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LEGISLACION GENERAL
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P02 Oficina 234
Of. Administrativa: Piso P02 Oficina 235
Secretario Administrativo DR. TRIANTAFILO GUILLERMO
Miércoles 16.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 60752248 Internos 2248
clgeneral@hcdn.gob.ar
- LEGISLACION GENERAL
Reunión del día 03/12/2020
- 113_PLENARIO IVE_2DA PARTE_2-12-2020 TT
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los tres días del mes de diciembre de 2020, a la hora 11 y 10, se da comienzo al plenario de las comisiones de Legislación General, de Legislación Penal, de Mujeres y Diversidad y de Acción Social y Salud Pública, llevado a cabo bajo el formato de videoconferencia:
SRA. PRESIDENTA MACHA Buenos días a todas, todos y todes.
Vamos a dar comienzo a esta tercera jornada en la que estamos discutiendo y pensando sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, sobre el proyecto de la campaña y sobre los distintos proyectos presentados para tratar la interrupción voluntaria del embarazo.
Este plenario de comisiones está presidido por la Comisión de Legislación General, a cargo de la diputada Cecilia Moreau y cuya vicepresidenta es la diputada Carla Carrizo. También participa la Comisión de Legislación Penal, a cargo de la diputada Carolina Gaillard y cuya vicepresidenta es la diputada Marcela Campagnoli; la Comisión de Acción Social y Salud Pública, a cargo del diputado Pablo Yedlin y cuya vicepresidenta es la diputada Carmen Polledo; y la Comisión de Mujeres y Diversidad, presidida por mí y cuya vicepresidenta es la diputada Silvia Lospennato.
Vamos a comenzar con las exposiciones. Tendremos diez exposiciones durante la mañana y luego otras diez exposiciones más. Cada expositor tendrá siete minutos para argumentar y presentar su postura.
Comenzaremos con Mariana Romero. Ella es directora ejecutiva e investigadora titular del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES, e investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Su investigación está abocada a la salud sexual y reproductiva con un especial interés en mortalidad materna e interrupción del embarazo.
Mariana, te escuchamos.
Vamos a dar comienzo a esta tercera jornada en la que estamos discutiendo y pensando sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, sobre el proyecto de la campaña y sobre los distintos proyectos presentados para tratar la interrupción voluntaria del embarazo.
Este plenario de comisiones está presidido por la Comisión de Legislación General, a cargo de la diputada Cecilia Moreau y cuya vicepresidenta es la diputada Carla Carrizo. También participa la Comisión de Legislación Penal, a cargo de la diputada Carolina Gaillard y cuya vicepresidenta es la diputada Marcela Campagnoli; la Comisión de Acción Social y Salud Pública, a cargo del diputado Pablo Yedlin y cuya vicepresidenta es la diputada Carmen Polledo; y la Comisión de Mujeres y Diversidad, presidida por mí y cuya vicepresidenta es la diputada Silvia Lospennato.
Vamos a comenzar con las exposiciones. Tendremos diez exposiciones durante la mañana y luego otras diez exposiciones más. Cada expositor tendrá siete minutos para argumentar y presentar su postura.
Comenzaremos con Mariana Romero. Ella es directora ejecutiva e investigadora titular del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES, e investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Su investigación está abocada a la salud sexual y reproductiva con un especial interés en mortalidad materna e interrupción del embarazo.
Mariana, te escuchamos.
SRA. ROMERO Muchas gracias. Les pido que, por favor, muestren la presentación.
Luego de unos instantes:
Se proyecta una presentación de Powerpoint.
SRA. ROMERO Quiero comenzar agradeciendo a las diputadas y a los diputados por la invitación y la oportunidad de contribuir con reflexiones que estimulen el debate. Es un honor, a la vez que una gran responsabilidad.
Estas reflexiones acerca de por qué la legalización del aborto es un tema de salud pública parten de mi lugar como médica, investigadora y profesional que acompaña a equipos de salud garantes de la ley a implementar servicios de atención a la salud sexual y reproductiva, en especial, servicios de interrupción legal del embarazo.
Hay tres relaciones que quiero analizar que inscriben a la legalización del aborto en el campo de la salud pública. La primera es la relación entre legalización y mortalidad materna por aborto. La segunda es la relación entre legalización y cantidad de abortos provistos por el sistema de salud. La tercera es la legalización y puesta en práctica de servicios a la altura de los avances del conocimiento científico.
Respecto de la relación entre legalización y mortalidad materna por abortos inseguros, la evidencia internacional nos dice que a medida que se amplían las causales para acceder a un aborto legal, la mortalidad materna por aborto disminuye. Veamos este gráfico: en el eje vertical están las tasas de mortalidad materna por aborto. En el eje horizontal están las causales de despenalización desde las más restrictivas, es decir, solo para salvar la vida de la mujer, a las más permisivas, es decir, por requerimiento de la mujer. Cada uno de esos puntos que se ve es un país. Vemos que los países con causales restrictivas tienen tasas de mortalidad materna por aborto más altas; por el contrario, aquellos que permiten el aborto por requerimiento de la mujer se concentran en el extremo con los valores más bajos de mortalidad materna por aborto.
¿Por qué esperaríamos un comportamiento diferente en la Argentina? Las muertes maternas por abortos inseguros son todas evitables y sabemos que la legalización contribuye en ese sentido.
La segunda cuestión que quiero analizar es la relación entre la legalización y la cantidad de abortos provistos por el sistema de salud. Pongamos el ejemplo de Uruguay: desde la sanción de la ley en 2012 se implementaron servicios. Vemos, en las dos filas que están más abajo, que una vez instalados los servicios y luego de dos años, el número de abortos provistos se mantiene estable. No se observa un crecimiento desmedido ni desmesurado. Alcanzada la cobertura de demanda latente de servicios, el número de interrupciones voluntarias del embarazo se ameseta.
La siguiente imagen muestra otro ejemplo regional, que es México. Desde la despenalización del aborto en la Ciudad de México en 2007...
Estas reflexiones acerca de por qué la legalización del aborto es un tema de salud pública parten de mi lugar como médica, investigadora y profesional que acompaña a equipos de salud garantes de la ley a implementar servicios de atención a la salud sexual y reproductiva, en especial, servicios de interrupción legal del embarazo.
Hay tres relaciones que quiero analizar que inscriben a la legalización del aborto en el campo de la salud pública. La primera es la relación entre legalización y mortalidad materna por aborto. La segunda es la relación entre legalización y cantidad de abortos provistos por el sistema de salud. La tercera es la legalización y puesta en práctica de servicios a la altura de los avances del conocimiento científico.
Respecto de la relación entre legalización y mortalidad materna por abortos inseguros, la evidencia internacional nos dice que a medida que se amplían las causales para acceder a un aborto legal, la mortalidad materna por aborto disminuye. Veamos este gráfico: en el eje vertical están las tasas de mortalidad materna por aborto. En el eje horizontal están las causales de despenalización desde las más restrictivas, es decir, solo para salvar la vida de la mujer, a las más permisivas, es decir, por requerimiento de la mujer. Cada uno de esos puntos que se ve es un país. Vemos que los países con causales restrictivas tienen tasas de mortalidad materna por aborto más altas; por el contrario, aquellos que permiten el aborto por requerimiento de la mujer se concentran en el extremo con los valores más bajos de mortalidad materna por aborto.
¿Por qué esperaríamos un comportamiento diferente en la Argentina? Las muertes maternas por abortos inseguros son todas evitables y sabemos que la legalización contribuye en ese sentido.
La segunda cuestión que quiero analizar es la relación entre la legalización y la cantidad de abortos provistos por el sistema de salud. Pongamos el ejemplo de Uruguay: desde la sanción de la ley en 2012 se implementaron servicios. Vemos, en las dos filas que están más abajo, que una vez instalados los servicios y luego de dos años, el número de abortos provistos se mantiene estable. No se observa un crecimiento desmedido ni desmesurado. Alcanzada la cobertura de demanda latente de servicios, el número de interrupciones voluntarias del embarazo se ameseta.
La siguiente imagen muestra otro ejemplo regional, que es México. Desde la despenalización del aborto en la Ciudad de México en 2007...
Se interrumpe el audio.
SRA. ROMERO ... a todas las mujeres que así lo solicitan. Lo que se observa es la meseta que señalamos en Uruguay. Luego, el descenso...
SRA. PRESIDENTA MACHA Mariana, se escuchó entrecortado esto último que dijiste. ¿Podrías apagar la cámara para mejorar el sonido?
SRA. ROMERO Por favor, muestren la diapositiva que tiene las barras verdes, ya que me estoy refiriendo a esa. Muchas gracias.
Entonces, dije que en la Ciudad de México desde el año 2007 la Secretaría de Salud provee servicios gratuitos a todas las mujeres que así lo solicitan. Lo que vemos es lo mismo que observamos en Uruguay: luego de la meseta, empieza el descenso a partir de 2015. ¿Cuál podría ser una hipótesis para esto? Que existía una demanda que no se satisfacía, que se prestaron servicios para dar respuesta adecuadamente y que no solo se dio acceso a ILE, sino que, como está propuesto, se dio acceso a consejerías, a la posibilidad de iniciar métodos anticonceptivos de preferencia y a información sobre derechos sexuales y reproductivos. Estas estrategias combinadas disminuyen los embarazos no intencionales y, por ende, los abortos. ¿Por qué la Argentina tendría una experiencia diferente a la de los dos países de la región que despenalizaron y legalizaron el aborto?
Finalmente, quiero referirme a la relación entre legalización y puesta en práctica de servicios a la altura de los avances del conocimiento científico. De nuevo, la evidencia internacional es contundente. El gráfico nos muestra tres grupos de países: el primer grupo muestra los países en donde el aborto está permitido para salvar la vida o la salud física de la mujer, el segundo grupo muestra los países que permiten el aborto por riesgo a la salud mental o por razones socioeconómicas y el tercer grupo muestra los países que permiten el aborto por requerimiento de la mujer. Para cada grupo de países, las barras muestran la proporción de abortos seguros, menos seguros e inseguros.
En los países donde las personas pueden voluntariamente decidir la interrupción del embarazo -es decir, el tercer grupo-, 9 de cada 10 abortos son seguros. A medida que se restringe el acceso, la proporción de abortos menos seguros -señalados con la barra de color celeste- e inseguros -señalados con la barra roja- va aumentando. Este resultado es el que esperamos ver en la Argentina a partir de la sanción de la ley.
En la misma línea, regular la interrupción voluntaria del embarazo nos permitirá que se fortalezca la estandarización de servicios -promoviendo prácticas seguras y de calidad, acorde con los últimos avances del conocimiento científico- y se incorpore efectivamente la atención de la ILE a la atención en salud sexual y reproductiva, con los mismos parámetros de calidad que otras prácticas de salud, en todo el territorio nacional. También, permitirá que se registren las tecnologías necesarias -como la Mifepristona- para disponer de las opciones posibles dentro de los estándares de oro para el tratamiento y contemos con información confiable y oportuna que nos permita evaluar y tomar decisiones a fin de hacer los ajustes necesarios que las políticas públicas de salud requieren cuando se ponen en marcha.
Para cerrar mi exposición, destaco que la importancia de acompañar equipos de salud que garanticen derechos que hoy están comprendidos en las normas muestra que saberse del lado...
Entonces, dije que en la Ciudad de México desde el año 2007 la Secretaría de Salud provee servicios gratuitos a todas las mujeres que así lo solicitan. Lo que vemos es lo mismo que observamos en Uruguay: luego de la meseta, empieza el descenso a partir de 2015. ¿Cuál podría ser una hipótesis para esto? Que existía una demanda que no se satisfacía, que se prestaron servicios para dar respuesta adecuadamente y que no solo se dio acceso a ILE, sino que, como está propuesto, se dio acceso a consejerías, a la posibilidad de iniciar métodos anticonceptivos de preferencia y a información sobre derechos sexuales y reproductivos. Estas estrategias combinadas disminuyen los embarazos no intencionales y, por ende, los abortos. ¿Por qué la Argentina tendría una experiencia diferente a la de los dos países de la región que despenalizaron y legalizaron el aborto?
Finalmente, quiero referirme a la relación entre legalización y puesta en práctica de servicios a la altura de los avances del conocimiento científico. De nuevo, la evidencia internacional es contundente. El gráfico nos muestra tres grupos de países: el primer grupo muestra los países en donde el aborto está permitido para salvar la vida o la salud física de la mujer, el segundo grupo muestra los países que permiten el aborto por riesgo a la salud mental o por razones socioeconómicas y el tercer grupo muestra los países que permiten el aborto por requerimiento de la mujer. Para cada grupo de países, las barras muestran la proporción de abortos seguros, menos seguros e inseguros.
En los países donde las personas pueden voluntariamente decidir la interrupción del embarazo -es decir, el tercer grupo-, 9 de cada 10 abortos son seguros. A medida que se restringe el acceso, la proporción de abortos menos seguros -señalados con la barra de color celeste- e inseguros -señalados con la barra roja- va aumentando. Este resultado es el que esperamos ver en la Argentina a partir de la sanción de la ley.
En la misma línea, regular la interrupción voluntaria del embarazo nos permitirá que se fortalezca la estandarización de servicios -promoviendo prácticas seguras y de calidad, acorde con los últimos avances del conocimiento científico- y se incorpore efectivamente la atención de la ILE a la atención en salud sexual y reproductiva, con los mismos parámetros de calidad que otras prácticas de salud, en todo el territorio nacional. También, permitirá que se registren las tecnologías necesarias -como la Mifepristona- para disponer de las opciones posibles dentro de los estándares de oro para el tratamiento y contemos con información confiable y oportuna que nos permita evaluar y tomar decisiones a fin de hacer los ajustes necesarios que las políticas públicas de salud requieren cuando se ponen en marcha.
Para cerrar mi exposición, destaco que la importancia de acompañar equipos de salud que garanticen derechos que hoy están comprendidos en las normas muestra que saberse del lado...
Se interrumpe el audio.
SRA. ROMERO ... admite la expresión cabal de los principios de progresismo y bioética que rigen el accionar de los profesionales de la salud. A su vez, potencia las acciones que benefician a las personas, morigera los potenciales daños y promueve los derechos y la justicia social.
Sabemos que la legalidad nos permite una relación de respeto, confianza y empatía entre pacientes y equipos de salud. A su vez, permite el acompañamiento en la toma de decisiones informadas y responsables. ¿Por qué en Argentina no sería así? ¡Que sea ley! Muchas gracias.
Sabemos que la legalidad nos permite una relación de respeto, confianza y empatía entre pacientes y equipos de salud. A su vez, permite el acompañamiento en la toma de decisiones informadas y responsables. ¿Por qué en Argentina no sería así? ¡Que sea ley! Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA MACHA Muchas gracias, Mariana. Aprovecho para saludarte en el Día de los Médicos, las Médicas y les Médiques.
SRA. ROMERO Muchísimas gracias.
SRA. PRESIDENTA MACHA A continuación, hará uso de la palabra Guadalupe Batallán. Ella es investigadora sobre aborto y autora del libro Hermana, date cuenta: no es revolución, es negocio.
Adelante, Guadalupe.
Adelante, Guadalupe.
SRA. BATALLÁN Muchísimas gracias. Mi discurso va a durar menos de siete minutos. Le agradecería que no me avise cuando falte un minuto, porque lo tengo contemplado.
Honorable Cámara de Diputados: es un privilegio para mí poder exponer ante sus integrantes en el día de hoy. Quiero pedirles disculpas de antemano si mis palabras resultan fuertes o difíciles de escuchar, pero tengo 22 años y pertenezco a una generación a la cual le han remarcado reiteradas veces el valor de una mujer que no se calla ante la injusticia.
Durante estos dos días de reunión, poco se ha hablado de las mujeres obligadas a abortar; es un flagelo que se sufre con la ilegalidad, pero que no tendrá ningún freno si el aborto se legaliza. Les hablo con conocimiento de causa porque soy hija de una adolescente de 15 años cuyos padres de clase media decidieron que era mejor un aborto que la mancha social de tener una hija adolescente embarazada y soltera.
Mi vieja supo decirle que no a las presiones y, a pesar de eso, apostó por la vida. Lamentablemente, no todas las mujeres son como mi mamá y no todas poseen la fortaleza para decirle que no a un novio, a un esposo, a un jefe o a unos padres que prefieren la violencia y la hipocresía antes que cuidar y acompañar a una mujer vulnerable.
Sabemos que ninguna mujer elige el aborto; lo acepta por miedo a la soledad y a la crueldad de una sociedad que le hizo creer que un embarazo iba a arruinarle la vida. Por esas mujeres y por esos hijos es que vengo hoy a hablarles.
En estos días, hemos escuchado hablar a muchas feministas con cuarenta años de lucha por el aborto legal como si fuera un reclamo de las mujeres jóvenes. No quiero poner una brecha etaria, pero estamos frente a militantes que se han quedado atrapadas en el tiempo y con un reclamo anacrónico. Me gustaría remarcar, como todas las encuestas han señalado, que la postura en contra del aborto -que es mayoritaria en nuestro país- está representada principalmente por mujeres jóvenes de 18 a 29 años. Somos esas mujeres las que queremos que dejen de usarnos para reclamar el aborto.
Por otra parte, mucho se ha hablado en estas reuniones de supuestos derechos, pero poco se habla de la realidad: vivimos en un país donde el 60 por ciento de los niños menores de 14 años son pobres; donde en estos ocho meses se han perdido 4 millones de puestos de trabajo, y donde encontramos un Estado ineficiente a la hora de tratar con casos como el de Abigail o el de Solange. En este contexto, se está reclamando, como prioridad, legalizar el aborto. Este padecimiento se cobra diecinueve muertes por año contra las más de 160.000 de distintas causas que nos matan a las argentinas.
En este contexto, y según datos aportados en 2018 por la expositora proaborto Sonia Tarragona, se plantea invertir entre 3 y 4 millones de pesos. Calculo que con la devaluación debe ser aún más. Repito: se plantea invertir un tercio de lo destinado a IFE solamente para subvencionar, como lo llamaba Evita, "un capricho gorila y burgués". Cuando se trata de ayudar al que la ha pasado mal en esta cuarentena, según el Estado, no hay plata.
Mientras esta realidad crudísima golpea a los argentinos, el Poder Ejecutivo planteó un debate exprés de un tema que ha dividido -y aún divide- tremendamente a nuestro país. ¿Cómo vamos a estar discutiendo en tres días si la Argentina decide matar gente o apostar por la vida? ¡Estamos discutiendo si deciden matar niños, señores diputados!
Me duele tener que decir esto, pero en estas comisiones están martirizando mis derechos como mujer para que el precio de los errores de un Estado ineficiente y corrupto lo paguen los más débiles. Encima, parece que esto no puede decirse porque se ha acordado -no sé con el permiso de quién, pero de los ciudadanos que escuchamos estas reuniones y sufrimos estas leyes seguro que no- que hay palabras que no se pueden plantear. ¿Hablamos de libertad sexual, pero no hay libertad de expresión? ¿Cómo es la cosa en este Congreso? ¿Cuándo nos volvimos totalitarios?
Por otra parte, hemos escuchado en este debate al Ministro de Salud hablar, con muchas fuentes, sobre cómo repercute el aborto en la mortalidad materna y de cifras de abortos clandestinos que de científicas no tienen nada, pues están realizadas en base a encuestas de opinión. Sinceramente, y de todo corazón, espero que los datos que usa el ministro Ginés González García no sean los mismos datos que le hicieron creer que el coronavirus no iba a llegar a la Argentina.
Sin embargo, hay algo que sí se le puede conceder: de ser dos vidas -que lo son- estamos frente al mayor genocidio universal. Todos conocemos los momentos trágicos de la historia en los que se ha utilizado el derecho positivo para pasar por encima del derecho natural y de los derechos humanos, que son los derechos que tenemos por el simple hecho de ser humanos.
Si deciden aprobar esta ley, me dolerá mucho por la Argentina que, como joven, voy a tener que vivir. Hoy debatiremos de manera exprés y ocultaremos la realidad para, dentro de unos años, tener nuevos Juicios de Núremberg porque, finalmente, los legisladores habrán entendido que la decisión sobre el propio cuerpo no era excusa suficiente para hacer con los niños lo que a uno le plazca.
A su vez, hemos escuchado a muchos expositores defender el aborto desde convicciones aparentemente ideales y justas. A estos mismos expositores de Católicas por el Derecho a Decidir, de Amnistía Internacional, de ELA, de CEDES, de CELS y de FEIM se les olvidó decir que son parte de una inversión de más de 5 millones de dólares que busca legalizar el aborto en nuestro país por parte de la IPPF, que es la red de clínicas proveedoras de abortos más grande del mundo.
Estos expositores no han dicho que sus auspiciantes tienen denuncias por encubrir la trata, la prostitución forzada de menores de edad, casos de pedofilia, casos de tráfico de tejidos proveniente de órganos, entre otros. Lo que otros gobiernos de países primermundistas investigan como delitos, en nuestro país parece que lo abrazamos como si fuera un derecho. Como se dice en la calle, señores diputados: "Nos vieron la cara".
Por otro lado, los creyentes han sido muy atacados en este debate, incluyendo a las iglesias. Me parece muy curioso, porque hace ocho meses que el Poder Ejecutivo viene pidiendo a los curas y a los pastores que los ayude a arreglar los errores de su gestión paupérrima, y suplicando una visita del Papa. Me parece curioso porque nuestra Constitución evoca en su preámbulo a Dios como fuente de toda razón y justicia. También me parece curioso porque vivimos en un país donde 8 de cada 10 argentinos es cristiano. ¿Les molesta? Entonces, les molestan los argentinos a quienes ustedes tienen el deber de representar.
En fin, hemos escuchado con muchísimo dolor que dar en adopción no es ético, que para el aborto no debe haber edad gestacional límite y que la objeción de conciencia y la vida no son un derecho humano para todos, sino que son un privilegio de pocos. Es decir, mucho se habla de derechos humanos mientras se pide reiteradamente a los legisladores que, a la hora de votar, dejen la moral de lado.
Ahora yo les pregunto con la dignidad y la grandeza que tiene este hermoso pueblo argentino: señores diputados, ¿van a atreverse a votar como inmorales?
Honorable Cámara de Diputados: es un privilegio para mí poder exponer ante sus integrantes en el día de hoy. Quiero pedirles disculpas de antemano si mis palabras resultan fuertes o difíciles de escuchar, pero tengo 22 años y pertenezco a una generación a la cual le han remarcado reiteradas veces el valor de una mujer que no se calla ante la injusticia.
Durante estos dos días de reunión, poco se ha hablado de las mujeres obligadas a abortar; es un flagelo que se sufre con la ilegalidad, pero que no tendrá ningún freno si el aborto se legaliza. Les hablo con conocimiento de causa porque soy hija de una adolescente de 15 años cuyos padres de clase media decidieron que era mejor un aborto que la mancha social de tener una hija adolescente embarazada y soltera.
Mi vieja supo decirle que no a las presiones y, a pesar de eso, apostó por la vida. Lamentablemente, no todas las mujeres son como mi mamá y no todas poseen la fortaleza para decirle que no a un novio, a un esposo, a un jefe o a unos padres que prefieren la violencia y la hipocresía antes que cuidar y acompañar a una mujer vulnerable.
Sabemos que ninguna mujer elige el aborto; lo acepta por miedo a la soledad y a la crueldad de una sociedad que le hizo creer que un embarazo iba a arruinarle la vida. Por esas mujeres y por esos hijos es que vengo hoy a hablarles.
En estos días, hemos escuchado hablar a muchas feministas con cuarenta años de lucha por el aborto legal como si fuera un reclamo de las mujeres jóvenes. No quiero poner una brecha etaria, pero estamos frente a militantes que se han quedado atrapadas en el tiempo y con un reclamo anacrónico. Me gustaría remarcar, como todas las encuestas han señalado, que la postura en contra del aborto -que es mayoritaria en nuestro país- está representada principalmente por mujeres jóvenes de 18 a 29 años. Somos esas mujeres las que queremos que dejen de usarnos para reclamar el aborto.
Por otra parte, mucho se ha hablado en estas reuniones de supuestos derechos, pero poco se habla de la realidad: vivimos en un país donde el 60 por ciento de los niños menores de 14 años son pobres; donde en estos ocho meses se han perdido 4 millones de puestos de trabajo, y donde encontramos un Estado ineficiente a la hora de tratar con casos como el de Abigail o el de Solange. En este contexto, se está reclamando, como prioridad, legalizar el aborto. Este padecimiento se cobra diecinueve muertes por año contra las más de 160.000 de distintas causas que nos matan a las argentinas.
En este contexto, y según datos aportados en 2018 por la expositora proaborto Sonia Tarragona, se plantea invertir entre 3 y 4 millones de pesos. Calculo que con la devaluación debe ser aún más. Repito: se plantea invertir un tercio de lo destinado a IFE solamente para subvencionar, como lo llamaba Evita, "un capricho gorila y burgués". Cuando se trata de ayudar al que la ha pasado mal en esta cuarentena, según el Estado, no hay plata.
Mientras esta realidad crudísima golpea a los argentinos, el Poder Ejecutivo planteó un debate exprés de un tema que ha dividido -y aún divide- tremendamente a nuestro país. ¿Cómo vamos a estar discutiendo en tres días si la Argentina decide matar gente o apostar por la vida? ¡Estamos discutiendo si deciden matar niños, señores diputados!
Me duele tener que decir esto, pero en estas comisiones están martirizando mis derechos como mujer para que el precio de los errores de un Estado ineficiente y corrupto lo paguen los más débiles. Encima, parece que esto no puede decirse porque se ha acordado -no sé con el permiso de quién, pero de los ciudadanos que escuchamos estas reuniones y sufrimos estas leyes seguro que no- que hay palabras que no se pueden plantear. ¿Hablamos de libertad sexual, pero no hay libertad de expresión? ¿Cómo es la cosa en este Congreso? ¿Cuándo nos volvimos totalitarios?
Por otra parte, hemos escuchado en este debate al Ministro de Salud hablar, con muchas fuentes, sobre cómo repercute el aborto en la mortalidad materna y de cifras de abortos clandestinos que de científicas no tienen nada, pues están realizadas en base a encuestas de opinión. Sinceramente, y de todo corazón, espero que los datos que usa el ministro Ginés González García no sean los mismos datos que le hicieron creer que el coronavirus no iba a llegar a la Argentina.
Sin embargo, hay algo que sí se le puede conceder: de ser dos vidas -que lo son- estamos frente al mayor genocidio universal. Todos conocemos los momentos trágicos de la historia en los que se ha utilizado el derecho positivo para pasar por encima del derecho natural y de los derechos humanos, que son los derechos que tenemos por el simple hecho de ser humanos.
Si deciden aprobar esta ley, me dolerá mucho por la Argentina que, como joven, voy a tener que vivir. Hoy debatiremos de manera exprés y ocultaremos la realidad para, dentro de unos años, tener nuevos Juicios de Núremberg porque, finalmente, los legisladores habrán entendido que la decisión sobre el propio cuerpo no era excusa suficiente para hacer con los niños lo que a uno le plazca.
A su vez, hemos escuchado a muchos expositores defender el aborto desde convicciones aparentemente ideales y justas. A estos mismos expositores de Católicas por el Derecho a Decidir, de Amnistía Internacional, de ELA, de CEDES, de CELS y de FEIM se les olvidó decir que son parte de una inversión de más de 5 millones de dólares que busca legalizar el aborto en nuestro país por parte de la IPPF, que es la red de clínicas proveedoras de abortos más grande del mundo.
Estos expositores no han dicho que sus auspiciantes tienen denuncias por encubrir la trata, la prostitución forzada de menores de edad, casos de pedofilia, casos de tráfico de tejidos proveniente de órganos, entre otros. Lo que otros gobiernos de países primermundistas investigan como delitos, en nuestro país parece que lo abrazamos como si fuera un derecho. Como se dice en la calle, señores diputados: "Nos vieron la cara".
