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ECONOMIA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P03 Oficina 306
Jefe CPN. SILVA SANDRA BEATRIZ
Jueves 11.30hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2353 Internos 2353
ceconomia@hcdn.gob.ar
- ECONOMIA
Reunión del día 20/10/2004
- PRESENCIA DEL SEÑOR ADMINISTRADOR FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, DOCTOR ALBERTO ABAD, Y EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS, DOCTOR RICARDO ECHEGARAY
EXPEDIENTES
En Buenos Aires, a los veinte días del mes de octubre de 2004, a la hora 10 y 56:
SR. PRESIDENTE IGLESIAS Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Economía del día de la fecha.
Se encuentran presentes el señor administrador Federal de Ingresos Públicos, doctor Alberto Abad, y el señor Director General de Aduanas, doctor Ricardo Echegaray. En nombre de la comisión quiero expresarles mi agradecimiento por su presencia.
Hemos invitado a estos funcionarios a los efectos de tratar el proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Aduanero y que, como ustedes verán aquí, se relaciona fundamentalmente con la lucha contra el contrabando y la evasión.
Asimismo, hemos invitado a los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Cámara a fin de que también puedan ir participando del trámite de esta iniciativa. Muchos integrantes de esta Comisión de Economía también son miembros de la de Presupuesto y Hacienda. La idea es que en el día de hoy podamos evacuar la mayor cantidad de dudas respecto de este proyecto de ley de modificación del Código Aduanero, a fin de que podamos emitir dictamen lo antes posible.
En primer término hará uso de la palabra el licenciado Abad, y posteriormente pasaremos a la ronda de formulación de preguntas por parte de los señores diputados.
Tiene la palabra el licenciado Abad.
Se encuentran presentes el señor administrador Federal de Ingresos Públicos, doctor Alberto Abad, y el señor Director General de Aduanas, doctor Ricardo Echegaray. En nombre de la comisión quiero expresarles mi agradecimiento por su presencia.
Hemos invitado a estos funcionarios a los efectos de tratar el proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Aduanero y que, como ustedes verán aquí, se relaciona fundamentalmente con la lucha contra el contrabando y la evasión.
Asimismo, hemos invitado a los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Cámara a fin de que también puedan ir participando del trámite de esta iniciativa. Muchos integrantes de esta Comisión de Economía también son miembros de la de Presupuesto y Hacienda. La idea es que en el día de hoy podamos evacuar la mayor cantidad de dudas respecto de este proyecto de ley de modificación del Código Aduanero, a fin de que podamos emitir dictamen lo antes posible.
En primer término hará uso de la palabra el licenciado Abad, y posteriormente pasaremos a la ronda de formulación de preguntas por parte de los señores diputados.
Tiene la palabra el licenciado Abad.
SR. ABAD Señor presidente: en primer lugar, quiero decir que por primera vez estamos presentando, a nivel de comisión, el Plan Antievasión II. Como ustedes recordarán, el año pasado se presentó el Plan Antievasión I, que puso énfasis en temas centralmente tributarios. Pero como obviamente la AFIP es una agencia única, después de aquel Plan Antievasión I -que apuntaba a problemas muy urticantes y de corto plazo como en su momento eran las facturas apócrifas, la triangulación en operaciones de exportación, algunos inconvenientes con precios de transferencia y demás- tuvimos que hacer hincapié, por la urgencia de estos temas, en un contexto en el que la recaudación necesitaba tener sustentabilidad.
A fines del año pasado y durante el corriente empezamos a trabajar completando el panorama que habíamos presentado con el Plan Antievasion I, poniendo énfasis ahora en los aspectos aduaneros y de la seguridad social, de manera tal de tener un despliegue que cubra las tres áreas de nuestra actividad.
Para nosotros la metodología del Plan Antievasión es muy útil. Yo diría que tiene algunas notas distintivas. En primer término, los planes antievasión no son consecuencia de un ejercicio de lectura de la ley en términos académicos puros, sino de una práctica fiscalizadora.
Lo que estamos haciendo mediante los planes Antievasión es pedir que se resuelvan puntualmente algunos temas respecto de los cuales estamos viendo, desde la práctica de la fiscalización, que son los que están erosionando la recaudación y generando, en algunos casos, bolsones de fraude, de evasión, de elusión, de contrabando o de trabajo en negro.
Entonces, una de las características con la que nos manejamos es ésta: barremos una serie de aspectos, nos basamos en la práctica fiscalizadora y contamos con la posibilidad de traer al Congreso un paquete de iniciativas que son analizadas en su totalidad, lo cual nos facilita ponerlo en práctica rápidamente.
Esto ha sido demostrado claramente en el Plan Antievasión I y hemos tenido muy buenos resultados a partir de la aprobación y del trabajo en conjunto que hemos llevado a cabo aquí en esta Cámara de Diputados.
O sea que mediante este Plan Antievasión II pretendemos potenciar la experiencia del plan anterior y generalizarlo a los aspectos aduaneros y tributarios. Pensamos que con estos dos paquetes tendríamos resuelto en términos generales toda esta problemática que surge de hacer mucho foco en el ejercicio de la fiscalización y ver los nuevos fenómenos que aparecen en las relaciones económico-financieras de nuestro país.
A continuación les voy a comentar los puntos centrales del Plan Antievasión II haciendo énfasis en los objetivos que estamos buscando. Luego, con la colaboración de los representantes de la Aduana que se encuentran presentes, podremos discutir los aspectos que interesan a los señores diputados.
Cuando hablamos del Plan Antievasión no solamente estamos incorporando modificaciones normativas de la categoría de leyes, sino que en algunos casos también incluimos a los decretos y a las resoluciones.
Les voy a comentar los aspectos centrales del paquete, sin discriminar si hace falta o no una ley, para que los señores diputados tengan una idea acerca de cuál es la estrategia general. Obviamente algunos no requieren de leyes, pero no me parece inútil que tengan una idea general de cuál es el enfoque que se pretende dar, porque se correlacionan entre sí y se sinergizan para poder ejercer una acción más eficiente contra el contrabando y para recoger las experiencias de nuestro país y del resto del mundo.
El primer punto se refiere a un sistema de estampillado aduanero con código de barras. Se trata de un avance porque en vez de tener la única estampilla que se utiliza para todo tipo de productos de importación, es una nueva estampilla que incorpora el código de barras y facilita la lectura. Incluso está previsto en una segunda etapa que cuando este producto importado se comercialice en el mercado interno, la factura de venta también incorpore el código de barras que se le asignó en la etapa de entrada al país. Esto lograría darle trazabilidad al producto importado desde que llega hasta que se comercializa en el mercado interno.
Les aclaro que esto ya fue puesto en marcha por una resolución general y otras resoluciones de la Dirección General de Aduanas. En una primera etapa se lo incorporó a productos de alto valor unitario. Es lógico y entendible que esto no es para todos los productos de importación sino para aquellos que, repito, tienen un alto valor unitario. Me refiero por ejemplo a los televisores de plasma o algunos electrodomésticos que por sus características justifican que se realice un seguimiento de este tipo.
El segundo punto se vincula con la falsificación marcaria. Es un tema central no solamente para la Argentina sino para el resto del mundo. Hace unos días estaba leyendo el diario "El País", donde se hacía referencia acerca de cómo esto impactó en España y en particular en el Mercado Común Europeo. Hay un estudio que indicaba que en cinco o seis países de Europa, en el año 2000 había una pérdida del orden de los 20 mil millones de euros por la falsificación marcaria en juguetes, productos textiles y perfumes. En España existen los barrios chinos, donde se comercializa este tipo de mercaderías, y sabemos que esto también sucede en algunos países del Mercosur.
O sea que hoy es muy dificultoso controlar el ingreso de mercadería falsificada, porque esto se ha generalizado muchísimo y las técnicas son cada vez más sofisticadas. También tenemos producción propia de mercaderías falsificadas.
Entonces, lo que estamos pidiendo es una modificación al Código Aduanero que permita que la mercadería falsificada sea calificada o conceptualizada como contrabando y que el Servicio Aduanero pueda decomisarla. O sea, si nosotros no tenemos la posibilidad de aplicar una acción correctiva fuerte y eficaz en el corto plazo, después todo esto se va a diluir en el tratamiento administrativo del problema.
Les quiero comentar también que sobre esto hay varias iniciativas que se están considerando. Incluso hay muchas entidades del sector privado que están preocupadas por este tema. Así que durante este tiempo también hemos recogido sus ideas y sugerencias para poder aportar otras visiones cuanto el tema se trate aquí, en el seno de esta comisión. En otras palabras, nosotros no pensamos que nuestra propuesta sea la única ni la mejor, pero sí tenemos en claro que queremos una ley que nos permita lograr este objetivo. En consecuencia, vamos a tener que discutir esto en el transcurso de las reuniones de trabajo.
De manera tal que el tema de la falsificación marcaria es estratégico. Ahí también vamos a necesitar la colaboración de los propios importadores para que nos ayuden en un proceso transparente, a fin de poder determinar el carácter de falso o no de las mercaderías. O sea que la instrumentación de este mecanismo no es fácil y tampoco es resorte solamente de la Dirección General de Aduanas, sino que para que esto tenga efectividad en su accionar se requiere la colaboración de los operadores de comercio exterior.
Otro punto central es el control de los instrumentos que se utilizan para la medición y el control de los bienes. Nosotros a veces, por un lado -nos ha pasado con algunos exportaciones importantes-, estamos peleando y discutiendo durante años sobre un precio de transferencia por si hubo triangulación o no, y por el otro no tenemos bajo control los instrumentos de medición que se utilizan, por ejemplo, en los ductos para exportar fluidos, gas o petróleo, o bien en las balanzas o tanques de los que están saliendo millones de toneladas de cereal. Allí una diferencia de un 5 o 10 por ciento puede tener muchísimo más impacto que cualquier fiscalización que hagamos o que tenga que ver con el IVA, con ganancias o con precios de transferencia.
Esta es una de las conclusiones, como les decía, que surgió de la actividad fiscalizadora, porque empezamos a ver el ciclo horizontalmente, desde que el producto granario, por ejemplo, sale de producción, luego va al acopio y después se hacen los controles de medición cuando se lo carga en los barcos. Y allí vemos que tenemos serios problemas. Se hizo una revisión de las balanzas, determinándose que un porcentaje importante de ellas no estaba adecuadamente calibrado. Otro tanto ocurrió con los tanques. Ese fue un trabajo que hicimos con el INTI.
Entonces, ¿qué significa esto? Que nos estamos basando en la confianza de que un ducto, una balanza o un tanque están reflejando la realidad y estamos midiendo inadecuadamente.
La capacidad que tiene la Dirección de Metrología, dependiente del Ministerio de Economía, para hacer la habilitación y el control de esto es limitada, porque hay poca gente y tiene que recorrer todas las balanzas y tanques que están habilitados a lo largo y ancho del país. Ni hablar de los ductos, donde los mecanismos de control son de las propias empresas que exportan el gas o el petróleo. O sea que aquí tenemos un tema para trabajar muy fuertemente.
Lo que queremos en este caso concreto es que la DGA, que está sistemáticamente trabajando en estos lugares, tenga la posibilidad de realizar controles sobre estos instrumentos de medición.
Eventualmente, cuando esto tenga un grado de importancia muy fuerte, por ejemplo cuando estemos en plena salida de la cosecha sojera o cuando se estén moviendo volúmenes muy importantes, habrá que aplicar inhabilitaciones por lo menos en una primera etapa, y que luego el órgano de control definitivo, es decir, Metrología tome los recaudos pertinentes.
Asimismo, deseamos una actividad más proactiva por parte de la Dirección General de Aduanas en el terreno para evitar que esto pase a mayores, porque es muy fuerte la implicancia de esto en los niveles exportados y, consecuentemente, en el monto imponible sobre el cual se tiene que pagar el impuesto o el derecho.
Queremos realizar este sistema en un contexto en donde el comercio exterior representa cada vez un porcentaje mayor del PBI. Estamos creciendo en todos los indicadores relacionados con esta temática. Este es un tema central para poder controlar el contrabando y la evasión impositiva.
El tercer tema estratégico que quería plantear está relacionado con los procesos judiciales por contrabando en los cuales, como ustedes saben, los jueces toman la decisión de secuestrar las mercaderías. Por otro lado, el proceso legal para poder llegar a determinar si hubo o no contrabando lleva años. Esto significa -para ser bien gráficos- una especie de bañadera con las canillas abiertas y el desagüe cerrado. Estamos acumulando durante muchos años mercaderías secuestradas, lo que produce dos fenómenos: la obsolescencia y la pérdida de valor. Además, al tener estos depósitos gigantescos corremos el riesgo de que se incendien o de que se produzca algún siniestro, con lo cual tendremos que dar las explicaciones pertinentes sobre lo que pasó con la mercadería. O sea que socialmente esa mercadería se está degradando o no se está utilizando.
Entonces, queremos contar con la posibilidad de que el servicio aduanero disponga de la mercadería secuestrada. Hemos hablado con la Justicia, y en principio ellos no tendrían inconvenientes en guardar -cuando lo consideren oportuno- muestras para tener elementos de juicio. Lo que queremos es que la AFIP no se convierte en una empresa de logística sino en lo que es: una agencia de recaudación y control.
Por lo tanto, pedimos concretamente que se pueda disponer de la mercadería, que se la pueda vender. Además, tenemos idea de habilitar un mecanismo de remate para que todo se realice en forma transparente, y si es necesario lo vamos a televisar para que se pueda ver claramente quiénes se presentan y en qué condiciones. Además, se proyecta constituir un fondo con el producido de las ventas. De manera tal que si a los seis o siete años se determina que no hubo contrabando y hay que devolver esa mercadería, con los fondos que tenemos constituidos, la mercadería vuelve a su valor original y se acabó el problema.
Queremos dar operatividad a un sistema que, basado en problemas de tipo normativo o en prácticas, se ha convertido en un gigantesco depósito que tenemos en Zepita, donde los bienes se degradan, donde nuestro riesgo por mantener eso en el estado que corresponde es cada vez mayor y que está prácticamente saturado. Inclusive, estamos haciendo una licitación para contratar otros lugares donde tener esa mercadería y disponerla en condiciones adecuadas de seguridad. Si nuestra solución es ir contratando cada vez más galpones para tener la mercadería, lo que estamos haciendo es trabajar sobre los efectos y no sobre las causas.
