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Comisión Permanente

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Reunión del día 12/05/1998

- MODIFICACIÓN ARTÍCULO 22 DE LA LEY 24196 SOBRE REGALÍAS MINERAS.

- En Buenos Aires, a los doce días del mes de mayo de 1998, a la hora 18 y 24:
Vamos a dar comienzo a la reunión de la Comisión de Minería comentándoles que fuimos invitados a participar de la Comisión Bicameral realizada en Japón y en China. Se llevó a cabo en el Bid y se encontraban presentes ochenta empresarios japoneses. El señor Guadagni y el señor subsecretario de Minería Meiland realizaron una muy buena presentación. Concurrió el presidente de Aguas Ricas.
Se realizaron reuniones con sectores privados y con las empresas más importantes de Japón en las que se manifestó el gran interés por venir a invertir a la Argentina. Ello me llamó la atención porque los japoneses nunca dicen que están interesados, en cambio, esta vez se mostraron atentos al tema. Incluso se les preguntó en qué etapa deseaban participar y contestaron que en cualquiera de ellas. Sabemos que la explotación es más cara pero ellos dijeron que les interesa cualquiera de las etapas.
SR. SORIA Sería conveniente que los técnicos que redactaron ese proyecto nos lo expliquen. Creo que tenemos que ser muy prácticos porque conceptualmente, así como está descripto, ese artículo es poco claro. Creo que esto sería muy útil y habría que dar un ejemplo numérico de manera tal que podamos analizar rubro por rubro y saber con precisión cuál es el concepto final sobre el que se debe calcular las regalías a efectos de evitar nuevos problemas. Si redactamos un artículo como el que se está pretendiendo tiene que ser una cosa absolutamente clara. Si esto llega al recinto deberá haber un miembro informante que explique de manera clara todos estos conceptos.

SRA. PRESIDENTA GUZMÁN A mí me parece bien.

SR. PERNASETTI Lo que produjo el Consejo es fruto de la preocupación que las provincias tienen sobre el tema. Hay una contradicción entre lo que dice la ley de Catamarca, lo que figura en el decreto y lo que señala la resolución. La ley de inversiones mineras es la que debe imperar en este tema y es muy importante que cada provincia se adhiera o no a la modificación del artículo 22. El Consejo tomó la iniciativa pero me parece que fue a modo de colaboración hacia la comisión; llevó un papel que no está firmado por nadie. Eso fue reconocido por el Consejo pero nadie se quiso hacer responsable. Además, para ser tratado, esto tendría que tener estado parlamentario. Considero que esta reunión es informal y a título meramente explicativo. Esto lo digo para que quede constancia en la versión taquigráfica. Esto debe quedar claro; de lo contrario estaríamos debatiendo sobre algo que no tiene estado parlamentario.

Este es un problema serio que deseamos discutir. Lo que ocurre es que se presenta a la provincia de Catamarca como pateando el tablero y cambiando las reglas de juego cuando, en realidad, esto no es así. Todo el mundo conoce nuestra posición y yo se lo expresé a la señora presidenta; ahora no vamos a discutir sobre cuestiones abstractas. Ahora tenemos hechos concretos. Por ejemplo, la declaración jurada presentada por minera La Alumbrera siguiendo las disposiciones de la resolución 56 de la Secretaría de Minería y del decreto reglamentario donde se plantea cómo toma el concepto boca-mina, qué costo deduce y, así, llegamos a cuestiones que son inaceptables para nosotros.

Como ejemplo podemos citar a un rubro denominado Apoyo a las Minas de Buenos Aires, que el primer mes representa 3.070.000 dólares y llega a 2 millones el 6º mes, transporte marítimo, ferrocarril, puerto y marketing y amortización.

Del cálculo de las regalías estimados en la provincia en el orden de los 6 millones de dólares se pagaron 1 millón 680 mil pesos.

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Esto hace que estemos discutiendo sobre vialidad.

Al margen de la posición de la provincia de Catamarca y la de la Nación me parece inadmisible que sigamos insistiendo en una concepción de regalía que obligue a todas las provincias, al momento que cualquiera de las empresas presente una declaración jurada, a contratar consultoras para analizar los costos de la empresa. Esto es inadmisible desde el punto de vista de la economía moderna: ¿a qué empresa le gusta que se le vayan a entrometer en los costos? Creo que debe haber otros métodos mucho más fáciles para determinar valores sin tener que discutir cada uno de los rubros que han establecido.

Lo expuesto nos lleva -digo esto en forma personal sin comprometer la opinión oficial de la provincia de Catamarca- a la necesidad de que cualquier legislación que se cree sea de una calidad tal que pueda ser aplicada con los mismos criterios en las provincias que se adhieran y que sea de fácil contralor para todos evitando la discrecionalidad tanto de las empresas como del poder administrador para tener reglas de juego claras.

Nos parece que el proyecto del Consejo Federal no satisface estas inquietudes, sigue cayendo en el mismo concepto en materia de costos, aunque los limita a altos costos directos y demás pero continúa dando un margen muy grande para la creación de problemas futuros.

Por lo tanto, nos parece que deberíamos buscar otro tipo de formulas en el sentido de que se llegue a situaciones de mucha más fácil aplicación para la provincias.

Al mismo tiempo, quiero expresar que cualquier modificación que se haga del artículo 22 significa igualar para abajo, es decir, que las provincias perciban menos regalías. Para nosotros esto es inaceptable en la medida en que no haya alguna cuestión que compense estas diferencias. Esta compensación, se me ocurre, tiene que venir a través de un fondo.

Existe un proyecto de autoría del señor diputado Fadel -incluso hay otros antecedentes al respecto- pero si hay algo que las provincias no pueden hacer es resignar las expectativas que tenían para la explotación minera.

En este sentido, puedo mencionarles una cifra rápida analizando el flujo de caja de La Alumbrera con la ley nacional: pagarían 177,3 millones de pesos en concepto de regalías en veinte años y con la provincia, prácticamente 350 millones. La Nación en el mismo período va a recibir 876 millones en concepto de impuestos. Entonces, ¿por qué las provincias tienen que sacrificarse? Incluso las empresas deducen las regalías del impuesto a las ganancias. ¿Por qué los beneficios son mayores para las empresas? ¿Por qué las provincias tienen que perder y la Nación ganar más cuando se está unificando una legislación por la cual toda la Nación debería salir beneficiada? Este es el motivo por el cual estas dos cosas tienen que ir juntas, si se modifica la ley tiene que haber una compensación; este es el planteo.

