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LIBERTAD DE EXPRESION

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  • LIBERTAD DE EXPRESION

Reunión del día 12/12/2006

- PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD OFICIAL

- En Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre de 2006, a la hora 16 y 31:
SR. PRESIDENTE MORINI Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión.

Contamos con la presencia del doctor Roberto Saba, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (A.D.C.), y de la doctora Eleonora Rabinovich, coordinadora del proyecto "Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial".

Agradezco a los representantes de la A.D.C. por venir a exponer sus puntos de vista, señalándoles que las puertas de esta comisión se encuentran abiertas para todos siempre que quieran asistir a expresar sus ideas.

Una vez terminada la exposición de nuestros invitados, abriremos el debate para que los señores diputados puedan formular las preguntas correspondientes.

Tiene la palabra el doctor Saba.

SR. SABA Señor presidente: muchas gracias por la invitación.

En la Asociación por los Derechos Civiles, uno de los temas que trabajamos desde hace varios años es el de la libertad de expresión en la Argentina. Desde hace aproximadamente cuatro años apuntamos a temas vinculados con la calidad del debate público. Nos preocupa la cuestión de la libertad de expresión, en particular cuando está asociada a decisiones o prácticas de gobiernos, tanto a nivel municipal como provincial y nacional. Consideramos que esto puede afectar la diversidad y la calidad de la discusión pública y cohibirnos a todos de escuchar voces interesantes.

En este contexto es que en el año 2001 llamó nuestra atención un caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de la causa "Diario Río Negro c/Gobierno de la provincia del Neuquén". El diario alegaba que luego de una nota que involucraba al gobierno en un posible caso de corrupción se había retirado casi la totalidad de la publicidad oficial.

Como ustedes saben, el Estado argentino no sólo se compromete por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a evitar tomar cualquier decisión que signifique censura y prohibir a alguien hablar, sino también a evitar todas estas formas de censura indirecta.

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Da algunos ejemplos: entre otros, la cuestión del manejo del papel prensa.

Nosotros entendemos que si la publicidad oficial es utilizada como un mecanismo de sanción de la voz crítica -es decir, si sirve para retirarle la voz al que critica y dársela al que no critica-, se convierte en una forma de aplicar sanciones a la expresión. Esto puede provocar, por un lado, el incumplimiento de la Constitución y, por el otro, que el Estado argentino incurra en irresponsabilidad internacional por el incumplimiento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Así lo ha dicho también el relator especial de la OEA.

De modo que nos preocupa esta cuestión, que no es nueva sino bastante vieja; lo que ocurre es que hoy está iluminada, todos la estamos percibiendo mejor. Hay un antecedente llamado "Misiones platenses" -en el cual la Corte tiene que decidir-, donde un medio al que se le retiró la publicidad oficial reclamó que se la devolvieran, ya que alegaba que no podía funcionar sin ella. La Corte no le dio la razón al medio: dijo que nadie tenía derecho a tener publicidad oficial, cosa que compartimos. Incluso, hay un párrafo donde la Corte afirma que si hubiera fines persecutorios en el retiro de la publicidad, estaríamos ante una situación de censura. Si la evidencia fuera suficiente, probablemente se trataría de un caso de persecución a una idea. Como ustedes saben por los diarios, el caso está por tener fallo y podría ser un antecedente importante.

A raíz de ese caso, nosotros hicimos un estudio que nos demandó un año y medio de trabajo. Se trata del cuaderno colorado que todos ustedes tienen a su disposición. Aclaro que si les falta puedo proveerles de más material. En dicho estudio tomamos cuatro provincias como ejemplos para saber cómo funcionaban en su relación con el gobierno nacional. Todos decíamos que "algo había", pero queríamos documentarlo de alguna manera, ya fuera con números, testimonios, situaciones. Tomamos provincias con distintos colores políticos, distintos tamaños y distintas economías. Finalmente descubrimos que la práctica se repite tanto a nivel nacional, provincial como municipal.

Percibimos que a nivel nacional la situación es problemática, aunque no vemos que haya grandes riesgos de censura, sobre todo por la escala. Los medios más grandes no necesitan de publicidad oficial para sostenerse. Puede haber otro tipo de discusiones sobre los mecanismos de presión y de negociación, pero tanto para La Nación como para Clarín ese tipo de publicidad no es vital. Sí se puede percibir que hay tratos injustificadamente diferentes, como es el caso de Página 12, que recibe un volumen que habría que justificar.

A nivel provincial la situación nos preocupa particularmente. Por supuesto soy consciente de que estamos en el Congreso de la Nación y no podemos legislar sobre las provincias. Pero en muchas provincias -el caso más extremo ha sido Tierra del Fuego, donde el 75 por ciento de la publicidad de los medios es oficial- hay una discrecionalidad absoluta para distribuir la publicidad oficial. Esto genera las condiciones ideales para que, por ejemplo, si el secretario de medios de un gobierno no quiere manejar la publicidad de forma neutral, pueda hacerlo. La combinación explosiva es: altísimos volúmenes de publicidad oficial, que se convierten en indispensables para la supervivencia de los medios, con discrecionalidad extrema.

Creemos que este problema es estructural, ya que atraviesa todo tipo de gobiernos, partidos, provincias -por supuesto en distintos niveles-, pero se puede evitar. Creemos que una legislación puede ser el punto de partida, más allá de que no idealizamos las leyes. A partir de allí se puede regular la discrecionalidad.

