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LEGISLACION DEL TRABAJO

Comisión Permanente

Of. Administrativa: Piso P04 Oficina 427

Secretario Administrativo DR. PANCELLI ANTONIO NICOLÁS

Jefe SR. AURENSANZ EMANUEL ALBERTO

Miércoles 10.00hs

Of. Administrativa: (054-11) 6075-2420 Internos 2420/21

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PROYECTO DE RESOLUCION

Expediente: 3046-D-2017

Sumario: EXPRESAR PREOCUPACION POR LOS DESPIDOS DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS ERSA, AUCOR, CONIFERAL Y TAMSE DE LA CIUDAD CAPITAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.

Fecha: 08/06/2017

Publicado en: Trámite Parlamentario N° 65

Proyecto
Manifestar su profunda preocupación por los más de 80 despidos de trabajadores de las empresas ERSA, Aucor, Coniferal y Tamse de la ciudad de Córdoba (Provincia de Córdoba), y el repudio por la persecución política y gremial de la que están siendo objeto los trabajadores y las trabajadoras comprometidos con la legítima protesta. Asimismo, expresar su solidaridad con los empleados y empleadas cesanteados y sumarse al reclamo por su inmediata reincorporación.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


El pasado viernes 2 de junio, los trabajadores y las trabajadoras del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba iniciaron un plan de lucha, que comenzó ese mismo día con asambleas que interrumpieron la prestación del servicio de forma intermitente y parcial. Los reclamos principales se centran en la pérdida de capacidad adquisitiva del salario, el estado de las unidades y frecuencias dispuestas por las empresas y la seguridad de los choferes.
La respuesta de la patronal, constituida en las empresas ERSA, Aucor, Coniferal y Tamse, fue el despido, hasta la mañana del 8 de junio, de ochenta y seis (86) trabajadores y trabajadoras del transporte. Esta decisión cuenta con el aval del Gobierno municipal de Ramón Mestre (Cambiemos) y del Gobierno provincial de Juan Schiaretti (Unión por Córdoba). Tal es así, que los Estados municipal y provincial se han lanzado a una cacería judicial a través de denuncias penales con las que pretenden amedrentar a los choferes movilizados. Peor aún, el municipio dispuso un plan de contingencia que tenía por objetivo suplantar a los colectivos y trolebuses con taxis y remises a 15 pesos por pasajero (un precio muy similar al del boleto que se encuentra en 12,55 pesos, uno de los más caros del país, sin que esto suponga una mayor calidad del servicio).
La ampliación de la lista de despidos, la decisión de denunciar penalmente a los trabajadores y trabajadoras organizados y las estrategias para debilitar el paro anunciado para hoy, lejos de descomprimir el conflicto lo ha profundizado. El día de la fecha se realiza en la ciudad de Córdoba un paro de transporte urbano de pasajeros con acatamiento total de los choferes de las distintas líneas. Además, los trabajadores y trabajadoras de la UTA han recibido un contundente apoyo por parte del movimiento obrero local y de distintos sectores políticos de la oposición. UEPC, Luz y Fuerza, ADIUC, Gráficos, SUOEM, la CTA de los Trabajadores y las dos CGT, Choferes y Peones de Taxi – quienes al igual que los remiseros se negaron a acatar el plan de contingencia en solidaridad con los choferes de la UTA - son sólo algunos de los sindicatos que manifestaron su solidaridad y hoy se movilizaron en apoyo a los compañeros y compañeras cesanteados.
Pensar que se trata de un problema aislado, circunscripto a un sindicato complejo, o a la “prepotencia gremial” como por estos días calificaron los medios al conflicto que, ya desde el viernes, mantiene en vilo a los cordobeses y cordobesas de a pie, los que dependen del transporte urbano para asistir a sus trabajos, a las escuelas, es un análisis no ya simplista, sino además sesgado.
Y el sesgo –no exento de intencionalidad política- parte del propio intendente Mestre cuando apela a incorporar a su cruzada a los sufridos usuarios del pésimo servicio de transporte, el servicio público cuya responsabilidad de brindarlo es de la Municipalidad. "Basta de poner a los vecinos de rehén", dijo con efusión el intendente eludiendo su alta cuota de responsabilidad.
Pero de lo que no se habla, es que el conflicto no puede escindirse de las políticas nacionales hacia los trabajadores y las trabajadoras, con techos en las discusiones paritarias, avances en los derechos laborales, proyectos de flexibilización o, lo que puede sintetizar todo eso: la reducción del “costo laboral” de las empresas vía disminución del salario por efectos de la inflación y negociaciones paritarias a la baja.
El caso de la Unión Tranviarios Automotor de Córdoba es paradigmático: un gremio que negocia a nivel nacional paritarias; la Seccional Córdoba intervenida; rechazo al acuerdo salarial que se considera insuficiente y firmado a espaldas de los trabajadores. Que el conflicto haya iniciado en Córdoba no es una novedad: la historia de luchas gremiales contra el centralismo y las políticas antipopulares debería hacer reflexionar a quienes se empecinan en tensar la cuerda.
El poder político de Córdoba, tanto el provincial como el municipal, quedaron, ellos sí, rehenes de la administración de Cambiemos a nivel nacional. Como nunca antes, deben salir a sostener los lineamientos políticos y económicos que definen en la Casa Rosada.
En el caso de la Municipalidad, es lamentable que la respuesta al conflicto haya sido fomentar el enfrentamiento entre trabajadores. La medida marketinera de habilitar a taxis y remises para transportar pasajeros por 15 pesos es vergonzosa, y un absurdo intento por quebrar la huelga y poner a pobres contra pobres en la compulsa. Porque está lejos el Intendente de avanzar en la solución de fondo del conflicto (donde, claro, no está ausente el deficiente servicio, por falta de unidades y frecuencias que no se ajustan a los pliegos; o el costo del pasaje para el usuario, lejos el más caro del país; y ni qué hablar de los negociados con las concesionarias). Ya la Municipalidad, desde hace unas semanas, con sus empleados afiliados al SUOEM, había embestido fuertemente en la misma línea: poner a la población en contra de los trabajadores por sus sueldos. La ilegal publicidad de la lista de empleados, incluyendo sus datos personales, se hizo previo a un decreto firmado por el Presidente Macri habilitando el procedimiento de Mestre, de manera idéntica, para todos los empleados públicos que dependen del Estado Nacional. Tampoco será casual que los conflictos latentes y que involucran a trabajadores cordobeses, correspondan a dos gremios que, históricamente, han mostrado una fuerte decisión de defender sus salarios y de resistir todo intento por quitarles los derechos adquiridos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de resolución. Muchas gracias.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
ESTEVEZ, GABRIELA BEATRIZ CORDOBA FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
DEPETRI, EDGARDO FERNANDO BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
LEGISLACION DEL TRABAJO (Primera Competencia)