Entonces, queremos destapar la bañadera para que el agua empiece a fluir y no se llegue a la inundación. Entonces, el pedido es que tengamos un mecanismo de disposición que por supuesto sea transparente y cubra todos los aspectos de garantía para los terceros, pero que a su vez, nos permita ser más racionales en el uso de insumos y bienes que, en última instancia, que son bienes sociales, ya que muchos se podrían estar utilizando en términos sociales y estar vendiendo en un momento en que valen algo y no dejar que pierdan su valor por el mero transcurso del tiempo.
Es un dispendio que yo creo que no tiene sentido que continúe de esta forma.
Otro tema es el de los scanners. Si bien esto no requiere una cuestión normativa, queríamos comentarlo porque forma parte de todo este proyecto. Aquí queremos reducir la apertura de contenedores y también estar en línea con objetivos de control propios y con otros que en alguna medida nos vienen dados de afuera, como es el famoso esquema de puerto seguro para el ingreso de mercaderías a los Estados Unidos.
A partir del famoso problema de las Torres Gemelas, los Estados Unidos han establecido un mecanismo por el cual si los puertos en los cuales se embarcan mercaderías para ser exportadas hacia ese país no tienen un adecuado análisis de riesgo y un control de scanners, esas mercaderías, para llegar allá, van a tener demoras que van a poner fuera del mercado a los países exportadores, al tiempo que le van a generar una especie de paraarancelarias para poder ingresar a los Estados Unidos.
Por lo tanto, debemos tener la calificación de puerto seguro, lo que significa, entre otras cosas, tener scanners que garanticen esto. O sea que lo que los Estados Unidos hacen es expandir sus fronteras; ellos ya no hacen el control en sus puertos, a los que llegan las mercaderías, sino que van a todos los puertos del mundo. Esto no es algo que ocurre solamente en la Argentina, sino también en Brasil, en España y en todas partes. Sus aduaneros van, por ejemplo, a España. Y entonces, en el puerto de embarque, cuando salen mercaderías de ese país hacia los Estados Unidos les hacen el control allí. Van a tener uno en Brasil, otro en la Argentina, etcétera. Y el que no entre en ese juego va a tener que hacer una cola de espera y entonces va a tener que entrar seis meses después, cuando la mercadería no sea necesaria o con un costo de almacenamiento gigantesco.
De manera tal que el tema de los scanners implica cubrir necesidades nuestras -porque nosotros no los vamos a usar sólo para la exportación sino también para la importación-, y también va a resolver esta decisión donde se ve claro cómo la globalización modifica las reglas de juego y uno, sin que tenga mucho que ver con el problema en particular, sufre los efectos. Es decir que se trata de ese famoso concepto de la teoría del caos, por el cual aletea una mariposa en Shangai y tenemos un terremoto en la Argentina. Este es un caso: nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero tenemos que armar toda una estrategia de puerto seguro por otros problemas.
Otro tema que es muy importante, sobre el cual estamos trabajando y en el que también va a haber algunas modificaciones sobre estas operatorias es el de los courriers. Queremos que también lo conozcan. Esto ha tenido un incremento muy fuerte en su utilización. Nosotros tenemos montos para que se puedan hacer este tipo de encomiendas, que están un poco bastante por arriba de los que usan países limítrofes. Consecuentemente, vamos a regular un poco los montos, disminuyéndolos.
En cuanto a este tema tenemos algunos problemas. En ese sentido, el doctor Echegaray me comentó que en algunas de estas encomiendas entran cosas que no son precisamente aquellas para las cuales están habilitadas. Así que vamos a establecer un mecanismo de conocimiento anticipado sobre envíos, a fin de que ni bien salga del puerto o del lugar de origen hacia el de destino sepamos qué va a venir ahí. Vamos a filmar los espacios donde ellos hacen la distribución de toda esta mercadería y vamos a ejercer un control más eficiente, porque acá, como siempre, hay que procurar facilitar el comercio exterior, pero sin perder la capacidad de control. Si controlamos mucho se demora, pero si dejamos que fluya muy rápido entra cualquier cosa. Entonces, siempre se debe tratar de lograr un delicado equilibrio entre un aspecto y otro.
Otro tema importante es la redefinición de la base imponible en algunas operaciones de comercio exterior. Esto tiene que ver con la determinación del momento y del valor imponible en oportunidad de la declaración original. Y por otro lado actualizar algo que la normativa -en este caso el Código Aduanero- no tenía previsto, que era que en su momento en los medios de transporte no estaban contemplados los ductos o las redes de electricidad. Entonces, lo que queremos hacer es que éstos aparezcan a los efectos de definir la materia imponible porque obviamente esto puede significar niveles de ingreso distintos.
El tema central es definir cuál es el punto en el cual el ducto debe incorporarse o no al valor de la mercadería. Lo que pretendemos es revertir esto y tener un mecanismo claro para que la normativa esté adecuada a las realidades operacionales de los ductos y de las redes de electricidad.
Otro aspecto se vincula con fijar una fecha tope para poder rectificar una declaración aduanera. Habíamos observado algunas maniobras que tenían que ver con la realización de algunas rectificaciones una vez sabido cuál era el canal de selectividad que iba a tener la mercadería, lo cual podría suponer un manejo interesado de las modificaciones.
Queremos definir claramente que hay un punto a partir del cual no puede haber más modificaciones o rectificaciones de declaraciones juradas para evitar estas posibles maniobras.
Por otra parte, estamos tratando de generalizar el uso del seguimiento satelital de las cargas en tránsito para asegurarnos que no haya cambio de mercaderías y asegurar también la inviolabilidad de la carga. Se trata de un sistema interesante porque se hace un monitoreo satelital, pero tiene limitaciones. Por ejemplo, no todo lo que se transporta es mediante contenedores sino que se hace con lona, con lo cual el seguimiento satelital no tiene sentido en esos casos.
Lo que tiene de bueno el seguimiento satelital es que si existe un contenedor y se hace una apertura, suena la alarma y en algún lugar se sabe qué es lo que está pasando. Incluso se define una ruta estándar y si el camión con el contenedor se desvía unos 300 metros de dicha ruta, salta una alarma.
Para que esto se pueda generalizar, se requieren dos cosas. En primer lugar, que sean contenedores y no loneros -aunque existen algunos loneros que tienen una fuerte importancia relativa en los tránsitos- y, en segundo término, que uno tenga una capacidad de respuesta cuando salta la alarma. Esto lo digo porque si la alarma salta cuando el contenedor va para el Paso de Jama en el medio de la Puna, nadie irá a controlarlo.
O sea que es un sistema muy interesante pero que tiene limitaciones basadas en la extensión de nuestras rutas y en que uno no puede colocar un gendarme cada 50 metros al solo efecto de revisar esto.
De todas formas, esto funciona bastante bien en los traslados, sobre todo en la zona metropolitana y en algunos corredores que tienen un importante volumen de mercadería en tránsito.
Otro punto que queremos destacar se relaciona con la extensión de las facultades de cobranza coactiva. Nosotros tenemos una metodología de cobranza coactiva y de embargo que hacen los agentes fiscales que se aplica pacíficamente a nivel impositivo. Deseamos que esta facilidad se generalice y se extienda hacia las deudas aduaneras.
Se trata de una herramienta muy importante desde el punto de vista de la percepción. La hemos usado con mucha eficiencia a nivel impositivo y queremos que se haga extensiva a la Aduana. No vemos ninguna razón por la cual no se la pueda aplicar. En muchos casos vemos cuál es la mejor herramienta que funciona a nivel impositivo y la generalizamos a nivel aduanero, y lo mismo ocurre si está en la Seguridad Social o en la Aduana.
De esta manera vamos confluyendo a la idea de la agencia única usando metodologías exitosas en cada una de las áreas. Pero para esto se requiere que el Código Aduanero se ponga en línea con la ley de procedimiento tributario para ir llegando acompasadamente al objetivo.
A fines del año pasado y durante el corriente empezamos a trabajar completando el panorama que habíamos presentado con el Plan Antievasion I, poniendo énfasis ahora en los aspectos aduaneros y de la seguridad social, de manera tal de tener un despliegue que cubra las tres áreas de nuestra actividad.
Para nosotros la metodología del Plan Antievasión es muy útil. Yo diría que tiene algunas notas distintivas. En primer término, los planes antievasión no son consecuencia de un ejercicio de lectura de la ley en términos académicos puros, sino de una práctica fiscalizadora.
Lo que estamos haciendo mediante los planes Antievasión es pedir que se resuelvan puntualmente algunos temas respecto de los cuales estamos viendo, desde la práctica de la fiscalización, que son los que están erosionando la recaudación y generando, en algunos casos, bolsones de fraude, de evasión, de elusión, de contrabando o de trabajo en negro.
Entonces, una de las características con la que nos manejamos es ésta: barremos una serie de aspectos, nos basamos en la práctica fiscalizadora y contamos con la posibilidad de traer al Congreso un paquete de iniciativas que son analizadas en su totalidad, lo cual nos facilita ponerlo en práctica rápidamente.
Esto ha sido demostrado claramente en el Plan Antievasión I y hemos tenido muy buenos resultados a partir de la aprobación y del trabajo en conjunto que hemos llevado a cabo aquí en esta Cámara de Diputados.
O sea que mediante este Plan Antievasión II pretendemos potenciar la experiencia del plan anterior y generalizarlo a los aspectos aduaneros y tributarios. Pensamos que con estos dos paquetes tendríamos resuelto en términos generales toda esta problemática que surge de hacer mucho foco en el ejercicio de la fiscalización y ver los nuevos fenómenos que aparecen en las relaciones económico-financieras de nuestro país.
A continuación les voy a comentar los puntos centrales del Plan Antievasión II haciendo énfasis en los objetivos que estamos buscando. Luego, con la colaboración de los representantes de la Aduana que se encuentran presentes, podremos discutir los aspectos que interesan a los señores diputados.
Cuando hablamos del Plan Antievasión no solamente estamos incorporando modificaciones normativas de la categoría de leyes, sino que en algunos casos también incluimos a los decretos y a las resoluciones.
Les voy a comentar los aspectos centrales del paquete, sin discriminar si hace falta o no una ley, para que los señores diputados tengan una idea acerca de cuál es la estrategia general. Obviamente algunos no requieren de leyes, pero no me parece inútil que tengan una idea general de cuál es el enfoque que se pretende dar, porque se correlacionan entre sí y se sinergizan para poder ejercer una acción más eficiente contra el contrabando y para recoger las experiencias de nuestro país y del resto del mundo.
El primer punto se refiere a un sistema de estampillado aduanero con código de barras. Se trata de un avance porque en vez de tener la única estampilla que se utiliza para todo tipo de productos de importación, es una nueva estampilla que incorpora el código de barras y facilita la lectura. Incluso está previsto en una segunda etapa que cuando este producto importado se comercialice en el mercado interno, la factura de venta también incorpore el código de barras que se le asignó en la etapa de entrada al país. Esto lograría darle trazabilidad al producto importado desde que llega hasta que se comercializa en el mercado interno.
Les aclaro que esto ya fue puesto en marcha por una resolución general y otras resoluciones de la Dirección General de Aduanas. En una primera etapa se lo incorporó a productos de alto valor unitario. Es lógico y entendible que esto no es para todos los productos de importación sino para aquellos que, repito, tienen un alto valor unitario. Me refiero por ejemplo a los televisores de plasma o algunos electrodomésticos que por sus características justifican que se realice un seguimiento de este tipo.
El segundo punto se vincula con la falsificación marcaria. Es un tema central no solamente para la Argentina sino para el resto del mundo. Hace unos días estaba leyendo el diario "El País", donde se hacía referencia acerca de cómo esto impactó en España y en particular en el Mercado Común Europeo. Hay un estudio que indicaba que en cinco o seis países de Europa, en el año 2000 había una pérdida del orden de los 20 mil millones de euros por la falsificación marcaria en juguetes, productos textiles y perfumes. En España existen los barrios chinos, donde se comercializa este tipo de mercaderías, y sabemos que esto también sucede en algunos países del Mercosur.
O sea que hoy es muy dificultoso controlar el ingreso de mercadería falsificada, porque esto se ha generalizado muchísimo y las técnicas son cada vez más sofisticadas. También tenemos producción propia de mercaderías falsificadas.
Entonces, lo que estamos pidiendo es una modificación al Código Aduanero que permita que la mercadería falsificada sea calificada o conceptualizada como contrabando y que el Servicio Aduanero pueda decomisarla. O sea, si nosotros no tenemos la posibilidad de aplicar una acción correctiva fuerte y eficaz en el corto plazo, después todo esto se va a diluir en el tratamiento administrativo del problema.
Les quiero comentar también que sobre esto hay varias iniciativas que se están considerando. Incluso hay muchas entidades del sector privado que están preocupadas por este tema. Así que durante este tiempo también hemos recogido sus ideas y sugerencias para poder aportar otras visiones cuanto el tema se trate aquí, en el seno de esta comisión. En otras palabras, nosotros no pensamos que nuestra propuesta sea la única ni la mejor, pero sí tenemos en claro que queremos una ley que nos permita lograr este objetivo. En consecuencia, vamos a tener que discutir esto en el transcurso de las reuniones de trabajo.
De manera tal que el tema de la falsificación marcaria es estratégico. Ahí también vamos a necesitar la colaboración de los propios importadores para que nos ayuden en un proceso transparente, a fin de poder determinar el carácter de falso o no de las mercaderías. O sea que la instrumentación de este mecanismo no es fácil y tampoco es resorte solamente de la Dirección General de Aduanas, sino que para que esto tenga efectividad en su accionar se requiere la colaboración de los operadores de comercio exterior.
Otro punto central es el control de los instrumentos que se utilizan para la medición y el control de los bienes. Nosotros a veces, por un lado -nos ha pasado con algunos exportaciones importantes-, estamos peleando y discutiendo durante años sobre un precio de transferencia por si hubo triangulación o no, y por el otro no tenemos bajo control los instrumentos de medición que se utilizan, por ejemplo, en los ductos para exportar fluidos, gas o petróleo, o bien en las balanzas o tanques de los que están saliendo millones de toneladas de cereal. Allí una diferencia de un 5 o 10 por ciento puede tener muchísimo más impacto que cualquier fiscalización que hagamos o que tenga que ver con el IVA, con ganancias o con precios de transferencia.
