIENDA
Trámite
Cámara Movimiento Fecha Resultado
Diputados REPRODUCIDO POR EXPEDIENTE 1468-D-09