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Se pueden marcar límites a la facultad de los funcionarios que tienen esta responsabilidad; por ejemplo, estableciendo criterios para distribuir esa publicidad o indicios de transparencia y control ciudadano.

Somos optimistas, creemos en la ley y pensamos que el Derecho puede generar las condiciones necesarias para revertir esta situación. Estamos tratando de transmitir esta idea en todos los niveles de gobierno, tanto municipal como provincial, y estamos muy contentos de compartir estas ideas a nivel nacional.

Concluyo mencionando que también existe una especie de tendencia a trabajar estos temas en otros países de América latina. Ha influido mucho la toma de posición del relator de la OEA: "La posición oficial cuando ha sido utilizada con fines sancionatorios es censura", y a raíz de esas declaraciones y de esa toma de posiciones de organismos internacionales de derechos humanos se ha lanzado un trabajo regional.

Hemos estado presentando nuestra actividad ante la Presidencia de Uruguay, que está muy comprometida en legislar sobre el tema. Ellos habían tenido una muy mala experiencia con el gobierno anterior, no por censura sino más bien por corrupción, que se puede analizar en cuanto a falta de control para sacar plata del Estado. En Chile existen varias comisiones trabajando en este sentido y se advierte una tendencia generalizada en prestarle atención a este y otros mecanismos de censura indirecta.

La buena noticia es que en casi toda América latina, salvo en cierta forma en Colombia y México, la persecución de la libertad de expresión no es obscena ni directa; los muertos por libertad de expresión son menos que los que eran. En la actualidad, notamos que existen otros mecanismos de censura más sutiles, que nos preocupan mucho.

A continuación, quisiera que la doctora Rabinovich comentara algunos detalles del documento de propuesta legislativa.

SR. PRESIDENTE MORINI Tiene la palabra la doctora Rabinovich.

SRA. RABINOVICH Señor presidente: este documento que se llama "Una censura sutil" es una suerte de diagnóstico o de mapa de situación de cómo opera el mecanismo de la distribución de la pauta oficial para presionar a los medios de comunicación.

Una vez realizado ese relevamiento o diagnóstico, el segundo paso fue avanzar en una propuesta de regulación, porque nos parecía un buen punto de partida para intentar destrabar esta cuestión, aunque por supuesto que también hacen falta cambios culturales y legislativos.

Consideramos conveniente no realizar un proyecto de ley modelo, que era una de las opciones, tal como lo mencionó el doctor Saba. Se trata de un problema extendido en todo el país y en distintos niveles. Obviamente, concretar esa regulación a nivel municipal, provincial o nacional tiene sus diferencias en cuanto a burocracias, prácticas culturales, volúmenes de publicidad oficial, organismos de control, etcétera. Por ello confeccionamos un proyecto como los que la A.D.C. ya había realizado respecto de otros dos temas, como radiodifusión pública y acceso a la información.

Se trata de un documento de principios generales o de requisitos mínimos que debería tener cualquier ley que regule la materia, es decir, los puntos que a nuestro juicio no deberían faltar en una ley que regule la publicidad oficial a fin de fomentar la transparencia, garantizar y proteger la libertad de expresión, etcétera.

En primer término elaboramos un borrador con nuestras ideas y luego lo pusimos a disposición de distintos actores.

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Por un lado, hicimos talleres en cuatro provincias en las que veníamos trabajando sobre una censura sutil, con el objeto de no perder de lado esta mirada regional, esta perspectiva provincial, y para enriquecer el documento. Y la verdad es que esos talleres nos sirvieron, además, para iluminar un montón de problemas que era necesario tener en cuenta a la hora de redactar este documento de principios básicos.

Asimismo, borradores de este documento circularon entre académicos, periodistas, editores, abogados y representantes de otras ONGs que hicieron sus comentarios -sin que eso implique adhesión a la totalidad del documento-, que nos sirvieron para tomar en cuenta miradas y no dejar de lado ninguna disciplina que esté involucrada en la producción y contratación de publicidad oficial, y -de nuevo- iluminar problemas que hubiéramos dejado de lado, enriquecer el documento y generar algún tipo de apoyo a esta idea de regulación.

En definitiva, si bien el documento es de la A.D.C., el resultado es producto de un trabajo realizado con muchísimas personas que colaboraron y lo enriquecieron.

No voy a leer el documento entero porque lo tienen. Básicamente plantea pautas generales que deberían tenerse en cuenta a la hora de elaborar una ley que regule la publicidad oficial y responde distintas preguntas.

La primera pregunta que responde es qué entendemos que debería ser publicidad oficial. Lo que nosotros contamos en el documento es la importancia de separar publicidad oficial de propaganda, algo que parece muy obvio pero que muchas veces en la práctica no sucede; qué mecanismos deberían implementarse para hacer realmente una diferenciación entre publicidad de actos de gobierno, publicidad de cuestiones de interés público, publicidad que sea en beneficio de la comunidad, y propaganda partidaria, de candidatos, sobre todo en épocas electorales.

Hay mecanismos que se pueden establecer, como por ejemplo suspender la publicidad oficial. Esto está legislado de este modo en varias regulaciones comparadas. Por ejemplo, en España o en Canadá hay un período en que la publicidad se suspende para evitar cualquier tipo de contaminación con tintes propagandísticos. Incluso, es importante que el público lo perciba como tal. Para evitar toda sospecha, directamente se suspende. Por supuesto que se pueden pensar otros mecanismos diferentes.

