Comisiones » Permanentes » Comisión Permanente de Minería »

MINERIA

Comisión Permanente

Of. Administrativa: Piso P03 Oficina 334

Jefe SR. LAGO JOSE LUIS

Miércoles 9.30hs

Of. Administrativa: (054-11) 6075-2361 Internos 2361/2365

cmineria@hcdn.gob.ar

PROYECTO DE LEY

Expediente: 2925-D-2014

Sumario: COMISION BICAMERAL QUE INVESTIGARA LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA BARRICK GOLD Y SU UNIDAD DE NEGOCIO LOCAL QUE ABARCA LAS OPERACIONES MINERAS DE ORO EN VELADERO Y PASCUA - LAMA EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN; CREACION EN EL AMBITO DEL H. CONGRESO.

Fecha: 28/04/2014

Publicado en: Trámite Parlamentario N° 34

Proyecto
ARTICULO 1° - Créase en el ámbito del Congreso de la Nación la Comisión Bicameral que investigará las actividades de la Empresa BARRICK GOLD y su unidad de negocio local que abarca las operaciones mineras de oro en Veladero y Pascua-Lama en la provincia de San Juan.
ARTÍCULO 2º - La Comisión Bicameral estará compuesta por cuatro (4) diputados nacionales y cuatro (4) senadores nacionales, que serán elegidos por sus propios cuerpos legislativos, con sujeción a la observancia de la representación de las minorías. La Comisión dictará su propio reglamento interno y elegirá sus autoridades. Podrá constituir los equipos técnicos calificados e interdisciplinarios que juzgue conveniente para el mejor acometimiento de su finalidad.
ARTÍCULO 3º - La Comisión tendrá por objeto la elaboración de un informe con una descripción detallada de los aspectos más salientes así como de las consecuencias de las actividades mineras, gestión de residuos, preservación de la flora y la fauna, uso del cianuro y sus consecuencias, utilización del recurso hídrico, cuidado e inventario de los Glaciares y estudio de las tareas vinculadas o conexas a la minería extractiva.
La Comisión analizará la adecuación de la empresa al marco legal vigente, como así también relevará datos para observar el grado de cumplimiento de las decisiones de la Corte Suprema de la Nación, en la materia.
La Comisión, en caso de que se advirtiere la eventual comisión de delitos, estará obligada a formular las correspondientes denuncias ante el Ministerio Público competente.
ARTÍCULO 4º - La Comisión deberá publicar el informe dentro de los trescientos sesenta (360) días calendario contados a partir de su constitución, plazo que podrá ser prorrogado por única vez por ciento veinte (120) días.
ARTÍCULO 5º - La Comisión deberá formular dentro de los treinta (30) días siguientes a su constitución un plan de trabajo que deberá regirse por los principios de participación, inclusión, transparencia, amplitud probatoria y publicidad. Dicho cronograma deberá prever:
1.- La recepción de información y denuncias;
2.- La citación y audiencia a la ciudadanía, organizaciones no gubernamentales, técnicos, académicos, empresas y cámaras empresarias, asociaciones sindicales y partidos políticos;
3.- El requerimiento de informes a empresas, organizaciones no gubernamentales, a dependencias de los tres poderes de los Estados Nacional, Provincial y Municipal y organismos internacionales públicos, mixtos o privados.
4.- La recepción, audiencias y formulación de una conclusión sobre el equilibrio entre la necesaria explotación minera y el respeto al ambiente incluyendo obviamente a las personas que ancestralmente habitan las áreas afectadas por las labores mineras o que dependen de las aguas que bajan de la alta montaña.
ARTÍCULO 6º - La Comisión deberá instar a quienes se determine como responsables o corresponsables a reconocer voluntariamente su participación en la degradación ambiental, a formular sus descargos con producción de pruebas a su cargo y a ofrecer mecanismos de reparación de daños causados a intereses o derechos individuales y/o colectivos, lo que no extinguirá las acciones judiciales que por derecho pudieran corresponder, salvo que se pacten y cumplan dentro del marco de la mediación prejudicial obligatoria y sean debidamente homologados.
ARTÍCULO 7º - La Comisión podrá requerir a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, de sus organismos dependientes, de entidades autárquicas de Entidades de defensa del Medio Ambiente que le brinden informes, datos y documentos. Los funcionarios y organismos están obligados a proveer esos informes, datos y documentos pedidos.
También podrá solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a
cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
En ningún caso será oponible a la Comisión el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.
La Comisión podrá recurrir a la Justicia a fin de remover todo obstáculo arbitrario que se presente a la investigación.
ARTÍCULO 8º - Concluidos los objetivos previstos en el art. 3º de esta Ley, la Comisión se disolverá debiendo remitir previamente la totalidad de la información y documentación respaldatoria recopilada a cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación, sin perjuicio de las acciones judiciales a que hubiere lugar.
ARTICULO 9º - Los gastos que demande el funcionamiento de la Comisión serán sufragados por el senado y la Cámara de Diputados por partes iguales, previo presupuesto que elaborará la propia Comisión y que deberán aprobar las respectivas Comisiones de Labor Parlamentaria de ambas Cámaras.
ARTÍCULO 10º - De forma.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


