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Comisión Permanente

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Reunión del día 29/08/2006

- SEGUROS

- En Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de agosto de 2006, a la hora 17 y 32:
SR. PRESIDENTE BORSANI Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Economía mientras esperamos que se incorporen otros señores diputados. La situación que se está dando ahora es compleja ya que existe superposición de distintas reuniones.

En el día de la fecha trataremos especialmente todos los temas vinculados con los seguros que, como bien saben, son materia principalísima de las misiones que tiene nuestra comisión. Para ello, hemos invitado al señor superintendente de Seguros de la Nación, licenciado Miguel Baelo, quien ha venido acompañado por el coordinador general de la institución, Carlos Fernández Blanco, y por el representante de la Gerencia Técnica y Normativa, Alberto Hernán Domínguez.

En nuestro orden del día se ven contemplados varios proyectos de ley respecto de los cuales el señor superintendente ya tiene un informe. Él cuenta con todo este temario y va a ir exponiendo brevemente la opinión de la Superintendencia para que nosotros podamos avanzar en el estudio de estos proyectos, que ya se ha iniciado en el ámbito de asesores de esta comisión.

Tenemos una iniciativa contenida en el expediente 0676-d-2005, que ya tuvo despacho favorable en el año parlamentario anterior. Se trata de un proyecto del señor diputado Godoy que sufrió modificaciones importantes y que logró consensos en esta comisión, aunque quedó detenido en esa instancia a los efectos de conocer una última opinión de la Superintendencia.

Podríamos dar inicio a la reunión con el tratamiento de este proyecto y pedir al señor superintendente que también se refiera a los otros asuntos que figuran en el orden del día.

Tiene la palabra el doctor Baelo.

SR. BAELO Señor presidente: he preparado un informe con una serie de comentarios sobre algunos de los proyectos que componen el temario de esta reunión. Si usted lo desea, puedo dejar una copia en la comisión. Son simplemente algunas acotaciones, ya que recibí esta decena de iniciativas la semana pasada y me ha sido muy difícil estudiarlas en profundidad porque todas ellas son de gran importancia.

Me gustaría comenzar por el proyecto de ley por el que se crea el Programa Nacional de Difusión de la Cultura del Seguro, que a mi juicio es muy positivo. Originalmente se había propuesto la creación del Instituto Nacional de Difusión del Seguro, pero luego de la reunión que celebramos y de los aportes realizados por los señores diputados, se optó por instaurar este programa.

La decisión nos parece acertada, ya que se trata de un programa de previsión y de prevención de los hechos que pueden devenir en siniestros.

Todos hemos entendido la importancia de difundir la cultura del seguro en la sociedad, porque habitualmente, cuando se habla de seguros, la gente piensa en compañías que ganan muchísimo dinero con las que tendrán que discutir en caso de que se produzca un siniestro para finalmente ser resarcida de mala manera. O sea que la sociedad tiene una visión parcial del tema. Si bien es cierto que puede haber individuos que pasan por esa situación, la mayoría de nosotros, cuando sufrimos un siniestro, somos resarcidos por la compañía de seguros y podemos continuar utilizando el bien en las mismas condiciones que teníamos hasta ese momento.

SRA. CÉSAR Salvo si se trata de una tormenta con granizo.

SR. BAELO El ejemplo mencionado por la señora diputada es bueno. El granizo no arruina autos todos los días; entonces, nadie saca un seguro para cubrir esa contingencia. Cuando ocurre, creemos que las aseguradoras tienen que pagar o resarcir aquello que nosotros no previmos.

Cada vez que una persona quiere asegurar un bien debe pagar una prima. La compañía aseguradora tiene que constituir esa prima -si no lo hace, yo la obligaré a que lo haga- para poder afrontar, llegado el momento, el compromiso que asumió. En otras épocas llegó a haber doscientas compañías de empresarios especuladores que debieron cerrar porque las primas que cobraban eran insuficientes. Esas compañías dejaron una gran cantidad de asegurados que ahora tienen que recurrir a una liquidación para lograr un resarcimiento por el siniestro que sufrieron.

Como organismo de control creemos que es muy importante que las compañías aseguradoras cobren una prima suficiente como para poder cumplir con las promesas realizadas. En cambio, no pueden pagar lo que no figura en el contrato; si lo hicieren, sería con el dinero de otros asegurados que no tienen nada que ver.

Por estas razones resulta fundamental cambiar la visión que la sociedad tiene del seguro; de ahí que sea de suma importancia la creación de este tipo de programas. Piensen los señores diputados que se trata de un conjunto de personas que, de alguna manera, contribuyen a sostener a otras que pueden padecer un siniestro. Es decir que el seguro tiene una función social.

Lo que la gente no debe pensar es que si hace siete años que no sufre un siniestro la compañía aseguradora está obligada a pagarle algo. Hay personas que no se atrasan ni en el pago de la factura del gas y después tratan de hacer fraude contra la compañía de seguros. Se transforman en delincuentes individuos que jamás dejarían de saludar pero que por la visión que tienen de las compañías aseguradoras no dudan en llegar a un arreglo con el mecánico del auto para que les pase un presupuesto incrementado en un 30 o 40 por ciento.

Es muy importante que la sociedad entienda cuál es la función que cumplen los seguros. En realidad, los seguros deberían ser una de las patas del desarrollo económico del país. Como comenté en otras oportunidades, es necesario que el Estado comience a pensar en participar en el seguro agrícola. No puede ser que haya pequeños productores que por una granizada o una plaga se quedan sin la oportunidad de sembrar el año próximo y se ven obligados a vender sus tierras, que de esa manera quedan concentradas en manos de grandes productores.

Los gobiernos provinciales deberían preocuparse por trazar programas, con la participación de los propios productores, donde la herramienta sea el seguro. Así, todos los productores contribuirían a ayudar a quienes sufren un siniestro y el seguro se transformaría en un instrumento de desarrollo social. De esta manera, los productores pequeños y medianos verían asegurado su capital de trabajo y no tendrían inconveniente alguno en continuar con su empresa año tras año.

En todas estas cuestiones, que son importantes, generalmente tiene que participar el Estado. Cuando nos reunimos la vez anterior conté la experiencia que se está desarrollando en Mendoza desde hace dos años con la participación de los productores, el Estado y las compañías de seguros. Pese a los inconvenientes, está funcionando relativamente bien. Algo similar se está haciendo en Entre Ríos, aunque todavía es muy incipiente, y en el Chaco; hace unos días vinieron a verme legisladores de esta provincia que están trabajando en el tema.

Hago estos comentarios para remarcar la importancia que tiene el seguro en la sociedad. La gente tiene que abandonar esa visión del pirata cuando piensa en las compañías aseguradoras. Es cierto que esa fama no se generó por casualidad, pero es preciso cambiar esa visión y transformar al seguro en una herramienta que sirva al desarrollo económico.

En lo que se refiere concretamente al proyecto de ley en tratamiento, me gustaría decir lo siguiente.

Primero, en uno de sus artículos establece que el Consejo de Promoción del Seguro estará integrado por un funcionario designado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, un representante del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, un representante designado por las Asociaciones de Productores de Seguros, etcétera. En realidad, de estas asociaciones hay muchas, más de una por provincia, y además existe una federación. Por lo tanto, habría que establecer claramente a quiénes hace referencia el proyecto cuando dice: "Un representante designado por las Asociaciones de Productores de Seguros."

De acuerdo con esta iniciativa, el consejo también estará integrado por un representante de cada una de las Cámaras de Aseguradoras de la República Argentina. En total son seis cámaras. Además, me parece que en ese consejo se volcaría la opinión hacia los empresarios, es decir que habría que equilibrar.

Por otro lado, digamos que las cámaras están agrupadas fundamentalmente por el tipo de seguro o, según el caso, por la región geográfica. Habría que analizar el tema de la designación del consejo y quedaría sólo un funcionario de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, o sea que se vería en clara minoría cuando el objetivo de este instituto visiblemente apunta a la defensa del consumidor. Quedaría supuestamente el representante de la Superintendencia y el funcionario designado por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor contra seis representantes del mercado, y no me queda claro cómo estaría designado el representante de los productores.

Asimismo, me gustaría agregar una función. Si bien se puede buscar entre los puntos que están aquí, quisiera que quede claro un programa de reducción de siniestros.

Es muy importante hablar de un programa de reducción de siniestros, sé que está en el objeto de la norma, porque fundamentalmente puede abarcar hasta la educación vial y, en general, hacer educación vial es el camino para reducir los siniestros. Considero que se puede aprobar una norma que obligue a las personas a usar el cinturón de seguridad, pero es más importante educar a los niños para que la sociedad cambie las costumbres y utilicen el cinturón por convicción propia y no porque la mamá los obliga. Por más que existan normas, hay gente que no usa el cinturón de seguridad. Digo esto como ejemplo.

Por último, deseo comentar que el artículo 8° del proyecto establece que la Superintendencia de Seguros de la Nación garantizará el adecuado financiamiento del programa nacional, afectando parte de los recursos previstos por el inciso b) del artículo 81 de la ley 20.091. Esto sería afectarlo como está hoy con el presupuesto de la Superintendencia. El tema es que quizás debería quedar claro que esto no debe afectar el actual presupuesto y que necesariamente debe haber otro ingreso que, por lo que entiendo y sin ponerme a hacer cuentas, no debería ser un gran presupuesto. Es decir que no existe motivo para contar con un gran presupuesto pero podría sí surgir de la tasa que se cobra a los asegurados. Sucede que hoy la Superintendencia recibe solamente una parte de esa tasa y lo demás va al Tesoro nacional. En el tiempo que se hizo esto creo que hasta se mencionaba que la Superintendencia estaba recibiendo un 38 por ciento de lo que le correspondía, pero en realidad hoy está recibiendo un 25 por ciento.

Entonces, como superintendente, me preocupa que se afecte al presupuesto con el que hoy se está desenvolviendo la Superintendencia. Digo esto porque esta iniciativa en realidad viene acompañada de muchos proyectos que piensan en la Superintendencia. Por ejemplo, cuando quieren combatir a los piratas del asfalto, se piensa en la Superintendencia y organizamos programas, cuando queremos ver un registro de seguro de vida para que los beneficiarios puedan recibir información, se piensa en la Superintendencia, pero todas estas cuestiones son grandes bases de datos y recursos humanos que hay que administrar. Hago esta aclaración porque necesariamente esto se lleva una parte del presupuesto.

Por mi parte, no tengo nada más que decir respecto del programa, que me encanta.

SR. PRESIDENTE BORSANI De los comentarios que hace el superintendente se advierten tres análisis. Uno, vinculado con el artículo 3° en relación con la cantidad de miembros del Consejo de Promoción del Seguro. Pienso que allí habría que hacer un esfuerzo para hacer una síntesis y de ese modo evitaríamos lo que el señor superintendente estaba planteando, que para mí es correcto.

En segundo lugar, el tema de la educación para la disminución de los siniestros, que estaba plasmado en el artículo 6°. Por último, procurar no afectar los recursos actuales, es decir, no dar una misión más a la Superintendencia con los recursos con que se cuenta hoy día. Debe garantizarse parte de lo que originariamente estaba previsto en la ley -de allí el presupuesto actual que tiene el organismo-, más lo que demandará justamente este programa.

Vamos a pedir al señor diputado Godoy, autor de esta iniciativa, que sintéticamente nos dé su punto de vista.