Otra cosa importante es cómo debería jugar la publicidad en relación con los subsidios, un debate muy interesante y difícil porque lo que nos interesa como ONG es garantizar el más amplio debate público y sabemos que para muchos medios de comunicación es muy difícil poder sostenerse financieramente, y si los medios representan diversidad de voces, esto nos perjudica a todos. Hay mucha gente que no puede acceder a los medios de comunicación o sostenerlos por cuestiones presupuestarias, con lo cual muchas veces la publicidad oficial termina siendo utilizada como un subsidio.

Lo que nosotros decimos en el documento es que en principio la publicidad y los subsidios tienen objetivos distintos. Los dos son sumamente válidos e importantes. Es muy importante que el Estado apoye y fomente a los medios de comunicación, que se garantice una verdadera y auténtica pluralidad de voces, sobre todo cuando los medios están muy concentrados, cuando a la gente le cuesta leer voces diferentes. En general hay una homogeneización de los medios, con lo cual es muy importante que el Estado apoye activamente a los medios que representan voces distintas.

Quizás a través de la publicidad oficial no sea el mejor modo de hacerlo porque se pueden confundir los objetivos y sí, en cambio, sea bueno hacerlo por mecanismos distintos, siendo transparentes, equitativos, con reglas preestablecidas. Aquí entramos en otro de los puntos que tocamos en el documento, que es cómo deberían distribuirse la publicidad oficial, con qué criterios.

Entonces, decía que habría que buscar la forma de que la publicidad oficial no tenga que ser distribuida únicamente teniendo en cuenta la audiencia, el rating o el precio, como harían los privados.

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El punto vinculado con los criterios es quizás el más conflictivo, porque hay muchas ideas contrapuestas referidas a cómo debería ser.

En primer lugar, señalamos algo que parece obvio pero que tampoco se respeta. Me refiero a que la publicidad nunca puede distribuirse en función de la línea editorial del medio, es decir, como un premio o un castigo. El criterio nunca puede ser beneficiar a los medios que un funcionario elija discrecionalmente y sancionar a aquellos que han sido críticos o cuya línea editorial no gusta.

Es imprescindible que existan otros criterios o mecanismos que acoten esta discrecionalidad para que no sea abusiva. Sin perjuicio de que es una decisión discrecional de la administración, consideramos que lo mejor es rodearla de mayores controles para reducir la posibilidad de cometer abusos o favoritismos políticos.

En cuanto a los criterios, básicamente manifestamos que el primero a tener en cuenta es que el objetivo de la publicidad tiene que cumplirse, es decir, que la publicidad, el anuncio, el aviso o la campaña en cuestión impacten al público para el cual fueron destinados. Por ejemplo, si se destinaron fondos públicos para comunicar algo que se supone relevante, como una campaña de salud, es de esperar que llegue a las personas a las cuales busca impactar. Una vez que se define todo esto, puede tomarse en cuenta la circulación, si es necesario tener una cobertura amplia, y fundamentalmente cuidar que el Estado no gaste más que el sector privado.

El precio y la eficiencia económica constituyen un tema importante. Muchas veces el Estado paga más, aunque muchos publicitarios dicen que esto es así porque paga tarde. Habría que establecer mecanismos que permitan un flujo razonable de fondos y que eviten que el Estado pague más que lo que se abona en el sector privado.

Por último, hay que evaluar si es posible y hasta conveniente establecer mecanismos que permitan que se deje de lado o que se quite del juego a los medios más chicos, dándole todo al medio más grande. En cada una de las localidades siempre hay criterios, porque el mensaje puede transmitirse por un gran diario de tirada nacional o por cinco medios más pequeños que tengan la misma audiencia. Es bueno que el Estado trate de repartir ese dinero de modo equitativo, porque evidentemente está involucrada la libertad de expresión.

Un tema muy importante que no quiero olvidar es la planificación de la publicidad. Luego de realizar el estudio nos dimos cuenta, por conversaciones con funcionarios y con medios de comunicación, de la ausencia de planificación respecto de los fondos utilizados para publicidad oficial. Así como en el sector privado se planifica, el Estado también debería hacerlo. Para nosotros, la publicidad debería justificarse en campañas publicitarias. Es decir, los anuncios sueltos por emergencias son una excepción; la regla es que el Estado tenga distintos programas de gestión, actos y cuestiones que quiere comunicar, que conoce de antemano, y que por ende puede planificar en función de campañas. Por ejemplo, si hay una campaña de salud, eso trae aparejada una necesidad de comunicación. Lo mismo ocurre en una campaña de promoción de turismo, de prevención de embarazos adolescentes, etcétera. Es decir, las excepciones y las emergencias son solamente eso: excepciones y emergencias. Esto, que parece tan obvio, no sucede.

Nosotros enviamos un pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional en el cual preguntábamos qué campañas se habían realizado y si había control sobre ellas. Nos inspiramos en un informe anual que el gobierno canadiense emite, en el cual divide rubro por rubro cada una de las campañas publicitarias que lanzó, en qué medios fueron publicadas, cuánto se gastó y si se cumplieron o no sus objetivos.

