Citar a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a fin de que informe y responda todo lo relativo al operativo "Febrero blanco" y a la intervención de su Ministerio en relación al narcotráfico en el Norte de la provincia de Salta. Así mismo, de explicaciones sobre el rol de la Gendarmería en la zona y explique las razones por las cuales los funcionarios involucrados en la causa que investiga narcotráfico podían superar los controles que esta fuerza de seguridad tiene como responsabilidad en las rutas del Norte.

En el mismo sentido, se informe sobre el operativo en que es detenido un funcionario provincial con 50 kg de cocaína, a bordo de un vehículo de la Dirección de Compras y Suministros del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, en las cercanías de Clorinda.

Señor presidente:

En un operativo reciente denominado "Febrero blanco" fueron incautados más de 200 kilos de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos satelitales y sistemas de posicionamiento global. La cocaína estaba siendo transportada en un camión que fue detenido en la provincia de Chaco. Todos estos elementos pertenecían a una banda liderada por el concejal de Salvador Mazza, provincia de Salta, Mauricio Gerónimo, quien aún se encuentra prófugo de la Justicia.

En el caso se encuentra detenido el presidente del concejo deliberante de la mencionada localidad, Alejandro Maurín, que según los indicios que obran en el expediente de la causa, a cargo del fiscal federal Luis Benítez, él y su hermano, Rubén Maurín, habrían tenido el objetivo de transportar la cocaína hasta un puerto. Además, Rubén Maurín habría sido quien compró el camión en el que fue secuestrada la droga. Alejandro Maurín fue destituido recientemente por el Concejo, pero lo grave es que en su reemplazo estaría la concejal Lucía Ibáñez, implicada también en un caso de narcotráfico, por el cual estuvo detenida durante ocho meses.

El escándalo involucra, además, a la suplente de Mauricio Gerónimo, María Ramos, quien debe asumir en abril en su reemplazo, a partir de la expulsión resuelta recientemente por el concejo deliberante de Salvador Mazza, bajo los motivos de "omisión en el desempeño de sus deberes, inhabilidad e indignidad". Hace unos años atrás, Ramos estuvo detenida 14 meses en la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, acusada por tráfico de drogas, aunque luego fue sobreseída. Ramos fue candidata en tercer lugar en la lista 41 del Frente Grande. Por otro lado, Mauricio Gerónimo se encuentra prófugo y con pedido de captura internacional.

Todos los involucrados fueron electos en listas que acompañaron la candidatura del gobernador Juan Manuel Urtubey. Gerónimo y Maurín eran socios políticos del intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, quienes integraron una alianza con el Frente para la Victoria, a través de sublemas.

Se dice que Gerónimo hacía valer su condición de concejal para evadir los controles que existen en las rutas del norte.

Entonces corresponde preguntar a la ministra: ¿Esos controles se evadían por el solo hecho de ser concejal? ¿Existían vínculos políticos de peso provincial que se utilizaban para evadir estos controles? ¿Cómo logró este sujeto sortear durante algún tiempo los controles de la gendarmería? ¿Qué papel ha jugado en esas evasiones la mencionada fuerza?

El camión que transportaba la droga, y que aparentemente fue comprado por Rubén Maurín, según trascendió en las noticias, figura a nombre de Ernesto Aparicio. Para información de los señores diputados este dato es muy importante.

Ernesto Aparicio fue diputado provincial por el departamento San Martín, al cual pertenece el municipio de Salvador Mazza. Durante su último mandato, en el año 2006, fue denunciado por una pequeña productora de la zona, Liliana Ledesma, de impedir el paso de pequeños productores ganaderos y sus animales por los caminos vecinales en la zona de frontera. Ledesma denunció que esto facilitaba las actividades ilícitas de Aparicio, al cual se lo vinculaba al narcotráfico. A los pocos días de haber realizado las denuncias en la Cámara de Diputados de Salta, el 21 de septiembre de 2006, Liliana Ledesma aparece asesinada y con cortes en su boca en un claro mensaje mafioso.

