DEFENSA DEL CONSUMIDOR, DEL USUARIO Y DE LA COMPETENCIA

Comisión Permanente

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Jefe SR. GUANCA JAIME FERNANDO FABIO

Martes 16.00hs

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Reunión del día 07/09/2010

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INVITADOS

  • señora Maria Lucila Colombo Subsecretaria de Defensa del Consumidor
  • señor Ceferino Namuncurá Interventor en la Comisión Nacional de Comunicaciones
  • señor Ricardo Leandro Nasio Representante de Asociación de Protección Consumidores del Mercosur
  • señora Stella Garniel Representante de Consumidores Argentinos
  • licenciada Inés Bienati Presidenta de la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo - MUDECO
  • señora Eleuteria González Kissler Presidenta de la Unión Argentina para la Defensa del Consumo
  • señor Cristian Galindo Presidente de la Red Argentina de Consumidores
  • señor Sergio Jubasic Presidente de Compromiso Cívico
  • señora Viviana Epis de la Unión de Usuarios y Consumidores
  • señor Lisandro Temi de ADELCO
  • señor Rafael Tanover de ACUCC
  • señora Sandra González de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina
  • señora Candelaria González de Cruzada Cívica
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre de 2010, a la hora 16 y 16:
SRA. PRESIDENTA SEGARRA Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor.

En primer lugar, la Presidencia desea aclarar que en realidad esta reunión se había previsto para la semana pasada. Iba a realizarse en el mismo día y horario, y contaría con la presencia del interventor en la Comisión Nacional de Comunicaciones, señor Ceferino Namuncurá, de la subsecretaria de Defensa del Consumidor, señora María Lucila Colombo, y de representantes de distintas asociaciones de consumidores. Todos ellos nos acompañan hoy.

En segundo término, quiero señalar que de acuerdo con el temario estaba previsto abordar cuestiones vinculadas con la telefonía celular, la telefonía fija y el acceso a Internet, pero a raíz de la problemática con Fibertel hemos decidido fijar como primer punto de análisis el tema del acceso a Internet y en especial la cuestión relacionada con Fibertel. Luego, si hubiere tiempo, podríamos abocarnos a la telefonía celular; hay varias iniciativas en la comisión sobre el particular y creo que podríamos comenzar a definir algunos lineamientos. La idea es, al igual que cuando se consideró la reforma de la ley 24.240, elaborar un proyecto en conjunto a partir de todos los que han ingresado en la comisión.

Antes de conceder el uso de la palabra al señor Namuncurá, la Presidencia desea agradecer a los representantes de las distintas asociaciones de consumidores por su presencia en esta reunión.

Nos acompañan la señora Stella Carniel, de Consumidores Argentinos; el señor Ricardo Leandro Nasio, de la Asociación Protección Consumidores del Mercosur; la licenciada Inés Bienati, presidenta de la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo -MUDECO; la señora Eleuteria González Kissler, presidenta de la Unión Argentina para la Defensa del Consumo; el señor Christian Galindo, presidente de la Red Argentina de Consumidores; el señor Sergio Buljubasic, presidente de Compromiso Cívico; la señora Viviana Epis, de la Unión de Usuarios y Consumidores; el señor Lisandro Temi, de ADELCO; el señor Rafael Ianover, de ACUCC; la señora Sandra González, de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina, y la señora Candelaria González, de Cruzada Cívica.

Por supuesto, la Presidencia también quiere agradecer por su presencia a los funcionarios que nos acompañan: el señor Ceferino Namuncurá, interventor en la Comisión Nacional de Comunicaciones, y la señora María Lucila "Pimpi" Colombo, subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Nación.

Como dije antes, la idea es comenzar a tratar el tema del acceso a Internet, y concretamente de Fibertel, a partir de las preguntas que tanto los señores legisladores como los representantes de las asociaciones de consumidores quieran formular. Primero se le concederá el uso de la palabra a los señores diputados y luego a quienes han venido en representación de las asociaciones de consumidores, para que planteen sus inquietudes y los funcionarios que nos visitan puedan despejarlas.

Antes de comenzar con la ronda de preguntas, la Presidencia solicita al señor Namuncurá y a la señora Colombo que presenten a las personas que los acompañan.

Tiene la palabra el señor Namuncurá.

SR. NAMUNCURÁ Señora presidenta: en esta oportunidad me acompañan el gerente de Jurídicos y Normas Regulatorias, doctor Federico Bona, el gerente de Control, doctor Silvio de Diego, y la subgerente de Control, licenciada Victoria Castro.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tiene la palabra la señora Colombo.

SRA. COLOMBO Señora presidenta: han venido conmigo el director de Defensa del Consumidor, doctor Carlos Vanella, el coordinador ejecutivo de Políticas de Consumo, licenciado Alejandro Rupnik, y en representación de la Dirección de Actuaciones por Infracción, el doctor Patricio Scoppa.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Damos comienzo a la ronda de preguntas. La Presidencia solicita a los oradores que se identifiquen para que los taquígrafos puedan tomar debida nota.



SR. ALBRIEU Soy el diputado nacional Oscar Albrieu.

En primer lugar, agradezco a los funcionarios que respondieron a la invitación de la comisión y se acercaron para hablar sobre temas importantes que preocupan a los legisladores.

Quiero aprovechar la presencia del señor interventor, ingeniero Ceferino Namuncurá -quien es comprovinciano, aparte de amigo-, para preguntarle sobre un tema que preocupa; me refiero a las razones que se han tenido para cancelar la autorización otorgada a una empresa -Fibertel- para prestar el servicio de acceso a Internet. Sería bueno que el señor interventor explique los motivos de tipo administrativo que se tuvieron en cuenta para tomar esa medida.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tiene la palabra el señor Namuncurá.

SR. NAMUNCURÁ Señora presidenta: en respuesta a la pregunta del señor diputado Albrieu, haré un resumen de las causas que llevaron a la decisión administrativa que culminó con la resolución 100/10 de la Secretaría de Comunicaciones.

En uno de sus considerandos se explica que tanto la empresa Cablevisión como la ex empresa Fibertel forman parte de mercados regulados y que, por lo tanto, no deberían desconocer el marco normativo correspondiente a cada uno de ellos.

En lo que se refiere particularmente a la ex Fibertel, podemos decir que fue una empresa cuyo objeto social era la prestación de servicios de telecomunicaciones, que obtuvo una licencia y que entre esos servicios estaba el acceso a Internet y el transporte de datos.

Hay dos conceptos que, a mi criterio, son de absoluta relevancia en el marco normativo de las telecomunicaciones. Uno de ellos es el que define fundamentalmente las cuestiones de fusión o control accionario; el otro, se vincula con la disolución.

En el caso puntual de la fusión, más allá de la presentación realizada ante la Inspección General de Justicia, la autorización previa debe estar dada por la autoridad de aplicación del mercado regulado, que en este caso era la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.

En lo que respecta al segundo concepto, este reglamento general de licencias se refiere a los casos de quiebra, disolución o desaparición de la empresa, donde la caducidad se produce sin ningún requerimiento previo.

Estos dos extremos estaban cumplidos. El primero de ellos era el de la disolución de la ex empresa Fibertel, que fue disuelta por voluntad propia el 15 de enero de 2009; en el caso de la fusión, más allá de que fue denunciada en la Inspección General de Justicia, nunca contó con la autorización de la Secretaría de Comunicaciones.

En este marco hay tres documentos que son relevantes. En primer lugar, existía un trámite administrativo en el que Cablevisión y la ex Fibertel pedían la autorización en la Secretaría de Comunicaciones. En segundo término, otro documento importante es el acuerdo definitivo de fusión y escisión-fusión de Cablevisión y otras en la Inspección General de Justicia, y tomaré un segundo para leerles el compromiso previo de fusión y escisión-fusión.

En el punto i) se establece que la fusión y escisión-fusión tendrá efectos a partir del 1º de abril de 2003 y estará sujeta a la conformidad administrativa de la Comisión Nacional de Valores y de la Secretaría de Comunicaciones. En el punto 2, i), se establece que el compromiso previo se otorga ad referéndum de lo que se resuelva en las asambleas generales extraordinarias de Cablevisión, Fibertel y Construred, convocadas para el día 28 de marzo de 2003, y de las autorizaciones de la Comisión Nacional de Valores y de la Secretaría de Comunicaciones.

Respecto del tercer documento, es importante leer un breve texto del informe de oferta pública del Grupo Clarín, en la Comisión Nacional de Valores, para la oferta pública de 50 millones de acciones clase B. En este documento el grupo expresa que la falta de obtención de la aprobación de la Secretaría de Comunicaciones constituye un incumplimiento del reglamento de licencias para los servicios de telecomunicaciones y podría resultar en la revocación de la licencia de telecomunicaciones de Cablevisión y Fibertel y en la inhabilitación del licenciatario actual y sus afiliadas para obtener licencia bajo el reglamento de licencias para el servicio de telecomunicaciones por un plazo de cinco años.

Cumplidos estos extremos, se tomó la decisión administrativa que como tal para nosotros está firme.

Entonces, uno de los temas más importantes que nos convoca es el proceso de migración de los clientes de la ex Fibertel a los otros operadores del sector.

SR. ALBRIEU Dado que el señor interventor habló del proceso de migración, quisiera que nos explique cuáles son las medidas que adoptará la Comisión para asegurar que el proceso de migración de todos los usuarios no resulte en perjuicio de ellos mismos, es decir, en perjuicio de los consumidores de este servicio.

SR. NAMUNCURÁ En realidad ya se han tomado una serie de medidas al respecto. La primera de ellas ha quedado plasmada en la resolución 102 de la Secretaría de Comunicaciones, en la que se establece que la migración no significará ningún costo adicional para quien migre.

Por otro lado, más allá de dicha resolución, a partir de la iniciativa de las asociaciones de usuarios hemos convocado también a la Comisión Nacional de Comunicaciones para que sean veedores de este proceso de migración. Pero no solamente los convocamos como veedores sino también como asociaciones u organizaciones que nos pueden aportar datos relevantes relacionados, por ejemplo, con que se ha declarado que en muchos lugares existe solamente un prestador. Asimismo, para este proceso de migración las asociaciones han presentado distintas iniciativas que de alguna manera las estamos trabajando con los otros operadores del mercado. Actualmente, más allá de la existencia de 700 operadores de valor agregado, hay más de 380 operadores que prestan el servicio de Internet, que es uno de los casos que nos ocupa.

También hemos convocado en este proceso de migración a los operadores del interior, porque entendemos que este proceso quizás tenga sus puntos críticos en la cantidad en los lugares más grandes o más concentrados, pero también es cierto que los pequeños operadores ante una decisión como ésta obviamente deben preparar sus redes a efectos de que la capacidad de sus centrales o equipamientos de conmutación mejoren. Para nosotros, en el caso de las pymes y de las cooperativas, éstas constituyen un actor muy importante dentro del sector.

Vale destacar que más de 350 cooperativas están prestando el servicio en lugares donde la rentabilidad no es la variable más importante. En ese sentido, me parece que tanto desde la Comisión como desde la Secretaría el apoyo a estos pequeños operadores debe constituir un aspecto importante. Esto también ha sido motivo de instrucción de la señora presidenta y del señor ministro de Planificación Federal.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tiene la palabra la señora diputada Juri.

SRA. JURI Quería consultar acerca de la garantía del servicio. En este sentido, quisiera saber a partir de cuándo tienen previsto que se va a dejar de prestar el servicio de Fibertel a los usuarios, porque advierto que todavía no existen las garantías suficientes para que los servicios sean prestados en igual cantidad y a la gran cantidad de localidades donde el servicio puede ser prestado.

Insisto en la pregunta y la reitero: amén de que está escrito en la resolución, quisiera saber cuáles son los mecanismos que garantizan fehacientemente que el reemplazo o migración de ese servicio va a poder ser sustituido por algún otro. Asimismo, quiero saber si ustedes tienen previsto reemplazar la licencia de Fibertel por otra. En caso afirmativo, pregunto qué mecanismo tienen previsto realizar para la concesión de esa nueva licencia.

SRA. NAMUNCURÁ No es mi intención repreguntarle, pero sí me interesaría saber -porque usted dice que no estarían dadas las garantías necesarias- cuáles son los elementos que usted cree que no garantizan esto.

SRA. JURI Yo le consulto al revés.

SR. MORÁN El señor interventor vino a responder.

SR. NAMUNCURÁ Yo voy a responder; no tengo problema.

SRA. JURI Yo no tengo problema con que usted me repregunte. Formulo esta inquietud porque usted hace cinco minutos dijo que como no estaban dadas las garantías para garantizar el servicio han citado a 380 prestadores y a las asociaciones de consumidores para encontrar la forma de garantizar este servicio.

Si lo desea podemos revisar la versión taquigráfica, pero creo que no hace falta. Si no, puedo hacer la consulta al revés.

Mi pregunta, señor Namuncurá, es si en el momento en que se deje de prestar el servicio que brinda Fibertel, podrán garantizar, no en las grandes ciudades -donde probablemente las grandes compañías estarán en condiciones de absorber a los usuarios- sino en las pequeñas, igualdad de condiciones. Es decir, igualdad de precios y de calidad de servicio.

SR. NAMUNCURÁ En ningún momento puse en duda las garantías para este proceso. La convocatoria a las trescientas cincuenta cooperativas y a los operadores más pequeños que hicimos para este viernes, tiene por objeto no sólo que estos sectores expongan sus problemáticas sino también que se reúnan con las distintas asociaciones de consumidores para explicar sus planes.

En el caso puntual de las cooperativas, ha habido anuncios públicos; de acuerdo con esas publicidades, los valores que ofrecen son los más bajos. En el interior del país, la mayoría de las cooperativas ya están en condiciones de prestar el servicio y de hacer la migración.

En cualquier proceso de migración, y fundamentalmente en cualquier proceso de prestación de acceso a Internet, hay una variable muy importante; me refiero al insumo básico, es decir, los "megas" aportados por un carrier o un revendedor. Respecto de este tema, el Estado está jugando un papel sustancial para asegurar que ninguno de los grandes carriers -que son cuatro o cinco- aproveche esta coyuntura para subir los precios del mercado mayorista, acción que asfixiaría -de alguna manera- el negocio en las pequeñas localidades.

En lo que se refiere a las grandes ciudades, me permito citar un caso muy conocido. Hace poco tiempo se dictó una medida judicial en Mar del Plata, ciudad donde de acuerdo con nuestros relevamientos hay no menos de seis o siete empresas con capacidad de brindar un ancho de banda mayor que el que prestaba la ex Fibertel.

Por lo tanto, queda claro que no ponemos en duda el proceso migratorio.

A esto debemos agregar que tanto la señora presidenta de la Nación como el señor ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios han explicado en distintos medios que el plazo para la migración se extenderá hasta que el último suscriptor de la ex Fibertel haya migrado a otra empresa.

SRA. JURI Agradezco al señor interventor la respuesta a la primera parte de la pregunta. Me gustaría que quede constancia en la versión taquigráfica de que el señor Namuncurá insiste en que no habrá dificultades en la migración; evidentemente, entendí mal la primera parte.

La segunda pregunta, que pido sea respondida por el señor interventor, era si tienen previsto reemplazar la licencia de Fibertel y, en caso afirmativo, qué mecanismo se va a implementar para ello.