Por otro lado, los creyentes han sido muy atacados en este debate, incluyendo a las iglesias. Me parece muy curioso, porque hace ocho meses que el Poder Ejecutivo viene pidiendo a los curas y a los pastores que los ayude a arreglar los errores de su gestión paupérrima, y suplicando una visita del Papa. Me parece curioso porque nuestra Constitución evoca en su preámbulo a Dios como fuente de toda razón y justicia. También me parece curioso porque vivimos en un país donde 8 de cada 10 argentinos es cristiano. ¿Les molesta? Entonces, les molestan los argentinos a quienes ustedes tienen el deber de representar.
En fin, hemos escuchado con muchísimo dolor que dar en adopción no es ético, que para el aborto no debe haber edad gestacional límite y que la objeción de conciencia y la vida no son un derecho humano para todos, sino que son un privilegio de pocos. Es decir, mucho se habla de derechos humanos mientras se pide reiteradamente a los legisladores que, a la hora de votar, dejen la moral de lado.
Ahora yo les pregunto con la dignidad y la grandeza que tiene este hermoso pueblo argentino: señores diputados, ¿van a atreverse a votar como inmorales?
SRA. PRESIDENTA MACHA Gracias, Guadalupe.
Estamos en un marco en el que escuchamos todas las voces, y es por eso que hacemos estas reuniones informativas.
En este contexto, me toca dar la palabra a Vanina Biasi. Ella es delegada no docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y dirigente del Plenario de Trabajadores y Trabajadoras.
Vanina, tenés siete minutos para tu exposición.
Estamos en un marco en el que escuchamos todas las voces, y es por eso que hacemos estas reuniones informativas.
En este contexto, me toca dar la palabra a Vanina Biasi. Ella es delegada no docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y dirigente del Plenario de Trabajadores y Trabajadoras.
Vanina, tenés siete minutos para tu exposición.
SRA. BIASI Gracias, Mónica.
Quiero comenzar diciendo que este debate se definirá en las calles y que estaremos movilizadas donde sea que se haga la sesión del día diez. Solo conquistando el aborto bajo esas condiciones podremos también ganar en la realidad y en la práctica el derecho al aborto, el derecho a la educación sexual desprovista de toda represión y discriminación, y podremos conquistar la separación de las iglesias del Estado. Como se puede observar nítidamente en este debate, dicha separación resulta más que necesaria.
Millones de trabajadoras y trabajadores están padeciendo hambre e indigencia. No quiero permitir que el reconocimiento de esa situación quede en manos de quienes apoyan las políticas hambreadoras. Han convertido al aborto clandestino, antes que nada, en un ardid político para reproducir un esquema social funcional a sus intereses.
Resulta claro que las condiciones materiales de vida moldean la decisión de las mujeres y la de todos. A muchas, el Estado las obliga a abortar por no poder llevar adelante una gestación o las obliga a maternar sin poder afrontarlo.
Con la extensión de la violencia de género, muchas se ven obligadas a abortar amenazadas por la violencia que el Estado no combate o cuya asistencia terceriza en organizaciones religiosas que luego usarán ese ascendente para pronunciarse contra los derechos de las mujeres, como han dicho los pastores evangélicos reagrupados en ACIERA en este debate. Con la extensión del trabajo precario, otras tantas son obligadas por sus patrones a hacerlo. La única opción que les queda es abortar o quedarse en la calle. Esas no son opciones, señoras y señores diputados.
El Estado capitalista es profundamente abortista y no por los motivos que esgrimieron aquí las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina. No se equivoquen los que quieren usar la pobreza para negar un derecho; ese sufrimiento se exacerba con el aborto clandestino, con la amenaza de judicialización de las mujeres pobres y con la estigmatización social que promueven. Pobreza y reproducción de mecanismos de control social para contener a los pobres son dos caras de la misma moneda.
Queremos aborto legal para las que quieran y necesiten abortar, y queremos trabajo genuino y condiciones dignas de existencia para vivir la vida como cada una elija y afrontar las maternidades deseadas, con la alegría que eso representa. Esto es incompatible con los planes fondomonetaristas que están en curso y que el Vaticano, que vino a hablar a este debate en boca de los señores Di Paola y Carrara, defiende. Resulta insólito que quienes apoyan los planes del Fondo Monetario Internacional en la Argentina -como lo ha hecho el Papa Francisco públicamente- vengan a este recinto a acusar a las que luchamos por el aborto de complotarnos con ese organismo. Ojo con esto, pues como muy bien pudimos escuchar a Di Paola, no reprochan los planes ajustadores al FMI y al gobierno, sino que se haya introducido el tema del aborto en la discusión parlamentaria.
Aquí se han escuchado diversos agravios. Para una profesional que representa la experiencia de dos mil integrantes de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir resulta agraviante escuchar a curas decir que las mujeres pobres no abortan.
El silencio y la cancelación también son agravios. Es una práctica política preexistente a los debates sobre la violencia contra las mujeres y a quienes hoy pretenden adjudicarles esta característica como si fuera algo novedoso. Claro que se puede hablar del abuso en las infancias dentro de las iglesias, pues tenemos la obligación con los sobrevivientes de este flagelo de sacarlos de la cancelación permanente en la que viven. Desde luego que es pertinente a este debate interpelar a quienes, siendo autoridades de instituciones subsidiadas por el Estado, no levantan la voz contra los abusos de los niños -que en ellas se multiplican-, pero sí alzan la voz como pretendidos defensores de los nonatos.
Esas conductas se sintetizan en una única posición política: la de disciplinar, mantener el dominio, sustituir la palabra, apropiarse de las personas y someterlas para sus propios fines. Sin duda, es pertinente esta interpelación y es lamentable que, hasta este momento, la pregunta realizada el primer día por la diputada Romina Del Plá aún no haya sido respondida.
La cuestión de la objeción de conciencia ha sido correctamente abordada por Nelly, Soledad, María Belén y demás compañeras. Les pondré un ejemplo, en este sentido. Horacio Rodríguez Larreta reglamentó ilegalmente la ley de adhesión al Protocolo ILE en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y muchos decidieron dejarnos en soledad a quienes iniciamos, junto al diputado Gabriel Solano, una demanda legal por eso. Atentos a esto: en la ciudad hay variedad de efectores de salud, pero resulta criminal en muchas provincias o regiones del país donde la oferta de salud es escasa y está en manos del culto católico o evangélico.
Este proyecto que debe ser aprobado tampoco despenaliza la práctica. Esto se lo hemos señalado muy tempranamente al actual presidente, cuando en el transcurso de la campaña electoral planteaba la manera de compatibilizar el interés por conquistar los votos de la marea verde con su alianza con el Vaticano, que no son votos que le reporta.
Es cierto que este proyecto morigera las penas y su aprobación establecería una definición política y jurídica de peso. Sin embargo, la despenalización será real cuando logremos que los jueces -designados por los legisladores, los presidentes y los gobernadores- no apliquen el artículo 80 del Código Penal para casos de aborto. Belén en Tucumán, Melisa en Bariloche, y Patricia en Buenos Aires -que terminó falleciendo dentro del sistema penitenciario-, fueron todas rehenes de un estado de clase que otorga a las iglesias puestos claves en el Poder Judicial, desde donde ejecutan estas persecuciones. La figura penal que se cierne sobre las mujeres pobres es el homicidio agravado por el vínculo.
Compañeras: como verán, la tarea que tenemos por delante es titánica. Recientemente, la legislatura salteña aprobó una declaración contraria al aborto legal y, por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza habilitó la educación confesional en el sistema público.
Como mencionamos anteriormente, mientras dilataban este tratamiento avanzaban los enemigos de nuestros derechos. Leyes hay muchas; derechos conquistados en la realidad, no tantos. A modo de ejemplo, podemos mencionar la Ley de Educación Sexual en la que colocaron el artículo 5° mediante el cual se habilita la objeción por ideario institucional y, de esta manera, inviabilizaron su aplicación.
A este régimen social le hizo falta la amenaza de la rebelión de las pibas y los pibes de la hermosa marea verde para nuevamente tratar en el recinto la consagración de un derecho que ni siquiera requería de posiciones sociales mayoritarias, puesto que no obliga a nadie a hacer algo que no quiere. A pesar del Estado y las iglesias, también conquistamos esa mayoría social que hoy clama por su aprobación.
Luchamos por todos nuestros derechos, no por algunos. Queremos trabajo genuino, salarios dignos y tierra para vivir. Finalmente, queremos la separación de las iglesias del Estado para tener educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. ¡Viva la marea verde!
Quiero comenzar diciendo que este debate se definirá en las calles y que estaremos movilizadas donde sea que se haga la sesión del día diez. Solo conquistando el aborto bajo esas condiciones podremos también ganar en la realidad y en la práctica el derecho al aborto, el derecho a la educación sexual desprovista de toda represión y discriminación, y podremos conquistar la separación de las iglesias del Estado. Como se puede observar nítidamente en este debate, dicha separación resulta más que necesaria.
Millones de trabajadoras y trabajadores están padeciendo hambre e indigencia. No quiero permitir que el reconocimiento de esa situación quede en manos de quienes apoyan las políticas hambreadoras. Han convertido al aborto clandestino, antes que nada, en un ardid político para reproducir un esquema social funcional a sus intereses.
Resulta claro que las condiciones materiales de vida moldean la decisión de las mujeres y la de todos. A muchas, el Estado las obliga a abortar por no poder llevar adelante una gestación o las obliga a maternar sin poder afrontarlo.
Con la extensión de la violencia de género, muchas se ven obligadas a abortar amenazadas por la violencia que el Estado no combate o cuya asistencia terceriza en organizaciones religiosas que luego usarán ese ascendente para pronunciarse contra los derechos de las mujeres, como han dicho los pastores evangélicos reagrupados en ACIERA en este debate. Con la extensión del trabajo precario, otras tantas son obligadas por sus patrones a hacerlo. La única opción que les queda es abortar o quedarse en la calle. Esas no son opciones, señoras y señores diputados.
El Estado capitalista es profundamente abortista y no por los motivos que esgrimieron aquí las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina. No se equivoquen los que quieren usar la pobreza para negar un derecho; ese sufrimiento se exacerba con el aborto clandestino, con la amenaza de judicialización de las mujeres pobres y con la estigmatización social que promueven. Pobreza y reproducción de mecanismos de control social para contener a los pobres son dos caras de la misma moneda.
Queremos aborto legal para las que quieran y necesiten abortar, y queremos trabajo genuino y condiciones dignas de existencia para vivir la vida como cada una elija y afrontar las maternidades deseadas, con la alegría que eso representa. Esto es incompatible con los planes fondomonetaristas que están en curso y que el Vaticano, que vino a hablar a este debate en boca de los señores Di Paola y Carrara, defiende. Resulta insólito que quienes apoyan los planes del Fondo Monetario Internacional en la Argentina -como lo ha hecho el Papa Francisco públicamente- vengan a este recinto a acusar a las que luchamos por el aborto de complotarnos con ese organismo. Ojo con esto, pues como muy bien pudimos escuchar a Di Paola, no reprochan los planes ajustadores al FMI y al gobierno, sino que se haya introducido el tema del aborto en la discusión parlamentaria.
Aquí se han escuchado diversos agravios. Para una profesional que representa la experiencia de dos mil integrantes de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir resulta agraviante escuchar a curas decir que las mujeres pobres no abortan.
El silencio y la cancelación también son agravios. Es una práctica política preexistente a los debates sobre la violencia contra las mujeres y a quienes hoy pretenden adjudicarles esta característica como si fuera algo novedoso. Claro que se puede hablar del abuso en las infancias dentro de las iglesias, pues tenemos la obligación con los sobrevivientes de este flagelo de sacarlos de la cancelación permanente en la que viven. Desde luego que es pertinente a este debate interpelar a quienes, siendo autoridades de instituciones subsidiadas por el Estado, no levantan la voz contra los abusos de los niños -que en ellas se multiplican-, pero sí alzan la voz como pretendidos defensores de los nonatos.
Esas conductas se sintetizan en una única posición política: la de disciplinar, mantener el dominio, sustituir la palabra, apropiarse de las personas y someterlas para sus propios fines. Sin duda, es pertinente esta interpelación y es lamentable que, hasta este momento, la pregunta realizada el primer día por la diputada Romina Del Plá aún no haya sido respondida.
La cuestión de la objeción de conciencia ha sido correctamente abordada por Nelly, Soledad, María Belén y demás compañeras. Les pondré un ejemplo, en este sentido. Horacio Rodríguez Larreta reglamentó ilegalmente la ley de adhesión al Protocolo ILE en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y muchos decidieron dejarnos en soledad a quienes iniciamos, junto al diputado Gabriel Solano, una demanda legal por eso. Atentos a esto: en la ciudad hay variedad de efectores de salud, pero resulta criminal en muchas provincias o regiones del país donde la oferta de salud es escasa y está en manos del culto católico o evangélico.
Este proyecto que debe ser aprobado tampoco despenaliza la práctica. Esto se lo hemos señalado muy tempranamente al actual presidente, cuando en el transcurso de la campaña electoral planteaba la manera de compatibilizar el interés por conquistar los votos de la marea verde con su alianza con el Vaticano, que no son votos que le reporta.
Es cierto que este proyecto morigera las penas y su aprobación establecería una definición política y jurídica de peso. Sin embargo, la despenalización será real cuando logremos que los jueces -designados por los legisladores, los presidentes y los gobernadores- no apliquen el artículo 80 del Código Penal para casos de aborto. Belén en Tucumán, Melisa en Bariloche, y Patricia en Buenos Aires -que terminó falleciendo dentro del sistema penitenciario-, fueron todas rehenes de un estado de clase que otorga a las iglesias puestos claves en el Poder Judicial, desde donde ejecutan estas persecuciones. La figura penal que se cierne sobre las mujeres pobres es el homicidio agravado por el vínculo.
Compañeras: como verán, la tarea que tenemos por delante es titánica. Recientemente, la legislatura salteña aprobó una declaración contraria al aborto legal y, por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza habilitó la educación confesional en el sistema público.
Como mencionamos anteriormente, mientras dilataban este tratamiento avanzaban los enemigos de nuestros derechos. Leyes hay muchas; derechos conquistados en la realidad, no tantos. A modo de ejemplo, podemos mencionar la Ley de Educación Sexual en la que colocaron el artículo 5° mediante el cual se habilita la objeción por ideario institucional y, de esta manera, inviabilizaron su aplicación.
A este régimen social le hizo falta la amenaza de la rebelión de las pibas y los pibes de la hermosa marea verde para nuevamente tratar en el recinto la consagración de un derecho que ni siquiera requería de posiciones sociales mayoritarias, puesto que no obliga a nadie a hacer algo que no quiere. A pesar del Estado y las iglesias, también conquistamos esa mayoría social que hoy clama por su aprobación.
Luchamos por todos nuestros derechos, no por algunos. Queremos trabajo genuino, salarios dignos y tierra para vivir. Finalmente, queremos la separación de las iglesias del Estado para tener educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. ¡Viva la marea verde!
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Muchas gracias, Vanina.
Vamos a realizar un cambio en el listado de expositores. Será el turno de Florencia Álvarez Travieso, en lugar de Alfredo Víttolo, pues debe retirarse temprano.
Tiene la palabra la licenciada Florencia Álvarez Travieso, politóloga y especialista en temas de familia.
Vamos a realizar un cambio en el listado de expositores. Será el turno de Florencia Álvarez Travieso, en lugar de Alfredo Víttolo, pues debe retirarse temprano.
Tiene la palabra la licenciada Florencia Álvarez Travieso, politóloga y especialista en temas de familia.
SRA. ÁLVAREZ TRAVIESO Buenos días a todos.
En primer lugar, deseo agradecer la posibilidad que me brindan de estar hoy aquí y expresar la posición de las organizaciones que represento.
Resulta muy doloroso para una mujer peronista exponer ante nuestros representantes por estas circunstancias, más aún en el debate de un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, en un gobierno de coalición por el que apostaron muchos compañeros y compañeras, y me incluyo. A todos ellos quiero decirles que no están solos, ya que somos mayoría los peronistas que creemos en la vigencia de nuestra doctrina. Somos mayoría los justicialistas que todavía creemos que hay que gobernar junto al pueblo; no desde arriba ni desde abajo, sino a su lado, acompañando antes que imponiendo. Somos mayoría los compañeros y las compañeras que abrazamos la vida.
Jamás un presidente peronista dudó en defender la vida de los más vulnerables. Todos comprendieron el valor intrínseco de cada argentino y su aporte estratégico al crecimiento de la patria, y lo demostraron a través de sus palabras y hechos. Perón y Evita asentaron un camino claro en la defensa irrestricta de los argentinos por nacer. Evita decía: "Cada hijo del pueblo que no nace es un hombre menos en las filas de la defensa de la patria"; y aunque esta frase fue exclamada hace muchos años, las condiciones estructurales para el desarrollo estratégico de nuestro país no han mejorado desde entonces.
Cada uno de los presidentes justicialistas lo entendió de esa forma. Carlos Menem impulsó una reforma constitucional en la que resguardó el valor de la vida desde la concepción. Néstor Kirchner expresó claramente su rechazo al aborto cuando su ministro de salud, Ginés González García, intentó imponer el debate que hoy mantenemos. Cristina Fernández de Kirchner fue aún más lejos, pues incorporó el artículo 19 al Código Civil mediante el cual se protege la vida desde la concepción y, a través de la Asignación Universal por Embarazo, equiparó plenamente los derechos de los niños por nacer con los ya nacidos.
A los peronistas nos tocó poner el cuerpo en los peores momentos de nuestra historia. Sabemos de dolores y de ausencias. Sabemos de persecuciones y de muerte; pero también sabemos levantarnos. Sabemos defender nuestras convicciones y tenemos una certeza: nunca abandonaremos a los más vulnerables y siempre seremos voz de los que no tienen voz. Por esta razón, estoy hoy aquí intentando transmitir lo que pensamos y sentimos buena parte de los compañeros y las compañeras del campo nacional y popular.
Pregunto a nuestros diputados y nuestras diputadas: ¿tienen en claro a quienes representan? ¿Han visto la pasión y el convencimiento con que miles de mujeres de nuestros barrios luchan por la vida de sus hijos, procurando darles un mejor porvenir y preservándolos de las garras de los mercaderes de la muerte que están a la vuelta de la esquina? Les pido que las escuchen, tómense el tiempo de acercarse y no las invisibilicen. Ellas saben que la vida es imperfecta y por momentos difícil, muy difícil, pero se aferran a la esperanza, se organizan y se sostienen en la comunidad. No buscan más pérdidas; abrazan la vida.
No podemos perder de vista el rostro concreto de cada persona y reducir su existencia a una fría estadística. Los argentinos no somos números, no somos fenómenos y tampoco somos descartables, pues la vida de cada compatriota es única e irrepetible. Hoy más que nunca, debemos ser responsables de construir una cultura sustentada en lo que siempre hizo fuerte a nuestro pueblo: la hermandad, la solidaridad y el respeto por la dignidad de cada persona humana, especialmente, de los más frágiles.
¿Cómo permitimos que la cultura del descarte penetrara en nuestra sociedad hasta el punto de poner en debate la vida misma? La cuestión del aborto no estaba en la agenda de los reclamos del pueblo argentino, y quiero ser clara con esto: nos la impusieron. Cuando el proyecto económico del gobierno anterior se caía a pedazos, debieron recurrir a la más violenta cortina de humo que podamos recordar: entregar la vida y la dignidad de los niños por nacer para tapar el desastre. Nos quisieron hacer creer que el deseo de una minoría burguesa y centralista era la voz de todo un pueblo; sepan que no lo es.
Compañeros: si apoyan esta iniciativa, respaldarán el proyecto del más rancio liberalismo cultural y económico al que los peronistas hemos combatido desde que tenemos memoria.
Este debate parte al medio la unidad de nuestro pueblo y genera más angustia, en un contexto especialmente difícil. Meses atrás, nuestro presidente afirmó: "Nadie sobra, todos hacen falta", y nos convocó a construir una cultura del encuentro. Sin embargo, la piedra angular de cualquier encuentro verdadero radica en respetar la dignidad del otro, sin importar ninguna de sus características particulares. No posee justificación alguna el hecho de negar la condición de persona al niño por nacer para descartarlo; privarlo del derecho a la vida, por su condición, implica un gran paso en la construcción de una sociedad deshumanizada. Estoy convencida de que la manera de suturar grietas es evitando los abortos, no legitimándolos para favorecerlos.
Debemos avanzar sin demoras en pos de emprender un camino que se esfuerce en prevenir las dolorosas consecuencias del aborto y salir de la dialéctica que transforma la tragedia en un derecho. En ese sentido, debemos avanzar en una agenda que acompañe y no descarte.
Compañeros diputados y diputadas: les aseguro que en ese camino encontrarán a toda una comunidad organizada y deseosa de trabajar, codo a codo, para cuidar, dignificar y defender la vida. Todas las vidas. Muchísimas gracias.
En primer lugar, deseo agradecer la posibilidad que me brindan de estar hoy aquí y expresar la posición de las organizaciones que represento.
Resulta muy doloroso para una mujer peronista exponer ante nuestros representantes por estas circunstancias, más aún en el debate de un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, en un gobierno de coalición por el que apostaron muchos compañeros y compañeras, y me incluyo. A todos ellos quiero decirles que no están solos, ya que somos mayoría los peronistas que creemos en la vigencia de nuestra doctrina. Somos mayoría los justicialistas que todavía creemos que hay que gobernar junto al pueblo; no desde arriba ni desde abajo, sino a su lado, acompañando antes que imponiendo. Somos mayoría los compañeros y las compañeras que abrazamos la vida.
Jamás un presidente peronista dudó en defender la vida de los más vulnerables. Todos comprendieron el valor intrínseco de cada argentino y su aporte estratégico al crecimiento de la patria, y lo demostraron a través de sus palabras y hechos. Perón y Evita asentaron un camino claro en la defensa irrestricta de los argentinos por nacer. Evita decía: "Cada hijo del pueblo que no nace es un hombre menos en las filas de la defensa de la patria"; y aunque esta frase fue exclamada hace muchos años, las condiciones estructurales para el desarrollo estratégico de nuestro país no han mejorado desde entonces.
Cada uno de los presidentes justicialistas lo entendió de esa forma. Carlos Menem impulsó una reforma constitucional en la que resguardó el valor de la vida desde la concepción. Néstor Kirchner expresó claramente su rechazo al aborto cuando su ministro de salud, Ginés González García, intentó imponer el debate que hoy mantenemos. Cristina Fernández de Kirchner fue aún más lejos, pues incorporó el artículo 19 al Código Civil mediante el cual se protege la vida desde la concepción y, a través de la Asignación Universal por Embarazo, equiparó plenamente los derechos de los niños por nacer con los ya nacidos.
A los peronistas nos tocó poner el cuerpo en los peores momentos de nuestra historia. Sabemos de dolores y de ausencias. Sabemos de persecuciones y de muerte; pero también sabemos levantarnos. Sabemos defender nuestras convicciones y tenemos una certeza: nunca abandonaremos a los más vulnerables y siempre seremos voz de los que no tienen voz. Por esta razón, estoy hoy aquí intentando transmitir lo que pensamos y sentimos buena parte de los compañeros y las compañeras del campo nacional y popular.
Pregunto a nuestros diputados y nuestras diputadas: ¿tienen en claro a quienes representan? ¿Han visto la pasión y el convencimiento con que miles de mujeres de nuestros barrios luchan por la vida de sus hijos, procurando darles un mejor porvenir y preservándolos de las garras de los mercaderes de la muerte que están a la vuelta de la esquina? Les pido que las escuchen, tómense el tiempo de acercarse y no las invisibilicen. Ellas saben que la vida es imperfecta y por momentos difícil, muy difícil, pero se aferran a la esperanza, se organizan y se sostienen en la comunidad. No buscan más pérdidas; abrazan la vida.
No podemos perder de vista el rostro concreto de cada persona y reducir su existencia a una fría estadística. Los argentinos no somos números, no somos fenómenos y tampoco somos descartables, pues la vida de cada compatriota es única e irrepetible. Hoy más que nunca, debemos ser responsables de construir una cultura sustentada en lo que siempre hizo fuerte a nuestro pueblo: la hermandad, la solidaridad y el respeto por la dignidad de cada persona humana, especialmente, de los más frágiles.
¿Cómo permitimos que la cultura del descarte penetrara en nuestra sociedad hasta el punto de poner en debate la vida misma? La cuestión del aborto no estaba en la agenda de los reclamos del pueblo argentino, y quiero ser clara con esto: nos la impusieron. Cuando el proyecto económico del gobierno anterior se caía a pedazos, debieron recurrir a la más violenta cortina de humo que podamos recordar: entregar la vida y la dignidad de los niños por nacer para tapar el desastre. Nos quisieron hacer creer que el deseo de una minoría burguesa y centralista era la voz de todo un pueblo; sepan que no lo es.
Compañeros: si apoyan esta iniciativa, respaldarán el proyecto del más rancio liberalismo cultural y económico al que los peronistas hemos combatido desde que tenemos memoria.
Este debate parte al medio la unidad de nuestro pueblo y genera más angustia, en un contexto especialmente difícil. Meses atrás, nuestro presidente afirmó: "Nadie sobra, todos hacen falta", y nos convocó a construir una cultura del encuentro. Sin embargo, la piedra angular de cualquier encuentro verdadero radica en respetar la dignidad del otro, sin importar ninguna de sus características particulares. No posee justificación alguna el hecho de negar la condición de persona al niño por nacer para descartarlo; privarlo del derecho a la vida, por su condición, implica un gran paso en la construcción de una sociedad deshumanizada. Estoy convencida de que la manera de suturar grietas es evitando los abortos, no legitimándolos para favorecerlos.
Debemos avanzar sin demoras en pos de emprender un camino que se esfuerce en prevenir las dolorosas consecuencias del aborto y salir de la dialéctica que transforma la tragedia en un derecho. En ese sentido, debemos avanzar en una agenda que acompañe y no descarte.
Compañeros diputados y diputadas: les aseguro que en ese camino encontrarán a toda una comunidad organizada y deseosa de trabajar, codo a codo, para cuidar, dignificar y defender la vida. Todas las vidas. Muchísimas gracias.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Muchas gracias, Florencia.
Continuaremos con la exposición de Lucía Grimalt, quien es responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Entre Ríos.
Continuaremos con la exposición de Lucía Grimalt, quien es responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Entre Ríos.
Luego de unos instantes:
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Como evidentemente tiene problemas con el sonido, seguiremos con el próximo orador.
Será el turno de José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien anteriormente se desempeñó como abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos, OEA.
Será el turno de José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien anteriormente se desempeñó como abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos, OEA.
Luego de unos instantes:
SRA. PRESIDENTA GAILLARD No habiéndose manifestado el señor José Miguel Vivanco, tiene el uso de la palabra el doctor Manuel Ochandio, abogado, docente de Derecho Constitucional y presidente del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de la Argentina.
SR. OCHANDIO Señora presidenta: desde ILEC Argentina queremos agradecer a las diputadas que nos propusieron para participar del debate, igual que en 2018.
Como lo plantearon algunas compañeras que me precedieron en el uso de la palabra, vemos con absoluta preocupación que este debate haya sobrepasado la dicotomía planteada en 2018 entre laicismo y clericalismo. En aquella oportunidad, explicamos específicamente dichos términos y la relación del laicismo con el progresismo. En efecto, cabe recordar que entendemos por progresismo a aquella actitud política que busca ampliar el reconocimiento de derechos en el ordenamiento jurídico, mientras que el clericalismo intenta mantener el statu quo oponiéndose al reconocimiento de nuevos derechos. Sin embargo, observamos que durante y luego del debate llevado a cabo en 2018 ocurrieron hechos de suma gravedad, que se repiten en la actualidad.
Debemos entender que una cosa es el debate previo a la sanción de una norma, aquel debate axiológico entre diferentes sectores que poseen distintas valoraciones en una sociedad, pero otra muy distinta -como bien lo planteaban algunas compañeras que me precedieron en el uso de la palabra- es cuando hay un Estado extranjero que, directamente, impulsa una campaña de desinformación, de manera masiva. Así como la joven de 22 años se vería sorprendida porque hay organizaciones que -supuestamente, por sus declaraciones-, invierten muchísimo dinero en lograr el reconocimiento de este nuevo derecho y apoyar a la mujer argentina, en su mayoría, en tal proceso, nosotras y nosotros desde ILEC, vemos con preocupación cómo el Estado Vaticano, desde 1930 hasta la actualidad, interviene en el proceso de toma de decisiones del Estado argentino.