SR. FADEL Es mi intención hacer una consideración y formular una pregunta al señor diputado Pernasetti.

En cuanto al tema de evitar cualquier nueva redacción que traiga aparejada complicaciones, como bien dijo el señor diputado, la principal sería comenzar a discutir estructuras de costos de una empresa, asunto que, a mi criterio, comenzaríamos a vivir con conflicto.

Entonces, refiriéndome a las consideraciones que está realizando el señor diputado Pernasetti, quisiera saber si él está previendo salirse del valor boca mina y hablar de alguna otra base imponible que sea distinta a ese valor. Porque no veo la posibilidad de definir el valor boca mina sin comenzar a discutir el tema de estructura de costos en la empresa.

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Cuando uno quiera controlarlos, vamos a tener discusiones a partir de la estructura de costos. Por eso cuando en la Secretaría de Minería se discutió el tema de las regalías y recién se empezaba a bosquejar la ley de inversiones, personalmente planteé otra base imponible que no fuera el valor boca mina. En ese momento las provincias señalaron que se desvirtuaba el concepto de las regalías.

Considero que con la definición que hoy nos alcanza a modo de aporte la gente del Consejo Federal Minero sigue latente la posibilidad de que se presenten grandes conflictos.

Si pudiésemos trabajar y elaborar una propuesta, siguiendo con la base imponible del valor boca mina, y alguien trajera una fórmula que nos permitiera limar todas las asperezas, deberíamos comprometernos para encontrar una alternativa diferente con otra base imponible, que no modifique sustancialmente el monto que se pretende cobrar por este concepto. Tengamos en cuenta que hay ciertos márgenes dentro de los cuales tenemos que manejarnos y de los cuales las empresas no se van a mover. Vamos a tener que tomarlo como piso, y luego la realidad minera nos va a fijar el techo. Sobre esta base tenemos que trabajar en las distintas alternativas.

Con respecto al tema de las ganancias, me preocupa algo que está pasando en la mayoría de las empresas privatizadas de la Argentina, que pertenecen a capitales extranjeros. Digo esto porque la misma sociedad que en nuestro país existe con determinado nombre, la encontramos en otro país como proveedora de esa misma empresa, pero sin dejar de pertenecer al mismo grupo económico. Estas empresas transfieren ganancias a otros países y, por esa razón, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda se está trabajando en el tema de la ganancia presunta. Es decir que estos grupos económicos que tienen tentáculos en distintos países del mundo, terminan pagando ganancias en el que más les conviene.

Con esto nos puede pasar lo mismo. Si no ejercemos un buen control, van a inflar los costos hasta que nos terminen demostrando que el precio de venta del bien -ya sea oro o plata- es igual al costo, es decir que prácticamente no van a tener ganancia. En este sentido, en el borrador que nos entregó la gente del Consejo Federal de Minería, en los últimos dos renglones está implícita esa posibilidad, toda vez que indica que en todos los casos, si el valor tomado como base de cálculo, el valor boca mina, fuese inferior al valor de dicho producto en el mercado nacional o internacional, se aplicará este último. Es decir que ya estamos previendo que van a dibujar costos y que ni siquiera van a tener ganancia.

Si pensamos redactarlo de esa forma -porque estoy previendo una determinada situación que no es la normal- sabemos que podemos llegar a ese límite. Sería interesante incorporar este tema de la ganancia presunta si es que se está por incluir en el sistema impositivo argentino.

Me refiero concretamente a analizar los números y la base imponible que se va a tomar como elemento nuevo. Hay muchos ejemplos para tomar en cuenta. La empresa Aguas Argentinas le compra a un tercero y éste le compra a su vez a la misma empresa de ellos en España, subfacturan y luego le venden al precio que originalmente tenía en España. Entran al país con un valor inferior, luego lo elevan -a través de un tercero- y van dibujando costos para arriba y para debajo de acuerdo a las conveniencias impositivas. Me gustaría preguntarle al diputado Pernasetti si piensa que se puede salir del valor boca-mina o si imagina alguna alternativa de definición del valor boca-mina que no pueda traer aparejado conflictos con la empresa y su estructura de costos.

SR. PERNASETTI Nosotros creemos que esta ley está correctamente dictada y es la que en definitiva hay que aplicar. Tenemos que reconocer que hubo presiones importantes por parte del gobierno nacional y de las propias empresas que hacen un lobby que se ve reflejado en cualquier publicación vinculada con esta área en el sentido de que nos ponen como responsables de la falta de inversión y de la caída de futuros proyectos.

A nosotros nos interesa que la minería argentina siga adelante y que las provincias no pierdan plata; esto tiene que quedar claro.

En lo que respecta al interrogante formulado por el señor diputado Fadel debo decir que cuando se trató la ley -yo no era diputado en esa época- se plantearon divergencias en torno al valor boca-mina y así quedó establecido en la ley. Se dijo que era una definición técnica que no tenía inconvenientes. En la práctica se demostró que sí había inconvenientes. Cada provincia puede tomar una definición distinta. Creo que en la modificación podría figurar, por ejemplo, que el valor boca-mina es tal cosa o puede ser tal otra en función de lo que las provincias interpreten dentro de un determinado margen. Si la intención es unificar la legislación minera demos un concepto que sea práctico para todo el país pero con la posibilidad de que las provincias, de acuerdo con el tipo de explotación, puedan optar. Lo más práctico sería tomar valores sobre venta neta o algo así; aquí no interesa si ganó o no. Se han hecho algunos ejercicios matemáticos y se habló del 2 por ciento de venta bruta equivalente al 3 por ciento del valor boca-mina. Es decir, se pueden hacer ejercicios matemáticos para determinar esos valores. Esto no sé si será, desde el punto de vista técnico, lo correspondiente al valor boca-mina. Pero, lo que interesa es la practicidad. Es decir, hasta dónde pueden llegar las empresas a deducir costos. Esto es básico determinarlo.

En relación con la ganancia presunta creo que estos hombres ni siquiera van a poder cobrar por el tema de la estabilidad. Les hemos dado estabilidad por 30 años, o sea que toda la reforma impositiva que establezcamos no los va a afectar.

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Tampoco se les aplicó el incremento al gas oil porque se les reconoce que está pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Entonces, que la Nación le otorgue beneficios a las empresas, pero no a costa de las provincias. Este es el tema que planteamos.

SR. FADEL En aquella reunión que mantuvimos con la Comisión Bicameral, a la que concurrió la gente del gobierno de la provincia de Catamarca, se había manejado la idea de constituir una pequeña comisión que trabajara en este tema junto con los representantes del Consejo Federal, los diputados y senadores.

SRA. PRESIDENTA GUZMÁN Acordaron que iban a definir el tema y que hablarían con la provincia.

SR.PERNASETTI Acordaron estudiar el tema y abrimos la posibilidad de que concurran a la comisión a efectos de conversar con los legisladores.

SRA.COLOMBO Me parece que en este momento, tal como expresara el diputado Pernasetti, estamos ante un hecho concreto, que es la declaración jurada que presenta Minera La Alumbrera, en el que la provincia se ve seriamente afectada. Esta declaración jurada no hace otra cosa que regirse por el marco normativo que fijan instrumentos legales como el decreto reglamentario de la Ley Nacional de Inversiones Mineras, sobre el que no rige adhesión expresa por parte de la provincia de Catamarca y, fundamentalmente, la resolución 56/97 de la Secretaría de Minería de la Nación.

Considero que esta resolución ha venido a generar un cambio de reglas de juego y no la legislación de la provincia de Catamarca, porque cuando mi provincia, en el año 1993, sanciona su ley provincial de regalías mineras toma como norma de referencia la ley Nacional de Inversiones Mineras que se había sancionado en mayo de 1993 y establece la alícuota del 3 por ciento.

En fecha posterior el Poder Ejecutivo nacional reglamenta la ley Nacional de Inversiones Mineras, introduce el concepto de costos de la primera etapa de comercialización, pero sin perjuicio de reconocer la potestad que le asiste, no sólo a Catamarca sino a todas las provincias argentinas, de establecer sus propios mecanismos de cálculo de la base imponible. Pero lo que verdaderamente introduce un cambio brutal en las reglas de juego que rigen esta actividad es la resolución 56 de la Secretaría de Minería de la Nación que es tomada por una autoridad que no tiene competencia sobre la materia. Es decir que en un exceso de todo tipo entra a definir cuestiones que en forma directa perjudican a Catamarca por una coyuntura histórica que hace que hoy tenga un emprendimiento minero de explotación que está pagando regalías a la provincia pero que, en lo sucesivo, va a afectar al conjunto de las provincias mineras y sobre ello debemos trabajar.

Tal como dijo el diputado Pernasetti, la idea de definir mejor el concepto boca mina en la Ley Nacional de Inversiones Mineras para que no queden márgenes a efectos de que otras autoridades, por vía reglamentaria y en un exceso de competencia, modifiquen esas reglas de juego, podría ser una de las alternativas a analizar. Sin perjuicio de ello, sostenemos que la ley provincial de regalías mineras de Catamarca ha definido una forma de cálculo de la base imponible que es absolutamente sencilla y no veo el motivo por el cual seamos acusados de cambiar las reglas de juego.

Mi intención es que quede aclarado que esta idea de modificar la Ley Nacional de Inversiones Mineras es un tema que tiene ciertas complicaciones porque estamos cambiando una ley que ha posibilitado la radicación de inversiones mineras a gran escala en nuestro país. En consecuencia, una modificación introducida en esta ley a nosotros y a todas las demás provincias nos va a hacer igualar para abajo, tal como lo expresara el señor diputado Pernasetti.

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Entonces, sería una cuestión previa considerar de qué modo en el caso de que esto prospere se va a compensar a las provincias mineras. Digo esto porque la resolución número 56 de la Secretaría de Minería le regala a la empresa prácticamente 33 millones de dólares a lo largo de los 25 años de explotación del yacimiento Bajo la Alumbrera. Por eso nos preguntamos cómo puede ser que un área de tercer nivel del Poder Ejecutivo de la Nación se pueda tomar esa atribución y obsequiarle a las empresas privadas fondos que pertenecen a las provincias argentinas. En este caso son fondos de Catamarca, y mañana pueden ser de Jujuy, de Santa Cruz o de cualquier otra provincia.

Este es un tema que tiene que quedar en claro, porque como lo señalamos en otra oportunidad, sistemáticamente hemos sido acusados de cambiar las reglas de juego, cuando lo cierto es que quienes cambiaron esas reglas de juego le generaron a Catamarca un perjuicio económico muy grande, que en el futuro lo puede padecer cualquier otra jurisdicción provincial que esté trabajando en el marco de la ley nacional.

SRA. KENT DE SAADI Haciendo un racconto histórico sobre el tema de las regalías mineras en la provincia de Catamarca, creo que echarnos culpas recíprocas entre la Nación y las provincias no nos va a conducir a ningún lado. El problema está planteado; todos lo conocemos, porque sabemos cuál es la situación de la provincia de Catamarca. También sabemos cuál es la postura de la provincia y de la Nación.

La provincia fue clara cuando lo planteó ante la comisión bicameral de minería. El gobierno de Catamarca no va a ceder ante este tema. En mi opinión tenemos que avanzar tratando de encontrar soluciones al problema, porque si le vamos a endilgar culpas a la provincia o a la Nación no vamos a llegar a ningún puerto. El tiempo pasa, y esto pone en peligro la posibilidad de que se produzcan nuevas inversiones mineras en la Argentina.

Por lo tanto, es necesario que entre todos encontremos el camino que nos conduzca a una solución: crear una minicomisión, recurrir a la gente que sea competente en este tema, que la provincia de Catamarca plantee soluciones que puedan ser útiles para la provincia y que, por supuesto, puedan beneficiar a las demás provincias argentinas, pero esto es a título informativo, porque lo cierto es que ha pasado mucho tiempo y todavía seguimos informando qué es lo que ocurre en la provincia de Catamarca y en la Nación. Como no vamos a llegar a ninguna solución discutiendo este tema, entiendo que lo mejor es que tratemos de encontrar un camino intermedio y salomónico, para que la provincia no se vea perjudicada. No sé cuáles pueden ser las posibles soluciones.