SR. GODOY (J.C.L.) En definitiva, estoy de acuerdo con todo porque me parece bien que haya paridad en la representación.

No tengo nada que decir respecto de la educación para la disminución de siniestros porque ese es el sentido que tiene esto y, por último, desde mi punto de vista entiendo que lo que hay que garantizar es que el presupuesto actual que utiliza la Superintendencia no sea afectada por esto, y que el recurso proviniera de la diferencia entre el total de la tasa que se percibe y el presupuesto actual que se usa. ¿Esto es así, licenciado?

SR. BAELO Así es.

SR. GODOY (J.C.L.) Digo esto porque no toca la ley de presupuesto; no toca nada porque en definitiva la Superintendecia ya tiene un presupuesto asignado en gran parte por la tasa, pero esa tasa no queda toda ahí sino que se va a Rentas Generales. Así, tienen garantías de que un 25 por ciento de lo que reciben se siga manteniendo para el desempeño de la tarea o lo que puedan conseguir más adelante.

SR. BAELO El 25 por ciento es nuestro presupuesto actual, es decir, esto es lo que estamos recibiendo por la recaudación. Lo que yo digo es que si vamos a tener otras funciones habrá que engrosar ese presupuesto. O sea que cuando estamos discutiendo este presupuesto habrá que tener esta tarea discriminada y decir qué presupuesto vamos a necesitar. Por ejemplo, si hoy estamos recibiendo parte de esa tasa -25 por ciento-, entonces deberá ser del 27, 28 o 30 por ciento.

SR. PRESIDENTE BORSANI ¿Qué pasa con los otros dos puntos?

SR. GODOY (J.L.C.) Todavía hay que buscar la manera...

SR. PRESIDENTE BORSANI Hay que afinar la redacción de los artículos. Entonces, tomamos nota del tema para que en la comisión de asesores se avance en ese sentido.

Tiene la palabra la señora diputada Monayar.

SRA. MONAYAR En primer lugar, pido disculpas por haber llegado tarde pues vengo de otra reunión.

La verdad es que no he podido escuchar la exposición del señor superintendente, salvo su última parte en la que se refirió a que muchos asegurados algunas veces inflan los presupuestos, como se dice comúnmente en la jerga de los abogados.

Creo que allí también habría que instruir a las compañías aseguradoras para que los asegurados no tengan que inflar esos presupuestos. Ello, porque cuando hay que reparar un daño que cuesta mil pesos, las aseguradoras lo valúan en 500, entregan ese dinero y que el asegurado se vaya a su casa con eso. Además, jamás contemplan un arreglo extrajudicial en lo que se refiere a lucro cesante, daño material o medicamentos. Entonces, creo que el tema debe ser contemplado para todos: para la compañía de seguros y para el asegurado.

Además, hemos tenido una época nefasta en que muchas compañías de seguros han sido liquidadas y los asegurados han quedado sin ninguna protección. A veces, éstos han perdido todo su patrimonio luego de haber estado pagando varios años y sin haber tenido siniestros.

Pienso que deberíamos buscar un sistema más equitativo.

En lo que se refiere concretamente al proyecto de ley en tratamiento, como dije en otra oportunidad comparto la idea de difundir en la sociedad la importancia del seguro; pero creo que esa tarea de difusión también debería estar dirigida a la prevención de los hechos. A la gente hay que explicarle no sólo que estar asegurado es importante para la protección de los bienes y de las personas sino también qué debe hacer para prevenir los daños.

SR. PRESIDENTE BORSANI Tiene la palabra el señor diputado Galvalisi.

SR. GALVALISI Señor presidente: comparto plenamente las expresiones del señor diputado Godoy y del señor superintendente. Sin embargo, me gustaría hacer dos observaciones respecto de algunos comentarios del licenciado Baelo.

La primera se refiere a la integración del Consejo de Promoción del Seguro. Si se van a introducir modificaciones, me gustaría que se agregue a las ONG. Aunque estaría presente un funcionario designado por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, si como dijo el señor superintendente la idea es crear un órgano representativo, pienso que también deberían estar los damnificados a través de las Organizaciones No Gubernamentales.

La segunda se vincula con el tema presupuestario. Luego de la modificación del artículo 37 de la ley de administración financiera, si este programa -que comparto- es aceptado deberá ser incluido en la reestructuración del presupuesto. No puede ser financiado con una tasa, porque la tasa la terminamos pagando todos los contribuyentes.

Es importante dejar en claro que este programa no será sostenido con un aumento de tasas. Es una cuestión presupuestaria muy puntual, pero debe quedar aclarada porque si no el día de mañana subirán la tasa para financiarlo. Por eso es fundamental que la normativa especifique cómo se sostendrá el programa con los recursos de la Superintendencia de Seguros de la Nación sin que haya un aumento en la tasa.

Esto es muy diferente a decir que será financiado con la tasa que se fije, porque si en un futuro ésta es incrementada terminará pagándola el consumidor final. Si esto lo dejamos librado a la reglamentación, seguramente habrá un traslado a los precios.

SR. PRESIDENTE BORSANI Tiene la palabra el señor Baelo.

SR. BAELO Señor presidente: en primer lugar quiero aclarar que la tasa es una sola. La cuestión radica en que la Superintendencia de Seguros de la Nación debería contar con el total de ella. La ley expresa claramente que equivale al 6 por mil de las primas pagadas por los asegurados; sin embargo, a partir de un decreto dictado en la época del ex ministro Cavallo, gran parte de esa tasa va al Tesoro. Hasta el año pasado, el presupuesto de la Superintendencia de Seguros de la Nación era de 12 millones de pesos.

Lo que quise decir cuando hablé de los recursos que ya están asignados -además el proyecto es muy claro al respecto- fue justamente que el sostenimiento del programa formará parte de la discusión del presupuesto. Será ampliado en la medida que sea necesario, pero nunca podrá superar el monto que recibe la Superintendencia de Seguros de la Nación por la aplicación de aquella tasa.

En segundo término, si en algún momento puse de ejemplo a los asegurados y no a las compañías de seguros que trabajan mal -a las que obviamente cuestiono y controlo-, fue porque quise significar que hay personas que no se atrasan ni siquiera en el pago de los servicios públicos pero que sin embargo no tienen reparo ético alguno a la hora de hacer una presentación ante las compañías aseguradoras en el marco de una situación anómala. Generalmente se trata de fraudes; por ejemplo, pueden romper el auto a propósito para que la compañía les pague más.

Mencioné a los asegurados para explicar la visión que tiene la sociedad de las compañías de seguros. Obviamente que algunas de ellas trabajan mal y hay situaciones que deberían ser cambiadas. Por ejemplo la existencia de terceros -entendemos que no puede haberlos y que son las propias compañías quienes deben hacerse cargo de sus asegurados-, cuestiones relacionadas con la atención al usuario, etcétera.

SR. PRESIDENTE BORSANI Si no se formulan otros comentarios, continúa la consideración de los asuntos que integran el orden del día.

La Comisión de Economía debe iniciar el tratamiento del expediente 0236-d-05. Es un proyecto de ley del señor diputado Juan Carlos Godoy y otros señores diputados por el que se modifica la ley 20.091, de Entidades de Seguros, en lo que respecta a la constitución del directorio.

Tenemos conocimiento de que el organismo está funcionando sin consejo consultivo. Esta iniciativa consiste en que haya no sólo un consejo consultivo sino también un directorio, y nos gustaría conocer la opinión del señor superintendente respecto del tema.

Tiene la palabra el señor Baelo.

SR. BAELO Señor presidente: la ley establece que la Superintendencia de Seguros de la Nación debe designar un consejo consultivo, un órgano en el que fundamentalmente están representadas las cámaras aseguradoras, como asimismo su modo de funcionamiento, su duración, etcétera.

La conformación de este consejo es muy parecida a la del directorio que se crea en virtud de este proyecto de ley. Usted, señor presidente, ha dicho que el consejo consultivo no está funcionando; no lo hizo durante las gestiones anteriores, pero como se comprenderá su puesta en marcha conlleva un proceso de elección que es el que estamos desarrollando. Mi tarea es designar, para la representación de cada cámara, una terna que después elevo al Poder Ejecutivo para que decida quiénes conformarán el consejo consultivo.

Desde el año pasado vengo tratando de regularizar esta situación, pero ocurre que el Poder Ejecutivo todavía no tomó la decisión. También nosotros vemos con preocupación que el consejo consultivo no esté integrado.

Este órgano tiene la facultad de asesorar y presentar objeciones, pero su opinión no es vinculante para el superintendente. No me queda claro si la opinión del directorio sí lo sería. Quiero decir lo siguiente: es cierto que el consejo consultivo no está integrado, pero yo trabajo como si lo estuviera. Me reúno permanentemente con los representantes de las cámaras y les presento las normativas que pienso dictar para que las analicen y me hagan llegar sus observaciones. Cada norma da origen a un expediente donde quedan registradas todas esas objeciones, y cuando consideramos que son válidas y pueden contribuir a mejorar nuestras iniciativas, las tomamos en cuenta.

Estas reuniones con las cámaras se hacen una o dos veces e informalmente me pueden llamar cuando quieran. De hecho, pueden ver los trabajos de las demás y leer los expedientes para que tomen vista de las opiniones que expresó una u otra cámara, si es que no concurren todas juntas.

Si bien no está nombrado el Consejo Consultivo, en la práctica nosotros funcionamos como si lo tuviéramos, yo llamo a las cámaras que están y el Consejo Consultivo se nutre de esas cámaras. Obviamente que las ternas se conforman por los que están presentes en las reuniones y se habla de las normas que vamos haciendo.

Por una parte, para conformar un directorio se han propuesto siete miembros y que me parecen demasiados y, por otro lado, nuevamente si este directorio no tiene conformación de opinión no vinculante, veo que los representantes que irían a este directorio serían de las cámaras empresarias. Entonces, si el objeto de la Superintendencia es que todo nuestro trabajo esté apuntado a la defensa del consumidor usuario, cualquier funcionario tendría un desempeño difícil si ese consejo está integrado por las cámaras empresarias. A mi entender la conformación de este directorio constituye una objeción importante.

Sí me interesa que el cargo de superintendente tenga continuidad; estoy ocasionalmente en este cargo y pareciera que me refiero a mí pero en realidad debería ser un mandato por un año y por supuesto el Poder Ejecutivo debería renovarlo. Sería algo así como sucede en el Banco Central.

Otro tema que deseo comentar con respecto al directorio es que se dice que tendrá todos los deberes y atribuciones previstos por el artículo 67 de la ley 20.091 y estos deberes y atribuciones son los de la Superintendencia en general. Es decir que los directores designados por las cámaras no sólo opinarían o gestionarían sobre cuestiones como pueden ser las tarifas o los planes sino que hablarían sobre la gestión y sobre cuestiones netamente de la Superintendencia. Me parece que en la designación del Consejo Consultivo las atribuciones o los temas que pueden tocar están limitados a los aspectos que hacen al mercado, por eso son las cámaras aseguradoras quienes integran el Consejo Consultivo. En cambio, si hubiera un directorio en el sentido que se menciona, como tiene el Banco Central, creo que deberían ser funcionarios de carrera y no representantes de las cámaras. No me queda claro si el directorio tiene una opinión vinculante, entonces, si no fuera para opinar, creo que pueden ser representantes de las cámaras, productores y todos los actores del mercado; esto me parece bien y no lo veo demasiado problemático pero es muy parecido al Consejo Consultivo.