Esta es una de las conclusiones, como les decía, que surgió de la actividad fiscalizadora, porque empezamos a ver el ciclo horizontalmente, desde que el producto granario, por ejemplo, sale de producción, luego va al acopio y después se hacen los controles de medición cuando se lo carga en los barcos. Y allí vemos que tenemos serios problemas. Se hizo una revisión de las balanzas, determinándose que un porcentaje importante de ellas no estaba adecuadamente calibrado. Otro tanto ocurrió con los tanques. Ese fue un trabajo que hicimos con el INTI.
Entonces, ¿qué significa esto? Que nos estamos basando en la confianza de que un ducto, una balanza o un tanque están reflejando la realidad y estamos midiendo inadecuadamente.
La capacidad que tiene la Dirección de Metrología, dependiente del Ministerio de Economía, para hacer la habilitación y el control de esto es limitada, porque hay poca gente y tiene que recorrer todas las balanzas y tanques que están habilitados a lo largo y ancho del país. Ni hablar de los ductos, donde los mecanismos de control son de las propias empresas que exportan el gas o el petróleo. O sea que aquí tenemos un tema para trabajar muy fuertemente.
Lo que queremos en este caso concreto es que la DGA, que está sistemáticamente trabajando en estos lugares, tenga la posibilidad de realizar controles sobre estos instrumentos de medición.
Eventualmente, cuando esto tenga un grado de importancia muy fuerte, por ejemplo cuando estemos en plena salida de la cosecha sojera o cuando se estén moviendo volúmenes muy importantes, habrá que aplicar inhabilitaciones por lo menos en una primera etapa, y que luego el órgano de control definitivo, es decir, Metrología tome los recaudos pertinentes.
Asimismo, deseamos una actividad más proactiva por parte de la Dirección General de Aduanas en el terreno para evitar que esto pase a mayores, porque es muy fuerte la implicancia de esto en los niveles exportados y, consecuentemente, en el monto imponible sobre el cual se tiene que pagar el impuesto o el derecho.
Queremos realizar este sistema en un contexto en donde el comercio exterior representa cada vez un porcentaje mayor del PBI. Estamos creciendo en todos los indicadores relacionados con esta temática. Este es un tema central para poder controlar el contrabando y la evasión impositiva.
El tercer tema estratégico que quería plantear está relacionado con los procesos judiciales por contrabando en los cuales, como ustedes saben, los jueces toman la decisión de secuestrar las mercaderías. Por otro lado, el proceso legal para poder llegar a determinar si hubo o no contrabando lleva años. Esto significa -para ser bien gráficos- una especie de bañadera con las canillas abiertas y el desagüe cerrado. Estamos acumulando durante muchos años mercaderías secuestradas, lo que produce dos fenómenos: la obsolescencia y la pérdida de valor. Además, al tener estos depósitos gigantescos corremos el riesgo de que se incendien o de que se produzca algún siniestro, con lo cual tendremos que dar las explicaciones pertinentes sobre lo que pasó con la mercadería. O sea que socialmente esa mercadería se está degradando o no se está utilizando.
Entonces, queremos contar con la posibilidad de que el servicio aduanero disponga de la mercadería secuestrada. Hemos hablado con la Justicia, y en principio ellos no tendrían inconvenientes en guardar -cuando lo consideren oportuno- muestras para tener elementos de juicio. Lo que queremos es que la AFIP no se convierte en una empresa de logística sino en lo que es: una agencia de recaudación y control.
Por lo tanto, pedimos concretamente que se pueda disponer de la mercadería, que se la pueda vender. Además, tenemos idea de habilitar un mecanismo de remate para que todo se realice en forma transparente, y si es necesario lo vamos a televisar para que se pueda ver claramente quiénes se presentan y en qué condiciones. Además, se proyecta constituir un fondo con el producido de las ventas. De manera tal que si a los seis o siete años se determina que no hubo contrabando y hay que devolver esa mercadería, con los fondos que tenemos constituidos, la mercadería vuelve a su valor original y se acabó el problema.
Queremos dar operatividad a un sistema que, basado en problemas de tipo normativo o en prácticas, se ha convertido en un gigantesco depósito que tenemos en Zepita, donde los bienes se degradan, donde nuestro riesgo por mantener eso en el estado que corresponde es cada vez mayor y que está prácticamente saturado. Inclusive, estamos haciendo una licitación para contratar otros lugares donde tener esa mercadería y disponerla en condiciones adecuadas de seguridad. Si nuestra solución es ir contratando cada vez más galpones para tener la mercadería, lo que estamos haciendo es trabajar sobre los efectos y no sobre las causas.
Entonces, queremos destapar la bañadera para que el agua empiece a fluir y no se llegue a la inundación. Entonces, el pedido es que tengamos un mecanismo de disposición que por supuesto sea transparente y cubra todos los aspectos de garantía para los terceros, pero que a su vez, nos permita ser más racionales en el uso de insumos y bienes que, en última instancia, que son bienes sociales, ya que muchos se podrían estar utilizando en términos sociales y estar vendiendo en un momento en que valen algo y no dejar que pierdan su valor por el mero transcurso del tiempo.
Es un dispendio que yo creo que no tiene sentido que continúe de esta forma.
Otro tema es el de los scanners. Si bien esto no requiere una cuestión normativa, queríamos comentarlo porque forma parte de todo este proyecto. Aquí queremos reducir la apertura de contenedores y también estar en línea con objetivos de control propios y con otros que en alguna medida nos vienen dados de afuera, como es el famoso esquema de puerto seguro para el ingreso de mercaderías a los Estados Unidos.
A partir del famoso problema de las Torres Gemelas, los Estados Unidos han establecido un mecanismo por el cual si los puertos en los cuales se embarcan mercaderías para ser exportadas hacia ese país no tienen un adecuado análisis de riesgo y un control de scanners, esas mercaderías, para llegar allá, van a tener demoras que van a poner fuera del mercado a los países exportadores, al tiempo que le van a generar una especie de paraarancelarias para poder ingresar a los Estados Unidos.
Por lo tanto, debemos tener la calificación de puerto seguro, lo que significa, entre otras cosas, tener scanners que garanticen esto. O sea que lo que los Estados Unidos hacen es expandir sus fronteras; ellos ya no hacen el control en sus puertos, a los que llegan las mercaderías, sino que van a todos los puertos del mundo. Esto no es algo que ocurre solamente en la Argentina, sino también en Brasil, en España y en todas partes. Sus aduaneros van, por ejemplo, a España. Y entonces, en el puerto de embarque, cuando salen mercaderías de ese país hacia los Estados Unidos les hacen el control allí. Van a tener uno en Brasil, otro en la Argentina, etcétera. Y el que no entre en ese juego va a tener que hacer una cola de espera y entonces va a tener que entrar seis meses después, cuando la mercadería no sea necesaria o con un costo de almacenamiento gigantesco.
De manera tal que el tema de los scanners implica cubrir necesidades nuestras -porque nosotros no los vamos a usar sólo para la exportación sino también para la importación-, y también va a resolver esta decisión donde se ve claro cómo la globalización modifica las reglas de juego y uno, sin que tenga mucho que ver con el problema en particular, sufre los efectos. Es decir que se trata de ese famoso concepto de la teoría del caos, por el cual aletea una mariposa en Shangai y tenemos un terremoto en la Argentina. Este es un caso: nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero tenemos que armar toda una estrategia de puerto seguro por otros problemas.
Otro tema que es muy importante, sobre el cual estamos trabajando y en el que también va a haber algunas modificaciones sobre estas operatorias es el de los courriers. Queremos que también lo conozcan. Esto ha tenido un incremento muy fuerte en su utilización. Nosotros tenemos montos para que se puedan hacer este tipo de encomiendas, que están un poco bastante por arriba de los que usan países limítrofes. Consecuentemente, vamos a regular un poco los montos, disminuyéndolos.
En cuanto a este tema tenemos algunos problemas. En ese sentido, el doctor Echegaray me comentó que en algunas de estas encomiendas entran cosas que no son precisamente aquellas para las cuales están habilitadas. Así que vamos a establecer un mecanismo de conocimiento anticipado sobre envíos, a fin de que ni bien salga del puerto o del lugar de origen hacia el de destino sepamos qué va a venir ahí. Vamos a filmar los espacios donde ellos hacen la distribución de toda esta mercadería y vamos a ejercer un control más eficiente, porque acá, como siempre, hay que procurar facilitar el comercio exterior, pero sin perder la capacidad de control. Si controlamos mucho se demora, pero si dejamos que fluya muy rápido entra cualquier cosa. Entonces, siempre se debe tratar de lograr un delicado equilibrio entre un aspecto y otro.
Otro tema importante es la redefinición de la base imponible en algunas operaciones de comercio exterior. Esto tiene que ver con la determinación del momento y del valor imponible en oportunidad de la declaración original. Y por otro lado actualizar algo que la normativa -en este caso el Código Aduanero- no tenía previsto, que era que en su momento en los medios de transporte no estaban contemplados los ductos o las redes de electricidad. Entonces, lo que queremos hacer es que éstos aparezcan a los efectos de definir la materia imponible porque obviamente esto puede significar niveles de ingreso distintos.
El tema central es definir cuál es el punto en el cual el ducto debe incorporarse o no al valor de la mercadería. Lo que pretendemos es revertir esto y tener un mecanismo claro para que la normativa esté adecuada a las realidades operacionales de los ductos y de las redes de electricidad.
Otro aspecto se vincula con fijar una fecha tope para poder rectificar una declaración aduanera. Habíamos observado algunas maniobras que tenían que ver con la realización de algunas rectificaciones una vez sabido cuál era el canal de selectividad que iba a tener la mercadería, lo cual podría suponer un manejo interesado de las modificaciones.
Queremos definir claramente que hay un punto a partir del cual no puede haber más modificaciones o rectificaciones de declaraciones juradas para evitar estas posibles maniobras.
Por otra parte, estamos tratando de generalizar el uso del seguimiento satelital de las cargas en tránsito para asegurarnos que no haya cambio de mercaderías y asegurar también la inviolabilidad de la carga. Se trata de un sistema interesante porque se hace un monitoreo satelital, pero tiene limitaciones. Por ejemplo, no todo lo que se transporta es mediante contenedores sino que se hace con lona, con lo cual el seguimiento satelital no tiene sentido en esos casos.
Lo que tiene de bueno el seguimiento satelital es que si existe un contenedor y se hace una apertura, suena la alarma y en algún lugar se sabe qué es lo que está pasando. Incluso se define una ruta estándar y si el camión con el contenedor se desvía unos 300 metros de dicha ruta, salta una alarma.
Para que esto se pueda generalizar, se requieren dos cosas. En primer lugar, que sean contenedores y no loneros -aunque existen algunos loneros que tienen una fuerte importancia relativa en los tránsitos- y, en segundo término, que uno tenga una capacidad de respuesta cuando salta la alarma. Esto lo digo porque si la alarma salta cuando el contenedor va para el Paso de Jama en el medio de la Puna, nadie irá a controlarlo.
O sea que es un sistema muy interesante pero que tiene limitaciones basadas en la extensión de nuestras rutas y en que uno no puede colocar un gendarme cada 50 metros al solo efecto de revisar esto.
De todas formas, esto funciona bastante bien en los traslados, sobre todo en la zona metropolitana y en algunos corredores que tienen un importante volumen de mercadería en tránsito.
Otro punto que queremos destacar se relaciona con la extensión de las facultades de cobranza coactiva. Nosotros tenemos una metodología de cobranza coactiva y de embargo que hacen los agentes fiscales que se aplica pacíficamente a nivel impositivo. Deseamos que esta facilidad se generalice y se extienda hacia las deudas aduaneras.
Se trata de una herramienta muy importante desde el punto de vista de la percepción. La hemos usado con mucha eficiencia a nivel impositivo y queremos que se haga extensiva a la Aduana. No vemos ninguna razón por la cual no se la pueda aplicar. En muchos casos vemos cuál es la mejor herramienta que funciona a nivel impositivo y la generalizamos a nivel aduanero, y lo mismo ocurre si está en la Seguridad Social o en la Aduana.
De esta manera vamos confluyendo a la idea de la agencia única usando metodologías exitosas en cada una de las áreas. Pero para esto se requiere que el Código Aduanero se ponga en línea con la ley de procedimiento tributario para ir llegando acompasadamente al objetivo.
SR. GONZÁLEZ(R.A) ¿En qué consistiría la modificación?
SR. ABAD La idea es poder hacer la cobranza coactiva y establecer embargos, como lo hacemos a nivel impositivo, sin necesidad de cumplir algunos requisitos que se usan para otro tipo de embargos. Son mucho más ejecutivos.
Es el artículo 92.
Es el artículo 92.
SR. LARREGUY ¿Del Código Aduanero?
SR. ABAD No, de la ley de procedimientos tributarios. O sea, el artículo 92 de esa norma legal nos habilita para hacer estos embargos, que son mucho más ejecutivos. Lo que queremos es que esa herramienta del procedimiento tributario sea recogida en el Código Aduanero.
SR. LARREGUY ¿Y cuál es la propuesta? Aquí dice "ley modificatoria del Código Aduanero".
SR. ABAD Es esa, es decir, que se incorpore al Código Aduanero un artículo que recepte este enfoque.
Otro tema muy importante es la adecuación de la figura del contrabando menor y mayor. Aquí lo que nosotros estamos viendo y pidiendo es que se eleve el tope. Esto también en alguna medida está en línea con lo que sería la evasión simple a nivel impositivo, que es hasta 100 mil pesos por impuesto por año, cuando la evasión agravada es de más de un millón de pesos por año y por impuesto.
