Artículo 1°: La presente ley tiene por objeto establecer un piso mínimo del 2% del Gasto del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional a la “Finalidad Ciencia y Técnica”.

Artículo 2°: Al menos la mitad del Gasto que el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional destine la “Finalidad Ciencia y Técnica” debe ser asignado a la “Jurisdicción Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva”, incluyéndose en ella a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.

Artículo 3°: Al menos el 70% del Gasto del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional asignado a la “Jurisdicción Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva” será destinado a cubrir los gastos del Programa “Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas”.

Artículo 4°: Los mínimos fijados en los artículos 1°, 2° y 3° están destinados a garantizar:

a) el diseño, planificación y cumplimiento de proyectos y programas plurianuales en ciencia, tecnología e innovación productiva.

b) las condiciones laborales y de remuneración de investigadores, personal de apoyo a la investigación y becarios, dependientes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

c) la infraestructura y el equipamiento adecuados para sus actividades de investigación e innovación.

Artículo 5°: En los ejercicios fiscales en los que el Gasto del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional se reduzca en términos reales, los mínimos fijados en los artículos 1°, 2°, 3° se mantendrán -al menos - equivalente al del ejercicio anterior en términos reales, de modo tal de asegurar el cumplimiento de los programas plurianuales.

Artículo 6° Los mínimos fijados por los artículos 2° y 3° deben ser observados por todos los Proyectos de Presupuestos a ser elevados a Congreso de la Nación desde el año de la sanción de la presente Ley.

Artículo 7°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El presente proyecto tiene como objetivo garantizar un piso de continuidad en la inversión del estado argentino en ciencia, tecnología, e innovación productiva y sustraerla, básicamente, de los vaivenes políticos. Sabido y necesario es trabajar en una Ley de Financiamiento del Sistema Científico Tecnológico Nacional. Sin embargo, y a modo de ante sala, proponemos el presente proyecto, el cual busca establecer un piso mínimo del 2% del Gasto del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional a la “Finalidad Ciencia y Técnica” y a su vez una asignación específica a la jurisdicción Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, incluyéndose en ella a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.

Es reconocido desde sectores políticos, educativos y económicos que tanto en el presente como para el futuro, la base de nuestra soberanía e independencia estará dada por los avances científicos y tecnológicos, lo que nos asegurará, márgenes de maniobra respecto a las decisiones tomadas por los llamados “países centrales” y centros de decisión no soberanos.

La Dra. Lidia Brito, Directora de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe de la UNESCO, al presentar el INFORME DE LA UNESCO SOBRE LA CIENCIA, en diciembre de 2015, afirmaba:

“Para lograr los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, resultará imprescindible invertir adecuadamente tanto en las ciencias básicas como en la investigación aplicada y el desarrollo… Sin embargo, ningún país latinoamericano, aparte de Brasil, posee una intensidad de I+D comparable a las de las economías de mercado emergentes dinámicas. Los países de la región aún se enfrentan a desafíos como mejorar la estabilidad política y la gobernanza; dibujar estrategias de largo plazo; aumentar el número de investigadores; reformar el sistema educativo (fomentar carreras de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas); aumentar las inversiones privadas en I+D; y promover la integración regional para compartir los gastos en I+D”.

Justamente, ese informe, muestra para Argentina en la serie 2005-2013, una tendencia más positiva y estable junto a países como la República de Corea y Alemania.

Es innegable que venimos de doce años (2003-2014) de continuidad en la inversión para la expansión y fortalecimiento de nuestro sistema científico tecnológico y de logros, a modo de ejemplo: la mejora continua de los indicadores de ciencia y tecnología, tal como el coeficiente Investigador/PEA, el aumento continuo de becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del FONCYT, rejuvenecimiento de la plata de CONICET, repatriación de más de 1.000 científicos a través del programa Raíces, aumento en la cantidad y monto de los Proyectos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y desarrollos en los sectores de alta intensidad de I+D; satelital y de energía nuclear.