En el Consejo Consultivo llamé a elecciones y reglamenté una norma en la que establezco que voy a llamar a todos los que tengan que ver con el tipo de medidas a tomar. Desde el momento en que estoy haciendo algo sobre liquidadores de avería y siniestros, llamo a liquidadores de avería y siniestros, si estoy analizando funciones de intermediación o reaseguros, llamo a las cámaras reaseguradoras y para casi toda la actividad que está vinculada con las empresas, llamo a las cámaras empresarias.

Había otra cuestión menor, que es que la Superintendencia tiene hoy trescientas personas.

Para formar un directorio de siete personas, seguramente con alguna secretaria y oficinas, no tenemos espacio. Deberíamos pensar en otro espacio físico. Esas son cuestiones menores que no hacen al fondo de la cuestión, pero bien vale comentarlas.

SR. PRESIDENTE BORSANI Tiene la palabra el señor diputado Godoy.

SR. GODOY (J.C.L.) En primer lugar, el origen de esta norma tiene un poco que ver con la ausencia de funcionamiento del consejo consultivo.

Haciendo una comparación con la cuestión financiera surgió la posibilidad de plantear un directorio. Incluso, el proyecto de ley que está escrito en el Ejecutivo ya contempla el directorio, aunque yo creo que esa iniciativa es muy discutible porque cambia la ley 20.091 en muchos aspectos, si bien en definitiva fue una búsqueda de participación.

Creo que este proyecto tiene más de dos años, fue presentado nuevamente y en el ínterin ustedes fueron montando el consejo consultivo, que es una herramienta fundamental. Es decir que si el directorio no sale, sería bueno que por lo menos existiera el consejo consultivo, porque éste va a cumplir su función.

¿Saben ustedes cuándo deja de funcionar el consejo consultivo? Cuando se sanciona la ley de emergencia en 1989. Con la entrega anticipada y el problema de la crisis de la hiperinflación prácticamente se eliminan los órganos colegiados. Eso después se mantuvo en el tiempo.

Me parece que éste es un buen momento para que eso vuelva a funcionar. Entonces, si se reinstala el consejo consultivo, ello constituiría un avance para el sector asegurador y se cumplirá con el objetivo parcialmente.

SR. PRESIDENTE BORSANI Abundando un poco más respecto de lo que decía el señor diputado Godoy, básicamente la ley de desregulación económica suprimió casi todos los organismos colegiados de los entes reguladores y organismos descentralizados y los suplantó por un consejo consultivo. En algunos casos, esto tiene ventajas; en otros, desventajas.

En este caso particular, tratándose de un organismo de control, no es dable, compatible ni bueno que quienes en definitiva tienen que ser controlados formen parte del organismo superior que fija las resoluciones por las cuales debe regir el control sobre ellos...

SRA. CÉSAR No se puede ser juez y parte.

SR. PRESIDENTE BORSANI Exactamente. De acuerdo con la experiencia que tengo en organismos de control y desregulación, en mi opinión esto es absolutamente incompatible. Sí podría ser en todo caso un directorio en tanto y en cuanto aquellos que accedan a él vivieran de la carrera administrativa en organismos de control, ya sea Banco Central o AFIP. Si eso no es así, debe ser un órgano consultivo, porque hay veces en que si la decisión que toma el superintendente no está bien consultada, puede quizá generar un daño en el sistema. Por eso es que obviamente se recaba toda una suerte de información y no es vinculante. Ya si en un punto no se ponen de acuerdo, el superintendente tomará la decisión que estime conveniente.

Por eso me parece que el sistema debería funcionar así. Creo que el consejo consultivo debería formarse, aunque sé que su constitución también se demora cada vez que hay un cambio de gobierno. En este caso, esperamos que el Ejecutivo rápidamente tome una decisión al respecto. De lo contrario, presentaremos un proyecto de resolución o de declaración en esta Cámara referido a esa cuestión.

Tiene la palabra el señor diputado Stella.

SR. STELLA Lo que nosotros debiéramos ver, considerando el organismo de que se trata, es cuál sería la mejor forma de resolverlo de modo que tenga vigencia.

Si en su momento hubo leyes como las de reforma del Estado y de emergencia económica que influyeron sobre este tipo de ámbitos sería bueno que entrando en una etapa de normalización, quienes tenemos la responsabilidad de legislar coincidiésemos respecto de los órganos de aplicación para encontrar una vía de solución, procurando -claro está- no dejar al zorro cuidando a las gallinas.

Si logramos ese objetivo, muy probablemente se tome la decisión política de resolver la cuestión. Creo que el Poder Ejecutivo la tiene, pero nosotros debemos contribuir.

Por eso pienso que sería bueno que los señores funcionarios expresen su opinión y que los legisladores, tratando de preservar los derechos de aquellos a quienes debemos defender, arribemos a un consenso y demos una solución de fondo a este tema que viene dando vueltas desde hace tiempo.

SR. PRESIDENTE BORSANI Tiene la palabra el señor Baelo.

SR. BAELO Señor presidente: coincido con el señor diputado Godoy en que hay que discutir mucho más el proyecto de modificación de la ley 20.091 que propone la creación de un directorio. Los señores legisladores son quienes tienen a su cargo la sanción de la norma, razón por la cual habrá muchas oportunidades para debatir sobre ella.

SR. PRESIDENTE BORSANI Si no se formulan otros comentarios, continúa la consideración de los asuntos que integran el orden del día.

El siguiente es el proyecto de ley del señor diputado Juan Carlos Godoy y otros señores diputados, contenido en el expediente 0237-d-05, por el que se deroga el decreto 855/94, modificatorio de la ley 22.400 sobre restricciones a la intermediación de seguros.

Tiene la palabra el señor Baelo.

SR. BAELO Señor presidente: respecto de esta iniciativa la Superintendencia de Seguros de la Nación no tiene objeciones. Está totalmente de acuerdo con ella.

Simplemente quiero comentar que el mencionado decreto, cuya cantidad de considerandos es considerable, fue dictado con el objeto de reducir los gastos de intermediación que se venían registrando en el mercado. De alguna manera, esta norma procuraba que los productores -que eran los receptores de esos gastos de intermediación-, en algunas operaciones quedaran librados de ciertas restricciones para supuestamente no verse en la necesidad de recurrir a asesoramiento técnico.

El resultado fue nulo, es decir que uno de los principales objetivos para los que fue dictado el decreto no surtió efecto. Por eso estamos de acuerdo con su derogación.

SR. PRESIDENTE BORSANI Si no se realizan otros comentarios, continuamos con el siguiente asunto.

Se trata del proyecto de ley del señor diputado Alberto César Pérez y otros señores diputados, contenido en el expediente 2652-d-05, por el que se crea la Comisión Evaluadora y Liquidadora de los Seguros de Vida de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.

Tiene la palabra el señor Baelo.

SR. BAELO Señor presidente: esta iniciativa se vincula con el seguro colectivo de vida obligatorio del personal del Estado, implantado por ley 13.003 y sus modificatorias. La medida se encuentra vigente; o sea que los asegurados por esta ley han tenido continuidad en el tiempo pese a que en determinado momento se pasó de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro -un organismo estatal- a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro Sociedad Anónima.

El tema central de este proyecto es la creación de una comisión evaluadora y liquidadora de los seguros de esa entidad. El fundamento central de sus autores es que cuando se privatizó la Caja Nacional de Ahorro y Seguro quedaron unas reservas matemáticas pertenecientes a los asegurados.

A mi modesto entender hay un error conceptual, porque estamos hablando de un seguro colectivo de vida de prima anual que no tiene reservas matemáticas. La única indemnización que puede reclamar el asegurado, como lo establece claramente la ley, es por el siniestro.

Todo aquel que al año anterior de producirse la privatización contaba con este seguro de vida que cubre fallecimiento y muerte, si no tuvo ningún siniestro pasó a la nueva caja con la prima correspondiente y hoy, pese a los años transcurridos, continúa con la misma cobertura. Pero mientras no sufra un siniestro no recibirá compensación, porque este tipo de seguro colectivo de vida anual que se recauda con prima mensual no tiene reserva matemática; no es un seguro con una prima nivelada donde la persona puede pagar más hoy por lo que puede ocurrir mañana.

En otras palabras, se trata de un seguro colectivo de vida que cubre a todo el grupo con una prima promedio calculada sobre la base de la edad, el sexo, etcétera, de cada uno de sus integrantes. No es una prima de ahorro, como lo consideran los autores del proyecto, y por lo tanto no corresponde liquidar nada a los asegurados.

A esto quiero agregar que en distintas oportunidades se dictaron decretos y elaboraron muchos trabajos sobre el tema, y todos coinciden en que éste es un seguro colectivo y no un seguro de ahorro con prima nivelada que sí podría tener reservas matemáticas.

En suma, mi objeción respecto de este proyecto se centra en el fundamento esgrimido para la creación de esta comisión evaluadora y liquidadora.

SR. PRESIDENTE BORSANI Si no se formulan comentarios, pasamos al siguiente asunto.

Se trata del proyecto de ley del señor diputado Macchi, contenido en el expediente 4310-d-05, por el que se instaura un régimen para la profesión de liquidadores de siniestros y averías.

Tiene la palabra el señor Baelo.

SR. BAELO Señor presidente: en principio estoy de acuerdo con esta iniciativa porque coincido en que el ejercicio de la profesión de liquidadores de siniestros y averías debe estar regulado. Sin embargo me gustaría hacer una serie de consideraciones, algunas de las cuales son sumamente importantes.

El artículo 2° menciona cuál va a ser el ámbito de actuación de los liquidadores de siniestros y averías, entonces habla de todos los bienes asegurados en entidades aseguradoras y reaseguradoras, nacionales y extranjeras. Nosotros creemos que esto debe limitarse a las autorizadas por la Superintendencia de Seguros, es decir, entidades aseguradoras y reaseguradoras autorizadas por la Superintendencia.

También se fijan los términos y condiciones que establece la ley para un liquidador de siniestro y avería; en realidad esto está vigente y es sencillo. Para ser un liquidador de siniestro y avería se debe rendir un examen que hacemos en la Superintendencia.

SR. PRESIDENTE BORSANI Esto está contemplado en el artículo 3°.

SR. BAELO Exactamente.

SRA. MONAYAR Pero para que le den la habilitación y para que pueda ser productor tiene que rendir previamente un examen y este mecanismo se lleva a cabo desde hace mucho tiempo. Esto es lo que tenía entendido y por eso me llamó la atención este caso.

SR. PRESIDENTE BORSANI Pero son liquidadores.

SRA. MONAYAR Tiene razón, señor presidente.

SR. BAELO Hoy los liquidadores de avería y siniestro tienen matrícula y el mismo régimen que los productores. Deben rendir un examen pero se tiene que establecer quiénes son y qué tipo de siniestros pueden atender, porque si se produce un accidente de trabajo los ingenieros de seguridad e higiene tienen la competencia, por eso debería estar regulado como hoy lo está. En realidad no hay muchos cambios que hacer pero debe existir un examen y la Cámara de Liquidadores de Averías y Siniestros debe participar y conformar los exámenes.

El artículo 4° involucra, porque lo dice en su competencia, a los contadores públicos nacionales, en virtud de la ley 20.478. Nosotros creemos -lo digo sinceramente- que un contador no puede ir a Siderca o a Techint a analizar un siniestro...