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No tuvimos respuesta porque obviamente no hay planificación, tampoco en los ámbitos provinciales y municipales. Esto facilitaría muchísimo los controles posteriores sobre los gastos de publicidad oficial.

Otro tema importante, sobre el que no me voy a explayar mucho, es el de la transparencia. Es importante que cualquier ciudadano pueda conocer y entender de manera sencilla la información relacionada con los gastos y los presupuestos. Es muy difícil, sobre todo en ciertas provincias, acceder a la información sobre las campañas. Una vez que se accede a la información de los gastos, muchas veces las planillas que nos dan los gobiernos son prácticamente ilegibles o no se entiende de qué manera se actualizan los datos. No debería ser así. Esta información debería estar publicada como mínimo en Internet para que se pueda acceder a ella sencillamente. Allí debería estar expuesta la información sobre contratos, duración de las campañas, planificación, etcétera. Se pueden hacer informes trimestrales, semestrales o anuales; hay distintas formas de instrumentar esto para garantizar la transparencia.

El control posterior externo y adecuado sobre el gasto de estos fondos es otro punto muy importante. Los órganos de auditoría y los tribunales de cuenta tienen una tarea a realizar en este sentido. Por ejemplo, la AGN podría hacer auditorías sobre gastos de publicidad. Creemos que debería tomarlo como un objetivo anual; sería muy interesante que lo hiciera.

Hay otros controles que sería conveniente llevar a cabo además de los estrictamente ejercidos por los tribunales de cuentas o auditorías. Por ejemplo, podrían funcionar comisiones integradas por los actores directamente involucrados en el tema, que nuclearan asociaciones de medios, de periodistas, de agencias de publicidad, del Poder Legislativo, e incluso de miembros de la sociedad civil, si se considerara necesario. La idea es que se controle cómo se reparten los gastos o cómo se podría mejorar su distribución. Por supuesto, también habría que supervisar la legalidad de dichas distribuciones o cualquier otra cuestión que surgiera.

Básicamente, esos son los principios que están establecidos en el documento. Algo importante para destacar es que este documento no es un punto de llegada sino un punto de partida. Como dice siempre Roberto, allí no hay ninguna verdad revelada. Hay muchísimas cuestiones que se pueden debatir y discutir. Nosotros estamos muy contentos de estar acá para que se abra el debate y la discusión. Durante el corriente año se instaló la idea de que la publicidad oficial puede interferir negativamente con la libertad de expresión y que una regulación podría ser un buen punto de partida para comenzar a subsanar este problema.



SR. PRESIDENTE MORINI Tiene la palabra el señor diputado Heredia.

SR. HEREDIA En principio, es interesante el estudio que ustedes han hecho, aunque me gustaría darle una leída más profunda. Sin perjuicio de ello, me gustaría hacer una pequeña observación. Yo trabajé treinta años en la radio LV3 de Córdoba, y quisiera leerles un párrafo relativo a esa radio. Dice así: "La estación de radio LV3, que transmite desde la ciudad de Córdoba y se retransmite a otras ciudades del país, generalmente no critica la gestión del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota". Yo les aseguro que si hay críticos durísimos de José Manuel de la Sota -y los voy a nombrar-, éstos se llaman Miguel Clareano y Pablo Rossi, que por otra parte son conocidos de Norma Morandini. Ellos no son para nada afables sino muy críticos. La radio misma, en líneas generales, critica muchísimo y duramente al gobierno nacional, dentro de la libertad que allí se tiene. Por eso me llama la atención.

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Esos dos periodistas importantes de radio son críticos. Decir que Miguel Clareano no critica al gobierno de Córdoba es no haber escuchado la radio.

Después, dicen que tiene el 40 por ciento de la audiencia radial de la provincia. La verdad es que hoy tiene el 76 por ciento de la audiencia. No son críticas mías sino dos pequeños detalles de una pequeña lectura.

SR. SABA Le agradezco los comentarios. Mi intervención no es para responder sino para agregar datos.

No sé si esto cambia la información, pero quiero arrojar más patrones de situación. El informe fue realizado a partir de una observación en el año 2004. Además, el trabajo en cada provincia se realizó con observadores locales, es decir que lo que está allí se realizó sobre la base de una observación indirecta.

Por supuesto, el juicio de valor sobre si un medio critica más o menos es sumamente difícil de cuantificar.

SR. HEREDIA Por eso dije que no era una crítica sino una observación, y no estoy de acuerdo con esto.

SR. SABA No hay otra forma. Este problema lo tiene la misma Corte Suprema al evaluar el caso del diario Río Negro. Es decir, para poder evaluar si hay censura a raíz de lo que se dijo hay que evaluar si ello realmente fue una censura real.

Se trata de casos muy difíciles, porque en medio hay un juicio de valor sobre si algo es crítico o no, pero es vital para solucionar los casos. Esa es la gran dificultad que tiene la Corte en el caso mencionado.

SR. PRESIDENTE MORINI Tiene la palabra la señora diputada Morandini.

SRA. MORANDINI Señor presidente: agradezco la presencia de nuestros invitados.

Me gustó escuchar la palabra "iluminar", que ha sido repetida varias veces por los dos invitados. A riesgo de seguir tocando la misma tecla quiero mencionar que nuestro país viene de vivir en tiempos de oscuridad. En la oscuridad se trata precisamente de que la dinámica natural de la libertad que tienen las sociedades democráticas quede tapada por la censura, que es lo primero que imponen las tiranías. El hecho de pensar que lo primero que hacen los tiranos es imponer la censura, ya advierte la importancia de la libertad de expresión.

