Articulo 1°: incorpórese como artículo 8° bis de la Ley 24.600, el siguiente texto:

Artículo 8 bis: En caso de jubilación o fallecimiento de un empleado legislativo de planta permanente que tuviere uno o más hijos con discapacidad, ellos tendrán derecho a ser incorporados como empleados en la misma planta de la Cámara Legislativa en la cual prestaba servicios su madre o padre.

Para poder acceder a este derecho, el interesado deberá acreditar la existencia del vínculo filiatorio con el empleado legislativo jubilado o fallecido, como así también la existencia de la discapacidad invocada mediante el certificado de discapacidad emitido por la autoridad administrativa competente, atento a las disposiciones del art 3 de la ley 22.431, (texto según ley 25.504).

Una junta médica ad-hoc será la encargada de evaluar el grado de idoneidad para efectuar las tareas que el aspirante tiene al momento de cubrir la vacante.

Los términos del presente artículo tienen carácter complementario en relación con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 22.431 y su modificatoria la ley Ley 25.689.

Artículo 2°: De forma.

Señor presidente:

Si bien sabemos que en las dos últimas décadas y luego de un largo proceso los derechos de las personas con discapacidad se han ido incorporando a nuestro plexo jurídico, también sabemos que el goce efectivo de los mismos depende de un largo proceso de aceptación y adaptación por parte de los sujetos pasivos, es decir quienes deben poner en funcionamiento la estructura administrativa, jurídica y educativa.

La experiencia nos demuestra que son mucho los casos en que las personas con discapacidades deben recurrir a la justicia para poder hacer efectivo su derecho, que le es negado por algún organismo estatal o privado.

Nuestro país ha suscripto innumerables tratados sobre esta temática, pero no por ello la sociedad ha cambiado su mentalidad o aceptación hacia la persona con discapacidad, claramente es una cuestión de educación y de ejecución de políticas activas orientadas a generar un cambio de actitud que permita la plena inserción de la persona discapacitada en todos los ámbitos sociales.

La Constitución Nacional en el art. 75 inc. 23 establece que corresponde al Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de las personas con discapacidad.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostiene que las personas discapacitadas al conseguir un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT Nº 159 sobre Readaptación Profesional y Empleo de Personas Discapacitadas, ratificado por la República Argentina por Ley 23.462 -sancionada el 29 de octubre de 1986 y promulgada el 1 de diciembre de 1986-, conforme lo dispone el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, establece que: "la finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona con discapacidad obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo". Las políticas para lograr esta finalidad deben ser medidas tendientes a promover oportunidades de empleo para las personas discapacitadas que se encuentren al alcance de todas las categorías. Los Estados Parte del presente convenio se comprometieron a asegurar el principio de igualdad de oportunidades entre los trabajadores discapacitados y los trabajadores en general, a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades y de trato.

Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, (aprobada por Ley 26.378), en su art. 27 afirma: "Los Estados Parte reconocen el Derecho de las Personas con Discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible". Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:

"1) permitir que las personas con discapacidad tenga acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colación y formación profesional y continua,

2) alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo,

3) promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias,

4) emplear a personas con discapacidad en el sector público,

5) promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que puedan incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas,

6) promover la adquisición por las personas con discapacidad en el mercado de trabajo abierto,

7) promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad".

Por su parte la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (suscripta en Guatemala -República de Guatemala- el 8 de junio de 1999 y ratificada por la República Argentina por Ley 25.280) obliga a los estados a eliminar toda forma de discriminación y a contribuir a que las personas con discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de autonomía personal y lleven una vida independiente de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social y la inserción laboral de las mismas (arts. 2 y 3).

En nuestro país, el espíritu de la Ley 25.689 , modificatoria de la Ley N° 22.431, en relación con el porcentaje de ocupación de personas con discapacidad por parte del Estado Nacional (sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos), se expresa claramente la obligación de ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo , en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas

En tal sentido, el Decreto 312/2010, reglamentario del art. 8º de la 22.431, en su Artículo 1º establece que las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, deberán informar, a la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la cantidad de cargos cubiertos con

personas con discapacidad, respecto de los totales de la planta permanente y transitoria; y la cantidad de personas discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad, respecto del total de los contratos existentes.

En su Artículo 11º invita a adherir al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, al PODER JUDICIAL DE LA NACION, al MINISTERIO PUBLICO, a los GOBIERNOS PROVINCIALES y al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los respectivos PODERES LEGISLATIVOS y JUDICIALES de las PROVINCIAS y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los GOBIERNOS MUNICIPALES de las PROVINCIAS y a los respectivos CONCEJOS DELIBERANTES u órganos deliberativos municipales

La incorporación del artículo 8bis en la ley 24.600 Estatuto del Empleado del Poder Legislativo, es un aporte que hace este Poder, al naciente proceso de políticas activas, es el reconocimiento de un nuevo derecho para los trabajadores legislativos y sus familias.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.