SR. PRESIDENTE BORSANI Debería ser un ingeniero.

SR. BAELO El ingeniero tendría más posibilidades. Creo que aquí queda claro que para poder ser liquidador se debe rendir un examen de conocimientos, es decir que puede ser contador, ingeniero o tener cualquier otra profesión pero antes debe rendir un examen de conocimientos.

Les entrego todos los artículos que reformulamos para que los analicen.

SR. STELLA Si no entendí mal, usted expresó que había hecho varias consideraciones y que tenía un proyecto o una idea de cómo reformular el régimen del que estamos hablando. Sugiero que nos hagan llegar la documentación para que los asesores la trabajen y podamos ganar tiempo. Digo esto porque usted nos va a hacer los comentarios, nosotros los vamos a escuchar y los vamos a tener que volver a reformular después del trabajo puntual. No sé si los demás señores diputados están de acuerdo.

Asentimiento.
SR. PRESIDENTE BORSANI Pasamos entonces al punto siguiente, el proyecto de la señora diputada Fiol y otros, contenido en el expediente 0582-d-06. Se trata de una iniciativa que tiene dictamen de la Comisión de Asuntos Cooperativos por la que se crea un régimen para las asociaciones de bomberos voluntarios, modificando el artículo 11 sobre subsidios.



SR. BAELO Aquí tenemos un proyecto que en realidad sólo trata de ampliar la contribución obligatoria y pasar de 320 pesos a 480 pesos para el aporte a los bomberos voluntarios.



Aquí nosotros tenemos varias objeciones de distinto tipo. La primera es que, desde nuestro punto de vista, los seguros no deberían tener cargas impositivas adicionales o algunas de las que ya tiene deberían ser reducidas -caso IVA-, y en esto estamos trabajando con el Ministerio de Economía y con otros sectores. Ello, porque no se recupera este IVA, o sea, no hay un crédito para la compañía aseguradora. Por otra parte, por esta función que tiene el seguro de reparar daños en colectivo, tal como les he mencionado al principio. O sea que todos pagamos la reparación de daños de otras personas cuando no tenemos siniestros. Entonces, pensamos que la carga debería estar desgravada de las tasas y cargas impositivas.

El proyecto anterior dice que las compañías no deben cargar esa tasa al precio. Pero eso es imposible, fundamentalmente porque la prima de seguro debe ser suficiente. Por lo tanto, yo creo que cualquier concepto que se vaya a poner como carga en este valor va a ser trasladado al precio, es decir, lo van a pagar todos los ciudadanos. Eso está por demás claro. Además, obviamente hay una contradicción: dice que no podrá ser pasado al precio pero, a su vez, señala que esto será igual a la tasa de la Superintendencia, y la tasa se pasa al precio.

En definitiva, esta es una cuestión técnica, pero es incompatible con la estructura de la prima de seguros.

SR. DOMÍNGUEZ Si no se trasladara al precio y quedara en cabeza de la ganancia de la compañía, se va a deducir del Impuesto a las Ganancias. De ese modo, y haciendo un cálculo de acuerdo con lo que se ha recaudado en el último ejercicio, esto implicaría una reducción del Impuesto a las Ganancias del orden de los 13 o 14 millones anuales.

SR. PRESIDENTE BORSANI ¿Cómo es la legislación comparada? ¿Cómo funciona esto en otros países donde, en definitiva, los seguros y los bomberos funcionan bien? ¿Esto está a cargo del Estado?

SR. FERNÁNDEZ BLANCO Hay un extraño origen sobre el tema. En la ciudad de Londres, a principios del siglo XIX, las casas tenían el nombre de las compañías aseguradoras que, a su vez, tenían cuerpos de bomberos. Así, éstos sólo apagaban los incendios de las casas que estaban aseguradas, si bien esto fue una situación poco simpática.

SR. DOMÍNGUEZ En el gran incendio de Londres se quemaron todas las casas, incluso aquellas que estaban aseguradas, con lo cual se prohibió lisa y llanamente que las compañías de seguros mantuvieran el cuerpo de bomberos, quedando esto a cargo del Estado.

SR. FERNÁNDEZ BLANCO Por otra parte, el premio -que es lo que pagan los asegurados- está conformado por la prima, los gastos de explotación y los gastos de comercialización. De cualquier forma que se lo denomine, esto va a formar parte del precio como prima para pagar los siniestros.

Me parece razonable y muy respetable la actuación de los bomberos voluntarios. Lo que no considero razonable es que todo pueda ser cargado a una prima de seguro, dado que existen valores de ese premio -que es pagado por el asegurado- que en algunos casos está provocando que las compañías argentinas de seguros no puedan ser competitivas.

Un ejemplo muy reciente de lo que estoy diciendo es la autorización del Poder Ejecutivo a las empresas de aeronavegación para que puedan contratar seguros en el exterior. ¿Por qué se tomó esta medida? Porque los precios locales son incompatibles. Entonces, para evitar que aumenten las tarifas se les permitirá asegurarse con compañías extranjeras. Es decir que, de alguna manera, se está transgrediendo el espíritu del sistema de seguros de la Argentina que impide que bienes de residentes en el territorio nacional sean asegurados en el exterior.

Esta norma de excepción se ha dictado precisamente porque en nuestro país las primas de seguro están gravadas con el impuesto al valor agregado y no tienen crédito alguno, lo cual las deja fuera de competencia en el mercado internacional.

SR. BAELO Por último, advierto que entre los fundamentos se menciona que la recaudación es insuficiente. No sé cuántos años tiene este proyecto, pero puedo afirmar que la recaudación anual pasó de 20 millones a 51 millones de pesos. O sea que creció aproximadamente un 250 por ciento, mucho más que lo que crecieron los salarios de la administración pública.

SRA. MARCO DEL PONT ¿De qué época estamos hablando?

SR. BAELO Tres años, aproximadamente.

SR. DOMÍNGUEZ Esto comenzó en 2004.

SRA. MONAYAR El proyecto es nuevo, de este año.

Varios participantes hablan a la vez.
SR. BAELO Si se me permite, quiero volver al tema que abordó el señor Fernández Blanco porque me parece sumamente importante.

El hecho de que se levanten ciertas barreras para permitir que un sector, en este caso las compañías de aeronavegación, contrate su cobertura en el exterior con el argumento de que no aumenten las tarifas, daña mucho el mercado asegurador argentino. No es cierto que los precios sean distintos para estos riesgos. Los valores de LAN Chile, por ejemplo, son fijados por el reasegurador internacional. Es decir que la compañía aérea negocia con el reasegurador internacional el precio de la cobertura para todos sus vuelos que parten hacia diferentes lugares del mundo. Claro que también hay una empresa argentina que cobra un pequeño valor por administrar, pero la diferencia entre lo que se puede cobrar en un país que no aplica carga impositiva y el nuestro se encuentra en el orden del 22 por ciento.

Este dato no es menor, porque si hubiere que litigar respecto de este seguro contratado en el exterior, no sé cómo harían los asegurados para enviar a sus representantes para que comiencen las acciones en otro país donde se produjo el siniestro, como podría ser la caída de un avión.

Tenemos casos desgraciados como el de LAPA, por ejemplo, pero todo fue costeado por una compañía argentina. Lo mismo ocurrió con el avión de Austral que cayó en Fray Bentos, en la República Oriental del Uruguay. De lo contrario, todo el trámite tendría que haberse hecho afuera.

Tal vez no sea importante para la Argentina lo que representa el seguro de dos o tres grandes compañías; pero detrás de ellas vendrán Repsol, Techint, etcétera, y con ellas grandes riesgos asegurados en el exterior. El seguro lo tienen aquí, en el país, pero en realidad no es tomado por una compañía local porque ninguna de ellas está en condiciones de hacerse cargo de un seguro de tanta magnitud. Entonces lo toman las reaseguradoras, que vendrían a ser las aseguradoras de las compañías de seguros.

En estos momentos no hay reaseguradores argentinos. Todas las primas tienen como destino el exterior, salvo una pequeña parte que es cobrada por la compañía nacional que administra y paga a esas aseguradoras que se hacen cargo de todo.

Me pareció importante hacer el comentario -pido disculpas porque el tema no forma parte del orden del día- porque seguramente en poco tiempo más ingresará en el Congreso el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que se refiere a estas cuestiones.

SRA. MONAYAR ¿El proyecto establece volver a una especie de INDER?

SR. BAELO No, señora diputada; todo lo contrario. El objeto de esa iniciativa del Poder Ejecutivo es permitir a las compañías aéreas que tomen directamente sus seguros en el exterior.

SR. PRESIDENTE BORSANI Continuamos con la consideración de los asuntos que integran el orden del día.

La siguiente iniciativa requerirá un estudio muy importante por parte de la comisión, especialmente de los asesores, y pertenece al señor diputado Vanossi.

Tiene la palabra la señora diputada César.

SRA. CÉSAR Señor presidente: simplemente quiero decir que el señor diputado Vanossi me ha pedido que le transmita sus disculpas por haber tenido que retirarse, pero debía asistir a una reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.

SR. PRESIDENTE BORSANI Se trata del proyecto de ley contenido en el expediente 1070-d-06, por el que se instaura un régimen de seguro obligatorio de responsabilidad civil por el uso de automotores.

Tiene la palabra el señor Baelo.

SR. BAELO Señor presidente: esta iniciativa es para nosotros muy importante. En verdad nos gusta mucho, ya que cambia radicalmente la situación en que se encuentra el seguro automotor. En la Superintendencia de Seguros de la Nación trabajamos en una idea parecida.

El proyecto dice claramente que todo propietario, usuario o conductor de un vehículo automotor debe contratar un seguro de responsabilidad civil. Es una iniciativa compleja y de gran envergadura; por eso, como en el caso del proyecto de ley por el que se instaura un régimen para la profesión de liquidadores de siniestros y averías, entendemos que es preciso estudiar punto por punto.

Gran parte de los comentarios que queremos hacer son de tipo técnico.

El artículo 14, por ejemplo, dispone que la transmisión de un vehículo de una persona a otra importa la transferencia del seguro que ésta tiene. Esto lo vemos prácticamente imposible, porque en realidad se trata de un seguro sobre la persona...

SR. STELLA Es un seguro sobre la persona pero cubre el accidente que pueda tener el auto. Digamos que se lo lleva la persona consigo misma.

SR. FERNÁNDEZ BLANCO Pero el conductor seguirá manejando otro vehículo.

SR. BAELO Y la otra persona también.

Me parece que son cuestiones que deben ser reformuladas claramente.

SR. STELLA Hay que estudiarlas con detenimiento para luego opinar.

SR. BAELO También me quiero referir al fondo de garantía. En otros proyectos existe un fondo de garantía y hay que canalizarlos.

SR. GODOY (J.C.L.) Me parece importantísimo porque esto se hizo en todas partes del mundo; el artículo 14 es ilógico ya que la persona es la que contrata. Sucede que aquí funcionamos un poco mal porque aseguramos el auto pero la responsabilidad civil es del individuo y no del auto, entonces sería no transmisible cuando se vende un automotor porque el que queda con el seguro es el conductor, la persona que está habilitada con un registro. Esto lleva todo un sistema de registro y por eso se llama "seguro de registro". En el mundo existe así y es una pequeña aclaración que quería hacer. Incluso este sí es un buen negocio para las aseguradoras, entre comillas, porque en vez de vender un seguro por auto vende por todos los que manejen el auto.