Ahora bien, estos serán logros estériles de científicos y tecnólogos, además esfuerzos inútiles de nuestro pueblo, si no somos capaces de darles continuidad. El temor de que el desarrollo científico-tecnológico argentino pueda sufrir las consecuencias de la inestabilidad de no es vano. No proviene de una abstracción ni de un experimento mental, sino de los últimos sucesos acontecidos.

La crisis de los Becarios del CONICET, postulantes a ingreso a Carrera de Investigador de diciembre de 2016, cuyo desenlace aún no conocemos, es una alerta temprana de un nuevo periodo de incertidumbre que pone en riesgo los logros del ciclo virtuoso.

El Mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017 afirmaba en su apartado de Prioridades en las Políticas Públicas que: “el desarrollo de la ciencia y de la tecnología es una prioridad para los próximos años y por eso es que continuaremos fortaleciendo las políticas de innovación productiva y sustentable, con el objetivo de incrementar tanto la competitividad de nuestra economía como la calidad de vida de los argentinos”, sin embargo en términos de recursos reales, la caída en la asignación de recursos para la jurisdicción Ciencia y Tecnología fue abrupta, llevándola a un nivel inferior al de 2011.

La consecuencia inmediata de semejante reducción es la interrupción de los programas científicos plurianuales y de innovación y debilitamiento de los mecanismos y herramientas de financiamiento de proyectos, tanto en ejecución como a futuro.

Las consecuencias mediatas son tremendamente negativas en la formación de los investigadores y tecnólogos, siendo el recurso humano lo más valioso en todo el sistema, puesto que es un proceso que lleva muchos años. Es una de las trayectorias educativas más costosas.

Reducciones abruptas en la inversión en la formación de científicos como en el desarrollo de investigaciones, embargan los beneficios futuros y desperdician la inversión realizada.

Los países desarrollados basan su productividad no sólo en el desarrollo de sus propios científicos sino también en la “importación de cerebros”. El informe de la UNESCO, ya citado, hace una aseveración aún más preocupante en tal sentido:

“En los próximos años, es muy probable que la competencia por conseguir trabajadores cualificados se recrudezca a nivel internacional (Capítulo 2). Esta tendencia dependerá, en parte, de los niveles de inversión en ciencia y tecnología en todo el mundo y de las tendencias demográficas, como por ejemplo las bajas tasas de natalidad y el envejecimiento de la población en algunos países (el Japón, la Unión Europea, etc). Los países ya están formulando políticas de mayor amplitud para atraer y retener a emigrantes altamente cualificados y estudiantes de otros países, con el objetivo de crear un entorno innovador o de mantenerlo, como es el caso de Malasia”.

Reducciones presupuestarias como las del 2016 y sobre todo como la del 2017, echan por tierra cualquier política científica de estado y vuelven inalcanzables los objetivos de desarrollo de una economía basada en el conocimiento, como la que se requiere para asegurar los puestos de trabajo del futuro.

En el documento “BASES PARA UNA POLÍTICA DE ESTADO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION”, importantes científicos sostuvieron:

De acuerdo a los índices internacionales el país debería triplicar el número de científicos y tecnólogos. Es indispensable que un objetivo de esta naturaleza se armonice con el desarrollo general de CTI en el país de modo de asegurar que los recursos humanos formados sean incorporados al sistema.

Debemos por lo tanto retomar el camino iniciado en el 2007 donde se le otorgó prioridad como política de estado a la actividad científica.

El desafío de nuestro país es lograr ciclos de desarrollo científico-tecnológico, más allá de los cambios en los partidos gobernantes, que permitan quebrar la lógica fatal de la crisis permanente. De ahí la importancia de garantizar un piso mínimo del 2% en el presupuesto anual.

Por todo lo expuesto y con la certeza de que este proyecto contribuye al desarrollo de las nuevas generaciones, es que solicito a mis pares su acompañamiento.