Desde ILEC, esperamos que no se repita lo sucedido en 2018, cuando se llegó a amenazar de muerte a hijas e hijos de diputadas y diputados nacionales. Esperemos que el domingo -si no se vota mañana en la Cámara de Diputados-, desde las diferentes parroquias no se empiece a hablar de la relación entre el catolicismo y la argentinidad como una característica de la nacionalidad argentina, aquel mito de la "nación católica".
Asimismo, esperamos que alguna diputada o algún diputado que integre una comisión bicameral, con funciones específicas en este Congreso, formule un pedido para investigar si hay operaciones de inteligencia de ese Estado extranjero para intentar influir en el proceso de toma de decisiones de la República Argentina.
Menciono esto, puesto que no sucede -como decían hace instantes- únicamente cuando en el Congreso se debaten temas relativos al matrimonio autoritario, la libertad e igualdad de género, la prevención de la violencia de género, el divorcio vincular o la interrupción voluntaria del embarazo, sino también ocurre en el ámbito judicial. Esto lo vemos claramente reflejado, por ejemplo, cuando el cardenal primado de la Argentina envía una carta a un Tribunal Oral para que conceda prisión domiciliaria a un sacerdote condenado. Considero que estos son actos de extrema gravedad. Por eso, el Congreso debe velar por la autonomía del Estado argentino y el proceso de toma de decisiones.
Más allá de eso, nuevamente asistimos a una campaña de desinformación -como en 2018-, por lo que quedaré disponible en caso de que deseen formularme preguntas.
Sucintamente, quisiera mencionar algo, pues aquí ya hablaron los referentes jurídicos más importantes que posee el país, entre ellos, Marisa Herrera, Roberto Gargarella y demás. Nuevamente, deseo reiterarles, ya no desde el término "falacia" sino directamente pedirles que se dejen de mentir. Doctores o doctoras en derecho y docentes universitarios no pueden venir a mentir al Congreso diciendo que, en caso de aprobarse este proyecto -seguramente ni lo han leído, pues muchas veces opinan sin leerlo-, se estarían violando los instrumentos de protección de derechos humanos que integran el sistema americano y el sistema universal, en los que se encuadra la República Argentina.
Ni hablar de la objeción de conciencia, ni mucho menos de la objeción de conciencia institucional, una barbaridad jurídica; un disparate jurídico. Invito a estas doctoras y a estos doctores en derecho -espero que no muchos sean docentes de Derecho Constitucional- a leer la opinión consultiva 22 de 2016 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que la cuestión quedó aclarada. Dicho tópico también fue clarificado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Es decir, la jurisprudencia internacional es unánime respecto del tema: la persona jurídica no se rige por la conciencia, pues no la posee; se gobierna por el consenso de sus órganos de gobierno. Al carecer de valores, posee un objeto social por el cual el Estado la autoriza a funcionar. Si bien pueden fijarse algunos principios, en la práctica, estos no pueden ir en contra de la autonomía de las personas que la integran. Pero aun en una comisión directiva de una persona jurídica en la cual por unanimidad se tomara una decisión -y esta es una cuestión no del derecho, sino de la psicología y la comunicación social- está comprobado que existe este fenómeno de la espiral del silencio, donde seguramente alguna de las personas que integran esa comisión directiva no va a querer contradecir a la mayoría para no ser excluido, pero no formalmente, sino como pertenencia, como parte de la identidad, de la cual conforma colectivamente en esa persona jurídica.
También dejo abierta las preguntas para profundizar este tema.
Pedimos por favor desde ILEC que realmente algunas diputadas y algunos diputados que forman parte de la bicameral específica -que no voy a nombrar para no traer palabras que suenan desagradables en época de democracia, pero que existen y son necesarias para que el Estado tenga diagnóstico, información y pueda tomar las decisiones correctas- vean si se puede pedir al Estado del Vaticano que deje de intervenir en el proceso de toma de decisiones de nuestro Estado.
Digo esto, sobre todo, teniendo en cuenta que el artículo 2 de la Constitución Nacional no pudo ser tocado no porque existan cláusulas pétreas, sino porque en los consensos de la reforma del 94 se decidió que los primeros 33 artículos no se iban a reformar, pero ello debe ser reglamentado también, porque todos los argentinos y todas las argentinas con nuestros impuestos estamos sosteniendo y financiando no a la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino al Estado del Vaticano directamente que utiliza a sus ministros religiosos para este tipo de situaciones, para este tipo de campañas de desinformación mediante las cuales -reitero- intenta influir en el proceso de toma de decisiones de nuestro país, afectando seriamente -a quien le guste la palabra- la "autonomía" o soberanía en particular.
El Estado del Vaticano está desesperado porque está perdiendo uno de los principales territorios simbólicos de su propio relato identitario, que es el cuerpo de la mujer.
En ese marco, quiero agradecer la lucha de las mujeres argentinas que están a favor de conseguir este derecho porque gracias a ellas podemos volver a discutir estas situaciones que, desde la década del 30 con el primer golpe de Estado, apoyado por el Estado del Vaticano para instaurar un corporativismo de Estado en la Argentina, venimos sufriendo todas y todos.
Voy a terminar reiterando que es mentira -no es una falacia, sino una mentira- parte de esta campaña de desinformación que este proyecto en caso de ser ley contradiga los instrumentos incorporados a la Constitución Nacional. Basta simplemente con ver no solo las opiniones consultivas, sino los informes de los comités de la ONU; es decir, basta con ver lo que dicen los organismos internacionales que velan por la vigencia de esos instrumentos.
Como lo plantearon algunas compañeras que me precedieron en el uso de la palabra, vemos con absoluta preocupación que este debate haya sobrepasado la dicotomía planteada en 2018 entre laicismo y clericalismo. En aquella oportunidad, explicamos específicamente dichos términos y la relación del laicismo con el progresismo. En efecto, cabe recordar que entendemos por progresismo a aquella actitud política que busca ampliar el reconocimiento de derechos en el ordenamiento jurídico, mientras que el clericalismo intenta mantener el statu quo oponiéndose al reconocimiento de nuevos derechos. Sin embargo, observamos que durante y luego del debate llevado a cabo en 2018 ocurrieron hechos de suma gravedad, que se repiten en la actualidad.
Debemos entender que una cosa es el debate previo a la sanción de una norma, aquel debate axiológico entre diferentes sectores que poseen distintas valoraciones en una sociedad, pero otra muy distinta -como bien lo planteaban algunas compañeras que me precedieron en el uso de la palabra- es cuando hay un Estado extranjero que, directamente, impulsa una campaña de desinformación, de manera masiva. Así como la joven de 22 años se vería sorprendida porque hay organizaciones que -supuestamente, por sus declaraciones-, invierten muchísimo dinero en lograr el reconocimiento de este nuevo derecho y apoyar a la mujer argentina, en su mayoría, en tal proceso, nosotras y nosotros desde ILEC, vemos con preocupación cómo el Estado Vaticano, desde 1930 hasta la actualidad, interviene en el proceso de toma de decisiones del Estado argentino.
Desde ILEC, esperamos que no se repita lo sucedido en 2018, cuando se llegó a amenazar de muerte a hijas e hijos de diputadas y diputados nacionales. Esperemos que el domingo -si no se vota mañana en la Cámara de Diputados-, desde las diferentes parroquias no se empiece a hablar de la relación entre el catolicismo y la argentinidad como una característica de la nacionalidad argentina, aquel mito de la "nación católica".
Asimismo, esperamos que alguna diputada o algún diputado que integre una comisión bicameral, con funciones específicas en este Congreso, formule un pedido para investigar si hay operaciones de inteligencia de ese Estado extranjero para intentar influir en el proceso de toma de decisiones de la República Argentina.
Menciono esto, puesto que no sucede -como decían hace instantes- únicamente cuando en el Congreso se debaten temas relativos al matrimonio autoritario, la libertad e igualdad de género, la prevención de la violencia de género, el divorcio vincular o la interrupción voluntaria del embarazo, sino también ocurre en el ámbito judicial. Esto lo vemos claramente reflejado, por ejemplo, cuando el cardenal primado de la Argentina envía una carta a un Tribunal Oral para que conceda prisión domiciliaria a un sacerdote condenado. Considero que estos son actos de extrema gravedad. Por eso, el Congreso debe velar por la autonomía del Estado argentino y el proceso de toma de decisiones.
Más allá de eso, nuevamente asistimos a una campaña de desinformación -como en 2018-, por lo que quedaré disponible en caso de que deseen formularme preguntas.
Sucintamente, quisiera mencionar algo, pues aquí ya hablaron los referentes jurídicos más importantes que posee el país, entre ellos, Marisa Herrera, Roberto Gargarella y demás. Nuevamente, deseo reiterarles, ya no desde el término "falacia" sino directamente pedirles que se dejen de mentir. Doctores o doctoras en derecho y docentes universitarios no pueden venir a mentir al Congreso diciendo que, en caso de aprobarse este proyecto -seguramente ni lo han leído, pues muchas veces opinan sin leerlo-, se estarían violando los instrumentos de protección de derechos humanos que integran el sistema americano y el sistema universal, en los que se encuadra la República Argentina.
Ni hablar de la objeción de conciencia, ni mucho menos de la objeción de conciencia institucional, una barbaridad jurídica; un disparate jurídico. Invito a estas doctoras y a estos doctores en derecho -espero que no muchos sean docentes de Derecho Constitucional- a leer la opinión consultiva 22 de 2016 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que la cuestión quedó aclarada. Dicho tópico también fue clarificado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Es decir, la jurisprudencia internacional es unánime respecto del tema: la persona jurídica no se rige por la conciencia, pues no la posee; se gobierna por el consenso de sus órganos de gobierno. Al carecer de valores, posee un objeto social por el cual el Estado la autoriza a funcionar. Si bien pueden fijarse algunos principios, en la práctica, estos no pueden ir en contra de la autonomía de las personas que la integran. Pero aun en una comisión directiva de una persona jurídica en la cual por unanimidad se tomara una decisión -y esta es una cuestión no del derecho, sino de la psicología y la comunicación social- está comprobado que existe este fenómeno de la espiral del silencio, donde seguramente alguna de las personas que integran esa comisión directiva no va a querer contradecir a la mayoría para no ser excluido, pero no formalmente, sino como pertenencia, como parte de la identidad, de la cual conforma colectivamente en esa persona jurídica.
También dejo abierta las preguntas para profundizar este tema.
Pedimos por favor desde ILEC que realmente algunas diputadas y algunos diputados que forman parte de la bicameral específica -que no voy a nombrar para no traer palabras que suenan desagradables en época de democracia, pero que existen y son necesarias para que el Estado tenga diagnóstico, información y pueda tomar las decisiones correctas- vean si se puede pedir al Estado del Vaticano que deje de intervenir en el proceso de toma de decisiones de nuestro Estado.
Digo esto, sobre todo, teniendo en cuenta que el artículo 2 de la Constitución Nacional no pudo ser tocado no porque existan cláusulas pétreas, sino porque en los consensos de la reforma del 94 se decidió que los primeros 33 artículos no se iban a reformar, pero ello debe ser reglamentado también, porque todos los argentinos y todas las argentinas con nuestros impuestos estamos sosteniendo y financiando no a la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino al Estado del Vaticano directamente que utiliza a sus ministros religiosos para este tipo de situaciones, para este tipo de campañas de desinformación mediante las cuales -reitero- intenta influir en el proceso de toma de decisiones de nuestro país, afectando seriamente -a quien le guste la palabra- la "autonomía" o soberanía en particular.
El Estado del Vaticano está desesperado porque está perdiendo uno de los principales territorios simbólicos de su propio relato identitario, que es el cuerpo de la mujer.
En ese marco, quiero agradecer la lucha de las mujeres argentinas que están a favor de conseguir este derecho porque gracias a ellas podemos volver a discutir estas situaciones que, desde la década del 30 con el primer golpe de Estado, apoyado por el Estado del Vaticano para instaurar un corporativismo de Estado en la Argentina, venimos sufriendo todas y todos.
Voy a terminar reiterando que es mentira -no es una falacia, sino una mentira- parte de esta campaña de desinformación que este proyecto en caso de ser ley contradiga los instrumentos incorporados a la Constitución Nacional. Basta simplemente con ver no solo las opiniones consultivas, sino los informes de los comités de la ONU; es decir, basta con ver lo que dicen los organismos internacionales que velan por la vigencia de esos instrumentos.
SRA. PRESIDENTA MACHA Ahora tenemos un bloque de preguntas. Las voy a ir haciendo todas juntas a cada uno, a cada una y a cada une, y tienen entre tres y cinco minutos para contestar. Lo que quede por fuera de ese tiempo en todo caso después se las mandamos por mail y las contestan.
Para Guadalupe Batallán hay tres preguntas. De la diputada Lidia Ascarate: "¿Cómo salió adelante la pareja de tus padres adolescentes? ¿Pudieron concretar sus proyectos? ¿Qué sientes ante el riesgo que corriste de no haber nacido?" De la diputada Dina Rezinovsky: "Mencionaste un negocio de 5 millones de dólares de aborto legal, ¿podrías explicar un poco más este tema?" De la diputada Victoria Morales Gorleri: "Usted mencionó que el Ministerio de Salud se basó en cifras de abortos clandestinos tomados en encuestas de opinión, ¿podría explicarnos a qué se refiere?"
Estas son las preguntas, Guadalupe.
Para Guadalupe Batallán hay tres preguntas. De la diputada Lidia Ascarate: "¿Cómo salió adelante la pareja de tus padres adolescentes? ¿Pudieron concretar sus proyectos? ¿Qué sientes ante el riesgo que corriste de no haber nacido?" De la diputada Dina Rezinovsky: "Mencionaste un negocio de 5 millones de dólares de aborto legal, ¿podrías explicar un poco más este tema?" De la diputada Victoria Morales Gorleri: "Usted mencionó que el Ministerio de Salud se basó en cifras de abortos clandestinos tomados en encuestas de opinión, ¿podría explicarnos a qué se refiere?"
Estas son las preguntas, Guadalupe.
SRA. BATALLÁN En primer lugar, quiero contestar la pregunta de los 500.000 abortos clandestinos. Estos números que se han utilizado, de 350.000, 450.000 o 500.000 abortos clandestinos, es la cifra en la que se han basado los cuatro ministros que vinieron, que parece que no tienen una gestión muy interesante porque no se pueden basar en datos oficiales, sino que lo tienen que hacer en una encuesta de opinión.
Este estudio tiene errores metodológicos tremendos. Por un lado, dice que todos los datos están mal recolectados, y se supone que todos los médicos ocultan los abortos porque son quienes los practican. Esto no tiene nada que ver. Si una mujer llega a una guardia, incluso si tomamos el relato que muchas veces se cuenta, por un aborto clandestino, ¿por qué la tendría que atender el mismo médico que le realizó el aborto? Me parecen demasiadas coincidencias.
Por otro lado, supone que todos los abortos -las 65.000 internaciones que toma del año 2002- son por abortos inducidos; en realidad, son abortos en general. De hecho, cuando vamos al desglose del Ministerio de Salud -ya que son datos tomados por ese ministerio-, vemos que de las 65.000 internaciones solamente 75 por ciento corresponden a intentos fallidos de aborto, hay un 11 por ciento que es por abortos espontáneos, y un montón que son sin clasificar.
Según la Organización Mundial de la Salud el 20 por ciento de los embarazos terminan en abortos espontáneos. Con lo cual, si en nuestro país hay 700.000 nacimientos, tendría que haber más o menos 140.000 abortos espontáneos -tal vez no todos se complican, no todos llegan al sistema de salud-, y después tenemos los del segundo y tercer trimestre, con lo cual lo esperable es que la mayoría de estos abortos sean espontáneos. Tenemos que dejar de torcer los números porque no nos convienen.
Por otro lado, como los datos están mal recolectados -porque ese número de 65.000 no sirve-, voy a hacer una encuesta de opinión, voy a buscar treinta informantes claves y le voy a decir: "Che, macho, ¿a vos, más o menos, por cuánto te parece que habría que multiplicar estos 65.000 para que me dé un número mejor? Vos que trabajás con el tema." Y cito una parte del estudio que dice: "La encuesta a informantes clave se llevó a cabo mediante una muestra intencional de profesionales de la salud, funcionarios públicos que se desempeñan en áreas relacionadas con la salud sexual y reproductiva y activistas de organizaciones de la sociedad civil, particularmente organizaciones de mujeres...", es decir, organizaciones feministas. Es como si yo a la mina que viene a reclamar el aborto legal, como por ejemplo la doctora Estrella Perramón, que tuvo una causa por realizar un aborto y matar a una chica producto de un aborto ilegal, le pregunto: "Bueno, ¿a vos cuánto te parece que tenemos que inflar los números?" Les da una cifra de entre 6 y 8, y de ahí salen las distintas estimaciones.
Por otra parte, los datos que se utilizaron se tomaron en el 2002 y las encuestas se realizaron entre el 2004 y el 2005. En ese momento, para que ustedes se den una idea, yo tenía 6 años. Seguimos validando estudios que tienen más de 15 años. En este tiempo bajamos la mortalidad materna, cambiamos los índices de escolaridad, de vivienda, de trabajo, de pobreza, de nacimientos vivos y de mortalidad infantil, entre otras cosas. No podemos seguir tomando datos de hace 15 años como si fueran de hoy; me parece que es una barbaridad.
Eso es en cuanto a las estimaciones por aborto. De ahí sale decir que hay una cantidad tremenda de abortos en el país, pero la verdad es que no está respaldado por los datos. Si nosotros miramos los datos, en el 2016 hubo 39.000 internaciones por aborto, de las cuales, si se sigue la proporción de 75 sobre 65.000, la realidad es que probablemente las internaciones por aborto inducido sean muy pocas. La verdad es que, si lo pensamos con los datos de 2002, ¿vamos a invertir entre 3 y 4 millones para 75 internaciones? Me parece que sería la internación digna de Diego Armando Maradona porque se gastaría una barbaridad.
Por otro lado, se me preguntó por el negocio del aborto. Nosotros sabemos que existe una inversión de 5 millones de dólares para imponer el aborto en la Argentina porque tenemos los reportes financieros de la IPPF, que es la red de clínicas abortistas más grande del mundo que tiene 46.000 clínicas proveedoras de aborto en el mundo contra -para poner una comparación- 36.000 tiendas de McDonald's; es decir, hay más clínicas abortistas que McDonald's.
Encontramos que, por poner el ejemplo, nada más entre la sesión de ayer y la de la de anteayer hubo 12 de 29 expositores en esta Cámara, entre ellos: Mabel Bianco, de FEIM; Estela Díaz, de Fondo de Mujeres del Sur; Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a Decidir; Paola Bergallo, de Universidad de Palermo y CEDES; Andrés Gil Domínguez, de la Universidad de Palermo; Carolina Comaleras, de REDAAS, que también es un proyecto de CEDES; Natalia Gherardi, de ELA; Marisa Herrera, Universidad de Palermo; Diana Maffía, CEDES; Ginés González García, de ISALUD que tiene convenios con FUSA; Sonia Tarragona de ISALUD, que también tiene convenios con FUSA; y Gómez Alcorta de CELS.
Si sumamos los reportes financieros, la plata que ha destinado la IPPF en la Argentina -que está en internet, la gente lo puede buscar-, y que ha recibido nuestro país de 2008 a 2016 es superior a 5 millones de dólares. Esto es lo que han recibido estas organizaciones para implantar el reclamo por el aborto legal en la Argentina. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en todos los países -como lo hizo Romero hace un ratito, que también es de CEDES-, a partir de que el aborto se legalizó aumentaron las cifras. Lo demostró con el caso de Uruguay en un cuadro lindísimo.
Entonces, sabemos que se instala un mercado y a partir de eso aumenta la demanda. Es ahí donde aparecen las clínicas abortistas de la IPPF que, por ejemplo, en Estados Unidos un aborto quirúrgico dentro del primer trimestre se puede llegar a cobrar hasta 1.500 dólares. Pero ahora van a decirnos que por el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas tenemos un descuento y que la cajita de misoprostol cuesta 400 pesos, etcétera. Pero eso es como cuando uno va comprar un nuevo producto al supermercado. Cuando quieren imponer un nuevo producto en el mercado te lo venden rebarato; ahora, cuando lo necesitás, es esencial, te hiciste a la idea de que lo vas a tener y te volviste fan del producto, te aumentan el precio. Ahí se va a ir un dineral tremendo; recordemos que establecer el aborto legal desde el Estado representa una inversión de un cuarto de IFE.
Este estudio tiene errores metodológicos tremendos. Por un lado, dice que todos los datos están mal recolectados, y se supone que todos los médicos ocultan los abortos porque son quienes los practican. Esto no tiene nada que ver. Si una mujer llega a una guardia, incluso si tomamos el relato que muchas veces se cuenta, por un aborto clandestino, ¿por qué la tendría que atender el mismo médico que le realizó el aborto? Me parecen demasiadas coincidencias.
Por otro lado, supone que todos los abortos -las 65.000 internaciones que toma del año 2002- son por abortos inducidos; en realidad, son abortos en general. De hecho, cuando vamos al desglose del Ministerio de Salud -ya que son datos tomados por ese ministerio-, vemos que de las 65.000 internaciones solamente 75 por ciento corresponden a intentos fallidos de aborto, hay un 11 por ciento que es por abortos espontáneos, y un montón que son sin clasificar.
Según la Organización Mundial de la Salud el 20 por ciento de los embarazos terminan en abortos espontáneos. Con lo cual, si en nuestro país hay 700.000 nacimientos, tendría que haber más o menos 140.000 abortos espontáneos -tal vez no todos se complican, no todos llegan al sistema de salud-, y después tenemos los del segundo y tercer trimestre, con lo cual lo esperable es que la mayoría de estos abortos sean espontáneos. Tenemos que dejar de torcer los números porque no nos convienen.
Por otro lado, como los datos están mal recolectados -porque ese número de 65.000 no sirve-, voy a hacer una encuesta de opinión, voy a buscar treinta informantes claves y le voy a decir: "Che, macho, ¿a vos, más o menos, por cuánto te parece que habría que multiplicar estos 65.000 para que me dé un número mejor? Vos que trabajás con el tema." Y cito una parte del estudio que dice: "La encuesta a informantes clave se llevó a cabo mediante una muestra intencional de profesionales de la salud, funcionarios públicos que se desempeñan en áreas relacionadas con la salud sexual y reproductiva y activistas de organizaciones de la sociedad civil, particularmente organizaciones de mujeres...", es decir, organizaciones feministas. Es como si yo a la mina que viene a reclamar el aborto legal, como por ejemplo la doctora Estrella Perramón, que tuvo una causa por realizar un aborto y matar a una chica producto de un aborto ilegal, le pregunto: "Bueno, ¿a vos cuánto te parece que tenemos que inflar los números?" Les da una cifra de entre 6 y 8, y de ahí salen las distintas estimaciones.
Por otra parte, los datos que se utilizaron se tomaron en el 2002 y las encuestas se realizaron entre el 2004 y el 2005. En ese momento, para que ustedes se den una idea, yo tenía 6 años. Seguimos validando estudios que tienen más de 15 años. En este tiempo bajamos la mortalidad materna, cambiamos los índices de escolaridad, de vivienda, de trabajo, de pobreza, de nacimientos vivos y de mortalidad infantil, entre otras cosas. No podemos seguir tomando datos de hace 15 años como si fueran de hoy; me parece que es una barbaridad.
Eso es en cuanto a las estimaciones por aborto. De ahí sale decir que hay una cantidad tremenda de abortos en el país, pero la verdad es que no está respaldado por los datos. Si nosotros miramos los datos, en el 2016 hubo 39.000 internaciones por aborto, de las cuales, si se sigue la proporción de 75 sobre 65.000, la realidad es que probablemente las internaciones por aborto inducido sean muy pocas. La verdad es que, si lo pensamos con los datos de 2002, ¿vamos a invertir entre 3 y 4 millones para 75 internaciones? Me parece que sería la internación digna de Diego Armando Maradona porque se gastaría una barbaridad.
Por otro lado, se me preguntó por el negocio del aborto. Nosotros sabemos que existe una inversión de 5 millones de dólares para imponer el aborto en la Argentina porque tenemos los reportes financieros de la IPPF, que es la red de clínicas abortistas más grande del mundo que tiene 46.000 clínicas proveedoras de aborto en el mundo contra -para poner una comparación- 36.000 tiendas de McDonald's; es decir, hay más clínicas abortistas que McDonald's.
Encontramos que, por poner el ejemplo, nada más entre la sesión de ayer y la de la de anteayer hubo 12 de 29 expositores en esta Cámara, entre ellos: Mabel Bianco, de FEIM; Estela Díaz, de Fondo de Mujeres del Sur; Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a Decidir; Paola Bergallo, de Universidad de Palermo y CEDES; Andrés Gil Domínguez, de la Universidad de Palermo; Carolina Comaleras, de REDAAS, que también es un proyecto de CEDES; Natalia Gherardi, de ELA; Marisa Herrera, Universidad de Palermo; Diana Maffía, CEDES; Ginés González García, de ISALUD que tiene convenios con FUSA; Sonia Tarragona de ISALUD, que también tiene convenios con FUSA; y Gómez Alcorta de CELS.
Si sumamos los reportes financieros, la plata que ha destinado la IPPF en la Argentina -que está en internet, la gente lo puede buscar-, y que ha recibido nuestro país de 2008 a 2016 es superior a 5 millones de dólares. Esto es lo que han recibido estas organizaciones para implantar el reclamo por el aborto legal en la Argentina. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en todos los países -como lo hizo Romero hace un ratito, que también es de CEDES-, a partir de que el aborto se legalizó aumentaron las cifras. Lo demostró con el caso de Uruguay en un cuadro lindísimo.
Entonces, sabemos que se instala un mercado y a partir de eso aumenta la demanda. Es ahí donde aparecen las clínicas abortistas de la IPPF que, por ejemplo, en Estados Unidos un aborto quirúrgico dentro del primer trimestre se puede llegar a cobrar hasta 1.500 dólares. Pero ahora van a decirnos que por el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas tenemos un descuento y que la cajita de misoprostol cuesta 400 pesos, etcétera. Pero eso es como cuando uno va comprar un nuevo producto al supermercado. Cuando quieren imponer un nuevo producto en el mercado te lo venden rebarato; ahora, cuando lo necesitás, es esencial, te hiciste a la idea de que lo vas a tener y te volviste fan del producto, te aumentan el precio. Ahí se va a ir un dineral tremendo; recordemos que establecer el aborto legal desde el Estado representa una inversión de un cuarto de IFE.
SRA. PRESIDENTA MACHA Guadalupe, ya pasaron cinco minutos. Si quedó alguna pregunta sin contestar lo hacemos por mail. Gracias.
Vamos ahora con una pregunta para Vanina Biasi del diputado Alume Sbodio: ¿cuál es el fundamento que encuentra en el mantenimiento de la penalización de la mujer según el artículo 17 del proyecto de ley y cuáles cree que pueden ser las consecuencias de mantener dicha penalización?
Vamos ahora con una pregunta para Vanina Biasi del diputado Alume Sbodio: ¿cuál es el fundamento que encuentra en el mantenimiento de la penalización de la mujer según el artículo 17 del proyecto de ley y cuáles cree que pueden ser las consecuencias de mantener dicha penalización?
SRA. BIASI Es muy atinada la pregunta. Hay una tensión; el proyecto manifiesta una tensión clara entre la movilización popular que conquistó y arrancó este debate parlamentario, el proyecto del Poder Ejecutivo y todo lo que hemos conquistado en estos años.
Por otro lado, están los compromisos de quienes quieren insistir por la vía de la penalización de la mujer ante las situaciones de aborto por razones -en las que centré mi exposición- de orden puramente político, para utilizar el aborto clandestino, la amenaza de penalización, la amenaza de cárcel y la estigmatización social como formas de disciplinar y moldear la conducta social de una parte de la población.
