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ECONOMIA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P03 Oficina 306
Jefe CPN. SILVA SANDRA BEATRIZ
Jueves 11.30hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2353 Internos 2353
ceconomia@hcdn.gob.ar
- ECONOMIA
Reunión del día 31/08/2005
- CREACIÓN DE EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE DIFUSIÓN DEL SEGURO
EXPEDIENTES
En la ciudad de Buenos Aires a los treinta y un días del mes de agosto de 2005, a la hora 10 y 59:
SR. PRESIDENTE IGLESIAS Tal como habíamos previsto en la reunión anterior, en virtud de la continuación del estudio del expediente
0676-d-05, por el que se propone la creación de en el ámbito del Ministerio de Economía del Instituto Nacional de Difusión del Seguro, invitamos al señor intendente de seguros -a quien agradecemos que haya venido- licenciado Miguel Baelo. Lo acompaña el coordinador, doctor Fernández Blanco.
Tal como habíamos estado hablando con el superintendente, la idea es conocer el criterio que tiene la Superintendencia sobre este proyecto de ley relacionado fundamentalmente con lo que se refiere a la promoción del seguro.
Tiene la palabra el señor superintendente.
Tal como habíamos estado hablando con el superintendente, la idea es conocer el criterio que tiene la Superintendencia sobre este proyecto de ley relacionado fundamentalmente con lo que se refiere a la promoción del seguro.
Tiene la palabra el señor superintendente.
SR. BAELO A continuación, voy a analizar los fundamentos de este proyecto de ley que, en su tercer párrafo dice: "Que es necesario crear una estructura de seguro en la sociedad, la que implica profundizar en el beneficio de la prestación y hacer del seguro una herramienta necesaria, útil y al alcance de todos."
Por otra parte, el aumento de la actividad aseguradora va unido al desarrollo económico y a la inversión.
Eso dice el tercer párrafo, que nosotros completaríamos o trataríamos de redondear diciendo que el seguro cumple una función social muy importante en los países.
Piensen ustedes que en realidad acá no hay una cultura aseguradora y muchos pequeños productores del campo y empresas -fundamentalmente las pymes-, no tienen seguro. Cuando les sucede un siniestro -se les quema la fábrica o tienen granizo, en el caso de los productores agropecuarios-, pierden casi todo. Entonces, como les es muy difícil mantener la empresa y eso los lleva al cierre, cuando con el pago de alguna prima podrían haber mantenido su condición económica.
En este momento, fundamentalmente en el sector agropecuario, debido a esta bonanza del precio de los granos, se están haciendo todos los esfuerzos en las distintas provincias.
En la provincia de Mendoza existe una experiencia muy importante en la que el Estado también intervino con un subsidio para los productores. Este es el segundo año de este programa, que ha tenido un éxito muy importante, ya que se ha duplicado la cantidad de productores incorporados a este programa, que les permite tener una garantía económica a fin de poder mantener su empresa si tuviera algún siniestro.
Cuando nosotros vimos este tercer párrafo estuvimos totalmente de acuerdo.
Por otra parte, este proyecto dice aquí que comienza como requerimiento de la Asociación de Productores de Seguros, que supongo es la Asociación de Productores de Seguros de la Capital Federal, porque hay varias asociaciones de productores de seguros y una federación. Aquí no está aclarado, pero supongo que es la de Capital Federal. Debería aclararse, ya que después nombra nuevamente a la Asociación de Productores y deberíamos verlo con más detalle.
Los fundamentos también dicen que el Instituto lleva a cabo algunas tareas con asociaciones vinculadas al tema. En el mercado de seguros hay distintos actores, pero los fundamentales son las compañías de seguro y reaseguro y los productores. Pero, en realidad, los artículos del proyecto de ley mencionan que muchas de estas tareas no deben ir hacia empleados de las compañías de seguros o hacia productores. Esto me parece que tiene una contradicción y es muy difícil que se dé. Me parece que cuando uno desarrolla o se plantea desarrollar la cultura del seguro va a necesitar de estos actores.
Tanto los empleados de las compañías como estos productores pueden ser intermediarios activos, pero también pasivos de recibir esta cultura del seguro. Nada nos garantiza que un empleado que trabaja en una compañía o un productor que esté vendiendo o asesorando en seguros tenga incorporada la cultura del seguro.
Debemos trabajar este instituto o programa para quienes hoy están en el mercado, pero también en el organismo de contralor u otros periféricos.
En el otro párrafo se expresa que la estructura del instituto que se propone es mínima, porque tiene topes en su presupuesto para los gastos administrativos y para los gastos en personal.
Se señala un objeto que parece loable, "...para evitar que se transforme en un órgano burocrático e ineficiente."
Consideramos que un órgano pequeño o grande puede ser ineficiente, pero también puede ser eficiente. Una limitación presupuestaria no necesariamente lo convierte en eficiente. Este es un tema para reconsiderar en estos fundamentos.
La idea con la cual acordamos es que lo que se cree, ya sea un instituto, programa o lo que fuere, debe ser eficiente. Entonces, si su presupuesto es pequeño o grande en todo caso significará que sea un organismo burocrático grande e ineficiente, o un organismo eficiente, grande o pequeño. Es decir que el tamaño no es condición de eficiencia.
Se prevé que el instituto funcione con el 10 por ciento de los recursos que se recaudan anualmente por tasa uniforme. La Superintendencia de Seguros, por ley 20.091, recauda un 6 por mil de las primas que se venden, y ese debería ser el presupuesto del organismo de control. La realidad es que hoy la Tesorería General de la Nación tiene el manejo de la Superintendencia, es decir que, aunque se haya creado como un ente autárquico, en la realidad no lo es, porque su presupuesto está ejecutado por el Ministerio Economía.
Respecto de esta tasa uniforme, lo que utiliza hoy la Superintendencia no llega al 20 por ciento. Si nosotros pensáramos en el 10 por ciento, estaríamos pensando en un organismo tan grande o la mitad de grande que la Superintendencia, con menor cantidad de funciones y con un presupuesto importante.
La recaudación en este año oscila los 80 millones de pesos, en tanto que la Superintendencia tiene un presupuesto de 14 millones de pesos. Hemos pedido una ampliación de ese presupuesto, porque se reciben cada vez más tareas, pero la verdad es que no soy muy optimista al respecto. Por lo tanto, estamos hablando de una utilización de un 20 por ciento de esta tasa, siendo que habíamos hablado de trabajar con un 10 por ciento.
Entonces, esta es una de las cuestiones en las que hay que hacer hincapié, porque la ley prevé la autarquía de la Superintendencia, y la verdad es que hoy no la tiene. Todos los programas que se pueden diagramar dentro de la Superintendencia -e inclusive este programa-, podrían estar totalmente contenidos, pero difícilmente se los pueda llevar adelante con las limitaciones presupuestarias existentes.
Otra cosa que plantea el párrafo es que "el instituto no podrá ni capacitar al personal, ni asesorar a las empresas de seguros, porque ello equivaldría a desnaturalizar su función". Pienso que acá sí hay un error conceptual, porque el camino de la concentración del seguro también tiene que estar integrado por los actores del mercado. Debe pensarse que estos actores pueden estar capacitados y pueden colaborar. En definitiva, si es que queremos tener éxito, debemos plantearnos un camino conjunto con todos los actores del mercado.
Terminando con algunas cosas que había dicho antes, cuando se explican los objetivos del proyecto se dice que es necesario el acompañamiento de la actividad aseguradora en los mercados internacionales de productos agrícolas. Esto tiene que ver fundamentalmente con el caso de las pymes y con el de los seguros agrícolas, pero también con el gran desarrollo en el mercado de vida. Es importante que se desarrolle el mercado de vida y que la gente esté protegida para que, cuando un familiar fallece, no esté obligado a cambiar de inmediato su situación económica. Este tema también es muy importante porque no sólo obedece a una cuestión económica, sino también familiar: la idea es que las personas puedan mantener su nivel de vida y, así, puedan ir acomodándose a la desgracia que han sufrido. Pero, independientemente de esto, se lo puede ver desde un punto de vista estrictamente económico, ya que algunos seguros de vida que, por ejemplo, permiten el ahorro, pueden convertirse en una clara opción de inversiones -de alguna manera, conservadoras- a largo plazo. Esta opción implicaría una masa de ahorros que permitiría que la Argentina terminara de buscar financiamiento externo; esto es: la gente ahorraría en el país.
Hay un pasaje que dice: "La discusión es la clave a la hora de fijar valores sociales". Como ejemplo, deberíamos recordar el trabajo de la Caja Nacional de Ahorro Postal. Los que tenemos algunos años recordamos cuando llevábamos la estampilla a la escuela y la poníamos en la libreta de ahorros. Antes festejábamos el Día del Ahorro los 31 de octubre, y si hoy le preguntamos a un joven al respecto probablemente ni siquiera sepa que existe el Día del Ahorro. En aquella época había una conciencia del ahorro que hoy se ha perdido totalmente.
Esas son las consideraciones sobre los fundamentos. Vuelvo a manifestar que nosotros estamos de acuerdo con lo que se dice -sobre todo, en el tercer párrafo- respecto de la cultura del seguro. En cuanto al articulado del proyecto de ley, podríamos analizar el artículo 2º y discutir algunas cuestiones relacionadas con las funciones del instituto. Sin embargo, no me parece pertinente hacerlo en esta reunión. En todo caso, ustedes me dirán si es pertinente o no durante el transcurso de esta charla.
Ahora quisiera ir al artículo 1º. En la Superintendencia no consideramos que deba crearse un nuevo organismo del Estado para llevar adelante esta función. En todo caso, dentro de la ley -que es bastante amplia- estas cuestiones están contenidas en las funciones de la propia Superintendencia de Seguros. Quizás, viendo cuál es el objeto del proyecto de ley, lo único que la Superintendencia podría plantearse es que éste podría ser un programa que funcione dentro de un organismo del Estado, con un presupuesto definido y aprobado en la Superintendencia. Como dice el artículo 3º, la idea es que este organismo cuente con funcionarios de distintos sectores que estén interesados en llevar adelante este programa.
Personalmente puedo ver que dentro del presupuesto de la Superintendencia existe un proyecto con autonomía que, en todo caso, una vez presupuestado y aprobado, tiene estas funciones, donde su director puede ser elegido con estas características o de alguna otra manera.
