Programa Nacional de Asistencia Pública Integral de las Adicciones.

ARTÍCULO 1º.- Créase, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, el Programa Nacional de Asistencia Pública Integral de las Adicciones.

ARTICULO 2°.- A los efectos de la presente ley, se entiende por asistencia de la problemática de las adicciones a todas las acciones sociosanitarias urgentes, inmediatas o de largo plazo que tengan por objeto mejorar el estado de la salud psicofísica y las condiciones de integración social de las personas, a fin de superar las razones sociales, familiares e individuales que en cada caso y de manera singular constituyen la causa de adicción.

ARTÍCULO 3°.- Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental, por lo que las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías establecidos en la 26657 de Salud Mental, según se establece en su artículo 4°.

ARTÍCULO 4º.- Son objetivos del Programa Nacional de Asistencia Pública Integral de las Adicciones:

a) Desarrollar un sistema público de asistencia universal y gratuita para el abordaje de la problemática de las adicciones en todo el territorio nacional, que contemple diferentes modelos comprobados y avalados de intervención sobre la base de la diversidad, los variados contextos donde se presentan las problemáticas, las características de la adicción y la singularidad de las personas. Se incluyen todo tipo de adicciones, coordinando acciones con planes y programas en vigencia;

b) Impulsar la investigación y la docencia en materia de adicciones; la promoción de la formación y capacitación continúa de los recursos humanos orientados a la prevención y asistencia de las adicciones;

c) Coordinar el accionar del Programa con las áreas de desarrollo social, trabajo, educación, cultura, deporte, derechos humanos y otras necesarias para un abordaje intersectorial;

d) Incorporar el modelo de reducción de daños, entendiendo por ello a aquellas acciones que promuevan la reducción de riesgos para la salud individual y colectiva y que tengan por objeto mejorar la calidad de vida de las personas que padecen adicciones, disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles y prevenir todo otro daño asociado, incluyendo muertes por sobredosis y accidentes.

ARTÍCULO 5º.- La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud de la Nación.

ARTÍCULO 6º.- Son funciones de la autoridad de aplicación:

a) Articular y supervisar el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de Asistencia Pública Integral de las Adicciones, para el abordaje de la problemática de las adicciones;

b) Coordinar las acciones para la ejecución del Programa con el Consejo Federal de Salud COFESA.

c) Coordinar a través de la Dirección de Salud Mental y Adicciones acciones intersectoriales con los Ministerios de Desarrollo Social y de Educación y las Secretarías de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), de Cultura, Derechos Humanos y Medios de Comunicación y otras áreas relevantes, y con sus similares de las jurisdicciones que adhieran al presente Programa Nacional, a fin de desarrollar programas y pautas para un abordaje intersectorial de las adicciones, que puedan ser implementadas por cada una de las jurisdicciones, incorporando mecanismos claros y eficientes de participación comunitaria, en particular de organizaciones de usuarios y familiares;

d) Coordinar con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, planes de prevención en el trabajo y de inserción socio-laboral para las personas con adicciones;

e) Firmar convenios con las universidades nacionales que tengan desarrollo en la materia para diseñar trabajos de investigación acerca de la problemática de las adicciones en los que se contemplen sus distintos tipos, los contextos en los que las mismas se desarrollan, su prevención y tratamiento, considerando estrategias diversas y alternativas de reducción de riesgos de la salud individual y colectiva, incorporando el modelo de reducción de daños;

f) Incorporar al sistema nacional de vigilancia epidemiológica los datos que produzcan las jurisdicciones, orientando la búsqueda a la inclusión de variables tales como condicionamientos psicológicos, sociales y económicos de la incidencia y prevalencia de las adicciones;

ARTÍCULO 8º.- Las jurisdicciones que adhieran al presente Programa deben adecuar sus servicios de asistencia especializada en adicciones y salud mental, así como sus centros de atención primaria de la salud, a los principios establecidos en la Ley de Salud Mental 26657.

ARTÍCULO 9°.- Invitase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente Ley.

ARTÍCULO 10°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El acceso a la salud es un derecho constitucional y por lo tanto su servicio es una atribución indelegable del Estado Nacional, consagrada en Pactos y Tratados Internacionales. Desde el Estado se debe garantizar el acceso universal y gratuito a la salud; y cuando hablamos de salud, estamos incluyendo, por supuesto, los problemas relacionados con las adicciones. De manera que la prevención y asistencia de las adicciones es un tema que compete al área de salud, y por eso debe ser el Ministerio de Salud de la Nación el que tenga a su cargo dicha área.

En consonancia con este principio, en Mayo de 2010, el Poder Ejecutivo creo en el ámbito del Ministerio de Salud la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, cuya responsabilidad primaria es "Promover y coordinar redes locales, regionales y nacionales ordenadas, según criterios de riesgo, que contemplen el desarrollo adecuado de los recursos para la atención primaria de salud mental y de las adicciones, articulen los diferentes niveles y establezcan mecanismos de referencia y contrarreferencia que aseguren y normaticen el empleo apropiado y oportuno de los mismos y su disponibilidad para toda la población" Contándose entre sus objetivos: "Asistir en la planificación sanitaria global, efectuar la evaluación de políticas sectoriales, analizando los resultados e impacto social de los mismos y brindar apoyatura técnica a las reuniones de Gabinete Ministerial; coordinar las acciones con las distintas jurisdicciones y con los organismos gubernamentales y no gubernamentales que corresponda en cada caso, tendientes a garantizar la excelencia en la formación de los recursos humanos del sector; promover la formación y capacitación de los recursos humanos del Sector Salud de acuerdo a los estándares apropiados para los servicios y el Sistema de Salud."