La palabra "iluminar" aparece con la libertad y la democracia en una sociedad que todavía debe darse cuenta de que lo que tiene como normalizado no es lo que corresponde en una sociedad democrática.

Agradezco ser aludida por periodistas que son respetados, no por críticos sino por independientes. Lo que define a un buen periodista no es que sea crítico sino conseguir que sea independiente de los poderes, del mercado o de la empresa donde trabaja. A veces ha pasado que se cree que porque se trabaja en un medio el periodista tiene que tener puesta la camiseta del medio. El prestigio y la credibilidad es lo que define al periodista, no la cantidad de anuncios.

Me parece importante poner todos estos temas en la consideración del debate público. Nada mide mejor el desarrollo democrático de una sociedad que el grado de independencia que tengan sus periodistas y, por supuesto, como principio, la libertad de expresión.

SR. PRESIDENTE MORINI El problema es que en relación con la publicidad oficial, cuando un gobierno distribuye una masa de dinero, generalmente se reparte entre los medios más importantes, especialmente los que tienen incumbencia en la Capital Federal, y los medios del interior terminan retransmitiendo gratuitamente.

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Es decir que no llega un solo peso a una radio del interior. No me refiero solamente a una FM de un pueblo; muchas veces una AM de una región no lo recibe.

Existe un sistema que se utiliza para la obra pública que también es aplicable en esta materia: la empresa contratista que contrata una masa de dinero para una determinada obra pública, a su vez tiene la obligatoriedad de subcontratar entre el 30 y el 40 por ciento al resto de las empresas.

Esto se podría aplicar en la República Argentina con el tema de los medios muy pequeños. Es decir, es imposible que el Estado realice contratos con todos los medios. Supongamos una publicidad como la que hubo cuando tuvimos el gran ataque de cólera en el país. Hacíamos publicidad para la frontera por televisión, cuando sabemos que la gente que vive allí generalmente no ve televisión porque ni siquiera tiene luz eléctrica, con lo cual no llegábamos donde hacía falta porque allí la gente no tenía los recursos necesarios.

Entonces, los medios nacionales que contrataban el gran paquete publicitario -ni siquiera estoy hablando de propaganda, sino de publicidad oficial, que es lo que se utiliza en las campañas educativas, especialmente cuando tenemos un problema de salud- no llegaban donde hacía falta.

Por eso creo que sería interesante buscar la forma para que el medio grande, que es el que contrata, tenga la obligación de subcontratar medios más pequeños, especialmente a aquellos que lleguen al lugar, porque muchas veces en estos lugares pequeños funciona todavía el viejo sistema del afiche que se pone en la farmacia, en la estación de servicio, en el almacén o donde sea, que es donde la gente recibe la información.

Creo que el dinero que se gastó en su momento para la campaña de prevención del cólera llegó a la gente que en su mayoría no tenía ese problema y no llegó a la que realmente lo necesitaba.

Me parece que esa sería una alternativa para permitir que la masa de dinero se pueda distribuir, porque en definitiva los diarios chicos y las FM del interior nunca van a recibir dinero del Estado nacional, ni para este tipo de publicidad relacionada con campañas de prevención en salud ni para promoción turística. Muchas provincias realizan esta actividad a través de medios de otras provincias para tentar al turista para que vaya a la suya.

Este no es un tema menor, porque en definitiva la masa de dinero para publicidad oficial que hemos votado en el presupuesto es importantísima, pero también es importante que ese dinero llegue a los medios más pequeños.

El otro gran tema que mencionaba recién la señora diputada Morandini es que no solamente es un problema de publicidad oficial sino también de la de los privados. Cuando se realizan grandes campañas publicitarias, muchas veces la presión de determinadas empresas muy poderosas en el país influye sobre ciertos periodistas que trabajan en determinados medios. Entonces, creo que éste también es un tema que habría que debatir.

Quisiera saber si de parte de ustedes habría alguna posibilidad de analizarlo y trabajar en conjunto para encontrar soluciones.

SR. SABA Es uno de los temas más importantes. Creo que estamos de acuerdo. Como decía Eleonora, lo que debería guiar la regulación es no perder de vista el objetivo de la publicidad, que es salvar vidas. No estamos hablando simplemente de anuncios. Las campañas de educación sobre prevención del SIDA salvan vidas. Y si se usa mal ese dinero, se está jugando con la vida de personas.

Entonces, no debemos perder de vista que el objetivo es llegar al destinatario de la información que estamos distribuyendo, es decir, llegar a quien necesita esa información.

Esto es muy importante porque cuando se discute sobre distribución de publicidad oficial es muy habitual que el ataque venga por el lado de que si la audiencia es el criterio, todo se lo llevan los diarios más grandes. Justamente nosotros no compartimos ese criterio, aunque muchas veces puede ser importante, obviamente, pero la idea es llegar al destinatario, a quien a veces ni siquiera se llega con publicidad en los medios sino a través de un papel, de una fotocopia o de un póster en un negocio. Cuando los privados hacen campaña, esto lo saben muy bien.

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El Estado debería hacer lo mismo. El objetivo es llegar, y si además interesa fomentar la posibilidad de la diversidad de voces, es posible elegir. El Estado puede optar, pues quiere cumplir con los dos objetivos: llegar a la misma gente con un diario grande y masivo o con cinco medios pequeños.