El presente proyecto de ley es para crear una Comisión Bicameral que se ocupe específicamente de la investigación de las actividades que ha venido desarrollando la Empresa Minera BARRICK GOLD y la unidad de negocios local BARRICK ARGENTINA en la provincia de San Juan, más precisamente en las minas VELADERO y PASCUA-LAMA, desde el año 2009 hasta la fecha.
Existen sobrados antecedentes, pruebas, afirmaciones, fallos y sentencias judiciales que han demostrado la participación de la Empresa BARRICK ARGENTINA como responsable de la contaminación ambiental, entre otras acciones reñidas con la legalidad.
No hay que dejar de mencionar que el avance de los proyectos de minería a cielo abierto, por los altos consumos de agua y su concomitante contaminación, generan una destrucción de las economías regionales a nivel de productores pequeños y medianos, grupos familiares de autosubsistencia, y comunidades originarias.
A los impactos ambientales y económicos descriptos le sumamos que las mineras están exentas de la obligación de liquidar en el país las divisas de sus exportaciones, no pagan retenciones, impuesto al gasoil, ni sellos.
La Comisión deberá investigar, entre otras cosas, el impacto producido en función del método utilizado, que es mina a cielo abierto (lixiviación), La deforestación de los suelos con la consiguiente eliminación de la vegetación, es mucho más vasta en el caso del método de mina a cielo abierto. Deberá examinarse si la deforestación no sólo afectó el hábitat de muchas especies (algunas de ellas en riesgo de extinción), como el mantenimiento de un flujo constante de agua desde la vegetación hacia los demás ecosistemas y centros urbanos.
Si el área se ve perturbada por las socavaciones, el desgaste que esta mina provocó en la superficie por la erosión y la colmatación (sedimentación del lecho de los cursos de agua) consiguientes, se verá agravado por la cantidad de residuos de roca que no tendrán valor económico (a lo que llaman material estéril) en donde formaron enormes montañas más grande aun que toda la superficie que sacrificaron para la socavación.
Qué impacto tuvo en las capas freáticas del lugar, si se secaron pozos y manantiales, debido al gran consumo de agua que requiere este método, si el agua se encuentra contaminada por los drenajes ácidos por la exposición al aire y al agua de los ácidos que se formaron en las menas, especialmente de cianuro y sodio para disolver (lixiviar), si esto generará un vertido autoperpetuado de material tóxico que puede continuar cientos o incluso miles de años. Las pequeñas partículas de metales pesados (mercurio, amianto y plomo), que con el tiempo se van a separar de los residuos, se van a diseminar con el viento, se depositarán en el suelo y en los lechos de los cursos de agua y se integrarán lentamente en los tejidos de los organismos vivos como los peces, esto se llama PASIVO AMBIENTAL.
Finalmente, la alteración y contaminación que producirá esta mina en el ciclo hidrológico va a tener efectos colaterales muy graves que afectarán a los ecosistemas circundantes de manera agravada en la flora, la fauna y de las personas.
La Comisión deberá dictaminar si la empresa está incumpliendo la Ley de Glaciares.
El proyecto Pascua Lama incluía el traslado de tres glaciares del lado chileno (Toro 1, Toro 2 y Esperanza), pero dicho plan fue prohibido y se obligó a la empresa a cambiar el proyecto para no intervenirlos. Sin embargo, en un informe técnico del año 2005 se advierte que la superficie de los mismos disminuyó entre un 56% y un 70% por las actividades realizadas por Barrick. En febrero de este año se sancionó a la empresa por continuar afectándolos, según informaciones que han llegado a nuestro despacho de trabajo.
En la Argentina la empresa fue varias veces denunciada por afectar el glaciar Conconta mediante la apertura de caminos, y que sus emprendimientos Pascua Lama y Veladero están ubicados dentro de la Reserva de Biósfera San Guillermo de la UNESCO y se encuentran emplazados en ambiente periglacial, algo prohibido por la Ley de Glaciares. Barrick no está debidamente controlada. Lo más grave es que tanto el gobierno de San Juan como el Gobierno Nacional no avanzan con el inventario de glaciares y las auditorías ambientales a las empresas. Es fundamental que la aplicación de la norma comience por la región cuyana, donde las actividades mineras pueden estar afectando glaciares.
