EXPRESAR RECHAZO AL BLOQUEO DEL INGRESO Y EGRESO DE LOS TALLERES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS EJEMPLARES DE LOS DIARIOS CLARÍN, LA NACIÓN Y DEPORTIVO OLÉ REALIZADO POR EL SINDICATO DE CAMIONEROS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 Y MANIFESTAR NUESTRA SOLIDARIDAD CON LAS EMPRESAS PERIODÍSTICAS ANTES MENCIONADAS.

Señor presidente:

El martes 25 de noviembre pasado la Argentina vivió un hecho verdaderamente insólito y preocupante al mismo tiempo. Tanto fue así que nos permite decir que en materia de libertades hemos retrocedido varias décadas, cuando se consideraba en la Argentina al derecho a la libre expresión, a la libre circulación y a la libre sindicalización como meras aspiraciones en un ambiente político y económico signado por el autoritarismo que interrumpió varias veces los procesos democráticos. En esa jornada, los talleres desde donde se distribuyen los ejemplares de los diarios La Nación, Clarín y Deportivo Olé fueron víctimas de los piquetes destemplados de agrupaciones sindicales que responden al Sindicato de Camioneros, que conduce Pablo Moyano, hijo del secretario General de la CGT, Hugo Moyano. Los hechos minuciosamente descriptos por distintas fuentes de información, no sólo pertenecientes a las empresas periodísticas afectadas, confirman que la racionalidad estuvo ausente en el reclamo sindical, ante una sorpresiva pasividad demostrada por la policía laboral de nuestro país, el Ministerio de Trabajo de la Nación. Si la intención de fondo del Sindicato de Camioneros era lograr el encuadramiento de los trabajadores choferes de los vehículos que se dedican a la distribución de ejemplares de los mencionados periódicos, creemos que el método utilizado no fue el mejor, al contrario es el más extorsivo para la vigencia justamente de aquellas tres libertades protegidas por la Constitución Nacional. Mientras el gremio de los camioneros realizaba esta acción coercitiva e ilegítima, autoridades del Ministerio del Interior recibían en su despacho al padre del conductor del mencionado sindicato. Posteriormente, no hubo manifestaciones públicas sobre el tema por parte de los protagonistas de dicho encuentro, pero dio pie a numerosas especulaciones sobre la intencionalidad política de la medida. Para nosotros es evidente que este preocupante silencio oficial es coherente con la inacción del Ministerio de Trabajo de la Nación, organismo que debió haber dictado de inmediato la instancia de Conciliación Obligatoria, prevista en nuestro Derecho Laboral, para que las partes resuelvan sus diferencias en un ambiente de diálogo. Sin embargo, el silencio oficial sonó a complicidad, como bien lo reflejaron las editoriales de los diarios Clarín y La Nación luego de la aciaga jornada que vivieron sus empresas. En lo específicamente relacionado con el hecho que motiva nuestra declaración, decimos que afecta el derecho a la libertad de expresión consagrado por la Constitución Nacional, ya que al amenazar con impedir el traslado de los ejemplares de los periódicos se está afectando el derecho de acceso a la Información consagrado por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales firmados por la Argentina (como el Pacto de San José de Costa Rica) con el compromiso de asumir la plena defensa de este derecho central. En la Argentina diariamente los periódicos citados distribuyen cientos de miles de ejemplares que permiten a los ciudadanos estar informados sobre el mundo que los rodea, además de encontrar abundante guías y consejos para tomar decisiones que las afectan personalmente, como así también cuentan con espacios para el entretenimiento. Como bien expresó el filósofo y ensayista argentino, Santiago Kovadloff el hecho "se puede ver como un eufemismo de la censura: intentaron impedir el contacto del lector con la información crítica. Anticipa otras formas de censura más violentas". Nada de esto interesó al Sindicato de Camioneros al momento de utilizar el bloqueo para llamar la atención sobre su reclamo. La Libertad de circulación, incluso mencionado en nuestro Preámbulo, pasó a un segundo plano y esto forma parte de una práctica recurrente de determinados sectores que terminan afectando el derecho de los demás sin poner límites a sus propios reclamos. Por supuesto, no deja de llamarnos la atención que el objetivo sindical estuvo centrado en lograr que los trabajadores de las empresas contratadas para transportar los ejemplares hasta los puntos de ventas de los diarios, sean cooptados para afiliarse al Sindicato de Camioneros. Decimos que esta actitud no es aislada sino que responde a la lógica del jefe natural de ese gremio, que es el titular de la CGT Hugo Moyano, quien días pasados se opuso públicamente al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que determinó en la práctica la opción de la libertad gremial para los delegados que se presenten en sus empresas u organismos para representar a sus compañeros de trabajo. Esa resolución del máximo tribunal significó un quiebre importante para décadas de monopolio sindical, lo que revela aún más el sentido nefasto de esta maniobra realizada frente a los talleres de los diarios de mayor circulación de nuestro país. No sólo fue un mensaje amenazante a la libertad de expresión y de libre circulación, sino también un mensaje extorsivo para aquellos trabajadores que no quieran afiliarse a los sindicatos pertenecientes a la égida de la CGT. La acción sindical merece nuestro más absoluto respeto porque contribuye a la defensa de derechos de los trabajadores e incluso a

una mejor distribución del ingreso, pero eso no significa avalar conductas cuasidelictivas que atacan la base estructural de la vida en una sociedad democrática. No podemos consumar aquellos que tenemos alguna responsabilidad institucional la decadencia de la calidad institucional de los argentinos. Debemos medir nuestras acciones con prudencia, más aún cuando nuestros derechos pueden vulnerar el derecho de millones de argentinos.

Por este motivo, solicito a los miembros de esta Honorable Cámara, la aprobación del presente proyecto de declaración