SRA. CÉSAR Yo estoy enojada porque manejo desde los 12 años, no podía manejar y lo hacía, nunca tuve un siniestro y no me cubrieron tres abolladuras; espero no tenerlo esta noche porque viajo todos los días 70 kilómetros.

SR. BAELO Este es el concepto que tiene que cambiar.

SRA. CÉSAR ¿Cómo que tiene que cambiar?

SR. BAELO En todo seguro colectivo están los que tienen siniestros y los que tenemos suerte de no tenerlos, o sea que usted paga para que le reparen los siniestros, depende de lo que pague, porque si usted hubiera pagado por los tres bollos, seguro que también se los cubría.

SRA. CÉSAR Dígame usted cómo nosotros podemos prever ese granizo. Me tengo que asegurar por ese granizo durante los 25 o 30 años que conduzco.

SR. STELLA Modifique el tema cultural.

Varios participantes hablan a la vez.
SRA. MONAYAR Hay un tema importante y se trata de la antigüedad de los vehículos. Lamentablemente hay vehículos muy viejos que circulan.

SR. PRESIDENTE BORSANI Ahora vamos a tratar un proyecto que plantea ese tema.

SR. BAELO Quiero plantear algunas objeciones pero tengo diferencias importantes con el contenido del artículo 4°. Aquí se habla de prestaciones que este seguro va a cubrir y se dice que va a cubrir la indemnización por una suma determinada, entonces menciona a los automotores de uso particular y fija un máximo para una persona muerta, que es un límite de 300 veces el salario mínimo vital. Pero resulta que tiene dos cláusulas, una para automotores de uso particular y otra para automotores de transporte público de pasajeros, y me cuesta entender que una persona muerta valga una cifra si la atropelló un auto y valga otra si la atropelló un colectivo.

SR. FERNÁNDEZ BLANCO Probablemente la intención del autor del proyecto esté vinculada con los límites máximos por acontecimiento, acá hubo una confusión y lo incluyó en el límite por persona.



Se puede presumir que un accidente provocado por un colectivo puede afectar a muchas más personas. Entonces, el límite por acontecimiento es lógico que sea mayor en un colectivo. Pero el límite por persona no tiene ningún sentido, porque está igual de muerto quien fue atropellado por un auto o por un colectivo.

SR. GALVALISI Sin entrar a analizar el objetivo del proyecto, debo decir que hay una responsabilidad distinta. Es decir que quien maneja un colectivo o un medio público de transporte debe tener una determinada capacitación y haber aprobado un análisis psicológico. Creo que a lo mejor la iniciativa está apuntando a ese factor. Esa persona es distinta de quien saca un registro para conducir una moto o un automóvil particular, pues tiene la responsabilidad de transportar gente. El vehículo público debe tener un seguro determinado y el conductor reunir cierta condición psicofísica. Cuidado con esto, porque en eso sí hay una diferencia en el seguro.

SR. BAELO Lo que pasa es que acá se considera la indemnización a la víctima. El problema no es quién estaba conduciendo sino que esa víctima va a cobrar trescientas veces algo -un salario mínimo vital- si lo atropelló un automóvil particular...

SR. PRESIDENTE BORSANI Si iba en el auto...

- Varios participantes hablan a la vez.
SR. DOMÍNGUEZ Cobra seiscientas veces si ocurrió en un colectivo y trescientas si fue en un coche...

SR. BAELO Quien escribió esto -y respeto mucho a quien lo hizo- seguramente debe haber querido establecer el límite máximo por acontecimiento. Es decir, en un colectivo es probable que haya varios accidentados.

SR. PRESIDENTE BORSANI En ese caso, quedaría alguno sin indemnizar porque se reducirían las cantidades...

SR. BAELO Pero pone límites al accidente por el hecho. O sea que por el hecho puede haber tres o cinco víctimas. Por eso, lo que acá se habrá querido establecer es que en un transporte público de pasajeros hay mayores probabilidades de que haya más víctimas.

SR. PRESIDENTE BORSANI En el mismo sentido he presentado un proyecto que, lamentablemente, tuvo un giro distinto y está en la Comisión de Transportes. Se trata de una iniciativa que limita la responsabilidad civil porque, justamente, sabemos que las compañías quiebran porque no pueden pagar, sobre todo en los casos de transporte público de pasajeros, más concretamente ómnibus.

Distinto es lo que ocurre en el transporte marítimo o aéreo de personas, donde hay un límite que, si no me equivoco, es de 50 mil dólares por cada muerto en siniestros. Ese es el límite que va a pagar la compañía de seguros. De ese modo, además, existe una previsibilidad y las compañías no quiebran, como sucede en el transporte público de pasajeros terrestre donde hay una sucesión de quiebras de todas estas compañías que, frente a un siniestro importante cuando fallecen muchas personas, concretamente se concursan y terminan abriendo una empresa de seguros a la vuelta, con otro nombre, y siguen operando.

Esto es lo que muchos conocemos respecto del tema porque es algo de lo que se habla en la Comisión de Transportes. Por eso, también existe la necesidad de dar una resolución estructural similar a la que existe para la navegación aérea o marítima.

SR. BAELO Lo primero que quiero decirles es que no puede abrirse otra compañía cuando cierra una porque en el transporte público de pasajeros hay cuatro mutuales y dos sociedades anónimas. Para establecerse, éstas tienen una de las mayores exigencias en cuanto a capitales con respecto a otros rubros.

El tema es que esto viene de arrastre y el sistema que está hoy vigente ha intentado que no quiebren todas esas compañías porque las empresas aseguradoras en un momento empezaron a tener una cantidad impresionante de juicios y todas iban a quebrar.

Un caso emblemático es el de la compañía Belgrano, una de las más grandes, que quebró. Entonces, la Superintendencia de Seguros de la Nación diseñó un sistema para que esto no vuelva a ocurrir.

Es cierto que el sistema posee algunas características que son observables. Tiene una franquicia muy alta por debajo de la cual debe hacerse responsable el asegurado, o sea, las empresas de transporte; pero superado el valor de esa franquicia, que asciende a 40.000 pesos, quien se hace responsable es la compañía de seguros. Es decir que la aseguradora se hace cargo de los accidentes importantes, por decirlo de alguna manera, mientras que la empresa de transporte se responsabiliza por la ruptura de los espejitos de los colectivos, por la persona que se cayó por una frenada, etcétera.

Esta medida trajo como consecuencia que las compañías aseguradoras, que se harían cargo sólo de los siniestros importantes, siguieran pagando los juicios que venían arrastrando del viejo sistema. En otras palabras, comenzaron a cubrir lentamente esa mochila de juicios y a pagar por esos siniestros, mientras que las empresas de transporte se hacían cargo de los accidentes cuyo costo era inferior al monto de la franquicia.

Esta franquicia alta trajo un beneficio que no pensamos que sería tan importante. Las compañías de transporte empezaron a dar clases de manejo a sus chóferes, a preocuparse por aquellos que habían tenido muchos siniestros, y redujeron en una cifra impresionante los accidentes en el transporte público de pasajeros. Este es un dato fundamental para la sociedad. De todas maneras, es cierto que se discute mucho acerca de esta franquicia de 40.000 pesos.

SR. PRESIDENTE BORSANI Lo que ocurre es que en la sociedad existe la visión de que el monto que termina pagando la compañía que tiene a su cargo la indemnización depende en gran medida de si la persona que iba en el colectivo y murió era Rockefeller o el señor de aquí a la vuelta. También juegan un rol fundamental la habilidad del abogado que defiende a la persona que debe ser indemnizada y la de la compañía de seguros para pagar lo menos posible.

SRA. CÉSAR Y en el medio está la empresa concursada.

SR. PRESIDENTE BORSANI Exactamente.

El límite a la responsabilidad civil tiende a disminuir el abanico de posibilidades para que todos sepan qué puede ocurrir en el peor de los casos cuando se sube a un micro. En otras palabras, tiene por objeto transparentar la situación tal como ocurre con el transporte aéreo y marítimo.

Tiene la palabra el señor diputado Beccani.

SR. BECCANI Señor presidente: me interesaría conocer la opinión de la Superintendencia de Seguros de la Nación respecto del fondo de garantía que se crearía por este proyecto. Si el licenciado Baelo no tiene elementos para responder ahora, le pido que lo haga luego.

El fondo de garantía estará integrado por una sobreprima que pagarán los asegurados y será utilizado para reparar, por ejemplo: "Daños producidos por autor desconocido." Esto podría responder a un principio de solidaridad social.

Luego se agregan otros dos incisos, uno de los cuales es el siguiente: "Daños producidos por autor que, aunque conocido, no se halle asegurado." Es decir que la persona que se asegura, que cumple con la normativa y es responsable, pagará más para amparar a aquél que no está interesado en cumplir con la ley porque es un irresponsable.

El último inciso dice: "Daños que el asegurador del responsable se encuentre en imposibilidad económica o jurídica de indemnizar." En otras palabras, un grupo de irresponsables que manejan mal una compañía de seguros y a quienes no importará si pueden pagar o no porque habrá un fondo solventado por los asegurados serios.

Reconozco que es un tema difícil, pero creo que desde el punto de vista técnico los más calificados para opinar son los funcionarios de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Visto así, este artículo parece bastante injusto. Hace instantes el licenciado Baelo hizo referencia a un proyecto de ley que enviará el Poder Ejecutivo para disminuir las cargas impositivas que tienen las primas de seguro; sin embargo, en este caso se las estaría aumentando. Entonces, pienso que deberíamos buscar un equilibrio.

SR. PRESIDENTE BORSANI Tiene la palabra el señor Baelo.

SR. BAELO Antes de hablar sobre este tema me gustaría hacer un comentario respecto de algo que dijo usted, señor presidente.

Estamos de acuerdo con que para mejorar los precios de los seguros y que toda la gente sepa a qué atenerse frente a cada caso, es muy importante la existencia de baremos como hay en otros países. De esa manera se evita que los jueces fallen según la cara del cliente, del abogado, etcétera. Es fundamental que cuando alguien, sea el asegurado o el asegurador, va a un tribunal sepa qué le corresponde. Además de bajar los costos de los seguros, todos estaremos más tranquilos y creeremos en la Justicia más de lo que creemos ahora.

Respecto del fondo de garantía, es cierto lo que manifiesta el señor diputado Beccani. Justamente, una de las principales objeciones que exponen las compañías aseguradoras a los fondos de garantía es que algunas pueden actuar irresponsablemente, sin importarles nada, porque en última instancia si llegaren a quebrar habrá alguien que se hará cargo. Digo esto porque supongo que el inciso c), al citar la imposibilidad económica o jurídica del asegurador de indemnizar, se refiere a que en caso de quiebra se utilizará el fondo de garantía para pagar todo.

Por otro lado, la existencia de un fondo de estas características es indispensable. De lo contrario, si una persona va por la calle y es atropellada por un señor que sale corriendo y desaparece o que no tiene seguro, quedaría desamparada ante un riesgo importante, porque seguramente su vida se transformará si es víctima de un siniestro y no lo puede cubrir.

Yo parto de la siguiente idea: el fondo de garantía -sea éste o cualquier otro- debe existir. En todos los países desarrollados hay fondos de este tipo que cuentan con la participación del Estado. Además, no olvidemos que hay riesgos que las compañías de seguros no toman porque no les conviene o bien porque tendrían que cobrar al asegurado una tasa que éste nunca estará en condiciones de pagar. En otros países el Estado interviene en estos casos haciéndose cargo; pero un seguro tiene que haber.

