Iniciar juicio político al Sr. Ministro de Economía y Finanzas de la Nación, Lic. Amado Boudou por la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional.

Señor presidente:

Venimos a solicitar se inicie el proceso de juicio político contra el señor Ministro de Economía y Finanzas de la Nación, licenciado Amado Boudou por la causal de mal desempeño, en su carácter de responsable político de la Secretaría de Comercio.

Fundamos nuestra petición en la necesidad de acotar la acción del Estado a los límites del Estado de Derecho, es decir, aquél impuesto por la constitución y las leyes de la nación, ante la inconcebible actuación del Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en relación con la empresa Papel Prensa S. A.

En su oportunidad solicitamos juicio político al Ministro Boudou por su inacción frente a las tropelías y el actuar faccioso del señor Guillermo Moreno, sin embargo nuestro pedido fue rechazado sin más trámite por la Comisión de Juicio Político.

En los meses transcurridos la situación ha empeorado, y los episodios de suma gravedad institucional se han reiterado. Así el Secretario de Comercio había dicho a funcionarios del Estado Argentino que pretendía tomar posesión de la principal empresa de fabricación de papel para prensa gráfica, en la que el Estado tiene una participación minoritaria, y que, si esos funcionarios dejaban trascender esta voluntad del poder político, él disponía de "expertos en partirle la columna y hacer saltar los ojos" a quién hablara.

El hecho implicaba una amenaza directa de vulnerar elementales derechos humanos a la integridad física; un intento de generar amedrentamiento moral; un intento de presionar para obtener una desviación de poder por parte de los funcionarios amenazados; y un evidente abuso de poder por parte del Secretario de Comercio.

El académico Gregorio Badeni nos enseña que el "mal desempeño no se refiere únicamente a una conducta desplegada en el ejercicio de la función pública, sino también a todo comportamiento extraño a esa función que no se compadezca con el decoro requerido por el principio de idoneidad ("Tratado de Derecho Constitucional", Tomo II, página 1171).

El superior del Secretario de Comercio, responsable del área era y es el señor Ministro de Economía y Finanzas de la Nación, señor Amado Boudou. Como la Constitución Nacional no prevé el juicio político a los Secretarios de Estado -como Moreno- se entendió que correspondía pedir ese recurso extremo a su superior y responsable político, a menos que echara al señor Moreno de la función que ocupa.

Ahora, en una nueva vía de hecho inadmisible en una república democrática sometida al estado de derecho, en el que los funcionarios son representantes de todo el pueblo y no sus jefes o extorsionadores de barrio, el señor Moreno ha dicho que obedecía una orden judicial de resolver los problemas de la empresa en forma civilizada, llevando a la reunión de directorio un casco y guantes de boxeo.

La civilización, el civismo, es el reino del estado de derecho en reemplazo de la violencia y del abuso de poder, y no lo contrario. Si el ministro no cumple con su deber de encuadrar a sus subordinados en estos límites, corresponde que deje su cargo por mal desempeño.

Luego, el señor ministro debe ser sometido a juicio político, porque no es aceptable que en un Estado de Derecho los superiores amenacen a otros servidores públicos y a ciudadanos y el Señor Ministro estaría incumpliendo con su deber de vigilancia sobre sus subalternos, para corregir desviaciones del Estado de Derecho en una repartición bajo su mando.

Las denuncias penales contra Moreno son otra cosa y ya han sido oportunamente formuladas por terceros, pero sin instituciones no hay democracia, ni hay libertades políticas, ni libertades sociales, ni libertades personales. Las instituciones deben poner freno a estas actitudes políticas de funcionarios del gobierno, que ya rayan o ingresan en el ámbito delictivo.

Por todas las razones expuestas, les solicito a mis pares el inicio del proceso de juicio político en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional.