Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos que resulten competentes, se sirva informar a esta Honorable Cámara acerca de los siguientes interrogantes, que guardan relación con los controles efectuados respecto del tráfico ilegal de estupefacientes y precursores químicos a través de la "Hidrovía Paraguay Paraná":

1) Cómo está compuesta la dotación de personal afectada a las referidas actividades de control, precisando la distribución de personal por dependencias;

2) Cuáles son los recursos materiales puestos a disposición para llevar adelante dichas funciones de auditoria;

3) Indique si existen ámbitos permanentes de discusión, colaboración y coordinación conjunta entre las distintas fuerzas o poderes del Estado que comparten el espacio jurisdiccional (AFIP, Prefectura Naval, Policía Federal, etc.) a los fines de desarrollar un eficiente control;

4) Indique si existen tareas de coordinación efectiva entre las Aduanas de los países firmantes del acuerdo de Hidrovía, con el objeto de garantizar una adecuada vigilancia del tránsito fluvial;

5) Indique si actualmente el PEN cuenta con un sistema de seguimiento de barcazas, buques y demás tipo de embarcaciones que circulan por la Hidrovía Paraná-Paraguay.

6) Informe sobre la totalidad de sumarios y denuncias practicados durante los años 2009 y 2010, vinculados al tráfico ilegal de drogas y el desvío de precursores químicos destinados a la elaboración de estupefacientes;

7) En relación al punto anterior, detállese la totalidad de expedientes en trámite ante la Justicia Federal sobre los delitos constatados a los que venimos haciendo referencia;

8) Informe si el Estado Nacional cuenta con estadísticas actualizadas acerca del comercio ilícito de estupefacientes y precursores químicos en la Hidrovía. En caso afirmativo sírvase remitir testimonio escritos de las mismas.

9) Indique por qué motivo no se ha procedido a reglamentar la Ley 24.385 sancionada y promulgada en el año 1994.

10) Cualquier otra información que a vuestro criterio sirva al presente.

Señor presidente:

La Hidrovia Paraguay-Paraná -que se extiende desde Puerto Cáceres, perteneciente a Brasil en el extremo norte y Puerto Nueva Palmira, perteneciente a Uruguay en el extremo sur- es la principal vía fluvial de la Argentina y una de las más importantes de todo el mundo. A través de la misma circula diariamente una vasta cantidad de barcos de gran calado que transportan productos y mercaderías de gran significado económico. Ello la transforma en un recurso estratégico, no sólo para los puertos y productores de la llamada Cuenca del Plata, sino fundamentalmente para la propia economía nacional, en tanto de allí surge la provisión de divisas con más peso en el balance de nuestro comercio exterior. Es preciso agregar que este importante sistema fluvial es compartido por nuestro país, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, circunstancia que lo erige como un elemento de integración física y económica de toda la región sur del continente.

Sin embargo, la Hidrovia Paraguay-Paraná, es al mismo tiempo un ámbito propicio para que operen las organizaciones vinculadas con el tráfico ilícito de estupefacientes, en la medida en que este importante corredor hídrico, por su conexión con el Atlántico, es una vía de acceso directo al resto del mundo. De este modo permite a quienes se dedican al comercio ilegal de narcóticos acceder al mercado europeo.

El extremo señalado precedentemente obliga al Gobierno Nacional a adoptar las medidas necesarias para reducir las ventajas comparativas que la hidrovia ofrece al delito organizado, como es el caso del narcotráfico. Debemos tener presente que este último constituye, al decir de Marcelo Fabián Sain (1) , "una de las problemáticas criminales más complejas e intrincadas en el mundo moderno" y en la actualidad se ha transformado en "una de las empresas criminales más desarrollada del mundo".

Pese a ello, las conclusiones arrojadas por un informe realizado por la Auditoría General de la Nación, lamentablemente reflejan las enormes dificultades que tiene nuestro país para efectuar los controles necesarios en el ámbito de la hidrovia. En tal sentido el informe señala: "Escaso control aduanero sobre los tránsitos exterior-exterior por la vía fluvial a través de la Hidrovía, inadecuada dotación y capacitación del personal para responder a las necesidades cambiantes de la operatoria comercial y regional, subutilización de los sistemas informáticos y de equipamiento necesario, debilidad de control en el sistema de tránsito de buques y barcazas y de trasbordos y problemas en la coordinación con las Aduanas de los países vecinos..." (2)

Entre las observaciones más importantes formuladas por la AGN podemos enumerar las siguientes:

- "Existen limitaciones para controlar los convoyes de barcazas o los buques en general...","... la Dirección General de Aduanas no posee medios propios adecuados para este tipo de operativos (lanchas rápidas u otro tipo de embarcación)"

- La detección de diferencias en el pesaje o en la medición por "draft survey" (control por calado de la carga de barcos), también presenta dificultades en las barcazas. Estos son otros de los indicios posibles para hacer viables las eventuales denuncias y el ejercicio del control aduanero. Tal situación se produce tanto por la inexistencia de normativa explícita al respecto, como por la ausencia de medios a disposición de la DGA para llevarlas adelante"

- "No hemos obtenido evidencias, en el período bajo análisis, de la existencia de coordinación efectiva entre las Aduanas de los países firmantes del acuerdo de Hidrovía para el control de los tránsitos fluviales"

- "Los Administradores de las Aduanas compulsadas manifestaron que el plantel "aún no es suficiente" para el cumplimiento eficaz de la tarea aduanera"

- "No existe a través del SIM un sistema de seguimiento de barcazas que circulan por la Hidrovía Paraná- Paraguay."

Un párrafo aparte merece la falta de reglamentación de la Ley 24.385, sancionada y promulgada en el año 1994, por la cual el Congreso Argentino aprobó el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovia Paraguay- Paraná y Protocolos Adicionales, que establece derecho y obligaciones en ese ámbito.

Tal omisión, como bien lo señala el informe de la AGN, genera "un vacío normativo en materia de operaciones que cursan por la Hidrovía. El Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía no se encuentra reglamentado, por lo que es prácticamente inaplicable. Esta circunstancia hace imposible que el Servicio Aduanero pueda ejercer un control eficiente" (el subrayado me pertenece)

Es inadmisible que a 16 años de sancionada la ley, aún no se haya dictado su respectiva reglamentación. Insistimos en que tal postergación trae aparejado un enorme perjuicio en la medida en que no es posible contar con regímenes de garantías y sancionatorios aplicables en el ámbito de la hidrovia.

La lucha contra el narcotráfico exige la adopción de políticas de Estado orientadas a reducir las enormes ventajas comparativas que nuestro país ofrece, tales como cercanía a países productores de estupefacientes como Bolivia, Perú y Colombia, extensas fronteras que dificultan los controles estatales, presencia de un polo industrial que permite a los narcotraficantes hacerse de precursores químicos vitales para la síntesis de drogas. Sin embargo vemos con preocupación que no se adoptan las medidas necesarias a tal fin.

En este sentido debemos señalar que tampoco se ha reglamentado aún la ley 26.045 -que crea el Registro Nacional de Precursores Químicos- sancionada y promulgada en el año 2005; no se ha dado cumplimiento al plan de radarización del Espacio Aéreo Argentino; no se actúa en materia de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.

El presente pedido de informes está orientado a requerir la información relacionada a los controles practicados en el ámbito de la hidrovia Paraná-Paraguay, señalada por especialistas como la ruta que siguen los narcotraficantes para ingresar estupefacientes en el continente europeo.

Por los motivos expuestos solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento y posterior aprobación del presente proyecto de resolución.