Es decir que a propuesta de los sectores o del Ministerio de Economía -como dice aquí-, se puede elegir al director de este programa. En mi opinión, se trata de un programa dentro de una institución que ya está armada. Esta sería un poco la crítica más importante que veo -si se quiere llamar de esa manera- al proyecto.
No soy partidario de la creación de nuevos organismos porque implican nuevos presupuestos, nueva administración y nuevos gastos. Este es el fundamento en ese sentido.
Coincido con muchas de las cuestiones que figuran en el proyecto como, por ejemplo, el hecho de darle independencia a este instituto, es decir, que su presupuesto no dependa de los vaivenes del superintendente de turno o de la política que aplique el Ministerio de Economía con el organismo de contralor. Debe ser un proyecto o un programa que esté presupuestado y armado con distintos actores, no necesariamente con los funcionarios de la Superintendencia. En todo caso, habría que buscar los mecanismos para que quienes trabajan allí armen este proyecto, lo diseñen, vean qué es lo que van a gastar, cómo van a hacerlo, cuáles son sus funciones y que ademán rindan cuentas por su realización como cualquier funcionario del Estado.
Con respecto a que algunos de los funcionarios designados no reciban remuneraciones, estoy completamente de acuerdo porque generalmente serán funcionarios de otras áreas o provenientes de cámaras y asociaciones de productores.
Asimismo aquí se propone un funcionario designado por el Ministerio de Economía para ejercer la función de director del instituto. En ese sentido el Ministerio de Economía designa a un funcionario que está a cargo de la Subsecretaría de Finanzas, Bancos y Seguros y tiene una participación importante dentro de lo que realiza la Superintendencia, ya que de alguna manera en muchas cuestiones trabaja directamente con ella.
En relación con los temas que hacen al funcionamiento no tengo ningún problema. Dentro de las funciones que corresponden al órgano colegiado habría que revisar algunas cuestiones, pero no tengo demasiadas observaciones que formular.
Insisto: en el artículo 9° este proyecto dice cómo se va a financiar con el 10 por ciento de esta prima -que el 20 por ciento cobra la Superintendencia-; algunos de los datos que figuran en los fundamentos, que hablan de este 10 por ciento, son un poco viejos y han cambiado.
Ese financiamiento sería dentro de esa tasa. La Superintendencia debería recibir correctamente lo que corresponde y lo que dice la ley. En todo caso, son esos 80 millones con los que tendría presupuesto para hacer estos programas y muchos otros que tenemos relegados, como por ejemplo el de las garantías para quienes conducen automotores y sufren siniestros o quien no tiene seguros. Habría programas para hacer cumplir las leyes que obligan a todo el mundo a tener el seguro automotor y que no se cumplen.
Ese es uno de los más importantes, porque la solución a este problema de la falta de seguro en los autos o en las empresas -porque ven el seguro como un costo en vez de una pequeña inversión- tiene que ver con una cuestión de cultura. No creo que el contralor ni la fijación de normas de obligatoriedad sean la solución. Esta cultura de no cumplimiento de las normas o de buscar ciertos vericuetos o el cumplimiento o el contralor tardío, hace que en definitiva no podamos luchar contra estas cuestiones. Me parece que la lucha de fondo consiste en la educación continua sobre estas cuestiones y es lo que, a mi juicio, hace que este proyecto sea viable.
Aquí también hay algunas cuestiones de trabajo que cuando uno arma esto tendría que pensarlas.
Por último, no estoy de acuerdo con el artículo 13, ya que este instituto no va a poder asesorar a ninguna entidad, empresa de seguro, personal o productor. Cuando uno habla de cultura del seguro también debe trabajar sobre estos actores y que ellos comprendan muy bien y sepan claramente lo que da un seguro.
Por otra parte, el aumento de la actividad aseguradora va unido al desarrollo económico y a la inversión.
Eso dice el tercer párrafo, que nosotros completaríamos o trataríamos de redondear diciendo que el seguro cumple una función social muy importante en los países.
Piensen ustedes que en realidad acá no hay una cultura aseguradora y muchos pequeños productores del campo y empresas -fundamentalmente las pymes-, no tienen seguro. Cuando les sucede un siniestro -se les quema la fábrica o tienen granizo, en el caso de los productores agropecuarios-, pierden casi todo. Entonces, como les es muy difícil mantener la empresa y eso los lleva al cierre, cuando con el pago de alguna prima podrían haber mantenido su condición económica.
En este momento, fundamentalmente en el sector agropecuario, debido a esta bonanza del precio de los granos, se están haciendo todos los esfuerzos en las distintas provincias.
En la provincia de Mendoza existe una experiencia muy importante en la que el Estado también intervino con un subsidio para los productores. Este es el segundo año de este programa, que ha tenido un éxito muy importante, ya que se ha duplicado la cantidad de productores incorporados a este programa, que les permite tener una garantía económica a fin de poder mantener su empresa si tuviera algún siniestro.
Cuando nosotros vimos este tercer párrafo estuvimos totalmente de acuerdo.
Por otra parte, este proyecto dice aquí que comienza como requerimiento de la Asociación de Productores de Seguros, que supongo es la Asociación de Productores de Seguros de la Capital Federal, porque hay varias asociaciones de productores de seguros y una federación. Aquí no está aclarado, pero supongo que es la de Capital Federal. Debería aclararse, ya que después nombra nuevamente a la Asociación de Productores y deberíamos verlo con más detalle.
Los fundamentos también dicen que el Instituto lleva a cabo algunas tareas con asociaciones vinculadas al tema. En el mercado de seguros hay distintos actores, pero los fundamentales son las compañías de seguro y reaseguro y los productores. Pero, en realidad, los artículos del proyecto de ley mencionan que muchas de estas tareas no deben ir hacia empleados de las compañías de seguros o hacia productores. Esto me parece que tiene una contradicción y es muy difícil que se dé. Me parece que cuando uno desarrolla o se plantea desarrollar la cultura del seguro va a necesitar de estos actores.
Tanto los empleados de las compañías como estos productores pueden ser intermediarios activos, pero también pasivos de recibir esta cultura del seguro. Nada nos garantiza que un empleado que trabaja en una compañía o un productor que esté vendiendo o asesorando en seguros tenga incorporada la cultura del seguro.
Debemos trabajar este instituto o programa para quienes hoy están en el mercado, pero también en el organismo de contralor u otros periféricos.
En el otro párrafo se expresa que la estructura del instituto que se propone es mínima, porque tiene topes en su presupuesto para los gastos administrativos y para los gastos en personal.
Se señala un objeto que parece loable, "...para evitar que se transforme en un órgano burocrático e ineficiente."
Consideramos que un órgano pequeño o grande puede ser ineficiente, pero también puede ser eficiente. Una limitación presupuestaria no necesariamente lo convierte en eficiente. Este es un tema para reconsiderar en estos fundamentos.
La idea con la cual acordamos es que lo que se cree, ya sea un instituto, programa o lo que fuere, debe ser eficiente. Entonces, si su presupuesto es pequeño o grande en todo caso significará que sea un organismo burocrático grande e ineficiente, o un organismo eficiente, grande o pequeño. Es decir que el tamaño no es condición de eficiencia.
Se prevé que el instituto funcione con el 10 por ciento de los recursos que se recaudan anualmente por tasa uniforme. La Superintendencia de Seguros, por ley 20.091, recauda un 6 por mil de las primas que se venden, y ese debería ser el presupuesto del organismo de control. La realidad es que hoy la Tesorería General de la Nación tiene el manejo de la Superintendencia, es decir que, aunque se haya creado como un ente autárquico, en la realidad no lo es, porque su presupuesto está ejecutado por el Ministerio Economía.
Respecto de esta tasa uniforme, lo que utiliza hoy la Superintendencia no llega al 20 por ciento. Si nosotros pensáramos en el 10 por ciento, estaríamos pensando en un organismo tan grande o la mitad de grande que la Superintendencia, con menor cantidad de funciones y con un presupuesto importante.
La recaudación en este año oscila los 80 millones de pesos, en tanto que la Superintendencia tiene un presupuesto de 14 millones de pesos. Hemos pedido una ampliación de ese presupuesto, porque se reciben cada vez más tareas, pero la verdad es que no soy muy optimista al respecto. Por lo tanto, estamos hablando de una utilización de un 20 por ciento de esta tasa, siendo que habíamos hablado de trabajar con un 10 por ciento.
Entonces, esta es una de las cuestiones en las que hay que hacer hincapié, porque la ley prevé la autarquía de la Superintendencia, y la verdad es que hoy no la tiene. Todos los programas que se pueden diagramar dentro de la Superintendencia -e inclusive este programa-, podrían estar totalmente contenidos, pero difícilmente se los pueda llevar adelante con las limitaciones presupuestarias existentes.
Otra cosa que plantea el párrafo es que "el instituto no podrá ni capacitar al personal, ni asesorar a las empresas de seguros, porque ello equivaldría a desnaturalizar su función". Pienso que acá sí hay un error conceptual, porque el camino de la concentración del seguro también tiene que estar integrado por los actores del mercado. Debe pensarse que estos actores pueden estar capacitados y pueden colaborar. En definitiva, si es que queremos tener éxito, debemos plantearnos un camino conjunto con todos los actores del mercado.
Terminando con algunas cosas que había dicho antes, cuando se explican los objetivos del proyecto se dice que es necesario el acompañamiento de la actividad aseguradora en los mercados internacionales de productos agrícolas. Esto tiene que ver fundamentalmente con el caso de las pymes y con el de los seguros agrícolas, pero también con el gran desarrollo en el mercado de vida. Es importante que se desarrolle el mercado de vida y que la gente esté protegida para que, cuando un familiar fallece, no esté obligado a cambiar de inmediato su situación económica. Este tema también es muy importante porque no sólo obedece a una cuestión económica, sino también familiar: la idea es que las personas puedan mantener su nivel de vida y, así, puedan ir acomodándose a la desgracia que han sufrido. Pero, independientemente de esto, se lo puede ver desde un punto de vista estrictamente económico, ya que algunos seguros de vida que, por ejemplo, permiten el ahorro, pueden convertirse en una clara opción de inversiones -de alguna manera, conservadoras- a largo plazo. Esta opción implicaría una masa de ahorros que permitiría que la Argentina terminara de buscar financiamiento externo; esto es: la gente ahorraría en el país.