SR. NAMUNCURÁ Fibertel no existe más; es una marca. No tiene personería jurídica desde el 15 de enero de 2009.

En cuanto al proceso de generación de licencias, quiero recordar que es un proceso dinámico. Aquellas personas físicas o jurídicas que quieren obtener una licencia para prestar un servicio, deben hacer una presentación ante la Comisión Nacional de Comunicaciones. No hay estancamientos; licencias se otorgan no digo todos los días, pero sí con una frecuencia de una por semana.

Desde Cooperar nos han informado que más de ochocientas cooperativas tienen la intención de ingresar al mercado de las telecomunicaciones.

Si se me permite, quiero hacer una salvedad. Obviamente, es posible que el proceso de migración sufra dilaciones, y uno de los puntos fundamentales es que desde la Comisión Nacional de Comunicaciones se pidió información tanto a la ex Fibertel como a Cablevisión -empresa que a nuestro entender ha usufructuando un derecho que no tenía-, y como respuesta recibimos una negativa absoluta a brindar datos sobre área de cobertura, cantidad de clientes y otras cuestiones que son de absoluta importancia para el proceso de migración.

SR. CARRANZA Soy el diputado nacional Carlos Carranza, de la provincia de Santa Fe.

Reiterando lo que presenté por escrito, y aprovechando las últimas expresiones del señor Namuncurá acerca de la información que le falta aportar a Fibertel -o ex Fibertel-, entiendo que la mencionada empresa también debe ser citada a la brevedad por esta comisión para que los legisladores podamos contar con esa información que según el señor interventor estaría faltando.

Es importante que ello ocurra para que la comisión pueda evaluar el ciento por ciento de todo lo actuado; fundamentalmente, la documentación necesaria para tomar una decisión.

Mi pregunta está dirigida a la señora presidenta de la comisión. Concretamente, me gustaría saber en qué momento será citada la empresa.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Ayer a la noche me llegó una nota, que leí hoy por la mañana, sobre la posibilidad de convocar a la empresa a esta reunión. Pero como tal convocatoria no estaba prevista en el temario y tampoco formaba parte del acuerdo al que llegamos con las autoridades de la comisión, decidimos postergarla para la semana próxima. Entonces, creo que sería bueno que luego fijemos el día y hora para esa reunión.

Tiene la palabra el señor Namuncurá.

SR. NAMUNCURÁ Señora presidenta: independientemente de la presentación o no de la ex firma, quiero tomar unos minutos para leer la respuesta que ha dado al pedido de información.

Dice así: El ejercicio del poder de policía de la comisión, en un Estado social de derecho, no puede realizarse en forma arbitraria sino en la forma y condiciones establecidas en la reglamentación aplicable. En ese sentido, el requerimiento remitido resulta carente de razonabilidad, de legalidad y es violatorio de derechos y garantías individuales.

La información que pedíamos desde la Comisión Nacional de Comunicaciones era sobre área de prestación, diagrama en bloque -es decir, el layout de la red-, capacidad habilitada de clientes, cantidad total de clientes activos discriminados por servicios prestados, etcétera.

Estos pedidos de información son comunes a todos los operadores; se les solicita sistemáticamente a efectos de tener un panorama, una fotografía, de cómo evoluciona el mercado de las telecomunicaciones. En otras palabras, se trata de pedidos que sistemáticamente son cursados a todas las empresas del sector.

SRA. ALONSO Soy la diputada nacional Laura Alonso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en representación del PRO.

Ante todo, me permito sugerir a la señora presidenta que la Secretaría de la comisión prepare cartelitos con los nombres de los diputados -como se hace en otras comisiones- para que no sólo los invitados sino también las personas que presencian las reuniones puedan identificarnos.

Respecto del tema que nos ocupa, evidentemente a nadie escapa que estamos ante la potencial violación de los derechos constitucionales. Si se me permite, paso a dar lectura del primer párrafo del artículo 42 de la Constitución Nacional. Dice así: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno." Me limito a este párrafo, aunque podría seguir leyendo.

El fallo que usted ha citado sobre el juez de Mar del Plata -que no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión- también advierte sobre este punto y cito: "...Es evidente que las características notables con que cuenta Internet ameritan la aplicación de la tutela judicial preventiva a los fines de evitar daños irreparables y la violación de derechos constitucionales tales como el derecho a la educación, al trabajo, a la información del usuario, acceso al consumo, entre tantos otros."

Es decir que además de la licencia, aquí hay una cuestión de fondo referida a la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos usuarios del servicio de Fibertel.

En ese sentido, y apoyando el pedido del diputado Carranza, yo también quisiera solicitar que se invite para el próximo martes al doctor Andrés Gil Domínguez, que es abogado constitucionalista y usuario de la empresa Fibertel, quien ha presentado una acción de amparo contra el Estado nacional por este caso. Le pido señora presidenta que pongamos en consideración realizar esta invitación, así como también creo importante realizar una citación al secretario nacional de Comunicaciones, que es quien firma la resolución 100. Si bien el interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones me merece el mayor de los respetos, quien pone la firma y se hace responsable de la decisión es el arquitecto Carlos Lisandro Salas, Secretario de Comunicaciones de la Nación, a quien tanto a mí como a otros colegas nos interesa escuchar en este caso.

También quiero referirme a otra cuestión de fondo -además de aquellas vinculadas a los derechos constitucionales- que tiene que ver con la situación permanente de intervención de los entes reguladores de servicios públicos en la Argentina. A este respecto debemos recordar -creo que lo deben tener presente todas las asociaciones de usuarios y consumidores porque debe ser bandera de su trabajo cotidiano- que la Comisión Nacional de Comunicaciones ha sido intervenida sistemáticamente desde el año 2002, no permitiéndose la conformación de su Directorio.

Este es un punto fundamental porque si no se normalizan los entes nacionales reguladores de servicios -decisión que debe tomar el Ejecutivo pero sobre la que le Congreso tiene que ejercer presión junto a las asociaciones de usuarios y consumidores- vamos a seguir teniendo situaciones de este tipo, o peores, en las que no existe claridad respecto de quién toma la última decisión. Por eso hablé antes de citar al arquitecto Salas, porque es el responsable político de la decisión.

Tengo entendido que en el año 2006 la Comisión Nacional de Comunicaciones, cuando usted ya era interventor, recomendó a la Secretaría de Comunicaciones que se aprobara la fusión de Fibertel y Cablevisión. Me gustaría saber si esto fue así y que sucedió en todos estos años para llegar a esta situación, si se le dio o no una respuesta a tiempo a la compañía. También me gustaría saber si usted cree que los derechos de los usuarios de Fibertel, que eligen una compañía y no les importa si pagan una tarifa más cara y tienen un servicio menor, no han sido violados con esta decisión.

SR. NAMUNCURÁ Voy a empezar por la segunda pregunta, si no le molesta.

Coincido con su preocupación respecto de los usuarios y consumidores, pero a mí me gustaría hacer tres reflexiones. La primera es por qué el Grupo Clarín informa a quienes van a comprar acciones que peligra la licencia y no ha tenido el mismo comportamiento para con los usuarios. Esta es la primera reflexión que me llama la atención; hacen una oferta pública de 50 millones de acciones clase B y documentan la endeblez de la situación no solamente en el ámbito de las telecomunicaciones sino también en el ámbito del ex COMFER, actual AFSCA. Este es un documento que recomiendo leer porque es de producción propia y llama la atención el comportamiento hacia quienes van a comprar acciones, que no es el mismo que tienen hacia los usuarios. Entonces, me parece que aquí hay algo que no está bien.

También pondría otro ejemplo indicativo de cómo se trata muchas veces a los consumidores. No recuerdo exactamente en qué publicación del diario "Clarín" -pero creo que fue el jueves, en la página 6- apareció el mail de la señora del ministro de Planificación Federal. La verdad es que si esa es la manera de cuidar la privacidad, resulta llamativo porque esto significó su migración inmediata y el cierre de su cuenta por las agresiones y las cosas irreproducibles que ha recibido al exponerse públicamente su dirección de email.

El tercer caso que me parece importante mencionar es que el mercado de las telecomunicaciones tiene más de mil operadores, alrededor de 1.400. En un 99,9 por ciento de ellos se cumple con un marco normativo que una empresa poderosa no quiere cumplir. Es más, fue de público conocimiento que en algún momento en una licitación de la Capital Federal quedó afuera porque no tenía licencia y fue impugnada por una empresa que sí cumplía.

Yo estoy absolutamente de acuerdo con su preocupación hacia los consumidores -y me parece que todos tenemos que poner la fuerza en eso-, pero también me parece que un valor importante a cuidar es que se cumpla con los marcos normativos y que de alguna manera se proteja a aquellos que los cumplen, como son las cooperativas, que representan a pequeños operadores del interior que hacen un gran esfuerzo para desplegar redes y tener cuadros técnicos, para las cuales muchas veces cumplir con la normativa significa un gran esfuerzo.

SRA. ALONSO Quisiera que me responda la primera pregunta respecto de la recomendación en el año 2006 de la Comisión Nacional de Comunicaciones a la Secretaría de Comunicaciones para aprobar la fusión de Fibertel y Cablevisión.

SR. NAMUNCURÁ La CNC, como en todos los casos, toma decisiones técnicas y esta es una decisión política.

SRA. ALONSO ¿Existió la recomendación técnica de la CNC?

SR. NAMUNCURÁ Existió un dictamen técnico, sí.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tiene la palabra la señora diputada Rossi.

SRA. CÓRDOBA Simplemente quisiera hacer una reflexión acerca de algunos de los comentarios que vamos escuchando. Por un lado, está la protección de los usuarios y consumidores, que es el tema que le compete a esta comisión de la que hoy estamos participando. Digo esto en alusión a la necesidad que se ha manifestado de ampliar la invitación a otros funcionarios, como el secretario de Comunicaciones.

A mí me parece que no nos tenemos que confundir y más allá de la evaluación política que pueda hacer cada uno sobre la intervención a los entes, que según algún criterio tendrían que estar normalizados -cosa que podemos discutir en otra oportunidad-, a lo que hoy nos tenemos que abocar y para lo que hemos sido convocados a esta reunión es a lo atinente a los derechos de los usuarios y consumidores, que es el ámbito de competencia de esta comisión.

Creo que todas las demás evaluaciones políticas que es legítimo que cada diputado tenga conforme a su perspectiva no son las que nos competen hoy en el marco de esta comisión.

En este punto quiero hacer una reflexión. Aquí se ha dado lectura de un párrafo del artículo 42 de la Constitución Nacional; me parece que tendríamos que mirar la cuestión desde la perspectiva del usuario y del consumidor. Son sus derechos y su seguridad económica lo que se ha intentado proteger al ejercer el poder de policía del Estado con esta decisión.

No se están violando -y esto podremos comprobarlo cuando se cumpla el plazo de noventa días- derechos de usuarios y consumidores; por el contrario, se los está protegiendo de una empresa que figuraba como licenciataria pese a que no había cumplido con los requisitos legales para seguir prestando un servicio acorde con las normas preestablecidas.

En suma, lo que se ha hecho desde la Comisión Nacional de Comunicaciones es proteger la seguridad económica de los usuarios, que no pueden estar en situación de riesgo asociados -pido disculpas porque no sé si es la palabra que corresponde- a una empresa a la que contrataron para que les preste un servicio, cuando esa empresa no es una licenciataria legal.

Quise hacer esta reflexión porque si nos referimos al artículo 42 de la Constitución Nacional, debemos hacerlo desde la perspectiva de proteger la seguridad económica de los usuarios y consumidores; no la seguridad jurídica de la empresa, que seguramente contará con un cuerpo de abogados para defender sus intereses. Nosotros, como diputados, defendemos los intereses de usuarios y consumidores; no de la empresa. Además, por supuesto, controlamos que quienes desempeñan una función pública en el Poder Ejecutivo cumplan con la ley y ejerzan las tareas de fiscalización que el Estado debe realizar en estos casos.

SRA. GONZÁLEZ (G.E.) Soy la diputada nacional Gladys González, del PRO.

El señor Namuncurá explicó que sistemáticamente se pide información a los operadores respecto de la cantidad de usuarios y el área de cobertura.

Mi pregunta es cuándo fue la última vez que Fibertel dio esa información, porque es de suponer que si tenía una licencia vigente tuvo que informar -en algún momento- sobre la cantidad de usuarios y el área de cobertura.

SR. NAMUNCURÁ Puse como ejemplo el área de cobertura y la cantidad de usuarios pero, en realidad, se hace un estudio de los distintos servicios de telecomunicaciones: líneas fijas, servicio básico, telefonía pública, CPLD, Internet, valor agregado, transporte de datos, etcétera. Esa es la información que pedimos sistemáticamente y que las empresas aportan, y que nosotros analizamos teniendo a la vista nuestros indicadores.

Es información que nadie desconoce en el mercado de las telecomunicaciones. Por eso, resulta llamativo que la respuesta sea que resulta arbitraria la solicitud de información sobre los clientes.

SRA. GONZÁLEZ (G.E.) Como usted dijo que el pedido de información era sistemático, si Fibertel era un operador...

SR. NAMUNCURÁ Se sistematiza cada seis meses o un año; ello depende de la información que necesitemos.

SRA. GONZÁLEZ (G.E.) Cuando en otras oportunidades pidieron información, ¿la empresa contestó de la misma manera? ¿Nunca la envió? ¿Cuál fue su comportamiento en años anteriores cuando sistemáticamente se le pedía información?

SR. NAMUNCURÁ Lo que ocurre, señora diputada, que cuando se trata de un mercado tan dinámico como lo es el de Internet, la información con que contamos a principios de año hoy no sirve. Si tenemos un indicador anual de la evolución del acceso a Internet, obviamente es inaplicable aún en el caso de las empresas más pequeñas. La Comisión Nacional de Comunicaciones necesita tener una fotografía anual de la migración.

SRA. GONZÁLEZ (G.E.) Entiendo lo que dice, pero me interesa saber si la empresa informó en algún momento de su historia. Mi pregunta apunta a saber cuál fue el accionar de la empresa. Quiero saber si la respuesta que envió ante el último pedido se corresponde con su comportamiento habitual desde que le fue habilitada la licencia; en otras palabras, si siempre respondió de esa manera frente a las solicitudes que sistemáticamente realiza la comisión.

SR. NAMUNCURÁ La última información data de 2008.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tiene la palabra el señor diputado Dato.

SR. DATO Señora presidenta: simplemente quiero hacer una observación respecto del pedido de la señora diputada Alonso.

Creo que desbalancearíamos nuestro proceder y pondríamos en riesgo la independencia del Poder Judicial si convocáramos a un actor, más allá de su condición de constitucionalista, para que explique los fundamentos de su presentación. Me parece más sencillo leer el expediente.

El hecho de que el magistrado sepa que la comisión ha citado a uno de los que integra el presunto millón de clientes de Fibertel, opera como presión sobre él, y creo que no es bueno que desde esta comisión presionemos a los jueces.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tiene la palabra el señor diputado Álvarez.

SR. ÁLVAREZ (J.M.) Soy diputado nacional por la provincia de Santa Fe, en representación de la Unión Cívica Radical.