Recién hablábamos con el señor diputado Soria que las regalías permiten arrimar a las provincias la posibilidad de incorporar nueva infraestructura. A lo mejor la Nación puede colaborar con la provincia de diferentes formas, para aportar infraestructura a Catamarca. O sea, que las provincias no se vean perjudicadas por estos costos que se están deduciendo. Creo que son costos muy duros. La propuesta que recién se hizo creo que quita gran importe a una provincia tan postergada como Catamarca y esa cantidad de dinero permitiría a los catamarqueños hacer muchas cosas. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre cómo solucionamos este problema. Entre todos podemos buscar la solución tratando de ver las salidas posibles, es decir, si la Nación y las provincias están de acuerdo. Sobre esa base podemos comenzar a discutir la cuestión. Para informarnos podemos remontarnos a las regalías mineras en la provincia de Catamarca y a las leyes de ese orden que se han dictado con posterioridad. El problema está planteado; tratemos de solucionarlo de alguna manera.

SR. SORIA Coincido con lo que acaba de exponer la señora diputada Kent. Hay intereses concurrentes y complementarios entre la Nación y las provincias. No puede existir un desarrollo minero si no se dota a todas las provincias mineras de la infraestructura indispensable para que se produzca el tan ansiado crecimiento de esta actividad. La contradicción radica en que todos hablamos de la gran explosión minera, pero cuando analizamos el presupuesto los fondos que se destina a la actividad no coinciden con la expectativa creada para nada.

Para las provincias es fundamental la presencia de obras de infraestructura que tienen que ver con los caminos, ferrocarriles, la energía y también la protección ambiental. La Nación, si desea llegar a ese desarrollo minero y cobrar los impuestos que se están proyectando, necesita hacer esas inversiones en infraestructura que son necesarias para las provincias y también para la Nación.

Allí hay un punto coincidente entre la Nación y las provincias. Si nos dedicamos a buscar una solución es muy probable que encontremos una veta para resolver el problema.

Lo que nos interesa son las regalías para el desarrollo no sólo minero, sino también de cada una de las provincias involucradas. Lamentablemente, eso no lo vamos a lograr si no hay una inversión importante en todo lo relacionado con la infraestructura. Queda mucho camino por recorrer. Si para resolver este problema tenemos que resignar cierto dinero necesitamos una compensación por valores equivalentes en otro concepto como es el caso de la infraestructura. Esto es necesario para seguir hablando del desarrollo minero porque, de lo contrario, nos vamos a quedar en el campo de las expectativas, de las ilusiones y en la práctica no vamos a poder hacer las cosas.

Solamente piensen ustedes en toda la industria y las provincias que están relacionados con la minería.

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También necesitamos inversiones en escuelas, apoyos concretos en planes que son imprescindibles para poder aprovechar el desarrollo minero. Asimismo, forma parte de ello una infraestructura que se concrete no sólo en caminos y en ferrocarriles sino en el aspecto social.

Es mi intención expresarle a la señora presidenta de esta comisión que aquí tenemos un camino muy largo por recorrer y que, quizá una vez recorrido, podamos encontrar la solución a los problemas que nos están separando.

Deseo ratificar lo que ha dicho la señora diputada Kent en este intercambio de opiniones buscando encontrar la mejor solución posible sin desconocer los derechos que tienen nuestras provincias.

SR. FADEL Quisiera dejar constancia de lo expresado en la comisión bicameral ya que en esa oportunidad no se efectuó versión taquigráfica.

Allí se dijeron cosas importantes. Por ejemplo, el senador Villarroel expresó su preocupación referida a que en los medios de comunicación se traducía que Catamarca estaba chantajeando a la Nación.

En este sentido, quiero dejar en claro que esa realidad podría presentarse si observamos la situación de hoy como una fotografía, pero si lo vemos como una película observaremos que recién se comienza a debatir la posibilidad de una ley de inversiones mineras. Es así que en el Consejo Federal de Minería se discutió la alícuota, se acordó el 3 por ciento, se debatió la base imponible, allí nos encontramos con una gran diversidad de posibilidades de cómo definir el valor boca mina, se consultó con las dos cámaras que agrupan a las empresas su opinión acerca de si dejábamos en manos de las provincias la definición del valor boca mina y dijeron que no había ningún problema ya que teniendo un techo en cuanto a la alícuota, la base imponible no iba a modificar en sustancia un proyecto de envergadura. Además, eso se podía acordar previamente con cada una de las provincias y así se avanzó en el proyecto y en esta redacción del artículo 22.

Incluso la provincia de Catamarca ya había dictado una ley definiendo el valor boca mina, es decir, que todo estaba dentro del marco jurídico y de los acuerdos políticos que se esbozaron en esa oportunidad.

Entonces, viendo nuestra película hoy la alternativa para que encontremos una solución viene por el lado de definir de una manera más clara la base imponible en la ley -creo que en eso coincidimos- pero acompañada de un fondo compensador que no tiene nada que ver con la extorsión o con la viveza criolla, sino con una compensación a partir de que el gobierno de Catamarca tiene que retroceder en sus pretensiones legítimas, que ya había hecho públicas y sobre las cuales había generado una expectativa en la sociedad catamarqueña.

En este sentido, el proyecto que sostengo se puede empezar a discutir y está directamente relacionado con lo que ha expresado el señor diputado Del Valle Soria, consistente en obtener recursos de los impuestos nacionales para un fondo especial destinado directamente a obras de infraestructura de las zonas mineras a efectos de posibilitar políticas económicas alternativas de esa región para el día en que deje de existir la minería.

SRA. KENT DE SAADI ¿De qué impuesto?

SR. FADEL Del impuesto a las ganancias que a nivel nacional paguen las empresas.

SRA. KENT DE SAADI ¿Cuándo comenzarían a pagar?

SR. FADEL Eso estaría diferido a cinco años y de acuerdo con el proyecto. Pero pueden ser 3 o 4 años.

SRA. KENT DE SAADI La Alumbrera empezaría dentro de cinco años.

SRA. PRESIDENTA GUZMÁM Porque seguramente los primeros años son de quebranto.

SR. FADEL Los primeros años son de amortización pero esta sería una posición intermedia. Está bien la pregunta porque estaríamos difiriendo lo que recibiría Catamarca. Lo que tendríamos que cobrar hoy deberíamos acordar con la Nación que vamos a compensarlo con este fondo y que mientras tanto hacemos un diferimiento a cinco años, es decir, los catamarqueños esperamos ese lapso para empezar a cobrar esa diferencia.