SR. PRESIDENTE BORSANI Recordemos lo que ocurrió con el granizo.

SR. BAELO Exactamente.

SR. PRESIDENTE BORSANI Como en esta región del país la lluvia acompañada de granizo es poco común, la gente no se aseguró y las compañías no lo cubrieron.

SR. BAELO El tema es aún más difícil. Disculpen si lo que voy a decir aparece como una opinión abrupta o expresada sin pensar demasiado -tal vez debería reflexionarla un poco más-, pero en verdad no estoy preocupado por lo que el granizo causó en los autos particulares. Me preocupa más cuando el granizo golpea al productor, creo que por ahí no debemos enfocar este fondo de garantía. No tengo una reflexión sobre eso, a mí me gusta discutir sobre todas las cuestiones y madurar mi pensamiento con las ideas de los demás pero este no es el ejemplo del fondo de garantía. Ustedes piensen en un siniestro importante, por ejemplo a alguien que se le quema la casa, no puede repararla, se queda afuera y...

SRA. CÉSAR Esto sería como el fondo que tiene la Superintendencia de Seguro de Salud.

SR. BAELO No conozco el fondo de la Superintendencia de Seguro de Salud pero creo que no tiene nada que ver.

SR. STELLA Es una parte que se aplica para lo que no cubre...

SR. BAELO No, porque esos fondo así no me gustan. Hay un fondo de garantía en la Argentina que funciona muy bien, que nadie conoce, no hace ruido y todo el mundo está de acuerdo. Es un fondo de garantía que tiene una aseguradora de riesgos de trabajo. Las aseguradoras de riesgo del trabajo quiebran y nadie se hace problema, hay un organismo, en este caso la Superintendencia, podría ser cualquier otro, que se hace cargo de ese trabajador, tiene que cubrirlo, actúa como una ART y eso lo pagan las propias aseguradoras. Una parte de la prima va a ese fondo y nosotros lo administramos. Pagamos a todos los que han tenido accidentes. Actúa como una ART para las empresas que han quebrado y funciona bien, no hay ningún problema, prácticamente no tiene gastos porque tengo un empleado para ese fondo y utilizo los de la Superintendencia de Seguros. La verdad es que esos fondos son los que me interesan y no la discrecionalidad, los fondos tienen que ser claritos, no serviría si en este fondo hay un señor que decide...

SRA. CÉSAR Discúlpeme pero el fondo al que me referí no es discrecional, es para atender las contingencias de estudios o de operaciones que las obras sociales no cubren.

SR. BAELO No lo conozco.

SR. STELLA Usted habla de la aplicación.

SR. BAELO Sí, porque estos fondos hay que administrarlos muy bien.

SR. PRESIDENTE BORSANI En relación con el artículo 15, ¿qué consejo nos da concretamente?

SR. BAELO Estoy de acuerdo con que hay que cubrir estas contingencias, ahora bien, el tema es cómo se financia el fondo, de dónde sale el dinero, quién lo administra y cómo se regula. Si se fijan en el otro proyecto, sólo para las aseguradoras que quebraron, que es más sencillo, dice que vamos a cubrir a quienes su empresa quebró estando asegurados. Ese es más sencillo y en ese fondo hay una sobreprima pero, por otro lado, no hay una prima sino un gasto por vehículo asegurado, cada uno paga por el riesgo que está corriendo. Además, está la disminución de la tasa de Superintendencia a la mitad, o sea que compensa el costo del seguro; habría que hacer bien los números pero quizás esa compensación alcance para ese fondo y para otro fondo que está mencionado en el proyecto de autos con más de 20 años de antigüedad. Hay que hacer un solo fondo con distintas coberturas. No lo tengo tan claro. Me gustaría mandarles una contrapropuesta, estudiada por los técnicos, y hacerlo lo más serio posible. Sólo quería comentar algunas de las cuestiones que saltaban un poco a la vista.

SR. PRESIDENTE BORSANI Entonces, en relación con los proyectos de los diputados Vanossi y Atanasof, que están vinculados, podríamos esperar un informe de parte de ustedes para avanzar.



SR. BECCANI Cuando envíen la opinión quisiera saber si ustedes comparten la idea de limitar este seguro obligatorio a los riesgos de muerte y lesiones, excluyendo cualquier tipo de daño material. Digo esto porque el proyecto habla de muerte y lesiones y no de daños materiales.

SR. BAELO En principio, compartiríamos el criterio, al menos en lo que se refiere a muerte y lesiones y sobre todo si es automotor.

- Varios participantes hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE BORSANI En consideración el proyecto de ley de los señores diputados César, Marcó del Pont, Artola, Rossi, Vaca Narvaja, Rosso y Velarde, contenido en el expediente 4642-d-2006, sobre creación de un Registro Nacional de Beneficiarios de Seguros de Vida.

SR. BAELO Respecto de este proyecto surgen cosas sobre las cuales -aunque no me gusta hacerlo- no puedo decir ni un sí ni un no.

Varios participantes hablan a la vez.
SRA. CÉSAR Discúlpeme, señor presidente, pero el proyecto es de mi autoría.

- Varios participantes hablan a la vez.
SR. BAELO Hay algunos países que han armado esto recientemente y existen algunos puntos del proyecto que a nosotros nos gustan, pero tenemos muchas dudas respecto de otras cuestiones.

La iniciativa está montada en gran medida sobre la denominación del beneficiario en la base de datos, y esa es la parte que nosotros vemos compleja: que alguien se presente, pregunte por un señor y le den un certificado que diga si es beneficiario o no. Hasta aquí tenemos serias dudas respecto de los datos que se puedan dar en razón de la existencia de la ley de habeas data.

Nosotros vemos mejor -porque lo tienen otros países- la creación de un registro de asegurados, sobre todo para los colectivos, que es donde se presentan mayores confusiones. Así, el posible beneficiario o interesado va, pregunta como en el sistema de ART ingresando su número de documento por Internet y averigua si tiene o no seguro, y es todo lo que puede saber. Es decir que esa persona no puede conocer cuáles son sus beneficiarios. De ello tengo una serie de ejemplos...

SRA. CÉSAR Este proyecto no dice quiénes son beneficiarios. Lo único que tendría que decir es...

SR. BAELO Discúlpeme, diputada, quizá no lo leí bien.

SRA. CÉSAR Lo único que puede informar la Superintendencia es si la persona es beneficiaria o no. Nada más que eso.

SR. BAELO Justamente, ese es el tema que no nos gusta. Usted viene y yo le digo: "Este señor tiene seguro", y a usted le doy un certificado pero no es beneficiario...

- Varios participantes hablan a la vez.
SRA. CÉSAR El certificado no le va a decir quién es el beneficiario...

- Varios participantes hablan a la vez.
SR. BAELO Además, técnicamente para el caso del beneficiario, cambia sobre todo en los seguros colectivos.

Tiene algunos aspectos técnicos. En todo caso, si la señora diputada lo desea puedo entregarle un trabajo con algunas observaciones respecto de este tema.

SRA. CÉSAR Se lo agradezco, licenciado Baelo.

Si me permite quiero decir lo siguiente. Soy abogada y siempre me he ocupado de la parte previsional. Las viudas y las convivientes, por ejemplo, nunca saben si el fallecido contaba con un seguro y tampoco tienen manera de saberlo, ya que las compañías de seguros jamás notifican a los familiares.

Entonces, nuestra propuesta es que haya un registro público.

SR. BAELO Coincido totalmente con usted, señora diputada, pero el problema es dónde ponemos a los beneficiarios.

SRA. CÉSAR Como la Superintendencia de Seguros de la Nación todavía no cuenta con un registro, proponemos su creación para que el beneficiario -el cónyuge o los causahabientes- no pierda el seguro. Porque puedo afirmar que lo pierden, licenciado Baelo. Como dije antes, siempre he atendido temas previsionales y veo cómo se pierden estos seguros, ya que el beneficiario tiene un año para reclamarlo.

SR. BAELO Por otro lado, debemos tener en cuenta que estamos hablando de aproximadamente 20 millones de registros mensuales. O sea que es una situación compleja. Una vez que todo está armado no hay problema, pero el volumen de registros es muy importante.

SR. PRESIDENTE BORSANI Para los legisladores, y sobre todo para el trabajo de los asesores, sería muy útil que desde la Superintendencia de Seguros de la Nación nos hagan llegar información sobre este tema.

Debemos tratar de imaginar el funcionamiento de este registro para cerciorarnos de que será efectivo; es decir, para que la Superintendencia de Seguros de la Nación pueda controlarlo y sea imposible que las compañías dejen de aportar datos. Por ejemplo, no se debería permitir la emisión de una póliza de seguro si no se hace la correspondiente inclusión en el registro. Además, la gente debería tener la posibilidad de consultarlo fácilmente por Internet.

Tiene la palabra el señor diputado Beccani.

SR. BECCANI Señor presidente: como está presente una de las autoras del proyecto -que me parece bueno- no quiero aparecer como su intérprete, pero me parece que el objetivo no es la confección de un registro que diga si la persona es beneficiaria de un seguro. La idea es que se pueda saber si el fallecido estaba asegurado a fin de que una persona pueda realizar el correspondiente reclamo ante la compañía de seguros.

SR. PRESIDENTE BORSANI Tiene la palabra la señora diputada César.

SRA. CÉSAR Señor presidente: coincido con el señor diputado Beccani.

Por supuesto que eximimos a la Superintendencia de Seguros de la Nación de cualquier responsabilidad. Lo único que debería hacer es suministrar los datos; nada más. Luego el asegurado, el beneficiario, el derechohabiente o quien sea se arreglará con la compañía de seguros. Lo importante es que el seguro no se pierda.

Hace un tiempo -cuando ya tenía listo este proyecto de ley- hablé del tema con el señor Alberto Fernández, quien tiene experiencia en estas cuestiones, y coincidió conmigo en que los seguros colectivos de vida habitualmente se pierden.

Varios participantes hablan a la vez.
SR. BAELO Si se me permite quiero comentar lo siguiente.

Respecto de los seguros de vida -fundamentalmente de los colectivos, que son los que tienen todos los trabajadores en relación de dependencia-, desde hace un año estamos confeccionando un registro, que estará listo en aproximadamente dos meses, a partir del cual cualquier trabajador podrá saber, con su documento de identidad, si está asegurado y, en caso afirmativo, en qué compañía. Es un registro que hasta el momento está formado por 4 millones de trabajadores que cuentan con un seguro colectivo de vida.

Estamos totalmente de acuerdo con el proyecto de la señora diputada César. Tanto es así que, como dije antes, en aproximadamente dos meses estará listo un registro para los seguros colectivos de vida obligatorios, que son los que tienen los trabajadores en relación de dependencia.

SRA. CÉSAR Salvo los desocupados, todo el mundo lo tiene.

SR. BAELO Están excluidos los trabajadores rurales y algunos sectores gubernamentales.

SR. STELLA Los Estados provinciales, por ejemplo.

SR. BAELO Exactamente. De los 5,5 millones de trabajadores, tendremos un registro con 4 millones aproximadamente. O sea que coincidimos con el espíritu del proyecto. Desde la Superintendencia de Seguros de la Nación no tenemos inconveniente alguno en armar este registro, aunque tal vez nuestra mayor colaboración estaría en la forma de gestionarlo. Tengamos en cuenta que es un proyecto de gran envergadura.

