MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL

A FIN DE ESTABLECER LAS PENAS PARA EL ACOSO SEXUAL EN LAS RELACIONES LABORALES Y ACADEMICAS. -

Artículo 1°: Incorpórese como artículo 149 quáter del Código Penal de la Nación el siguiente:

Artículo 149 quáter:

"Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años, el que prevaliéndose de una situación de superioridad jerárquica, laboral, docente o de otra índole, efectuare un requerimiento de carácter sexual para sí o para un tercero, bajo la amenaza de causar a la víctima en caso de no acceder, un daño relacionado con las legítimas expectativas que ésta pudiera tener en el ámbito de esa relación".

Artículo 2°: Modifíquese el artículo 119, primer párrafo del Código Penal de la Nación, que quedará redactado de la siguiente manera:

"Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cinco años el que abusare sexualmente e personas de uno otro sexo cuando ésta fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.

Artículo 3°: De forma.

Señor presidente:

El presente proyecto de ley es reproducción del que presente en Cámara de Senadores con fecha 15 de Junio de 2005, en oportunidad que era miembro de ese cuerpo, el cual obtuvo media sanción el 15 de Mayo de 2006. Y a su vez fue reproducido e iniciado en esta Honorable Cámara durante mi gestión como legisladora en el período 2006-2010, en cuyo trámite tuvo dictamen aprobatorio en la Comisión de Legislación Penal en el año 2006.

En dicha ocasión se acompaño mi propuesta debido a una realidad imperante que aún hoy se mantiene, sin que exista una regulación dentro del campo penal, frente a estos hechos los cuales considero que son merecedores de reproche.

El acoso sexual se ha convertido en el doloroso drama cotidiano para quienes lo padecen, y por ello la legislación debe acudir a todas las vías que resulten útiles para desalentarlo y combatirlo.

Los medios de coerción del acosador son variados, dentro de los cuales el delito se configura, con una amenaza de perjudicar arbitrariamente la relación laboral, como por ejemplo, amenaza de despido, traslado, modificaciones perjudiciales de las condiciones laborales. Y donde el resultado buscado por el sujeto activo es satisfacer deseos sexuales.

Tales conductas representan actos ilícitos ya que violan la libertad sexual de la persona en el ámbito laboral, como así también al derecho a ejercer su desempeño en el empleo en un ambiente óptimo donde el acoso genera perturbaciones en la intimidad del sometido/a ya que opera como mecanismo amedrentador donde dicha amenaza relacionada con la estabilidad laboral, perjudica su integridad psíquica y física.

No invisten el carácter de acoso los intentos de seducción que no se acompañan de ninguna forma de coerción, aún cuando resulten rechazados, intentos que entran en el vasto campo de los simples actos lícitos sin trascendencia jurídica.

Diversas disposiciones legales prevén, en el orden nacional y provincial, sanciones que pueden llegar a la cesantía o exoneración del funcionario o empleado público que incurre en acoso sexual. La jurisprudencia ha reconocido, numerosos y variados casos, el derecho de la víctima a considerarse despedida y ser indemnizada no sólo por el despido sino también por el daño material y el daño moral sufrido, extendiendo la responsabilidad del acosador a la empresa empleadora.

No obstante las consecuencias que el acoso puede acarrear en el plano civil, administrativo y laboral; para enfrentar y reprimir el acoso sexual consideramos conveniente incorporarlo además, como tipo al código penal dentro la estructura de las amenazas agravadas.

Sin lugar a dudas este reproche penal que pretendemos incorporar, tendrá un efecto disuasorio que contribuirá a la disminución de los hechos, teniendo en cuenta particularmente el nivel mayor de responsabilidad que, por su jerarquía en la relación laboral, docente o de otra índole; ostentan quienes cometen el ilícito.

Si bien el acoso es una de las formas del delito de coacción, contemplarlo especialmente favorecerá los efectos preventivos señalados anteriormente, resultando además conveniente establecer una escala penal distinta que la prevista en el art. 149 bis segundo párrafo del Código Penal dando un parámetro amplio a los fines de sancionar adecuadamente las distintas hipótesis que se presenten.

Como se advierte en el derecho comparado, es razonable establecer con amplitud la previsión respecto de toda relación jerárquica no sólo laboral como son por ejemplo las que existen en las organizaciones deportivas o sociales.

El tipo penal que proyectamos no requiere el éxito del acosador, de manera que la negativa de la víctima no es óbice para que se configure el delito.

La nueva figura típica que propone este proyecto se diferencia del abuso sexual coactivo o intimidatorio en función de una relación de dependencia, autoridad o poder prevista en el art. 119 del Código Penal, pues en estos últimos casos el autor aprovecha de la situación de poder y efectúa actos corporales o tocamientos de naturaleza sexual.

En el acoso en cambio, el delito se consuma con la sola amenaza del autor, con independencia de que la víctima acceda o no al requerimiento que se le formula.

Ahora bien, a fin de armonizar la escala penal de delito que se proyecta con la del delito de abuso sexual simple, proponemos aumentar levemente el máximo de la pena fijada para este último.

La Argentina, al ratificar la Convención Interamericana de Belem do Pará, asumió ante la comunidad internacional la obligación de dictar leyes y adoptar políticas de combate contra el acoso sexual. Y la consagración legislativa del tipo penal respectivo se adecua a tal compromiso. A su vez la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, establece el compromiso de los estados a adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer (art. 2 b), y a modificar los patrones socio culturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar prejuicios y las practicas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres (art. 5 inc. a).

En consideración de lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley, cuya autoría debe reconocerse -desde sus orígenes-, en los doctores Gustavo Bossert y Ricardo Gil Lavedra.