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Por otro lado, la posición que ha adoptado la Nación no es precisamente la que va a salir de esta comisión. Estamos hablando de una posición intermedia, porque no hemos hablado, por ejemplo, de aceptar los costos de amortización.

Entonces, levantamos el piso al que nos tiró la Nación, y bajamos la posición de Catamarca contra este fondo que se crea a partir de impuestos que hoy no percibe la Nación; no es que la Nación tiene resignar un 15 por ciento para darle a las provincias, porque hoy no los está percibiendo. Son impuestos que va a empezar a cobrar por una nueva actividad, y respecto de ellos proponemos que un 10 por ciento, del 15 por ciento total con el que se crearía el fondo, sea destinado a la provincia que generó esos recursos, y un 5 por ciento se utilice para cumplir con el acuerdo federal minero.

Esta es una solución que no afecta la caja ni el equilibrio presupuestario, y es una solución alternativa que tendrá que ser discutida. Aclaro que no soy amigo de los fondos especiales, pero con el presupuesto que tenemos -se permiten demasiadas reasignaciones-, que es meramente indicativo, es cuando los fondos especiales empiezan a tomar cuerpo.

SRA. PRESIDENTE GUZMÁN En realidad tiene diferencias con otros fondos, como por ejemplo con los que fueron creados para sostener el precio de determinados productos. Este sería un fondo para el desarrollo de infraestructura en las zonas mineras.

SR. FADEL Evidentemente tiene más sustento.

SRA. PRESIDENTE GUZMÁN En un momento hablamos del desarrollo de infraestructura en caminos. En este sentido, el señor diputado Soria quizás nos podría brindar algún aporte. Aclaro que personalmente asistí a una de las reuniones en las que se trató la propuesta de nuevas rutas; concretamente fui a la que organizó la Cámara de la Construcción, y no pude asistir a la que se hizo para analizar el proyecto Laura.

Me llamó la atención este proyecto porque en realidad de esos 2500 millones, 1250 pertenecen a las provincias. Después se toman créditos a un 10 por ciento.

SR. SORIA Usted se refiere a la Cámara Argentina de la Construcción.

SRA. PRESIDENTA GUZMÁN Me refiero al proyecto de la Cámara Argentina de la Construcción. Ellos decían sacamos 2500 millones del Banco Hipotecario; otra parte se realiza con un financiamiento al 10 por ciento y otro tanto proviene del sector privado. Es decir que prácticamente la propuesta es "tomar" como diciendo que en seguida solucionamos el problema; nosotros sacamos lo que la Nación va a recibir del Banco Hipotecario, es decir, es una solución muy simplista. En cambio esto tiene un fundamento mucho más concreto, es algo que se va a recibir por la misma actividad que se genera y para algo muy específico. Quizá podríamos contemplar la posibilidad de incluir en el presupuesto...



SR. PERNASETTI Cuando se analizó el presupuesto concurrimos junto al diputado Soria a Vialidad y allí planteamos la problemática derivada de la ruta 40. Se trata de la ruta de acceso a todos los yacimientos mineros del oeste de la provincia de Catamarca. En el proyecto del Poder Ejecutivo figuraban los tramos más importantes, es decir, hasta la localidad de Santa María y de allí la conexión hacia Salta. En el dictamen final sacaron dos tramos de esa ruta; fuimos con el diputado Soria a Vialidad y conseguimos que se destinaran al menos 1000 pesos para los avisos en el tramo Aguas Claras-El Eje. También solicitamos que no se pararan los otros tramos que ya estaban licitados y adjudicados: Las Cuevas, Pie del Médano y Barro Seco. Quedamos sin considerar el tramo Aguas Claras-El Eje y de allí a Las Cuevas, que es el acceso a La Alumbrera, que todavía siguen sin licitar. Estos son los reclamos que deseamos formular. La gente ve que la mina ya está en marcha pero nadie está recibiendo ningún beneficio concreto. Entonces los catamarqueños tienen bronca porque no ven resultados. El hecho de bajar o dar mayores ganancias a las empresas genera un gran escozor social. La cuestión principal radica en que ellos no advierten beneficios concretos.

SRA. COLOMBO Aquí se ha planteado la legalización de la reducción de costos que la ley nacional de inversiones mineras no prevé de ninguna manera. El problema es complejo y yo coincido con lo que han manifestado los diputados de la provincia de Catamarca a excepción de lo manifestado por la señora diputada Saadi quien dijo que hay que tener una visión ahistórica de este problema. No lo podemos ver como una fotografía -tal cual lo manifestó el señor diputado Fadel- sino como una secuencia de acontecimientos que condicionan nuestro análisis. De todos modos creo que tenemos la mejor predisposición para tratar de analizar alternativas que permitan resolver este problema siempre y cuando se respeten los derechos de las provincias y en la hipótesis de que por mayoría se decida modificar la ley de inversiones mineras creemos que como cuestión previa corresponde definir

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de qué modo compensarían a las provincias quienes impulsan esta modificación siempre y cuando se respeten los derechos de las provincias.

En realidad, no me preocupa que los taquígrafos estén tomando nota sino la responsabilidad política que tenemos como legisladores nacionales ya que, de ninguna manera, nuestra visión puede ignorar a quiénes representamos.

Tal como dijo el señor diputado Pernasetti, quienes representamos a los catamarqueños estamos muy irritados ante esta declaración jurada, la primera que presenta la empresa, porque se da completamente de bruces con las expectativas que se generaron cuando nosotros adherimos a la norma nacional y cuando hablamos en todos los foros sobre el efecto multiplicador que tiene la actividad minera y que hasta ahora no la podemos ver porque tenemos que situarnos en el escenario de Catamarca, en las dificultades que se presentan para desarrollar la economía, en la realidad concreta que plantea el hecho de que las empresas mineras están muchas veces imposibilitadas de ser abastecidas por empresas catamarqueñas en sus bienes y servicios.

Todos sabemos de la crisis que afecta al sector de la pequeña y mediana empresa, contábamos con una serie de caminos que pensábamos iban a abrirse pero que de pronto se cerraron. Ustedes tienen que comprendernos y pensar que esta situación se puede reproducir en cualquier otro territorio provincial.

Es en ese escenario donde nosotros estamos discutiendo estas cuestiones y, por supuesto, queremos que ello se resuelva de la mejor manera posible. Podemos asumir el compromiso de buscar alternativas siempre y cuando no signifique igualar para abajo.