Hay un pasaje que dice: "La discusión es la clave a la hora de fijar valores sociales". Como ejemplo, deberíamos recordar el trabajo de la Caja Nacional de Ahorro Postal. Los que tenemos algunos años recordamos cuando llevábamos la estampilla a la escuela y la poníamos en la libreta de ahorros. Antes festejábamos el Día del Ahorro los 31 de octubre, y si hoy le preguntamos a un joven al respecto probablemente ni siquiera sepa que existe el Día del Ahorro. En aquella época había una conciencia del ahorro que hoy se ha perdido totalmente.
Esas son las consideraciones sobre los fundamentos. Vuelvo a manifestar que nosotros estamos de acuerdo con lo que se dice -sobre todo, en el tercer párrafo- respecto de la cultura del seguro. En cuanto al articulado del proyecto de ley, podríamos analizar el artículo 2º y discutir algunas cuestiones relacionadas con las funciones del instituto. Sin embargo, no me parece pertinente hacerlo en esta reunión. En todo caso, ustedes me dirán si es pertinente o no durante el transcurso de esta charla.
Ahora quisiera ir al artículo 1º. En la Superintendencia no consideramos que deba crearse un nuevo organismo del Estado para llevar adelante esta función. En todo caso, dentro de la ley -que es bastante amplia- estas cuestiones están contenidas en las funciones de la propia Superintendencia de Seguros. Quizás, viendo cuál es el objeto del proyecto de ley, lo único que la Superintendencia podría plantearse es que éste podría ser un programa que funcione dentro de un organismo del Estado, con un presupuesto definido y aprobado en la Superintendencia. Como dice el artículo 3º, la idea es que este organismo cuente con funcionarios de distintos sectores que estén interesados en llevar adelante este programa.
Personalmente puedo ver que dentro del presupuesto de la Superintendencia existe un proyecto con autonomía que, en todo caso, una vez presupuestado y aprobado, tiene estas funciones, donde su director puede ser elegido con estas características o de alguna otra manera.
Es decir que a propuesta de los sectores o del Ministerio de Economía -como dice aquí-, se puede elegir al director de este programa. En mi opinión, se trata de un programa dentro de una institución que ya está armada. Esta sería un poco la crítica más importante que veo -si se quiere llamar de esa manera- al proyecto.
No soy partidario de la creación de nuevos organismos porque implican nuevos presupuestos, nueva administración y nuevos gastos. Este es el fundamento en ese sentido.
Coincido con muchas de las cuestiones que figuran en el proyecto como, por ejemplo, el hecho de darle independencia a este instituto, es decir, que su presupuesto no dependa de los vaivenes del superintendente de turno o de la política que aplique el Ministerio de Economía con el organismo de contralor. Debe ser un proyecto o un programa que esté presupuestado y armado con distintos actores, no necesariamente con los funcionarios de la Superintendencia. En todo caso, habría que buscar los mecanismos para que quienes trabajan allí armen este proyecto, lo diseñen, vean qué es lo que van a gastar, cómo van a hacerlo, cuáles son sus funciones y que ademán rindan cuentas por su realización como cualquier funcionario del Estado.
Con respecto a que algunos de los funcionarios designados no reciban remuneraciones, estoy completamente de acuerdo porque generalmente serán funcionarios de otras áreas o provenientes de cámaras y asociaciones de productores.
Asimismo aquí se propone un funcionario designado por el Ministerio de Economía para ejercer la función de director del instituto. En ese sentido el Ministerio de Economía designa a un funcionario que está a cargo de la Subsecretaría de Finanzas, Bancos y Seguros y tiene una participación importante dentro de lo que realiza la Superintendencia, ya que de alguna manera en muchas cuestiones trabaja directamente con ella.
En relación con los temas que hacen al funcionamiento no tengo ningún problema. Dentro de las funciones que corresponden al órgano colegiado habría que revisar algunas cuestiones, pero no tengo demasiadas observaciones que formular.
Insisto: en el artículo 9° este proyecto dice cómo se va a financiar con el 10 por ciento de esta prima -que el 20 por ciento cobra la Superintendencia-; algunos de los datos que figuran en los fundamentos, que hablan de este 10 por ciento, son un poco viejos y han cambiado.
Ese financiamiento sería dentro de esa tasa. La Superintendencia debería recibir correctamente lo que corresponde y lo que dice la ley. En todo caso, son esos 80 millones con los que tendría presupuesto para hacer estos programas y muchos otros que tenemos relegados, como por ejemplo el de las garantías para quienes conducen automotores y sufren siniestros o quien no tiene seguros. Habría programas para hacer cumplir las leyes que obligan a todo el mundo a tener el seguro automotor y que no se cumplen.
Ese es uno de los más importantes, porque la solución a este problema de la falta de seguro en los autos o en las empresas -porque ven el seguro como un costo en vez de una pequeña inversión- tiene que ver con una cuestión de cultura. No creo que el contralor ni la fijación de normas de obligatoriedad sean la solución. Esta cultura de no cumplimiento de las normas o de buscar ciertos vericuetos o el cumplimiento o el contralor tardío, hace que en definitiva no podamos luchar contra estas cuestiones. Me parece que la lucha de fondo consiste en la educación continua sobre estas cuestiones y es lo que, a mi juicio, hace que este proyecto sea viable.
Aquí también hay algunas cuestiones de trabajo que cuando uno arma esto tendría que pensarlas.
Por último, no estoy de acuerdo con el artículo 13, ya que este instituto no va a poder asesorar a ninguna entidad, empresa de seguro, personal o productor. Cuando uno habla de cultura del seguro también debe trabajar sobre estos actores y que ellos comprendan muy bien y sepan claramente lo que da un seguro.
SR. PRESIDENTE IGLESIAS Tiene la palabra el señor diputado Pérez Martínez.
SR. PÉREZ MARTÍNEZ En mi condición de abogado he tenido algunas causas muy importantes y lo que usted dijo al comienzo de su exposición es muy importante, ya que desde que no existe más el Instituto de Reaseguros la cultura del seguro se ha caído. ¿Cuál es la explicación para eso? Hay productores agropecuarios que se han quedado en la calle y han perdido todo su patrimonio debido a esta situación.
SR. BAELO No me parece que la caída del INdeR haya sido por motivo de la falta de cultura del seguro, porque creo que antes tampoco la había. Es decir, antes tampoco se aseguraban los productores agropecuarios.
Por otro lado, en la Argentina los seguros agropecuarios están concentrados en lo que es el granizo y, por lo tanto, es para las zonas relativamente ricas ya que es para los cereales que se exportan. Y nos faltan seguros en otras zonas, como en el Chaco para el algodón. También falta poder asegurar contra la plaga del picudo, tener seguros para la horticultura, para los citrus en Tucumán, donde también se ha perdido la cosecha. Es allí donde considero que el seguro agropecuario tiene muy poco desarrollo.
De cualquier manera, algunas experiencias -como la de Mendoza que les mencioné- y todo el trabajo que se está haciendo con la Secretaría de Agricultura a través de la Oficina de Riesgo Agropecuario, conjuntamente con el Ministerio de Economía a través de la Subsecretaría de Bancos y Finanzas, apunta específicamente a esto. Estamos trabajando en un proyecto para ver cómo los gobernadores de las provincias intervienen en estas cuestiones y resuelven estos temas a través del seguro.
Cuando se dice que el seguro está en manos privadas, entonces se considera que el negocio es para las compañías, y me dicen: "Señor superintendente: usted está diciendo que las compañías subsidian y dan prioridad al seguro; usted le está dando un negocio a las compañías de seguro". Quizás haya un negocio para las compañías de seguro, que obviamente trabajan para ganar clientes, pero fundamentalmente lo que intentamos es que las provincias no terminen dando subsidios desordenados, subsidios bajo catástrofes o declaraciones de emergencia económica que terminan yendo a quienes más pueden reclamar, a quienes están mejor asesorados, que tienen menos necesidades, y que no han perdido todo, como en el caso del pequeño productor, que después tiene que terminar regalando sus tierras.
Con mucho menos de lo que se destina a una emergencia económica se puede trabajar con subsidios a través de seguros. Según la experiencia de otros países, como Brasil o España, estos seguros que intervienen en realidad terminan siendo mucho más económicos que las declaraciones de emergencia económica, y fundamentalmente llegan al productor que sufrió el problema, porque existen controladores de estas catástrofes.
Entonces, la compañía de seguro interviene, porque tiene un interés, pero tampoco quiere perder dinero. Lo que hay que hacer aquí es que, si se produce una catástrofe, todos los actores pierdan algo y que no haya regalos para nadie.
De allí surge la importancia de que estas catástrofes provinciales sean atendidas mediante mecanismos ordenados y no por emergencias. De otro modo, quien más grita termina recibiendo más ayuda que otros, y algunos quedan abandonados, porque ni siquiera son capaces de plantear sus necesidades ante el organismo gubernamental.
No considero que se haya producido una caída del INdeR, porque la verdad es que todos los seguros se han desarrollado muchísimo más que años atrás. De cualquier manera esto no implica que yo esté en desacuerdo con el funcionamiento del IndeR; esa es otra cuestión.
Considero que la caída no muestra una cultura antes y después del INdeR. Me parece que hay una falta de cultura aseguradora desde hace mucho tiempo, y hay un ejemplo claro, que es el riesgo de trabajo.
Antes de la formación de las ART, sólo se aseguraban las grandes empresas; no existía una sola pyme que tuviera en cuenta el riesgo de trabajo, y además pagaban casi el 7 por ciento de masa salarial para riesgo del trabajo. Se terminó pagando el 2 por ciento, y tenemos a toda la población trabajadora con seguro de riesgo de trabajo. Tenemos algunos problemas, porque de hecho existe el tratamiento de una nueva ley, pero indudablemente pasamos de la poca difusión a una situación ampliada.
En la actualidad, cualquier trabajador tiene esta conciencia que buscamos, y cuando se accidenta se tiene en cuenta el seguro, le preguntan qué ART tiene, etcétera. Esa es la conciencia a la que me estoy refiriendo. Nosotros debemos saber que cualquiera que tiene trabajo tiene que tener esa conciencia del seguro.