Queremos elevar el tope de 5 mil a 100 mil pesos. ¿De esta manera qué vamos a lograr? Que hasta 100 mil pesos tenga tratamiento administrativo a través de la Aduana, y la Justicia solamente recepte las superiores a ese monto, porque en este momento está atosigada por el tratamiento de un conjunto de casos de contrabando menor, muchos de ellos originados en importes muy pequeños en las zonas de frontera. En consecuencia, la Justicia no puede dedicar a las causas mayores el tiempo y el análisis que requieren. Por supuesto que en este momento las menores se tratan en la Justicia, al tiempo que la Aduana está trabajando en forma paralela a nivel administrativo hasta que aquella se expida. Es decir que es un doble trabajo que implica ponderar igual lo que no es igual, o sea, no nos manejamos con el principio de excepción. Me parece que si la Justicia tiene recursos y tiempo escasos, lo más coherente es que los afecte a los casos de mayor significatividad y no pondere igual un contrabando de 10 millones de pesos que uno de 6.500 pesos.
Entonces, lo que estamos diciendo es "subamos ese cupo no para el tabaco, que quedaría en los 30 mil pesos por sus especificidades, pero dejemos que el grueso administrativo y de menor importe -que incluso no estaba ajustado por los movimientos inflacionarios y demás- se maneje a nivel administrativo y que la Justicia haga hincapié en los mayores". Este es un tema que para nosotros resulta importante.
También queremos tener una mayor capacidad sancionatoria con las multas. Esto nos va a permitir reducir fuertemente las causas en trámite.
Como verán, una constante en todo el problema aduanero es la saturación. Tenemos saturación en los depósitos porque todo va hacia allí, y también en el tratamiento judicial porque no se discrimina entre lo importante y lo accesorio.
De manera tal que muchos de estos aspectos consisten en hacer que las cosas fluyan más ordenadamente, en que nuestra gente pueda poner énfasis en aquello que es más importante y en ayudar a la Justicia para que no esté consumiendo su valioso tiempo en problemas menores.
Hay otro tema que queremos plantear y que más que nada es de tipo operacional. Se trata de utilizar mejor el sistema María para que tenga un método de alertas tempranas que nos facilite los procesos de verificación y de control. Recientemente han estado revisando el sistema María técnicos españoles y canadienses, y todos coinciden en que tenemos un sistema de primer nivel, pero también están de acuerdo en que no le "sacamos el jugo" que le tendríamos que sacar a toda la información que está allí receptada. Es decir que uno de los objetivos que se persigue con esto es efectuar un uso más racional y eficiente de la información que tenemos allí.
Por último, hay un tema que también es central y que requiere la modificación del Código Aduanero. Como ustedes saben, hay un conjunto de operaciones muy importantes que realizan los operadores de comercio exterior y que requieren el establecimiento de garantías para poder seguir adelante con la operación. Y esto también hace que tengamos aproximadamente 90 mil garantías por año, lo que significa la existencia de las pólizas de seguro correspondientes. Esto hoy en la práctica está saturado; se termina la operación y no se devuelven las garantías en tiempo y forma, y se administran toneladas de papel.
Entonces, estamos planteando la sustitución de la póliza por lo que llamamos "póliza electrónica". Es decir, que la póliza de seguro viaje por Internet y se la pueda dar de alta y de baja por este medio sin necesidad de que se modifique esto. De esta forma, una vez terminada la operación garantizada se puede anular la póliza, y no como ocurre hoy, que están dando vueltas por ahí, e incluso muchas de ellas las tenemos incautadas por algún juez por un trámite administrativo deficitario, etcétera.
Entonces, queremos adecuar el Código Aduanero a esta nueva realidad, por supuesto, que estamos tomando los recaudos necesarios para que esta póliza tenga la misma validez jurídica. Estamos trabajando también con la Superintendencia de Seguros y para el 2005 esperamos tener operativo el sistema para llevarlo a la práctica. Necesitamos que el Código Aduanero recepte esta figura para poder hacerlo sin ningún tipo de riesgo jurídico para los contribuyentes.
Básicamente, estos son los objetivos que tenemos. Ahora, quedamos dispuestos a responder todas sus inquietudes. Muchas gracias.
Otro tema muy importante es la adecuación de la figura del contrabando menor y mayor. Aquí lo que nosotros estamos viendo y pidiendo es que se eleve el tope. Esto también en alguna medida está en línea con lo que sería la evasión simple a nivel impositivo, que es hasta 100 mil pesos por impuesto por año, cuando la evasión agravada es de más de un millón de pesos por año y por impuesto.
Queremos elevar el tope de 5 mil a 100 mil pesos. ¿De esta manera qué vamos a lograr? Que hasta 100 mil pesos tenga tratamiento administrativo a través de la Aduana, y la Justicia solamente recepte las superiores a ese monto, porque en este momento está atosigada por el tratamiento de un conjunto de casos de contrabando menor, muchos de ellos originados en importes muy pequeños en las zonas de frontera. En consecuencia, la Justicia no puede dedicar a las causas mayores el tiempo y el análisis que requieren. Por supuesto que en este momento las menores se tratan en la Justicia, al tiempo que la Aduana está trabajando en forma paralela a nivel administrativo hasta que aquella se expida. Es decir que es un doble trabajo que implica ponderar igual lo que no es igual, o sea, no nos manejamos con el principio de excepción. Me parece que si la Justicia tiene recursos y tiempo escasos, lo más coherente es que los afecte a los casos de mayor significatividad y no pondere igual un contrabando de 10 millones de pesos que uno de 6.500 pesos.
Entonces, lo que estamos diciendo es "subamos ese cupo no para el tabaco, que quedaría en los 30 mil pesos por sus especificidades, pero dejemos que el grueso administrativo y de menor importe -que incluso no estaba ajustado por los movimientos inflacionarios y demás- se maneje a nivel administrativo y que la Justicia haga hincapié en los mayores". Este es un tema que para nosotros resulta importante.
También queremos tener una mayor capacidad sancionatoria con las multas. Esto nos va a permitir reducir fuertemente las causas en trámite.
Como verán, una constante en todo el problema aduanero es la saturación. Tenemos saturación en los depósitos porque todo va hacia allí, y también en el tratamiento judicial porque no se discrimina entre lo importante y lo accesorio.
De manera tal que muchos de estos aspectos consisten en hacer que las cosas fluyan más ordenadamente, en que nuestra gente pueda poner énfasis en aquello que es más importante y en ayudar a la Justicia para que no esté consumiendo su valioso tiempo en problemas menores.
Hay otro tema que queremos plantear y que más que nada es de tipo operacional. Se trata de utilizar mejor el sistema María para que tenga un método de alertas tempranas que nos facilite los procesos de verificación y de control. Recientemente han estado revisando el sistema María técnicos españoles y canadienses, y todos coinciden en que tenemos un sistema de primer nivel, pero también están de acuerdo en que no le "sacamos el jugo" que le tendríamos que sacar a toda la información que está allí receptada. Es decir que uno de los objetivos que se persigue con esto es efectuar un uso más racional y eficiente de la información que tenemos allí.
Por último, hay un tema que también es central y que requiere la modificación del Código Aduanero. Como ustedes saben, hay un conjunto de operaciones muy importantes que realizan los operadores de comercio exterior y que requieren el establecimiento de garantías para poder seguir adelante con la operación. Y esto también hace que tengamos aproximadamente 90 mil garantías por año, lo que significa la existencia de las pólizas de seguro correspondientes. Esto hoy en la práctica está saturado; se termina la operación y no se devuelven las garantías en tiempo y forma, y se administran toneladas de papel.
Entonces, estamos planteando la sustitución de la póliza por lo que llamamos "póliza electrónica". Es decir, que la póliza de seguro viaje por Internet y se la pueda dar de alta y de baja por este medio sin necesidad de que se modifique esto. De esta forma, una vez terminada la operación garantizada se puede anular la póliza, y no como ocurre hoy, que están dando vueltas por ahí, e incluso muchas de ellas las tenemos incautadas por algún juez por un trámite administrativo deficitario, etcétera.
Entonces, queremos adecuar el Código Aduanero a esta nueva realidad, por supuesto, que estamos tomando los recaudos necesarios para que esta póliza tenga la misma validez jurídica. Estamos trabajando también con la Superintendencia de Seguros y para el 2005 esperamos tener operativo el sistema para llevarlo a la práctica. Necesitamos que el Código Aduanero recepte esta figura para poder hacerlo sin ningún tipo de riesgo jurídico para los contribuyentes.
Básicamente, estos son los objetivos que tenemos. Ahora, quedamos dispuestos a responder todas sus inquietudes. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE IGLESIAS La exposición del señor licenciado Abad ha sido muy amplia y muy clara, pero de todas maneras hay algunos temas puntuales que habrá que dilucidar.
Tiene la palabra el señor diputado Larreguy.
Tiene la palabra el señor diputado Larreguy.
SR. LARREGUY Quería saber si la Aduana nunca tuvo una repartición de Metrología propia. ¿Tiene que depender del Ministerio de Economía?
SR. ABAD Hay una ley de metrología que establece competencias y forma parte de nuestro derecho positivo. En este caso concreto, la ley de metrología asigna a un área del Ministerio de Economía la competencia de habilitar esos instrumentos de medición e inhabilitarlos en los casos que corresponda. Sucede que la cantidad de elementos de medición y control es muy grande y están extendidos a lo largo y a lo ancho del país, y esta unidad no tiene una capacidad de inspectores que pueda estar recorriendo todo este circuito y viendo lo que sucede. Por ese motivo estamos pensando en un mecanismo que pueda colaborar en esta actividad. Nuestra gente que está desplegada por todo el país podría comunicar rápidamente cuando vea alguna anomalía de este tipo, y en el caso de que sean muy importantes para los intereses fiscales, se podría realizar una inhabilitación temporaria hasta que la autoridad competente, que es Metrología, mande a un inspector y le dé de baja. Hay algunos casos que pueden pasar seis meses sin que vayan a verlo.
Por ejemplo, cuando estamos en plena campaña sojera, la mayoría de los puertos por los que sale la cosecha son privados. Entonces, estamos hablando de instrumentos de medición ubicados en zonas privadas a lo largo y ancho del país, pero no hay una capacidad de control.
Por lo tanto, nuestro planteo consiste en colaborar en esta actividad de control y, cuando se trate de cosas muy significativas, tener la capacidad de una inhabilitación temporaria hasta que la autoridad competente lo haga. Nosotros tenemos gente para actuar en eso, pero no contamos con la competencia legal necesaria, que está en cabeza del Ministerio de Economía.
Proponemos entonces una situación intermedia que colabore con ese control, tenga cierta capacidad de inhabilitación para casos puntuales y facilite el funcionamiento más ordenado de todo esto porque, repito, es estratégico.
En un primer análisis que hizo el INTI, el 40 por ciento de las balanzas tenía variaciones en la medición que superaban la tolerancia que correspondía.
Entonces, no estamos hablando de fantasías, sino de realidades. Por eso queremos colaborar en este proceso de monitoreo de la gestión de los elementos de medición.
Por ejemplo, cuando estamos en plena campaña sojera, la mayoría de los puertos por los que sale la cosecha son privados. Entonces, estamos hablando de instrumentos de medición ubicados en zonas privadas a lo largo y ancho del país, pero no hay una capacidad de control.
Por lo tanto, nuestro planteo consiste en colaborar en esta actividad de control y, cuando se trate de cosas muy significativas, tener la capacidad de una inhabilitación temporaria hasta que la autoridad competente lo haga. Nosotros tenemos gente para actuar en eso, pero no contamos con la competencia legal necesaria, que está en cabeza del Ministerio de Economía.
Proponemos entonces una situación intermedia que colabore con ese control, tenga cierta capacidad de inhabilitación para casos puntuales y facilite el funcionamiento más ordenado de todo esto porque, repito, es estratégico.
En un primer análisis que hizo el INTI, el 40 por ciento de las balanzas tenía variaciones en la medición que superaban la tolerancia que correspondía.
Entonces, no estamos hablando de fantasías, sino de realidades. Por eso queremos colaborar en este proceso de monitoreo de la gestión de los elementos de medición.
SR. LARREGUY En el caso de los puertos privados no creo que esté prohibido el ingreso de inspectores de la DGI o de Metrología.
SR. ABAD De ninguna manera.
SR. LARREGUY Lo que quiero decir es que el hecho de que el puerto esté privatizado no resulta un impedimento para que se actúe en la metrología.
SR. ABAD De ninguna manera.
SR. LARREGUY Quiere decir que son sujetos ...
SR. ABAD De control, como cualquier otro. Absolutamente.
SR. LARREGUY A eso quería llegar.
SR. ABAD Además, en la mayoría de los pueblos las básculas son todas privadas; no es que estamos hablando de cosas nuevas. Es habitual que en los acopios muchos de los instrumentos de medición los instala el que tiene el acopio, o también son básculas que hay en el pueblo.
Inclusive, si leemos los diarios de los últimos días, vamos a ver que los productores de aceite están haciendo cada vez nuevos puertos. Hay nuevas inversiones de 600 o 700 millones de dólares en las zonas de Rosario y de Santa Fe. Cada uno de esos lugares, por una cuestión de eficiencia operacional, tiene la recepción, el procesamiento y el puerto de descarga para exportar en el mismo lugar.
Esto significa que cada vez hay más instrumentos de medición, cada vez pasa mayor volumen de bienes exportables y cada vez aumenta más el riesgo en la medida en que nosotros no lo llevemos a un mínimo compatible. Ese es el tema.
Inclusive, si leemos los diarios de los últimos días, vamos a ver que los productores de aceite están haciendo cada vez nuevos puertos. Hay nuevas inversiones de 600 o 700 millones de dólares en las zonas de Rosario y de Santa Fe. Cada uno de esos lugares, por una cuestión de eficiencia operacional, tiene la recepción, el procesamiento y el puerto de descarga para exportar en el mismo lugar.
Esto significa que cada vez hay más instrumentos de medición, cada vez pasa mayor volumen de bienes exportables y cada vez aumenta más el riesgo en la medida en que nosotros no lo llevemos a un mínimo compatible. Ese es el tema.
SR. PRESIDENTE IGLESIAS Tiene la palabra la señora diputada Fadel.
SRA. FADEL Señor presidente: tengo algunas dudas respecto del tema de la disposición de mercaderías sin previa intervención judicial. El doctor Abad dijo que podían salir a la venta o remate, o bien tener dos destinos: uno social, cuando la mercadería pueda ser utilizada así, y otro para prevenir, en el caso de que no sea un contrabando, y poder responder luego con dinero -me imagino- ante la eventual pérdida del juicio o de la acción que se requiera.