SR. MARTINEZ El hecho de ser un diputado que no pertenece a una provincia minera por excelencia quizá me hace tener una visión objetiva del problema.

Creo que son tres los problemas y, si bien son tres factores concurrentes, tendríamos que analizarlos en forma independiente.

Uno de los problemas es el conflicto ya planteado por el precio boca de mina y los aranceles que deben pagar las empresas mineras en Catamarca donde evidentemente, a todas luces, parecería que se va a desembocar en un conflicto judicial porque la provincia no va a resignar, como así tampoco lo va a hacer la empresa, amparada en las resoluciones de la Dirección de Minería.

Pareciera que esta situación va a terminar en un conflicto judicial que no le haría nada bien al país en cuanto a la tentación que se está haciendo a distintos países a efectos de que radiquen sus capitales para la explotación de otros yacimientos mineros en la Argentina.

El segundo de los problemas es el de la infraestructura. En este sentido, me parece loable la opinión del señor diputado Del Valle Soria pero, evidentemente, no tendría una participación directa en este conflicto que actualmente se ha suscitado.

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En relación con el tercer problema traigo a colación un ejemplo: hace veinte años, en la provincia de Buenos Aires me tocó ser secretario de la Cámara Argentina de Empresas Pavimentadoras, donde teníamos un problema parecido. Se quería cobrar un arancel por gastos administrativos de los municipios en las obras de infraestructura urbana, que era un equis por ciento del costo. Lo que ocurrió es que jamás se pudieron poner de acuerdo, porque el análisis del precio de la empresa era uno, el análisis de las municipalidades era otro y la aplicación de una fórmula polinómica se deformaba en el camino. Entonces, para terminar con el problema, no se tomó más lo que en el caso de la minería sería el valor boca de mina; se tomó el precio final y se aplicó un porcentaje sobre ese precio, que es inamovible. Es decir, el precio final nadie puede mentir, porque están las facturas de venta. Así se terminó el conflicto entre los municipios y las empresas.

Ustedes son más entendidos que yo en el tema, porque pertenecen a una provincia que ya tiene una mina en producción, pero creo que no tendrían que dejar de lado este temperamento, y evaluarlo junto con los otros que puedan aparecer. Sinceramente no sé si es el mejor, pero estoy seguro de que es el que menos conflictos va a traer en el momento de la discusión final.

Por otra parte, habría que actuar rápidamente en este aspecto porque a los inversores hay que tentarlos seriamente. No lo podemos hacer con un acuerdo bilateral argentino-chileno que tiene que ser refrendado por el Congreso, porque algunos integrantes del Parlamento dicen que lo van a atar a otro compromiso, que puede ser el de los hielos continentales. Esto provocaría cierto desánimo en las empresas que pueden estar interesadas en invertir en los proyectos mineros de la República Argentina. Por eso creo que si son tres factores concurrentes me parece que no se pueden tratar simultáneamente, sino en forma independiente.

Por otro lado, considero que el conflicto que se ha planteado en Catamarca se puede extender rápidamente a las demás provincias que tengan en explotación cualquier yacimiento minero. Lo tenemos que tratar puntualmente porque el problema de Catamarca ya existe, pero estoy seguro de que vamos a tener que enfrentar otros problemas. Por eso discrepo con quienes dicen que a lo mejor tenemos que buscar un número intermedio entre lo que pretende pagar la empresa, de acuerdo con la resolución de la Secretaría de Minería, y lo que pretende cobrar la provincia de Catamarca en función de la ley de minería, porque esto solucionaría el problema de Catamarca, pero no el problema de la minería en el país.

Estaríamos expuestos a que dentro de una determinada cantidad de tiempo volvamos a tener el mismo conflicto en esta comisión y no vamos a saber cómo buscar una salida a problemas puntuales, cuando necesitamos buscar una solución general y abarcativa de todo lo atinente a la minería en la República Argentina.

SRA. PRESIDENTA GUZMÁN Lo que plantearon los señores diputados al inicio de la reunión fue buscar una fórmula general. Hoy, el problema se centra en la provincia de Catamarca, pero nosotros buscamos -repito- una fórmula general. Pese a que las provincias pierden algo creo que la Nación lo compensa a través de la infraestructura de que dispone. ¿Con qué va a colaborar la Nación en este conflicto? Aquí hay un conflicto, nos encontramos con resoluciones distintas a las que marcaban las legislaciones provinciales. Las leyes provinciales marcan una cosa y las resoluciones nacionales señalan otra. El tema principal es el de la definición boca-mina y en esto la Nación puede aportar algo. Propongo que tomemos como ejemplo el caso de la minera La Alumbrera y veamos el caso de las amortizaciones en un ejercicio. Me refiero al pago de regalías...

SR. FADEL Estamos hablando de la promoción de inversiones y encima vamos a permitir que las regalías sean descontadas. Me parece que hay un contrasentido.

SRA. PRESIDENTA GUZMÁN Con respecto a las amortizaciones de La Alumbrera, ¿cuánto dejan de percibir las provincias?

SR. MARTINEZ ¿Quién determina que son 63 millones? Por eso digo que ese sistema no sirve.

SR. FADEL Yo estoy de acuerdo en que hay que evitar las fórmulas polinómicas porque se deforman a mitad de camino y siempre traen problemas.

Entiendo que de todo el debate que se llevó a cabo en distintos ámbitos vemos que no es posible una salida consensuada para la reforma del artículo 22 que lleve a nivelar para abajo a la provincia de Catamarca sino es acompañada de un fondo de compensación. Si lo vemos como una fotografía comparto el hecho de que no se puede atar una cosa con la otra. Lo que ocurre es que si uno ve la película verá por qué no hay una salida si no es atada la reforma del artículo 22 con un fondo compensador. Debemos llegar hoy a una conclusión. Es decir, si estamos de acuerdo con la reforma del artículo 22 y si dicha reforma no va a ser la que señala el Consejo Federal, no va a ser lo que hizo la empresa. Todo el mundo comparte el criterio de que las amortizaciones no pueden ser deducidas y tendremos que debatir si el concepto boca-mina debe seguir existiendo. Si llegamos a la conclusión de que tenemos que reformar el artículo 22 ya nos debemos poner a trabajar sobre eso y también con la existencia de un fondo compensador.