Hay seguros obligatorios. En los sectores más bajos debería actuar el seguro colectivo de vida obligatorio, es decir, que todo trabajador, por el sólo hecho de estar en relación de dependencia, tenga el derecho a dejar el beneficio de un capital a sus deudos. Pero muchos trabajadores no saben que existe el seguro de vida colectivo, y no lo reclaman.
El Estado tiene establecido un mecanismo para darles este beneficio a todos los trabajadores, pero por no tener conciencia aseguradora, muchos no saben que están cubiertos.
No sé si eso contesta a su pregunta.
Por otro lado, en la Argentina los seguros agropecuarios están concentrados en lo que es el granizo y, por lo tanto, es para las zonas relativamente ricas ya que es para los cereales que se exportan. Y nos faltan seguros en otras zonas, como en el Chaco para el algodón. También falta poder asegurar contra la plaga del picudo, tener seguros para la horticultura, para los citrus en Tucumán, donde también se ha perdido la cosecha. Es allí donde considero que el seguro agropecuario tiene muy poco desarrollo.
De cualquier manera, algunas experiencias -como la de Mendoza que les mencioné- y todo el trabajo que se está haciendo con la Secretaría de Agricultura a través de la Oficina de Riesgo Agropecuario, conjuntamente con el Ministerio de Economía a través de la Subsecretaría de Bancos y Finanzas, apunta específicamente a esto. Estamos trabajando en un proyecto para ver cómo los gobernadores de las provincias intervienen en estas cuestiones y resuelven estos temas a través del seguro.
Cuando se dice que el seguro está en manos privadas, entonces se considera que el negocio es para las compañías, y me dicen: "Señor superintendente: usted está diciendo que las compañías subsidian y dan prioridad al seguro; usted le está dando un negocio a las compañías de seguro". Quizás haya un negocio para las compañías de seguro, que obviamente trabajan para ganar clientes, pero fundamentalmente lo que intentamos es que las provincias no terminen dando subsidios desordenados, subsidios bajo catástrofes o declaraciones de emergencia económica que terminan yendo a quienes más pueden reclamar, a quienes están mejor asesorados, que tienen menos necesidades, y que no han perdido todo, como en el caso del pequeño productor, que después tiene que terminar regalando sus tierras.
Con mucho menos de lo que se destina a una emergencia económica se puede trabajar con subsidios a través de seguros. Según la experiencia de otros países, como Brasil o España, estos seguros que intervienen en realidad terminan siendo mucho más económicos que las declaraciones de emergencia económica, y fundamentalmente llegan al productor que sufrió el problema, porque existen controladores de estas catástrofes.
Entonces, la compañía de seguro interviene, porque tiene un interés, pero tampoco quiere perder dinero. Lo que hay que hacer aquí es que, si se produce una catástrofe, todos los actores pierdan algo y que no haya regalos para nadie.
De allí surge la importancia de que estas catástrofes provinciales sean atendidas mediante mecanismos ordenados y no por emergencias. De otro modo, quien más grita termina recibiendo más ayuda que otros, y algunos quedan abandonados, porque ni siquiera son capaces de plantear sus necesidades ante el organismo gubernamental.
No considero que se haya producido una caída del INdeR, porque la verdad es que todos los seguros se han desarrollado muchísimo más que años atrás. De cualquier manera esto no implica que yo esté en desacuerdo con el funcionamiento del IndeR; esa es otra cuestión.
Considero que la caída no muestra una cultura antes y después del INdeR. Me parece que hay una falta de cultura aseguradora desde hace mucho tiempo, y hay un ejemplo claro, que es el riesgo de trabajo.
Antes de la formación de las ART, sólo se aseguraban las grandes empresas; no existía una sola pyme que tuviera en cuenta el riesgo de trabajo, y además pagaban casi el 7 por ciento de masa salarial para riesgo del trabajo. Se terminó pagando el 2 por ciento, y tenemos a toda la población trabajadora con seguro de riesgo de trabajo. Tenemos algunos problemas, porque de hecho existe el tratamiento de una nueva ley, pero indudablemente pasamos de la poca difusión a una situación ampliada.
En la actualidad, cualquier trabajador tiene esta conciencia que buscamos, y cuando se accidenta se tiene en cuenta el seguro, le preguntan qué ART tiene, etcétera. Esa es la conciencia a la que me estoy refiriendo. Nosotros debemos saber que cualquiera que tiene trabajo tiene que tener esa conciencia del seguro.
Hay seguros obligatorios. En los sectores más bajos debería actuar el seguro colectivo de vida obligatorio, es decir, que todo trabajador, por el sólo hecho de estar en relación de dependencia, tenga el derecho a dejar el beneficio de un capital a sus deudos. Pero muchos trabajadores no saben que existe el seguro de vida colectivo, y no lo reclaman.
El Estado tiene establecido un mecanismo para darles este beneficio a todos los trabajadores, pero por no tener conciencia aseguradora, muchos no saben que están cubiertos.
No sé si eso contesta a su pregunta.
SR. PRESIDENTE IGLESIAS Tiene la palabra la señora diputada Leyba de Martí.
SRA. LEYBA DE MARTÍ Considero que el proyecto es bueno porque va en la dirección de crear conciencia sobre lo que necesita nuestra población. Lógicamente, esto tiene que empezar desde la formación y la educación de las personas. No sé si está dentro de la incumbencia del superintendente el tema de que frecuentemente la gente descree de los seguros. Yo voy a poner un ejemplo particular. Cuando uno contrata un seguro intenta tener mayor garantía de seguridad para la casa, para el auto, etcétera. Después de diez años de estar pagando el seguro de mi vivienda, se me ocurre un día -ya que, como es de costumbre, los argentinos no leemos lo que firmamos- leer la letra chica del contrato. Este contrato me decía que, al tener mi casa alarma, si ésta en algún momento no estaba conectada el seguro no se iba a hacer cargo si algo llegaba a ocurrir. Tampoco se hacía cargo si la medianera no tenía más de dos metros de alto. Por estas razones, debería haber un control más estricto para que en ningún tipo de contrato exista la letra chica, porque con ella se tiende a falsear la información que se le da al usuario previamente. Algún día en este país habrá que defender en serio al usuario. Si nosotros queremos que la conciencia perdure y sea firme, debe haber honestidad. Y en cualquier contrato que tenga letra chica, la honestidad no existe. Por algo no se escribe de la misma forma y con la misma caligrafía. Entonces, si está dentro de la incumbencia de la Superintendencia de Seguros de la Nación hacer este contralor, me parece que habría que hacerlo. Estaba pensando, cuando el presidente decía que en este país no se cumplen las normas, que no se cumplen porque no hay control para que se cumplan. Puede que no haya educación ni cultura, pero tampoco hay control, porque si lo hubiera no pasarían las cosas que nos pasan.
Por tanto, me gustaría que la cultura del seguro también estuviera dirigida a que no se firmen pólizas de seguros que contengan letra chica. De lo contrario, se va a seguir induciendo a error.
Por tanto, me gustaría que la cultura del seguro también estuviera dirigida a que no se firmen pólizas de seguros que contengan letra chica. De lo contrario, se va a seguir induciendo a error.
SR. PRESIDENTE IGLESIAS Quisiera agregar algo respecto de lo que dijo la diputada preopinante en relación con la letra chica, que es algo que repudiamos. La letra chica entra en contradicción con lo que es racional y normal. Con respecto a lo que dijo la diputada Leyba de Martí, pienso que lo que uno pretende cuando contrata un seguro para su casa es justamente eso: asegurar la casa. Uno está confiado en que la está asegurando más allá de cómo esté construida esa casa. También quisiera traer el caso -que ocurre en todas partes del mundo- de las agencias de alquiler de autos. Éstas suelen salir con la sorpresa de que, por ejemplo, si yo alquilo el auto para usarlo con mi esposa, el que tiene que manejarlo soy yo -ella no puede-, porque fui el que contrató el seguro. Si ocurriera un accidente o cualquier otro siniestro mientras maneja mi esposa, el seguro quedaría sin efecto. Lo mismo ocurre con la edad. Hace poco me enteré de que las agencias de alquiler de autos exigen que el cliente haya cumplido los veintitrés años de edad. Si el Estado permite que se le de el carné de conductor a una persona de dieciocho años, tal como dictan las normas del país, ¿como podemos presuponer que la letra chica de un contrato va a exigir que el conductor tenga veintitrés años como mínimo? Esto responde a normas internacionales y a no se qué otras cuestiones. No obstante, pienso que habría que legislar más allá de la letra chica, que es aquello que contradice lo normal, lo preestablecido, lo racional, en suma, lo que uno en confianza pretende asegurar.
SR. BAELO Me interesa porque va más allá de este proyecto, porque estas discusiones nos motivan y porque son las que tenemos permanentemente dentro de la Superintendencia.
Por supuesto que estamos en contra de la letra chica, pero hay algunas cuestiones, porque no es todo de las compañías aseguradoras.
Me gustaría tomar el ejemplo que puso la señora diputada para entender por qué tiene que haber una cultura aseguradora.
La cultura aseguradora no apunta sólo a que las compañías tengan tal o cual comportamiento, sino que también apunta a que los ciudadanos tengamos este comportamiento.
Cuando usted aseguró su casa y le preguntaron: "¿Tiene alarma?" y usted dijo "Sí", se supone que si la usa el seguro tiene otro precio.
Por supuesto que estamos en contra de la letra chica, pero hay algunas cuestiones, porque no es todo de las compañías aseguradoras.
Me gustaría tomar el ejemplo que puso la señora diputada para entender por qué tiene que haber una cultura aseguradora.
La cultura aseguradora no apunta sólo a que las compañías tengan tal o cual comportamiento, sino que también apunta a que los ciudadanos tengamos este comportamiento.
Cuando usted aseguró su casa y le preguntaron: "¿Tiene alarma?" y usted dijo "Sí", se supone que si la usa el seguro tiene otro precio.
SRA. LEYBA DE MARTÍ Estaba expresado que tenía alarma.
SR. BAELO Independientemente de que después no se lo dice, esto también lo sé. Fíjese cuál sería mi comportamiento cómo ciudadano: hay honestidad. Creo que todos en el fondo creemos que nunca nos van a pasar las cosas hasta que nos pasan.
Si la compañía de seguros me pregunta si tengo alarma y respondo que sí, por esa razón me hacen un seguro con un cierto precio. Posteriormente, mi compromiso tiene que ver con la forma como uso la alarma.