El señor Namuncurá dijo que hay un dictamen técnico de la Comisión Nacional de Comunicaciones del año 2006, por el que se aconseja la fusión entre Fibertel y Cablevisión. Asimismo, manifestó que había una decisión política en el sentido de no dar lugar al mencionado dictamen técnico.

Creo que lo primero que debemos determinar es si ello se ajusta a derecho. Precisamente, mi pregunta apunta a saber si antes de tomar la decisión política a la que hizo referencia el señor Namuncurá, se pensó en si ésta se ajustaba a derecho.

En segundo lugar, cuando se habló de las empresas que estarían en condiciones de reemplazar a Fibertel, se mencionó en reiteradas oportunidades a las cooperativas. Personalmente veo esto como algo positivo pero, por supuesto, en la medida que dichas cooperativas sean prestadoras del servicio.

Concretamente, además de las cooperativas, me gustaría saber cuántos son los prestadores dependientes de las grandes compañías telefónicas que existen en el país.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tiene la palabra el señor Namuncurá.

SR. NAMUNCURÁ Señora presidenta: respecto de la primera pregunta, quiero aclarar que cuando hay una decisión administrativa -como fue la resolución 100/10- actúa no solamente el servicio jurídico de la Comisión Nacional de Comunicaciones sino también el área legal del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la misma que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones.

Entendemos que la decisión administrativa no sólo se ajusta a derecho sino que además está firme. Hasta el presente, no hemos tenido noticias de que haya habido presentaciones judiciales invocando que la resolución 100/10 no se ajusta a derecho.

En lo que se refiere puntualmente a las cooperativas, me gustaría mencionar algunas que seguramente conocerá el señor diputado Álvarez: la Cooperativa Telefónica de Villa Gobernador Gálvez y la Cooperativa Telefónica de Funes, que constituyen un ejemplo para el sector cooperativo, ya que prestan un gran servicio y operan muy bien.

Si bien en la provincia de Santa Fe hay algunas cooperativas que necesitan un apoyo mayor, como la de Vera y Pintado, y otras que se encuentran en esa zona, en el sector cooperativo hay protagonistas del mercado de Internet con ofertas mucho mejores a las de los grandes operadores.

SR. ÁLVAREZ (J.M.) En ningún momento puse en duda a las cooperativas. Por el contrario, rescato el trabajo que realizan.

Mi pregunta es cuántos de los que están en condiciones de reemplazar a Fibertel -además de las cooperativas- son empresas subsidiarias de las compañías telefónicas.

SR. NAMUNCURÁ No entiendo a qué se refiere el señor diputado cuando utiliza el término "subsidiarias".

SR. ÁLVAREZ (J.M.) Concretamente, a las empresas vinculadas con las compañías telefónicas.

SR. NAMUNCURÁ O sea que el señor diputado está hablando de las empresas subsidiarias de las compañías Telefónica y Telecom.

SR. ÁLVAREZ (J.M.) Exactamente.

SR. NAMUNCURÁ No conocemos que haya empresas subsidiarias de esas compañías.

SR. ÁLVAREZ (J.M.) Ni vinculadas.



SR. NAMUNCURÁ No, señor diputado. De todas maneras, me parece importante -porque no me gustaría nombrar a ninguna empresa- enviar a la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor el listado completo de las prestadoras que hay en todo el país.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tiene la palabra la señora diputada Juri.

SRA. JURI Señora presidenta: quiero preguntar al señor interventor si puede asegurar que la prestación del servicio por parte de las cooperativas no demandará subsidio alguno del Estado nacional o si, por el contrario, se ha previsto auxiliarlas -tal como ocurre en muchos otros casos- para que estén en condiciones de prestarlo.

SR. NAMUNCURÁ En realidad, ponemos a las cooperativas como ejemplo, pero cualquier operación, en los lugares más lejanos de nuestro país, necesita de un apoyo muy fuerte en aquellas variables que son del mercado mayorista. Estamos hablando fundamentalmente de los "mega" para poder hacer un negocio u oferta mejor de la que tienen actualmente.

Estamos ante un mercado absolutamente desregulado y debemos tener en cuenta que estamos aplicando el decreto 764, que es un decreto del gobierno de de la Rúa, firmado por el ex secretario de Comunicaciones, Enoch Aguiar.

Una de las cosas que no se ha previsto y uno de los temas más difíciles para resolver es el tema de la interconexión, en la que básicamente se deja librada a la negociación entre grandes empresas y pequeñas empresas, como puede ser la cooperativa, la negociación de capacidad y obviamente es muy disímil la proporción de cada uno de los actores.

SRA. JURI Discúlpeme, pero le voy a reiterar la pregunta porque considero que no ha sido respondida: ¿ustedes consideran que van a tener que otorgar subsidios a las cooperativas para que puedan prestar este servicio?

SR. NAMUNCURÁ En el caso de las cooperativas Fecosur como Fecotel, tanto el presidente de Fecosur -Antonio Roncoroni- como el secretario de Fecotel -Felipe Bóccoli-, han expresado en distintas instancias que ellos no necesitan subsidio sino préstamos a baja tasa, con una posibilidad más amplia poder ir devolviendo esos préstamos.

SRA. JURI ¿Ustedes piensan que esos préstamos se van a otorgar a través del Banco Nación? Si es así, de algún modo se va a subsidiar la tasa para que las cooperativas puedan prestar ese servicio y de algún modo está previsto un auxilio financiero para que las cooperativas puedan prestar este servicio.

SR. NAMUNCURÁ En realidad va a haber una línea de crédito, que ha sido publicada, no solamente para las cooperativas sino también para las pymes que prestan servicios en lugares pequeños del interior.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tiene la palabra el señor diputado Morán.

SR. MORÁN En primer lugar quisiera señalar que muy bien se mencionaba acá el tema de la citación a esta comisión del secretario de Comunicaciones. Particularmente esta audiencia se está realizando a partir de la decisión que tomó la comisión la semana pasada a instancias del tratamiento de una nota que elevé junto a otros diputados nacionales de la Coalición Cívica, en la que pedimos que además de la señora María Lucila Colombo y el ingeniero Ceferino Namuncurá, también fuera citado el secretario de Comunicaciones, porque era el firmante de esta resolución y esta comisión quiere saber si están afectados los derechos de los usuarios y consumidores y cómo se van a garantizar. Por lo tanto, me gustaría saber la respuesta que dio el arquitecto Salas en este sentido.

En segundo lugar, quisiera acompañar el planteo formulado tanto por la diputada por Santa Fe como por el diputado del PRO, de la Capital Federal, para que podamos escuchar también a constitucionalistas o a la misma empresa. En la nota que elevamos en su momento nosotros hablamos también de las organizaciones de los usuarios y mencionamos la invitación a éstas.

SR. ALBRIEU Perdón, cuando usted se refiere a la empresa, ¿a quién convocamos? ¿A Fibertel, que no existe más, o a Cablevisión? Fibertel no existe más; tendríamos que convocar a un ex directivo de Fibertel.

SR. MORÁN Me parece que hay que convocar a la ex Fibertel, que ha sido absorbida por Cablevisión.

Mi planteo es el siguiente. Yo creo que en la medida en que más escuchemos es mejor y por eso lo primero que planteé en la nota fue citar a los funcionarios, que han venido y en buena hora que estén acá. También planteé citar a las organizaciones, porque me parecía fundamental. Y no creo que esté mal convocar a constitucionalistas o a la empresa misma.

También quiero manifestar que a través de dos reflexiones que hizo el ingeniero Ceferino Namuncurá de alguna forma me confirma que esto es parte de la gran pelea entre el Grupo Clarín y el gobierno, y que en el medio de ese sándwich terminan quedando los derechos de un montón de usuarios. Digo esto en primer lugar porque el señor interventor dijo que no iba a nombrar empresas, pero al Grupo Clarín ya lo nombró como diez veces.

En segundo lugar, está claro -y en la versión taquigráfica así debe constar- que en el 2006 elevaron un dictamen de resolución afirmativa para aprobar esto, y luego usted mencionó -como bien señaló el diputado preopinante- que esto fue una decisión política. O sea que primero elevaron un dictamen a favor.

Como acá estamos en el Parlamento, donde hay que decir y hablar todo, planteamos estas cuestiones con la tranquilidad de representar a un bloque político que nunca votó absolutamente nada a favor de este grupo, que nunca cenó, almorzó ni se reunió con su titular. Señalo esto porque si no, no se entiende...

¿Quiere una interrupción, señor diputado Gullo?

SR. GULLO Simplemente hice un comentario.

SR. MORÁN Si quiere una interrupción, se la doy.

Desde la Coalición Cívica nosotros no votamos en su momento la reforma del artículo 45, ni la ley de bienes culturales, ni la resolución 257/07. La verdad es que hubo un montón de decisiones de este gobierno que, a propósito de lo que señala el diputado Gullo -inclusive la resolución 257, tomada por una comisión y no por un Tribunal-, favorecieron al Grupo Clarín, como cuando se realizó la fusión de Multicanal y Cablevisión.

Creo que es muy importante lo que manifestó la diputada Alonso en el sentido de que no sólo hay que normalizar los entes y las comisiones -como la Comisión Nacional de Transporte y la Comisión Nacional de Comunicaciones-, sino que además hay que constituir el Tribunal de Defensa de la Competencia, que en algún momento fue concursado, pero que luego no se siguió adelante porque no hubo una clara definición política para luchar contra los oligopolios y los monopolios. Por eso es que esta decisión aparece tan viciada y tan contaminada.

La verdad es que el mercado de Internet es oligopólico ya sea con Fibertel o sin Fibertel. En esto hay que sacarse la careta; con o sin Fibertel es oligopólico y parece que a este gobierno sólo le interesa ir contra una empresa. Podemos discutir todo.

Desde el grupo Proyecto Sur y desde la Coalición Cívica en particular estamos trabajando en un proyecto de ley -que ya hemos presentado a las organizaciones de defensa del consumidor- para que el servicio de Internet, la telefonía y la televisión por cable sean declarados servicios públicos. Debemos discutir una resolución en serio para todos. Creo que este es un debate que nos tenemos que dar para despejar la paja del trigo y para que quede claro quiénes tienen una lucha particular contra un grupo empresarial y quiénes están a favor de los usuarios.

Pasaron siete años desde la presentación que se hizo en marzo de 2003, que en principio otorgaba sesenta días a la empresa para contestar. Por eso, mi pregunta es por qué luego de siete años nos encontramos con esta situación; por qué en el medio hubo un dictamen favorable y por qué el señor Namuncurá dice que esto surge a partir de una decisión política.

Asimismo quisiera saber qué otras medidas se han tomado contra los mercados altamente concentrados, llámense de telefonía fija, de telefonía celular, de acceso a Internet o de televisión por cable, y respecto de cuestiones que tienen que ver con la defensa del consumidor -aspecto que está conectado con el área que dirige la señora Colombo-, ya que si hablamos de portabilidad numérica están implicadas las mismas empresas.

Hago la pregunta porque sobre este punto en particular he presentado proyectos e incluso me reuní con el defensor del Pueblo de la Nación. Es una vergüenza: la resolución judicial por la que se otorga un plazo de ciento ochenta días para implementar la portabilidad numérica no fue apelada por las empresas; fue apelada por el propio gobierno. Entonces, saquémonos las caretas; fueron ustedes, señor interventor, quienes pusieron la cara en lugar de las empresas.

Pensemos en lo que ocurrió un día antes de que tenga lugar el episodio con Fibertel, para que cada uno saque sus propias conclusiones y piense si por ahí no se trató de una contraprestación de los grandes ganadores de este mercado. Aclaro que quiero muchísimo a las cooperativas. Vivo en un pueblo donde hay una cooperativa que brinda el servicio de acceso a Internet, pero sé que no podrá competir con las grandes empresas. Ojalá pudiera hacerlo, pero tiene una visión local y seguramente prestará el servicio en esa zona. Si tiene la posibilidad de lograr un crédito blando, lógicamente intentará conseguirlo para mejorar el servicio; pero no va a competir con las dos empresas que hoy concentran el 62 por ciento del mercado y que a partir de esta medida pasarán a centralizar más del 80 por ciento.

En suma, la decisión que se ha tomado, lejos de desmonopolizar, concentra aún más el mercado. El tiempo será testigo de lo que ocurra.

No hay dudas de que la buena, la positiva medida anunciada acerca de la portabilidad numérica, fue que a las empresas se les daba el plazo de un año para adaptar su tecnología a tal fin. Primero, se apeló la medida judicial -no lo hicieron las empresas sino el propio gobierno- para no cumplirla. Les dieron un año y hubo que adaptarse tres veces.

Además de mi pregunta sobre las medidas que se tomaron contra estos mercados altamente concentrados, quiero saber cómo se garantizará al millón de nuevos usuarios de los que hablamos en estos días que se les brindará un servicio de similar calidad al que reciben actualmente.

Luego, si bien el tema no corresponde al área del señor Namuncurá -con lo cual tiene la opción de no responder a mi inquietud-, me gustaría saber qué ocurrirá con los trabajadores de la empresa. Es otra de nuestras preocupaciones, además de los derechos de los usuarios. Quisiera conocer si el señor interventor cuenta con información oficial sobre ese punto.

Finalmente, pregunto al ingeniero Namuncurá si se ha trazado algún plan estratégico de supervisión. No quiero insumir más tiempo y por eso no profundizo más en esta última cuestión, pero adelanto que me gustaría tener la posibilidad de repreguntar de acuerdo con las respuestas que dé el señor interventor sobre el plan estratégico.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tiene la palabra el señor Namuncurá.

SR. NAMUNCURÁ Señora presidenta: comenzaré refiriéndome a una preocupación que compartimos con el señor diputado Morán: los trabajadores.

Mantenemos reuniones con los representantes del SAT, no ahora sino desde siempre; concretamente, desde que se presentó el proyecto de ley sobre servicios de comunicación audiovisual. De la misma manera, con la gente de FOETRA trabajamos desde hace muchísimo tiempo. Si el señor diputado presta atención, advertirá que FOETRA es un sindicato que tiene una participación muy activa en ARSAT, nuestra empresa tecnológica.

Es decir que la problemática vinculada con los trabajadores ha merecido de nuestra parte, no ahora sino desde siempre, un seguimiento continuo. Es un comportamiento que nos identifica, que no surge de esta situación coyuntural. El trabajo que venimos realizando tanto con FOETRA como con SAT lleva mucho tiempo; no depende de una u otra coyuntura.

El señor diputado también se refirió a la regulación.

SR. MORÁN A las medidas adoptadas contra los mercados concentrados.

SR. NAMUNCURÁ Seguramente se puede regular, señor diputado. Sólo habría que poner cierto cuidado en regular el acceso a Internet y ver qué ejemplos hay en el mundo sobre regulaciones de ese tipo.

Es simplemente una reflexión. Se habla mucho de regular, pero hay que analizar qué ocurre en otros lugares. Son 135 los puntos donde la ex Fibertel presta el servicio y existe competencia con grandes empresas. Ninguno hace filantropía. Seguramente, la cooperativa que el señor diputado dijo que hay en su pueblo no va a competir en una ciudad más grande. Pero hay otras que tranquilamente pueden hacerlo, aunque resulta claro que siempre hay una "localía".

