Expresar preocupación y rechazo ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de iniciar un proceso de precarización y privatización del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con el objetivo de tercerizar controles de calidad sobre productos industriales; relegando su principal función, ello es de generar y proveer servicios tecnológicos en distintas áreas que son estratégicas para la industria, como por ejemplo la alimentación y el medio ambiente.

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional se habiliten las instancias necesarias con las representaciones gremiales y demás actores, a fin de que se revise la situación de los doscientos cincuenta y ocho (258) trabajadores despedidos que desarrollaban su actividad en sede central, y en las plantas de las provincias de Entre Ríos (Regional Concepción del Uruguay, y sus Unidades de Extensión en Paraná, Concordia y Gualeguaychú), Córdoba, San Luis, Tucumán, Salta, , Rafaela, Bariloche, Neuquén, Jujuy, Mendoza, Catamarca, Chaco, Formosa y La Rioja, y los centros ubicados en Lobos, Hurlingham, Gonnet, Comodoro Rivadavia, (Chubut), Viedma, Rosario y Cipolletti.

Señor presidente:

SEÑOR PRESIDENTE:

El presente proyecto se encuentra motivado en la necesidad de resguarda en principio las fuentes laborales de trabajadores, pero también de preservar las herramientas de investigación del Estado argentino.

El INTI es ente autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Producción, cuya misión es acompañar e impulsar el crecimiento de las pymes, promoviendo el desarrollo industrial federal mediante la innovación y la transferencia de tecnología.

Sin lugar a dudas su principal función es la de generar y proveer servicios tecnológicos en distintas áreas que son estratégicas para la industria, por ejemplo la alimentación, el medio ambiente o la metrología. A lo largo del país hay 52 centros de investigación.

El Poder Ejecutivo Nacional, a contrapelo de una política de desarrollo industrial, a través de la intervención del INTI echó a 258 científicos y empleados de distintas áreas, quienes se encuentran en plena toma de las instalaciones ubicadas en avenida General Paz 5445.

Ante esta crítica situación, los trabajadores, en diversas expresiones públicas y manifestaciones, mediante la campaña “EN EL INTI NO SOBRA NADIE”, han denunciado "ausencia absoluta de diálogo por parte del interventor Ibáñez", además han dado cuenta de la permanente presencia de policías armados dentro del predio, manifestándose "la violación de derechos de menores a los que se han echado del Jardin del INTI y la permanente persecución que sufren y que incluye amenazas de descuentos y más despidos para el personal que adhiere al paro".

Claramente, el Poder Ejecutivo ha promovido una política de persecución y ajuste, con el objeto de favorecer a consultoras extranjeras, como Tecnalia, a quien se pagó € 295.000 (equivalentes $7.649.350) por el plan de reestructuración que llevaría adelante.

La consecuencia de esta maniobra: se afectarían los proyectos de desarrollo local y de agregado de valor a las materias primas regionales, como la leche caprina, la lana, los cueros caprinos y, también, atender demandas y consultas de escuelas técnicas, pymes, municipios y comunas sobre diversos temas tecnológicos en los cuales el INTI podía tener implicancia y aportar su conocimiento a través de capacitaciones y de asistencias técnicas específicas.

Tal como lo expresara Joseph Stiglitz en Setiembre de 2007 (Bleakonomics - New York Times) al referirse sobre la aplicación de determinadas políticas no deseadas por la comunidad o “doctrina del shock” del libro de Naomi Klein “…es una descripción de las maquinaciones políticas necesarias para obligar a desagradables políticas económicas en los países en resistencia”.

En otras palabras esto es llevar a que la Empresa del Estado sea improductiva, ineficaz o perjudicial para luego tener una justificación ante la sociedad, para luego privatizarla y que el privado amigo obtenga todos los beneficios de un instituto o empresa que siendo correctamente administrado produzca sus ganancias.

En razón de ello, y a fin de evitar se continúen con acciones de desmantelamiento y despidos, desde los distintos sectores sociales y políticos debemos aunar esfuerzos, razón por la cual solicitamos el acompañamiento de los Sres. Legisladores.