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Comisión Permanente

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PROYECTO DE RESOLUCION

Expediente: 1371-D-2015

Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL DESTINO DE LOS FONDOS GIRADOS POR EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA, A TRAVES DEL PROYECTO DE COOPERACION CON PAISES DE AMERICA LATINA "FONDO DEL AGUA", PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS PROVINCIAS ARGENTINAS.

Fecha: 30/03/2015

Publicado en: Trámite Parlamentario N° 19

Proyecto
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que se sirva informar a esta Honorable Cámara sobre el destino de los fondos que enviara el gobierno español a través del proyecto de cooperación con países de América Latina denominado "Fondo del Agua" y sobre el estado de la cuestión en materia de inversiones destinadas a tal efecto.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


El acceso al agua potable en Argentina no se encuentra garantizado como derecho humano, hay casi 6 millones de personas en nuestro país que no tienen acceso a la misma mientras la problemática se presenta como una de las más urgentes para la humanidad en este siglo, y la vez una de las más postergadas por las administraciones en nuestro país.
No tener acceso al agua potable para consumo e higiene personal, cocción de alimentos y para los servicios sanitarios puede generar enfermedades graves como las diarreas agudas, causadas por la bacteria escherichia coli, que si no se atienden de manera correcta y oportuna, ocasionan la muerte del paciente por deshidratación. Este recurso no sólo es esencial para la vida sino que permite prevenir enfermedades, está directamente relacionado a la calidad de la salud. Y sin él, el riesgo de las infecciones aumenta.
El nuevo Código Civil y Comercial sancionado hace un año por el Congreso de la Nación no incluyó el reconocimiento del acceso al agua potable como derecho humano. Esta modificación cualitativa estaba dirigida al centro mismo del problema del acceso igualitario a este servicio o bien esencial para el desarrollo humano en nuestro país. Precisamente porque, al igual que todos los derechos humanos, el derecho al agua plantea desafíos e impone obligaciones que no se quieren asumir.
Los derechos humanos imponen tres tipos de obligaciones: respetar, proteger y realizar esos derechos.
La obligación de respetar, implica que los gobiernos deben abstenerse de tomar cualquier medida que impida a la población satisfacer estos derechos. A veces, basta que el Gobierno se abstenga de realizar ciertas prácticas, como, por ejemplo, permitir que las empresas estatales o privadas contaminen los ríos y las fuentes de abastecimiento de agua para el consumo humano.
Las violaciones de la obligación de respetar el derecho al agua incluyen, entre otras cosas: la interrupción o desconexión arbitraria o injustificada de los servicios o instalaciones; los aumentos desproporcionados o discriminatorios del precio del agua; y la contaminación y disminución de los recursos de agua en detrimento de la salud humana.
La obligación de proteger obliga al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las personas, contra las violaciones del derecho al agua por terceros. Estas violaciones incluyen, entre otras cosas:
No promulgar o hacer cumplir leyes que tengan por objeto evitar la contaminación y la extracción no equitativa del agua. No regular y controlar eficazmente los servicios de suministro de agua. No proteger los sistemas de distribución de agua - por ejemplo, las redes de canalización y los pozos -, de la injerencia indebida, el daño y la destrucción.
La obligación de realizar, es una obligación positiva destinada a garantizar derecho al agua potable y se vincula con las cuestiones atinentes al gasto público, la reglamentación gubernamental de la economía, la regulación del mercado, la provisión de servicios públicos y de infraestructura, las políticas de subsidios y otras obligaciones positivas, como garantizar el acceso de los sectores más pobres mediante políticas diferenciadas.
En definitiva, el acceso al agua forma parte de los derechos económicos, sociales y culturales básicos que como país, nos hemos comprometido a cumplir, junto a otros Estados americanos.
También hay que reconocer que, por su propia naturaleza, los derechos económicos, sociales y culturales tienen un desarrollo progresivo. Y que será preciso coordinar acciones de todos los representantes elegidos por el pueblo, las organizaciones civiles, los expertos y la sociedad en su conjunto, para darles plena efectividad.
En las comunidades rurales de nuestro país muchas personas, mujeres en su gran mayoría, deben destinar en promedio de entre 4 y 6 horas diarias para acarrear tachos y baldes porque carecen de acceso al agua segura y no disponen de sistemas de almacenamiento confiables en materia de salubridad e higiene.
Las cifras del Foro Mundial del Agua de La Haya revelaron que las provincias de Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y el conurbano bonaerense son las zonas del país con mayor déficit.
El Fondo del Agua, un proyecto de cooperación financiado por el gobierno de España para América Latina, encontró en la Argentina su principal fracaso: el programa "Molinos de viento", que pretendía llevar agua potable a través de energía eólica, fue suspendido. Pese a que este país recibió sólo uno de los 65 proyectos del programa, las autoridades europeas lo señalan como el principal error de su gestión y ahora reclaman la devolución del dinero.
El proyecto quedó envuelto en una polémica por el uso de los recursos que involucra al gobierno argentino, su par español y a la Fundación Ernesto Sábato, la entidad que debía ejecutar los fondos girados desde Madrid. El truncado emprendimiento generó, además, un inusual conflicto con España que actualmente ocupa a sus más altos representantes diplomáticos en el país.
El gobierno español ordenó en septiembre de 2012 el reintegro de los fondos girados desde Madrid (1,6 millón de euros, que fue el aporte español) a la Fundación Sabato.
Argentina desaprovechó una inversión de casi 5 millones de dólares para extender su red de agua potable a los lugares más necesitados del país. Teniendo en cuenta los todavía seis millones de argentinos que no acceden a este recurso indispensable, nos preocupa a qué tipo de decisiones inexplicables y disputas políticas debemos el desperdicio de esta fuente de recursos.
Por eso compañeros legisladores, solicito su acompañamiento en el presente proyecto a fin de aclarar lo sucedido.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
MALDONADO, VICTOR HUGO CHACO UCR
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
OBRAS PUBLICAS (Primera Competencia)