¿Cómo se prevé la parte social? ¿Qué idea tienen? ¿Cómo van a calcular cuál es el monto que tienen que dejar en dinero ante la eventualidad de perder una acción? Me gustaría saber cómo van a manejar esto, pues no lo tengo muy en claro.
¿Cómo se prevé la parte social? ¿Qué idea tienen? ¿Cómo van a calcular cuál es el monto que tienen que dejar en dinero ante la eventualidad de perder una acción? Me gustaría saber cómo van a manejar esto, pues no lo tengo muy en claro.
SR. ECHEGARAY En principio, todo lo que es la faz social está claramente determinado en el artículo 4° de la ley 25.603. Hay que tener presente aquí que respecto de aquella mercadería que va a ser canalizada por vía del artículo 4° de esa norma legal, en el proyecto que se eleva a consideración se contempla su previa clasificación y valoración. Es decir que nosotros vamos a estar cumpliendo con el cometido específico de todo el libramiento a plaza previo para poder hacer la reserva de los fondos necesarios, en el supuesto de que haya que satisfacer los daños y perjuicios emergentes como consecuencia de que transcurridos los años propios del proceso judicial esa mercadería resulte ser entregada nuevamente a su titular, producto de que haya sido absuelto en la causa penal.
SRA. FADEL ¿Como mercadería y no como dinero?
SR. ECHEGARAY En realidad, lo que va a restituir el Estado va a ser el pago en dinero de daños y perjuicios.
SRA. FADEL De acuerdo.
SR. PRESIDENTE IGLESIAS Tiene la palabra el señor diputado Zimmermann.
SR. ZIMMERMANN Señor presidente: aquí se habló de la posibilidad de extender las facultades de cobranza coactiva y de embargo, a fin de que se asimilen a las que tienen otros agentes fiscales. ¿Esto significa, por ejemplo, el embargo de las cuentas corrientes? Me gustaría saber si se puede ampliar la información sobre este tema.
SR. ECHEGARAY Efectivamente, ese es el camino que se pretende seguir.
SR. PRESIDENTE IGLESIAS Tiene la palabra el señor diputado Stella.
SR. STELLA Señor presidente: quisiera referirme a una pregunta que ha formulado el señor diputado Larreguy.
Ustedes están planteando modificaciones a la ley para otorgar atribuciones a la AFIP en el caso de la metrología, pero ese es un resorte exclusivo del Ministerio de Economía.
Quisiera saber si no hay alguna posibilidad de articular esto con el Ministerio de Economía y, si es necesario, la modificación de la ley o la extensión de las atribuciones del Ministerio de Economía a la AFIP.
Pregunto esto porque tal vez haya una superposición de funciones y, en ese caso, tendremos que resolver quiénes son los que tienen la última palabra en estos temas cuando haya una discusión específicamente sobre metrología. Puede haber una doble responsabilidad y en ese caso quizás esté previsto en la ley.
Ustedes están planteando modificaciones a la ley para otorgar atribuciones a la AFIP en el caso de la metrología, pero ese es un resorte exclusivo del Ministerio de Economía.
Quisiera saber si no hay alguna posibilidad de articular esto con el Ministerio de Economía y, si es necesario, la modificación de la ley o la extensión de las atribuciones del Ministerio de Economía a la AFIP.
Pregunto esto porque tal vez haya una superposición de funciones y, en ese caso, tendremos que resolver quiénes son los que tienen la última palabra en estos temas cuando haya una discusión específicamente sobre metrología. Puede haber una doble responsabilidad y en ese caso quizás esté previsto en la ley.
SR. ECHEGARAY Vale la pena aclarar que normalmente los instrumentos de medición están localizados en zonas primarias aduaneras, donde las potestades del servicio aduanero están incluidas en el artículo 121 del Código.
Asimismo, cabe aclarar que en el proyecto que se eleva a la consideración del Parlamento, la suspensión tiene carácter preventivo. Es una medida cautelar y no se cuenta con un instrumento adecuado para tener una certeza de la medición que se está practicando. En definitiva, es el mecanismo que el servicio aduanero utiliza.
Asimismo, cabe aclarar que en el proyecto que se eleva a la consideración del Parlamento, la suspensión tiene carácter preventivo. Es una medida cautelar y no se cuenta con un instrumento adecuado para tener una certeza de la medición que se está practicando. En definitiva, es el mecanismo que el servicio aduanero utiliza.
SR. STELLA Insisto con la articulación que hay que hacer con quien tiene el poder de policía para resolver la cuantificación técnica de este tema, porque luego puede ser peor el remedio que la enfermedad. Estamos llegando a un momento en el cual nos encontramos con situaciones que nos llevan a una especie de parálisis. O adoptamos instrumentación técnica y de responsabilidad o acordamos inmediatamente con el ministerio. Creo que podríamos llegar a tener problemas serios y responsabilidad del Estado detrás de situaciones no específicamente probadas.
No es necesario que esté previsto en la ley, pero sí es necesario que exista un lugar donde se determine quién tiene la última palabra en torno a esta cuestión. Les recuerdo que nos podremos encontrar frente a una doble responsabilidad operativa.
No es necesario que esté previsto en la ley, pero sí es necesario que exista un lugar donde se determine quién tiene la última palabra en torno a esta cuestión. Les recuerdo que nos podremos encontrar frente a una doble responsabilidad operativa.
SR. ECHEGARAY Respecto de la habilitación de un instrumento de medición, la autoridad aduanera es la última instancia para dicha habilitación. Esto se hace mediante una certificación técnica previa de metrología.
La Aduana ha sido la que ha tenido la última palabra en dicha habilitación. Desde el punto de vista estrictamente del control fiscal, no ha quedado suficientemente claro el escenario para ver en qué momento el servicio aduanero es el que habilita en última instancia a los fines estrictamente fiscales cuando suspende o deja sin efecto esa habilitación. Es como una habilitación sine die donde no hay una revisión permanente y consecuente de la calidad del instrumento y de la información que genera dicho instrumento.
Me parece importante que esto pueda ser articulado con la autoridad que tiene la certificación primigenia u originaria del elemento de medición. Esto debe quedar bien claro en el marco de la competencia de sus atribuciones.
La Aduana ha sido la que ha tenido la última palabra en dicha habilitación. Desde el punto de vista estrictamente del control fiscal, no ha quedado suficientemente claro el escenario para ver en qué momento el servicio aduanero es el que habilita en última instancia a los fines estrictamente fiscales cuando suspende o deja sin efecto esa habilitación. Es como una habilitación sine die donde no hay una revisión permanente y consecuente de la calidad del instrumento y de la información que genera dicho instrumento.
Me parece importante que esto pueda ser articulado con la autoridad que tiene la certificación primigenia u originaria del elemento de medición. Esto debe quedar bien claro en el marco de la competencia de sus atribuciones.
SR. CISTERNA El artículo 43 establece una modificación del artículo 6° de la ley 25.603. No me queda claro el tema de la mercadería, cuáles son las condiciones, el tiempo a transcurrir y si esto queda al libre albedrío de la Dirección General de Aduanas.
La segunda pregunta está referida al artículo siguiente, que establece que el producido de esta venta se va a destinar a un fondo para resarcir a los titulares de las mercaderías. La pregunta es si la totalidad de lo que se venda irá a ese fondo, como aparentemente surge de acá.
La segunda pregunta está referida al artículo siguiente, que establece que el producido de esta venta se va a destinar a un fondo para resarcir a los titulares de las mercaderías. La pregunta es si la totalidad de lo que se venda irá a ese fondo, como aparentemente surge de acá.
SR. ECHEGARAY En cuanto a la primera pregunta le voy a aclarar que la modificación que se impulsa es respecto de una ley específica que establece el marco prioritario de lo que se va a hacer con aquella mercadería que hoy se encuentra en los depósitos aduaneros y que en síntesis, si se encuadra en los aspectos específicos de los artículos 4° o 5° de la ley 25.603, se pone a disposición del Poder Ejecutivo nacional, siendo la Secretaría General de la Presidencia la encargada de asignar esta mercadería de acuerdo con sus características.
Hay una serie de supuestos donde alguna mercadería no queda encuadrada en la ley 25.603, con lo cual en general la finalidad es que se prevea en el artículo 4° o 5° de dicha norma legal.
Respecto de esa mercadería, el Servicio Aduanero tiene presupuestado en el Código Aduanero, a partir de su artículo 417 y siguientes, el proceso de comercialización cuando la mercadería se encuentra en rezago, transcurridos los días que establece la ley. Pero previamente hay que ver si no está dentro de las condiciones que establece la ley 25.603.
Hay otra mercadería que se pone a disposición de la Secretaría General de la Presidencia. Esta analiza las alternativas y posibilidades que tiene de asignar algunos de los organismos o entidades que determina la misma ley. Y si transcurrido un plazo no es factible que la coloquen o adjudiquen, lo que hacen en última instancia es devolverla a la Dirección General de Aduanas para darle el trámite de ley,
En ese contexto, lo que se haría es proceder a la comercialización de esa mercadería. Y estamos hablando siempre de aquella mercadería que se encuentra sujeta a un proceso judicial, es decir, aquella de la cual hoy, en gran parte de los casos, no podemos disponer en forma inmediata, producto de que hay que estar a la espera de que concluya ese proceso judicial.
El mecanismo que estamos determinando es precisamente la extracción de la muestra necesaria representativa para que la Justicia pueda llevar adelante su cometido y, al mismo tiempo, nosotros podamos proceder a su comercialización en resguardo de los intereses que puedan surgir al momento de definirse la causa, constituyendo este ámbito propio para la reserva de fondos a los efectos de resarcir los daños y perjuicios que se ocasionen.
Hay una serie de supuestos donde alguna mercadería no queda encuadrada en la ley 25.603, con lo cual en general la finalidad es que se prevea en el artículo 4° o 5° de dicha norma legal.
Respecto de esa mercadería, el Servicio Aduanero tiene presupuestado en el Código Aduanero, a partir de su artículo 417 y siguientes, el proceso de comercialización cuando la mercadería se encuentra en rezago, transcurridos los días que establece la ley. Pero previamente hay que ver si no está dentro de las condiciones que establece la ley 25.603.
Hay otra mercadería que se pone a disposición de la Secretaría General de la Presidencia. Esta analiza las alternativas y posibilidades que tiene de asignar algunos de los organismos o entidades que determina la misma ley. Y si transcurrido un plazo no es factible que la coloquen o adjudiquen, lo que hacen en última instancia es devolverla a la Dirección General de Aduanas para darle el trámite de ley,
En ese contexto, lo que se haría es proceder a la comercialización de esa mercadería. Y estamos hablando siempre de aquella mercadería que se encuentra sujeta a un proceso judicial, es decir, aquella de la cual hoy, en gran parte de los casos, no podemos disponer en forma inmediata, producto de que hay que estar a la espera de que concluya ese proceso judicial.
El mecanismo que estamos determinando es precisamente la extracción de la muestra necesaria representativa para que la Justicia pueda llevar adelante su cometido y, al mismo tiempo, nosotros podamos proceder a su comercialización en resguardo de los intereses que puedan surgir al momento de definirse la causa, constituyendo este ámbito propio para la reserva de fondos a los efectos de resarcir los daños y perjuicios que se ocasionen.
SR. PRESIDENTE IGLESIAS ¿En ese caso no se requeriría una consulta con el juez a los efectos de ver cuál debe ser el tipo de muestra? Porque la Aduana puede entender que la muestra que toma es suficiente, pero resulta que después, en definitiva, estamos destruyendo una prueba. O sea, ¿no se requeriría una consulta judicial a los efectos de ver la disposición que se pueda hacer de la muestra?
SR. ECHEGARAY Me parece que lo primero que hay que aclarar es que el aporte es muy válido y a tener en cuenta. Pero también hay que ser respetuosos del marco de trabajo. Estamos hablando de mercadería que se encuentra a disposición del juzgado. Y por lo tanto es este último el que va a tener que determinar efectivamente cuál va a ser la representatividad, la cantidad y el nivel de calidad que va a tener esa muestra para poder tenerla en el momento en que se celebre la audiencia de debate.
Me parece que a lo mejor podría ser interesante un aporte a los efectos de perfeccionar el texto que se está proponiendo.
Me parece que a lo mejor podría ser interesante un aporte a los efectos de perfeccionar el texto que se está proponiendo.
SR. PRESIDENTE IGLESIAS Tiene la palabra el señor diputado Alchouron.
SR. ALCHOURON Señor presidente: como llegué un poco tarde, justo en el momento en que se estaba analizando el enfoque del tema de la falsificación y el contrabando, mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las características especiales que se deben reunir? ¿Toda falsificación es contrabando o eso tiene algún tipo de medida?
Mi preocupación es que cualquier persona puede estar vestida con un traje de contrabando y no saberlo. Entonces, ¿Cuál es el criterio que hay para que determinar una figura de esta naturaleza? ¿Cuál sería la forma de significar algunas situaciones muy injustas?
La segunda pregunta es si en todo este mecanismo que estamos proyectando la gente tiene algún tipo de intervención, o si se ha realizado sobre los efectos de esta modificación que se está proponiendo.
Mi preocupación es que cualquier persona puede estar vestida con un traje de contrabando y no saberlo. Entonces, ¿Cuál es el criterio que hay para que determinar una figura de esta naturaleza? ¿Cuál sería la forma de significar algunas situaciones muy injustas?
La segunda pregunta es si en todo este mecanismo que estamos proyectando la gente tiene algún tipo de intervención, o si se ha realizado sobre los efectos de esta modificación que se está proponiendo.
SR. ECHEGARAY Respecto a la defensa del derecho, lo que estamos haciendo responde al Acuerdo de Marrakesh que la Argentina suscribió en el año 1994 mediante la ley 24.425. Ese acuerdo imponía a cada uno de los países que lo habían firmado el Acuerdo Trip's la obligación de adoptar medidas sin frontera tendientes a luchar contra el ingreso de mercadería por marca falsificada y garantizar la defensa de la propiedad intelectual sobre todo en aquellas mercaderías procedentes del extranjero.