Si estamos de acuerdo en eso tendremos que comenzar a trabajar sin perjuicio de que una vez que tengamos una propuesta armada y consensuada en la comisión podamos sentarnos a conversar con la Nación y las provincias y, a partir de allí, lograr unificar posiciones.

T.16

Debemos empezar a trabajar, tomando una resolución acerca de los temas en los que estamos de acuerdo.

SR. MARTINEZ De todos modos, ninguna legislación puede tener efecto retroactivo. Creo que esto, si bien me parece bien, no va a aportar ningún principio de solución al conflicto de Catamarca.

SR. FADEL En cuanto al efecto retroactivo, podrá darse o no, pero creo que la empresa se va a allanar a una solución, porque aquí habrá un costo, ya sea del Estado nacional o de las provincias; estamos viendo quién lo va a pagar. Las empresas se han salido con la suya reduciendo lo que iban a pagar en regalías, que les vino a compensar un mal cálculo que hicieron con el tema del ducto. Esta es la verdad. Ellos ya tienen su negocio cerrado. Ahora lo que está en discusión es quién paga el costo. Las provincias dicen que no lo van a pagar porque el error no fue de ellas, la Nación dice que es un error de la provincia, y en eso estamos.

La única forma de no llegar a la Justicia es a través de la reforma del artículo 22, que seguramente establecerá un monto superior al que la empresa paga hoy -la empresa ya pagó el primer ingreso de la regalía- pero inferior a lo que dice la provincia, y la creación del fondo compensador.

Si estamos de acuerdo en trabajar sobre esa alternativa, empecemos a hacerlo. En la próxima reunión empecemos a discutir el artículo 22 y estudiar alternativas: si seguimos con la base imponible del valor boca-mina y una nueva polinómica o si tomamos otra base de cálculo para la base imponible, y el fondo compensador por separado; es decir, debatirlo por separado pero tratarlo de manera conjunta.

SRA. PRESIDENTE GUZMÁN Quiero aclarar que no todo el mundo está de acuerdo en que se tiene que sacar amortización.

SR. FADEL ¿Quién aparte de las empresas no está de acuerdo?

SRA. PRESIDENTE GUZMÁN Quien no está de acuerdo

-ustedes deben tener la copia de la nota enviada el 21 de abril- es la Cámara de Empresarios Mineros. En el diario de Catamarca había salido la posición que tenía el COFEMIN. Ellos mandaron una propuesta por la cual entre los costos a deducir incluyen como punto 6° los costos de amortización total.

SR. PERNASETTI Es lógico que las empresas busquen siempre lo mejor para ellas; lo que me parece una barbaridad es que se permita amortizar dos veces, al pagar regalías y al pagar el impuesto a la ganancia. En realidad, no deberíamos discutir acerca de esta cuestión y mucho menos después de la reforma de la Constitución. A partir de la reforma, los recursos naturales son de las provincias, la Nación no tiene nada que hacer respecto a las regalías.

T.17

También es cierto que la única forma de desarrollar la minería en el país es a través del Congreso Nacional que ha cumplido, a partir del año 1990, con el dictado de reglas de juego claras. Dimos un marco jurídico pero estamos en un país federal y en la misma ley de inversiones mineras se requiere la adhesión de las provincias.

Además, en otro artículo de la mencionada ley, se establece que no puede haber interpretaciones unilaterales y la Nación viola esa disposición cuando unilateralmente pretende reglamentar una ley convenio; este es el primer gran error.

El decreto es inconstitucional y más inconstitucional es la resolución de la Secretaría de Minería porque tampoco puede haber una autoridad de aplicación excepto en los temas que sean de competencia específica de la Nación tales como exportaciones, importaciones y demás. Entonces, si las provincias lo aceptaran sería porque a todos nos interesa que la Nación en su conjunto crezca y porque estamos dispuestos a colaborar para unificar la legislación, pero sin perder; esto es lo que tiene que quedar claro. Esta es la única forma en que todas las provincias puedan entrar en ese sistema, de otro modo, cada una va a aplicar su propio régimen.

Lo mismo sucedió con el tema del medio ambiente cuando incorporamos la ley de protección ambiental al capítulo del Código de Minería. Sabemos que los códigos de fondo son reglamentados por las provincias y que se iba a generar un problema en cada provincia según se hacía más o menos permisivo.

Se acordó que, a través del Consejo Federal de Minería, se iba a redactar una legislación tipo, que cada provincia debería adoptarla por su legislatura y se está llevando a cabo. Pero en este caso la Nación hizo lo que todos sabemos y generó este conflicto.

Considero que son correctos los argumentos planteados por el señor diputado Fadel. Tenemos que definir la necesidad de ponernos a trabajar en estos dos temas. No nos interesa tratar un solo tema por separado. Los diputados de la provincia de Catamarca no estamos en condiciones de tratar un asunto en el que la provincia pierda sin ser compensada.

SR. HERRERA PAEZ Provengo de una provincia que tiene una expectativa muy importante en cuanto a la minería y ustedes están viviendo una realidad que no pueden dejar pasar.

Este es un convenio que prácticamente hace que la provincia asuma todo el riesgo, absoluto y total, y no lo comparta. En otras partes nosotros hemos vivido experiencias con estos convenios que ya se manejan con uniformidad internacional y, lógicamente, las empresas nunca vienen a perder, siempre lo hacen buscando ganar.

Entonces, en la compensación de la que habla el diputado Fadel yo digo que es la parte de la inteligencia aplicada a obtener algo que nosotros protegemos: el federalismo.

Debemos sentar precedente para el futuro porque no olviden que después de treinta años habrá convenios, se va a empezar a implementar que pasado ese tiempo los subsuelos pasarán a poder de los estados provinciales, pero entonces estará todo agotado y no tendremos ningún recurso que pueda beneficiar a las provincias. Creo que la inteligencia y razonabilidad aplicada a la búsqueda del sentido estricto de la verdad en beneficio de las provincias es lo mejor que se puede hacer.

Estimo que esta situación es inaceptable desde todo punto de vista y vamos a asumir todos los costos políticos hasta el final porque ya hemos hecho un desgaste tremendo.

Voy a contar una anécdota: en la explotación de aparatos de alta tecnología se había aplicado el mismo convenio pero sucedía que todos los gastos que hacía la empresa, incluidos los de hotelería y diversión, se involucraban, por lo que se reducía el costo final del producto que ellos vendían.

T.18

Resulta que teníamos que pagar nosotros; el convenio no fue rentable y esto es lo que va a pasar, porque descuentan todo lo que sea boca-mina, pero agregan molienda y refinamiento.

SR. SORIA Señor presidente: me ofrezco a hacer un relevamiento de información. No sé de qué información se dispone, especialmente acerca de protección ambiental. Tengo la impresión de que hay mucha información sobre el tema; debe haber cálculos; no puedo estimar cuál es la infraestructura, pero el próximo martes podría darles una primera aproximación de qué datos encuentro en las distintas reparticiones para hacer una evaluación y que no nos quedemos solamente con el problema de Catamarca, sino que ampliemos la solución a otras provincias. Comencemos sí por Catamarca, dado que es la que en este momento está en problemas, pero sigamos con las otras provincias.

SRA. PRESIDENTE GUZMÁN El próximo martes trataremos de que se destrabe esta situación.

SRA. COLOMBO Tendríamos que hacer un relevamiento entre organismos del Poder Ejecutivo nacional para ver qué soluciones se pueden aportar.

SR. SORIA Tenemos que calcular cuál será el valor total de los fondos que se van a percibir dentro de cinco años. No podemos esperar que se genere el impuesto a las ganancias para empezar a hacer obras de infraestructura. Para compensar lo que perdimos hoy tenemos que comenzar con algo concreto, a partir del próxmo año.

SRA. PRESIDENTE GUZMÁN También está el tema de los ferrocarriles.

SR. SORIA Sé que hay estimaciones hechas que han sido un poco flexibles; unos hablan de 50 millones, otros de 80 millones. El próximo martes aportaré alguna información para tratar de solucionar las diferentes problemáticas.

T.20

SR. PERNASETTI Con respecto al artículo 22, lamentablemente no podemos darle un tratamiento oficial, porque el proyecto todavía no tiene estado parlamentario. De todos modos, podemos abocarnos a la búsqueda de alguna alternativa que luego se pueda plasmar en un proyecto.

SRA. COLOMBO En mi opinión podemos analizar todas las alternativas, analizando lo que proponen quienes sostienen la necesidad de modificar la ley. Al respecto hay dos propuestas; una es la del COFEMIN -que no tiene firma-, y la otra es de la Cámara de Empresarios Mineros, que es totalmente inaceptable.

La que propone el COFEMIN, a excepción de los costos de amortización que no figuran, contempla una excesiva deducción de costos. Si nos remitimos a lo que hace la empresa La Alumbrera, veremos que extrae tierra, piedra y minerales, luego los tritura, les agrega agua y hace un concentrado. Esto es lo que realizan en nuestro territorio. Después el producto sale por un ducto hacia Tucumán, donde lo deshidratan y de ahí lo envían por ferrocarril hasta el puerto y de allí se embarca.

SR. PERNASETTI Eso contiene, aproximadamente, un 8 por ciento de oro y un 16 por ciento de plata.

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SR. MARTINEZ ¿En la amortización participan también los valores de todos los equipos y maquinarias?

SR. PERNASETTI Sí.

SR. MARTINEZ ¿A qué valores, a los de aduana?

SRA. COLOMBO De 2140 millones que invirtió la empresa novecientos corresponden a minas, los otros novecientos es lo que habría que deducir de acuerdo con la resolución 56. Si partiéramos de este concepto Catamarca quedaría debiéndole a la empresa.

SR. PERNASETTI El día de la Minería la empresa La Alumbrera publicó una nota en el diario de Catamarca donde aparece una foto de un puerto con un barco; es como si nos tomaran el pelo.

SRA. COLOMBO Tenemos entonces, en síntesis, dos propuestas, la de COFEMIN, que acepta deducir costos -que al menos, remitiéndonos a lo que pasa en La Alumbrera va más allá de lo razonable-, y lo de CAEM, que es directamente inaceptable. Está también la propuesta del diputado Martínez, que persigue buscar una solución que no considere situaciones puntuales de una provincia u otra sino que fije bases para todas las provincias. Aclaro que estoy haciendo una síntesis de las propuestas pero eso no significa que apoye alguno de estos dos planteos. Entiendo que la postura de Catamarca no tiene por qué ser revisada; no alteró ninguna regla de juego.

SR. MARTINEZ Con respecto a esto llegamos a extremos tales que ahora, por ejemplo, a raíz de que estamos estudiando la sanción de un nuevo código aduanero, nos encontramos con que en investigaciones que hace la Comisión de Economía y la de Investigación de los Presuntos Ilícitos cometidos por la Aduana, las subfacturaciones están a la orden del día, pero en este caso es al revés; no es subfacturación sino sobrefacturación. ¿Por qué? Porque esos valores son tomados luego para la desgravación de la amortización. Entonces, un equipo que cuesta 10 pesos a lo mejor viene facturado a mucho más para poder aumentar el valor de la amortización y pagar por menos el porcentaje que debe pagar en la provincia.

Hemos descubierto hace poco un convenio argentino, que data de 1994, según el cual la cooperación entre ambas aduanas es obligatoria cuando lo solicite una autoridad aduanera de la República Argentina, mandándose automáticamente la facturación de salida por fax; es decir, la facturación de origen, que generalmente no concuerda con lo que llega a destino. Es decir que esto puede solucionarse directamente por fax, pero tiene que participar la Aduana, ningún otro funcionario.

SRA. COLOMBO La única propuesta que se le ocurre dar a quienes ocasionaron este perjuicio a Catamarca es que la provincia contrate al Banco Nación o a alguna consultora que ayude a entrar en la contabilidad de las empresas para ver si han metido el perro o no. Esto es el colmo.

Varios señores diputados hablan a la vez.

SRA. KENT DE SAADI No sabemos lo que sale por el ducto a Tucumán.

SR. MARTINEZ Pero sí se puede saber cuánto factura la empresa.

SRA. KENT DE SAADI Eso sí.

SR. MARTINEZ El régimen impositivo tiene que estar dado por el precio final.

SR. PERNASETTI Entonces comencemos a trabajar en esa dirección.

SRA. PRESIDENTA GUZMÁN En el tema de las regalías siempre tuvimos muchos problemas; ahora lo tenemos bien encaminado.

Agradezco la presencia de los señores diputados en esta reunión y en el próximo plenario seguiremos analizando ésta y otras cuestiones. Muchas gracias.