Entonces, veo que está presente esa tensión en el proyecto y por eso insisten en la penalización bajo alguna modalidad, en este caso, a partir de las catorce semanas cuando se aplica el sistema de causales. El problema de la penalización es bastante importante. Yo quiero insistir en este aspecto porque la penalización se aplica a través del artículo 80 del Código Penal.
Una forma de modificar este proyecto positivamente para que jueces a los cuales no eligió nadie en este mundo dejen de aplicar estas penalizaciones contra las mujeres pobres es que pongan un artículo taxativo que diga que no se puede aplicar el artículo 80 del Código Penal para los casos de aborto.
Realmente estamos en una situación en la cual vamos a tener que seguir -y lo sabemos, obviamente, diputado- peleando muy fuertemente a futuro por la aplicación del aborto legal en la Argentina teniendo que enfrentar a organismos e instituciones del Estado que a través de todo tipo de artilugios perpetúan esta penalización.
Esa tensión la tenemos que resolver las mujeres movilizadas; no la quieren resolver los gobiernos. Los gobiernos quieren seguir gobernando con la anuencia de las iglesias católicas y evangélicas, lo que de forma involuntaria, de alguna manera, la señora que me precedió en la palabra lo manifestó en su intervención.
Quiero aprovechar para clarificar algo porque se pueden decir muchas cosas en esta vida. La estimación de los abortos clandestinos en la Argentina ha sido llevada adelante por un estudio que tiene un rigor científico reconocido internacionalmente.
Tanto la especialista Pantelides, como Silvina Ramos y Silvia Mario, son personas de reconocimiento internacional, y la investigación llevada adelante en el año 2005 tiene rigurosidad científica, fue presentada en revistas científicas y usó una metodología técnica muy rigurosa que realmente todavía, después de tantos años, como bien se señaló acá, nadie ha podido responder seriamente por escrito y como corresponde; no ha sido refutada. Eso lo quería aclarar también.
Por otro lado, están los compromisos de quienes quieren insistir por la vía de la penalización de la mujer ante las situaciones de aborto por razones -en las que centré mi exposición- de orden puramente político, para utilizar el aborto clandestino, la amenaza de penalización, la amenaza de cárcel y la estigmatización social como formas de disciplinar y moldear la conducta social de una parte de la población.
Entonces, veo que está presente esa tensión en el proyecto y por eso insisten en la penalización bajo alguna modalidad, en este caso, a partir de las catorce semanas cuando se aplica el sistema de causales. El problema de la penalización es bastante importante. Yo quiero insistir en este aspecto porque la penalización se aplica a través del artículo 80 del Código Penal.
Una forma de modificar este proyecto positivamente para que jueces a los cuales no eligió nadie en este mundo dejen de aplicar estas penalizaciones contra las mujeres pobres es que pongan un artículo taxativo que diga que no se puede aplicar el artículo 80 del Código Penal para los casos de aborto.
Realmente estamos en una situación en la cual vamos a tener que seguir -y lo sabemos, obviamente, diputado- peleando muy fuertemente a futuro por la aplicación del aborto legal en la Argentina teniendo que enfrentar a organismos e instituciones del Estado que a través de todo tipo de artilugios perpetúan esta penalización.
Esa tensión la tenemos que resolver las mujeres movilizadas; no la quieren resolver los gobiernos. Los gobiernos quieren seguir gobernando con la anuencia de las iglesias católicas y evangélicas, lo que de forma involuntaria, de alguna manera, la señora que me precedió en la palabra lo manifestó en su intervención.
Quiero aprovechar para clarificar algo porque se pueden decir muchas cosas en esta vida. La estimación de los abortos clandestinos en la Argentina ha sido llevada adelante por un estudio que tiene un rigor científico reconocido internacionalmente.
Tanto la especialista Pantelides, como Silvina Ramos y Silvia Mario, son personas de reconocimiento internacional, y la investigación llevada adelante en el año 2005 tiene rigurosidad científica, fue presentada en revistas científicas y usó una metodología técnica muy rigurosa que realmente todavía, después de tantos años, como bien se señaló acá, nadie ha podido responder seriamente por escrito y como corresponde; no ha sido refutada. Eso lo quería aclarar también.
SRA. PRESIDENTA MACHA Continuamos con una pregunta para Florencia Álvarez Travieso. Es una pregunta de la diputada Lidia Ascarate: "¿Por qué crees que el peronismo/kirchnerismo ha cambiado de posicionamiento respecto a la vida?"
SRA. ÁLVAREZ TRAVIESO Primero quería contestar con palabras de Néstor Kirchner: "Nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio". El movimiento nacional no cambió su posicionamiento, quizás lo hicieron algunos dirigentes, es verdad. Pero basta ver la cantidad de legislaturas provinciales y de concejos deliberantes municipales que declararon a sus provincias, a sus municipios y a sus ciudades provida a instancias de iniciativas presentadas por compañeros y compañeras.
La mayoría de los compañeros y compañeras peronistas no apoyamos la legalización del aborto y nos movilizamos en la calle de todo el país para recordarle a todo el movimiento que Perón es vida. No tengo mucho más que decir.
La mayoría de los compañeros y compañeras peronistas no apoyamos la legalización del aborto y nos movilizamos en la calle de todo el país para recordarle a todo el movimiento que Perón es vida. No tengo mucho más que decir.
SRA. PRESIDENTA MACHA Continuamos con preguntas para Mariana Romero. Son muchas, así que voy a hacer algunas y otras las vamos a pasar por mail. De la diputada Adriana Cáceres: "Hemos visto la proyección de resultados esperados con la aprobación de la ley, ¿cuál sería el impacto esperado de no aprobarse la IVE? ¿Qué opinión tiene de la aplicación de la objeción de conciencia y si cree que puede obstruir la correcta implementación de la ley?".
De la diputada Paola Vessvessian: "¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista médico en realizar un aborto con misoprostol o con mifepristona? Este último tengo entendido que no está disponible en la Argentina."
De la diputada Brenda Austin: "Recién se hizo mención a los abortos forzados e impuestos por personas de su entorno, ¿cree que es la clandestinidad o la legalidad la que refuerza esa práctica? ¿Cuál puede ser el rol de los y las profesionales de la salud garantizando el ejercicio libre e informado de las decisiones que se toman?".
Y, por último, una pregunta de la diputada Romina Del Plá: "Datos oficiales del sistema público hablan de al menos 40.000 internaciones anuales por complicaciones de abortos clandestinos, datos circunscriptos solo a las provincias que informan, muchos no lo hacen porque tratan de encubrir el tema y ningún dato del sector privado. De acuerdo a sus investigaciones, ¿considera que la legalización del aborto permitirá disminuir fuertemente estas consecuencias que son las que verdaderamente sobrecargan el sistema de salud?".
Quedan varias preguntas que te pasamos por mail.
De la diputada Paola Vessvessian: "¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista médico en realizar un aborto con misoprostol o con mifepristona? Este último tengo entendido que no está disponible en la Argentina."
De la diputada Brenda Austin: "Recién se hizo mención a los abortos forzados e impuestos por personas de su entorno, ¿cree que es la clandestinidad o la legalidad la que refuerza esa práctica? ¿Cuál puede ser el rol de los y las profesionales de la salud garantizando el ejercicio libre e informado de las decisiones que se toman?".
Y, por último, una pregunta de la diputada Romina Del Plá: "Datos oficiales del sistema público hablan de al menos 40.000 internaciones anuales por complicaciones de abortos clandestinos, datos circunscriptos solo a las provincias que informan, muchos no lo hacen porque tratan de encubrir el tema y ningún dato del sector privado. De acuerdo a sus investigaciones, ¿considera que la legalización del aborto permitirá disminuir fuertemente estas consecuencias que son las que verdaderamente sobrecargan el sistema de salud?".
Quedan varias preguntas que te pasamos por mail.
SRA. ROMERO Gracias por las preguntas.
Me preguntaban qué pasaría si no se aprueba este proyecto de ley. Lo primero que quisiera decir es que muy probablemente algunas jurisdicciones que están garantizando el acceso a los servicios sigan como están o, inclusive, los expandan, pero sabemos que al mismo tiempo hay provincias sin protocolo vigente. Entonces, lo que vamos a seguir observando es esta disparidad provincial donde algunas mujeres por su lugar de residencia pueden acceder y otras, no.
Creo que adicionalmente el hecho de que la ley no se apruebe va a dejar nuevamente un mensaje con el que tuvimos que trabajar mucho en 2018 y que es este de que "no hay ley, entonces, no hay abortos legales". Esto crea un estado de confusión sobre las causales que hoy existen y que hace más difícil e imponen más barreras a las mujeres para acceder al sistema de salud.
Respecto de la pregunta de objeción de conciencia, yo creo que acá hay que distinguir la objeción de conciencia porque la persona realmente por sus convicciones íntimas se excusa de no prestar el servicio, respecto de la objeción de conciencia que muchas veces termina ocurriendo porque las personas no han tenido la posibilidad de indagar más, de preguntar, de reflexionar, de tener espacios seguros y privados para conversar acerca de que esa decisión, que es personal, impacta en quienes necesitan acceder al servicio.
En este sentido, me parece que la posibilidad concreta que otorga el proyecto de ley es, por un lado, trabajar con los profesionales de la salud que están en formación y, por el otro, con aquellos equipos que están en una actitud de reparo, ya sea por estigma, presión o coerción y terminan encontrando en la objeción una salida rápida para excusarse de proveer los servicios.
Pido disculpas por avanzar rápido, pero así puedo concluir en los minutos concedidos.
Otra legisladora preguntaba la diferencia entre un aborto con misoprostol únicamente y otro con mifepristona y misoprostol. Aclaro que la mifepristona y el misoprostol son dos drogas que se usan de manera complementaria y el principal efecto es acortar el tiempo de sangrado de la mujer, disminuir la sintomatología de una pérdida de embarazo y, sobre todo, el dolor; además, tiene mayor eficacia. Por esta razón el estándar de oro para trabajar son la mifepristona y el misoprostol.
Como se dijo, es cierto que la mifepristona no está registrada en la Argentina, pero esperamos lograrlo pronto a partir de la aprobación del proyecto de ley.
Respecto de la pregunta acerca de la situación de los embarazos forzados o coercionados por el medio y el rol de los profesionales ante una eventual sanción del proyecto de ley, creo que, por un lado, la legalización provocaría un ambiente más propicio para que la mujer busque ayuda y otras alternativas para hablar sobre lo que le está pasando.
Por el otro, una actitud abierta, empática y de escucha activa del equipo de salud para conocer las circunstancias y la situación que está atravesando esa persona. Entonces, el equipo de salud se convierte en un referente clave para acompañar la decisión de la mujer. Cuando digo "acompañar", respondiendo a otra pregunta escrita en el chat, me refiero a dar todas las opciones. La ley no obliga a nadie, sino que ofrece opciones.
Estamos todos, junto con diputados y diputadas, tratando al mismo tiempo el "Plan de los Mil días", que justamente da opciones para quienes quieran continuar el embarazo.
Finalmente, brevemente me referiré a los egresos hospitalarios. Como dijimos, los egresos los informan las llamadas instituciones oficiales, es decir, las que pertenecen al sector público en las distintas jurisdicciones. Entonces, de aprobarse este proyecto de ley, notaremos una disminución en la severidad de las complicaciones. Hoy tenemos la cuenta de los egresos, es decir, de las personas que fueron internadas con un diagnóstico de aborto.
La evidencia científica muestra que, de legalizarse, los abortos serán seguros, probablemente más tempranos, y las complicaciones disminuirán, así como también la severidad de las mismas.
Creo haber respondido todas las preguntas en los minutos asignados.
Me preguntaban qué pasaría si no se aprueba este proyecto de ley. Lo primero que quisiera decir es que muy probablemente algunas jurisdicciones que están garantizando el acceso a los servicios sigan como están o, inclusive, los expandan, pero sabemos que al mismo tiempo hay provincias sin protocolo vigente. Entonces, lo que vamos a seguir observando es esta disparidad provincial donde algunas mujeres por su lugar de residencia pueden acceder y otras, no.
Creo que adicionalmente el hecho de que la ley no se apruebe va a dejar nuevamente un mensaje con el que tuvimos que trabajar mucho en 2018 y que es este de que "no hay ley, entonces, no hay abortos legales". Esto crea un estado de confusión sobre las causales que hoy existen y que hace más difícil e imponen más barreras a las mujeres para acceder al sistema de salud.
Respecto de la pregunta de objeción de conciencia, yo creo que acá hay que distinguir la objeción de conciencia porque la persona realmente por sus convicciones íntimas se excusa de no prestar el servicio, respecto de la objeción de conciencia que muchas veces termina ocurriendo porque las personas no han tenido la posibilidad de indagar más, de preguntar, de reflexionar, de tener espacios seguros y privados para conversar acerca de que esa decisión, que es personal, impacta en quienes necesitan acceder al servicio.
En este sentido, me parece que la posibilidad concreta que otorga el proyecto de ley es, por un lado, trabajar con los profesionales de la salud que están en formación y, por el otro, con aquellos equipos que están en una actitud de reparo, ya sea por estigma, presión o coerción y terminan encontrando en la objeción una salida rápida para excusarse de proveer los servicios.
Pido disculpas por avanzar rápido, pero así puedo concluir en los minutos concedidos.
Otra legisladora preguntaba la diferencia entre un aborto con misoprostol únicamente y otro con mifepristona y misoprostol. Aclaro que la mifepristona y el misoprostol son dos drogas que se usan de manera complementaria y el principal efecto es acortar el tiempo de sangrado de la mujer, disminuir la sintomatología de una pérdida de embarazo y, sobre todo, el dolor; además, tiene mayor eficacia. Por esta razón el estándar de oro para trabajar son la mifepristona y el misoprostol.
Como se dijo, es cierto que la mifepristona no está registrada en la Argentina, pero esperamos lograrlo pronto a partir de la aprobación del proyecto de ley.
Respecto de la pregunta acerca de la situación de los embarazos forzados o coercionados por el medio y el rol de los profesionales ante una eventual sanción del proyecto de ley, creo que, por un lado, la legalización provocaría un ambiente más propicio para que la mujer busque ayuda y otras alternativas para hablar sobre lo que le está pasando.
Por el otro, una actitud abierta, empática y de escucha activa del equipo de salud para conocer las circunstancias y la situación que está atravesando esa persona. Entonces, el equipo de salud se convierte en un referente clave para acompañar la decisión de la mujer. Cuando digo "acompañar", respondiendo a otra pregunta escrita en el chat, me refiero a dar todas las opciones. La ley no obliga a nadie, sino que ofrece opciones.
Estamos todos, junto con diputados y diputadas, tratando al mismo tiempo el "Plan de los Mil días", que justamente da opciones para quienes quieran continuar el embarazo.
Finalmente, brevemente me referiré a los egresos hospitalarios. Como dijimos, los egresos los informan las llamadas instituciones oficiales, es decir, las que pertenecen al sector público en las distintas jurisdicciones. Entonces, de aprobarse este proyecto de ley, notaremos una disminución en la severidad de las complicaciones. Hoy tenemos la cuenta de los egresos, es decir, de las personas que fueron internadas con un diagnóstico de aborto.
La evidencia científica muestra que, de legalizarse, los abortos serán seguros, probablemente más tempranos, y las complicaciones disminuirán, así como también la severidad de las mismas.
Creo haber respondido todas las preguntas en los minutos asignados.
SRA. PRESIDENTA MACHA Paso a las preguntas dirigidas a Manuel Ochandio.
El diputado Berhongaray plantea cuatro inquietudes:
"Primero, indique la nómina de países que han legalizado la interrupción del embarazo sin especificar causales.
"Segundo, indique si la nueva alusión de causales concretas, como riesgo a la salud de la madre u otras, puede encuadrar la decisión en el concepto de arbitrariedad.
"Tercero, indique las edades mínimas permitidas en otros países para solicitar la interrupción del embarazo.
Cuarto, indique si en algún país se le permite a un menor de edad, 13 años, solicitar la interrupción del embarazo sin el acompañamiento de alguna persona de confianza."
Como son muchas preguntas, veremos si puede responderlas ahora. Si no, también puede hacerlo por e-mail.
Paso a la pregunta de la diputada Vessvessián. Dice así: "Desde su perspectiva jurídica, ¿cuáles considera las principales confusiones o falacias que están girando en torno a este debate?"
Por otro lado, la diputada Austin plantea: "Se pretende deslegitimar a organizaciones de enorme prestigio y reconocimiento en la lucha de las mujeres. Sin embargo, hemos escuchado a muchos referentes de la Iglesia o de instituciones académicas financiadas por ellas rechazando el avance del proyecto de ley. ¿Puede referir antecedentes legislativos a lo largo de la historia argentina donde hubo posiciones de la Iglesia reactivas al avance de legislaciones laicas, entre ellas, la secularización de los cementerios a comienzos del siglo pasado? ¿Hay un patrón allí?"
Por último, la diputada Morales Gorleri consulta: "¿Qué opina sobre la jurisprudencia que ha dado lugar al ideario de las instituciones en el respeto de la autonomía institucional con ideario? Me refiero al caso Martínez contra España y las sentencias de la Corte Norteamericana en Hobby Lobby".
El diputado Berhongaray plantea cuatro inquietudes:
"Primero, indique la nómina de países que han legalizado la interrupción del embarazo sin especificar causales.
"Segundo, indique si la nueva alusión de causales concretas, como riesgo a la salud de la madre u otras, puede encuadrar la decisión en el concepto de arbitrariedad.
"Tercero, indique las edades mínimas permitidas en otros países para solicitar la interrupción del embarazo.
Cuarto, indique si en algún país se le permite a un menor de edad, 13 años, solicitar la interrupción del embarazo sin el acompañamiento de alguna persona de confianza."
Como son muchas preguntas, veremos si puede responderlas ahora. Si no, también puede hacerlo por e-mail.
Paso a la pregunta de la diputada Vessvessián. Dice así: "Desde su perspectiva jurídica, ¿cuáles considera las principales confusiones o falacias que están girando en torno a este debate?"
Por otro lado, la diputada Austin plantea: "Se pretende deslegitimar a organizaciones de enorme prestigio y reconocimiento en la lucha de las mujeres. Sin embargo, hemos escuchado a muchos referentes de la Iglesia o de instituciones académicas financiadas por ellas rechazando el avance del proyecto de ley. ¿Puede referir antecedentes legislativos a lo largo de la historia argentina donde hubo posiciones de la Iglesia reactivas al avance de legislaciones laicas, entre ellas, la secularización de los cementerios a comienzos del siglo pasado? ¿Hay un patrón allí?"
Por último, la diputada Morales Gorleri consulta: "¿Qué opina sobre la jurisprudencia que ha dado lugar al ideario de las instituciones en el respeto de la autonomía institucional con ideario? Me refiero al caso Martínez contra España y las sentencias de la Corte Norteamericana en Hobby Lobby".
SR. OCHANDIO Con respecto al derecho comparado, luego de la exposición de Mariana Romero y Paola Bergallo, me parece que la cuestión está saldada.
En el mismo marco, y respondiendo a qué pasa con las personas menores de edad, le recuerdo al diputado que, a nuestro entender, el proyecto busca no romper la lógica jurídica de nuestro ordenamiento y estar conforme a lo que viene tanteando tanto la Constitución Nacional como el propio Código Civil y Comercial vigente desde agosto de 2015. Concretamente, vemos una falacia -también respondiéndole a la diputada acerca de en qué aspectos veíamos que se mentía-, cuando se cita únicamente al artículo 19 de la Constitución Nacional, cuyo proyecto fue muy bien trabajado por Marisa Herrera y un grupo de personas muy capaces.
El anteproyecto de ese artículo era mucho más largo y, aparentemente después de alguna negociación con el Estado del Vaticano, quedó esta oración que dice que la vida comienza desde la concepción. En ese sentido, tenemos que relacionarlo con el artículo 21 en lo concerniente a que tanto el reconocimiento de la personalidad en el embrión como en el feto, desde siempre fue potencial a que naciera con vida. Entonces, me parece que ahí van cerrando las cosas.
En el mismo sentido, respondiendo a la pregunta concreta, creemos que el proyecto está acorde con la lógica del artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece la capacidad progresiva de las personas menores de edad. Obviamente esto surge tanto de la Convención sobre los Derechos del Niño como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Hay otra pregunta -no recuerdo exactamente-, referida a la falacia jurídica que estábamos planteando. Nos referimos a ella en 2018 y, de alguna manera, es lo que vemos como parte de una operación y nos hace reiterar argumentos que ya dimos, en lugar de avanzar en cuestiones más específicas y debatir otros asuntos pendientes desde 2018.
Concretamente, la primera falacia no es jurídica, sino simbólica. Acá no hay un sector a favor de la vida y otro a favor del aborto o la muerte, porque desde que la votación resultó negativa en el Senado de la Nación en 2018, no se ha salvado ninguna vida, es más, se siguieron perdiendo. Más allá de eso, vamos a lo jurídico.
La verdad es que tendría que reiterar lo que ya dijimos y consta en la versión taquigráfica de 2018. Pido disculpas, pero me canso de volver a explicar lo mismo, como si fuera una clase de derecho constitucional para chicas y chicos de 20 años. La jurisprudencia es clarísima en ese marco. No se afecta el artículo 4°, inciso 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que la vida comienza en la concepción. La Corte aclaró la cuestión a partir de la resolución del caso "Artavia Murillo". Lo mismo sucede con la Convención sobre los Derechos del Niño. No olvidemos que el texto propio de la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 1° no dice desde cuándo, sino hasta los 18 años. El Estado argentino hizo la reserva -disculpen que me canso- a través de este Congreso, de que se impone desde la concepción.
Consecuentemente, conforme lo dicho por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que es el organismo que otorga las condiciones de vigencia del instrumento, esas reservas no forman parte de la convención y únicamente tienen rango legislativo porque el texto de dicha convención tiene rango constitucional. Por lo tanto, no hay contradicción y, de alguna manera, la norma quedaría derogada. Después veríamos cómo se salda la cuestión desde la técnica legislativa, además de la jurisprudencia.
Por otro lado, no olvidemos que la CEDAW está incorporada en el artículo 75, inciso 22. Además, el artículo 16, inciso e), de tal convención se refiere justamente a la autonomía de la mujer y, agrego, de la persona gestante en el nuevo paradigma cultural que estamos debatiendo.
Finalmente, y respondiendo a la diputada Austin, a partir del Tratado de Letrán, obviamente, hay un patrón que reconoce al Estado del Vaticano como sujeto de derecho internacional en cuanto a Estado. Ya no es una cuestión de clericalismo, como pueden hacer las iglesias evangélicas ubicadas a la vuelta a nuestra casa, donde además, de alguna manera, están ejerciendo su derecho constitucional a peticionar ante las autoridades y hacerse valer, sino de un Estado que nos quiere imponer su propia norma, en este caso la religiosa, al resto los argentinos. Así, volveríamos otra vez a la cuestión de 2018.
Obviamente, como bien lo planteaba la diputada Austin, en 1874 se iniciaron las discusiones sobre el cementerio público y, luego, sobre el matrimonio civil.
Sin embargo, en el siglo XXI volvieron los mismos argumentos del siglo XIX, dando un origen religioso al matrimonio. Entonces, no digo nada más. Simplemente busquen; no en 2010, sino en la década del 80, en los argumentos del diputado Centeno. Ahí todo está clarísimo. El matrimonio nace del derecho civil romano. Como no existía el análisis de ADN, la única certeza de que la persona al momento de nacer adquiriera la calidad de ciudadano romano era sabiendo con quién lo había concebido la ciudadana romana. Entonces, matriz-unión, de ahí viene la palabra matrimonio, y la misma etimología de la palabra lo explica: era una necesidad política del paradigma de la ciudadanía restringida de la antigüedad. Esto quedó clarísimo y no lo vamos a repetir.
No me alejo demasiado porque lo mismo sucedió con la ley 1.420, con José Manuel Estrada discutiendo con Alem, con la reforma universitaria y con el éxodo de París y el surgimiento de la universidad.
Pero, vamos a hablar de la Argentina. Lo mismo sucedió en el Golpe del 30 cuando desde estos sectores se decía que los gobiernos debían responder al derecho natural, a la ley de Dios y que de eso dependía la legitimidad y la Iglesia era la encargada. Estoy citando al cardenal Franceschi y a los diarios de la época, específicamente a una investigación titulada Del Estado liberal a la Nación Católica, una investigación de Loris Zanatta de la Universidad Nacional de Quilmes. En ese entonces, las fuerzas armadas eran los gendarmes de esa legitimidad.
Pasamos al siglo XX y tenemos la patria potestad compartida y el divorcio vincular.
Luego, en el siglo XXI, todas las leyes que reconocen nuevos derechos en la Argentina estuvieron atravesadas por la oposición del clericalismo católico en particular. A veces, podemos estar de acuerdo o no, intentando imponer a toda la sociedad de manera universal una norma religiosa que pertenece únicamente a quienes profesan una fe. Pero esa es una discusión. Otra cosa es cuando caemos en la sospecha, como lo estamos haciendo ahora, de que directamente se está jugando un rol como Estado y no se trata de un debate democrático. En ese marco, espero haber evacuado la mayoría de las consultas.
En el mismo marco, y respondiendo a qué pasa con las personas menores de edad, le recuerdo al diputado que, a nuestro entender, el proyecto busca no romper la lógica jurídica de nuestro ordenamiento y estar conforme a lo que viene tanteando tanto la Constitución Nacional como el propio Código Civil y Comercial vigente desde agosto de 2015. Concretamente, vemos una falacia -también respondiéndole a la diputada acerca de en qué aspectos veíamos que se mentía-, cuando se cita únicamente al artículo 19 de la Constitución Nacional, cuyo proyecto fue muy bien trabajado por Marisa Herrera y un grupo de personas muy capaces.
El anteproyecto de ese artículo era mucho más largo y, aparentemente después de alguna negociación con el Estado del Vaticano, quedó esta oración que dice que la vida comienza desde la concepción. En ese sentido, tenemos que relacionarlo con el artículo 21 en lo concerniente a que tanto el reconocimiento de la personalidad en el embrión como en el feto, desde siempre fue potencial a que naciera con vida. Entonces, me parece que ahí van cerrando las cosas.
En el mismo sentido, respondiendo a la pregunta concreta, creemos que el proyecto está acorde con la lógica del artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece la capacidad progresiva de las personas menores de edad. Obviamente esto surge tanto de la Convención sobre los Derechos del Niño como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Hay otra pregunta -no recuerdo exactamente-, referida a la falacia jurídica que estábamos planteando. Nos referimos a ella en 2018 y, de alguna manera, es lo que vemos como parte de una operación y nos hace reiterar argumentos que ya dimos, en lugar de avanzar en cuestiones más específicas y debatir otros asuntos pendientes desde 2018.
Concretamente, la primera falacia no es jurídica, sino simbólica. Acá no hay un sector a favor de la vida y otro a favor del aborto o la muerte, porque desde que la votación resultó negativa en el Senado de la Nación en 2018, no se ha salvado ninguna vida, es más, se siguieron perdiendo. Más allá de eso, vamos a lo jurídico.
La verdad es que tendría que reiterar lo que ya dijimos y consta en la versión taquigráfica de 2018. Pido disculpas, pero me canso de volver a explicar lo mismo, como si fuera una clase de derecho constitucional para chicas y chicos de 20 años. La jurisprudencia es clarísima en ese marco. No se afecta el artículo 4°, inciso 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que la vida comienza en la concepción. La Corte aclaró la cuestión a partir de la resolución del caso "Artavia Murillo". Lo mismo sucede con la Convención sobre los Derechos del Niño. No olvidemos que el texto propio de la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 1° no dice desde cuándo, sino hasta los 18 años. El Estado argentino hizo la reserva -disculpen que me canso- a través de este Congreso, de que se impone desde la concepción.
Consecuentemente, conforme lo dicho por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que es el organismo que otorga las condiciones de vigencia del instrumento, esas reservas no forman parte de la convención y únicamente tienen rango legislativo porque el texto de dicha convención tiene rango constitucional. Por lo tanto, no hay contradicción y, de alguna manera, la norma quedaría derogada. Después veríamos cómo se salda la cuestión desde la técnica legislativa, además de la jurisprudencia.