Esto no tuvo una recepción desde el año 1995 de un tratamiento o de su incorporación efectiva a la Aduana Argentina. En el resto del mundo se ha trabajado de acuerdo a estas disposiciones, incluso el último perfeccionamiento de carácter normativo a la comunidad jurídica fue en el año 2003 por parte de nuestro vecino país de Chile. Lo cierto es que la filosofía que se tiene con este proyecto es la de establecer un mecanismo donde el titular de un derecho mercario o de propiedad intelectual tenga los tiempos suficientes de forma tal de poder recurrir a la Justicia y ejercer el derecho de Aduana para adoptar las medidas en frontera -terrestre, marítimo y aéreo- que precisamente el Acuerdo Trip's nos manda.
La fórmula que se busca hay que tenerla presente; precisamente, mañana en el ámbito del grupo del Mercado Común vamos a estar tratando cuál va a ser la norma comunitaria que va a estar rigiendo la temática. No sólo sobre el tema marca, sino sobre el segundo punto. Al respecto se ha convocado al sector privado, al público, a los referentes de distintos proyectos, como ser asesores y legisladores, que han participado en mesas de trabajo en la Aduana. Se está buscando algún grado de perfeccionamiento, del que ya tenemos gran parte de las conclusiones que están en la sintonía de la redacción de este proyecto que se va a poder empezar a perfeccionar. Las líneas generales establecen una prohibición respecto de la importación de mercaderías con marca falsa.
Y una prohibición también respecto de aquella mercadería que violenta o lesiona un derecho de propiedad intelectual. Sin duda alguna, en el trabajo con los asesores y en la sintonía fina podremos ir precisando posiciones, e inclusive receptando aportes como el que recién nos manifestaron, para poder llegar a un proyecto que sea aceptable dentro de la comunidad de operadores del comercio exterior, de acuerdo con los intereses y la definición estratégica que tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Respecto del resto de los proyectos de modificación normativa del Código Aduanero que contempla el Plan Antievasión II, me parece interesante comentar que también se ha convocado al sector privado y a las cámaras de Importadores y de Exportadores de la República Argentina, participando también la Cámara Argentina de Comercio y el Instituto de Estudios Aduaneros. Lo que estamos tratando de hacer es buscar los puntos en común que ya tiene este proyecto Antievasión y buscar fórmulas que recepten la filosofía con la que se encara el Plan Antievasión II. La filosofía es la que está plasmada en la exposición que hizo el doctor Abad. Y dentro de ella no se trata de lograr la perfección, pero sí de aunar puntos de encuentro respecto de las modificaciones normativas que se impulsan.
Por eso vale la aclaración en el sentido de que el sector privado va a ser incorporado y va a estar trabajando firmemente en la búsqueda de soluciones que sean acordes y ajustadas a ese fin.
Esto no tuvo una recepción desde el año 1995 de un tratamiento o de su incorporación efectiva a la Aduana Argentina. En el resto del mundo se ha trabajado de acuerdo a estas disposiciones, incluso el último perfeccionamiento de carácter normativo a la comunidad jurídica fue en el año 2003 por parte de nuestro vecino país de Chile. Lo cierto es que la filosofía que se tiene con este proyecto es la de establecer un mecanismo donde el titular de un derecho mercario o de propiedad intelectual tenga los tiempos suficientes de forma tal de poder recurrir a la Justicia y ejercer el derecho de Aduana para adoptar las medidas en frontera -terrestre, marítimo y aéreo- que precisamente el Acuerdo Trip's nos manda.
La fórmula que se busca hay que tenerla presente; precisamente, mañana en el ámbito del grupo del Mercado Común vamos a estar tratando cuál va a ser la norma comunitaria que va a estar rigiendo la temática. No sólo sobre el tema marca, sino sobre el segundo punto. Al respecto se ha convocado al sector privado, al público, a los referentes de distintos proyectos, como ser asesores y legisladores, que han participado en mesas de trabajo en la Aduana. Se está buscando algún grado de perfeccionamiento, del que ya tenemos gran parte de las conclusiones que están en la sintonía de la redacción de este proyecto que se va a poder empezar a perfeccionar. Las líneas generales establecen una prohibición respecto de la importación de mercaderías con marca falsa.
Y una prohibición también respecto de aquella mercadería que violenta o lesiona un derecho de propiedad intelectual. Sin duda alguna, en el trabajo con los asesores y en la sintonía fina podremos ir precisando posiciones, e inclusive receptando aportes como el que recién nos manifestaron, para poder llegar a un proyecto que sea aceptable dentro de la comunidad de operadores del comercio exterior, de acuerdo con los intereses y la definición estratégica que tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Respecto del resto de los proyectos de modificación normativa del Código Aduanero que contempla el Plan Antievasión II, me parece interesante comentar que también se ha convocado al sector privado y a las cámaras de Importadores y de Exportadores de la República Argentina, participando también la Cámara Argentina de Comercio y el Instituto de Estudios Aduaneros. Lo que estamos tratando de hacer es buscar los puntos en común que ya tiene este proyecto Antievasión y buscar fórmulas que recepten la filosofía con la que se encara el Plan Antievasión II. La filosofía es la que está plasmada en la exposición que hizo el doctor Abad. Y dentro de ella no se trata de lograr la perfección, pero sí de aunar puntos de encuentro respecto de las modificaciones normativas que se impulsan.
Por eso vale la aclaración en el sentido de que el sector privado va a ser incorporado y va a estar trabajando firmemente en la búsqueda de soluciones que sean acordes y ajustadas a ese fin.
SR. ALCHOURON ¿En qué tiempo estiman ustedes que se puede lograr finalmente definir o sintonizar, como muy bien usted señaló, los aspectos más importantes de esto?
SR. ECHEGARAY Es inmediato; ya está encaminado. Ya se ha consensuado con el sector privado.
SR. ALCHOURON ¿Ya está todo terminado?
SR. ECHEGARAY Sí. Queda algún comentario, nada más.
SR. PRESIDENTE IGLESIAS Tiene la palabra la señora diputada Fadel.
SRA. FADEL Señor presidente: quiero preguntar a los funcionarios que nos acompañan si tienen muchas dificultades ante la Justicia cuando piden un allanamiento. Hago esta consulta porque en el artículo 3° del proyecto veo que hacen hincapié en la posibilidad de que se expida en el término de 24 horas cuando se efectúa un pedido de allanamiento. Y por lo que tengo entendido siempre cuesta que un juez libre rápidamente un pedido de allanamiento, mientras que a veces la agilidad y la rapidez que los funcionarios requieren no condice con esto.
Aquí veo que ustedes solicitan que se expida fundadamente. ¿Esto significa que generalmente se dice que no y por eso se está pidiendo que se lo haga fundadamente? ¿Les parece que hay un dejo de problemática en esto, cuando se pide un allanamiento, respecto de la rapidez con que el juez lo otorgue?
Aquí veo que ustedes solicitan que se expida fundadamente. ¿Esto significa que generalmente se dice que no y por eso se está pidiendo que se lo haga fundadamente? ¿Les parece que hay un dejo de problemática en esto, cuando se pide un allanamiento, respecto de la rapidez con que el juez lo otorgue?
SR. ECHEGARAY En cuanto a la rapidez o la celeridad en la respuesta de un pedido u orden de allanamiento, no; todo lo contrario. Es más, en el corto tiempo que llevo al frente de la conducción de la Dirección General de Aduanas, el otorgamiento de las órdenes de allanamiento es lo suficientemente rápido como para que se pueda actuar en línea con esto.
SRA. FADEL ¿Y por qué se ha puesto la palabra "fundadamente"? ¿Porque existe el temor de que digan que no y entonces hay que fundar por qué no?
SR. ECHEGARAY Porque normalmente el pedido de allanamiento ...
SRA. FADEL Se funda, por supuesto. Pero para hacerlo más rápido podríamos pedir que sea fundadamente. ¿O no?
SR. ECHEGARAY El tema es que el pedido se hace con un fundamento y a veces lo que se busca es que éste tenga recepción efectiva en la orden de allanamiento.
SRA. FADEL Gracias.
SR. PRESIDENTE IGLESIAS Tiene la palabra el señor diputado Bossa.
SR. BOSSA Señor presidente: mi pregunta es de carácter tecnológico. Uno de los ítems del Plan Antievasión es la generalización del uso del seguimiento satelital de contenedores. Se explicó muy bien el problema que esta tecnología tenía para los camiones loneros. Lo que quiero saber es qué grado de desarrollo tiene este sistema dentro de la AFIP y de la Aduana.
Me refiero a la información satelital. Se dispara una alarma, con un contenedor abierto o un camión que se apartó de la ruta predeterminada. Quisiera saber quién verifica este sistema y, además, si tienen algún tipo de estadística con respecto a su utilidad.
Me refiero a la información satelital. Se dispara una alarma, con un contenedor abierto o un camión que se apartó de la ruta predeterminada. Quisiera saber quién verifica este sistema y, además, si tienen algún tipo de estadística con respecto a su utilidad.
SR. ECHEGARAY Tanto el operador como el servicio aduanero realizan el control correspondiente.
Hoy existen problemas para extenderlo al resto del país producto de que de acuerdo a los barrales que lleva un contenedor, sólo podría aplicarse a los contenedores.
Precisamente ayer comencé conversaciones para intentar realizar un estudio profundo que permita una modificación del precinto electrónico. Una cosa es el seguimiento del medio de transporte y otra distinta la seguridad que implica el precinto electrónico.
Hoy, el precinto electrónico está diseñado solamente para barrales. Hay dos tipos de cargas: están los loneros -que son los más dificultosos- y los furgones que tienen un cerramiento especial, totalmente distinto al del contenedor. Se trabaja en el diseño porque no solamente le interesa al operador sino también al servicio aduanero.
Las alertas se producen tanto en el envío de carreteras como en las aperturas del precinto electrónico. Es decir, se producen en el centro de seguimiento que tiene el servicio aduanero y hay una alerta que genera el mismo operador que recibe el control.
En cuanto a las estadísticas, podemos precisar que desde la implementación del dispositivo electrónico de seguimiento hubo un cambio de precinto. Antes se trabajaba con un precinto mucho más complejo pero han disminuido los errores o desvíos al 1 por ciento.
Tengan en cuenta que estamos trabajando en un ámbito muy reducido -ámbito metropolitano-, en operaciones muy limitadas como puede ser el transporte de puerto a depósito y viceversa, y recientemente le hemos incorporado el traslado de depósito a depósito.
La idea es extenderlo a los tránsitos aduaneros que son operaciones de mucho mayor volumen y entidad que no solamente requieren la buena intención del servicio aduanero de poder efectuar un control en tiempo real de todos los tránsitos, sino que también nos impone frente a la realidad del avance tecnológico que tenemos. Hoy no existe la posibilidad de contar con un precinto electrónico para un camión enlonado y para los furgones. Queremos un producto complejo.
Hoy existen problemas para extenderlo al resto del país producto de que de acuerdo a los barrales que lleva un contenedor, sólo podría aplicarse a los contenedores.
Precisamente ayer comencé conversaciones para intentar realizar un estudio profundo que permita una modificación del precinto electrónico. Una cosa es el seguimiento del medio de transporte y otra distinta la seguridad que implica el precinto electrónico.
Hoy, el precinto electrónico está diseñado solamente para barrales. Hay dos tipos de cargas: están los loneros -que son los más dificultosos- y los furgones que tienen un cerramiento especial, totalmente distinto al del contenedor. Se trabaja en el diseño porque no solamente le interesa al operador sino también al servicio aduanero.
Las alertas se producen tanto en el envío de carreteras como en las aperturas del precinto electrónico. Es decir, se producen en el centro de seguimiento que tiene el servicio aduanero y hay una alerta que genera el mismo operador que recibe el control.
En cuanto a las estadísticas, podemos precisar que desde la implementación del dispositivo electrónico de seguimiento hubo un cambio de precinto. Antes se trabajaba con un precinto mucho más complejo pero han disminuido los errores o desvíos al 1 por ciento.
Tengan en cuenta que estamos trabajando en un ámbito muy reducido -ámbito metropolitano-, en operaciones muy limitadas como puede ser el transporte de puerto a depósito y viceversa, y recientemente le hemos incorporado el traslado de depósito a depósito.
La idea es extenderlo a los tránsitos aduaneros que son operaciones de mucho mayor volumen y entidad que no solamente requieren la buena intención del servicio aduanero de poder efectuar un control en tiempo real de todos los tránsitos, sino que también nos impone frente a la realidad del avance tecnológico que tenemos. Hoy no existe la posibilidad de contar con un precinto electrónico para un camión enlonado y para los furgones. Queremos un producto complejo.
SR. BOSSA ¿Es un desarrollo propio del servicio aduanero o es una especie de outsourcing?
SR. ECHEGARAY (No se alcanzan a percibir las palabras del orador).
SR. LOZANO La primera pregunta que quiero formular tiene que ver con los instrumentos de control. Quisiera saber si la hipótesis con la que se trabaja es que el problema por el cual estas irregularidades que involucraban al 40 por ciento tienen que ver con la ausencia de revisión o con una colusión con los operadores privados.
Digo esto porque no sé cuál sería la frecuencia de la revisión a realizar para que el control pueda ser más operativo. No sé cuál es el criterio que se ha querido plantear.
La segunda cuestión se vincula con la distinción entre contrabando mayor y menor. Esto lleva a la idea de descongestionar a la justicia con el fin de que pueda solamente concentrarse en las causas más importantes.
Pero al mismo tiempo, como estaríamos hablando del mismo delito -nada más que en un caso tendría resolución administrativa y en otro judicial-, me gustaría saber si esto no plantearía algún problema en términos legales concretos.
Digo esto porque no sé cuál sería la frecuencia de la revisión a realizar para que el control pueda ser más operativo. No sé cuál es el criterio que se ha querido plantear.
La segunda cuestión se vincula con la distinción entre contrabando mayor y menor. Esto lleva a la idea de descongestionar a la justicia con el fin de que pueda solamente concentrarse en las causas más importantes.
Pero al mismo tiempo, como estaríamos hablando del mismo delito -nada más que en un caso tendría resolución administrativa y en otro judicial-, me gustaría saber si esto no plantearía algún problema en términos legales concretos.
SR. ABAD En relación con el tema de los instrumentos de medición, creo que es muy difícil responder cuánto hay de cada cosa.