Cerca del 75% del territorio argentino es árido o semiárido, y se estima que el cambio climático afectará la disponibilidad de agua potable en la región de Cuyo, que depende en gran medida de los deshielos de los Andes.
La minería afecta a los glaciares en su etapa de exploración y explotación, con su remoción, la construcción de caminos, la perforación y uso de explosivos, el levantamiento de polvo que acelera su derretimiento, y la cobertura de los mismos por materiales de descarte. Con más de 200 nuevos proyectos mineros en la zona andina central de Argentina (solamente San Juan tiene más de 150), el impacto acumulativo sobre glaciares y ambiente periglacial puede ser catastrófico si antes no se realiza el inventario estipulado por la Ley de Glaciares.
Los recursos judiciales presentados por Barrick contra la Ley de Glaciares son un acto de "autoincriminación, ya que están impidiendo que se realice el inventario de glaciares y ambiente periglacial en sus emprendimientos y que se le efectúe una auditoría ambiental para corroborar si está afectando glaciares (artículo 15 de la ley).
Barrick Gold ha sido acusada de llevar a cabo la explotación minera a partir de técnicas dañinas para el ecosistema y la salud humana, como es el uso del controvertido cianuro en la extracción aurífera.
La empresa adhiere al Pacto global de las Naciones Unidas, y al Código Internacional para el Manejo del Cianuro para la Fabricación, el Transporte y el Uso del Cianuro en la Producción de Oro, un programa voluntario. Su sistema de gestión ambiental en Sudamérica cuenta con la certificación ISO 14001. Para cumplir con dicho requisito, desarrolló los procesos internos necesarios, que fueron plasmados en sus propios "Estándares del Sistema de Gestión Ambiental" (EMSS). Sin embargo, el impacto y costo ambiental producido por sus actividades es indiscutible.
Según su Informe de Impacto Ambiental, Barrick Gold pretende obtener de Pascua Lama 14,4 millones de onzas de oro (que equivalen a 447 toneladas), lo cual requeriría:
Roca removida con explosivos: 1.806 millones toneladas.
Agua: 170 millones m3
Cianuro de sodio: 379.428 toneladas
Explosivos: 493.500 toneladas
Gasoil: 943 millones de litros
Nafta: 22 millones de litros.
Lubricantes: 57 millones de litros.
Electricidad: 110 MW.
Esto equivale a que cada gramo de oro extraído en Pascua Lama precisará remover 4 toneladas de roca, y consumir 380 litros de agua, 43,6 KWh de electricidad (similar al consumo semanal de un hogar argentino medio), 2 litros de gasoil, 1,1 kilogramos de explosivos y 850 gramos de cianuro de sodio.
En cuanto al manejo hídrico, Barrick reconoce haber cambiado el curso de un río: "Existe un desvío del río Potrerillos, pero no para satisfacer las necesidades de agua. El desvío es para asegurar el no contacto de las aguas claras con la pila de lixiviación por compromisos ambientales y de seguridad con los que trabaja la compañía".
Por otra parte, tanto Veladero como Pascua Lama, así como otros proyectos mineros para los cuales actualmente existen permisos de cateo, se encuentran parcialmente dentro de la Reserva de Biósfera San Guillermo, que forma parte de la Red Mundial de Reservas de Biósfera del Programa "El Hombre y la Biósfera" de la UNESCO, cuya coordinación nacional es responsabilidad de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Dentro de la misma hay dos áreas de protegidas: el Parque Nacional San Guillermo y la Reserva Provincial San Guillermo.
El diputado nacional MC, Miguel Bonasso denunció que Barrick Gold ha violado en reiteradas ocasiones las leyes argentinas. Para viabilizar el proyecto Pascua Lama, tanto la empresa como el gobierno argentino violaron leyes fundamentales. Empezando por el informe de impacto ambiental realizado por Knight Piésold, una consultora que compartía domicilio con Barrick en San Juan, Argentina. Allí se ocultó la existencia de glaciares y áreas periglaciales, y cuando se descubrió la omisión la empresa propuso trasladar tres de ellos con palas mecánicas. Luego se violó el artículo 22 de la ley general del ambiente, que ordena a las empresas sacar un seguro contra riesgos medioambientales.
Por su parte, Amnistía Internacional, en su informe "Undermining Rights", advierte sobre violaciones a los derechos humanos por parte de Barrick en su mina Porgera de Papúa Nueva Guinea. El informe afirma que "entre abril y julio de 2009, agentes de policía irrumpieron en las aldeas en las tierras de Papúa Nueva Guinea, desalojando a los pobladores por la fuerza, quemando sus casas y destruyendo sus pertenencias, sus jardines y su ganado. Estos incidentes tuvieron lugar en la "concesión minera especial" (SML, por sus siglas en inglés), zona en la que el Porgera Joint Venture (PJV) opera una de las mayores minas del país." Además, el mismo documento agrega que "entre los damnificados por la pérdida de sus hogares, hubo familias con niños pequeños, mujeres embarazadas, ancianos e incluso empleados de PJV. Otros pueblos dentro del área SML también se enfrentaron a la violencia, incluyendo Kukapi y Mungalep".
En su faena la Comisión Bicameral deberá considerar aplicable las normas de Derecho Internacional en materia de derechos humanos, a las empresas. Entre ellas está el Convenio de Lugano de 1993 sobre responsabilidad civil por los daños causados por actividades peligrosas para el medio ambiente, y el Convenio 169 de la OIT. Asimismo, deberá proponer modificar la legislación penal para posibilitar sanciones para los responsables de daños ecológicos como los cometidos por las empresas de megaminería.
Acogiendo un argumento de la defensa sobre la responsabilidad de los gobiernos democráticos que han suscrito protocolos como el Tratado de Integración y Complementación Minera con Argentina (1997, gobiernos de Eduardo Frei y Carlos Menem), la comisión deberá realizar un juicio ético sobre la labor de los emprendimientos megamineros.
Específicamente la Comisión deberá comprobar si Barrick expulsa de sus territorios ancestrales a comunidades de productores pequeños y medianos, sin traer beneficios económicos a las zonas afectadas y generando trabajo inseguro, mal remunerado, con vulneración de los derechos sindicales y represión a las luchas salariales.
La Bicameral con el sustento técnico y académico necesario deberá concluir si la explotación a tajo abierto, sumada a los procesos de lixiviación con energía y agua subsidiadas, utilizados por Barrick, destruye ecosistemas frágiles y bienes comunes no renovables, como las cuencas hídricas de las provincias de San Juan y La Rioja (afectadas por Pascua-Lama, Veladero y el proyecto Famatina).
La Comisión deberá comprobar si además del oro se extraen minerales no denunciados, a los que se denominan "tierras raras", y que son componentes críticos y estratégicos requeridos, entre otras, por la industria cibernética.
Finalmente, la Comisión estará facultada para comprobar la veracidad de la afirmación de la propia empresa que se la empresa se autodescribe: "Para Barrick el desarrollo de la minería va asociado necesariamente al crecimiento económico y social de sus comunidades cercanas. Esto es parte de lo que se conoce como minería responsable, que además incluye la utilización de tecnología de vanguardia y el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad laboral, medioambiente y recursos humanos. Esta política es la que Barrick aplica en todos sus proyectos a nivel mundial".
La Bicameral deberá, concluyendo, dictaminar cuál es el equilibrio entre la explotación racional de los recursos mineros y el cuidado del ambiente y de las personas que habitan ancestralmente las áreas de explotación. Sabemos que San Juan, por caso, es una geografía 80% montañosa y por ende un territorio eminentemente minero-dependiente. Nadie pretende impedir la minería, ni tampoco la megaminería. Se trata de buscar y hallar el equilibrio entre el progreso y el respeto por la madre naturaleza. Entre ellos debemos establecer un pacto. La Comisión Bicameral debe auxiliar a encontrar las bases para ese gran acuerdo.
Por las razones expuestas y la importancia del tema a investigar es que solicito el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de Ley.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
ASSEFF, ALBERTO BUENOS AIRES UNIR
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
PETICIONES, PODERES Y REGLAMENTO (Primera Competencia)
MINERIA
PRESUPUESTO Y HACIENDA