Por otro lado, no olvidemos que la CEDAW está incorporada en el artículo 75, inciso 22. Además, el artículo 16, inciso e), de tal convención se refiere justamente a la autonomía de la mujer y, agrego, de la persona gestante en el nuevo paradigma cultural que estamos debatiendo.
Finalmente, y respondiendo a la diputada Austin, a partir del Tratado de Letrán, obviamente, hay un patrón que reconoce al Estado del Vaticano como sujeto de derecho internacional en cuanto a Estado. Ya no es una cuestión de clericalismo, como pueden hacer las iglesias evangélicas ubicadas a la vuelta a nuestra casa, donde además, de alguna manera, están ejerciendo su derecho constitucional a peticionar ante las autoridades y hacerse valer, sino de un Estado que nos quiere imponer su propia norma, en este caso la religiosa, al resto los argentinos. Así, volveríamos otra vez a la cuestión de 2018.
Obviamente, como bien lo planteaba la diputada Austin, en 1874 se iniciaron las discusiones sobre el cementerio público y, luego, sobre el matrimonio civil.
Sin embargo, en el siglo XXI volvieron los mismos argumentos del siglo XIX, dando un origen religioso al matrimonio. Entonces, no digo nada más. Simplemente busquen; no en 2010, sino en la década del 80, en los argumentos del diputado Centeno. Ahí todo está clarísimo. El matrimonio nace del derecho civil romano. Como no existía el análisis de ADN, la única certeza de que la persona al momento de nacer adquiriera la calidad de ciudadano romano era sabiendo con quién lo había concebido la ciudadana romana. Entonces, matriz-unión, de ahí viene la palabra matrimonio, y la misma etimología de la palabra lo explica: era una necesidad política del paradigma de la ciudadanía restringida de la antigüedad. Esto quedó clarísimo y no lo vamos a repetir.
No me alejo demasiado porque lo mismo sucedió con la ley 1.420, con José Manuel Estrada discutiendo con Alem, con la reforma universitaria y con el éxodo de París y el surgimiento de la universidad.
Pero, vamos a hablar de la Argentina. Lo mismo sucedió en el Golpe del 30 cuando desde estos sectores se decía que los gobiernos debían responder al derecho natural, a la ley de Dios y que de eso dependía la legitimidad y la Iglesia era la encargada. Estoy citando al cardenal Franceschi y a los diarios de la época, específicamente a una investigación titulada Del Estado liberal a la Nación Católica, una investigación de Loris Zanatta de la Universidad Nacional de Quilmes. En ese entonces, las fuerzas armadas eran los gendarmes de esa legitimidad.
Pasamos al siglo XX y tenemos la patria potestad compartida y el divorcio vincular.
Luego, en el siglo XXI, todas las leyes que reconocen nuevos derechos en la Argentina estuvieron atravesadas por la oposición del clericalismo católico en particular. A veces, podemos estar de acuerdo o no, intentando imponer a toda la sociedad de manera universal una norma religiosa que pertenece únicamente a quienes profesan una fe. Pero esa es una discusión. Otra cosa es cuando caemos en la sospecha, como lo estamos haciendo ahora, de que directamente se está jugando un rol como Estado y no se trata de un debate democrático. En ese marco, espero haber evacuado la mayoría de las consultas.
SRA. PRESIDENTA MACHA Seguimos con el segundo bloque de expositores. Continúa presidiendo el diputado Yedlin.
Ocupa la Presidencia el diputado Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Muchas gracias, Mónica. Buen día a todas y a todos.
Tiene la palabra el señor Alfredo Vítolo, abogado, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos.
Tiene la palabra el señor Alfredo Vítolo, abogado, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos.
SR. VÍTOLO Muy buenos días y gracias por la invitación a exponer sobre este tema de gran trascendencia.
Los proyectos sometidos a vuestra consideración contienen graves errores jurídicos y empíricos, más allá de razones políticas que deben llevar a su rechazo.
Quisiera referirme hoy a dos de estas cuestiones jurídicas, ante conceptos erróneos que se han expuesto a lo largo de estas tres jornadas.
En primer lugar, se ha señalado que el derecho al aborto sería una exigencia del derecho internacional. Este argumento simplemente es falso. El reconocimiento expreso de derechos en textos legales cumple una finalidad trascendente: se evitan discusiones filosóficas y se facilita su respeto. Si la existencia de un derecho al aborto fuese tan clara, ¿por qué ningún tratado lo reconoce expresamente? La respuesta es muy simple, porque no hay consenso sobre este punto. Los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos no definen el comienzo de la vida. Esta omisión no fue un mero olvido. El aborto estuvo presente en los borradores y debates, y estos instrumentos internacionales se preocuparon expresamente por dejar la cuestión reservada a la discreción de los Estados.
Como señaló la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso "A, B y C contra Irlanda", para el derecho internacional sería igualmente legítimo considerar o no al no nacido como persona. O sea, no existe un derecho al aborto exigido por el derecho internacional.
No desconozco que algunos comités han intentado sostener la existencia de un derecho al aborto a partir de una interpretación expansiva de otros derechos. Así lo han expuesto en opiniones, recomendaciones y observaciones. Sin embargo, estos pronunciamientos omiten en su análisis -como si no existieran- todo argumento acerca de la naturaleza jurídica del no nacido. Por ello, no se trata de interpretaciones de buena fe de los tratados, sino de simples argumentaciones ideológico-políticas sin fundamento en derecho.
Por otra parte, como ya se ha dicho, debe reiterarse que conforme el derecho internacional, las observaciones o recomendaciones que formulan estos comités no poseen valor de norma obligatoria. De hecho, la República Argentina reiteradamente discrepa con tales observaciones, sin que ello genere consecuencia jurídica alguna. De allí que sostener que reconocer el derecho al aborto es una exigencia del derecho internacional, no resulta cierto.
La segunda cuestión a la que quiero referirme es la siguiente: ¿es posible, conforme a nuestra Constitución, reconocer un derecho a abortar? Para ello utilizaré como punto de partida la pregunta con la cual comienza la famosa sentencia "Roe contra Wade" de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Reconoce la Constitución algún nivel de vida prenatal ya que, si pudiera determinarse que el feto es persona, su derecho a la vida estaría garantizado específicamente por la Constitución? Precisamente, esta es la situación en nuestro país. Para nuestra Constitución hay niños desde la concepción. Podrá no gustarles a algunos, pero este debate ya se dio en la Argentina y esa fue la respuesta.
Coincido con lo señalado ayer por el profesor Gargarella acerca de que la Constitución se compromete expresamente solo con unos pocos valores. Sin embargo, mi discrepancia está en que el reconocimiento de la existencia de un niño desde la concepción es precisamente uno de esos valores expresos en nuestra Constitución. No surge ni de los intersticios de la Constitución ni es materia de interpretación o debate, ya que se encuentra reconocido expresamente en textos positivos con jerarquía constitucional.
En 1990, al sancionarse la ley 23.849 por la que se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, este mismo Congreso instruyó al Poder Ejecutivo para que al ratificar el tratado declarase que en la República Argentina se entiende por niño a todo ser humano desde el momento de su concepción. Esta declaración obliga, tanto en el ámbito interno como en el internacional, a respetar y a asegurar la aplicación de los derechos reconocidos en la convención a las personas por nacer y, en particular, a reconocérseles su derecho intrínseco a la vida.
Algunos expositores han señalado que la declaración formulada por este Congreso en la ley y por el Ejecutivo en el acto de ratificación del tratado no tendría ningún valor. Esto no es cierto ni conforme al derecho interno ni según el derecho internacional. La Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas señala que una declaración interpretativa precisa o clarifica el sentido o alcance atribuido a un tratado; no pretende modificarlo, sino sólo aclarar su sentido cuando existen cuestiones oscuras o no resueltas. La declaración interpretativa para el derecho internacional determina el modo como el Estado interpreta la obligación asumida e integra el tratado.
De igual modo, en derecho interno, nuestra Corte Suprema ha expresado reiteradamente que no procede descartar ninguna de las cláusulas de una ley como carentes de efectos. Por ello, no caben dudas de que la Convención sobre los Derechos del Niño debe ser interpretada en nuestro país en forma conjunta con la declaración formulada por este Congreso, lo que obliga a respetar la vida desde la concepción.
Para nuestro derecho, no se trata de un saco de células, ni de un ser que se va haciendo persona -como sostuvo ayer la profesora Herrera-; se trata ni más ni menos que de un niño, con plenos derechos. No es posible soslayar esta conclusión si se interpreta de buena fe nuestro ordenamiento y no se lo matiza según consideraciones personales.
Este principio se vio reforzado tras la reforma constitucional. Los constituyentes expresamente otorgaron jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño, luego de un prolongado debate sobre los alcances de la declaración interpretativa.
Para el ordenamiento jurídico argentino, la definición de "niño" incluye a la persona por nacer y esta definición posee jerarquía constitucional. Entonces, la ley no puede contradecirla sin violar el orden jerárquico definido en nuestra Constitución, más allá de toda preferencia personal.
Para reconocer el derecho al aborto, que para nuestro derecho no es sino la eliminación de un ser humano en beneficio de otro, sería necesario -cuanto menos- una reforma constitucional. Este es un argumento suficiente para descalificar los proyectos presentados como manifiestamente inconstitucionales.
El principio pro homine exige interpretar los derechos del modo más favorable a su vigencia.
Los proyectos sometidos a vuestra consideración contienen graves errores jurídicos y empíricos, más allá de razones políticas que deben llevar a su rechazo.
Quisiera referirme hoy a dos de estas cuestiones jurídicas, ante conceptos erróneos que se han expuesto a lo largo de estas tres jornadas.
En primer lugar, se ha señalado que el derecho al aborto sería una exigencia del derecho internacional. Este argumento simplemente es falso. El reconocimiento expreso de derechos en textos legales cumple una finalidad trascendente: se evitan discusiones filosóficas y se facilita su respeto. Si la existencia de un derecho al aborto fuese tan clara, ¿por qué ningún tratado lo reconoce expresamente? La respuesta es muy simple, porque no hay consenso sobre este punto. Los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos no definen el comienzo de la vida. Esta omisión no fue un mero olvido. El aborto estuvo presente en los borradores y debates, y estos instrumentos internacionales se preocuparon expresamente por dejar la cuestión reservada a la discreción de los Estados.
Como señaló la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso "A, B y C contra Irlanda", para el derecho internacional sería igualmente legítimo considerar o no al no nacido como persona. O sea, no existe un derecho al aborto exigido por el derecho internacional.
No desconozco que algunos comités han intentado sostener la existencia de un derecho al aborto a partir de una interpretación expansiva de otros derechos. Así lo han expuesto en opiniones, recomendaciones y observaciones. Sin embargo, estos pronunciamientos omiten en su análisis -como si no existieran- todo argumento acerca de la naturaleza jurídica del no nacido. Por ello, no se trata de interpretaciones de buena fe de los tratados, sino de simples argumentaciones ideológico-políticas sin fundamento en derecho.
Por otra parte, como ya se ha dicho, debe reiterarse que conforme el derecho internacional, las observaciones o recomendaciones que formulan estos comités no poseen valor de norma obligatoria. De hecho, la República Argentina reiteradamente discrepa con tales observaciones, sin que ello genere consecuencia jurídica alguna. De allí que sostener que reconocer el derecho al aborto es una exigencia del derecho internacional, no resulta cierto.
La segunda cuestión a la que quiero referirme es la siguiente: ¿es posible, conforme a nuestra Constitución, reconocer un derecho a abortar? Para ello utilizaré como punto de partida la pregunta con la cual comienza la famosa sentencia "Roe contra Wade" de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Reconoce la Constitución algún nivel de vida prenatal ya que, si pudiera determinarse que el feto es persona, su derecho a la vida estaría garantizado específicamente por la Constitución? Precisamente, esta es la situación en nuestro país. Para nuestra Constitución hay niños desde la concepción. Podrá no gustarles a algunos, pero este debate ya se dio en la Argentina y esa fue la respuesta.
Coincido con lo señalado ayer por el profesor Gargarella acerca de que la Constitución se compromete expresamente solo con unos pocos valores. Sin embargo, mi discrepancia está en que el reconocimiento de la existencia de un niño desde la concepción es precisamente uno de esos valores expresos en nuestra Constitución. No surge ni de los intersticios de la Constitución ni es materia de interpretación o debate, ya que se encuentra reconocido expresamente en textos positivos con jerarquía constitucional.
En 1990, al sancionarse la ley 23.849 por la que se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, este mismo Congreso instruyó al Poder Ejecutivo para que al ratificar el tratado declarase que en la República Argentina se entiende por niño a todo ser humano desde el momento de su concepción. Esta declaración obliga, tanto en el ámbito interno como en el internacional, a respetar y a asegurar la aplicación de los derechos reconocidos en la convención a las personas por nacer y, en particular, a reconocérseles su derecho intrínseco a la vida.
Algunos expositores han señalado que la declaración formulada por este Congreso en la ley y por el Ejecutivo en el acto de ratificación del tratado no tendría ningún valor. Esto no es cierto ni conforme al derecho interno ni según el derecho internacional. La Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas señala que una declaración interpretativa precisa o clarifica el sentido o alcance atribuido a un tratado; no pretende modificarlo, sino sólo aclarar su sentido cuando existen cuestiones oscuras o no resueltas. La declaración interpretativa para el derecho internacional determina el modo como el Estado interpreta la obligación asumida e integra el tratado.
De igual modo, en derecho interno, nuestra Corte Suprema ha expresado reiteradamente que no procede descartar ninguna de las cláusulas de una ley como carentes de efectos. Por ello, no caben dudas de que la Convención sobre los Derechos del Niño debe ser interpretada en nuestro país en forma conjunta con la declaración formulada por este Congreso, lo que obliga a respetar la vida desde la concepción.
Para nuestro derecho, no se trata de un saco de células, ni de un ser que se va haciendo persona -como sostuvo ayer la profesora Herrera-; se trata ni más ni menos que de un niño, con plenos derechos. No es posible soslayar esta conclusión si se interpreta de buena fe nuestro ordenamiento y no se lo matiza según consideraciones personales.
Este principio se vio reforzado tras la reforma constitucional. Los constituyentes expresamente otorgaron jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño, luego de un prolongado debate sobre los alcances de la declaración interpretativa.
Para el ordenamiento jurídico argentino, la definición de "niño" incluye a la persona por nacer y esta definición posee jerarquía constitucional. Entonces, la ley no puede contradecirla sin violar el orden jerárquico definido en nuestra Constitución, más allá de toda preferencia personal.
Para reconocer el derecho al aborto, que para nuestro derecho no es sino la eliminación de un ser humano en beneficio de otro, sería necesario -cuanto menos- una reforma constitucional. Este es un argumento suficiente para descalificar los proyectos presentados como manifiestamente inconstitucionales.
El principio pro homine exige interpretar los derechos del modo más favorable a su vigencia.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Dispone de un minuto para finalizar con su exposición.
SR. VITTOLO Por lo tanto, debe ser a favor del reconocimiento de los derechos del embrión o feto como persona humana, que es el ser más vulnerable frente a un hecho de aborto.
No son un fenómeno, como despectiva y groseramente los definió el ministro de Salud. Señor ministro, señores diputados, señoras diputadas: ellos son -biológica y constitucionalmente- seres humanos y no material de descarte, según la sola voluntad del más fuerte.
Agradezco a este plenario de comisiones la posibilidad de exponer mis ideas y quedo a disposición para responder cualquier inquietud.
No son un fenómeno, como despectiva y groseramente los definió el ministro de Salud. Señor ministro, señores diputados, señoras diputadas: ellos son -biológica y constitucionalmente- seres humanos y no material de descarte, según la sola voluntad del más fuerte.
Agradezco a este plenario de comisiones la posibilidad de exponer mis ideas y quedo a disposición para responder cualquier inquietud.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Muchas gracias, doctor.
Tiene la palabra José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas del Human Rights Watch. Anteriormente, trabajó como abogado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Organización de Estados Americanos.
Tiene la palabra José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas del Human Rights Watch. Anteriormente, trabajó como abogado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Organización de Estados Americanos.
SR. VIVANCO Muchas gracias por permitirme participar de esta audiencia en representación de Human Rights Watch.
El propósito de mi exposición es explicar por qué la legalización del aborto representa un avance fundamental para que Argentina cumpla con sus obligaciones jurídicas internacionales en el ámbito de los Derechos Humanos.
Mi presentación se centrará en tres aspectos principales. En primer lugar, quisiera compartir con ustedes las conclusiones del informe que presentamos recientemente en agosto desde Human Rights Watch, organización internacional a la que represento y que se dedica a la protección de los Derechos Humanos a nivel global desde 1978.
Este informe se refiere a las barreras para acceder al aborto legal y a la atención médica posaborto en Argentina. Nuestra investigación está basada en entrevistas a mujeres y médicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en cinco provincias del país.
Esta investigación revela que en la Argentina, la aplicación del modelo de causales vigente es mucho más restrictiva en la práctica -empíricamente en los hechos- de lo que establece el ordenamiento jurídico. Incluso, en los casos en los cuales los embarazos representan riesgo para la salud y la vida o son el resultado de violaciones sexuales -circunstancias en las cuales, como sabemos, el aborto está permitido por el artículo 86 del Código Penal argentino- a menudo mujeres y niñas enfrentan barreras abusivas para acceder a un aborto seguro.
En segundo lugar, presentaré evidencias que respaldan la necesidad de legalizar el aborto desde un enfoque de salud pública.
Por último, explicaré por qué desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, Argentina debería legalizar el aborto.
Nuestra investigación en Argentina y nuestro trabajo sobre derechos sexuales y reproductivos globalmente nos llevan a las siguientes conclusiones:
Punto uno: La penalización del aborto no evita que las personas gestantes interrumpan embarazos no deseados. Un estudio publicado este año por la prestigiosa revista médica The Lancet determinó que en países donde solo se permite el aborto para salvar la vida de una mujer embarazada, treinta y seis de cada mil mujeres abortan. En cambio, en países donde el aborto es mayormente legal, veintiséis mujeres de cada mil abortan.
La penalización del aborto empuja a que los abortos ocurran fuera del sistema de salud y clandestinamente e impiden la atención posaborto por miedo a la persecución penal.
El Instituto Guttmacher, una organización global de investigación sobre derechos reproductivos basada en los Estados Unidos, ha reportado que los abortos inseguros causan entre el 8 y el 11 por ciento de las muertes maternas a nivel global, a nivel mundial y ocurren predominantemente en países con las políticas más restrictivas para acceder al aborto.
En la práctica, el modelo de causales no asegura que en los casos permitidos por ley pueda accederse al aborto y al servicio de salud para la atención posaborto en la Argentina.
En nuestro informe documentamos que las mujeres enfrentan, por ejemplo, límites gestacionales arbitrarios impuestos por hospitales que se rehúsan a realizar el aborto en estos casos.
También deben afrontar la falta de accesibilidad y de disponibilidad de métodos abortivos y el temor a la persecución penal, así como la estigmatización y el maltrato por parte de profesionales de la salud.
En algunos casos, no existen mecanismos eficaces para derivar a mujeres a otro centro de salud cuando los profesionales de la salud invocan la conocida objeción de conciencia.
Por último, la clandestinidad afecta especialmente a las mujeres más vulnerables y, en particular, a aquellas que provienen de sectores de bajos recursos o viven en zonas rurales y a las adolescentes.
Los recursos que cada mujer o niña tenga, dónde vive e, incluso, el hospital al que habitualmente acude afectan su posibilidad de acceder a servicios de aborto seguro. De hecho, en la Argentina la cantidad de defunciones maternas por cada diez mil nacidos vivos es más elevada en varias provincias con altos índices de pobreza, como Corrientes, Chaco, Formosa o Santiago del Estero.
Legalizar el aborto es una cuestión de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, cito: "Es posible prevenir casi todos los casos de muerte o discapacidad a consecuencia de un aborto mediante la educación sexual, el uso de anticonceptivos eficaces, la práctica de abortos provocados legales y seguros y la atención a tiempo, si hay complicaciones."
De acuerdo con estimaciones del propio Ministerio de Salud, en Argentina se practican entre 371.000 y 522.000 abortos por año, en general, en condiciones inseguras.
El (Güntherhard) Institute informa que aproximadamente el 40 por ciento de las mujeres que se someten a un aborto clandestino, enfrentan complicaciones que requieren tratamiento.
"Los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación revelan que en 2016 los hospitales públicos admitieron en internación a casi 40.000 mujeres y niñas por una complicación relacionada con un aborto. En 2018, se registraron 35 muertes como consecuencia de abortos. Esa cifra representa más del 13 por ciento del total de muerte maternas ese año."
Paso a un último punto, la despenalización del aborto constituye un avance para los derechos humanos. Como he señalado, la penalización del aborto lleva a las mujeres a someterse a abortos inseguros, lo cual afecta su derecho a la vida y a la salud. Obligar a una mujer o niña a llevar adelante un embarazo en casos tales como cuando el feto es inviable o el embarazo es producto de una violación es, además, una afrenta a su dignidad y constituye un trato cruel, inhumano y degradante.
En efecto, utilizar el derecho penal para forzar a las mujeres en ciertas circunstancias a completar un embarazo, les impone deberes insoportables y abrumadores que no son exigibles en una sociedad democrática.
El propósito de mi exposición es explicar por qué la legalización del aborto representa un avance fundamental para que Argentina cumpla con sus obligaciones jurídicas internacionales en el ámbito de los Derechos Humanos.
Mi presentación se centrará en tres aspectos principales. En primer lugar, quisiera compartir con ustedes las conclusiones del informe que presentamos recientemente en agosto desde Human Rights Watch, organización internacional a la que represento y que se dedica a la protección de los Derechos Humanos a nivel global desde 1978.
Este informe se refiere a las barreras para acceder al aborto legal y a la atención médica posaborto en Argentina. Nuestra investigación está basada en entrevistas a mujeres y médicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en cinco provincias del país.
Esta investigación revela que en la Argentina, la aplicación del modelo de causales vigente es mucho más restrictiva en la práctica -empíricamente en los hechos- de lo que establece el ordenamiento jurídico. Incluso, en los casos en los cuales los embarazos representan riesgo para la salud y la vida o son el resultado de violaciones sexuales -circunstancias en las cuales, como sabemos, el aborto está permitido por el artículo 86 del Código Penal argentino- a menudo mujeres y niñas enfrentan barreras abusivas para acceder a un aborto seguro.
En segundo lugar, presentaré evidencias que respaldan la necesidad de legalizar el aborto desde un enfoque de salud pública.
Por último, explicaré por qué desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, Argentina debería legalizar el aborto.
Nuestra investigación en Argentina y nuestro trabajo sobre derechos sexuales y reproductivos globalmente nos llevan a las siguientes conclusiones:
Punto uno: La penalización del aborto no evita que las personas gestantes interrumpan embarazos no deseados. Un estudio publicado este año por la prestigiosa revista médica The Lancet determinó que en países donde solo se permite el aborto para salvar la vida de una mujer embarazada, treinta y seis de cada mil mujeres abortan. En cambio, en países donde el aborto es mayormente legal, veintiséis mujeres de cada mil abortan.
La penalización del aborto empuja a que los abortos ocurran fuera del sistema de salud y clandestinamente e impiden la atención posaborto por miedo a la persecución penal.
El Instituto Guttmacher, una organización global de investigación sobre derechos reproductivos basada en los Estados Unidos, ha reportado que los abortos inseguros causan entre el 8 y el 11 por ciento de las muertes maternas a nivel global, a nivel mundial y ocurren predominantemente en países con las políticas más restrictivas para acceder al aborto.
En la práctica, el modelo de causales no asegura que en los casos permitidos por ley pueda accederse al aborto y al servicio de salud para la atención posaborto en la Argentina.
En nuestro informe documentamos que las mujeres enfrentan, por ejemplo, límites gestacionales arbitrarios impuestos por hospitales que se rehúsan a realizar el aborto en estos casos.
También deben afrontar la falta de accesibilidad y de disponibilidad de métodos abortivos y el temor a la persecución penal, así como la estigmatización y el maltrato por parte de profesionales de la salud.
En algunos casos, no existen mecanismos eficaces para derivar a mujeres a otro centro de salud cuando los profesionales de la salud invocan la conocida objeción de conciencia.
Por último, la clandestinidad afecta especialmente a las mujeres más vulnerables y, en particular, a aquellas que provienen de sectores de bajos recursos o viven en zonas rurales y a las adolescentes.
Los recursos que cada mujer o niña tenga, dónde vive e, incluso, el hospital al que habitualmente acude afectan su posibilidad de acceder a servicios de aborto seguro. De hecho, en la Argentina la cantidad de defunciones maternas por cada diez mil nacidos vivos es más elevada en varias provincias con altos índices de pobreza, como Corrientes, Chaco, Formosa o Santiago del Estero.
Legalizar el aborto es una cuestión de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, cito: "Es posible prevenir casi todos los casos de muerte o discapacidad a consecuencia de un aborto mediante la educación sexual, el uso de anticonceptivos eficaces, la práctica de abortos provocados legales y seguros y la atención a tiempo, si hay complicaciones."
De acuerdo con estimaciones del propio Ministerio de Salud, en Argentina se practican entre 371.000 y 522.000 abortos por año, en general, en condiciones inseguras.
El (Güntherhard) Institute informa que aproximadamente el 40 por ciento de las mujeres que se someten a un aborto clandestino, enfrentan complicaciones que requieren tratamiento.
"Los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación revelan que en 2016 los hospitales públicos admitieron en internación a casi 40.000 mujeres y niñas por una complicación relacionada con un aborto. En 2018, se registraron 35 muertes como consecuencia de abortos. Esa cifra representa más del 13 por ciento del total de muerte maternas ese año."
Paso a un último punto, la despenalización del aborto constituye un avance para los derechos humanos. Como he señalado, la penalización del aborto lleva a las mujeres a someterse a abortos inseguros, lo cual afecta su derecho a la vida y a la salud. Obligar a una mujer o niña a llevar adelante un embarazo en casos tales como cuando el feto es inviable o el embarazo es producto de una violación es, además, una afrenta a su dignidad y constituye un trato cruel, inhumano y degradante.
En efecto, utilizar el derecho penal para forzar a las mujeres en ciertas circunstancias a completar un embarazo, les impone deberes insoportables y abrumadores que no son exigibles en una sociedad democrática.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Le queda un minuto.
SR. VIVANCO Por estas y otras razones, organismos internacionales encargados de interpretar los tratados internacionales ratificados por Argentina han sostenido desde hace tiempo que penalizar el aborto o restringir su acceso violan los derechos humanos de mujeres y niñas, incluidos, su derecho a la vida, la salud y a no sufrir un trato cruel, inhumano y degradante.
Quienes se oponen a la legalización del aborto, usualmente citan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 41, protege el derecho a la vida. No obstante, esta disposición no establece una regla categórica y los organismos interpretativos del sistema interamericano han sostenido que el artículo mencionado no reconoce un derecho absoluto a la vida antes del nacimiento.
En conclusión, la legalización del aborto no solo permitiría que Argentina cumpla con sus obligaciones jurídicas internacionales, protegiendo los derechos fundamentales de las personas gestantes, especialmente las más vulnerables, sino que además es un imperativo de salud pública.
Esta no es una discusión de consideraciones personales o religiosas individuales. Legalizar el aborto, no obliga a nadie a abortar. Junto con el proyecto de ley nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, que prestaría apoyo a madres en los primeros mil días del niño, la legalización del aborto aseguraría que nadie -mucho menos, quienes menos tienen-, sufra innecesariamente debido a embarazos no deseados o riesgosos para su vida. No dejemos pasar esta oportunidad de saldar una deuda histórica en la Argentina.
Quienes se oponen a la legalización del aborto, usualmente citan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 41, protege el derecho a la vida. No obstante, esta disposición no establece una regla categórica y los organismos interpretativos del sistema interamericano han sostenido que el artículo mencionado no reconoce un derecho absoluto a la vida antes del nacimiento.
En conclusión, la legalización del aborto no solo permitiría que Argentina cumpla con sus obligaciones jurídicas internacionales, protegiendo los derechos fundamentales de las personas gestantes, especialmente las más vulnerables, sino que además es un imperativo de salud pública.