Por eso, uno de nuestros objetivos es trabajar junto con las cooperativas. Desde la Comisión Nacional de Comunicaciones venimos haciéndolo desde hace muchísimo tiempo; hemos capacitado a más de doscientas cincuenta cooperativas, fundamentalmente en lo que se refiere a herramientas de negociación y a cuestiones de mercado, tecnológicas y regulatorias.

En lo que respecta a la portabilidad numérica, si el plazo es de seis meses, ocho meses o un año es discutible, porque en última instancia las plataformas deben ser adecuadas.

Resulta importante, luego de ver lo que ocurre en el mundo, desmitificar el significado de "portabilidad numérica". A nivel mundial, los índices más altos en la materia no llegan al 15 por ciento y normalmente se corresponden con los sectores más pudientes. Por lo general, la portabilidad numérica no es un beneficio para la gente con menores posibilidades.

Muchas veces, la portabilidad numérica es planteada como una herramienta que nos salvará de los monopolios, cuando en realidad es algo útil que en el mundo registra porcentajes muy pequeños.

Por otro lado, el señor diputado mostró su asombro o cuestionó el tiempo que demoró la administración en tomar una resolución. La administración se toma un tiempo para resolver y el silencio no significa que sea una medida positiva. Además existen herramientas, como el amparo por mora o el pronto despacho, que no fueron utilizadas por la ex empresa.

Cuando digo que en determinados ámbitos de la Comisión Nacional de Comunicaciones se realizan evaluaciones técnicas, me refiero obviamente a que cuando la cuestión es analizada por la Gerencia de Ingeniería y la Gerencia de Administración de Recursos, se emiten dictámenes técnicos. Pero éstas son medidas políticas; no voy a decir que no lo son. Son medidas políticas porque observan las estrategias del mercado; sacan una fotografía de él. Entonces, no sé por qué se discute sobre este punto. No hablamos de una decisión técnica; hablamos de una decisión política.

En cuanto a si se tomaron otras medidas, quiero recordar que quince días antes la Comisión Nacional de Comunicaciones dictó una resolución que obviamente fue desoída por el grupo, al que no voy a nombrar porque ya lo mencioné muchas veces. En esa resolución lo intimábamos a no seguir con las ventas, ya que había una situación de endeblez en cuanto a la sustentabilidad de la licencia.

La respuesta fue salir al segundo día, o al día siguiente, con una campaña de venta más intensiva que la que venía desarrollando hasta ese momento.

No solamente hay una resolución 102 y una resolución 100, sino también actuaciones administrativas que se han hecho en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones y de la Comisión Nacional de Comunicaciones.

SR. MORÁN La última pregunta estaba referida al plan estratégico de supervisión, que voy a ampliar aún más. Obviamente, no me quedaron claras algunas respuestas, sobre todo, por qué la Comisión no se quejó cuando la propia Secretaría apeló para que no se le diese el derecho a la portabilidad numérica. No fueron las empresas, fue la Secretaría, y la Comisión no hizo nada.

No recuerdo exactamente desde qué fecha está usted en la Comisión Nacional de Comunicaciones.

SR. NAMUNCURÁ Desde del 18 de junio de 2004, aproximadamente.

SR. MORÁN La Auditoría General de la Nación, que como usted sabe es el organismo que constitucionalmente tiene que controlar a las distintas áreas de gobierno, hace un informe sobre su gestión -que abarca desde el año 2003 al 2006-, en el que plantea una serie de problemas y objeciones. Particularmente hay un informe sobre Internet, reclamos del público usuario, calidad del servicio en el período 2003 a 2006, en el que se le cuestionan un montón de cosas que parecen no solucionadas.

Dicho informe establece que la Comisión Nacional de Comunicaciones no ha propiciado ante la Secretaría de Comunicaciones la aprobación del marco regulatorio en materia de Internet -a pesar de que se mencionan varios decretos a través de los cuales lo tendría que haber hecho- y establece que la Comisión Nacional de Comunicaciones no definió los niveles mínimos de medición y control de calidad de los servicios, tampoco efectuó estudios de las consultas y reclamos incoados por los usuarios a efectos de proponer modificaciones a la normativa vigente.

Por otra parte, la AGN constata que en algunos trámites el prestador no responde en término los requerimientos formulados por la Comisión Nacional de Comunicaciones y que ustedes no le aplican ningún tipo de sanción. O sea que estas empresas no cumplen, ustedes les hacen reclamos, pero después no las sancionan sino que las van perdonando.

El informe de la AGN también establece que no se verificó la realización de auditorías por conceptos relacionados con distintas problemáticas de Internet y que la tramitación por parte de la Comisión Nacional de Comunicaciones de los reclamos efectuados por los usuarios de Internet excede los plazos razonables.

Finalmente, el organismo máximo de control de toda la gestión -y particularmente de la suya- concluye diciendo que no existe una planificación anual de inspecciones referente al objeto de la auditoría, es decir, Internet, y que el centro de atención al usuario no cuenta en el período auditado con un manual de normas y procedimientos. Esto también me lo han manifestado algunas organizaciones de defensa del consumidor a las que ahora se las ha llamado pero que antes no se hacía. Y establece que los mecanismos utilizados para la resolución de los reclamos por el servicio de Internet son lentos, ineficientes e ineficaces en un claro perjuicio de los usuarios de Internet.

SR. NAMUNCURÁ Podría aportarle algún dictamen desfavorable más. Si usted sigue lo que dice la AGN seguramente encontrará algo sobre radiaciones no ionizantes y un montón de cosas más.

Pero paso a leer algunos datos que quizás le sirvan. En el año 2006 la Comisión Nacional de Comunicaciones tuvo 49.406 reclamos, de los cuales un 25 por ciento fueron reclamos de facturación, un 25 por ciento de otros reclamos como calidad del servicio, averías, Internet, y un 50 por ciento de reclamos por averías. De esos 49.406 reclamos, el 90 por ciento fueron a favor del usuario y el 10 por ciento a favor del prestador. En el año 2007 tuvimos 75.929 reclamos. Menciono estos datos porque muchas veces se publican en los diarios resultados de 300 o 400 muestras.

Reitero: en el 2007 hubo 75.929 reclamos, a favor del usuario resultó el 99,7 por ciento y a favor del prestador el 0,3 por ciento. En el año 2008, hubo 59.027 reclamos, a favor del usuario el 95 por ciento y a favor del prestador el 5 por ciento. En el año 2009, hubo 36.970 reclamos, a favor del usuario el 99,8 por ciento y a favor del prestador 0,2 por ciento. En lo que va del año 2010 a la fecha, hay 27.401 reclamos, a favor del usuario el 99,8 por ciento y el 0,2 por ciento a favor del prestador.

Para que lo vean en números, en el año 2005 se sancionó por 9.337.321; en el año 2006, por 16.485.632; en el año 2007, por 9.918.641; en el año 2008, por 17.511.991; en el año 2009, por 105.152.000, y a la fecha tenemos un monto de 48.609.873. Estos son datos estadísticos que son parte de nuestro trabajo.

Obviamente no es la idea discutir sobre los informes de la AGN -tampoco es el ámbito-, pero por ejemplo el informe dice que no tenemos manuales de procedimiento, que siempre hubo en la Comisión Nacional de Comunicaciones, fundamentalmente a partir de nuestra gestión.

No me llama la atención lo que usted lee.

Nosotros le enseñamos a la AGN qué eran las radiaciones no ionizantes y nosotros preparamos un equipo con nuestros técnicos, mediciones y estrategia, y el informe salió en contra. Fuimos nosotros los que le enseñamos qué era desde una antena hasta un instrumento para medir radiaciones no ionizantes. Por eso digo que no me llaman la atención ese tipo de informes.

SR. MORÁN Yo le reitero, para que quede claro a todos, porque usted dice que a veces salen algunas cosas en los diarios, que me estoy basando en una serie de críticas y en la ineficiencia de su gestión establecidas en un informe del organismo máximo de contralor, que inclusive depende del Parlamento, como es la Auditoría General de la Nación. Digo esto para darle la relevancia que tiene, más aún cuando usted es interventor de una Comisión Nacional de Comunicaciones que lógicamente ya debería haberse normalizado.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tiene la palabra el señor diputado Macaluse.

SR. MACALUSE Yo quería aclarar que desde su constitución esta comisión tomó la decisión de tratar de evitar el vector de confrontación entre el oficialismo y la oposición para que todos juntos podamos resolver las cuestiones relacionadas con la normativa en defensa de los consumidores.

En la primera reunión que hicimos invitamos a las asociaciones de defensa del consumidor, que nos plantearon cuáles eran las problemáticas principales, y junto con ellas acordamos un plan de trabajo. El primer punto que acordamos fue introducir algunas modificaciones a la ley de defensa del consumidor debido a las lagunas que presenta. Esta era la primera tarea que teníamos y que podríamos decir que casi está terminada. Nos costó mucho tiempo llegar a un consenso y trabajarlo en asesores, pero es el primer punto en el que pudimos avanzar.

El otro punto que para las asociaciones era el prioritario es el de telefonía móvil. Muchas asociaciones plantearon que la mitad de las quejas que reciben son por el tema de la telefonía móvil. Nosotros nos comprometimos a trabajar sobre las regulaciones para generar una buena ley en esa materia y para ello tomamos como base esos reclamos.

En ese contexto nosotros citamos al interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones para que viniera a conversar al respecto. Tal vez el interventor no hizo bien en no venir antes, sobre todo, porque creo que este es el lugar propicio para hablar de los informes de la AGN ya que se trata de un organismo asesor de la Cámara de Diputados. En general, los informes de la AGN vienen fundamentados y por ello sí constituyen elementos sobre los que debemos conversar y no está fuera de lugar que se mencionen, porque además allí se reclaman cuestiones que muchas veces vienen con morosidad.

Nosotros incorporamos el tema de Fibertel a esta convocatoria por pedido del diputado Morán y porque no queríamos dejarlo fuera de agenda debido a que se trata de una cuestión que se generó en el interregno de la convocatoria al interventor y la reunión efectiva de esta comisión.

Es bueno escuchar a todos y hablar de la totalidad de los temas -el de Fibertel, por ejemplo, es importante-, pero lo que no queremos es que en las sucesivas reuniones de la comisión, a raíz de las demandas de los diputados pertenecientes a distintos bloques, termine desplazada la cuestión principal, que es aquella vinculada con la telefonía móvil. No sólo a las asociaciones de consumidores sino también, si no me equivoco, a cada uno de nuestros despachos, llegan e-mails y llamados telefónicos de gente que presenta denuncias o pide por favor que establezcamos una regulación que ponga coto a las arbitrariedades, ya que la relación entre las empresas telefónicas y los usuarios es muy desigual.

Abordar el tema de Fibertel resulta pertinente, porque si hablamos de oligopolio en el mercado telefónico, ambas cuestiones se cruzan en algún punto. De todas formas, no queremos que se pierda de vista el plan que nosotros mismos hemos trazado; es decir, que en esta reunión puedan expresarse todas las asociaciones respecto del particular.

Obviamente no estamos en un colegio de señoritas, y quienes formamos parte de la oposición tenemos el deber de generar demandas al gobierno nacional en relación con aquellas situaciones que no están resueltas. La idea no es coartar la libertad en el uso de la palabra a aquel que quiera efectuar un reclamo. Creo que sería bueno que el señor interventor concurra más asiduamente al Parlamento para analizar estos temas y, sobre todo, que la experiencia que podamos recoger hoy nos sirva para trabajar en una buena regulación del mercado de la telefonía móvil. Es importante que lo hagamos aunque lleve tiempo, ya que existe un retraso de todos nosotros frente a las demandas de los usuarios.

En suma, no nos apartemos del plan que trazamos entre todos para lo que resta del año.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tiene la palabra el señor Namuncurá.

SR. NAMUNCURÁ Señora presidenta: quiero comentar, no sólo a los señores diputados sino también a los representantes de las asociaciones, que tenemos un documento casi terminado -seguramente algunos de sus puntos podrán ser analizados en esta oportunidad- sobre la modificación del Reglamento General de Clientes del Servicio de Comunicaciones Móviles. Para nosotros sería importante discutir sobre este punto y escuchar las explicaciones o comentarios que las asociaciones de consumidores quieran hacer respecto del servicio de comunicaciones móviles, más allá de las reuniones que seguiremos manteniendo en el ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tiene la palabra la señora diputada Alonso.

SRA. ALONSO Señora presidenta: simplemente pido al señor diputado Macaluse que se quede tranquilo, porque en realidad nadie está tratando de correr el foco del plan de trabajo que se ha fijado en la comisión. Sencillamente nos encontramos ante una situación crítica, que afecta a más de un millón de personas y a una empresa, que es preciso tratar.

Si a los señores diputados les parece, podemos fijar otro día para que la comisión se reúna para analizar cuestiones que están fuera del plan de trabajo, y seguir ahora con el temario previsto. Pero que quede en claro que nadie está intentando plantear otra mecánica.

SR. MACALUSE Debo decirle a la señora diputada que me quedo tranquilo porque estoy tranquilo.

SRA. ALONSO Como usted sabe, señor diputado, el problema afecta a muchísimas personas e intereses económicos y se ha instalado una gran discusión política respecto de él.

SR. MACALUSE Eso es lo acabo de decir.

SRA. ALONSO Le concedo la interrupción, señor diputado.

SR. MACALUSE Pensé que había terminado.

SRA. ALONSO No terminé, pero puede continuar. Le concedo el uso de la palabra.

SR. PASINI Las interrupciones las concede la Presidencia.

Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. PRESIDENTA SEGARRA Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Macaluse.

SR. MACALUSE Señora presidenta: el problema es que cuando entra a terciar la agenda electoral, se genera una especie de bollo del que no podemos salir. La idea es encontrar una salida razonable tanto a la cuestión vinculada con el acceso a Internet como a aquella relacionada con la telefonía móvil.

Obviamente, todos queremos defender a los usuarios. Por eso, el objetivo es escuchar a las asociaciones que los representan.

El tema del que estamos hablando ha sido incluido en la agenda. Nadie quiere que no se toque; incluso, fue el primero que se abordó. Lo que queremos es resguardar a los usuarios evitando que se termine generando una concentración mayor.

Todos tendremos que aportar ideas para encontrar una salida. Creo que no está en el espíritu de esta comisión avanzar en el contexto de una guerra entre el gobierno y un grupo de medios para perjudicar a una empresa; menos aún, para perjudicar a un grupo de usuarios.

En suma, el tema de Fibertel lo trataremos; simplemente pido que en las próximas convocatorias de la comisión se tenga en cuenta que el asunto prioritario es el de la telefonía móvil. No digo que no hablemos de Fibertel; por el contrario, creo que es un tema serio y merece ser abordado.

SRA. ALONSO Estamos de acuerdo.

SR MACALUSE Sr. Macaluse- Dialogando entre nosotros, no vamos a resolverlo.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Alonso.

SRA. ALONSO Señora presidenta: quiero hacer una última pregunta que no sé si el ingeniero Namuncurá podrá responder.

Mi inquietud se vincula con el derecho de defensa que tiene cualquier persona física o jurídica en la Argentina. Cuando se aplica la caducidad de la licencia de Fibertel, se lo hace como una sanción; pero en ningún momento se citó a la compañía para que haga uso de su derecho de defensa, que puede ejercer tanto en el ámbito administrativo como judicial.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tiene la palabra el señor Namuncurá.