Si la compañía de seguros me pregunta si tengo alarma y respondo que sí, por esa razón me hacen un seguro con un cierto precio. Posteriormente, mi compromiso tiene que ver con la forma como uso la alarma.
SRA. LEYBA DE MARTÍ Cuando la aseguradora va a firmar la póliza hay una inspección ocular y a mi casa no fue.
SR. BAELO Hablemos del uso. Podemos hablar de la obligación de usar el cinturón de seguridad y con este ejemplo voy más allá del tema de si las compañías pagan bien; hay muchos problemas.
Hay un comportamiento ciudadano cuando sacamos un seguro. Voy a tratar de a ser muy claro y me voy a tomar el atrevimiento de comentarles una publicidad que se está llevando a cabo hecha por un banco, no por una compañía de seguros, que atenta contra todo lo que sea seguros y cultura del seguro. En esa publicidad aparece un director técnico de fútbol muy conocido al que le dicen que alguien se llevó su auto y él se asusta porque va a manejarlo un irresponsable; claramente están poniendo como imagen que es una irresponsabilidad que ese señor se lleve el auto. Este señor tranquilamente dice: "¡Ah bueno!, pero yo tengo el seguro en tal lado, así que, que se lo lleve".
El seguro ante esa irresponsabilidad no lo cobra. No se paga el seguro cuando uno es irresponsable en el uso de lo asegurado y eso está bien porque tenemos que ser responsables de algunas cuestiones.
Lo que acaba de plantear el señor presidente no tiene explicación porque es un problema comercial y la verdad, en ese caso, hay que actuar y resolver el tema. Pero el ejemplo que dio la señora diputada da pie para ver lo importante que es esto. Porque no sólo las compañías y el contralor son los que van a resolver.
Hay un comportamiento ciudadano cuando sacamos un seguro. Voy a tratar de a ser muy claro y me voy a tomar el atrevimiento de comentarles una publicidad que se está llevando a cabo hecha por un banco, no por una compañía de seguros, que atenta contra todo lo que sea seguros y cultura del seguro. En esa publicidad aparece un director técnico de fútbol muy conocido al que le dicen que alguien se llevó su auto y él se asusta porque va a manejarlo un irresponsable; claramente están poniendo como imagen que es una irresponsabilidad que ese señor se lleve el auto. Este señor tranquilamente dice: "¡Ah bueno!, pero yo tengo el seguro en tal lado, así que, que se lo lleve".
El seguro ante esa irresponsabilidad no lo cobra. No se paga el seguro cuando uno es irresponsable en el uso de lo asegurado y eso está bien porque tenemos que ser responsables de algunas cuestiones.
Lo que acaba de plantear el señor presidente no tiene explicación porque es un problema comercial y la verdad, en ese caso, hay que actuar y resolver el tema. Pero el ejemplo que dio la señora diputada da pie para ver lo importante que es esto. Porque no sólo las compañías y el contralor son los que van a resolver.
SRA. LEYBA DE MARTÍ Pero lo tengo que saber.
SR. BAELO Está claro que tiene que saberlo y sobre eso tenemos que trabajar.
En cuanto al control, es un ejercicio complejo. Tenemos muchos vericuetos, y voy a poner un ejemplo para que ustedes vean el funcionamiento de quién tiene hoy a cargo un organismo de control.
Hay una compañía aseguradora que no puede operar, que no es solvente y que ha mentido en algunas cuestiones Por lo tanto, la Superintendencia dice: "Señores, ustedes no pueden operar". Hoy esta compañía está cerrada y no pueden vender.
La compañía apela a la Justicia, y la Justicia dice "no innovar". Hoy esta compañía está operando. Yo me presento a la Cámara y digo que tal compañía dice tener estos plazos, le pregunto al banco y me dice que no los tiene; esta compañía dice tener su crédito, toda su disponibilidad, aunque con un crédito del INdeR que no sé cuándo va a cobrar, no tiene dinero para pagar a la aseguradora, pero no importa porque esta compañía sigue funcionando.
Entonces, lo lógico que hace la Superintendencia es decirle a la Cámara que si ella dice que esa compañía puede operar eso está fuera de la órbita de la Superintendencia. Pero sin embargo nos siguen diciendo que nosotros estamos obligados a controlar esa compañía. Este es el máximo disparate de los organismos de control.
Nosotros estamos interesados en que estas leyes se cumplan y que todo el mundo, todos los vehículos, tengan seguro. Ahora, cuando se presenta a una compañía un señor con un vehículo del año 80, le dicen que seguros para ese auto no tienen, que el auto tiene que ser más moderno. Esta es otra cuestión comercial.
Hasta hace un año estuvimos trabajando con Gendarmería, que quería imponer a todos los vehículos un chip y lectoras ópticas en las autopistas que pudieran leerlos y así brindar información para evitar robos, apresar a los delincuentes y controlar la falta de seguro. En la primera reunión -recuerdo que eran tiempos de Beliz- se acordó colocar el chip a todos los autos y que estos deberían llevar una patente chiquita en el parabrisas que iba a ser leída. Pero pensemos en esto ahora. Cuando yo vine para acá había colas y colas de colectivos que habían llevado a distintos movimientos sociales hacia diversos lados. Ninguno de estos colectivos cumple con ninguna de estas cuestiones, y pasaron por el puente, etcétera, y uno no necesita que tengan un chip para saber que en esos colectivos no puede viajar gente.
Pero en ese momento se dijo que se iba a trabajar fundamentalmente con los que se pudieran patentar, porque hay vehículos sin patentes. Todavía uno ve en las rutas vehículos con patente vieja y que pasan por todos los controles.
El tema del contralor no es un tema sencillo y esto es lo que quiero poner sobre la mesa. Esto no evade nuestra función, porque de hecho controlamos, pero no lo suficiente. Nunca controlamos lo suficiente y no vamos a poder hacerlo. Uno puede avanzar sobre los controles, pero todas las instituciones de contralor tienen grandes fallas en su conjunto, más allá de que uno pueda ser eficiente o no en su tarea.
Me parece que lo que tenemos que cambiar -y esta es la manera de resolver estos temas- es la cultura de los ciudadanos. Muchas veces también pasa que reclamamos por una boleta de agua que nos aumentó uno o dos pesos, pero muchas otras veces dejamos pasar un montón de cuestiones y no presentamos las denuncias suficientes cuando nos cobran, por ejemplo, un seguro porque nos vendieron un electrodoméstico y uno se llevó casi obligatoriamente un seguro que tiene una tasa siete veces superior a lo que debería tener. Pero nosotros no recibimos la denuncia porque colocan ese seguro en las cuotas y todas esas cosas.
Me parece que, de cualquier manera, en estos últimos tiempos se ha producido un avance en la defensa al consumidor.
En la estructura de la Superintendencia no existía un sector encargado del consumidor. Lo llevamos al nivel de subgerencia. Es decir, la Superintendencia tiene superintendente, gerente y subgerente, que dependen directamente del superintendente. Para nosotros, este es un sector sumamente importante. La creación de la Subgerencia de Defensa del Consumidor fue una reforma muy simple, pero importante, que nos insumió dos años de trabajo.
La Secretaría de Gestión Pública, conjuntamente con varios organismos, publica su información en internet, y existe un plazo para todas sus acciones. Es decir que cuando un ciudadano se presenta en la Superintendencia y dice: "Vengo a hacer una denuncia por tal cosa", esta denuncia tiene un seguimiento que el ciudadano puede controlar por internet.
Por lo tanto, la Secretaría de Gestión Pública controla mi eficiencia y yo puedo controlar la de otros organismos. Existe un panel de contralor a través del cual voy mirando cómo trabajan mis propios funcionarios, y también los pertenecientes a otros organismos, con los que me voy comparando.
Ante la inquietud de si son buenos y exigentes estos controles, yo señalaría que no lo son, pero desde mi punto de vista se trata del comienzo del camino tendiente a que todo ciudadano cuente con la posibilidad de presentarse ante un organismo y ser atendido correctamente.
Hay una gran cantidad de ciudadanos que van a quejarse al sector y quieren que yo actúe respecto de las diferencias comerciales que se presentan. La Superintendencia no tiene facultades al respecto; yo ejerzo el contralor sobre las compañías. Es por ello que tomo esa denuncia y le aviso al ciudadano que voy a averiguar cómo se comportó la compañía, y en el caso de que haya actuado inadecuadamente, la sanciono. El punto es que a ese ciudadano no le respondo más, y él ni siquiera puede seguir las actuaciones. Se trata de un problema entre la compañía y el organismo de control. Si el ciudadano quiere resolver esta cuestión tiene que dirigirse a la Justicia ordinaria.
Por lo tanto, cuando el ciudadano se acerca al organismo de control y yo le señalo que voy a analizar la compañía, pero que él ni se va a enterar del proceso, se pregunta para qué estamos y para qué sirve el organismo. En el tema del contralor hay muchas cuestiones para modificar.
Sabemos que el país tiene muchas necesidades, y que ya las teníamos antes de la crisis; nos encontramos en una situación bastante difícil, porque el 50 por ciento de la población es pobre.
En cuanto al control, es un ejercicio complejo. Tenemos muchos vericuetos, y voy a poner un ejemplo para que ustedes vean el funcionamiento de quién tiene hoy a cargo un organismo de control.
Hay una compañía aseguradora que no puede operar, que no es solvente y que ha mentido en algunas cuestiones Por lo tanto, la Superintendencia dice: "Señores, ustedes no pueden operar". Hoy esta compañía está cerrada y no pueden vender.
La compañía apela a la Justicia, y la Justicia dice "no innovar". Hoy esta compañía está operando. Yo me presento a la Cámara y digo que tal compañía dice tener estos plazos, le pregunto al banco y me dice que no los tiene; esta compañía dice tener su crédito, toda su disponibilidad, aunque con un crédito del INdeR que no sé cuándo va a cobrar, no tiene dinero para pagar a la aseguradora, pero no importa porque esta compañía sigue funcionando.
Entonces, lo lógico que hace la Superintendencia es decirle a la Cámara que si ella dice que esa compañía puede operar eso está fuera de la órbita de la Superintendencia. Pero sin embargo nos siguen diciendo que nosotros estamos obligados a controlar esa compañía. Este es el máximo disparate de los organismos de control.