En su momento quisimos incorporar al beneficiario en el registro, pero nos fue imposible porque no se informan los cambios, hay modificaciones cuando se produce el siniestro, etcétera. Si los señores diputados lo desean, podemos hacerles llegar un documento con los inconvenientes que se nos presentaron.

Estamos totalmente de acuerdo en el meollo de la cuestión. De hecho, dentro de unos dos meses con sólo introducir el número del documento de identidad se podrá saber si una persona está asegurada.

SRA. CÉSAR Cuando una persona fallece, quienes no saben si había un seguro son los familiares.

SR. BAELO Los familiares pueden ingresar al registro con el número del documento de identidad de quien falleció y averiguarlo. Si son beneficiarios o no tendrán que discutirlo con la compañía de seguros. Como bien me acotan aquí, pueden encontrarse con grandes sorpresas.

SR. GODOY (J.C.L.) Si no entendí mal, el registro propuesto por la Superintendencia de Seguros de la Nación estaría listo en aproximadamente dos meses. Pero en éste supongo que habría problemas de gestión, porque tendría que elaborar...

SR. BAELO Si me disculpa, señor diputado, lo que ocurre es que nuestro registro es parcial. En cambio, el que propone la señora diputada César es más abarcativo porque incluye todos los seguros de vida. Podría haber alguna cuestión, por ejemplo, con los seguros de vida previsionales. La iniciativa plantea que serán registrados a partir de determinada fecha, pero como son seguros de largo tiempo pueden quedar fuera si no son cargados en forma inmediata.

SRA. CÉSAR Si se me permite, quiero pedir al licenciado Baelo que nos haga llegar todas estas observaciones para que podamos analizarlas y tengamos más elementos para mejorar el proyecto. Incluso, luego podríamos acercarle nuestro trabajo a fin de que lo considere.

SR. BAELO Con mucho gusto, señora diputada. Sobre la base de esta iniciativa elaboraríamos otro proyecto que contemple, por ejemplo, aspectos de gestión. Después se lo acercaríamos para que lo analice. Siempre estamos dispuestos a debatir.

SR. PRESIDENTE BORSANI La Presidencia entiende que asesores de la comisión podrían ponerse en contacto con asesores de la señora diputada y de la Superintendencia de Seguros de la Nación para avanzar en el tema y elaborar una propuesta que luego sería analizada por los miembros de la comisión.

En términos generales, la idea está aceptada y todos tenemos interés en que siga su curso. En su momento discutiremos acerca de la redacción del proyecto.

Tiene la palabra el señor diputado Stella.

SR. STELLA Señor presidente: pienso que este tema guarda relación con el que tratamos al inicio de la reunión sobre la cultura del seguro. Sería interesante sancionar una ley a la cual las provincias puedan adherir; recordemos que cada una cuenta con un instituto que garantiza, de alguna manera, los seguros colectivos de vida de los empleados provinciales.

Una cultura relacionada con la garantía del seguro y con la posibilidad de que todo el mundo entienda cuál es su responsabilidad social, también implica el cumplimiento de normas principalmente de parte del Estado.

Digo esto porque conozco el incumplimiento que existe en cuanto a algunas cuestiones que hacen, por ejemplo, a los seguros de las ART provinciales. O sea que se establecen por una cantidad de empleados públicos presuntos pero todavía no se ha logrado que las nóminas de trabajadores fijen fehacientemente quiénes son los que están incorporados. Estamos hablando de cientos de miles de empleados públicos asegurados en estas condiciones.

En consecuencia, lo que plantea la señora diputada es tan importante que puede establecer un punto de inflexión a partir del cual se comiencen a cumplimentar las leyes, aun para aquellos que son paquidermos y que se consideran en condición de incumplimiento porque no pueden, y es mentira que no pueden.

La ART del Banco Provincia asegura a 350 o 400 mil personas del Estado provincial sin nombre y apellido y, a su vez, esta cuestión importante está relacionada con el primer proyecto que hoy tratamos sobre la implementación de una cultura en la que cada uno sepa cuáles son las obligaciones que tiene y cuáles son sus derechos.

Nosotros tenemos que trabajar en este proyecto y debemos aprobarlo porque de esa forma se va a establecer un punto de inflexión a partir de cual cada uno va a saber qué es lo que le corresponde y pueda exigirlo, sea quien sea, desde una empresa privada hasta una organización pública o descentralizada. Estamos trabajando sobre una cuestión sumamente importante, lo acabo de descubrir ahora.

SR. DOMÍNGUEZ Quiero comentar que ese problema no sólo se da a nivel provincial sino también con los seguros colectivos de los sindicatos donde también se asegura una masa innominada. Este es uno de los problemas que vemos y por eso compartimos el espíritu de su proyecto.

SR. PRESIDENTE BORSANI Queda claro, entonces, cuál es el trámite que vamos a seguir con el tema.

A continuación en el temario figura para ser tratado un proyecto de declaración pero el tenor y las características que tiene hacen que sea una iniciativa muy importante porque tiene que ver con las compañías de seguro que no están otorgando cobertura a los vehículos antiguos, especialmente aquellos anteriores a 1980. Entonces, queremos conocer qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se piensa hacer y cómo se está avanzando con esta cuestión.

SR. BAELO Uno de los primeros temas es el de la ley. Las compañías no están obligadas a tomar un riesgo que no quieren, pueden establecer libremente cuál riesgo tomar y cuál no. Pero voy a ver la cuestión desde otro punto de vista, es decir, olvidémonos de las compañías aseguradoras. Vamos a ver qué son estos autos que circulan con más de veinte años, porque no es del todo cierto que las compañías no los aseguren, hay algunas compañías de plaza que no toman estos vehículos, tienen una política de suscripción y no toman vehículos antiguos o taxis, pero hay otro tipo de compañías que no tienen problema si estos autos vienen con la Verificación Técnica Vehicular.

Resulta que si bien casi todas las provincias han adherido a esta ley, no todas la tienen y hay un problema que yo no puedo resolver y es el siguiente. Las compañías le piden la Verificación Técnica Vehicular aprobada y cuando el dueño del auto va a hacerla le piden el seguro y no salen de ahí. Para la revisión técnica le piden el seguro y en la compañía aseguradora, creo que ese sería el criterio, le piden que el auto tenga verificación técnica vehicular.



Este es uno de los primeros escollos que encuentro cuando quiero trabajar sobre esto, y tengo varias denuncias de asegurados que me dicen que no les revisan el auto porque no tienen seguro.

SR. PRESIDENTE BORSANI ¿Existe obligatoriedad a nivel nacional en relación con la Verificación Técnica Vehicular?

SR. BAELO Está en la ley de tránsito.

SR. STELLA También lo establece la reglamentación. O sea que nosotros no podríamos modificar esto para determinar que primero se haga la Verificación Técnica Vehicular y luego se asegure el vehículo.

SR. PRESIDENTE BORSANI Pero tomarlo sigue siendo facultativo de las compañías de seguro.

SR. BAELO Pero creo que no se puede obligar...

SR. PRESIDENTE BORSANI En definitiva, doctor, creo que debería ser una ley la que obligue.

SR. BAELO Es que si nosotros sacamos otra ley es como la ley obligatoria...

SR. PRESIDENTE BORSANI Es que aquí nosotros tenemos un tema concreto, que es un proyecto de declaración por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga las medidas necesarias para que las compañías de seguros otorguen cobertura. Es decir, le aconseja que sea imperativo en esto. Ahora bien, si usted es en definitiva el responsable del área del Poder Ejecutivo, aquí no tendríamos que estar trabajando en un proyecto de declaración sino en uno de ley, independientemente de lo que nos pueda sugerir.

El tipo de ordenamiento legal debería ser una ley, o el Ejecutivo está facultado en esto para obligar a las compañías de seguro a que aseguren a los vehículos que tengan una antigüedad superior a los veinte años...

SR. BAELO Todos los autos deberían estar asegurados. La ley ya está, no se cumple y no tengo manera de hacerla cumplir.

Por eso, el espíritu es discutir y tratar de construir. Pero si yo le dijera, para tratar de sacarme la responsabilidad de encima, que lo que ustedes me tienen que dar es una ley, entonces les estoy mintiendo porque vamos a tener la norma y no vamos a lograr que se cumpla porque el propio dueño de ese vehículo ni siquiera va a asegurarlo.

Yo ya me quité la responsabilidad de encima porque ya hice la ley, pero como después tengo que controlar su cumplimiento sigo teniendo el mismo problema. Si usted busca a uno de los responsables de que el 40 por ciento del parque automotor no esté asegurado, ése soy yo, porque yo también tengo que trabajar sobre el contralor de estos vehículos. Puedo responsabilizar también a la policía, pero en definitiva es el Estado quien debe controlar y yo soy parte de él.

Lo que quiero decir es que una ley estaría contenida en la otra porque todos deberían tener seguro. Entiendo cuál es la cuestión. Ustedes me dicen que la problemática viene porque las compañías de seguros no aseguran...

SR. PRESIDENTE BORSANI Una cosa es que el señor no quiera asegurar el auto -en ese caso, está incumpliendo la norma-, y otra es que vaya a asegurar su vehículo y ninguna compañía quiera tomarlo.

SR. BAELO Vamos a buscar la solución a ese tema. Esto sucede en todos los países.

Hay cosas no asegurables. Existen vehículos que técnicamente no pueden caminar por las calles, tienen cierta edad, ya los frenos no funcionan bien, no pueden subir a una autopista porque no pueden circular a más de 50 kilómetros por hora, es decir, ya no pueden cumplir con las normas. Entonces, técnicamente hay autos que no están en condiciones de circular y difícilmente la solución para ellos sea asegurarlos. Pero hay otros que están en condiciones de hacerlo y no encontramos quién los asegure.

¿Cómo se resuelve este tema en los países desarrollados? El Estado arma lo que se llama una bolsa de seguros obligatorios y fija la prima. O sea que las compañías aseguran obligadamente esto y le dicen al Estado: "Señor, le aseguré este auto pero por cuenta suya". Esto va en estos famosos fondos -por eso hay que ver hasta dónde pueden llegar-, y el Estado controla el resultado de estas operaciones.

Ahí no van a parar sólo los autos que no pueden ser asegurados -como el caso de autos especiales- sino también aquellos conductores que no quieren ser asegurados.

Hay personas a las que ninguna compañía quiere dar un seguro; pero necesitamos que lo tengan, porque pueden chocar contra otra persona y dejarla sin cobertura.

Este problema se da en todo el mundo, y hay países como España y Francia donde el Estado administra un pequeño fondo para atender estas cuestiones. En la Argentina esto se ha transformado en un problema muy grande, ya que el 40 por ciento del parque automotor no está asegurado.

Son pocas las personas que circulan con autos técnicamente inviables. Entonces, si además resolvemos el problema de la revisión técnica vehicular no serán tantas las personas a las que las compañías no quieran otorgar un seguro.

SR. PRESIDENTE BORSANI Tal vez tendríamos que tomar en cuenta la legislación comparada para tratar de encontrar una solución al problema.

Tiene la palabra el señor diputado Godoy.

SR. GODOY (J.C.L.) Señor presidente: pienso que no se puede obligar a una compañía aseguradora a hacer algo que la legislación actual no contempla.