SR. NAMUNCURÁ Señora presidenta: seguramente, el gerente de Jurídicos y Normas Regulatorias o el gerente de Control podrían responder con mayores precisiones. Lo que yo puedo decir, por más que sea ingeniero, que una ex empresa, ya que no existe y por lo tanto no tiene personería jurídica...

SRA. ALONSO Antes existía y se le aplicó una sanción. Ocurre lo mismo que cuando es un juez quien aplica la sanción: cualquier persona física o jurídica tiene el derecho a la defensa, independientemente de que se trate de un proceso administrativo o judicial.

SR. NAMUNCURÁ En un momento hice referencia al Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones, donde se especifica claramente que en los casos de quiebra o disolución, la caducidad se da...

SRA. ALONSO Pero aquí no se trata de una quiebra; usted, ingeniero Namuncurá, está mezclando los conceptos.

SR. NAMUNCURÁ He hablado de "disolución".

Si se me permite, daré lectura del punto 16.3.2 del artículo 16 del Anexo I del decreto 764/00: "La declaración de caducidad con causa en la declaración de quiebra, disolución o liquidación de la sociedad será aplicable sin necesidad de requerimiento previo alguno." La empresa fue disuelta el 15 de enero de 2009.

SR. PASINI Una pregunta, señor interventor...

SRA. ALONSO Estoy en uso de la palabra, señor diputado, pero le concedo la interrupción.

SR. PASINI Las concede la presidenta, señora diputada.

SRA SEGARRA)( Antes de dar el uso de la palabra al señor diputado Pasini para una interrupción, la Presidencia pide que organicemos la reunión.

lo que decía la señora diputada Alonso respecto de establecer dos instancias a fin de que podamos avanzar de acuerdo con la metodología que se había planteado. Por eso, luego de la interrupción del señor diputado Pasini, sería bueno que comencemos a escuchar a los representantes de las asociaciones de consumidores que hoy nos visitan.

Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Pasini.

SR. PASINI Señora presidenta: me gustaría saber si la disolución de Fibertel es una sanción administrativa o un acto voluntario. En esta reunión se ha hablado de sanciones por parte del Estado, pero tengo entendido que hubo una presentación voluntaria de los accionistas de Fibertel en la que se solicita a la Inspección General de Justicia su disolución como persona jurídica.

SR. NAMUNCURÁ Hubo un acto voluntario de disolución a partir del 15 de enero de 2009 ante la Inspección General de Justicia.

SR. PASINI Mi pregunta se encamina a aclarar algunas cuestiones, porque entiendo que en la pregunta de la señora diputada Alonso hay una confusión de conceptos.

Aquí no hubo ninguna sanción de parte del Estado nacional; simplemente, hubo un acto voluntario de una persona jurídica de disolverse como tal y dejar de existir.

Está previsto con antelación, no con posterioridad, que esa es una de las causales de caducidad. Acá no se construyó un reglamento a posteriori en función de perjudicar a determinado grupo o empresa. No; se trata de una regulación previa y lo que se hizo fue lisa y llanamente aplicar una de las causales de caducidad en función del marco regulatorio preexistente.

Esto lo digo en función de aclarar un poco la cuestión porque de lo contrario la confusión nos lleva a conclusiones equivocadas, que fueron las que estuvieron circulando.

SRA. ALONSO Me parece correcto que pasemos a escuchar directamente a las asociaciones, porque como bien dijo la presidenta de la comisión vamos a seguir discutiendo este tema otro día de la semana, el jueves por ejemplo o podemos fijar alguna otra fecha antes de retirarnos de esta reunión.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA En la reunión de comisión convocada para el próximo martes podemos definir la metodología y agenda.

Antes de continuar quería informar que está presente el señor Pedro Busetti, de DEUCO; el doctor Osvaldo Héctor Bassano, de ADDUC; el señor Ernesto Alfieri, de LIDECO; la doctora Isabel Novosad, de PADEC; el señor Juan Carlos Vera, de Consumidores Libres, y el señor Fernando Martín Blanco Muiño, de la Unión de Consumidores de Argentina.

A continuación nos gustaría que las asociaciones participen, nos cuenten cómo están trabajando el tema de Fibertel y nos planteen otras inquietudes que consideren pertinentes para la comisión.

Tiene la palabra el señor Galindo, presidente de la Red Argentina de Consumidores.

SR. GALINDO Simplemente quisiera hacer una exhortación a los señores diputados para cuando trabajen en este tema en el sentido de tratar de centrar la discusión sobre cualquier decisión en los derechos del usuario y del consumidor en la suerte o futuro próximo que van a tener a partir de ahora en el caso de Fibertel, y no tanto en la suerte de la empresa.

Debemos concentrarnos fundamentalmente en los efectos que esta medida tiene sobre el usuario y consumidor, en nuestro caso como organismos defensores de los usuarios y consumidores y en el caso de ustedes se los pido como representantes del pueblo que son y en definitiva también de los usuarios y consumidores en este caso.

Este es nuestro pedido porque en alguna otra oportunidad me ha tocado escuchar alguna declaración de algún diputado muy compenetrada en la situación jurídica de la empresa y en los efectos que esta medida que ha tomado la Secretaría de Comunicaciones tiene sobre la empresa exclusivamente y no tanto sobre los efectos que puede llegar a tener en los usuarios y consumidores. Esto es lo que verdaderamente nos importante a nosotros.

Les cuento una anécdota. Hace poco hubo una movilización a favor de la empresa Fibertel y nosotros no fuimos. Hubo algún periodista que nos llamó para preguntarnos si íbamos a estar en la marcha, pero no fuimos ni vamos a ir si mañana se hace otra marcha con este tipo de convocatorias que son a favor de la empresa tal. Nosotros sí estamos dispuestos a ir a cualquier marcha o reunión en la que lo que se discuta o persiga sea en defensa de los derechos de los usuarios y consumidores.

¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué es lo que realmente nos preocupa? Que el Estado asegure y garantice -aprovechando que está aquí presente el interventor de la CNC- la prestación del servicio en igualdad de condiciones, calidad y costo, y en definitiva que se mantenga la calidad del servicio al mismo precio. Esto es lo que fundamentalmente nos interesa en este momento, más allá de las valoraciones que cada uno pueda hacer desde el punto de vista técnico o jurídico. A nosotros nos preocupa justamente que el Estado asegure y garantice -ahí nosotros vamos a estar velando por los derechos del usuario y consumidor- la calidad del servicio y el costo del servicio a partir de la migración que podría darse en estos días.

Con respecto al tema de los celulares, que también es un tema muy importante -no me quiero extender mucho en el uso de la palabra-, nos preocupa y mucho fundamentalmente todo aquello relacionado con las telecomunicaciones. Tal como alguien dijo con anterioridad esta es la queja principal que tenemos en nuestras oficinas de la Red Argentina de Consumidores porque existe un sinnúmero de abusos.

Asimismo en muchas oportunidades también existen vacíos legales que tanto a nosotros, como organismos de defensa del consumidor, como también a las autoridades y a ustedes como diputados, no nos permiten defender los derechos de los usuarios y consumidores como realmente quisiéramos. Creemos que es de real importancia y vitalidad que se instituya el estatus jurídico de servicio público en lo que tiene que ver con la telefonía celular. En este sentido, me parecen muy interesantes los distintos proyectos que existen, como recién mencionó la diputada de la Coalición Cívica. Nosotros no conocemos el proyecto del señor diputado pero compartimos plenamente los objetivos que mencionó en su exposición.

Creemos que hay que jerarquizar los servicios de las telecomunicaciones. En el caso de la telefonía celular, desde que nació hasta hoy día ha tenido un recorrido y modificaciones importantes en lo que tiene que ver con el comportamiento del usuario y del consumidor.

Cuando nace la telefonía celular prácticamente era un lujo tener un teléfono celular, los cuales estaban dirigidos a un determinado segmento social. Hoy día esto ha trasvasado todos los sectores sociales e inclusive hay familias que en la actualidad no cuentan con otro servicio de telefonía que no sea la celular, y por eso la importancia de este servicio que hoy tiene 40 millones de líneas activas en uso. Si uno lo compara con la telefonía fija, que sí es un servicio público, sólo hay 8 millones de líneas.

Creemos que este es el eje central en el que debemos trabajar así como también en otros aspectos más puntuales y técnicos para que existan herramientas y mecanismos instrumentales válidos a fin de que el usuario y consumidor pueda ejercer plenamente su derecho como tal. En muchísimos casos nos encontramos con vacíos legales e insuficiencias del sistema que no nos permiten accionar como debería ser.

De hecho, uno de los problemas fundamentales que golpea al usuario y consumidor, que hace poco discutimos, es el incremento de las tarifas. Como este no es un servicio público, las empresas terminan decidiendo unilateralmente, cuando quieren y como quieren, con una simple comunicación a través de una solicitada o de una nota a aquellos que tienen el servicio con abono, que van a incrementar la tarifa en la proporción que quieren y en la medida que quieren. Esto nos afecta y nos preocupa de cara al futuro porque como decía este es un servicio que ha tomado una importancia relevante.

Agradecemos la convocatoria que nos han formulado a esta reunión y a otras para trabajar estos temas y desde ya estamos a disposición para hacer todos los aportes que puedan contribuir a esta causa en la medida de nuestras posibilidades.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tiene la palabra la señora González.



SRA. GONZÁLEZ Muchas gracias por la invitación

Quisiera decir dos o tres cosas. En primer lugar, desde que se tomó la resolución 100 del Poder Ejecutivo respecto del tema Fibertel, nosotros fuimos convocados como asociación de consumidores a la Comisión Nacional de Comunicaciones y estamos trabajando desde que pasó esto en defensa de los consumidores y de los usuarios, no en defensa de ningún tipo de empresa ni tampoco en algún tema político diciendo que estamos de un lado o del otro.

Creemos fervientemente en que debemos trabajar en la defensa de los consumidores y de los usuarios. El ámbito de discusión que se ha generado, tanto en esta comisión como en la Comisión Nacional de Comunicaciones, es el adecuado y correcto. Por lo tanto, es en él donde tenemos que seguir analizando no sólo el tema de Fibertel sino también todos aquellos vinculados con las telecomunicaciones: la telefonía celular, la telefonía fija, etcétera.

Ha habido varias acciones. Se dictó la resolución 102/10, dirigida a las personas que migren de Fibertel a cualquier otra empresa. La normativa es muy clara y las asociaciones de consumidores hemos hecho hincapié en que se cumpla, ya que es sumamente beneficioso para el consumidor no tener que pagar ningún tipo de costo adicional por módem, instalación, etcétera. Además, si la empresa Fibertel estaba cobrando a un cliente 80 pesos, ninguna compañía debería cobrarle más que eso.

Reitero que tenemos que seguir trabajando en este ámbito, es decir, tanto en esta comisión como en la Comisión Nacional de Comunicaciones. Se ha formado, y el resto de las asociaciones no me dejará mentir, una comisión de usuarios. Es un pedido que durante mucho tiempo hicimos ante la Comisión Nacional de Comunicaciones y que ahora, a raíz de este tema, se ha concretado.

La primera semana nos reunimos dos veces; para nosotros fue muy positivo reunirnos con las federaciones que nuclean a las cooperativas del interior del país, porque sin duda los usuarios de Fibertel se concentran mayormente tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en algunos lugares del interior.

Sin ánimo de polemizar, quiero decir a la señora diputada Alonso que, si no me equivoco, es representante del PRO.

SRA. ALONSO Sí, ya lo dije antes.

SRA. GONZÁLEZ Digo esto porque el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en noviembre de 2009, llamó a licitación para instalar Internet. El procurador general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no permitió que la empresa Fibertel preste el servicio porque su licencia estaba vencida y dada de baja.

Entonces, hay que tratar de ver algunas cuestiones. El propio procurador general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no permitió que el gobierno local contratara a Fibertel en razón de que la licencia de la empresa había sido dada de baja.

SRA. ALONSO Si se me permite, quiero decir que antes de ser diputada nacional fui representante de un organismo no gubernamental y que jamás se me hubiese ocurrido, desde ese lugar, cuestionar o chicanear a un diputado de la Nación.

Varios hablan a la vez.
SRA. GONZÁLEZ Yo no estoy chicaneando.

SRA. ALONSO Su trabajo, señora González, es defender -como bien dijo antes- los derechos de usuarios y consumidores; no hacer chicanas.

Varios hablan a la vez.
SRA. GONZÁLEZ La que falta el respeto como diputada de la Nación es usted.

SRA. ALONSO Para nada estoy faltando el respeto.

SRA. GONZÁLEZ Sólo estoy explicando...

SRA. ALONSO Entonces, gracias por la explicación.

SRA. GONZÁLEZ Me parece que la señora diputada está faltando el respeto. Hay un conjunto de asociaciones...

SRA. ALONSO Ya dije lo que tenía que decir; continúe entonces con su explicación.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Continúe con su exposición, señora González.

SRA. GONZÁLEZ Señora presidenta: en verdad, lamento este tipo de situaciones porque tengo el mayor de los respetos por los señores diputados.

Es más; hace poco tiempo -como dijo el señor diputado Macaluse-, nos comprometimos en trabajar sobre el tema de la telefonía celular. En ese marco, repartimos a todos los miembros de la comisión un informe de ADECUA. Realmente, bastante sacrificio hacemos en pos de defender a los consumidores y usuarios como para que algunos diputados... Creo que es mejor no decir nada más.

Simplemente insisto en que seguiremos trabajando para defender a los usuarios y consumidores; pero no sólo en lo que se refiere a Fibertel sino en todas las situaciones que se presenten.

Para nosotros es muy importante el apoyo que recibimos desde la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación a partir de la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, que prácticamente está lista.

Sin duda es preciso continuar analizando el tema Fibertel, como asimismo aquellos vinculados con la telefonía celular, la televisión por cable, etcétera, para que se transformen en servicios públicos y haya reglas de juego claras y concretas.

Quienes verdaderamente recibimos los reclamos de la gente de manera permanente somos todas las asociaciones de consumidores. Por eso, en el caso particular del acceso a Internet, planteamos una serie de cuestiones que ya se están abordando. Si no me equivoco, mañana siguen las reuniones de la comisión que se ha formado. Se realizan una vez por semana, pero si es necesario pasaremos a dos reuniones semanales. Estaremos trabajando en absolutamente todos los temas habidos y por haber, siempre en defensa de los derechos de los consumidores y de los usuarios. Queremos que esto quede bien en claro.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Antes de dar el uso de la palabra al próximo orador, la Presidencia quiere hacer un comentario.

Las asociaciones de consumidores, junto con la Comisión Nacional de Comunicaciones y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, han comenzado un proceso en el que nosotros, los diputados, permanecimos ajenos. Entonces, tal vez sería interesante que participemos en esas reuniones; no digo diez, pero sí -por ejemplo- dos diputados.

Hemos ido avanzando por distintos caminos y quizás sería bueno alcanzar un nivel de integración mayor, porque en realidad nuestra tarea consiste en legislar para los usuarios y consumidores.

Tiene la palabra el señor Bassano.

