Su preocupación por el accionar del Ing. Jorge Martín, Intendente de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de intimar mediante una carta documento al periodista Armando Cabral, titular del portal de noticias "La Licuadora TDF", a que se rectifique de sus dichos por atentar contra su "dignidad, honorabilidad y reputación".

Señor presidente:

El día 22 de julio del corriente año, el Ing. Jorge Martín, Intendente de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, remitió una Carta Documento al Titular del sitio La Licuadora TDF (1) , uno de los tantos medios de la mencionada provincia, requiriéndole que rectifique sus dichos, por entender que la información vertida atentaba contra su "dignidad, honorabilidad y reputación".

El año pasado, nuestro país convirtió en Ley la despenalización de los delitos de calumnias e injurias cuando se tratara de definiciones vertidas por la prensa. Tal medida ha respondido a una política de Estado que entiende que la libertad de expresión, y especialmente el derecho a la información de las personas, son un valuarte fundamentales de un Estado republicano y democrático. En este sentido, los actos de gobierno ejercidos por nuestros y nuestras representantes son y deben ser conocidos y controlados por la ciudadanía toda, razón por lo cual la función social de los medios masivos de comunicación se torna un pilar ineludible de la democracia moderna.

En este sentido, y en concordancia con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "Kimmel c/ Estado Argentino", se ha dado sanción a la Ley 26.551, que erradica el criterio por el cual, las opiniones acerca de los funcionarios y las funcionarias pueden ser considerados hechos delictivos; por el contrario, deja abierta la puerta para que, a través de formas amplias de participación ciudadana puedan utilizarse los mismos medios y se acceda al derecho a réplica de todos y todas, lo que representa el ejercicio de mayor pluralidad y enriquece el debate y el conocimiento de los y las mandantes acerca de sus gobernantes.

Sin embargo, y en el entendimiento de que en el sitio La Licuadora se había publicado una información que no era certera, el Ing. Martín ha optado por no hacer uso de este derecho, y recurrir a prácticas contrarias al espíritu democrático de solución de conflictos: en clara oposición con los preceptos sentenciados por la Corte I.D.H. y con una modalidad punitiva, ha enviado una carta documento requiriendo unilateralmente la rectificación de los dichos, arguyendo, justamente, que los mismos atentan a "su honor". Específicamente, la sanción de la mentada Ley hace desaparecer del ordenamiento jurídico toda invocación al honor por parte de un funcionario o una funcionaria para intentar reprimir a quien se exprese en la prensa, por lo que el requerimiento por vía oficial no encuentra sustento normativo.

Cabe señalar que no importa, aquí, qué fue lo que se ha dicho sobre el Intendente: lo que debe primar es el orden democrático y el respeto por las instituciones sociales, como así también los procedimientos legales, que permiten a todos y todas quienes puedan sentirse agraviados o agraviadas, a obtener una réplica, pero nunca a intentar medios represivos, como lo son las acciones judiciales, naturales consecuencias de toda carta documento.

La defensa férrea de todas las formas de comunicación, y la necesidad de que todos y todas los y las periodistas puedan expresar sus ideas sin temor a verse perseguidos judicialmente.

Finalmente, es de resaltar que, tal como informara a través de su sitio web, numerosos referentes políticos, partidos y funcionarios hicieron público su rechazo a la acción emprendida por el jefe comunal. Entre ellos se encuentra el Secretario de Comunicación Institucional de la Provincia Leonardo Gorbacz, el diputado nacional Rubén Sciutto, los Concejales Marisa Montero, Gustavo Longhi y Raúl Moreira; el Partido Social Patagónico y El PRO, entre otros. Además más de una docena de medios y muchos colegas periodistas le hicieron llegar al Sr. Cabral su solidaridad y su compromiso con la defensa de la libertad de expresión.

Por ello, es que solicito a los señores diputados y a las señoras diputadas que acompañen el presente proyecto.