Como consecuencia de lo descripto en el párrafo anterior, el bloque de diputados provinciales del Partido Obrero, integrado por quien suscribe, Pablo López, y por los diputados Patricia Poblete y Claudio Del Plá, presentamos un proyecto para que se constituya una comisión investigadora a fin de que analice las responsabilidades de Aparicio en ese brutal asesinato. Las mociones de tratamiento de nuestro proyecto fueron sistemáticamente rechazadas, principalmente por el bloque del Partido Justicialista, que por ese entonces presidía el actual diputado nacional Pablo Kosiner, y que respondía de manera directa al ex gobernador Juan Carlos Romero. Finalmente Aparicio renunció a su banca con la aceptación de todos los bloques políticos a excepción del bloque del Partido Obrero que exigió nuevamente que se abriera una investigación parlamentaria para desentrañar el entramado mafioso que evidentemente alcanzaba (ya en aquel tiempo) a todas las instituciones del Estado.

Aparicio fue imputado en causas de narcotráfico y lavado de dinero como parte de una asociación ilícita, y falleció sin ser condenado por estos delitos e impune por el crimen de Liliana Ledesma.

No es casualidad, entonces, la vinculación del camión secuestrado con Ernesto Aparicio, lo que revela que esta banda actuaba desde hace ya mucho tiempo. ¿Cómo circulaba este camión libremente sin levantar sospechas por el nombre de su titular? ¿Cómo accede a obtener el vehículo Maurín? ¿Cómo accedieron estos sujetos a poder ser candidatos en una lista vinculada directamente al gobernador de la provincia? Son interrogantes a consultar a la ministra.

El concejo deliberante de Salvador Mazza expulsó al concejal narco Gerónimo, que sigue prófugo, y que habría enviado una nota anunciando presentaciones legales contra su destitución. El intendente Rubén Méndez, en medio de la crisis, se tomó una licencia de 15 días.

El municipio de Salvador Mazza vive crisis sistemáticas por el quebranto de sus finanzas. Hoy está surcado por este verdadero escándalo, como lo fue también el del intendente anterior Carlos Villalba, que fue encontrado en 2013 en un prostíbulo donde había trata de personas. Villalba, del Partido Renovador de Salta, luego de este hecho, fue candidato a intendente en 2013 por el PJ, para reemplazarse así mismo luego de su destitución, y en 2015 en otra lista que integraba el frente que postulaba a Urtubey como gobernador. Hoy Villalba viene eludiendo cinco citaciones dela Justicia Federal que lo ha declarado en rebeldía en una causa por trata de personas.

Existe en la provincia otro caso muy grave en la vinculación del Estado con el narcotráfico, como es el caso del suspendido juez federal de Orán, Raúl Reynoso.

A Reynoso se lo acusa de dar vía libre a los narcotraficantes a cambio de millonarias coimas. Particularmente, se lo ha vinculado al empresario boliviano, Sejas Rosales, detenido recientemente por narcotráfico.

Reynoso fue suspendido por el Concejo de la Magistratura a finales del año 2015 y reemplazado por una jueza subrogante que a los dos meses renunció. Evidentemente el juzgado de Reynoso es una verdadera papa caliente.

Reynoso durante un tiempo apareció en cuanto medio nacional le dio un espacio para denunciar la imposibilidad de combatir el narcotráfico en juzgados abarrotados de causas y sin contar con los recursos necesarios. Esta situación de los juzgados es real, pero Reynoso la utilizó para desviar la atención, aunque sí recibió la atención de muchos dirigentes políticos que lo felicitaban, como lo hizo en cadena nacional la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Desde el Partido Obrero denunciamos la reivindicación del juez Reynoso por parte de numerosos dirigentes políticos, que ya por aquel entonces había otorgado la libertad al ex presidente del concejo deliberante del municipio de Joaquín V. González al cual se le allanó un galpón de carbón con cocaína.

Los casos de Salvador Mazza y sus concejales, el del juez Reynoso, los varios casos de narco policías en la provincia de Salta, sumados a otros hechos conocidos en el país de similares características, demuestran lo que venimos denunciando respecto de que no hay posibilidad de que avance el narcotráfico sin la complicidad del Estado, sus funcionarios, su Justicia y su aparato represivo.

Por la gravedad de los hechos que están sucediendo y por las implicancias que tiene el avance del narcotráfico sobre la población, particularmente los jóvenes, solicitamos a los diputados la aprobación del presente proyecto de resolución.