SR. BASSANO Mi nombre es Osvaldo Bassano y soy presidente de ADDUC.

He pensado seriamente en cómo comenzar mi exposición porque me siento obligado a hacer una digresión.

Hablamos de los derechos de usuarios y consumidores, pero lamentablemente debo decir que no se está comprendiendo el tema jurídico.

Desde 1993, la situación de los consumidores se encuadró dentro de la desregulación del Estado; en otras palabras, a partir de ese momento el Estado benefactor dejó de existir. Como consecuencia de ello -aclaro que mi explicación es a grandes rasgos-, surgieron asociaciones para defender a la parte más débil de la relación de consumo.

Y esa parte débil es la que por lo menos en el caso de ADDUC defendemos muy fuertemente.

¿Por qué tengo que explicar esto? Porque me parece que le están dando demasiada importancia a un grupo y me estoy molestando muchísimo por esto, así como también se están molestando todos los asociados de mi organización, porque la empresa no son los consumidores. Este es el primer punto que quiero señalar. La parte más débil de la relación son los usuarios. Si el Estado sacó una resolución, la empresa tendrá en su haber un departamento jurídico y Fibertel podrá realizar los actos que crea pertinentes en los Tribunales o donde corresponda. Los consumidores no van a defender empresas.

En segundo lugar, tengo que hablar de grupo, porque antes esto era Multicanal, o sea, grupo Clarín; claro al pie. Desde que Multicanal presta el servicio de Internet se han generado una serie de complicaciones que se denuncian en todas nuestras filiales. Por lo tanto, no se trata de un problema de ahora, de ayer o de antes de ayer, sino que siempre hubo un problema.

Lamento -y este es un reproche hacia la CNC- que haya habido cierta lentitud y que esta situación haya continuado adelante. Por eso nosotros sostenemos que la transmisión de datos debe ser declarada servicio público, como desde antaño se viene manifestando, más allá de que discutamos cómo regulamos la actividad.

Si tenemos que hablar de grupo y de estas situaciones -lo voy a decir muy claramente-, tenemos que hablar de telefonía celular. Hay dos empresas de telefonía celular -no voy a decir nada moderno- que pertenecen a dos empresas telefónicas, pero el grupo tiene y propagandiza las empresas de telefonía celular. Es decir que cuando tienen que correr a los usuarios las dos empresas de telefonía celular que pertenecen a dos grandes empresas se ponen de acuerdo, embromando a los usuarios. Pero los ingresos no son tocados; esto es clarito.

Hubo una campaña de corte de telefonía celular y una campaña en la que pedimos la portabilidad numérica. En esa semana los diarios del grupo se abarrotaron con la aparición de nuevas posibilidades para los usuarios. Pero esto fue una mentira porque en la mayoría de los casos descubrimos varias irregularidades. Sin embargo, se pusieron de acuerdo y no sacaron ni una sola línea ni hablaron en ningún medio de su propiedad para explicar lo que estaba pasando con la telefonía celular.

Entonces, ¿qué estamos diciendo, señores? Estamos diciendo que pareciera ser que a la parte más débil de la relación la bambolean para un lado y para el otro. Pero lo que más me preocupa es cuando la bambolean por la ecuación financiera. Estamos hablando de empresas, que hablan de política pero a las que no se vota. Estamos hablando de 54.600.000 teléfonos celulares en la calle; estamos hablando de un millón de personas, usuarios, que hipotéticamente algunos dicen que son más o menos. Estamos hablando de una falta de regulación y de que no se lo ha tomado como servicio público.

Un delegado de nuestra asociación planteó exactamente lo mismo en esta comisión cuando fue invitado a ella: queremos que traten a la telefonía como si fuera un servicio público.

Existen situaciones de irregularidad jurídica muy severa, desde los aparatos, desde la regulación, desde la facturación, y hay una connivencia expresa de todas las compañías sin excepción en todo el sistema de comunicaciones. Hay mucho dando vuelta y eso significa ganancias que no son meramente hipotéticas. Y la telefonía celular hasta en algún punto viola la ley fiscal porque no declara los teléfonos que tiene.

Entonces, tenemos serios inconvenientes y problemas de seguridad porque no sabemos los teléfonos que tienen y han ocurrido casos en los que no se sabe quiénes los portan. Y yo mezclo las dos cosas porque están todos de acuerdo cuando el problema es económico, es una ecuación financiera, y los usuarios no interesan. Entonces vamos a continuar discutiendo sobre amalgamas políticas cuando por delante nuestro está ocurriendo un problema mucho peor. Y lo peor de todo es que los más perjudicados son los que menos tienen.

El tercer punto es hasta dónde llega Fibertel. Perdón, señores, Fibertel en el interior no existe. Hay muchos lugares del interior de la República Argentina que no tienen Internet. Hay muchos lugares de la República Argentina que no tienen telefonía celular porque no hay señal y se la venden como si la hubiera. Todos los aparatos de telefonía celular no sirven.

Por último, Fibertel está cortando el servicio en estos días durante una, dos o tres horas, porque su fibra óptica tiene inconvenientes. Señores: no tenemos nada regulado. Hace más de diez años que esta empresa viene pactando con las telefónicas cuando alguien le pide alguna cosa. A nosotros se nos está pidiendo que digamos que nos están estafando y que nos están metiendo la mano en el bolsillo. Entonces, esto no es política ni faltarle el respeto a los diputados. Aquí los usuarios están poniendo la plata de su bolsillo y es la gente de menores recursos la que mantiene a empresas usurarias. Si continuamos en esta tesitura estamos condicionando y estamos aceptando a estas empresas.

Por lo tanto, agradeciendo a la comisión que me haya permitido decir estas palabras le solicito fervientemente que comience a trabajar en una ley que en primer lugar regule la telefonía celular para que se termine con estos monopolios. En segundo lugar, que la regulación de la telefonía celular signifique que sea un servicio público. En tercer término, que comencemos a estudiar una ley de comunicaciones como es debido. No nos olvidemos que el futuro no es la telefonía alámbrica sino Internet porque por Internet va a pasar la televisión, la radio, los diarios, la telefonía, todo. En este momento nosotros estamos atrasados; vamos caminando detrás del caballo. La tecnología nos ha pasado por delante y estamos tratando de llegar a la regulación de algo que ya nos regularon las empresas.

Creo que el pueblo de la República Argentina no votó a empresas. Discúlpenme que sea tan ferviente, pero del lugar que vengo recorro calles donde la gente está harta de muchas cosas y lamentablemente los bolsillos de esa gente son los que están pagando estos perjuicios.

Por último, quisiera expresar algo que a la comisión directiva de nuestra asociación y a sus integrantes les ha molestado mucho. Discúlpenme, señores políticos, pero frente al hecho de salir en una página ayudando a una empresa cuando se estaba esperando otra cosa, por un diario que difama constantemente y nunca sabemos si es verdad o mentira lo que dice, creo que es hora de que pongamos la cabeza en frío porque no se trata de pensar en el 2011 sino en el hoy y en la gente.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tiene la palabra el señor Pedro Busetti, de DEUCO.

SR. BUSETTI Suscribo todas las cosas que se han dicho desde las organizaciones de consumidores, sobre todo, en lo referido a la necesidad de generar marcos regulatorios de telefonía celular, de Internet, de televisión por cable, que sean sancionados por ley. En este sentido, debemos decir que existe una larga deuda por parte del Congreso de la Nación en esta materia.

Como asociaciones de consumidores nosotros participamos en el año 2006 de las audiencias públicas en las que se renegociaban los contratos de Telefónica y de Telecom, y la verdad es que no vimos a muchos diputados discutiendo este tema, tan importante para el futuro. En ese momento había algo más de cinco millones conectados a la telefonía móvil y 700 mil conectados a Internet. En esas audiencias públicas las asociaciones de consumidores muy humildemente planteamos que el gobierno nacional tenía la obligación de discutir todo con Telefónica y Telecom y de revisar el pasado de los 90, porque le daba pie la ley 25.561 de emergencia económica para discutir cómo se habían entregado esas redes, y por supuesto no lo hizo.

En aquel momento, también afirmábamos que era imprescindible generar marcos regulatorios para la telefonía celular y el acceso a Internet. Lamentablemente, en estos años hemos visto muy pocos proyectos y escasa voluntad política en ese sentido; primero, del gobierno nacional y, segundo, del Congreso de la Nación.

A raíz de ello se configuraron tres escenarios: abuso de posición dominante, oligopolio y monopolio. En ese marco, el rol del capital nacional y de las cooperativas es irrelevante; pero no por propia decisión. El acceso a Internet tiene un mercado marginal; las tres grandes empresas -Fibertel, Speedy y Arnet- están en las grandes concentraciones urbanas, donde es negocio vender conexiones a Internet. A las cooperativas queda reservada la provincia del Chubut, El Bolsón, etcétera, donde para dar acceso a la red hay que cobrar una fortuna y además no es negocio, debido a la baja densidad poblacional.

Este tema debe ser el primero de la agenda: la accesibilidad a Internet del conjunto de los argentinos, que hoy se encuentra limitada a un sector social de determinada región del país.

Si este oligopolio continúa y no intervienen el Estado ni el Parlamento, millones de argentinos -no sólo los sectores de menores recursos sino todos- serán condenados a no tener información ni acceso a Internet.

En suma, además de discutir sobre la situación de una empresa, debemos hablar en profundidad de temas muchísimo más importantes. Las entidades de consumidores fuimos la semana pasada, el primer día que nos convocó la Comisión Nacional de Comunicaciones, a la reunión que se celebró porque estábamos preocupados por los 1.055.000 usuarios de Fibertel. En aquella oportunidad preguntamos a la CNC qué normativa se dictaría para que los consumidores tengan previsibilidad acerca del futuro.

A los dos días se dictó la resolución 102/10, por la que se da cierta previsibilidad al establecerse que no se cobrará el módem ni tarifas mayores para el acceso a Internet, etcétera. Cuando preguntamos qué ocurriría con el costo por conexión en el caso de las cooperativas, que se propondrá que sean las que cubran aquellas áreas que dejará de lado Fibertel, se nos respondió que el Estado intervendrá en la regulación del derecho de conexión.

Esta es una medida muy importante, que si bien está contemplada en el decreto 764/00 nunca se ejerció. Ahora, por motivos políticos -porque evidentemente, la decisión adoptada a partir de la resolución 100/10 obedece más a causas políticas que técnicas-, el propio Estado queda obligado a dar respuesta a los usuarios de Fibertel y a garantizar no sólo la provisión del servicio sino también que no sean las compañías telefónicas las que se queden con ese millón y pico de usuarios. Este es el motivo por el cual se están generando, según nos han comentado, políticas crediticias dirigidas a las cooperativas.

Seguramente esto no alcanzará y el plazo de noventa días será ampliado, porque lo que no se hizo durante quince años no se podrá hacer en ciento veinte días o lo que fuere.

Más allá de esta discusión, queremos generar un ámbito de consenso entre el gobierno nacional, el Congreso, las asociaciones de consumidores, las cooperativas y la sociedad en su conjunto, a fin de que entre todos podamos lograr que desaparezcan los monopolios en los tres servicios mencionados, que haya una democratización y que las pymes, las cooperativas y las organizaciones sociales, gremiales, etcétera, puedan acceder a mercados que hoy son cautivos del poder económico. Estos condicionan no sólo el acceso a Internet sino también, de algún modo, los contenidos de lo que podemos ver o no en la red.

Aquí se ha hablado de los derechos que se deben garantizar. Hace mucho tiempo que los usuarios de telefonía celular hacen reclamos a raíz de la mala prestación del grupo monopólico que maneja ese mercado. Me gustaría que nos preguntemos en qué medios de comunicación de ese grupo monopólico han aparecido notas que reflejan a los treinta mil usuarios de Fibertel que putean por Internet a esa empresa por mala prestación del servicio. Lo mismo pasa con los usuarios de Speedy y Arnet porque no hay control, no se atiende al usuario y se fijan tarifas unilateralmente.

Esto es consecuencia de lo que no se hizo desde el Estado y el Congreso de la Nación durante años. Por eso exhorto a que dejemos de lado el 2011 y las cuestiones partidarias, y nos pongamos a trabajar si es que hay voluntad de hacerlo y no existe compromiso alguno con los monopolios. Esto también hay que decirlo. Una diputada de la oposición recordó en estos días la visita de representantes de ciertos lobbies a las oficinas de los legisladores. La noticia salió publicada en todos los medios, y quien lo dijo hace unos años no fue alguien del gobierno sino "Lilita" Carrió.

Si esto es presuntivamente cierto, debemos definir de qué lado estamos y si vamos a trabajar en conjunto para que todos los argentinos, así como pueden acceder a la telefonía móvil porque es barato, también tengan la posibilidad de acceder a la televisión por cable y a Internet.

Estos son los objetivos que, a nuestro entender, debemos fijarnos: establecer una agenda de trabajo y discutir mucho, porque son varios los temas sobre los que hay que debatir. De todas formas, tengamos en cuenta lo siguiente: en las asociaciones de consumidores no hay voluntad de maltratar a los diputados y menos de chicanearlos. Simplemente, la información que daba la señora Sandra González se relacionaba con una decisión del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En realidad, desde la Procuración General se debió comunicar a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de dicha jurisdicción, que es el órgano de aplicación de acuerdo con la ley 24.240, para que se pusiera sobre aviso que se había detectado que una de las prestadoras importantes del servicio de Internet en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no contaba con su licencia en regla.

Entonces nos preguntamos, sin chicanear, por qué la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no informó a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor para que ésta pusiera sobre aviso a todos los usuarios. Si hubiéramos conocido esa situación irregular que la ciudad detectó en función de la apelación presentada por una de las empresas que competía para brindar el acceso a Internet, tal vez la resolución 100/10 que acaba de dictar el gobierno no parecería tan atrevida. Es decir que las empresas también sabían que había algo de ilegalidad en Fibertel.

Siempre decimos que la empresa tiene, obviamente, el derecho de realizar presentaciones en los ámbitos administrativo y judicial; incluso, el tema puede llegar a la Corte. Ahora bien; si la medida queda firme, considerando que la ley 24.240 dispone que cuando hay una rescisión por parte del prestador debe haber una indemnización, ¿podemos imaginar todo lo que pueden hacer los usuarios en defensa de sus derechos para reclamar a quien estaba prestándole un servicio en condiciones de ilegalidad? Reitero, para que no se me malinterprete, que estoy hablando en el caso de que la medida quede firme.

También hay que decir que se ha vislumbrado un manto de inocencia de la empresa. Me parece bien, porque nadie debe ser declarado culpable hasta que se demuestre que realmente lo es; de todas maneras, es preciso recordar que los usuarios y consumidores también tenemos derecho a que las empresas que nos prestan servicios posean sus papeles en regla. Eso también es muy importante.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tiene la palabra la señora Isabel Novosad, de PADEC.

SRA. NOVOSAD Hay algunos aspectos que me interesa subrayar. La diputada que habló inicialmente tomó la defensa de una empresa, de una proveedora de un servicio masivo, lo cual realmente sorprende porque siendo que se trata de una empresa con recursos más que suficientes de acceso a la Justicia y de defensa de sus propios derechos, frente a los de los usuarios de diversos servicios que no tienen acceso a la Justicia, y por más que existan hasta ahora normas bastante interesantes y protectoras de los consumidores, hay una franja muy significativa entre lo que la ley impone y el cumplimiento espontáneo de la ley por parte de los proveedores, sobre todo, por parte de los proveedores de contratos masivos.