El otro tema que quiero mencionar es el de las campañas, porque nos parece muy importante. Existe el mito de que la publicidad oficial se decide sobre la marcha, pero eso no es cierto. Sí es cierto que existen emergencias, pero la mayor parte de la publicidad oficial se puede definir con anticipación para acompañar, por ejemplo, una campaña de difusión en torno de una política de salud o ambiental. Si se organiza con anticipación se puede obtener la mejor llegada a la gente, el mejor precio, etcétera, y además se puede controlar. Una vez implementada determinada campaña se puede analizar si cumplió o no con su destino.

Hemos realizado una auditoría de consumidores y nadie se enteró de que había una campaña respecto de determinado tema; entonces, algo pasó. Es por ello que funciona muy bien la campaña con la posibilidad de control.

SR. PRESIDENTE MORINI Tiene la palabra la doctora Rabinovich.

SRA. RABINOVICH Señor presidente: quiero agregar algo sobre la autoridad de aplicación y sobre qué funcionario decide sobre los fondos para la publicidad oficial.

Estamos hablando de planificación y, obviamente, es necesario que sean técnicos, gente que conozca de audiencias, de cómo se planifica, de cuál es el modo más efectivo, incluso trabajando en el Estado. Es muy importante que el equipo que esté a cargo de la asignación de publicidad oficial esté integrado por gente experta en temas de publicidad, de marketing, de comunicación, etcétera.

En el documento, bajo el título de "Descentralización", mencionamos que queremos que la decisión única y final no esté solamente en manos de un funcionario que dependa del poder político sino de un equipo de personas con conocimientos técnicos. También pretendemos que la permanencia en el cargo no dependa de la discrecionalidad del poder político, porque es necesario garantizar la independencia y la aplicación de criterios verdaderamente técnicos y no políticos -en el sentido de discrecionales-, obviamente permitiendo la diversidad de voces, porque es un criterio político deseable.

SR. PRESIDENTE MORINI Tiene la palabra la señora diputada Quiroz.

SRA. QUIROZ Señor presidente: reitero el agradecimiento a nuestros invitados, que ya ha sido mencionado por otros señores diputados.

Respecto de la planificación, me parece que hay que separar dos cuestiones. Por un lado está la difusión y la propaganda de los actos de gobierno -siempre en un marco de licitud y legitimidad-, y por el otro, los actos de gobierno en tanto políticas de Estado vinculadas con el resto de los argentinos.

Considero que necesariamente uno de los puntos centrales debería ser la planificación, pero con algunos márgenes de flexibilidad. Seguramente si hubiera un terremoto habría que suspender una campaña determinada y difundir cuestiones como criterios de defensa, de preservación, etcétera.

Sin embargo, sería conveniente una planificación conocida por el resto de la sociedad para que ella se pueda involucrar en su control y en su balance, en lugar de limitarse a decir, por ejemplo: "Esto estuvo mal, no me gusta y me parece que tendría que ser de otra manera."

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La planificación conlleva objetivos y un camino para poder llegar a esos objetivos. En la medida en que la ciudadanía conozca esa planificación, me parece que habrá un involucramiento mayor. Esto se puede lograr a través de organismos técnicos, organizaciones no gubernamentales, es decir, especialistas que tengan la posibilidad de auditar, además de los organismos que existen y a quienes les corresponde hacer esa tarea. Pero hay que auditar también en términos de balance, de modo que esto se pueda ir mejorando hacia adelante.

En realidad, la sociedad es la que debe contar con los elementos necesarios como para discernir cuándo se trata de una propaganda de gobierno y cuándo de una medida del Estado que compete a todos. Considero que esto tiene que ver con el avance cultural de una sociedad y es responsabilidad del Estado, y por supuesto nuestra, en términos de establecer no solamente un marco regulatorio sobre la distribución de la publicidad oficial sino también de involucrar al resto de la sociedad. Me parece que ese camino podría ser uno de ellos.

SR. PRESIDENTE MORINI Tiene la palabra la señora diputada Morandini.

SRA. MORANDINI Me gustaría que nos dijeran algo en relación con las sanciones que el Estado impone a los medios cuando no cumplen con lo pautado. ¿Funciona este mecanismo de sanciones?

SR. SABA No es un tema del que tenga mucha información, pero sí estamos trabajando en él. Nosotros nos documentamos cuando hicimos el informe porque -como decíamos al principio- estamos tratando de apuntar a todas las situaciones en las que indirectamente pueda ser afectada la libertad de expresión; también las formas sutiles, que a veces son muy efectivas.

Una de estas situaciones está relacionada con el rol del Estado de manejar las sanciones del COMFER. Como verán en el informe, forma parte de la gama de estrategias de presión, control o negociación. Hay un famoso caso "Menem/COMFER" por el tema de la reelección, que finalmente ganó Menem en tribunales. No se trata de prácticas nuevas: en la condonación o canje de deudas por publicidad está la oportunidad de que haya discrecionalidad y presión.

SR. PRESIDENTE MORONI Tiene la palabra la señora diputada Bertone.