Más aún, el 25 de Noviembre de ese mismo año fue sancionada la Ley de Salud Mental N° 26657, cuyo artículo 4° contempla que "Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud."

Esta Ley Marco ha constituido un hito de fundamental importancia en el área y ha posicionado a la problemática de las adicciones en el ámbito de la salud mental, por lo que sus alcances han significado un cambio cualitativo para todo lo referente a la asistencia y tratamiento de las personas involucradas en el consumo problemático de drogas legales o ilegales. Pero más allá de estos importantes avances, creemos que la problemática de las adicciones alcanza tal singularidad que su abordaje requiere de un programa específico en el ámbito del Ministerio de Salud, estrictamente, en la Dirección de Salud Mental y Adicciones.

Es en este principio que se sostiene el presente Proyecto de Ley, cuyos antecedentes legislativos más próximos podemos situarlos en la media sanción que dio la Cámara de Diputados sobre el Proyecto del Diputado Leonardo Gorbacz y otros 517-D-2008, el 18 de Noviembre de 2009 y que lamentablemente cayó en el 2011 en el Senado. Este Proyecto recoge buena parte del articulado propuesto en aquello media sanción, entendiendo que son básicamente las cuestiones que la ley de Salud Mental, debido a la multiplicidad de aspectos que trata, deja sin atender. Fundamentalmente queremos resaltar la posibilidad de aplicar el modelo de reducción de daños para el tratamiento específico de las adicciones.

Sostenemos la importancia de la aplicación de las prácticas relacionadas con la reducción de daños -en algunos países llamada reducción del riesgo o minimización de los daños- como una estrategia de abordaje de los daños potenciales relacionados con el uso de drogas, que tiene como primer objetivo disminuir los efectos negativos producto de su uso, con el fin de mejorar la calidad de vida de los usuarios. Las estrategias de reducción de daños se han ocupado no sólo de las prácticas individuales de los usuarios de drogas, sino de comprender las condiciones de vulnerabilidad de los sujetos para desarrollar intervenciones apropiadas, y establecer relaciones específicas de cuidado y reciprocidad entre los individuos y los grupos en los contextos de uso de drogas. Una estrategia de reducción de daños puede involucrar una amplia variedad de tácticas: Puede incluir el cambio de las sanciones legales asociadas al uso de drogas; puede mejorar la accesibilidad de los usuarios de drogas a los servicios de tratamiento; puede generar servicios directos para los usuarios de drogas y sus redes sociales en las comunidades; puede tender a cambios en la conducta de los usuarios de drogas por medio de la educación; puede también dirigirse a modificar la percepción social acerca de las drogas y de los usuarios de drogas. Las estrategias de intervención que se desprenden de la política de reducción de daños se caracterizan por ampliar el abanico de la oferta de atención, estableciendo objetivos múltiples e intermedios, adaptar las intervenciones a la heterogeneidad de usuarios de drogas y sus trayectorias individuales, establecer una relación profesional-usuario de drogas más igualitaria, flexible y participativa en la toma de decisiones, incorporar medidas que permitan un uso controlado de sustancias, recursos más abiertos, amigables y no censuradores.

Estas estrategias dan lugar a varios tipos de acciones, que pueden ser implementadas conjunta o separadamente, de acuerdo a las realidades de cada comunidad. Entre las más habituales, pueden señalarse: acciones orientadas a promover el consumo de menos riesgo, dirigidas a proporcionar educación sanitaria, actuando en los entornos próximos a los lugares de consumo; acciones orientadas a brindar cuidados mínimos, que ofrecen servicios de ayuda social y sanitaria de base, adaptados a los estilos de vida de los usuarios que facilitan el acceso a la red socio-sanitaria; acciones orientadas a promover el sexo más seguro, que proporcionan educación sobre sexualidad y prevención, y favorecen el acceso a preservativos; acciones orientadas a reemplazar el uso de sustancias adquiridas en el mercado ilegal por sustancias prescriptas; acciones orientadas a promover el trabajo entre pares y la autoorganización de los usuarios de drogas, que propician el protagonismo de los propios usuarios como agentes de prevención y por la defensa de sus derechos ciudadanos

Por otra parte, la existencia de un Programa de estas características podría impulsar el estímulo e incentivo desde el ejecutivo nacional, a impulsar carreras relacionadas con la prevención y asistencia de las adicciones, dado que la complejidad del problema y las diferentes dimensiones que abarca, no solo plantea la intervención de "especialistas" sino la necesidad de un enfoque interdisciplinario que conjugue la dimensión sanitaria, la dimensión subjetiva y la dimensión social del problema.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Ley.