En este sentido, mientras más importante resulta ser la organización de la proveedora, pareciera que debería conocer en detalle cuáles son las habilitaciones que requiere para poder brindar el servicio a los usuarios, y por lo tanto, no sé en qué sentido se está discutiendo la resolución dictada por la Comisión Nacional de Comunicaciones.

Muchas veces una de las cosas que se sostienen es que tenemos un Estado demasiado grande y que su funcionamiento genera mucho gasto. Si embargo, una de las cosas que advertimos quienes trabajamos en defensa de los derechos de los usuarios es la escasez de recursos que se dedican a estas áreas en cuanto a inspectores, recursos materiales y humanos. Evidentemente, el hecho de que se haya detectado tardíamente una irregularidad, una falta de autorización, una falta de gestión ante un organismo administrativo por parte de una empresa proveedora, implica una ausencia de cumplimiento espontáneo de la ley. Pero este incumplimiento vocacional de la ley en realidad ha sido absolutamente intencional por parte del proveedor. Creo que esto no se está viendo como un problema general.

Es cierto que en esta ocasión aparece esta empresa que ha incumplido notoriamente con ciertas normas que son de orden público, pero no sabemos cuándo y de qué manera quedará firme una sanción. Son muchas las irregularidades que los usuarios detectan, y de hecho los señores diputados también están en contacto y son usuarios de contratos masivos y recibirán comentarios de sus grupos sociales, situaciones que no son sancionadas por ley porque en realidad no hay acceso a la Justicia. Una de las cosas que deberían tener en mira cuando traten estos temas es la dificultad del acceso a la Justicia para la aplicación de las sanciones.

De hecho, la última reforma de la ley de defensa del consumidor que se sancionó en el año 2008 permitiendo que el juez aplique daño punitivo, hasta ahora no ha ocurrido prácticamente en ningún caso.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tiene la palabra la señora diputada Juri.

SRA. JURI En realidad quería hacer un planteo más bien de orden práctico.

Por supuesto no puedo dejar de manifestar que no me voy tranquila de esta reunión porque no me llevo las garantías suficientes respecto de que los usuarios que tengan que cambiarse de sistema vayan a tener las garantías suficientes como consumidores. Tampoco me voy tranquila pensando que al Estado no le va a costar plata, y por lo tanto a todos los argentinos. Así como nos ha costado más de 800 millones el fútbol para todos, me voy con la sensación de que esta va a ser otra decisión política que nos va a costar otros tantos pesos a los argentinos.

Por otra parte, quisiera transmitirles a las asociaciones la tranquilidad que yo sí me llevo de esta reunión porque así como creo que hay muchas asociaciones independientes de los gobiernos, de los grupos de poder, también habemos muchos legisladores independientes, aunque hayan reiterado tantas veces y confundan que quienes estamos preocupados por los consumidores estamos preocupados en defender una empresa. En lo personal, y en nombre de mi partido, no estamos preocupados en defender ninguna empresa.

Creo que desde el punto de vista práctico y para poder avanzar en le tema de la telefonía móvil, que es lo que nos preocupaba y como bien señaló la primera asociación de usuarios, vía la secretaría de la comisión podríamos poner una fecha, por ejemplo veinte días, para que las asociaciones de consumidores y la CNC nos acerquen la mayor cantidad de reclamos vinculados con la telefonía móvil para avanzar con hechos concretos en la modificación de las leyes y cubrir los vacíos legales que se manifestaban.

Si la CNC en el caso de la telefonía móvil, de los casi 40 mil reclamos que llegaron en el 2009 al 100 por ciento se les tuvo que dar curso favorable en nombre del usuario, evidentemente tendríamos que trabajar sobre la posibilidad de que esos usuarios tengan que llegar lo menos posible a hacer los reclamos. Ustedes saben que para cada usuario llegar a hacer un reclamo es pérdida de tiempo y a veces de sus días de trabajo, más aún cuando estos reclamos son en el interior del país donde más se dificultan. Evidentemente el número que ha proporcionado el ingeniero nos demuestra que cuando el usuario llega a hacer el reclamo tiene razón. La CNC ha tenido que dar prácticamente en el 100 por ciento de los reclamos la razón al usuario.

En este sentido, creo que si pudiéramos trabajar preventivamente en que la legislación tuviera con claridad contemplados los mayores problemas de telefonía móvil, probablemente podríamos llegar a lo que yo aspiro -y creo que todos los legisladores debemos estar aspirando, sobre todo, los de esta comisión- que es que el usuario directamente no tenga que llegar a hacer un reclamo por lo dificultoso que ello significa y por las demoras que muchas veces tiene la CNC para poder aplicar o dar la razón casi siempre al usuario.

Por ello mi planteo es más bien de orden práctico para que vía la comisión fijemos una fecha tope para que las asociaciones de usuarios de los distintos lugares y la CNC nos hagan llegar para que todos los legisladores de esta comisión tengamos disponible la mayor cantidad de reclamos posible en un plazo no más allá de los treinta días para poder avanzar en los proyectos de ley o normas que hagan falta para avanzar en ese sentido.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tiene la palabra el señor diputado Macaluse.

SR. MACALUSE Señora presidenta: estoy de acuerdo con la propuesta de la señora diputada porque me parece que puede ser un mecanismo eficaz.

Sin embargo, si a la señora diputada no le molesta, reduciría los plazos. En lugar de veinte días o un mes, se podría fijar un término de quince días para que tanto las asociaciones como la Comisión Nacional de Comunicaciones no sólo hagan un relevamiento de los principales reclamos sino que además comuniquen sus sugerencias para una norma regulatoria que ayude a resolver las dificultades.

Una vez que los legisladores hayamos recibido toda esa información, podríamos tener una semana para leerla y reunirnos con las asociaciones para establecer la mecánica de trabajo. De esa manera, comenzaría a tomar forma una propuesta para la futura legislación; incluso, a lo mejor podríamos elaborarla entre todos los bloques, tal como ocurrió con la modificación de la ley 24.240.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tiene la palabra señor diputado Álvarez.

SR. ÁLVAREZ (J.M.) Señora presidenta: aprovecho la presencia del señor interventor para hacer algunas consultas puntuales sobre las compañías telefónicas.

Cuando hablamos de la reglamentación vinculada con la portabilidad numérica, el ingeniero Namuncurá dijo que estaban avanzando en el dictado de una nueva normativa. Me gustaría saber cuál es la posición de la CNC respecto del desbloqueo de celulares.

Junto con otros legisladores presentamos una iniciativa por la que se obliga a las compañías telefónicas a comercializar aparatos desbloqueados. De lo contrario, transcurrido el plazo de un año comenzará a regir la portabilidad numérica pero los usuarios, en caso de querer cambiar de compañía, tendrán que pagar un costo adicional.

Otra pregunta que quiero hacer se relaciona con el envío de mensajes de texto en forma compulsiva -es decir, sin que nadie los contrate-, por los que se aplica un cargo revertido. Luego, cuando el usuario reclama le contestan que él los pidió.

Concretamente, me gustaría saber qué se ha hecho y qué se piensa hacer desde la Comisión Nacional de Comunicaciones respecto de estas cuestiones.

SR. MACALUSE Si se me permite, quiero añadir una pregunta a las formuladas por el señor diputado Alvarez.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tiene la palabra el señor diputado Macaluse.

SR. MACALUSE Señora presidenta: simplemente me gustaría saber por qué, si la portabilidad numérica se dispuso en 2000 y luego su aplicación se fue prorrogando, se otorga a las empresas el plazo de un año para ponerla en marcha. Se supone que en 2000 tendrían que haber comenzado a invertir para resolver la situación.

El señor interventor dijo, si no entendí mal, que había un aspecto técnico y otro político. Quisiera saber por qué se ha otorgado a las empresas un nuevo plazo de un año.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tiene la palabra el señor Namuncurá.

SR. NAMUNCURÁ Señora presidenta: en cuanto a la pregunta del señor diputado Macaluse, acerca de por qué se ha dado el plazo de un año a las empresas, lo que ocurre es que hay un tema de hardware y software importante.

Desde la CNC ofrecemos a nuestros equipos técnicos de ingenieros que trabajaron en el tema para que den una explicación, ya que en uno o dos minutos no puedo hacerlo. Para nosotros, es un compromiso.

Por otro lado, el señor diputado Álvarez ha preguntado sobre la venta de celulares desbloqueados. No entiendo a qué se refiere cuando dice "desbloqueado".

SR. ÁLVAREZ (J.M.) "Desbloqueado" significa que si una persona cambia de prestador, puede conservar su teléfono libremente. Aunque hoy existiera la portabilidad numérica, un usuario no podría utilizar el celular que le vendió una empresa con otra.

SR. NAMUNCURÁ Tampoco lo podría hacer ahora, señor diputado, porque técnicamente la plataforma no permitiría conservar el mismo número. Aunque el celular estuviera desbloqueado, sin la plataforma para la portabilidad numérica no se podría utilizar.

SR. ÁLVAREZ (J.M.) Mi pregunta es por qué no se exige que ya comiencen a venderse los celulares desbloqueados a fin de que cuando rija la portabilidad numérica, automáticamente el usuario pueda pasar de una empresa a otra.

SR. NAMUNCURÁ La portabilidad numérica es una obligación. No es que el usuario tendrá prohibido cambiar...

SR. ÁLVAREZ (J.M.) Pero cuando una persona se quiera ir de la empresa en la que está para que otra le preste el servicio, le cobrarán para desbloquear el celular.

SR. NAMUNCURÁ No, señor diputado. No está escrito de esa manera.

En lo que respecta al envío de mensajes de texto, estamos trabajando junto con la subsecretaria "Pimpi" Colombo porque las asociaciones nos expresaron su preocupación. Son mensajes que, en algunos casos, son generados por las compañías prestadoras y, en otros, no. Hay empresas que tienen convenios con los operadores de telecomunicaciones y generan, desde un server, los mensajes. Cuando el usuario los acepta, comienza a recibirlos.

Por eso, con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor estamos trabajando en regular esa actividad. Lo que está en discusión es la figura del prestador. Nosotros entendemos que debe ser una compañía de telecomunicaciones; ahí sí se podría establecer una obligación, porque mientras se trate de empresas que lo único que hacen es firmar un contrato con un gran operador para usar su red, la CNC no tiene la posibilidad de sancionarlas.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tiene la palabra el señor Blanco Muiño.

SR. BLANCO MUIÑO Señora presidenta: mi nombre es Fernando Blanco Muiño y soy presidente de la Unión de Consumidores de Argentina.

En primer lugar, agradezco a la comisión por esta invitación. Nuestro aporte tiene que ver con el nivel de transparencia en lo que hablamos. Así como el Poder Legislativo no es unicolor, las asociaciones de consumidores tampoco lo somos; hacemos lecturas distintas de situaciones similares. Ni mejores ni peores sino distintas, y eso nos lleva no a enfrentarnos sino a compartir espacios que todos reivindicamos, como bien se dijo durante esta reunión.

A propósito de ello, agradezco sinceramente el espacio que nos ha dado el ingeniero Namuncurá; venimos reuniéndonos desde el dictado de la resolución 100/10 y hemos tenido la oportunidad de hablar sobre el "rebote" que se generó desde que se tomó conocimiento de la mencionada norma. La Comisión Nacional de Comunicaciones fue muy receptiva; de hecho, la resolución 102/10 surgió -de alguna manera- como consecuencia de la presentación de esos reclamos.

En lo que se refiere al tema Fibertel, quiero decir a los señores legisladores que preocupa. Como dato estadístico, en nuestro sitio web recibimos normalmente entre veinticinco y treinta visitas diarias. Desde que explotó el tema Fibertel, trepamos a seiscientas. O sea que existe preocupación.

Me parece importante dejar en claro que pensar en el usuario de Fibertel no significa ser representante de Fibertel o de Cablevisión Sociedad Anónima. Nuestra preocupación -en esto hemos llegado a un gran acuerdo junto con las demás asociaciones de consumidores en el marco de la CNC- fue desde el primer momento preservar a los usuarios y transmitirles tranquilidad. Como habrán podido ver los señores diputados, las asociaciones, toda vez que tuvimos un espacio público para expresarnos, llevamos tranquilidad a los usuarios para que no tomen decisiones apresuradas ni sean coto de caza de los pícaros de siempre, que en situaciones confusas o de transición aparecen con ofertas inicialmente seductoras que luego resultan incumplibles.

A diferencia del resto de las asociaciones, entendemos que existe una vía administrativa y otra judicial. El hecho de que la empresa pueda recurrir a ellas hace que la resolución no esté firme. Acompañamos el proceso de preparación de la normativa con vistas a la sanción de una legislación, pero creemos que la migración tiene que darse a partir del momento en que dicha resolución quede firme.

Hay amparos de por medio y acciones administrativas que han recurrido a la resolución.

De manera tal que eso nos permite -porque además así nos lo ha hecho saber la CNC- que los plazos sean mayores y que por ello podamos trabajar mucho más tranquilos y ordenados, dotando a los usuarios de una serie de variables y posibilidades, en caso de que opere la migración, para que tomar la decisión sea en un contexto de certidumbre.

Lo que nosotros vemos al día de hoy -que también puede ser motivo de debate- es que se hace difícil para el usuario de Fibertel recibir el mismo servicio por igual precio. Lo dejamos como inquietud para que lo analicemos entre todos, aunque esto no significa que no sea posible hacerlo. Al día de hoy parecería que técnicamente no habría posibilidades de generar esa migración en igualdad de condiciones, muchísimo menos en los noventa días de los que habla la resolución 100. Esto no significa ponerse a tirar piedras contra esta resolución ni mucho menos, sino llamar a la reflexión y convocar al trabajo para generar las condiciones de certidumbre y tranquilidad para los usuarios para que llegado el caso de migrar lo hagan en igualdad de condiciones y por el mismo valor que están pagando al día de hoy.

Por último, quiero reivindicar el trabajo sobre telefonía celular, y si a ustedes les parece proponerlo para el tema de Internet. En estas tres horas de conversación han surgido temas interesantísimos que demuestran que la administración está en mora, ya sea vía el Poder Legislativo o vía el Poder Ejecutivo, respecto de la consideración de un proyecto de ley que declare servicio público a Internet, telefonía celular y televisión por cable, respecto de la integración del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia y respecto de otros tantos que se han mencionado acá y a los que adherimos.

Creemos que este tipo de reuniones, en las que participen todos los actores vinculados al tema, es donde finalmente se alumbran las mejores soluciones. El camino de la imposición y del hecho consumado no conduce a nada. Asumiendo que tenemos esa mora -sin ser vocero de todos pero entiendo que ese ha sido el espíritu-, las asociaciones de usuarios y consumidores siempre vamos a estar al lado para aportar lo que nosotros desde nuestra humilde experiencia y expertise podamos hacer.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Resta hacer uso de la palabra a la señora subsecretaria de Defensa del Consumidor y el señor interventor de la CNC quería formular algunos comentarios.