SRA. BERTONE Tengo amplias coincidencias con lo que ustedes han comentado hoy. A mí también me preocupa muchísimo lo que decían recién respecto de la centralización del manejo de la publicidad oficial, que en este momento se encuentra en manos del secretario de medios de comunicación. Todos sabemos que Enrique Albistur viene siendo seriamente cuestionado desde hace muchos años. Yo lo he dicho públicamente en varias oportunidades.

También quiero dejar sentada una preocupación que tengo en relación con esta comisión, que lamentablemente ha logrado quórum en pocas circunstancias debido a que el oficialismo no se presenta a las reuniones. Se trata de un grave problema.

Habría que ver si éste es un tema que interesa en agenda pública. Sin dudas, no es un tema que interesa, además de que es difícil comunicarlo. Estamos en un círculo vicioso, no virtuoso. Tenemos que intentar ser creativos. El año que viene tenemos que trabajar duramente para lograr el quórum, sobre todo en aquellas reuniones donde se traten temas vinculados con la defensa de la libertad de expresión.

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Esperamos convencer a nuestros compañeros que hoy están ausentes para que vengan a defender este derecho que es tan importante. Puede suceder una o dos veces, pero cuando la ausencia de los diputados oficialistas es permanente, durante casi todo el año, ya empieza a ser una preocupación grave.

Tal vez la época del año no ayude, pero tenemos nuestras expectativas para el año próximo. La idea es un compromiso fuerte de parte de todos con vistas a fortalecer el trabajo de la comisión. En las reuniones estamos siempre los mismos, pero soy optimista y confío en que las cosas cambien el año próximo.

En la Comisión de Comunicaciones también hay muchos proyectos en este sentido y podemos trabajar en forma conjunta para seguir insistiendo en que se traten todos los que tienen que ver con la pauta oficial.



SR. PRESIDENTE MORINI Tiene la palabra el doctor Saba.

SR. SABA Señor presidente: en este sentido quiero comentarles que estamos trabajando en un documento de monitoreo de la labor de la comisión en relación con las reuniones, etcétera.

Respecto de la centralización, no es el objetivo de nuestro trabajo pero es un tema que nos preocupa. La cuestión la deslizo como un problema importante, porque en algunas provincias deja de ser un problema de censura y se convierte en un severo problema de corrupción.

En el caso de la provincia de Tierra del Fuego, es llamativo el modo en que la falta de control en cuanto a la centralización genera un contexto muy favorable para básicamente comprar los espacios que no sirven.

En los últimos dos años surgieron en esa provincia más de veinte newsletters informativos que reproducen la misma gacetilla gubernamental con el mismo error de ortografía, con la misma foto y título. Digamos que el objetivo no es informar sino extraer fondos del Estado en forma ilícita. El problema puede tener muchas ramificaciones complicadas.

SR. PRESIDENTE MORINI Tiene la palabra la señora diputada Quiroz.

SRA. QUIROZ Señor presidente: me quedó pendiente una cuestión, porque mencionaron que en general no se advierte un motivo de persecución con el uso de la publicidad oficial, como que no es algo generalizado. ¿Entendí correctamente?

SR. SABA Todo lo contrario. En los medios grandes nacionales el componente de publicidad oficial no es ese...

SRA. QUIROZ Iba a decir lo siguiente. Creo que esto se reproduce en el conurbano bonaerense, que es la mayor parte de la provincia de Buenos Aires. Es decir, la publicidad oficial es la de los municipios en los medios locales y regionales. Estamos hablando del conurbano; no decimos un pueblo de 40.000 habitantes sino que hablamos de 400.000, 500.000 o 700.000 habitantes por distrito. Entonces, la herramienta de la publicidad oficial se ha convertido en un instrumento disciplinador para los medios.

Recuerdo un caso sucedido en Merlo, que es mi propio distrito. Después de las elecciones provinciales de 2003 hubo una serie de hechos de discriminación, amenazas y demás hacia una familia con una radio FM hasta que las amenazas finalmente se concretaron.

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Terminó con que este señor resultó ser asesor publicitario -digamos- del municipio. Es algo patético. No estoy hablando de las cuestiones personales, ni del lado del municipio ni del lado de las personas. Simplemente lo pongo como ejemplo para ver cómo la herramienta de la publicidad oficial en el conurbano bonaerense se convirtió -aunque sea mínimamente- en un factor de disciplina.

Me parece que esto es un proceso. Quiero decir que más allá de una legislación -que es imprescindible- y más allá del compromiso de cumplir con todo lo que diga el marco regulatorio, esto también tiene que ver con una cuestión cultural. En este sentido, las organizaciones no gubernamentales cumplen un rol muy importante de instrucción acerca de los derechos que amparan a las personas y demás. Por ello creo que sigue siendo un hecho central que los componentes de una sociedad se vean involucrados en este asunto a través de sus organizaciones.

SR. SABA El nivel provincial y municipal es particularmente delicado. Por eso decía que a nivel nacional hay un problema, pero no llega a ser lo grave que es a nivel local. Hicimos una presentación de este documento en la que había alrededor de ochenta personas, y nos llamó la atención que muchas de ellas venían del interior del país, pagándose sus pasajes, a decirnos que esto pasa en el Chaco, en Tucumán, etcétera.

¿Pero por qué insisto con que se sancione una norma a nivel nacional? Porque una ley nacional podría ser muy interesante para fijar una línea a niveles locales. Hay una responsabilidad del órgano de decisión nacional de establecer algún estándar que pueda bajar, porque discutir esto a nivel del municipio del conurbano es mucho más difícil que hacerlo acá.