Nosotros estamos interesados en que estas leyes se cumplan y que todo el mundo, todos los vehículos, tengan seguro. Ahora, cuando se presenta a una compañía un señor con un vehículo del año 80, le dicen que seguros para ese auto no tienen, que el auto tiene que ser más moderno. Esta es otra cuestión comercial.
Hasta hace un año estuvimos trabajando con Gendarmería, que quería imponer a todos los vehículos un chip y lectoras ópticas en las autopistas que pudieran leerlos y así brindar información para evitar robos, apresar a los delincuentes y controlar la falta de seguro. En la primera reunión -recuerdo que eran tiempos de Beliz- se acordó colocar el chip a todos los autos y que estos deberían llevar una patente chiquita en el parabrisas que iba a ser leída. Pero pensemos en esto ahora. Cuando yo vine para acá había colas y colas de colectivos que habían llevado a distintos movimientos sociales hacia diversos lados. Ninguno de estos colectivos cumple con ninguna de estas cuestiones, y pasaron por el puente, etcétera, y uno no necesita que tengan un chip para saber que en esos colectivos no puede viajar gente.
Pero en ese momento se dijo que se iba a trabajar fundamentalmente con los que se pudieran patentar, porque hay vehículos sin patentes. Todavía uno ve en las rutas vehículos con patente vieja y que pasan por todos los controles.
El tema del contralor no es un tema sencillo y esto es lo que quiero poner sobre la mesa. Esto no evade nuestra función, porque de hecho controlamos, pero no lo suficiente. Nunca controlamos lo suficiente y no vamos a poder hacerlo. Uno puede avanzar sobre los controles, pero todas las instituciones de contralor tienen grandes fallas en su conjunto, más allá de que uno pueda ser eficiente o no en su tarea.
Me parece que lo que tenemos que cambiar -y esta es la manera de resolver estos temas- es la cultura de los ciudadanos. Muchas veces también pasa que reclamamos por una boleta de agua que nos aumentó uno o dos pesos, pero muchas otras veces dejamos pasar un montón de cuestiones y no presentamos las denuncias suficientes cuando nos cobran, por ejemplo, un seguro porque nos vendieron un electrodoméstico y uno se llevó casi obligatoriamente un seguro que tiene una tasa siete veces superior a lo que debería tener. Pero nosotros no recibimos la denuncia porque colocan ese seguro en las cuotas y todas esas cosas.
Me parece que, de cualquier manera, en estos últimos tiempos se ha producido un avance en la defensa al consumidor.
En la estructura de la Superintendencia no existía un sector encargado del consumidor. Lo llevamos al nivel de subgerencia. Es decir, la Superintendencia tiene superintendente, gerente y subgerente, que dependen directamente del superintendente. Para nosotros, este es un sector sumamente importante. La creación de la Subgerencia de Defensa del Consumidor fue una reforma muy simple, pero importante, que nos insumió dos años de trabajo.
La Secretaría de Gestión Pública, conjuntamente con varios organismos, publica su información en internet, y existe un plazo para todas sus acciones. Es decir que cuando un ciudadano se presenta en la Superintendencia y dice: "Vengo a hacer una denuncia por tal cosa", esta denuncia tiene un seguimiento que el ciudadano puede controlar por internet.
Por lo tanto, la Secretaría de Gestión Pública controla mi eficiencia y yo puedo controlar la de otros organismos. Existe un panel de contralor a través del cual voy mirando cómo trabajan mis propios funcionarios, y también los pertenecientes a otros organismos, con los que me voy comparando.
Ante la inquietud de si son buenos y exigentes estos controles, yo señalaría que no lo son, pero desde mi punto de vista se trata del comienzo del camino tendiente a que todo ciudadano cuente con la posibilidad de presentarse ante un organismo y ser atendido correctamente.
Hay una gran cantidad de ciudadanos que van a quejarse al sector y quieren que yo actúe respecto de las diferencias comerciales que se presentan. La Superintendencia no tiene facultades al respecto; yo ejerzo el contralor sobre las compañías. Es por ello que tomo esa denuncia y le aviso al ciudadano que voy a averiguar cómo se comportó la compañía, y en el caso de que haya actuado inadecuadamente, la sanciono. El punto es que a ese ciudadano no le respondo más, y él ni siquiera puede seguir las actuaciones. Se trata de un problema entre la compañía y el organismo de control. Si el ciudadano quiere resolver esta cuestión tiene que dirigirse a la Justicia ordinaria.
Por lo tanto, cuando el ciudadano se acerca al organismo de control y yo le señalo que voy a analizar la compañía, pero que él ni se va a enterar del proceso, se pregunta para qué estamos y para qué sirve el organismo. En el tema del contralor hay muchas cuestiones para modificar.
Sabemos que el país tiene muchas necesidades, y que ya las teníamos antes de la crisis; nos encontramos en una situación bastante difícil, porque el 50 por ciento de la población es pobre.
SRA. LEYBA DE MARTÍ Una situación que debe seguir estando.
SR. BAELO No es mi idea entrar en detalles, sino señalar que teníamos una situación compleja y seguimos teniéndola.
Entonces, el punto es analizar adónde apunta el gasto público del Estado, independientemente de si se hacen las cosas bien o no.
Como organismo de contralor nos exigen mayor recaudación, pero nosotros no tenemos la misma planta que hace cinco años, sino que es muchísimo más baja.
Sin embargo, hoy trabajo sobre fondos de garantía para seguros de retiro. Esto quiere decir que la Superintendencia trabaja exactamente como una ART, porque si bien existen ART que quiebran, al contar éstas con fondos de garantía -que es otra cosa importante para el sector de automotores y para otros tipos de seguros- es el Estado el que se hace cargo de resarcir al trabajador. Yo trabajo como una ART: pongo un médico para el paciente, lo tengo en tratamiento, etcétera. De esta manera, tengo distintos fondos sobre otras cuestiones que debo atender y trabajo conjuntamente con la Superintendencia de AFJP.
Cada vez hay más trabajo en la Superintendencia. Todo el mundo cree que cualquier programa vinculado con la prevención vial tiene que hacerse a través de la Superintendencia. Y la verdad es que esto a nosotros nos gusta, pero el presupuesto sigue siendo el mismo y el personal que tengo a mi cargo es muchísimo menor que el de hace cinco años. Estas cuestiones afectan el contralor de forma importante. El hecho de que recibamos el 20 por ciento de lo que la ley dice que deberíamos recibir habla a las claras sobre cuál es la visión del Estado, del cual yo soy partícipe, en relación con sus prioridades. Justificadas o no, será cuestión de discutirlas, pero esta es la realidad de organismos de control como el nuestro.
Entonces, el punto es analizar adónde apunta el gasto público del Estado, independientemente de si se hacen las cosas bien o no.
Como organismo de contralor nos exigen mayor recaudación, pero nosotros no tenemos la misma planta que hace cinco años, sino que es muchísimo más baja.
Sin embargo, hoy trabajo sobre fondos de garantía para seguros de retiro. Esto quiere decir que la Superintendencia trabaja exactamente como una ART, porque si bien existen ART que quiebran, al contar éstas con fondos de garantía -que es otra cosa importante para el sector de automotores y para otros tipos de seguros- es el Estado el que se hace cargo de resarcir al trabajador. Yo trabajo como una ART: pongo un médico para el paciente, lo tengo en tratamiento, etcétera. De esta manera, tengo distintos fondos sobre otras cuestiones que debo atender y trabajo conjuntamente con la Superintendencia de AFJP.
Cada vez hay más trabajo en la Superintendencia. Todo el mundo cree que cualquier programa vinculado con la prevención vial tiene que hacerse a través de la Superintendencia. Y la verdad es que esto a nosotros nos gusta, pero el presupuesto sigue siendo el mismo y el personal que tengo a mi cargo es muchísimo menor que el de hace cinco años. Estas cuestiones afectan el contralor de forma importante. El hecho de que recibamos el 20 por ciento de lo que la ley dice que deberíamos recibir habla a las claras sobre cuál es la visión del Estado, del cual yo soy partícipe, en relación con sus prioridades. Justificadas o no, será cuestión de discutirlas, pero esta es la realidad de organismos de control como el nuestro.
SR. ZIMMERMANN Quisiera preguntarle al superintendente algo que está relacionado con el artículo 4º, que establece que los integrantes del órgano colegiado no percibirán remuneración, sino que mantendrán su cargo en comisión. Entiendo que lo que pretende este proyecto de ley es, de alguna manera, darle mayor eficiencia y realce al funcionario de turno por el hecho de que éste no recibiría una nueva remuneración, sino que simplemente trabajaría sobre la base de su remuneración anterior. Esta modalidad no le estaría quitando incentivo y eficiencia a quien vaya a ocupar ese cargo porque éste va a tener el desafío de hacer funcionar el programa. ¿Cuál es su opinión en relación con este tema?
SR. BAELO Es claro, y creo que ya lo he mencionado al pasar. Estoy completamente de acuerdo con que los funcionarios no tengan remuneración. Con las remuneraciones originarias de su lugar de procedencia es suficiente. Este organismo tendría que recibir a funcionarios de cierto nivel, y los salarios del Estado, que en cualquier contexto son bajos, no cambian en nada la situación. Cuando yo asumo la responsabilidad de ir a un lugar como la Superintendencia de Seguros de la Nación, sé que no voy a fijar mi salario, porque no tiene sentido hacerlo. Puedo decir después que lo que gano es poco o mucho, sobre todo cuando estoy llegando a fin de mes, pero la verdad es que cuando uno asume cargos como éste tiene que hacerlo comprometidamente.
Por tanto, me parece bien que la paga sea según el lugar de procedencia del funcionario y que aquí su trabajo sea ad honorem. No me parece que esto vaya en contra de sus logros, sino al contrario: creo que va a favor. No quisiera que un funcionario ocupe el cargo porque vea que el sueldo es alto o porque necesite encontrar un trabajo. A este organismo tiene que venir un funcionario que esté comprometido. Por estas razones, antes había dicho que estaba de acuerdo con esta cuestión.
Por tanto, me parece bien que la paga sea según el lugar de procedencia del funcionario y que aquí su trabajo sea ad honorem. No me parece que esto vaya en contra de sus logros, sino al contrario: creo que va a favor. No quisiera que un funcionario ocupe el cargo porque vea que el sueldo es alto o porque necesite encontrar un trabajo. A este organismo tiene que venir un funcionario que esté comprometido. Por estas razones, antes había dicho que estaba de acuerdo con esta cuestión.