Lo que yo quería plantear es que desde la comisión la intención es seguir reforzando el trabajo en conjunto con las asociaciones. No tiene sentido plantear la legislación desde un lugar autónomo de las organizaciones, que vienen marcando hace años cuestiones claras y concretas relacionadas con la defensa de los usuarios y consumidores.

Yo no me voy desconforme ni preocupada de esta reunión sino que me voy tranquila porque es muy posible que estemos en mora, pero el hecho de avanzar en los procesos que garanticen integralidad entre las políticas de Estado, la legislación y la acción concreta de las organizaciones que sustentan parte de esas políticas, es el desafío y el camino a través del cual nosotros pensamos que hay que recrear una nueva institucionalidad.

Creo que estamos en ese camino y que existen políticas de Estado que claramente colocan a los usuarios en el centro de la escena. La resolución 100 tuvo que ver con eso y la resolución 102 tuvo que ver con escuchar a las organizaciones y abrir caminos de mayor consenso.

A nivel de la comisión sí nos tenemos que plantear una metodología clara para que podamos abordar el tema de telefonía celular con urgencia y seriedad.

Quisiera agradecer muchísimo a las asociaciones, a la señora Colombo y el señor Namuncurá, porque esta fue una reunión postergada en la que tuvimos dificultades para encontrarnos hace algunos meses, pero ahora estamos todos acá y tenemos que plantearnos un cronograma por medio del cual podamos vernos más seguido y tener mayor intercambio. La cuestión de la fragmentación es algo que está vigente en nosotros, muchas veces pensamos la legislación fuera de otras cuestiones y creo que participar en este tipo de reuniones nos haría bien como legisladores.

Tiene la palabra la señora Colombo.

SRA. COLOMBO Muchas gracias por la invitación. Siempre estos encuentros sobre temas que atañen a una gran cantidad de personas y tan populares son muy enriquecedores y permiten poner las cosas en su lugar desde el rol que a cada uno le toca.

Por un lado, quisiera comentar lo que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y la Secretaría de Comercio han venido haciendo, acompañando este proceso. Nosotros hemos elaborado una comunicación para informar al público y a los usuarios cómo es la situación, con veracidad y sin generar intranquilidad innecesaria.

No obstante, frente a hechos consumados, a situaciones en las que se les transmite a los usuarios la información de que en principio se estarían vulnerando sus derechos como consumidores, nosotros nos pusimos a trabajar e informamos a través del boletín de la Subsecretaría esta realidad respecto de que la empresa Cablevisión S.A. no es licenciataria del servicio de telecomunicaciones según información de la autoridad competente. Asimismo es verdad que la empresa en su presentación a una oferta pública de accionistas ha dado información respecto de la precariedad de su situación en relación a las licencias, información que no ha sido brindada los usuarios.

La Comisión Nacional de Comunicaciones le dice a Cablevisión S.A. -como a cualquier otra empresa- que se abstenga de comercializar precisamente porque Fibertel fue autodisuelta y por lo tanto ni Cablevisión ni nadie tenía esa licencia. Nosotros detectamos que había una comunicación pública hacia potenciales nuevos usuarios y una búsqueda de nuevos clientes otra vez con esa denominación de Cablevisión, Fibertel -que podía ser confusa- e iniciamos un proceso que está en curso con una imputación por la presunta infracción a la ley 24.240.

A continuación de eso, tiempo después, aparece la resolución de la propia Secretaría de Comunicaciones por la que informa la caducidad de la licencia, y por lo tanto, establece para tranquilidad de los usuarios que habría un tiempo que se mantendría de prestación para que los usuarios pudieran buscar la prestación que en condiciones de legalidad tuviera las mismas condiciones de calidad, precio y desenvolvimiento.

Luego de la resolución 100 de la Secretaría de Comunicaciones, aparece otra publicidad de la empresa Cablevisión mediante la que informa a los usuarios que no necesitan migrar y que la empresa les garantizaba que iba a poder seguir prestando el servicio en condiciones de normalidad, etcétera. Esa nueva publicidad motivó que la Subsecretaría volviera a actuar iniciando una imputación por presunta infracción a la ley de lealtad comercial.

Y seguimos trabajando. Estamos con esas dos imputaciones en curso, estamos acompañando el proceso, estamos informando a los consumidores a través de nuestro 0800 o a través de nuestra página web, estamos acompañando al Consejo Asesor de la Subsecretaría y estamos trabajando en esta tarea conjunta con la Comisión Nacional de Comunicaciones.

Informamos acerca de los alcances que la resolución 102/10 de la Secretaría de Comunicaciones tiene para los usuarios. Esta norma es muy importante, porque es la garantía que da la autoridad de aplicación y que nosotros acompañamos porque entendemos que debe ser cumplida. Si los usuarios, cuando se comuniquen con el nuevo prestador para hacer la migración, no encuentran una respuesta adecuada, tienen dónde recurrir; precisamente, a la autoridad de aplicación.

Estamos trabajando con la Comisión Nacional de Comunicaciones en todos los temas que ha mencionado el señor interventor. Recibimos muchas denuncias acerca del envío de mensajes de texto; el usuario recibe un primer mensaje, cae como un chorlito y a partir de ahí queda enganchado; todos los días recibe un mensaje nuevo.

Se han aplicado muchas sanciones; incluso hubo que perseguir a las empresas fantasma responsables del envío de esos mensajes.

Estamos trabajando para proponer a los secretarios de Comunicaciones y de Comercio Interior que dicten una resolución conjunta tendiente, precisamente, a prevenir estas situaciones tan engorrosas, en ocasiones muy caras y por supuesto molestas para los consumidores.

Hay que definir el marco regulatorio, porque muchas de esas empresas, al no ser de comunicaciones, no se rigen por las normativas de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Entonces, hay que encontrar la manera de que las empresas de telecomunicaciones se hagan cargo cuando permiten a otras la utilización de su red.

Finalmente, nos gustaría que la próxima vez que se reforme la ley 24.240, los señores diputados nos inviten para que podamos conversar entre todos. De esta manera, antes de que se pongan de acuerdo, nosotros podríamos explicar las situaciones de las que tomamos conocimiento.

He visto, muy a vuelo de pájaro, alguna referencia acerca de que los usuarios, cuando quieren dar de baja un servicio, pueden comunicarlo mediante un telegrama gratuito. En verdad, el espíritu de la ley 24.240 tiende a hacer todo lo más fácil posible y a invertir la carga de la prueba, para que el reclamo del usuario sea tenido inmediatamente en cuenta en lugar de pedirle uno y otro papel antes de tomarle la denuncia.

La idea que se persiguió con la mencionada ley fue facilitar los mecanismos a fin de que todo sea más sencillo para los usuarios.

En este caso, por más que el telegrama sea gratuito, el solo hecho de tener que enviarlo puede ser un inconveniente. Aclaro que no cuento con dictámenes técnicos ni políticos ni científicos; simplemente estoy haciendo un comentario para que reflexionemos al respecto. A veces, en el afán de hacer algo mejor, se generan para el usuario mecanismos que tal vez no son los más convenientes.

Si los señores diputados lo desean, en algún momento podemos trabajar juntos sobre el particular.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Quiero decir a la señora Colombo que todas las modificaciones que elaboramos fueron remitidas a su Subsecretaría.

SRA. COLOMBO En realidad, me refería a tener charlas; pero es verdad que hemos recibido las modificaciones.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Por otra parte, deseo informar que una vez ingresado el proyecto a la comisión nos gustaría contar con la presencia de las asociaciones de consumidores de las provincias y de los municipios.

Tiene la palabra el señor diputado Morán, a quien le pido que sea breve para que el señor interventor pueda hacer su cierre.

SR. MORÁN Señora presidenta: su pedido me da pie para recordar que hemos invitado cuatro veces al señor interventor.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Tres veces.

SR. MORÁN Es lo mismo.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA La tercera es la vencida, señor diputado.

SR. MORÁN Yo me puedo quedar hasta las diez de la noche para seguir debatiendo acerca de lo que han expuesto las organizaciones de consumidores. Al señor interventor en la Comisión Nacional de Comunicaciones lo invitamos tres o cuatro veces y nunca ha estado. Ahora, en buena hora, se ha hecho presente; creo que cinco minutos más o menos no cambian la situación.

Varios hablan a la vez.
SR. MACALUSE Si se me permite, quiero recordar que hay un diputado en uso de la palabra. Entonces, tratemos de no generar diálogos para que el orador pueda expresarse con tranquilidad.

SR. MORÁN Cumplo en informar a la señora presidenta que en la nota que remití también pedía la concurrencia del defensor del Pueblo de la Nación. Quiero recordarlo para que no caiga en el olvido, porque el tema me parece importante.

Por otra parte, como hemos recibido varias inquietudes de algunas organizaciones acerca de cuáles son los derechos que tenemos que defender los diputados, quiero decir nuevamente que algunos legisladores estamos aquí representando a bloques que nunca, más allá de las situaciones políticas, dieron su voto a favor de los monopolios o del grupo "Clarín". Otros, por el contrario, fueron cambiando.

Digo esto porque me parece bueno poner todas las cartas sobre la mesa.

Por un lado me voy de esta reunión tranquilo, reivindicando exposiciones que han sido muy interesantes porque profundizaron en la defensa de los derechos de los usuarios, pero por el otro preocupado, porque hay organizaciones que al parecer defienden más la postura del gobierno que los derechos de los consumidores.

Ya que hemos recibido críticas respecto de qué es lo que debemos defender, creí oportuno hacer el comentario.

Un tema que plantearon varias organizaciones -el reclamo fue casi común a todas ellas- es el envío de mensajes de texto, cuestión a la que también se refirió un señor diputado. Estoy convencido de que estamos en manos de ustedes, señor interventor, porque lógicamente los tiempos del Parlamento son más lentos. Por eso creo que en este punto tiene que haber un compromiso muy fuerte.

Si no me equivoco fue el señor Pedro Bussetti quien junto con otro representante de las organizaciones de consumidores se refirió a que en algún momento planteamos el tema de la portabilidad numérica. Es cierto que prácticamente ningún medio de comunicación lo cubrió; es cierto que algunos canales, no sólo del grupo "Clarín", decían: este tema no se cubre. Entonces, si esta lucha no tiene visibilidad pública y, al mismo tiempo, no hay una decisión fuerte y unificada de los representantes políticos y de las organizaciones que defienden los derechos de los usuarios, como se dice comúnmente, "estamos en el horno".

Por eso digo que tiene que haber un compromiso fuerte, para que desde la Comisión Nacional de Comunicaciones se pueda batallar, en primer lugar, por la defensa de la competencia a partir de la posibilidad de recurrir al Tribunal. Es decir, pienso que tenemos que ir urgentemente hacia el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia para cumplir con la reglamentación. En segundo término, por la defensa de los usuarios de telefonía celular, particularmente en lo que se refiere a los mensajes de texto.

Nosotros haremos la parte que nos corresponde; seguramente todos -o casi todos- los bloques nos pondremos de acuerdo respecto de este tema; pero necesitamos que desde el Poder Ejecutivo acompañen fuertemente nuestro reclamo.

SR. GALINDO Si la señora presidenta me permite, quiero hacer una pregunta muy breve al señor diputado Morán.

Como ha aludido a todas las asociaciones, sería bueno que aclare a cuál se refiere. Somos pocos los representantes de las asociaciones de consumidores que estamos presentes en esta reunión, y menos todavía los que hicimos uso de la palabra. Entonces, me gustaría saber a quién se refirió cuando dijo que se estaba defendiendo la postura del gobierno.

En mi caso particular, me corresponde representar a la Red Argentina de Consumidores. Milito por los derechos de los consumidores desde hace once años; me ha tocado pasar por los gobiernos de Menem, de la Alianza, de Duhalde, de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, y siempre he tenido una visión crítica porque creo que ése es el rol que debemos desempeñar: ser críticos, independientemente de quién ejerza el gobierno.

SR. MORÁN De la misma forma que el señor Galindo, como presidente de una asociación, dijo que algunos diputados defendían a las empresas, sería bueno que aclare con nombre y apellido a quiénes se refería.

SR. GALINDO No hay ningún problema. Los diputados son doscientos y pico, pero no tengo problema en decir a quiénes me refería. Lo que ocurre, señor diputado, es que usted aludió a quienes hicimos uso de la palabra en esta reunión, que no hemos sido muchos.

SR. MORÁN Para finalizar y, de alguna manera, contestar...

SR. GALINDO No es que se me vaya la vida en el tema, pero quería hacer la aclaración.

SR. MORÁN Es absolutamente opinable, de la misma forma que opinaron sobre la labor de los diputados. Con muchas de las organizaciones aquí presentes nos hemos encontrado en algunas luchas que hemos dado el año pasado, por ejemplo, por el tema del tarifazo, y hemos coincidido y defendido la posición de los usuarios en conjunto, espalda contra espalda. Seguramente nos encontraremos con otras.

En lo que respecta a mi opinión, ratifico lo que dije en el sentido de que me hubiera gustado tener discursos más fuertes, de un ciento por ciento en defensa de los usuarios, tanto por parte de los diputados como también de las organizaciones.

SRA. PRESIDENTA SEGARRA Creo que hubo discursos muy fuertes y cada uno de ellos en defensa de los intereses de cada uno.

Tiene la palabra el ingeniero Ceferino Namuncurá.

SR. NAMUNCURÁ En primer lugar quisiera decirle al señor diputado que me invitaron tres veces. Más allá de las disculpas del caso por no haber podido venir las otras dos veces, quisiera aclarar que en una de ellas estuve reunido con diferentes asociaciones de defensa del consumidor y en la otra por el tema de la televisión digital.

En cuanto a su preocupación por los cinco minutos más o cinco minutos menos quiero decirle al señor diputado que hace mucho que trabajo en la función pública y que en este gobierno en el que me desempeño hace siete años nunca he faltado. Y trabajo casi todos los sábados y los domingos.

La verdad es que poner en tela de juicio que la Comisión Nacional de Comunicaciones no ha hecho una defensa de los usuarios y que tiene que tener un mensaje más fuerte hacia los monopolios o empresas, necesita un análisis más profundo. Hace muy poco fueron públicas y notorias las multas importantísimas que hemos puesto a empresas muy grandes. En este sentido estamos dispuestos a informar al señor diputado y a todos ustedes.

Vamos a seguir viniendo porque para nosotros es importante participar de estas audiencias más allá de las chicanas del señor diputado; vamos a seguir participando con nuestros cuadros técnicos y vamos a hacer aportes técnico-políticos porque no vamos a vender grandes discursos. De alguna manera vamos a transformar los pedidos de las asociaciones de los consumidores en cosas aplicables.

La verdad es que ya tuvimos una historia bastante nefasta con el decreto 764 del gobierno de de la Rúa, que prácticamente no se pudo aplicar como tampoco el tema del servicio universal y el reglamento de interconexión, que expuso a los pequeños operadores y cooperativas en desigualdad de negociación.

Creo que este ámbito es muy importante, como así también el ámbito que se ha generado en la CNC, y estaremos trabajando por esto que parece su lucha sola pero que es la lucha de muchos más. Muchísimas gracias por todo.

SR. PRESIDENTA SEGARRA No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la reunión.

- Es la hora 19 y 10.