Lo que puedo comentar es el origen de esto. El origen de esto es que nosotros, en un momento dado, pusimos énfasis en las operaciones de exportación por un conjunto de razones. Por un lado habíamos analizado la rentabilidad de las empresas y la habíamos comparado con los impuestos que pagaban, y la relación indicaba que pagaban mucho menos las exportadoras de cereales que el resto del conjunto de la economía, incluso menos que si tomábamos el sector agrícolo-ganadero como sector propiamente dicho.
Ante esta situación hicimos un análisis de la cadena de valor, por así decirlo, del agro. O sea, hicimos un análisis transversal y tomamos el fenómeno operacional desde la producción, el acopio, el traslado y la exportación.
Cuando analizamos esa cadena de valor, que es una metodología difícil pero es la que rinde mayores éxitos, apareció el fenómeno de la medición y tomó un valor que hasta ese momento no tenía, porque visto aisladamente significaba una cosa y visto en la cadena de valor, significaba otra.
Creo que allí hay una mezcla de las dos cosas: por un lado hay intenciones de quienes tienen el control de esto y tienen su propio instrumento de medición, y por el otro pienso que había una ausencia de control que facilitaba esta situación.
Entonces, digamos que es una mezcla perversa de ambas razones. Por eso nuestra propuesta es empezar a buscar una solución que, sin modificar las actuales competencias, agregue valor y control a esta cuestión. Esta es la idea central: que nosotros podamos hacer una inhabilitación temporaria y que el resto del sistema funcione como tal.
Nosotros tenemos un acuerdo con el INTI. A ellos también se les ha modificado la competencia para que sean una mano ejecutora que facilite esta tarea a Metrología, porque esta es una síntesis de un despliegue territorial de gente y de capacidad para medir esto, ya que ustedes se preguntarán cómo sabemos si una balanza funciona o no. Al respecto, Metrología tiene una especie de pesa-patrón que lleva y prueba. Y en función de eso surge si se está o no dentro de la pauta o norma.
Lo nuestro sería una primera aproximación en casos bien burdos en los que está claro que esto pasa de esta manera. Hemos encontrado lugares donde las balanzas oficiales estaban inhabilitadas y usaban otras que no estaban habilitadas. O sea que la flora y la fauna son infinitas.
Entonces, el tema es, en una etapa de transición, mejorar este control mediante nuestra participación, con este carácter preventivo e intermedio hasta que entre lo otro. Y mientras tanto seguimos trabajando con el Ministerio de Economía y con el INTI para mejorar la capacidad de inspección de Metrología.
Respecto del otro tema, yo diría que se juntan las dos. Ahora, cuánto hay de una y de otra, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nos impactaban negativamente y que en la medida en que eso ocurra tenemos que adoptar una acción. No nos podemos quedar diciendo "los sistemas de medición funcionan mal". "¿Y qué hicieron?" "Dijimos que funcionan mal y trajimos una norma para empezar a mejorarlos". ¿Es la mejor? No sé, pero es buena, nos sirve y empieza a solucionar el problema. Después, sobre la marcha, la perfeccionaremos, pero está claro que en la cadena de valor hay un punto débil que genera un riesgo fiscal y que nosotros tenemos que acotar.
Hago hincapié en el tema de los granos, pero no es el único, porque así como hablamos de granos también hablamos de minerales, de gas, de petróleo, de electricidad y de todos los elementos o mercancías a granel, líquidas o sólidas, que salen de la frontera, cuyos instrumentos de medición no nos brindan un grado de confiabilidad lo suficientemente alto como para estar tranquilos. Este es el punto.
El tema del contrabando menor o mayor está claro, porque sigue siendo un contrabando. Lo importante sería ver cuál es la mejor manera de atacarlo y de darle una respuesta de manera de lograr, primero, diferenciar lo importante de lo accesorio, y segundo, que la sanción sea lo suficientemente rápida para que sea efectiva y no se pierda el efecto. Porque si pasan ocho años para que se apliquen las sanciones, el mero transcurso del tiempo hace que todo se diluya. "Lo sólido se disuelve en el aire", decía un filósofo.
Entonces, necesitamos tener efectividad, que puede ser una sanción o una multa administrativa, que aplicada en que puesta en tiempo y forma, puede ser más efectiva que la otra. Tenemos un problema operacional de cómo tratar el tema.
Lo que puedo comentar es el origen de esto. El origen de esto es que nosotros, en un momento dado, pusimos énfasis en las operaciones de exportación por un conjunto de razones. Por un lado habíamos analizado la rentabilidad de las empresas y la habíamos comparado con los impuestos que pagaban, y la relación indicaba que pagaban mucho menos las exportadoras de cereales que el resto del conjunto de la economía, incluso menos que si tomábamos el sector agrícolo-ganadero como sector propiamente dicho.
Ante esta situación hicimos un análisis de la cadena de valor, por así decirlo, del agro. O sea, hicimos un análisis transversal y tomamos el fenómeno operacional desde la producción, el acopio, el traslado y la exportación.
Cuando analizamos esa cadena de valor, que es una metodología difícil pero es la que rinde mayores éxitos, apareció el fenómeno de la medición y tomó un valor que hasta ese momento no tenía, porque visto aisladamente significaba una cosa y visto en la cadena de valor, significaba otra.
Creo que allí hay una mezcla de las dos cosas: por un lado hay intenciones de quienes tienen el control de esto y tienen su propio instrumento de medición, y por el otro pienso que había una ausencia de control que facilitaba esta situación.
Entonces, digamos que es una mezcla perversa de ambas razones. Por eso nuestra propuesta es empezar a buscar una solución que, sin modificar las actuales competencias, agregue valor y control a esta cuestión. Esta es la idea central: que nosotros podamos hacer una inhabilitación temporaria y que el resto del sistema funcione como tal.
Nosotros tenemos un acuerdo con el INTI. A ellos también se les ha modificado la competencia para que sean una mano ejecutora que facilite esta tarea a Metrología, porque esta es una síntesis de un despliegue territorial de gente y de capacidad para medir esto, ya que ustedes se preguntarán cómo sabemos si una balanza funciona o no. Al respecto, Metrología tiene una especie de pesa-patrón que lleva y prueba. Y en función de eso surge si se está o no dentro de la pauta o norma.
Lo nuestro sería una primera aproximación en casos bien burdos en los que está claro que esto pasa de esta manera. Hemos encontrado lugares donde las balanzas oficiales estaban inhabilitadas y usaban otras que no estaban habilitadas. O sea que la flora y la fauna son infinitas.
Entonces, el tema es, en una etapa de transición, mejorar este control mediante nuestra participación, con este carácter preventivo e intermedio hasta que entre lo otro. Y mientras tanto seguimos trabajando con el Ministerio de Economía y con el INTI para mejorar la capacidad de inspección de Metrología.
Respecto del otro tema, yo diría que se juntan las dos. Ahora, cuánto hay de una y de otra, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nos impactaban negativamente y que en la medida en que eso ocurra tenemos que adoptar una acción. No nos podemos quedar diciendo "los sistemas de medición funcionan mal". "¿Y qué hicieron?" "Dijimos que funcionan mal y trajimos una norma para empezar a mejorarlos". ¿Es la mejor? No sé, pero es buena, nos sirve y empieza a solucionar el problema. Después, sobre la marcha, la perfeccionaremos, pero está claro que en la cadena de valor hay un punto débil que genera un riesgo fiscal y que nosotros tenemos que acotar.
Hago hincapié en el tema de los granos, pero no es el único, porque así como hablamos de granos también hablamos de minerales, de gas, de petróleo, de electricidad y de todos los elementos o mercancías a granel, líquidas o sólidas, que salen de la frontera, cuyos instrumentos de medición no nos brindan un grado de confiabilidad lo suficientemente alto como para estar tranquilos. Este es el punto.
El tema del contrabando menor o mayor está claro, porque sigue siendo un contrabando. Lo importante sería ver cuál es la mejor manera de atacarlo y de darle una respuesta de manera de lograr, primero, diferenciar lo importante de lo accesorio, y segundo, que la sanción sea lo suficientemente rápida para que sea efectiva y no se pierda el efecto. Porque si pasan ocho años para que se apliquen las sanciones, el mero transcurso del tiempo hace que todo se diluya. "Lo sólido se disuelve en el aire", decía un filósofo.
Entonces, necesitamos tener efectividad, que puede ser una sanción o una multa administrativa, que aplicada en que puesta en tiempo y forma, puede ser más efectiva que la otra. Tenemos un problema operacional de cómo tratar el tema.
SR. ECHEGARAY Lo importante es la diferencia entre el delito y el contrabando juzgado en sede judicial y el contrabando menor juzgado en sede administrativa.
SR. CANTINI En primer lugar, en cuanto al contrabando menor juzgado en sede administrativa ¿se van a cambiar los registros aduaneros donde quede el antecedente, tratando de evitar que se aplique la multa mínima sin que se registre el antecedente?
En segundo lugar, ¿no sería más práctico instrumentar una resolución que obligue a todas las terminales portuarias a tener su balanza fiscal habilitada por la AFIP, con lo cual registraríamos la entrada y salida de todo producto por peso y tara de camiones? Esto se hacía hace unos cuantos años y facilitaba mucho el control aduanero porque no solamente se controlaba por cantidad sino por peso. Cualquier verificador aduanero tenía que verificar la cantidad, la calidad y el peso. Hoy se sigue poniendo que se realiza una verificación de control, calidad y peso, pero el peso es teórico. Son dos medidas directas y de rápida aplicación.
Mi preocupación ante el contrabando menor declarado en sede administrativa, tiene que ver con la demora que tiene dicha sede y la poca cantidad de recursos que tienen. Además, los juzgados aduaneros corren la misma suerte que el resto de los juzgados porque tienen sus períodos de feria judicial en julio y en diciembre.
Por otra parte, hay una vieja resolución aduanera que dice que si uno paga la multa mínima no registra antecedente. De esta manera no podemos estar persiguiendo a aquellos infractores que lo son de manera habitual.
Sería muy importante cambiar eso porque tendríamos una apreciación diferente de aquellos infractores que cometen varias veces la infracción y la Aduana no se entera porque pagan la multa mínima.
En segundo lugar, ¿no sería más práctico instrumentar una resolución que obligue a todas las terminales portuarias a tener su balanza fiscal habilitada por la AFIP, con lo cual registraríamos la entrada y salida de todo producto por peso y tara de camiones? Esto se hacía hace unos cuantos años y facilitaba mucho el control aduanero porque no solamente se controlaba por cantidad sino por peso. Cualquier verificador aduanero tenía que verificar la cantidad, la calidad y el peso. Hoy se sigue poniendo que se realiza una verificación de control, calidad y peso, pero el peso es teórico. Son dos medidas directas y de rápida aplicación.
Mi preocupación ante el contrabando menor declarado en sede administrativa, tiene que ver con la demora que tiene dicha sede y la poca cantidad de recursos que tienen. Además, los juzgados aduaneros corren la misma suerte que el resto de los juzgados porque tienen sus períodos de feria judicial en julio y en diciembre.
Por otra parte, hay una vieja resolución aduanera que dice que si uno paga la multa mínima no registra antecedente. De esta manera no podemos estar persiguiendo a aquellos infractores que lo son de manera habitual.
Sería muy importante cambiar eso porque tendríamos una apreciación diferente de aquellos infractores que cometen varias veces la infracción y la Aduana no se entera porque pagan la multa mínima.
SR. ECHEGARAY En cuanto a la primera pregunta, la resolución aduanera, si todavía queda redactado, está en desuso. La figura del artículo 930/932 del Código Aduanero no permite acogerse a los beneficios del pago mínimo de la multa para la figura de contrabando menor. Si en alguna instancia del juzgamiento administrativo se ha aplicado, es incorrecto.
SR. CANTINI El problema es que se empieza a discutir si es infracción aduanera o contrabando menor. Cuando hay una infracción aduanera, se paga la multa menor. Por más que esté en el Código, lo digo por usos y costumbres.
SR. ECHEGARAY Esto no está permitido.
SR. CANTINI Hay tantas cosas que no están permitidas e igual suceden.
Es por usos y costumbres. Aun los que pagan la multa mínima tendrían una mayor transparencia y control de la Aduana para saber cuáles son los importadores que realmente trabajan de una manera y cuáles los que lo hacen de otra. Al pagar la multa mínima y no registrar antecedentes, ya sea de cualquier infracción o delito menor, no tenemos un verdadero control del registro de importadores y exportadores.
Es por usos y costumbres. Aun los que pagan la multa mínima tendrían una mayor transparencia y control de la Aduana para saber cuáles son los importadores que realmente trabajan de una manera y cuáles los que lo hacen de otra. Al pagar la multa mínima y no registrar antecedentes, ya sea de cualquier infracción o delito menor, no tenemos un verdadero control del registro de importadores y exportadores.
SR. ECHEGARAY Si nos estamos refiriendo a otro tipo de infracciones para sacar el beneficio que establecen los artículos 930 y 932, eso no ha sido previsto en este Plan Antievasión. O sea, ya no es una cuestión que se eleva aquí a debate o consideración. Es decir, lo que se previó aquí es modificar el artículo 947, estableciéndose bajo qué concepto se va a juzgar: en sede administrativa o en sede judicial.
SR. CANTINI El 90 por ciento de los delitos cometidos en la Aduana son considerados infracciones. Si se logra modificar esto vamos a tener un mayor control. Una declaración inexacta es una declaración inexacta; una cantidad puede ser una declaración inexacta.
La mayor cantidad de problemas son las infracciones aduaneras. Si vamos hacia un Plan Antievasión y a transparentar la actividad aduanera sería ideal que no nos preocupemos tanto por el contrabando menor sino por la cantidad de infracciones aduaneras que se resuelven en sede administrativa -que en su mayoría son contrabandos disfrazados- para poder terminar con esto. Hay que hacer un registro de infractores y no permitir la multa mínima, o permitirla pero que sí registre antecedentes. De esa forma ustedes van a tener un mayor panorama de la calidad de los importadores y exportadores, como así también de los despachantes de Aduana que trabajan. Este es un aporte.