SR. PRESIDENTE IGLESIA Tiene la palabra el señor diputado Godoy.
SR. GODOY En primer lugar, quería agradecerles al licenciado Baelo y al doctor Fernández Blanco por su disposición a venir aquí. Se trata de dos personas de mucha experiencia y conocimiento en esta materia.
No quiero olvidarme del problema que usted planteó. Estoy seguro de que es un inconveniente actuarial y comercial, ya que en el mundo hay estadísticas que demuestran que los principales accidentes se dan en chicos entre dieciocho y veintitrés años; por esa razón, las empresas de alquiler terminan haciendo el negocio de esa forma. Lamentablemente, son cuestiones de negocios y sobre bases actuariales.
Hay algo que explicó el licenciado Baelo en un momento respecto a la ART y que los otros días cuando tratamos este tema olvidé comentar. Si en algún lugar hace falta hoy en día la prevención y la educación sobre seguros es en esto.
Fíjese que una de las cosas menos atacadas de la década del 90 es la ART porque forma parte del sistema de la seguridad social, no es una cosa del negocio común sino que terminó modificando lo que históricamente había sido un mecanismo muy complicado.
En mi opinión una de las causas de la caída del INdeR fue el problema de los reaseguros en accidentes de trabajo que fueron tremendos.
Por lo tanto, al margen de cuestiones políticas y partidarias -al contrario, en mi caso menos todavía- creo que la ART para ser bien defendida necesita con más razón la información sobre el aseguramiento para el pequeño y mediano empresario, porque con la nueva sentencia que existe a instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que se asegura en la ART no alcanza porque vienen sentencias peores. Por lo tanto, habrá que crear un sistema de cobertura para lo que no cubre.
No quiero olvidarme del problema que usted planteó. Estoy seguro de que es un inconveniente actuarial y comercial, ya que en el mundo hay estadísticas que demuestran que los principales accidentes se dan en chicos entre dieciocho y veintitrés años; por esa razón, las empresas de alquiler terminan haciendo el negocio de esa forma. Lamentablemente, son cuestiones de negocios y sobre bases actuariales.
Hay algo que explicó el licenciado Baelo en un momento respecto a la ART y que los otros días cuando tratamos este tema olvidé comentar. Si en algún lugar hace falta hoy en día la prevención y la educación sobre seguros es en esto.
Fíjese que una de las cosas menos atacadas de la década del 90 es la ART porque forma parte del sistema de la seguridad social, no es una cosa del negocio común sino que terminó modificando lo que históricamente había sido un mecanismo muy complicado.
En mi opinión una de las causas de la caída del INdeR fue el problema de los reaseguros en accidentes de trabajo que fueron tremendos.
Por lo tanto, al margen de cuestiones políticas y partidarias -al contrario, en mi caso menos todavía- creo que la ART para ser bien defendida necesita con más razón la información sobre el aseguramiento para el pequeño y mediano empresario, porque con la nueva sentencia que existe a instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que se asegura en la ART no alcanza porque vienen sentencias peores. Por lo tanto, habrá que crear un sistema de cobertura para lo que no cubre.
SR. PINEDO Un seguro contra los jueces. (Risas.)
SR. GODOY Esa es otra cuestión.
En definitiva, el pequeño y mediano productor por no tener conciencia, por tomarlo como un gasto y no como una inversión, pueden perder su empresa ante la legítima demanda de un trabajador que tuvo un accidente y necesita ser resarcido, o que murió en un accidente. De todo esto no hay conciencia.
Recién el licenciado Baelo decía que esto no es para un negocio, sino para la conciencia y la educación. Si después lo hace el Estado o a las empresas privadas dependerá del sistema económico en el que estamos viviendo.
Si me dijeran que en la sociedad argentina no tiene que existir la empresa privada haciendo un seguro y tiene que existir el Estado, que lo sea, se vota, se logra ese funcionamiento del sistema y el Estado terminará asumiendo todos los riesgos.
Cuando se habla de seguro agrícola integral a veces se pretende que lo asuma el Estado. Como era el INdeR antes, si no lo pagaba entonces venía la sentencia del juez que decía "páguese cualquier cosa". La aseguradora pagaba un poquito y el resto lo pagaba el INdeR -que era el Estado-, hasta que un día el Estado se acabó.
Entonces, ahora terminamos reasegurando en el exterior. La plata se fuga de la Argentina y termina yéndose al exterior cuando tendría que servir para el desarrollo nacional. Todo esto lo hemos perdido por la falta de conciencia aseguradora. Es un problema de conciencia y educación.
El señor presidente de la comisión, que ha sido gobernador de Mendoza y la diputada Fadel, a quien tengo sentada a mi lado, saben los problemas que tiene la provincia de Mendoza que, en parte, van al Estado pero que nunca va a cubrirlo todo.
En mi provincia el Instituto de Seguros de Entre Ríos surgió en un momento en que no había aseguramiento -como existe hoy por una cuestión de modernidad- en el interior de la Argentina y fue loable. Quizás hoy no se justifique en el sistema económico en el que vivimos, pero la intención fue la cobertura de daños a la gente del lugar. Todo eso se hace con cálculos actuariales que es lo que no puede olvidarse. Si no existe una determinada masa asegurable, no hay números que aguanten para el Estado ni para nadie.
Quiero agradecer y decirle al licenciado Baelo y al doctor Fernández Blanco -con quienes estuvimos hablando antes de comenzar la reunión- que lo importante es el objetivo; lo que tiene que ver con la instrumentación es lo de menos.
Quisiera agregar que este proyecto está firmado por diputados de la UCR, del Justicialismo, del Socialismo, del ARI y de otros partidos y que -para que llegue hasta aquí- ha tenido una aceptación de los distintos sectores políticos desde su origen.
Por eso la forma final no importa. Lo que a mí me agrada -y es el gran temor que tenía porque no fuera así- es que el superintendente de seguros estuviera de acuerdo con algo como esto y que no dijera "que lo haga otro". Es ideal que la Superintendencia quiera tomar esto.
Lo que planteaba la señora diputada Leyba de Martí se complementa con la respuesta. La Superintendencia debe educar, formar y controlar. En Suecia, existe el ombudsman -como en muchos países del mundo- que es quien controla, y si además agregamos al usuario, al consumidor y a las cámaras, estaríamos ante una sinergia espectacular para enseñar y educar en la prevención. De eso se trata.
Hay muy pocas actividades en la Argentina controladas por el Estado tan precisamente como lo son las de los bancos y los seguros. El resto hace lo que quiere, porque controla la AFIP o la Secretaría de Defensa de la Competencia. Alguna vez fui secretario de Defensa de la Competencia y me consta que no les da el tiempo para atender todos los problemas que existen.
Salvo bancos y seguros, no hay contralor. Y el contralor se hace con muchas cuestiones residuales que no lo hacen muy eficiente por todo lo que explicó el superintendente.
En definitiva, el pequeño y mediano productor por no tener conciencia, por tomarlo como un gasto y no como una inversión, pueden perder su empresa ante la legítima demanda de un trabajador que tuvo un accidente y necesita ser resarcido, o que murió en un accidente. De todo esto no hay conciencia.
Recién el licenciado Baelo decía que esto no es para un negocio, sino para la conciencia y la educación. Si después lo hace el Estado o a las empresas privadas dependerá del sistema económico en el que estamos viviendo.
Si me dijeran que en la sociedad argentina no tiene que existir la empresa privada haciendo un seguro y tiene que existir el Estado, que lo sea, se vota, se logra ese funcionamiento del sistema y el Estado terminará asumiendo todos los riesgos.
Cuando se habla de seguro agrícola integral a veces se pretende que lo asuma el Estado. Como era el INdeR antes, si no lo pagaba entonces venía la sentencia del juez que decía "páguese cualquier cosa". La aseguradora pagaba un poquito y el resto lo pagaba el INdeR -que era el Estado-, hasta que un día el Estado se acabó.
Entonces, ahora terminamos reasegurando en el exterior. La plata se fuga de la Argentina y termina yéndose al exterior cuando tendría que servir para el desarrollo nacional. Todo esto lo hemos perdido por la falta de conciencia aseguradora. Es un problema de conciencia y educación.
El señor presidente de la comisión, que ha sido gobernador de Mendoza y la diputada Fadel, a quien tengo sentada a mi lado, saben los problemas que tiene la provincia de Mendoza que, en parte, van al Estado pero que nunca va a cubrirlo todo.
En mi provincia el Instituto de Seguros de Entre Ríos surgió en un momento en que no había aseguramiento -como existe hoy por una cuestión de modernidad- en el interior de la Argentina y fue loable. Quizás hoy no se justifique en el sistema económico en el que vivimos, pero la intención fue la cobertura de daños a la gente del lugar. Todo eso se hace con cálculos actuariales que es lo que no puede olvidarse. Si no existe una determinada masa asegurable, no hay números que aguanten para el Estado ni para nadie.
Quiero agradecer y decirle al licenciado Baelo y al doctor Fernández Blanco -con quienes estuvimos hablando antes de comenzar la reunión- que lo importante es el objetivo; lo que tiene que ver con la instrumentación es lo de menos.
Quisiera agregar que este proyecto está firmado por diputados de la UCR, del Justicialismo, del Socialismo, del ARI y de otros partidos y que -para que llegue hasta aquí- ha tenido una aceptación de los distintos sectores políticos desde su origen.
Por eso la forma final no importa. Lo que a mí me agrada -y es el gran temor que tenía porque no fuera así- es que el superintendente de seguros estuviera de acuerdo con algo como esto y que no dijera "que lo haga otro". Es ideal que la Superintendencia quiera tomar esto.
Lo que planteaba la señora diputada Leyba de Martí se complementa con la respuesta. La Superintendencia debe educar, formar y controlar. En Suecia, existe el ombudsman -como en muchos países del mundo- que es quien controla, y si además agregamos al usuario, al consumidor y a las cámaras, estaríamos ante una sinergia espectacular para enseñar y educar en la prevención. De eso se trata.
Hay muy pocas actividades en la Argentina controladas por el Estado tan precisamente como lo son las de los bancos y los seguros. El resto hace lo que quiere, porque controla la AFIP o la Secretaría de Defensa de la Competencia. Alguna vez fui secretario de Defensa de la Competencia y me consta que no les da el tiempo para atender todos los problemas que existen.