Esta no es una discusión de consideraciones personales o religiosas individuales. Legalizar el aborto, no obliga a nadie a abortar. Junto con el proyecto de ley nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, que prestaría apoyo a madres en los primeros mil días del niño, la legalización del aborto aseguraría que nadie -mucho menos, quienes menos tienen-, sufra innecesariamente debido a embarazos no deseados o riesgosos para su vida. No dejemos pasar esta oportunidad de saldar una deuda histórica en la Argentina.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Tiene la palabra Inés Franck, abogada.
SRA. FRANCK Muchísimas gracias por la invitación y por la convocatoria a expresar como ciudadana argentina y miembro de distintas organizaciones algunas ideas en torno a este proyecto, que aclaro que yo sí he leído.
Tanto en esta semana, como en 2018, muchos expositores han brindado numerosas razones por la cuales se debería respetar la vida humana desde el primer momento. Me remito a esas razones porque siguen vigentes, no han cambiado. Fundamentalmente, porque no se ha modificado el hecho científico y jurídico de que estamos ante dos vidas que debemos cuidar y proteger.
Aclaro que coincido con que esto no es una discusión religiosa, desde ningún punto de vista, pero tampoco ideológica; es científica y jurídica.
Entonces, prefiero usar estos minutos para llamar la atención sobre algunos aspectos del proyecto que un lector atento puede ver asomar entre sus palabras y que les deja el sabor a que algo no se está diciendo de frente. Algo pareciera esconderse detrás de lo escrito, una cierta imposición en la que no se estaría diciendo que cuando haya vidas humanos en juego, los derechos de todos deben ser puestos sobre la mesa en cualquier discusión que los afecte y no deben ser minimizados, ninguneando como fenómeno a toda una categoría de persona.
Llamativamente, no se habla de la persona por nacer en este debate y eso es sospechoso.
El artículo 1° del proyecto tiene por objeto cumplir compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos.
¿De qué compromisos se trataría y con quién se han asumido? ¿Esos compromisos se refieren a la erradicación de las principales causas de mortalidad de las mujeres o lisa y llanamente a la legalización del aborto?
¿Qué planes existen entonces para reducir verdaderamente en sus principales causas la morbilidad y la mortalidad prevenible?
Los mismos tratados internacionales que siempre obligaron a la Argentina a cuidar la vida por nacer y a ayudar a las madres y a sus familias, son ahora los que en este mismo debate se utilizan para legalizar la posibilidad de atentar arbitrariamente contra sus vidas y sus derechos.
Una aclaración a este punto, la Convención de Belém do Pará, que está citado en el proyecto, no tiene jerarquía constitucional, como erróneamente se menciona.
El artículo 2°, se refiere a los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, mientras que nuestra legislación reconoce la existencia de las personas desde el momento de la concepción y desde ese momento hasta los 18 años de edad los denomina "niños", con una serie de derechos del más alto nivel.
¿Cómo están jugando aquí estos derechos? ¿Están jugando de alguna manera? ¿Están siendo representados o solamente los niños gozarían de algunas de esas facultades si es que tienen la suerte de pasar esa arbitraria barrera de las 14 semanas y dependiendo del modo en que cada uno de ellos haya sido concebido y de si se considera o no que su existencia pone de cualquier modo en peligro a la salud física, psíquica o social de su madre? No se los menciona en absoluto, como si su vida -ya existente comprobadamente- y sus derechos -claramente, reconocidos por el Estado argentino- pudieran reducirse a la calidad de simples fenómenos sin importancia.
El artículo 5° del proyecto establece ciertas condiciones de atención que se deben garantizar, como el consentimiento informado y que debe prevalecer la voluntad autónoma y libre de la mujer, pero se retacea obligatoriamente una parte de la información para llegar a un resultado determinadísimo.
Además, ¿de qué libertad se estaría hablando, de aquellas en las que deliberadamente y por ley se le ocultaría la totalidad de lo que está ocurriendo en su vientre? ¿De aquella libertad que empuja a la mujer a tomar una decisión que no quiere, pero es porque el Estado estuvo ausente a la hora de garantizar las condiciones económicas, laborales, sociales y educativas a las que tiene derecho, con las que el Estado se obligó efectivamente?
¿De aquella libertad que solo debe escuchar a quienes le informan y le propongan el aborto y no a quienes le digan que su bebé tiene derecho a la vida, y que se la pueda ayudar en caso de que quiera elegir tenerlo y cuidarlo?
Se habla de la ayuda que significaría el proyecto de ley sobre los Mil Días para las mujeres que quieran tener a sus hijos. ¿La verdad tenemos que creer en la voluntad política de sancionar este proyecto o más bien todas las fichas parecen estar puestas en legalizar el aborto?
Aunque se sancionara, ¿no estaría llegando tarde esa ayuda en la semana 12 cuando ya muchas mujeres han atravesado solas, sin apoyo, el momento quizás más difícil de un embarazo conflictivo en el que necesitaban tener la oportunidad y los medios reales de decidir sin presiones de ningún tipo?
Ostentosamente, se declama que el profesional de la salud que intervenga directamente de un aborto -artículo 10-, no así el resto de personas intervinientes, tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A renglón seguido, se pone una serie de exigencias para ese ejercicio: amenaza si ese derecho se ejerciera plenamente, obligación de garantizar la realización del aborto en cuestión y, finalmente, situaciones en las que no podrá ejercer la objeción de ninguna manera.
¿Qué pasará cuando por condiciones estrictamente médicas ese profesional, a lo mejor no objetor, considere que no debe hacerse un aborto? ¿Se considerará eso una dilación injustificada, pasible de sanción penal, según el artículo 14 del proyecto? ¿De quién depende la calificación de justificada o injustificada, de la ciencia médica o del funcionario de turno y de los compromisos políticos por él asumidos? ¿Irá preso ese médico? ¿Se le negará la posibilidad de ejercer la medicina en algún lugar del país? ¿Quiénes podrán entonces ejercer la medicina a partir de ahora, aquellos que se guíen por conceptos médicos y científicos o los que -por cierto miedo razonable- cedan a cuestiones políticas e ideológicas? ¿Será segura esa medicina o será solo políticamente correcta?
En síntesis, detrás de una retórica de derecho, el proyecto parece esconder lisa y llanamente una voluntad de empujar y presionar hacia el aborto, ignorando cuestiones científicas y jurídicas, así como sociológicas y psicológicas de gran parte de las mujeres argentinas, entre las que me incluyo.
Insisto en que me parece que ya se han brindado todas las argumentaciones o casi todas, al menos. Esas argumentaciones que llevaron a los representantes de nuestras provincias a rechazar apenas hace dos años un proyecto prácticamente idéntico a este. Tanto antes como ahora, masivamente en todo el país, se ha manifestado y se seguirá manifestando la ciudadanía para llamar la atención de gobernantes y políticos.
Lo que ahora sigue es cuestión de ustedes, no se dejen llevar por presiones ideológicas porque aquí no hay ideología que valga, sino que estamos frente a la primera y más fuerte evidencia en las situaciones concretas donde se juega la posibilidad de practicar un aborto. Por más que algunos se nieguen a reconocer la evidencia científica y las leyes de nuestro país, estamos frente a la problemática de dos vidas humanas, de dos personas.
Tanto en esta semana, como en 2018, muchos expositores han brindado numerosas razones por la cuales se debería respetar la vida humana desde el primer momento. Me remito a esas razones porque siguen vigentes, no han cambiado. Fundamentalmente, porque no se ha modificado el hecho científico y jurídico de que estamos ante dos vidas que debemos cuidar y proteger.
Aclaro que coincido con que esto no es una discusión religiosa, desde ningún punto de vista, pero tampoco ideológica; es científica y jurídica.
Entonces, prefiero usar estos minutos para llamar la atención sobre algunos aspectos del proyecto que un lector atento puede ver asomar entre sus palabras y que les deja el sabor a que algo no se está diciendo de frente. Algo pareciera esconderse detrás de lo escrito, una cierta imposición en la que no se estaría diciendo que cuando haya vidas humanos en juego, los derechos de todos deben ser puestos sobre la mesa en cualquier discusión que los afecte y no deben ser minimizados, ninguneando como fenómeno a toda una categoría de persona.
Llamativamente, no se habla de la persona por nacer en este debate y eso es sospechoso.
El artículo 1° del proyecto tiene por objeto cumplir compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos.
¿De qué compromisos se trataría y con quién se han asumido? ¿Esos compromisos se refieren a la erradicación de las principales causas de mortalidad de las mujeres o lisa y llanamente a la legalización del aborto?
¿Qué planes existen entonces para reducir verdaderamente en sus principales causas la morbilidad y la mortalidad prevenible?
Los mismos tratados internacionales que siempre obligaron a la Argentina a cuidar la vida por nacer y a ayudar a las madres y a sus familias, son ahora los que en este mismo debate se utilizan para legalizar la posibilidad de atentar arbitrariamente contra sus vidas y sus derechos.
Una aclaración a este punto, la Convención de Belém do Pará, que está citado en el proyecto, no tiene jerarquía constitucional, como erróneamente se menciona.
El artículo 2°, se refiere a los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, mientras que nuestra legislación reconoce la existencia de las personas desde el momento de la concepción y desde ese momento hasta los 18 años de edad los denomina "niños", con una serie de derechos del más alto nivel.
¿Cómo están jugando aquí estos derechos? ¿Están jugando de alguna manera? ¿Están siendo representados o solamente los niños gozarían de algunas de esas facultades si es que tienen la suerte de pasar esa arbitraria barrera de las 14 semanas y dependiendo del modo en que cada uno de ellos haya sido concebido y de si se considera o no que su existencia pone de cualquier modo en peligro a la salud física, psíquica o social de su madre? No se los menciona en absoluto, como si su vida -ya existente comprobadamente- y sus derechos -claramente, reconocidos por el Estado argentino- pudieran reducirse a la calidad de simples fenómenos sin importancia.
El artículo 5° del proyecto establece ciertas condiciones de atención que se deben garantizar, como el consentimiento informado y que debe prevalecer la voluntad autónoma y libre de la mujer, pero se retacea obligatoriamente una parte de la información para llegar a un resultado determinadísimo.
Además, ¿de qué libertad se estaría hablando, de aquellas en las que deliberadamente y por ley se le ocultaría la totalidad de lo que está ocurriendo en su vientre? ¿De aquella libertad que empuja a la mujer a tomar una decisión que no quiere, pero es porque el Estado estuvo ausente a la hora de garantizar las condiciones económicas, laborales, sociales y educativas a las que tiene derecho, con las que el Estado se obligó efectivamente?
¿De aquella libertad que solo debe escuchar a quienes le informan y le propongan el aborto y no a quienes le digan que su bebé tiene derecho a la vida, y que se la pueda ayudar en caso de que quiera elegir tenerlo y cuidarlo?
Se habla de la ayuda que significaría el proyecto de ley sobre los Mil Días para las mujeres que quieran tener a sus hijos. ¿La verdad tenemos que creer en la voluntad política de sancionar este proyecto o más bien todas las fichas parecen estar puestas en legalizar el aborto?
Aunque se sancionara, ¿no estaría llegando tarde esa ayuda en la semana 12 cuando ya muchas mujeres han atravesado solas, sin apoyo, el momento quizás más difícil de un embarazo conflictivo en el que necesitaban tener la oportunidad y los medios reales de decidir sin presiones de ningún tipo?
Ostentosamente, se declama que el profesional de la salud que intervenga directamente de un aborto -artículo 10-, no así el resto de personas intervinientes, tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A renglón seguido, se pone una serie de exigencias para ese ejercicio: amenaza si ese derecho se ejerciera plenamente, obligación de garantizar la realización del aborto en cuestión y, finalmente, situaciones en las que no podrá ejercer la objeción de ninguna manera.
¿Qué pasará cuando por condiciones estrictamente médicas ese profesional, a lo mejor no objetor, considere que no debe hacerse un aborto? ¿Se considerará eso una dilación injustificada, pasible de sanción penal, según el artículo 14 del proyecto? ¿De quién depende la calificación de justificada o injustificada, de la ciencia médica o del funcionario de turno y de los compromisos políticos por él asumidos? ¿Irá preso ese médico? ¿Se le negará la posibilidad de ejercer la medicina en algún lugar del país? ¿Quiénes podrán entonces ejercer la medicina a partir de ahora, aquellos que se guíen por conceptos médicos y científicos o los que -por cierto miedo razonable- cedan a cuestiones políticas e ideológicas? ¿Será segura esa medicina o será solo políticamente correcta?
En síntesis, detrás de una retórica de derecho, el proyecto parece esconder lisa y llanamente una voluntad de empujar y presionar hacia el aborto, ignorando cuestiones científicas y jurídicas, así como sociológicas y psicológicas de gran parte de las mujeres argentinas, entre las que me incluyo.
Insisto en que me parece que ya se han brindado todas las argumentaciones o casi todas, al menos. Esas argumentaciones que llevaron a los representantes de nuestras provincias a rechazar apenas hace dos años un proyecto prácticamente idéntico a este. Tanto antes como ahora, masivamente en todo el país, se ha manifestado y se seguirá manifestando la ciudadanía para llamar la atención de gobernantes y políticos.
Lo que ahora sigue es cuestión de ustedes, no se dejen llevar por presiones ideológicas porque aquí no hay ideología que valga, sino que estamos frente a la primera y más fuerte evidencia en las situaciones concretas donde se juega la posibilidad de practicar un aborto. Por más que algunos se nieguen a reconocer la evidencia científica y las leyes de nuestro país, estamos frente a la problemática de dos vidas humanas, de dos personas.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Inés, le queda un minuto.
SRA. FRANCK Ojalá eso tenga su peso en la decisión legislativa. Muchos argentinos y argentinas los estamos mirando en este momento. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Muchas gracias, Inés.
Tiene la palabra Lucy Grimalt, responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Entre Ríos.
Tiene la palabra Lucy Grimalt, responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Entre Ríos.
SRA. GRIMALT Muchas gracias por esta invitación. Es un honor estar en este momento participando de este debate y agradezco a la diputada Carolina Gaillard por esta invitación.
Soy Lucy Grimalt, vengo de Entre Ríos. Hoy soy la responsable del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, del Ministerio de Salud. Santafesina de alma, entrerriana en el corazón. Soy feminista e integro la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
¿Por qué hay que legalizar la interrupción voluntaria del embarazo? Para responder quiero contarles cómo el sistema de salud en Entre Ríos fue tomando conciencia de que la interrupción del embarazo por causales es legal desde el año 1921. Fue un proceso lento y largo para instaurar la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar, con perspectiva de género y derecho.
Fue imprescindible primero la lucha organizada de las mujeres para instalar en la agenda pública el reclamo de respetar sus derechos sexuales y reproductivos. Desde 2003, primero fue el acceso a los métodos anticonceptivos; luego, la contracepción quirúrgica, acompañado con las consejerías de Salud Sexual Integral que hacen foco en hablar de la sexualidad de las personas, y siempre en voz baja estaba la interrupción.
Estaban las mujeres solas intentando resolver su desesperación frente a un embarazo no deseado. Así lo llamábamos en esas épocas. Pero ya estaba instalado el grave problema de las muertes maternas por aborto, porque en salud nunca se negó que esas muertes eran y son evitables.
En los últimos años, comienzan a realizar ILE profesionales desde la perspectiva que el fallo FAL de la Corte Suprema de la Nación había recomendado. Todo comienza a cambiar cuando el Estado provincial define ajustarse a derecho al adherir al Protocolo ILE del año 2015, en una histórica resolución de la actual ministra de Salud, Sonia Velázquez, en el año 2017.
En Entre Ríos este proceso de toma de conciencia del sistema de salud para garantizar la interrupción del embarazo por causales de acuerdo al artículo 86 del Código Penal empieza a tomar volumen a partir de la incorporación de profesionales jóvenes, en su mayoría mujeres, médicas obstétricas, psicólogas y trabajadoras sociales.
El impacto del debate del 2018 tuvo una gran repercusión hacia el interior del sector de la salud. En el primer nivel de atención se constituyen, en el primer trimestre, equipos interdisciplinarios que realizan ILE de forma medicamentosa y ambulatoria y, en el segundo trimestre, principalmente en hospitales.
Ahora, ¿estamos hablando de todos los efectores? No, hablamos sólo de algunos porque no obligamos a los profesionales ya que entendemos que hay que deconstruir todos los prejuicios y mitos. Por eso se realizan jornadas de sensibilización y cursos de capacitación sobre el protocolo ILE. El plan que tiene en su cuarto objetivo la aplicación de los protocolos frente a situaciones de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes y del protocolo ILE es una herramienta fundamental.
Me detengo porque este 2020 la pandemia puso a prueba la respuesta sanitaria. Esta fue una oportunidad para fortalecer la red de atención de la interrupción legal del embarazo por causales, porque se incorporaron hospitales y varios efectores de primer nivel con equipos que trabajaron siguiendo las pautas del protocolo ILE. La consejería es una parte constituyente de la atención cuando se recibe a las mujeres que solicitan esta práctica médica. La falta de transporte interprovincial fue un problema a resolver, pero el entendimiento de que hay que garantizar un derecho posibilitó diferentes soluciones con la colaboración y predisposición de organismos de salud provinciales y municipales.
Desde el 2019 comenzamos a registrar las interrupciones legales de embarazos por causales siguiendo los criterios unificados que establece la Nación. Esto nos permite contar con datos más certeros. En Entre Ríos, por ejemplo, en el transcurso de este año observamos que no son las adolescentes las que más solicitan la ILE, sino las mujeres mayores de 20 años. Se han realizado aproximadamente 600 interrupciones en efectores públicos estatales.
Aquí es importante hablar de las debilidades del sistema de salud. Hay médicos y médicas que no fueron formados en la Academia en el marco del derecho sobre el aborto no punible. Ellos, junto a otros profesionales de la salud, anteponen sus creencias personales en la implementación del protocolo ILE.
Por otro lado, hay una persistencia del modelo médico hegemónico que aún sostiene un lugar pasivo y receptor del saber médico a las mujeres sanas que acuden a una consulta en salud porque han decidido interrumpir el embarazo. A partir de este año desde la Dirección de Salud Materno Infantojuvenil se comenzó a implementar la hoja de ruta en la atención en los embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años con dos indicaciones primarias que determinarán la calidad en la atención: primero, indagar si el embarazo deriva de una situación de abuso sexual y, segundo, realizar la consejería sin opciones.
Hoy podemos decir que se aplica el protocolo provincial sobre atención en situaciones de abuso sexual, pero aún contamos con una debilidad en el sistema de salud como son las escasas consejerías en opciones. Por esa razón, en Entre Ríos también en este 2020 hay adolescentes menores de 15 años que no tuvieron la oportunidad en las primeras semanas del embarazo de contar con la información necesaria sobre el derecho a decidir la interrupción dentro de las causales vigentes.
Volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué legalizar la interrupción voluntaria del embarazo? Porque a pesar de la legislación vigente y de las políticas implementadas la falencia descrita nos demuestra que sea necesario despejar todas las dudas y dejar de cuestionar a las mujeres y personas con capacidades de gestar que definen la interrupción. La ley debe ser clara y concreta sobre este tema. Si ocultamos que el aborto existe, si negamos que es una decisión autónoma de las mujeres, si negamos la atención a una mujer que solicita interrupción, entonces tenemos que saber que no existe acceso real a la salud de las mujeres.
Señores diputados y diputadas: en mi provincia por adopción, Entre Ríos, saludamos que el Poder Ejecutivo nacional haya tomado como base la discusión mayúscula y democrática de 2018, porque propone una mirada integral a la salud reproductiva y no reproductiva al presentar dos leyes en tándem. Una, la ley de mil días que refleja el trabajo que desde hace más de una década se realiza en materia sanitaria protegiendo a la mujer embarazada. La otra, es la propuesta de regular la interrupción de un embarazo porque asume la obligación de garantizar todos los mecanismos que en materia de salud la ciencia ha dispuesto para que ninguna mujer esté desprotegida frente a un embarazo tanto si decide continuarlo como si decide interrumpirlo.
Van a legislar un futuro donde la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar esté plenamente garantizada; van a legislar para que la salud reproductiva y no reproductiva sea por fin una realidad y no una utopía.
Para finalizar, quiero agradecer especialmente a cada profesional de la salud de Entre Ríos que está garantizando derechos y como me dijo una joven médica este sábado pasado "sólo cumplo con mi trabajo". Se trata de una actitud que resume humildad, profesionalismo, respeto por las leyes y trato humanizado. Muchas gracias.
Soy Lucy Grimalt, vengo de Entre Ríos. Hoy soy la responsable del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, del Ministerio de Salud. Santafesina de alma, entrerriana en el corazón. Soy feminista e integro la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
¿Por qué hay que legalizar la interrupción voluntaria del embarazo? Para responder quiero contarles cómo el sistema de salud en Entre Ríos fue tomando conciencia de que la interrupción del embarazo por causales es legal desde el año 1921. Fue un proceso lento y largo para instaurar la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar, con perspectiva de género y derecho.
Fue imprescindible primero la lucha organizada de las mujeres para instalar en la agenda pública el reclamo de respetar sus derechos sexuales y reproductivos. Desde 2003, primero fue el acceso a los métodos anticonceptivos; luego, la contracepción quirúrgica, acompañado con las consejerías de Salud Sexual Integral que hacen foco en hablar de la sexualidad de las personas, y siempre en voz baja estaba la interrupción.
Estaban las mujeres solas intentando resolver su desesperación frente a un embarazo no deseado. Así lo llamábamos en esas épocas. Pero ya estaba instalado el grave problema de las muertes maternas por aborto, porque en salud nunca se negó que esas muertes eran y son evitables.
En los últimos años, comienzan a realizar ILE profesionales desde la perspectiva que el fallo FAL de la Corte Suprema de la Nación había recomendado. Todo comienza a cambiar cuando el Estado provincial define ajustarse a derecho al adherir al Protocolo ILE del año 2015, en una histórica resolución de la actual ministra de Salud, Sonia Velázquez, en el año 2017.
En Entre Ríos este proceso de toma de conciencia del sistema de salud para garantizar la interrupción del embarazo por causales de acuerdo al artículo 86 del Código Penal empieza a tomar volumen a partir de la incorporación de profesionales jóvenes, en su mayoría mujeres, médicas obstétricas, psicólogas y trabajadoras sociales.
El impacto del debate del 2018 tuvo una gran repercusión hacia el interior del sector de la salud. En el primer nivel de atención se constituyen, en el primer trimestre, equipos interdisciplinarios que realizan ILE de forma medicamentosa y ambulatoria y, en el segundo trimestre, principalmente en hospitales.
Ahora, ¿estamos hablando de todos los efectores? No, hablamos sólo de algunos porque no obligamos a los profesionales ya que entendemos que hay que deconstruir todos los prejuicios y mitos. Por eso se realizan jornadas de sensibilización y cursos de capacitación sobre el protocolo ILE. El plan que tiene en su cuarto objetivo la aplicación de los protocolos frente a situaciones de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes y del protocolo ILE es una herramienta fundamental.
Me detengo porque este 2020 la pandemia puso a prueba la respuesta sanitaria. Esta fue una oportunidad para fortalecer la red de atención de la interrupción legal del embarazo por causales, porque se incorporaron hospitales y varios efectores de primer nivel con equipos que trabajaron siguiendo las pautas del protocolo ILE. La consejería es una parte constituyente de la atención cuando se recibe a las mujeres que solicitan esta práctica médica. La falta de transporte interprovincial fue un problema a resolver, pero el entendimiento de que hay que garantizar un derecho posibilitó diferentes soluciones con la colaboración y predisposición de organismos de salud provinciales y municipales.
Desde el 2019 comenzamos a registrar las interrupciones legales de embarazos por causales siguiendo los criterios unificados que establece la Nación. Esto nos permite contar con datos más certeros. En Entre Ríos, por ejemplo, en el transcurso de este año observamos que no son las adolescentes las que más solicitan la ILE, sino las mujeres mayores de 20 años. Se han realizado aproximadamente 600 interrupciones en efectores públicos estatales.
Aquí es importante hablar de las debilidades del sistema de salud. Hay médicos y médicas que no fueron formados en la Academia en el marco del derecho sobre el aborto no punible. Ellos, junto a otros profesionales de la salud, anteponen sus creencias personales en la implementación del protocolo ILE.
Por otro lado, hay una persistencia del modelo médico hegemónico que aún sostiene un lugar pasivo y receptor del saber médico a las mujeres sanas que acuden a una consulta en salud porque han decidido interrumpir el embarazo. A partir de este año desde la Dirección de Salud Materno Infantojuvenil se comenzó a implementar la hoja de ruta en la atención en los embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años con dos indicaciones primarias que determinarán la calidad en la atención: primero, indagar si el embarazo deriva de una situación de abuso sexual y, segundo, realizar la consejería sin opciones.
Hoy podemos decir que se aplica el protocolo provincial sobre atención en situaciones de abuso sexual, pero aún contamos con una debilidad en el sistema de salud como son las escasas consejerías en opciones. Por esa razón, en Entre Ríos también en este 2020 hay adolescentes menores de 15 años que no tuvieron la oportunidad en las primeras semanas del embarazo de contar con la información necesaria sobre el derecho a decidir la interrupción dentro de las causales vigentes.
Volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué legalizar la interrupción voluntaria del embarazo? Porque a pesar de la legislación vigente y de las políticas implementadas la falencia descrita nos demuestra que sea necesario despejar todas las dudas y dejar de cuestionar a las mujeres y personas con capacidades de gestar que definen la interrupción. La ley debe ser clara y concreta sobre este tema. Si ocultamos que el aborto existe, si negamos que es una decisión autónoma de las mujeres, si negamos la atención a una mujer que solicita interrupción, entonces tenemos que saber que no existe acceso real a la salud de las mujeres.
Señores diputados y diputadas: en mi provincia por adopción, Entre Ríos, saludamos que el Poder Ejecutivo nacional haya tomado como base la discusión mayúscula y democrática de 2018, porque propone una mirada integral a la salud reproductiva y no reproductiva al presentar dos leyes en tándem. Una, la ley de mil días que refleja el trabajo que desde hace más de una década se realiza en materia sanitaria protegiendo a la mujer embarazada. La otra, es la propuesta de regular la interrupción de un embarazo porque asume la obligación de garantizar todos los mecanismos que en materia de salud la ciencia ha dispuesto para que ninguna mujer esté desprotegida frente a un embarazo tanto si decide continuarlo como si decide interrumpirlo.
Van a legislar un futuro donde la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar esté plenamente garantizada; van a legislar para que la salud reproductiva y no reproductiva sea por fin una realidad y no una utopía.
Para finalizar, quiero agradecer especialmente a cada profesional de la salud de Entre Ríos que está garantizando derechos y como me dijo una joven médica este sábado pasado "sólo cumplo con mi trabajo". Se trata de una actitud que resume humildad, profesionalismo, respeto por las leyes y trato humanizado. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Muchísimas gracias.
A continuación, cederé la palabra a la última expositora de hoy a la mañana, la señora Mármora. Recuerdo a los diputados que elaboren las preguntas que la envíen a través del chat porque después de esta exposición pasaremos a leerlas.
Tiene la palabra la señora Mármora, abogada, periodista y vocera del Frente Joven.
A continuación, cederé la palabra a la última expositora de hoy a la mañana, la señora Mármora. Recuerdo a los diputados que elaboren las preguntas que la envíen a través del chat porque después de esta exposición pasaremos a leerlas.
Tiene la palabra la señora Mármora, abogada, periodista y vocera del Frente Joven.
SRA. MÁRMORA Señor presidente: buenos días a todos los señores diputados. Gracias a las autoridades de las comisiones de este plenario por convocarme a este debate. Le deseo feliz día a los médicos en su día especialmente a quienes recuerdan su juramento hipocrático y hoy son amenazados por esta iniciativa que estamos discutiendo. Se trata de una iniciativa que pone en juego el derecho fundamental a la vida.
Haré un análisis breve y constitucional de su razonabilidad. Es un método que utilizan diversos tribunales para concluir si la ley es razonable y por tanto constitucional o si altera el contenido esencial de los derechos que regula y, entonces, viola el artículo 28 afecta la Constitución haciéndola inconstitucional.