Entonces, hay una responsabilidad muy grande, tanto en este tema como en otros, y una ley de acceso a la información a nivel nacional podría acelerar el trámite de leyes provinciales y municipales.

Otra cuestión es la de los volúmenes. Muchas veces se dice que en esto no se maneja tanta plata. A nivel nacional estamos hablando de 160 millones de pesos, pero el tema es el impacto de ese dinero en los medios locales, porque hay medios locales que con 3.000 pesos por mes viven o no viven. Entonces, este dinero puede no ser un gran monto a nivel de presupuesto nacional pero puede ser vital para disciplinar a los medios pequeños.

SR. PRESIDENTE MORINI Tiene la palabra la señora diputada Tate.

SRA. TATE En primer lugar quiero pedir disculpas por haber llegado tarde, pero tenemos superposición de horarios con otras comisiones.

Soy diputada por la provincia de Santa Fe y quiero agradecerles su presencia y el aporte que ustedes hacen. Si me permiten, quiero hacer un resumen de lo que ha sido la historia de esta comisión desde el comienzo de mi mandato. Creo que soy la única sobreviviente de los que comenzamos con esta comisión en el año 2003, y sinceramente tengo que decir con mucho pesar que la comisión ha involucionado.

Durante los dos primeros años tuvimos muchísima tarea. Recibimos a una numerosa cantidad de representantes de medios y de periodistas que venían con denuncias muy fuertes.

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El informe que trajeron se refiere a la existencia de una censura sutil, y yo me permito decirles que en la mayoría de los casos la censura no ha sido tan sutil. Lo entiendo como el título de un informe, pero creo que tenemos sobradas pruebas de que la censura no ha sido sutil sino muy grave en algunos casos.

Tal como mencionaba la señora diputada Quiroz, el tema ha sido lamentable, porque las amenazas han surtido su efecto y se han concretado en periodistas y dueños de medios.

Tuvimos una entrevista con el doctor Albistur, secretario de Medios de la Nación, al comienzo de su gestión y no nos dio una respuesta satisfactoria. Se trató de una reunión importante que convocó a muchísima gente -entre otros, a muchos representantes de pequeños medios-, pero después el trabajo de la comisión fue decayendo y quedamos acéfalos. Ahora tenemos esperanzas de que con esta nueva conducción la comisión tenga el rol que realmente le compete.

Todos los que estamos aquí y participamos de las reuniones estamos interesados en defender la libertad de expresión, y estamos absolutamente preocupados porque el oficialismo no participa ni da quórum para el tratamiento de proyectos, además de no fortalecer la labor de la comisión.

En definitiva, los esfuerzos que hacen el presidente y los diputados de la comisión conforman una actitud voluntarista que no se manifiesta en hechos ni se puede concretar porque el oficialismo no participa de las reuniones.

Me parece importante el aporte que han brindado los invitados, y sepan que si bien esta comisión siempre está un poco renga, los que estamos presentes estamos muy comprometidos y nos interesa mucho su aporte.

SR. PRESIDENTE MORINI La Presidencia informa que algunos señores diputados tenemos que asistir a otras reuniones.

Quiero realizar un comentario por si les sirve como aporte para el documento. No voy a hablar de la libertad de expresión sino de la publicidad oficial. En algunos países, como Argelia y Taiwán, se ha dejado de utilizar la publicidad oficial en algunos medios. Argelia utiliza el dinero para realizar campañas publicitarias que aparecen en las cajas de leche que reparten en las escuelas. Se trata de un país que tiene problemas con el agua y es uno de los mayores compradores de leche que tiene la República Argentina. Hoy las fábricas de nuestra zona tienen que tener traductores de los idiomas de los países a los cuales se exporta, porque en la caja de leche saborizada que se les entrega a los chicos en las escuelas se plasman campañas de educación vial, temas de salud, etcétera, y se van cambiando permanentemente.

Considero que esta es una manera de trabajar entre lo público y lo privado. Es decir, parte del dinero de la publicidad oficial se puede destinar a este tipo de campañas que hace muchos años se hacía en la Argentina.

En el caso de Taiwán, se utilizan las tarjetas telefónicas, especialmente para referirse al tema de los animales en vías de extinción y a determinadas cuestiones muy útiles.

Considero que este es un tema que la Argentina tendría que evaluar para no pensar que solamente el gasto de la publicidad oficial se debe hacer en radio, televisión o en los grandes medios, pues muchas campañas llegan más a los chicos y jóvenes de la otra manera. Se desperdicia un elemento muy importante que, con poco esfuerzo económico pero con un compromiso fuerte con las empresas, se podría perfectamente volver a concretar. Me parece que es una idea para apostar, porque estamos equivocados si pensamos que cuando hacemos una publicidad por televisión llegamos a todo el país.

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Quiero agradecerles nuevamente la visita y decirles que pueden disponer de esta comisión cuando quieran. Asimismo, pueden hacerle las consultas que deseen al grupo de diputados que la conforman, además de acercarnos los proyectos e ideas que tengan en cualquier momento. Sabemos que ustedes forman una organización que trabaja en defensa de los derechos civiles. Por tal razón, nos alegra mucho que hoy se hayan tomado el tiempo de visitarnos.

Queda finalizada la reunión.

- Es la hora 18.