Como bien lo manifestaba el licenciado Baelo, en el interior del país -sobre todo en los pueblos chicos- es muy difícil que no se asegure un bien. Aunque el bien sea viejo, lo aseguran igual.

La cuestión -esto lo digo desde un punto de vista técnico- es que las primas deberían ser diferentes, porque no es lo mismo un auto sin ningún tipo de seguridad con el que en cualquier momento se puede atropellar a alguien que un auto cero kilómetro. Si las primas fuesen diferentes, como deberían serlo, no habría problema alguno en contratar un seguro. Ahora bien; también es cierto que nadie con un auto de hace treinta años está en condiciones de pagar una prima. O sea que estamos ante un círculo vicioso.

Como lo expresara el señor superintendente, en Estados Unidos hay empresas que otorgan seguros a gente que es rechazada en todas las compañías aseguradoras. Pero esa prima, señores diputados, tiene un costo... No olvidemos que en los Estados Unidos, no poseer carné de conductor equivale a una lápida; entonces, a esa gente le dan una cobertura cuyo costo es enorme. Son las reglas del mercado.

Por lo tanto, en este tema no sólo es importante la legislación comparada sino también el cumplimiento de las propias leyes argentinas. ¿Cómo es posible que estemos hablando de difundir la cultura del seguro y haya provincias que no adhieren a la normativa vigente?

Tengo en mi poder un proyecto de declaración por el que se declara el estado de emergencia del sistema vial, ya que la cantidad de accidentes es enorme. Justamente, hoy me llamaron de un diario para preguntar si había alguna estadística respecto del número de accidentes en la ruta 14. Días atrás murió un chico de mi pueblo; fue tanta la gente que el lunes de la semana pasada, que fue feriado, se movilizó de Entre Ríos a Buenos Aires que un auto se salió de su carril y lo mató.

¿Cuál es el problema en este caso? ¿La educación? ¿La prevención? Esto no se puede solucionar sólo con una ley, mucho menos cuando las provincias no adhieren.

SR. PRESIDENTE BORSANI Tiene la palabra la señora diputada De la Rosa.

SRA. DE LA ROSA Señor presidente: luego de escuchar al señor diputado Godoy me pregunto: ¿no hay un programa nacional de prevención? En Formosa, por ejemplo, cuando miro televisión veo que cada dos o tres propagandas aparece una sobre prevención vial que forma parte de un programa no provincial sino nacional.

Si no me equivoco hay una comisión federal que se desempeña muy bien y permanentemente celebra reuniones en las distintas provincias. Es un buen programa y veo que está funcionando. No sé por qué no ocurre lo mismo en Entre Ríos, pero existe un plan de prevención vial; no es que no hay nada.

Hechas estas consideraciones, me gustaría formular una pregunta acerca de los vehículos que nadie quiere asegurar. Como bien se dijo en esta reunión, en el interior de nuestras provincias existen muchas familias que se movilizan con ese tipo de vehículos y que deberían tener un seguro.

De acuerdo con la legislación actual, si un individuo tiene un automóvil viejo y cumple con la revisión técnica vehicular, las compañías ¿están obligadas a asegurarlo?

SR. BAELO No, señora diputada. Las compañías no están obligadas a asegurarlo. No olvidemos que son empresas y hacen su negocio. De todas maneras, por lo menos en el interior del país, si el vehículo cumple con la revisión técnica vehicular seguramente conseguirá una cobertura. Es difícil que lo rechacen, pero obligadas a aceptarlo no están. Pueden seleccionar a quien quieran.

SRA. DE LA ROSA Eso es discriminatorio.

SR. STELLA Lo es. Sobre todo en el Gran Buenos Aires, la mayoría de los automóviles robados son autos viejos. El mercado de los desarmaderos está vinculado con el robo de vehículos muy usados o antiguos que son desguasados y sus repuestos, vendidos clandestinamente.

Hago el comentario porque muchas compañías, además de los accidentes y de la verificación técnica vehicular, tienen gravísimos inconvenientes con el robo de automóviles viejos -cuando digo "viejos" me refiero a aquellos que tienen mucho uso- porque son el componente principal del mercado de vehículos desguasados y de la venta de repuestos. Reitero que esto se advierte claramente en el Gran Buenos Aires, donde hay un importante mercado clandestino de repuestos usados.

SR. BAELO Lo que manifiesta el señor diputado Stella es cierto, pero también lo es que a partir de la acción llevada adelante contra los desarmaderos bajó muchísimo el robo de automotores.

Hay otras cuestiones. Primero, sobre todo en el Gran Buenos Aires hay autos que no sólo no pueden ser asegurados sino que directamente no deberían circular. Muchos de ellos ni siquiera fueron repatentados; entonces, si bien están circulando -aunque legalmente no deberían hacerlo- las compañías no los pueden asegurar. El repatentamiento de esos vehículos, que conforman una cantidad importante, todavía no se resolvió.

Segundo, habría que hacer algunos estudios respecto del tema de la transferencia.

Tercero, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no ha adherido a la revisión técnica vehicular pese a que posee el segundo parque automotor del país.

Todos estos temas son de suma trascendencia y merecen ser analizados.

El señor diputado Godoy señalaba que en el interior difícilmente se le niegue el seguro a un auto que está bien cuidado, por más que sea viejo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde todos somos desconocidos, es diferente, y probablemente las voces de rechazo al aseguramiento de ese tipo de vehículos provengan de la propia ciudad pese a que ni siquiera ha adherido a la revisión técnica vehicular.

SR. PRESIDENTE BORSANI Tiene la palabra el señor diputado Godoy.

SR. GODOY (J.C.L.) Señor presidente: comparto las expresiones de la señora diputada De la Rosa. Se están llevando adelante varias acciones desde hace mucho tiempo, pero lamentablemente, como se requiere la adhesión de las provincias hay aspectos que tal vez no están funcionando. Por eso creo que en este punto hay un problema grave que debe ser resuelto.

Luego la señora diputada habló de discriminación. Puede ser que la haya, pero no debemos olvidar que como en toda actividad, las aseguradoras son empresas que tienen una ecuación patrimonial a cumplir y que el otorgamiento de seguros a este tipo de vehículos puede significarles una complicación.

Quizás en nuestro país se debería hacer lo mismo que en otras partes del mundo respecto del rol que asume el Estado para evitar que alguien quede sin seguro. Tal vez la empresa no lo puede hacer porque es pequeña, entonces imaginen una empresa pequeña del interior en la que quiere asegurarse un camión viejo y donde además el reasegurador le hace problema. Como no puede ser que se quede sin seguro, ahí me parece que viene la participación del Estado.

Voy a comentar un ejemplo que constituye un extremo opuesto a lo que acabo de decir y es el caso del atentado de las torres. Allí salió el Estado, en Europa y también en Estados Unidos, como último asegurador porque era tan grande la catástrofe que las empresas no iban a poder aguantarlo. Ya era una cuestión de ecuación patrimonial, puede ser pequeña o grande, pero hay catástrofes en las que si el Estado no brinda solución, no existe otra cosa. Se trata de no discriminar y de que se cumpla con un sentido social.

SRA. DE LA ROSA Estoy escuchando atentamente lo que se está conversando y considero sumamente importante hablar de las legislaciones comparadas de otros países. Es cierto, creo que si el seguro es importante y tiene que ver con la vida humana de esta forma se constituye una discriminación hacia los sectores o individuos que menos tienen o que no pueden comprar autos nuevos.

Entiendo también la cuestión de mercado, son empresas, y en ese sentido pueden no tomar el seguro, pero acá estamos discutiendo otro proyecto y estamos hablando de un programa para que la gente entienda el sentido y la importancia de un seguro. Ahora bien, si ideamos un programa millonario para que la gente entienda pero el abuelo que tiene un auto o el tío que tiene un campo no pueden asegurar sus bienes, creo que hay algo que está fallando; estas son cosas que hay que analizar con seriedad.

SR. PRESIDENTE BORSANI Tiene la palabra el señor diputado Godoy.



SR. GODOY (J.C.L.) Decía el superintendente que hay una estadística que demuestra que el 40 o el 50 por ciento de los autos no está asegurado. Estoy convencido de que si esos vehículos se aseguraran bajarían notablemente las primas porque éstas las calculan los actuarios y no alguien que dice: "A vos te vendo en tanto y a Fulano en tanto", son primas actuariales y si hay una actividad basada en lo actuarial es precisamente el seguro. No se trata de una contradicción, en la medida que se incorpore más gente al aseguramiento entiendo que va a ser mucho más barato, contrariamente a lo que ahora existe, y mucho más social porque todo el mundo podría acceder a él. Ahora bien, debe existir una promoción y una búsqueda de soluciones alternativas, incluso con participación del Estado.

Recién la señora diputada se refería al INDER, yo lo añoro en el sentido de que hemos perdido un patrimonio nacional. Tiene que ver con mala administración, con muchas cosas, pero quizás hay que recuperarlas por otra vía. Por ejemplo, toda esa plata hoy se va al exterior, como también expresaba el licenciado Baelo. Estamos perdiendo de distintas maneras y entonces los que quedan se defienden como gato panza arriba; esto es difícil de pasarlo a la versión taquigráfica pero creo que los números hoy no le cierran a las empresas como para sobrevivir con alegría.

SR. DOMÍNGUEZ Quiero hacer un comentario con respecto a los vehículos viejos y a la problemática de la prevención vial.

Un vehículo de varios años es más proclive a tener un siniestro y esto viene a cuenta porque hoy casualmente tuve una consulta de un asegurado que llamó a la Superintendencia diciendo que no le aseguraban un camión modelo 46, que había comprado para trasladar fruta desde Zárate al Mercado Central. Le pregunté si el vehículo estaba habilitado y me contestó que no. Le dije si estaba a nombre de él y me contestó que no. Le pregunté si estaba repatentado y me dijo que no. Lo había comprado y quería usarlo para llevar fruta pero no podía salir a la ruta en esas condiciones.

SRA. CÉSAR Nosotros teníamos una reunión de bloque a las 19 horas, es decir que estamos excedidos en casi una hora. Además, he tenido que faltar a otra reunión de comisión.

Personalmente, quería agradecer la presencia del superintendente y de quienes lo acompañan por habernos escuchado y por haber hecho aportes a mi proyecto personal, aunque también tengo que pedirles disculpas porque debo retirarme.

SR. PRESIDENTE BORSANI Acabamos de cumplir con el tratamiento de nuestro temario y con satisfacción hemos analizado cada uno de los puntos.

Agradecemos la presencia del licenciado Baelo y de sus colaboradores. Ha sido ésta una reunión muy productiva, dinámica, ágil. Hemos ido abordando cada uno de los temas, algunos ya con una idea clara de cómo resolverlos. De modo que la cuestión está encaminada como para que cada uno de los proyectos vaya avanzando -algunos con distinta velocidad-, pero ya tenemos una clara idea de lo que piensan respecto de estos temas el Poder Ejecutivo y cada uno de los legisladores.

Nos resta ahora hacer tarea de gabinete en el ámbito de asesores a fin de contar con la información necesaria. Creo que hemos dado un avance muy importante en lo que se refiere a seguros aquí en la comisión.

Esta Presidencia informa a los señores diputados que la comisión volverá a reunirse dentro de quince días para considerar temas vinculados a cuestiones aduaneras. Inclusive, al respecto ya hay una preferencia pedida con despacho de comisión.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión.

- Es la hora 19 y 51.