Salvo bancos y seguros, no hay contralor. Y el contralor se hace con muchas cuestiones residuales que no lo hacen muy eficiente por todo lo que explicó el superintendente.
SR. PRESIDENTE IGLESIAS Tiene la palabra la señora diputada Fadel.
SRA. FADEL En primer lugar, quisiera darle las gracias por su intervención, doctor Baelo. En segundo término, cuando un diputado es autor de un proyecto y luego de las explicaciones pertinentes piensa que es importante que se cumpla el objetivo, es bueno que acepte modificar el proyecto para que sea viable. Por eso quería agradecerle al diputado Godoy que esto sea sí, porque no siempre ocurre ya que generalmente se insiste con la iniciativa original. Es bueno que esto pase.
Por otra parte, quisiera expresar mi parecer con respecto al seguro agrícola implementado en la provincia de Mendoza. Sabemos que casi nadie quiere tomar seguros en nuestra zona por el tema del granizo que es el flagelo que nos afecta permanentemente. Y más allá de la buena voluntad que ha demostrado el gobierno de la provincia con ese seguro, desde mi punto de vista -y por mi experiencia porque también soy agricultora- este seguro no es plata bien gastada.
Y le voy a decir por qué. Porque el seguro que se paga al agricultor es con el ciento por ciento de daño en frutales y son 500 pesos por hectárea por año. Si pregunta a cualquier productor cuánto le sale producir al año una hectárea en frutales, son 5.000 o 6.000 pesos la hectárea. Entonces, sinceramente debo decirle que este seguro agrícola que usted decía que era tan bueno en Mendoza no es así. Esto lo digo por mi experiencia y por la de varios productores. Esto no le sirve al productor; seguramente sea una ayuda social para el productor a fin de que pueda seguir viviendo, pero de ninguna manera sirve este seguro que se está implementando hoy, más allá de la buena voluntad de la provincia y de que al productor le salga gratis porque es dinero que no se le cobra. Pero por eso digo que es plata mal gastada, porque la damos pero no cumple el objetivo.
Creo que hay que trabajar fuertemente en un seguro agrícola que le sirva a Mendoza y al resto de los lugares que tengan este tipo de flagelo. Lo que quería era dejar en claro que este seguro no cumple el objetivo que debiera cumplir y que en realidad son 12 millones de pesos que la provincia destina a algo que no le sirve al productor.
Por otra parte, quisiera expresar mi parecer con respecto al seguro agrícola implementado en la provincia de Mendoza. Sabemos que casi nadie quiere tomar seguros en nuestra zona por el tema del granizo que es el flagelo que nos afecta permanentemente. Y más allá de la buena voluntad que ha demostrado el gobierno de la provincia con ese seguro, desde mi punto de vista -y por mi experiencia porque también soy agricultora- este seguro no es plata bien gastada.
Y le voy a decir por qué. Porque el seguro que se paga al agricultor es con el ciento por ciento de daño en frutales y son 500 pesos por hectárea por año. Si pregunta a cualquier productor cuánto le sale producir al año una hectárea en frutales, son 5.000 o 6.000 pesos la hectárea. Entonces, sinceramente debo decirle que este seguro agrícola que usted decía que era tan bueno en Mendoza no es así. Esto lo digo por mi experiencia y por la de varios productores. Esto no le sirve al productor; seguramente sea una ayuda social para el productor a fin de que pueda seguir viviendo, pero de ninguna manera sirve este seguro que se está implementando hoy, más allá de la buena voluntad de la provincia y de que al productor le salga gratis porque es dinero que no se le cobra. Pero por eso digo que es plata mal gastada, porque la damos pero no cumple el objetivo.
Creo que hay que trabajar fuertemente en un seguro agrícola que le sirva a Mendoza y al resto de los lugares que tengan este tipo de flagelo. Lo que quería era dejar en claro que este seguro no cumple el objetivo que debiera cumplir y que en realidad son 12 millones de pesos que la provincia destina a algo que no le sirve al productor.
SR. BAELO También felicito al señor diputado Godoy, que hizo la presentación, por aceptar que este proyecto pueda recibir cambios. Me parece que éste debería ser el espíritu de todo legislador o funcionario.
Siempre que exista una idea, hay que discutirla y modificarla hasta que lo que se termine plasmando se parezca a lo que uno dijo, a fin de estar de acuerdo y apoyarlo.
Respecto del seguro vigente en la provincia de Mendoza, quizás no me expresé correctamente en ese tema. No conozco si el resultado del seguro fue bueno o malo, porque no cuento con esos datos en este momento, pero apunto a la intención de encontrar una solución. Por supuesto que si no es una buena esa intención o solución, hay que pensarla bien.
De cualquier manera, este seguro y los que se implementen con participación del Estado no deberían cubrir el ciento por ciento de los daños. La idea es brindar la posibilidad a ese productor para comprar la semilla -que no vaya a buscar semillas no deseables-, fertilizar, es decir, que pueda económicamente...
Siempre que exista una idea, hay que discutirla y modificarla hasta que lo que se termine plasmando se parezca a lo que uno dijo, a fin de estar de acuerdo y apoyarlo.
Respecto del seguro vigente en la provincia de Mendoza, quizás no me expresé correctamente en ese tema. No conozco si el resultado del seguro fue bueno o malo, porque no cuento con esos datos en este momento, pero apunto a la intención de encontrar una solución. Por supuesto que si no es una buena esa intención o solución, hay que pensarla bien.
De cualquier manera, este seguro y los que se implementen con participación del Estado no deberían cubrir el ciento por ciento de los daños. La idea es brindar la posibilidad a ese productor para comprar la semilla -que no vaya a buscar semillas no deseables-, fertilizar, es decir, que pueda económicamente...
SRA. FADEL Que pueda seguir trabajando en su producción.
SR. BAELO Exactamente. Esta es la idea con la cual deben trabajar estos seguros. El Estado no tiene que reasegurar la producción en su totalidad, porque siempre le va a ir mal. Aquí se tienen que comprometer todos. Reitero lo que manifesté anteriormente en el sentido de que cuando se pierde, tienen que perder todos: la compañía, el Estado y el asegurado. Esa es la única manera de que estas cuestiones funcionen.
Existen medidas preventivas como el cinturón de seguridad, la alarma, seguros contra granizos, etcétera. También se puede colaborar en las campañas contra el granizo; es decir, que exista una preocupación para que no le afecten estos hechos.
Respecto de las inundaciones, se debe pelear en la zona para que mejoren las condiciones, etcétera. En definitiva, se debe estar comprometido con las distintas cuestiones, y no se debe estar esperando que el Estado solucione los problemas.
Como bien planteó el señor diputado Godoy en relación con el esquema de reaseguramiento del INdeR, el reaseguro estatal, como estaba dado, no podía tener pérdidas; era un reaseguro técnicamente perfecto. Si tengo un reaseguro monopólico y coloco el precio, la institución podría haber servido. Sin embargo, quebró, porque terminó pagando por cuestiones que no tenía que haber pagado nunca. Además, las compañías de seguro tampoco se preocupaban de los riesgos que corrían cuando tomaban el seguro, porque igualmente lo iba a pagar el Estado.
No quiero entrar en una polémica respecto de si el seguro es perfecto o no. Lo que sí considero que está bien -y lo aplaudo- es el espíritu del Estado en cuanto a participar de estas cuestiones, aunque debe tratar de reemplazar gran parte de las situaciones de riesgo económicas -subsidios desordenados contra subsidios ordenados-, que pueden estar determinadas por el seguro y por el productor que realmente recibió el daño.
Esto funciona en muchos países; no tenemos que inventar nada. Sin duda, es un tema complejo, y costó bastante instrumentarlo en la provincia de Mendoza porque ninguna compañía se quería hacer cargo del asunto, y menos los reaseguradores. Pero finalmente se logró. No quiero discutir si tuvo éxito o no, pero considero que este es el criterio con el cual se debería trabajar en cuestiones tales como enfermedades endémicas, el problema del picudo, del algodón, de la papa, de los citrus, etcétera.
Existen medidas preventivas como el cinturón de seguridad, la alarma, seguros contra granizos, etcétera. También se puede colaborar en las campañas contra el granizo; es decir, que exista una preocupación para que no le afecten estos hechos.
Respecto de las inundaciones, se debe pelear en la zona para que mejoren las condiciones, etcétera. En definitiva, se debe estar comprometido con las distintas cuestiones, y no se debe estar esperando que el Estado solucione los problemas.
Como bien planteó el señor diputado Godoy en relación con el esquema de reaseguramiento del INdeR, el reaseguro estatal, como estaba dado, no podía tener pérdidas; era un reaseguro técnicamente perfecto. Si tengo un reaseguro monopólico y coloco el precio, la institución podría haber servido. Sin embargo, quebró, porque terminó pagando por cuestiones que no tenía que haber pagado nunca. Además, las compañías de seguro tampoco se preocupaban de los riesgos que corrían cuando tomaban el seguro, porque igualmente lo iba a pagar el Estado.
No quiero entrar en una polémica respecto de si el seguro es perfecto o no. Lo que sí considero que está bien -y lo aplaudo- es el espíritu del Estado en cuanto a participar de estas cuestiones, aunque debe tratar de reemplazar gran parte de las situaciones de riesgo económicas -subsidios desordenados contra subsidios ordenados-, que pueden estar determinadas por el seguro y por el productor que realmente recibió el daño.
Esto funciona en muchos países; no tenemos que inventar nada. Sin duda, es un tema complejo, y costó bastante instrumentarlo en la provincia de Mendoza porque ninguna compañía se quería hacer cargo del asunto, y menos los reaseguradores. Pero finalmente se logró. No quiero discutir si tuvo éxito o no, pero considero que este es el criterio con el cual se debería trabajar en cuestiones tales como enfermedades endémicas, el problema del picudo, del algodón, de la papa, de los citrus, etcétera.
SR. PRESIDENTE IGLESIAS Le agradezco mucho su participación, porque ha sido muy claro. Siga tranquilo poniendo de ejemplo a Mendoza que está funcionando excelente. (Risas.)
Damos por concluida la reunión.
Damos por concluida la reunión.
Es la hora 12 y 9.