El primer paso sería entender cuál es el fin de este proyecto. Esta iniciativa busca crear un falso derecho al aborto, es decir, un derecho al descarte selectivo de seres humanos. Esto incluye la promoción de este derecho en donde el Estado lo ofrece como opción real y preferible. Por ejemplo, el inciso e) del artículo 5 dispone que el personal de salud y las autoridades públicas tienen la obligación de suministrar información sobre el aborto incluso si no hay una solicitud explícita. Este derecho al aborto implica obviamente la posibilidad de decidir selectivamente sobre seres humanos por deseos, como se ha dicho ayer y como ha dicho la doctora Marisa Herrera, desde el comienzo de la etapa uterina hasta el final del embarazo.
El fin real de este proyecto no es regular ninguna tragedia a pesar de lo que se dice sino más bien promover el aborto libre y por causales tan amplias que se puede hacer en cualquier momento del embarazo. Repito: se puede abortar en cualquier momento del embarazo.
Esta finalidad también puede verse también en otro punto. Esta norma se dicta en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino como dice en su artículo 1º, pero en realidad se trata de recomendaciones y opiniones de organismos internacionales con una agenda claramente a favor del aborto y que no son obligatorios de acuerdo a las fuentes del derecho internacional.
Una vez enunciado ese fin, preguntémonos si es legítimo. El fin no es legítimo porque crea una categoría nueva de personas. En Argentina hablaremos de personas deseadas o no deseadas, que quedarán a libre disposición de un tercero. ¿Es legítimo discriminar entre bebés deseados y no deseados? ¿Es legítimo llamarlos fenómenos como lo ha hecho el ministro de Salud?
Todo el ordenamiento constitucional argentino, que además se derrama sobre todas las normas intraconstitucionales, responde a esta cuestión con una negativa. Grandes maestros de nuestro ordenamiento jurídico -a quienes yo admiro- han expuesto aquí lo obvio: nuestra Constitución protege el derecho a la vida en varios artículos. Además, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, el artículo 75 inciso 22), nuestro Código Civil y Comercial han definido la existencia de las personas desde la concepción. No existe ningún tratado de derecho internacional que obligue a nuestro país a legalizar el descarte selectivo de seres humanos.
Cualquier opinión sobre esto de un ente internacional es simplemente soft law, que contradice el hard law, es decir, el texto de los tratados que es el primer elemento de interpretación según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Si este fin fuera legítimo, podemos preguntarnos si los medios elegidos por esta norma son idóneos o eficaces para lograrlo. Se busca el aborto seguro, pero se ha eliminado el agravante por muerte de la mujer en ocasión de aborto consentido, incluso si el aborto es clandestino que, como han dicho, es lo que quieren combatir. También se ha eliminado la necesidad de que intervenga un médico, porque se permite practicar un aborto a cualquier persona. Por lo tanto, en este punto la ley no tiene medidas que lleven a su fin. Hay un doble motivo de irrazonabilidad de la norma en cuanto a la existencia del medio que busca para su fin. También debemos preguntarnos si estas medidas instrumentadas son las más eficientes o hay otras alternativas más convenientes a la finalidad buscada.
Dicen que el aborto ayudaría a resolver el problema de la mortalidad materna. Sin embargo hemos escuchado exposiciones como la de María Elena Critto donde vemos la experiencia en países de la región. Chile ha tenido una de las tasas de mortalidad materna más bajas de la región con una de las leyes más restrictivas del aborto. ¿Cómo lo hizo? Con políticas públicas que acá no se discuten: mejor educación, detección temprana de los embarazos y preparación del sistema sanitario.
En este punto ofrecer el aborto incluso a quien no lo pide -como establece el artículo 5 inciso e) de la norma en debate- refleja las reales intenciones del proyecto: permitir el desecho de niños por nacer no deseados planteando una falta dialéctica hipócrita que nos obliga a elegir entre si vale o no una vida.
También dicen que no obligarán a nadie a abortar ni a hacer abortos. Sin embargo, persiguen a quienes intentan demostrar que hay opciones más humanas que protejan y salven las dos vidas. ¿Para asegurar la realización de los abortos, sería justo obligar a nuestros médicos por medio de esta ley con una objeción de conciencia totalmente restrictiva y contradictoria?
Por último, sobre la proporcionalidad de esta norma, ¿existe una adecuada relación entre los costos de las medidas y los beneficios supuestos que reporta? Descartar una vida para salvar otra es un planteo absurdo y violatorio de los derechos humanos fundamentales, del derecho a la vida de los niños por nacer, de las mujeres y también del derecho a la salud de ambos porque aborto no es salud ni vida, señores diputados, es algo por lo que ninguna de nosotras quiere ni debe pasar.
Por eso necesitamos un Estado que combata y no que fomente los abortos. ¿Qué beneficios trae a la sociedad proponer el fracaso social de un Estado que no acompaña, que no abandona y que empuja al descarte humano por deseos? ¿Luego de cuántos abortos terminaremos con los dramas que esconde? Abusos, falta de políticas públicas de educación de calidad y un sistema sanitario que no contiene.
Necesitamos un sistema sanitario que no nos abandone queriendo tener a nuestros hijos. ¿Cuántas "Chiaras Páez" necesitamos para que este "Ni una menos" sea real y dejen de matar a las mujeres por no querer abortar?
Estamos discutiendo esta norma un 3 de diciembre del año que se ha llevado más de 39 mil muertes, un país con más del 49 por ciento de pobreza y con más del 63 por ciento de pobreza infantil. Hay casos dolorosos como el de María Rosa y Aylén, una mujer de la villa 31 con un embarazo de una niña por nacer de 38 semanas a quien el sistema sanitario la abandonó causándole su muerte y la de su hija.
Señores diputados: ¿cuánto falta para que vean que nos estamos muriendo al parir a nuestros hijos en el hospital? ¿Cuántas veces hay que movilizar a la sociedad para que demuestre que somos la gran mayoría que defiende las dos vidas y que exige políticas públicas efectivas que las preserven y las protejan? No hay proporción en el esfuerzo que está poniendo el Estado en lograr más abortos con el problema que busca remediar. No hay proporción en las penas que impone a los médicos y al personal de salud. No hay proporción en su regulación restrictiva e inconstitucional de la objeción de conciencia.
¿Cuáles son los beneficios de los abortos financiados por un Estado promotor del descarte? Dicho sea de paso, tampoco estuvieron dispuestos a discutir parlamentariamente el proyecto y por ende no lo giraron a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El costo de esta iniciativa es la muerte segura de seres humanos en una de sus etapas de desarrollo, la más indefensa.
La ley es inconstitucional por irrazonable porque sus medios son desproporcionados. Esto además generará muchos juicios como lo ha advertido el doctor preopinante. Además, se conculca la libertad de pensamiento, de religión, de conciencia y el derecho a asociarse.
Hay más: el 28 de noviembre pasado más de (inaudible) ciudades de nuestro país se lo exigieron. He visto la foto de la comunidad Wichi en El Potrillo, Formosa, donde las mujeres pidieron que dejen de hablar en su nombre.
He visto a mis compañeras, las mujeres fuertes de la villa 31, exigir soluciones reales y reclamar justicia por María Rosa y Aylén. Vi a los jóvenes de (Montecastro), en Corrientes, caminando en medio del agua exigiendo respeto a la vida. Cada día veo jóvenes a lo largo y a lo ancho de todo el país comprometidos por construir una sociedad más digna, que ha salido en este tiempo tan difícil a ayudar a los más vulnerables.
Señores diputados y diputadas: pongan el foco donde deben ponerlo, no condenen a nuestra Nación al descarte por deseos. Ustedes pueden transformar la historia y hagan lo que hay que hacer: legislen para todos los argentinos porque ninguna vida vale más que la otra.
Lo dejamos claro en 2018 y este año lo volveremos a hacer. Muchas gracias.
Haré un análisis breve y constitucional de su razonabilidad. Es un método que utilizan diversos tribunales para concluir si la ley es razonable y por tanto constitucional o si altera el contenido esencial de los derechos que regula y, entonces, viola el artículo 28 afecta la Constitución haciéndola inconstitucional.
El primer paso sería entender cuál es el fin de este proyecto. Esta iniciativa busca crear un falso derecho al aborto, es decir, un derecho al descarte selectivo de seres humanos. Esto incluye la promoción de este derecho en donde el Estado lo ofrece como opción real y preferible. Por ejemplo, el inciso e) del artículo 5 dispone que el personal de salud y las autoridades públicas tienen la obligación de suministrar información sobre el aborto incluso si no hay una solicitud explícita. Este derecho al aborto implica obviamente la posibilidad de decidir selectivamente sobre seres humanos por deseos, como se ha dicho ayer y como ha dicho la doctora Marisa Herrera, desde el comienzo de la etapa uterina hasta el final del embarazo.
El fin real de este proyecto no es regular ninguna tragedia a pesar de lo que se dice sino más bien promover el aborto libre y por causales tan amplias que se puede hacer en cualquier momento del embarazo. Repito: se puede abortar en cualquier momento del embarazo.
Esta finalidad también puede verse también en otro punto. Esta norma se dicta en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino como dice en su artículo 1º, pero en realidad se trata de recomendaciones y opiniones de organismos internacionales con una agenda claramente a favor del aborto y que no son obligatorios de acuerdo a las fuentes del derecho internacional.
Una vez enunciado ese fin, preguntémonos si es legítimo. El fin no es legítimo porque crea una categoría nueva de personas. En Argentina hablaremos de personas deseadas o no deseadas, que quedarán a libre disposición de un tercero. ¿Es legítimo discriminar entre bebés deseados y no deseados? ¿Es legítimo llamarlos fenómenos como lo ha hecho el ministro de Salud?
Todo el ordenamiento constitucional argentino, que además se derrama sobre todas las normas intraconstitucionales, responde a esta cuestión con una negativa. Grandes maestros de nuestro ordenamiento jurídico -a quienes yo admiro- han expuesto aquí lo obvio: nuestra Constitución protege el derecho a la vida en varios artículos. Además, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, el artículo 75 inciso 22), nuestro Código Civil y Comercial han definido la existencia de las personas desde la concepción. No existe ningún tratado de derecho internacional que obligue a nuestro país a legalizar el descarte selectivo de seres humanos.
Cualquier opinión sobre esto de un ente internacional es simplemente soft law, que contradice el hard law, es decir, el texto de los tratados que es el primer elemento de interpretación según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Si este fin fuera legítimo, podemos preguntarnos si los medios elegidos por esta norma son idóneos o eficaces para lograrlo. Se busca el aborto seguro, pero se ha eliminado el agravante por muerte de la mujer en ocasión de aborto consentido, incluso si el aborto es clandestino que, como han dicho, es lo que quieren combatir. También se ha eliminado la necesidad de que intervenga un médico, porque se permite practicar un aborto a cualquier persona. Por lo tanto, en este punto la ley no tiene medidas que lleven a su fin. Hay un doble motivo de irrazonabilidad de la norma en cuanto a la existencia del medio que busca para su fin. También debemos preguntarnos si estas medidas instrumentadas son las más eficientes o hay otras alternativas más convenientes a la finalidad buscada.
Dicen que el aborto ayudaría a resolver el problema de la mortalidad materna. Sin embargo hemos escuchado exposiciones como la de María Elena Critto donde vemos la experiencia en países de la región. Chile ha tenido una de las tasas de mortalidad materna más bajas de la región con una de las leyes más restrictivas del aborto. ¿Cómo lo hizo? Con políticas públicas que acá no se discuten: mejor educación, detección temprana de los embarazos y preparación del sistema sanitario.
En este punto ofrecer el aborto incluso a quien no lo pide -como establece el artículo 5 inciso e) de la norma en debate- refleja las reales intenciones del proyecto: permitir el desecho de niños por nacer no deseados planteando una falta dialéctica hipócrita que nos obliga a elegir entre si vale o no una vida.
También dicen que no obligarán a nadie a abortar ni a hacer abortos. Sin embargo, persiguen a quienes intentan demostrar que hay opciones más humanas que protejan y salven las dos vidas. ¿Para asegurar la realización de los abortos, sería justo obligar a nuestros médicos por medio de esta ley con una objeción de conciencia totalmente restrictiva y contradictoria?
Por último, sobre la proporcionalidad de esta norma, ¿existe una adecuada relación entre los costos de las medidas y los beneficios supuestos que reporta? Descartar una vida para salvar otra es un planteo absurdo y violatorio de los derechos humanos fundamentales, del derecho a la vida de los niños por nacer, de las mujeres y también del derecho a la salud de ambos porque aborto no es salud ni vida, señores diputados, es algo por lo que ninguna de nosotras quiere ni debe pasar.
Por eso necesitamos un Estado que combata y no que fomente los abortos. ¿Qué beneficios trae a la sociedad proponer el fracaso social de un Estado que no acompaña, que no abandona y que empuja al descarte humano por deseos? ¿Luego de cuántos abortos terminaremos con los dramas que esconde? Abusos, falta de políticas públicas de educación de calidad y un sistema sanitario que no contiene.
Necesitamos un sistema sanitario que no nos abandone queriendo tener a nuestros hijos. ¿Cuántas "Chiaras Páez" necesitamos para que este "Ni una menos" sea real y dejen de matar a las mujeres por no querer abortar?
Estamos discutiendo esta norma un 3 de diciembre del año que se ha llevado más de 39 mil muertes, un país con más del 49 por ciento de pobreza y con más del 63 por ciento de pobreza infantil. Hay casos dolorosos como el de María Rosa y Aylén, una mujer de la villa 31 con un embarazo de una niña por nacer de 38 semanas a quien el sistema sanitario la abandonó causándole su muerte y la de su hija.
Señores diputados: ¿cuánto falta para que vean que nos estamos muriendo al parir a nuestros hijos en el hospital? ¿Cuántas veces hay que movilizar a la sociedad para que demuestre que somos la gran mayoría que defiende las dos vidas y que exige políticas públicas efectivas que las preserven y las protejan? No hay proporción en el esfuerzo que está poniendo el Estado en lograr más abortos con el problema que busca remediar. No hay proporción en las penas que impone a los médicos y al personal de salud. No hay proporción en su regulación restrictiva e inconstitucional de la objeción de conciencia.
¿Cuáles son los beneficios de los abortos financiados por un Estado promotor del descarte? Dicho sea de paso, tampoco estuvieron dispuestos a discutir parlamentariamente el proyecto y por ende no lo giraron a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El costo de esta iniciativa es la muerte segura de seres humanos en una de sus etapas de desarrollo, la más indefensa.
La ley es inconstitucional por irrazonable porque sus medios son desproporcionados. Esto además generará muchos juicios como lo ha advertido el doctor preopinante. Además, se conculca la libertad de pensamiento, de religión, de conciencia y el derecho a asociarse.
Hay más: el 28 de noviembre pasado más de (inaudible) ciudades de nuestro país se lo exigieron. He visto la foto de la comunidad Wichi en El Potrillo, Formosa, donde las mujeres pidieron que dejen de hablar en su nombre.
He visto a mis compañeras, las mujeres fuertes de la villa 31, exigir soluciones reales y reclamar justicia por María Rosa y Aylén. Vi a los jóvenes de (Montecastro), en Corrientes, caminando en medio del agua exigiendo respeto a la vida. Cada día veo jóvenes a lo largo y a lo ancho de todo el país comprometidos por construir una sociedad más digna, que ha salido en este tiempo tan difícil a ayudar a los más vulnerables.
Señores diputados y diputadas: pongan el foco donde deben ponerlo, no condenen a nuestra Nación al descarte por deseos. Ustedes pueden transformar la historia y hagan lo que hay que hacer: legislen para todos los argentinos porque ninguna vida vale más que la otra.
Lo dejamos claro en 2018 y este año lo volveremos a hacer. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Muchas gracias.
Pasamos a la ronda de preguntas. Hay muchas preguntas e intentaré leer todas. Las otras llegarán por mail y serán contestadas por esta misma vía.
Haré varias preguntas a cada uno y, si las anotan, facilitarán las respuestas.
La diputada Morales Gorleri le consulta al Doctor Vítolo lo siguiente: en su exposición dijo que las observaciones y recomendaciones realizadas por los comités internacionales no son de carácter obligatorio y que muchas veces la República Argentina se manifestó en contra de dichas recomendaciones o directamente decidió hacer caso omiso sin ningún tipo de consecuencias. ¿Podría fundamentar su argumento?
La otra consulta que le hace la diputada Estévez es la siguiente: ¿cómo explica que el Código Penal regule distinto el homicidio, el infanticidio y el aborto? ¿Eso no se trata de una progresividad?
Tiene la palabra el señor Vítolo.
Pasamos a la ronda de preguntas. Hay muchas preguntas e intentaré leer todas. Las otras llegarán por mail y serán contestadas por esta misma vía.
Haré varias preguntas a cada uno y, si las anotan, facilitarán las respuestas.
La diputada Morales Gorleri le consulta al Doctor Vítolo lo siguiente: en su exposición dijo que las observaciones y recomendaciones realizadas por los comités internacionales no son de carácter obligatorio y que muchas veces la República Argentina se manifestó en contra de dichas recomendaciones o directamente decidió hacer caso omiso sin ningún tipo de consecuencias. ¿Podría fundamentar su argumento?
La otra consulta que le hace la diputada Estévez es la siguiente: ¿cómo explica que el Código Penal regule distinto el homicidio, el infanticidio y el aborto? ¿Eso no se trata de una progresividad?
Tiene la palabra el señor Vítolo.
SR. VÍTOLO Señor presidente: muchas gracias por las preguntas.
El derecho internacional es muy claro en señalar el valor de las fuentes. Los términos en derecho internacional son muy precisos. La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados señala con mucha precisión que a las palabras debe entenderse, salvo que exista alguna razón especial, conforme su sentido ordinario y corriente. Esto mismo lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas oportunidades.
Los órganos de tratados, los comités que se crean en distintos tratados de seguimiento de derechos humanos, emiten recomendaciones y observaciones. En ningún caso emiten decisiones ni sentencias. No son órganos judiciales. Las palabras tenemos que interpretarlas según ese sentido. Si el tratado hubiera querido establecer el valor obligatorio de esas decisiones lo hubiera puesto con términos claros y precisos. Las observaciones y las recomendaciones no son obligaciones.
Obviamente, anticipándome a una pregunta que le hacen por chat al doctor Vivanco, esto no evita ni significa que no tengan ningún valor jurídico. De lo contrario, significaría que el Estado no asume sus compromisos de buena fe. La buena fe significa tomar en cuenta las consideraciones, analizarlas y eventualmente coincidir o discrepar dando razones de ello. En ningún caso la República Argentina ha aceptado en estos tratados internacionales asumir la obligación de cumplir con estas recomendaciones u observaciones. Por otra parte violentaría el principio democrático, porque esto significaría que el Estado asume una obligación internacional resuelta por un conjunto de expertos independientes, que ni siquiera integran la comunidad internacional, que no tienen ningún tipo de legitimación democrática en el nivel de control. Por lo tanto, es otro argumento para justificar por qué no puede ser obligatoria esta decisión.
Ayer se ha aludido inclusive a las opiniones consultivas o la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vuelvo a lo mismo, la jurisprudencia internacional conforme el estatuto de la Corte Internacional de Justicia es una fuente auxiliar de interpretación y en ningún modo es una fuente primaria que genere obligaciones a los estados. Los estados se han comprometido a acatar las decisiones de la Corte Interamericana en todo caso contencioso en que sean parte. Así lo dice específicamente el artículo 68.1 del Pacto de San José de Costa Rica.
La Corte Suprema de Justicia argentina hace poco tiempo ratificó este concepto cuando dijo inclusive que aun cuando una decisión es obligatoria respecto del Estado, si esta decisión violenta el orden público argentino no puede ser cumplida. Esto es claro; o sea, no hay discusión sobre el punto.
Por eso me preocupó cuando escuché a un profesor decir que nosotros mentíamos. Yo realmente no miento, hablo con datos y con referencias específicas. Podremos no estar de acuerdo y es parte del debate democrático, pero en ningún modo acepto que me digan que miento.
El proyecto de ley trata diferencialmente al infanticidio, del aborto y del homicidio por una decisión de política legislativa. Así como el robo de una manera o de otra tiene penas diferenciales, la estafa tiene distintos grados pero siguen siendo delitos contra la propiedad. El homicidio contra un niño por nacer, contra un niño nacido o contra un adulto puede tener diferentes penas sin que signifique que estamos violentando derechos humanos de una persona.
Insisto en este argumento porque también vi a una persona que decía que estábamos tergiversando. Les pido por favor que lean el texto de las discusiones que se dieron en la Convención Constituyente. Dentro de las condiciones de su vigencia se incorporó el 75 inciso 22) específicamente teniendo en cuenta la declaración interpretativa sobre los derechos del niño. Así lo explicaron los debates en la Convención y los libros que se escribieron. Hay un libro escrito por los miembros de Comisión de Redacción de la Convención que explica este mismo punto. Insisto, podremos estar en desacuerdo con lo que resolvió la Convención Constituyente, pero no podemos descartarlo. No podrá gustarnos, pero, lamentablemente, está. Muchísimas gracias.
El derecho internacional es muy claro en señalar el valor de las fuentes. Los términos en derecho internacional son muy precisos. La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados señala con mucha precisión que a las palabras debe entenderse, salvo que exista alguna razón especial, conforme su sentido ordinario y corriente. Esto mismo lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas oportunidades.
Los órganos de tratados, los comités que se crean en distintos tratados de seguimiento de derechos humanos, emiten recomendaciones y observaciones. En ningún caso emiten decisiones ni sentencias. No son órganos judiciales. Las palabras tenemos que interpretarlas según ese sentido. Si el tratado hubiera querido establecer el valor obligatorio de esas decisiones lo hubiera puesto con términos claros y precisos. Las observaciones y las recomendaciones no son obligaciones.
Obviamente, anticipándome a una pregunta que le hacen por chat al doctor Vivanco, esto no evita ni significa que no tengan ningún valor jurídico. De lo contrario, significaría que el Estado no asume sus compromisos de buena fe. La buena fe significa tomar en cuenta las consideraciones, analizarlas y eventualmente coincidir o discrepar dando razones de ello. En ningún caso la República Argentina ha aceptado en estos tratados internacionales asumir la obligación de cumplir con estas recomendaciones u observaciones. Por otra parte violentaría el principio democrático, porque esto significaría que el Estado asume una obligación internacional resuelta por un conjunto de expertos independientes, que ni siquiera integran la comunidad internacional, que no tienen ningún tipo de legitimación democrática en el nivel de control. Por lo tanto, es otro argumento para justificar por qué no puede ser obligatoria esta decisión.
Ayer se ha aludido inclusive a las opiniones consultivas o la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vuelvo a lo mismo, la jurisprudencia internacional conforme el estatuto de la Corte Internacional de Justicia es una fuente auxiliar de interpretación y en ningún modo es una fuente primaria que genere obligaciones a los estados. Los estados se han comprometido a acatar las decisiones de la Corte Interamericana en todo caso contencioso en que sean parte. Así lo dice específicamente el artículo 68.1 del Pacto de San José de Costa Rica.
La Corte Suprema de Justicia argentina hace poco tiempo ratificó este concepto cuando dijo inclusive que aun cuando una decisión es obligatoria respecto del Estado, si esta decisión violenta el orden público argentino no puede ser cumplida. Esto es claro; o sea, no hay discusión sobre el punto.
Por eso me preocupó cuando escuché a un profesor decir que nosotros mentíamos. Yo realmente no miento, hablo con datos y con referencias específicas. Podremos no estar de acuerdo y es parte del debate democrático, pero en ningún modo acepto que me digan que miento.
El proyecto de ley trata diferencialmente al infanticidio, del aborto y del homicidio por una decisión de política legislativa. Así como el robo de una manera o de otra tiene penas diferenciales, la estafa tiene distintos grados pero siguen siendo delitos contra la propiedad. El homicidio contra un niño por nacer, contra un niño nacido o contra un adulto puede tener diferentes penas sin que signifique que estamos violentando derechos humanos de una persona.
Insisto en este argumento porque también vi a una persona que decía que estábamos tergiversando. Les pido por favor que lean el texto de las discusiones que se dieron en la Convención Constituyente. Dentro de las condiciones de su vigencia se incorporó el 75 inciso 22) específicamente teniendo en cuenta la declaración interpretativa sobre los derechos del niño. Así lo explicaron los debates en la Convención y los libros que se escribieron. Hay un libro escrito por los miembros de Comisión de Redacción de la Convención que explica este mismo punto. Insisto, podremos estar en desacuerdo con lo que resolvió la Convención Constituyente, pero no podemos descartarlo. No podrá gustarnos, pero, lamentablemente, está. Muchísimas gracias.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Gracias, doctor.
Continuamos con las preguntas al doctor José Miguel Vivanco, que son un montón. Intentaré leerlas y después tendrá cinco minutos para contestar. Puede elegir cuál contestar de manera más extensa y las otras podrá responder por mail.
La diputada Austin pregunta: señaló que avanzar en normas que legalicen la interrupción de un embarazo es compatible con el estándar de derecho internacional de los derechos humanos. ¿Puede profundizar sobre el punto? ¿Los tratados de derechos humanos tienen órganos de monitoreo? ¿Qué sentido tienen los mismos y qué valor tienen sus informes? ¿Los estados deberían escuchar o ignorar las recomendaciones?
El diputado Sbodio quiere preguntarle al doctor cuál es el fundamento que encuentra en el mantenimiento de la penalización de la mujer según el artículo 17 del proyecto de ley. ¿Cuáles cree que pueden ser las consecuencias de mantener dicha penalización de la mujer?
La diputada Estévez consulta lo siguiente: ¿podría desarrollar el impacto que tuvo sobre la morbilidad y mortalidad materna la ley de legalización del aborto en estados latino americanos que avanzaron en ese sentido?
La diputada Rezinovsky quiere saber si considera que el feto es un niño. ¿Cómo interpreta el preámbulo de la Convención sobre los derechos del Niño que dice que hay que proteger al niño desde antes del nacimiento?
La diputada Macha le pregunta: ¿hay estudios sobre el impacto que tiene la criminalización a la hora del acceso al aborto teniendo en cuenta la tarea y el rol de los profesionales de la salud? ¿Cómo se garantizaría con esta norma que los abortos se realicen de manera segura y garantizando que se cumpla el deseo de personas con capacidad de gestar?
La diputada Dina Esther Rezinovzky pregunta: ¿cuántos de esos 40 mil abortos que mencionó son espontáneos o nada tienen que ver con la voluntad de abortar de la mujer?
Otra pregunta de la diputada Mara Brawer: ¿qué relación ve usted entre el fortalecimiento de la democracia y la conquista de los derechos de las mujeres? ¿Está de acuerdo con la afirmación que dice: "El aborto legal es una deuda de la democracia argentina"?
La última pregunta es de la diputada Karina Banfi: ¿según su experiencia sobre el tema, cree que en los lugares que se logró la despenalización del aborto esto impactó sobre la reducción del número de muertes maternas?
Tiene cinco minutos para responder, doctor.
Continuamos con las preguntas al doctor José Miguel Vivanco, que son un montón. Intentaré leerlas y después tendrá cinco minutos para contestar. Puede elegir cuál contestar de manera más extensa y las otras podrá responder por mail.
La diputada Austin pregunta: señaló que avanzar en normas que legalicen la interrupción de un embarazo es compatible con el estándar de derecho internacional de los derechos humanos. ¿Puede profundizar sobre el punto? ¿Los tratados de derechos humanos tienen órganos de monitoreo? ¿Qué sentido tienen los mismos y qué valor tienen sus informes? ¿Los estados deberían escuchar o ignorar las recomendaciones?
El diputado Sbodio quiere preguntarle al doctor cuál es el fundamento que encuentra en el mantenimiento de la penalización de la mujer según el artículo 17 del proyecto de ley. ¿Cuáles cree que pueden ser las consecuencias de mantener dicha penalización de la mujer?
La diputada Estévez consulta lo siguiente: ¿podría desarrollar el impacto que tuvo sobre la morbilidad y mortalidad materna la ley de legalización del aborto en estados latino americanos que avanzaron en ese sentido?
La diputada Rezinovsky quiere saber si considera que el feto es un niño. ¿Cómo interpreta el preámbulo de la Convención sobre los derechos del Niño que dice que hay que proteger al niño desde antes del nacimiento?