La mayor cantidad de problemas son las infracciones aduaneras. Si vamos hacia un Plan Antievasión y a transparentar la actividad aduanera sería ideal que no nos preocupemos tanto por el contrabando menor sino por la cantidad de infracciones aduaneras que se resuelven en sede administrativa -que en su mayoría son contrabandos disfrazados- para poder terminar con esto. Hay que hacer un registro de infractores y no permitir la multa mínima, o permitirla pero que sí registre antecedentes. De esa forma ustedes van a tener un mayor panorama de la calidad de los importadores y exportadores, como así también de los despachantes de Aduana que trabajan. Este es un aporte.
SR. ABAD Me parece que lo podemos incorporar perfectamente. Considero que la idea es buena. Si nos dan una mayor efectividad ...
SR. CANTINI De la misma manera en que usted tiene un registro de los que pagan impuestos y de los que no lo hacen, de las moratorias, sería mucho más prolijo tener un background de quién es cada uno en la Aduana y de esa manera se trabajaría mejor.
SR. ABAD Esto es lo mínimo que pedíamos, señor diputado. Todo agregado que nos dé más efectividad y que sea conducente a la idea del Plan Antievasión será más que bienvenido porque lo podremos incorporar.
SR. ECHEGARAY En síntesis, el aporte pasaría por derogar los artículos 930 y 932 del Código Aduanero.
SR. CANTINI No derogarlos, sino permitir la multa mínima, pero que registre antecedentes. El agregado sería que registre antecedentes.
SR. ABAD Nos parece perfecto. Empezaremos a trabajar en conjunto sobre eso para ver cómo lo incorporamos.
SR. LARREGUY Lo que me llama la atención, doctor Echegaray, es que no hayan tenido esta estadística que menciona el señor diputado Cantini, porque en ese caso el CD habla de un 80 por ciento. Entonces, es importantísimo. Y no tiene nada que ver con el contrabando menor, sino con la infracción, que es la figura que se utiliza a diario. O sea que le han buscado la vuelta para zafar.
SR. CANTINI Si no, ¿dónde estaría el chiste? Los que están del otro lado de la ley siempre le van a buscar la vuelta para zafar.
SR. LARREGUY Está bien, pero lo que quiero decir es que en todo caso a ellos les está faltando información estadística sobre el tema. Porque en ese caso ya hubieran propuesto, concretamente, dar "leña" a la infracción.
SR. ECHEGARAY En realidad, lo que se abordó en el Plan Antievasión II fue precisamente la gran cantidad de causas penales que había.
SR. ABAD A veces, a partir de premisas verdaderas se sacan conclusiones falsas. Creo que este es un caso.
SR. LARREGUY Por eso me gustaría ver la estadística de la Aduana sobre el tema.
SR. ABAD No hay ningún problema. La vemos.
SR. CANTINI Aquí voy a salir a defender: el 80 por ciento de las infracciones no son delitos. Pero la mayor cantidad de problemas aduaneros son infracciones y no contrabandos. Dentro de lo que son las infracciones hay muchas que esconden el contrabando. Lo que pasa es que en la Aduana hay un viejo artilugio que data de muchos años y que consiste en pagar la multa mínima y zafar. Si se lograra cambiar eso podríamos comenzar a transparentar la actividad de todos los aduaneros.
SR. ECHEGARAY Seamos respetuosos de la ley. Esto no es un artilugio, sino la ley.
Es el Código Aduanero. Están utilizando lo que la norma les permite. El servicio aduanero está cumpliendo con lo que manda la ley. No estamos de acuerdo con la ley. En la Aduana no se vienen haciendo artilugios ni maniobras.
Es el Código Aduanero. Están utilizando lo que la norma les permite. El servicio aduanero está cumpliendo con lo que manda la ley. No estamos de acuerdo con la ley. En la Aduana no se vienen haciendo artilugios ni maniobras.
SR. CANTINI Yo no estoy hablando de la Aduana; estoy hablando de los usuarios.
SR. ECHEGARAY El infractor está utilizando el marco que la ley le permite.
SR. PRESIDENTE IGLESIAS Lo que está diciendo Cantini es que cuando alguien llegue, por ejemplo, a las diez infracciones, le corresponda otra sanción.
SR. CANTINI En la primera, una multa mínima; en la segunda, una mayor; en la tercera, igual y que de ahí en más sea progresiva.
SR. ABAD Conceptualmente, comparto totalmente lo que dice el diputado Cantini.
Lo importante es que se facilita un espacio para discutir este tipo de temas. Nosotros tenemos el apoyo donde más nos aprieta el zapato. La visión que brindan ustedes es totalmente funcional al objetivo, por lo que no hace falta discutir mucho más sobre la inmortalidad del cangrejo.
Debemos hacer el proyecto, nosotros lo aceptamos totalmente y lo incorporamos. Todo aquello que fortalezca nuestra capacidad de control y evite el contrabando, será bienvenido.
Lo importante es que se facilita un espacio para discutir este tipo de temas. Nosotros tenemos el apoyo donde más nos aprieta el zapato. La visión que brindan ustedes es totalmente funcional al objetivo, por lo que no hace falta discutir mucho más sobre la inmortalidad del cangrejo.
Debemos hacer el proyecto, nosotros lo aceptamos totalmente y lo incorporamos. Todo aquello que fortalezca nuestra capacidad de control y evite el contrabando, será bienvenido.
SR. ECHEGARAY En la elaboración del proyecto deberemos trabajar sobre el registro de antecedentes. Hay que derogar ese aspecto de la norma.
Se puede extinguir la sanción penal con el pago de una multa pero el efecto que provoca esto, es decir eliminarlo, es el no registro de antecedentes. Hay que limitar o acotar el beneficio. Acotarlo al pago mínimo de una multa para cerrar sumarios, pero le va a registrar antecedentes. Hay que hacer un estudio importante porque a partir de esta modificación, gran parte de los operadores que cometieron infracciones y que normalmente se allanaron al pago mínimo de la multa, van a perder gran parte del interés, porque el incentivo de ellos era que no se le registraran antecedentes. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Se puede extinguir la sanción penal con el pago de una multa pero el efecto que provoca esto, es decir eliminarlo, es el no registro de antecedentes. Hay que limitar o acotar el beneficio. Acotarlo al pago mínimo de una multa para cerrar sumarios, pero le va a registrar antecedentes. Hay que hacer un estudio importante porque a partir de esta modificación, gran parte de los operadores que cometieron infracciones y que normalmente se allanaron al pago mínimo de la multa, van a perder gran parte del interés, porque el incentivo de ellos era que no se le registraran antecedentes. Eso hay que tenerlo en cuenta.
SR. CANTINI Yo me pongo del otro lado del mostrador. Se trata de una norma utilizada para no registrar antecedentes. Los que saben que tienen algún problema la utilizan, pagan y no registran antecedentes. Cuando la Aduana legisla, lo hace para todos y por igual. Creo que no tiene un gran beneficio decir: "Tal importador, en los últimos años, no registró antecedentes. No pongamos todos los ojos acá sino en aquel que tiene treinta antecedentes". De lo contrario, facilitará el control aduanero.
SR. ABAD Además, esto es totalmente funcional. Ayer expliqué en el plan de gestión nuestro estamos desarrollando un sistema de perfil de riesgo donde para cada contribuyente -tributario, aduanero o previsional- le estamos poniendo todos los incumplimientos. Esto hará más eficiente el análisis de riesgo porque hay una mayor propensión al incumplimiento. En esta modificación debemos hacerle sentir el riesgo del incumplimiento.
Vamos a buscar el punto de equilibrio entre ambas cosas. La idea me parece muy útil y lo vamos a hacer.
Vamos a buscar el punto de equilibrio entre ambas cosas. La idea me parece muy útil y lo vamos a hacer.
SR. SNOPEK En nombre del bloque Justicialista quiero expresar mi reconocimiento a su bloque, señor presidente, porque creo que hay que decir las cosas con todas las letras.
Cada vez que hemos tenido que analizar cuestiones de antievasión hubo una política de colaboración total, no solamente desde el bloque de la primera minoría sino de todos los bloques de la Cámara.
Pero en el caso suyo, en el día de hoy, convocar rápidamente a una reunión de carácter conjunto para empezar el análisis de este tema nos parece una contribución importante en el sentido correcto. En consecuencia, quiero dejar expresado ese reconocimiento por parte del bloque Justicialista.
En segundo lugar, también quiero dejar el reconocimiento de mi bancada al señor administrador federal de ingresos públicos por la tarea que está llevando a cabo. Lo cierto es que durante dos días sucesivos se ha prestado a estas reuniones de trabajo con los diputados, abordándose en cada caso temáticas diferentes. Por eso creemos necesario expresarle nuestro reconocimiento.
En tercer término, señor presidente, quisiera efectuar una pequeña petición desde el bloque Justicialista. Siguiendo este camino que acabo de señalar nos gustaría que pidamos a los señores diputados su colaboración para que la semana que viene podamos tener una reunión de trabajo y terminemos, si es posible, suscribiendo el dictamen pertinente, a fin de que estemos en condiciones de llevar al recinto, dentro del período de sesiones ordinarias, el tema del Plan Antievasión. No me refiero solamente a este proyecto de ley, sino también a otros que en el día de hoy, dentro de un rato, vamos a tratar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
En ese sentido quiero destacar que con la Cámara de Senadores estamos acordando una suerte de trabajo conjunto respecto del cual falta coordinar muy poco. Entonces, parecería interesante que en tiempo oportuno podamos debatir todos estos temas en el recinto. De aquella Cámara van a venir algunas cosas y de aquí irán otras hacia allá. Así que esperamos coordinar estas tareas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito que la semana que viene celebremos una reunión conjunta a fin de analizar esta cuestión y de poder emitir dictamen en el tiempo más breve posible. Muchas gracias.
Cada vez que hemos tenido que analizar cuestiones de antievasión hubo una política de colaboración total, no solamente desde el bloque de la primera minoría sino de todos los bloques de la Cámara.
Pero en el caso suyo, en el día de hoy, convocar rápidamente a una reunión de carácter conjunto para empezar el análisis de este tema nos parece una contribución importante en el sentido correcto. En consecuencia, quiero dejar expresado ese reconocimiento por parte del bloque Justicialista.
En segundo lugar, también quiero dejar el reconocimiento de mi bancada al señor administrador federal de ingresos públicos por la tarea que está llevando a cabo. Lo cierto es que durante dos días sucesivos se ha prestado a estas reuniones de trabajo con los diputados, abordándose en cada caso temáticas diferentes. Por eso creemos necesario expresarle nuestro reconocimiento.
En tercer término, señor presidente, quisiera efectuar una pequeña petición desde el bloque Justicialista. Siguiendo este camino que acabo de señalar nos gustaría que pidamos a los señores diputados su colaboración para que la semana que viene podamos tener una reunión de trabajo y terminemos, si es posible, suscribiendo el dictamen pertinente, a fin de que estemos en condiciones de llevar al recinto, dentro del período de sesiones ordinarias, el tema del Plan Antievasión. No me refiero solamente a este proyecto de ley, sino también a otros que en el día de hoy, dentro de un rato, vamos a tratar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
En ese sentido quiero destacar que con la Cámara de Senadores estamos acordando una suerte de trabajo conjunto respecto del cual falta coordinar muy poco. Entonces, parecería interesante que en tiempo oportuno podamos debatir todos estos temas en el recinto. De aquella Cámara van a venir algunas cosas y de aquí irán otras hacia allá. Así que esperamos coordinar estas tareas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito que la semana que viene celebremos una reunión conjunta a fin de analizar esta cuestión y de poder emitir dictamen en el tiempo más breve posible. Muchas gracias.
SRA. FADEL Si le dice que no, le retira el agradecimiento. (Risas.)
SR. PRESIDENTE IGLESIAS El señor diputado lo hace porque sabe que el oficialismo cuenta siempre con la mayor colaboración por parte de la oposición. Lo que pasa es que a veces no somos muy escuchados, pero siempre estamos dispuestos a acelerar el tratamiento de los temas, sobre todo de estos, que son muy importantes para el país.
Creemos que la lucha contra la evasión y el contrabando debe ser una tarea que debemos abordar con la mayor seriedad y, sobre todo, celeridad. En consecuencia, trataremos de resolver todas las dudas que puedan plantearse entre los señores legisladores, pero procurando cumplir con los términos en el sentido de que la normativa esté lo antes posible a disposición de los organismos.
Por ese motivo, comprendiendo esto, convocamos con celeridad a las autoridades. En realidad convocamos al señor director General de Aduanas, pero como evidentemente el tema es prioritario, el señor administrador Federal de Ingresos Públicos quiso participar de la reunión, por lo que indudablemente le agradecemos su presencia.
Por lo expuesto, en nombre de la comisión quiero expresar mi agradecimiento a los funcionarios que nos han acompañado. Seguramente estaremos consultándolos a los efectos de evacuar todas las dudas que tengamos y de poder cumplir con los términos lo más rápidamente posible.
Creemos que la lucha contra la evasión y el contrabando debe ser una tarea que debemos abordar con la mayor seriedad y, sobre todo, celeridad. En consecuencia, trataremos de resolver todas las dudas que puedan plantearse entre los señores legisladores, pero procurando cumplir con los términos en el sentido de que la normativa esté lo antes posible a disposición de los organismos.
Por ese motivo, comprendiendo esto, convocamos con celeridad a las autoridades. En realidad convocamos al señor director General de Aduanas, pero como evidentemente el tema es prioritario, el señor administrador Federal de Ingresos Públicos quiso participar de la reunión, por lo que indudablemente le agradecemos su presencia.
Por lo expuesto, en nombre de la comisión quiero expresar mi agradecimiento a los funcionarios que nos han acompañado. Seguramente estaremos consultándolos a los efectos de evacuar todas las dudas que tengamos y de poder cumplir con los términos lo más rápidamente posible.
SR. LARREGUY Si me permite, señor presidente, quisiera saber si no podemos ya acordar, para el próximo martes, la celebración de una reunión de asesores, a fin de poder emitir dictamen el jueves. Me gustaría establecer una fecha.
SR. PRESIDENTE IGLESIAS Cómo no, señor diputado.
SR. LARREGUY ¿El señor diputado Snopek está de acuerdo?
SR. SNOPEK Sí, señor diputado.
SR. PRESIDENTE IGLESIAS No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la reunión.
Es la hora 12 y 29.