La diputada Macha le pregunta: ¿hay estudios sobre el impacto que tiene la criminalización a la hora del acceso al aborto teniendo en cuenta la tarea y el rol de los profesionales de la salud? ¿Cómo se garantizaría con esta norma que los abortos se realicen de manera segura y garantizando que se cumpla el deseo de personas con capacidad de gestar?
La diputada Dina Esther Rezinovzky pregunta: ¿cuántos de esos 40 mil abortos que mencionó son espontáneos o nada tienen que ver con la voluntad de abortar de la mujer?
Otra pregunta de la diputada Mara Brawer: ¿qué relación ve usted entre el fortalecimiento de la democracia y la conquista de los derechos de las mujeres? ¿Está de acuerdo con la afirmación que dice: "El aborto legal es una deuda de la democracia argentina"?
La última pregunta es de la diputada Karina Banfi: ¿según su experiencia sobre el tema, cree que en los lugares que se logró la despenalización del aborto esto impactó sobre la reducción del número de muertes maternas?
Tiene cinco minutos para responder, doctor.
SR. VIVANCO Voy a hacer un gran esfuerzo en los minutos que me quedan, asumiendo que ya empezó a correr el tiempo.
Muchas gracias por las preguntas. Creo que hay una cuestión elemental que mencionar porque es algo que se preguntó varias veces y no sólo a mí, sino también a otros panelistas, incluyendo el doctor Vítolo. Me refiero a la obligatoriedad o no de los tratados internacionales y lo que dicen en esta materia desde el punto de vista relevante.
Los tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen obligaciones jurídicas impuestas de buena fe y asumidas además de buena fe voluntariamente por los Estados que deciden ratificar estos instrumentos internacionales. Me refiero, por ejemplo, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Convención sobre los Derechos del Niño o a cualquier otra convención, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de Naciones Unidas.
Estos tratados -insisto- lo que hacen es autoimponer obligaciones jurídicas a los Estados que deciden ratificarlos de forma voluntaria y de buena fe. Dichos tratados cuentan con unos órganos, unos comités que tienen la autoridad de interpretar esas obligaciones y examinar en la práctica de qué manera un Estado parte, un Estado que ha ratificado, está cumpliendo, puede cumplir o no cumple con las obligaciones jurídicas impuestas en el tratado.
Esas interpretaciones no son simplemente una opinión cualquiera, como la que podríamos tener quienes estamos participando en esta reunión, sino que son opiniones autorizadas y formales que deben ser entendidas como la interpretación autorizada de las obligaciones jurídicas impuestas por el tratado.
Por ejemplo, en una de las preguntas se hizo mención a la protección de los derechos del niño establecida en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño. El propio comité que vigila la vigencia y cumplimiento de las obligaciones, le ha solicitado a la Argentina -nada menos- que despenalice el aborto, interpretando las obligaciones de nuestro país en función de la Convención.
Entonces, creo que todos podemos leer en internet lo que dice el preámbulo y podemos tener nuestras propias interpretaciones, pero quien oficialmente interpreta estas obligaciones es el comité, que tiene pronunciamientos no genéricos, sino específicos referidos a la Argentina.
Eso me parece de gran importancia y por eso que nosotros, cuando recurrimos y hablamos, por ejemplo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y nos referimos a lo que ha sostenido la Comisión Interamericana o la Corte en los casos pertinentes, prestamos especial atención porque es la interpretación autorizada con respecto a lo que son las obligaciones, como sucede en el caso de la Convención Americana sobre los Derechos del Niño el artículo 4.1 habla de la protección de la vida desde la concepción.
Me han preguntado también sobre estadísticas referidas a la mortalidad materna. En la exposición que hice me referí específicamente a los porcentajes de muertes maternas. De acuerdo a los estudios autorizados que se han hecho son mayores en aquellos países donde no hay un acceso a un aborto legal y seguro, es decir, donde el aborto está penalizado y no se ha legalizado.
También me preguntaron muy rápidamente en qué medida una sociedad democrática, como la Argentina, tiene una deuda en esta esta materia. Lo cierto es que uno de los objetivos centrales de una sociedad democrática -cualquier social democrática- es garantizar la vigencia efectiva de las libertades públicas y los derechos básicos fundamentales.
En la medida que en la Argentina esté penalizado el aborto y permitido solamente en las tres causales que conocemos, producto de los estudios que hemos hecho -incluso un estudio reciente de Human Rights Watch- en la práctica en zonas rurales y entre mujeres de menos recursos, esas causales que están perfectamente delineadas en la legislación o por vía jurisprudencial no permiten el acceso al ejercicio de un derecho como es la protección de la vida, la protección de la salud y los derechos reproductivos de la mujer. Lo que corresponde hacer, como un ejercicio de lógica elemental, es precisamente lo que está haciendo hoy en día la Argentina: discutir un proyecto para legalizar dentro de las primeras 14 semanas el acceso al aborto; es decir, la interrupción del embarazo.
Muchas gracias por las preguntas. Creo que hay una cuestión elemental que mencionar porque es algo que se preguntó varias veces y no sólo a mí, sino también a otros panelistas, incluyendo el doctor Vítolo. Me refiero a la obligatoriedad o no de los tratados internacionales y lo que dicen en esta materia desde el punto de vista relevante.
Los tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen obligaciones jurídicas impuestas de buena fe y asumidas además de buena fe voluntariamente por los Estados que deciden ratificar estos instrumentos internacionales. Me refiero, por ejemplo, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Convención sobre los Derechos del Niño o a cualquier otra convención, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de Naciones Unidas.
Estos tratados -insisto- lo que hacen es autoimponer obligaciones jurídicas a los Estados que deciden ratificarlos de forma voluntaria y de buena fe. Dichos tratados cuentan con unos órganos, unos comités que tienen la autoridad de interpretar esas obligaciones y examinar en la práctica de qué manera un Estado parte, un Estado que ha ratificado, está cumpliendo, puede cumplir o no cumple con las obligaciones jurídicas impuestas en el tratado.
Esas interpretaciones no son simplemente una opinión cualquiera, como la que podríamos tener quienes estamos participando en esta reunión, sino que son opiniones autorizadas y formales que deben ser entendidas como la interpretación autorizada de las obligaciones jurídicas impuestas por el tratado.
Por ejemplo, en una de las preguntas se hizo mención a la protección de los derechos del niño establecida en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño. El propio comité que vigila la vigencia y cumplimiento de las obligaciones, le ha solicitado a la Argentina -nada menos- que despenalice el aborto, interpretando las obligaciones de nuestro país en función de la Convención.
Entonces, creo que todos podemos leer en internet lo que dice el preámbulo y podemos tener nuestras propias interpretaciones, pero quien oficialmente interpreta estas obligaciones es el comité, que tiene pronunciamientos no genéricos, sino específicos referidos a la Argentina.
Eso me parece de gran importancia y por eso que nosotros, cuando recurrimos y hablamos, por ejemplo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y nos referimos a lo que ha sostenido la Comisión Interamericana o la Corte en los casos pertinentes, prestamos especial atención porque es la interpretación autorizada con respecto a lo que son las obligaciones, como sucede en el caso de la Convención Americana sobre los Derechos del Niño el artículo 4.1 habla de la protección de la vida desde la concepción.
Me han preguntado también sobre estadísticas referidas a la mortalidad materna. En la exposición que hice me referí específicamente a los porcentajes de muertes maternas. De acuerdo a los estudios autorizados que se han hecho son mayores en aquellos países donde no hay un acceso a un aborto legal y seguro, es decir, donde el aborto está penalizado y no se ha legalizado.
También me preguntaron muy rápidamente en qué medida una sociedad democrática, como la Argentina, tiene una deuda en esta esta materia. Lo cierto es que uno de los objetivos centrales de una sociedad democrática -cualquier social democrática- es garantizar la vigencia efectiva de las libertades públicas y los derechos básicos fundamentales.
En la medida que en la Argentina esté penalizado el aborto y permitido solamente en las tres causales que conocemos, producto de los estudios que hemos hecho -incluso un estudio reciente de Human Rights Watch- en la práctica en zonas rurales y entre mujeres de menos recursos, esas causales que están perfectamente delineadas en la legislación o por vía jurisprudencial no permiten el acceso al ejercicio de un derecho como es la protección de la vida, la protección de la salud y los derechos reproductivos de la mujer. Lo que corresponde hacer, como un ejercicio de lógica elemental, es precisamente lo que está haciendo hoy en día la Argentina: discutir un proyecto para legalizar dentro de las primeras 14 semanas el acceso al aborto; es decir, la interrupción del embarazo.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Perdón José, pero vamos a tener que dejar el resto de las preguntas para que sean respondidas por mail. Discúlpame por la interrupción.
Vamos a continuar con una pregunta para Ana Belén Marmora, de la diputada Dina Esther Rezinovzky: ¿hay algún estudio que haya detallado qué motivos llevan a una mujer a abortar? ¿Podría comentarnos el caso de Chiara Páez?
Vamos a continuar con una pregunta para Ana Belén Marmora, de la diputada Dina Esther Rezinovzky: ¿hay algún estudio que haya detallado qué motivos llevan a una mujer a abortar? ¿Podría comentarnos el caso de Chiara Páez?
SRA. MARMORA Agradezco muchísimo las preguntas. Mencioné especialmente el caso Chiara porque es una adolescente de la localidad santafesina de Rufino que desapareció la madrugada del 10 de mayo de 2015. Luego de que había salido con un grupo de amigas, dijo que se iba a encontrar con su novio, que en ese entonces tenía 16 años y ella 14; ese domingo la familia denunció que no había regresado a la casa.
La policía rastrilló todo el pueblo y se enteraron de lo peor: el cuerpo apareció enterrado en el patio de la casa familiar de Mansilla, su novio; según las pericias la mató a golpes. El caso de Chiara Paéz conmocionó a toda la sociedad. En ese 2015 despertó el reclamo de "Ni Una Menos" pero me parece bastante hipócrita que cuando se habla de "Ni Una Menos" hoy se lo mezcle con la legalización del aborto.
Creo que es una falta de respeto por cómo se inició ese movimiento y a una referente que lucha contra la violencia contra las mujeres, como lo es su mamá, Verónica Camargo.
Cuando conocí su caso me impactó mucho. Yo estaba estudiando periodismo y fue realmente conmocionante. Eso me llevó a investigar un poco para ver qué pasaba detrás de las mujeres que abortaban.
Hay un estudio con validez epidemiológica -no realizado en base a entrevistas o consultas, como otros que se mencionaron anteriormente- que lo realiza el epidemiólogo Elard Koch, en Chile, que pone en evidencia alguna de las razones que llevan a una mujer a considerar la posibilidad de un aborto.
Surge de ese estudio que el 44,4 por ciento lo hace por coerción de los padres o la pareja; el 28 por ciento lo hace por factores asociados a expectativas de vida, es decir, porque quizás la van a echar del trabajo o porque tiene que terminar sus estudios o porque tiene miedo porque su pareja la abandonó, etcétera; el 20,4 por ciento para ocultar el embarazo por temor, justamente, a los padres o a la pareja, como sucedido en este caso; el 2,1 por ciento por abuso sexual reiterado; el 1,9 por ciento por abandono de la pareja; y el 1,9 por problemas psicológicos y abusos de drogas o alcohol.
Es decir, la causa mayoritaria fue la coerción familiar o conyugal. Sin embargo el 93,1 por ciento de las razones esconden esta situación de violencia y vulnerabilidad y hasta ahora acá nadie dijo que el aborto también es una nueva forma de violencia contra las mujeres. Me parece que es momento de decirlo también y de terminar con la hipocresía de pedir por el aborto mezclando consignas que sensibilizan a toda la sociedad y que no tienen nada que ver con pañuelos.
Me parece que cuando un Congreso como el nuestro se pone a debatir un proyecto de ley tiene que poner sobre la mesa estas cosas, ser responsable y hablar de qué es lo que hay detrás de la decisión de una mujer para llegar a un aborto.
Como dije en mi exposición, es algo por lo que ninguna de nosotras debería pasar y necesitamos un Estado, no que lo promueva, sino que combata el aborto. Muchas gracias.
La policía rastrilló todo el pueblo y se enteraron de lo peor: el cuerpo apareció enterrado en el patio de la casa familiar de Mansilla, su novio; según las pericias la mató a golpes. El caso de Chiara Paéz conmocionó a toda la sociedad. En ese 2015 despertó el reclamo de "Ni Una Menos" pero me parece bastante hipócrita que cuando se habla de "Ni Una Menos" hoy se lo mezcle con la legalización del aborto.
Creo que es una falta de respeto por cómo se inició ese movimiento y a una referente que lucha contra la violencia contra las mujeres, como lo es su mamá, Verónica Camargo.
Cuando conocí su caso me impactó mucho. Yo estaba estudiando periodismo y fue realmente conmocionante. Eso me llevó a investigar un poco para ver qué pasaba detrás de las mujeres que abortaban.
Hay un estudio con validez epidemiológica -no realizado en base a entrevistas o consultas, como otros que se mencionaron anteriormente- que lo realiza el epidemiólogo Elard Koch, en Chile, que pone en evidencia alguna de las razones que llevan a una mujer a considerar la posibilidad de un aborto.
Surge de ese estudio que el 44,4 por ciento lo hace por coerción de los padres o la pareja; el 28 por ciento lo hace por factores asociados a expectativas de vida, es decir, porque quizás la van a echar del trabajo o porque tiene que terminar sus estudios o porque tiene miedo porque su pareja la abandonó, etcétera; el 20,4 por ciento para ocultar el embarazo por temor, justamente, a los padres o a la pareja, como sucedido en este caso; el 2,1 por ciento por abuso sexual reiterado; el 1,9 por ciento por abandono de la pareja; y el 1,9 por problemas psicológicos y abusos de drogas o alcohol.
Es decir, la causa mayoritaria fue la coerción familiar o conyugal. Sin embargo el 93,1 por ciento de las razones esconden esta situación de violencia y vulnerabilidad y hasta ahora acá nadie dijo que el aborto también es una nueva forma de violencia contra las mujeres. Me parece que es momento de decirlo también y de terminar con la hipocresía de pedir por el aborto mezclando consignas que sensibilizan a toda la sociedad y que no tienen nada que ver con pañuelos.
Me parece que cuando un Congreso como el nuestro se pone a debatir un proyecto de ley tiene que poner sobre la mesa estas cosas, ser responsable y hablar de qué es lo que hay detrás de la decisión de una mujer para llegar a un aborto.
Como dije en mi exposición, es algo por lo que ninguna de nosotras debería pasar y necesitamos un Estado, no que lo promueva, sino que combata el aborto. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Ahora una pregunta para María Inés Franck, de la diputada Lidia Inés Ascarate: cuando dijo que no estuvo presente el Estado previamente, ¿qué medidas importantes considera para esta intervención?
SRA. FRANCK Antes de tomar medidas concretas, que por supuesto hay muchísimas, cuando uno se refiere a políticas para la mujer hay que abrir los ojos, ampliar la mirada y no pensar solamente en este tipo de debates, sino en debates más amplios que hagan más por las condiciones integrales de la mujer.
Me refiero a condiciones de vivienda y laborales: horarios de trabajo, disponibilidad, estabilidad y condiciones de salarios; no solo ayudas económicas, como algunos planes que están provisoriamente, sino dejarles un espacio abierto para que realmente puedan decidir y puedan cuidar a sus hijos de la mejor manera.
Hay problemas específicos de salud de la mujer, con respecto a la maternidad existen las famosas condiciones obstétricas neonatales esenciales que no se cumplen en todas las maternidades. Si vamos a hablar de salud, éstas también son prioridades para la salud pública de la mujer.
También hay que ver las condiciones de atención específicas en los hospitales, por ejemplo, con respecto a estudios más serios sobre los problemas que enfrenta la mujer para que los grandes debates no se circunscriban solamente a estos temas. Entiendo que puedan tener mucho rating y ser muy populares, pero no es eso lo que realmente afecta a todas las mujeres; sobre todo que se valore también a la maternidad a través de políticas públicas en los proyectos que sé que están en el Congreso porque me tomo el trabajo de leer regularmente los títulos de los proyectos que se presentan todos los meses referidos a estas cuestiones. Sé que hay muchos proyectos presentados con respecto a lo que acabo de mencionar que no se tratan.
Por un lado, hay proyectos que se presentan y se tratan inmediatamente. Luego, hay otros que son positivos, en cuanto a que atienden a la mujer, pero son cajoneados por mucho tiempo. Les pido por favor que no les digan a las mujeres embarazadas, en una época tan sensible, que llevan en su vientre a un fenómeno. Eso creo que también es una cuestión de política.
Me refiero a condiciones de vivienda y laborales: horarios de trabajo, disponibilidad, estabilidad y condiciones de salarios; no solo ayudas económicas, como algunos planes que están provisoriamente, sino dejarles un espacio abierto para que realmente puedan decidir y puedan cuidar a sus hijos de la mejor manera.
Hay problemas específicos de salud de la mujer, con respecto a la maternidad existen las famosas condiciones obstétricas neonatales esenciales que no se cumplen en todas las maternidades. Si vamos a hablar de salud, éstas también son prioridades para la salud pública de la mujer.
También hay que ver las condiciones de atención específicas en los hospitales, por ejemplo, con respecto a estudios más serios sobre los problemas que enfrenta la mujer para que los grandes debates no se circunscriban solamente a estos temas. Entiendo que puedan tener mucho rating y ser muy populares, pero no es eso lo que realmente afecta a todas las mujeres; sobre todo que se valore también a la maternidad a través de políticas públicas en los proyectos que sé que están en el Congreso porque me tomo el trabajo de leer regularmente los títulos de los proyectos que se presentan todos los meses referidos a estas cuestiones. Sé que hay muchos proyectos presentados con respecto a lo que acabo de mencionar que no se tratan.
Por un lado, hay proyectos que se presentan y se tratan inmediatamente. Luego, hay otros que son positivos, en cuanto a que atienden a la mujer, pero son cajoneados por mucho tiempo. Les pido por favor que no les digan a las mujeres embarazadas, en una época tan sensible, que llevan en su vientre a un fenómeno. Eso creo que también es una cuestión de política.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Para terminar, tenemos preguntas para Lucy Grimalt de distintos diputados y diputadas.
La diputada Gabriela Estévez pregunta: desde los sectores que se oponen a esta reforma se ha sostenido que en vez de avanzar en la legalización del aborto se deben fortalecer los programas de educación y de salud sexual y reproductiva, a los cuales también se han opuesto históricamente. ¿Desde su experiencia como funcionaria en el área específica, por qué considera que no alcanza con el fortalecimiento de estos programas para prevenir los embarazos no deseados y las muertes por abortos inseguros? ¿Por qué sigue siendo necesaria la legalización del aborto desde un punto de vista estrictamente sanitario?
De la diputada Mara Brawer: ¿en qué consiste la consejería en opciones? ¿Qué hace el sistema de salud cuando detecta dudas o coacciones externas a la libre elección de las mujeres?
De la diputada Mónica Macha: ¿la Educación Sexual Integral debería acompañar y trabajar en conjunto con la Interrupción Voluntaria del Embarazo? ¿De qué manera?
De la diputada Adriana Cáceres: desde el 2018 el gobierno de Mauricio Macri promovió el plan ENIA generando un esquema de prevención, contención y mejora de la dispensa de insumos relacionados con la salud sexual. ¿Cómo cree que se articularán y complementarán la Interrupción Voluntaria de Embarazo con los programas de prevención de la salud sexual?
La diputada Gabriela Estévez pregunta: desde los sectores que se oponen a esta reforma se ha sostenido que en vez de avanzar en la legalización del aborto se deben fortalecer los programas de educación y de salud sexual y reproductiva, a los cuales también se han opuesto históricamente. ¿Desde su experiencia como funcionaria en el área específica, por qué considera que no alcanza con el fortalecimiento de estos programas para prevenir los embarazos no deseados y las muertes por abortos inseguros? ¿Por qué sigue siendo necesaria la legalización del aborto desde un punto de vista estrictamente sanitario?
De la diputada Mara Brawer: ¿en qué consiste la consejería en opciones? ¿Qué hace el sistema de salud cuando detecta dudas o coacciones externas a la libre elección de las mujeres?
De la diputada Mónica Macha: ¿la Educación Sexual Integral debería acompañar y trabajar en conjunto con la Interrupción Voluntaria del Embarazo? ¿De qué manera?
De la diputada Adriana Cáceres: desde el 2018 el gobierno de Mauricio Macri promovió el plan ENIA generando un esquema de prevención, contención y mejora de la dispensa de insumos relacionados con la salud sexual. ¿Cómo cree que se articularán y complementarán la Interrupción Voluntaria de Embarazo con los programas de prevención de la salud sexual?
SRA. GRIMALT Primero, nosotros estamos trabajando desde el Programa de Salud Sexual y Reproductiva en la prevención porque es la génesis de nuestro programa. Por ese lado es que tenemos la distribución de los anticonceptivos que recibimos desde la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación y también por compras que hace la provincia de Entre Ríos; por ejemplo, el martes pasado compramos preservativos.
El tema es que nosotros tenemos que saber que es una elección que hace la mujer con la información que le brindamos los y las integrantes de los equipos de salud. Por eso las consejerías son una parte importante al momento de la dispensa del método anticonceptivo. A veces, más allá de la efectividad, se ofrece la canasta total que hoy hay en la Argentina. Eso incluye, por ejemplo, el implante subdérmico o el DIU con levonorgestrel, lo que denominamos en el SIU.
A pesar de la alta eficacia que tienen estos estos métodos, a veces ocurren determinadas situaciones donde puede provocarse alguna falla y también puede pasar que la mujer en una situación de violencia, donde su pareja le impide usar algún anticonceptivo, hace que termine quedando embarazada.
Hay múltiples historias y cada una de las que recibimos en los distintos servicios es diferente, tanto en el primer nivel de atención en los hospitales o cuando relatan porqué están solicitando la ILE. También a través del 0800 -como bien dijo ayer Carolina Comaleras, porque hablo por intermedio de ella- nos ingresan a nivel nacional los pedidos de ILE. Allí vemos que hay múltiples causas que llevan a decir porqué la mujer está en esa situación de embarazo. Después, cada una de las mujeres tiene distintas razones.
Con respecto a la segunda pregunta sobre las consejerías de opciones, las llamamos así porque es allí cuando la mujer refiere que quiere interrumpir el embarazo. Allí se habilita ese espacio de escucha. Quiero decir que los espacios de escucha en las consejerías realmente acatan lo que dice la ley del derecho al paciente. Esto no se cumple en todos los servicios, pero sí en los servicios donde se habilita la posibilidad de acceder a la ILE.
En la consejería de opciones se recibe en un espacio de escucha a la mujer para escucharla atentamente. Al ir relatando y explicando lo que le pasa, los profesionales y las profesionales pueden ir encuadrando una Interrupción Legal del Embarazo de acuerdo a lo que nos establece el protocolo ILE.
Ese espacio de escucha no es de cinco minutos, sino que tienen el tiempo que necesitan. A veces se hace una contención porque hay mujeres que vienen con mucha ansiedad. Por eso los equipos interdisciplinarios que vamos construyendo en el sistema de salud, aquí en Entre Ríos, están constituidos no solamente por una profesional médica o médico, sino también por psicólogos y trabajadoras sociales.
Ese espacio de escucha es el más importante y es el determinante para que esta mujer, después, con toda la información pueda tomar la mejor resolución. Fundamentalmente que sepa que no está cometiendo ningún delito y que sepa que, en este caso, el sistema de salud la va a estar acompañando siempre en su decisión.
En cuanto a la ESI: para nosotros, y creo que quienes estamos en el Estado trabajando para poder garantizar los derechos sexuales y reproductivos sabemos que el pilar tiene que ver con la Educación Sexual Integral. Por eso es fundamental darle cumplimiento a la ley 26.150.
En Entre Ríos tenemos la ley 9.501. Esta norma propone con mucha sabiduría la creación del Sistema Provincial de Salud Sexual y Reproductiva y Educación Sexual con perspectiva de género. Esta normativa de 2003 toma a salud y a la educación en materia de derechos sexuales y reproductivos como un sistema que va junto.
Esta es la articulación que tenemos que hacer y lo uno con el plan ENIA...
El tema es que nosotros tenemos que saber que es una elección que hace la mujer con la información que le brindamos los y las integrantes de los equipos de salud. Por eso las consejerías son una parte importante al momento de la dispensa del método anticonceptivo. A veces, más allá de la efectividad, se ofrece la canasta total que hoy hay en la Argentina. Eso incluye, por ejemplo, el implante subdérmico o el DIU con levonorgestrel, lo que denominamos en el SIU.
A pesar de la alta eficacia que tienen estos estos métodos, a veces ocurren determinadas situaciones donde puede provocarse alguna falla y también puede pasar que la mujer en una situación de violencia, donde su pareja le impide usar algún anticonceptivo, hace que termine quedando embarazada.
Hay múltiples historias y cada una de las que recibimos en los distintos servicios es diferente, tanto en el primer nivel de atención en los hospitales o cuando relatan porqué están solicitando la ILE. También a través del 0800 -como bien dijo ayer Carolina Comaleras, porque hablo por intermedio de ella- nos ingresan a nivel nacional los pedidos de ILE. Allí vemos que hay múltiples causas que llevan a decir porqué la mujer está en esa situación de embarazo. Después, cada una de las mujeres tiene distintas razones.
Con respecto a la segunda pregunta sobre las consejerías de opciones, las llamamos así porque es allí cuando la mujer refiere que quiere interrumpir el embarazo. Allí se habilita ese espacio de escucha. Quiero decir que los espacios de escucha en las consejerías realmente acatan lo que dice la ley del derecho al paciente. Esto no se cumple en todos los servicios, pero sí en los servicios donde se habilita la posibilidad de acceder a la ILE.
En la consejería de opciones se recibe en un espacio de escucha a la mujer para escucharla atentamente. Al ir relatando y explicando lo que le pasa, los profesionales y las profesionales pueden ir encuadrando una Interrupción Legal del Embarazo de acuerdo a lo que nos establece el protocolo ILE.
Ese espacio de escucha no es de cinco minutos, sino que tienen el tiempo que necesitan. A veces se hace una contención porque hay mujeres que vienen con mucha ansiedad. Por eso los equipos interdisciplinarios que vamos construyendo en el sistema de salud, aquí en Entre Ríos, están constituidos no solamente por una profesional médica o médico, sino también por psicólogos y trabajadoras sociales.
Ese espacio de escucha es el más importante y es el determinante para que esta mujer, después, con toda la información pueda tomar la mejor resolución. Fundamentalmente que sepa que no está cometiendo ningún delito y que sepa que, en este caso, el sistema de salud la va a estar acompañando siempre en su decisión.
En cuanto a la ESI: para nosotros, y creo que quienes estamos en el Estado trabajando para poder garantizar los derechos sexuales y reproductivos sabemos que el pilar tiene que ver con la Educación Sexual Integral. Por eso es fundamental darle cumplimiento a la ley 26.150.
En Entre Ríos tenemos la ley 9.501. Esta norma propone con mucha sabiduría la creación del Sistema Provincial de Salud Sexual y Reproductiva y Educación Sexual con perspectiva de género. Esta normativa de 2003 toma a salud y a la educación en materia de derechos sexuales y reproductivos como un sistema que va junto.
Esta es la articulación que tenemos que hacer y lo uno con el plan ENIA...
SR. PRESIDENTE YEDLIN Vamos a tener que dejarlo ahí, se cumplió el tiempo y queremos ser muy rigurosos y parejos con todos. Las respuestas que falten puede enviarlas por mail a todos los diputados.
Agradecemos su participación, al igual que a todos los expositores que hoy nos acompañaron. Feliz día a todos los médicos, médicas y mediques.
De esta manera damos por finalizada la jornada del día jueves 3 de diciembre por la mañana. Retomamos a las 15 horas.
Agradecemos su participación, al igual que a todos los expositores que hoy nos acompañaron. Feliz día a todos los médicos, médicas y mediques.
De esta manera damos por finalizada la jornada del día jueves 3 de diciembre por la mañana. Retomamos a las 15 horas.
Es la hora 13 y 33.