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Reunión del día 06/09/2016

- SEMILLAS Y OBTENCIONES VEGETALES" (107-P-16) FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA, QUIENES EXPUSIERON SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE SU AUTORÍA. ASÍ TAMBIÉN, REPRESENTANTES DE: FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INGENIERÍA AGRONÓMICA(FADIA); AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS(AFA); COOPERATIVAS

- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los seis días del mes de septiembre de 2016, a la hora 17 y 5:
SR. PRESIDENTE ALEGRE Buenas tardes a todos. Hemos convocado en el día de hoy a la Comisión de Agricultura y Ganadería y habiendo número suficiente vamos a dar por iniciada la reunión.

La idea de este encuentro es recibir a la gente de Federación Agraria Argentina, quienes expondrán sobre su proyecto de ley de semillas y obtenciones vegetales.

Nos acompañan su presidente, Omar Príncipe; Jorge Solmi, director de Federación Agraria; el doctor Rafael Pérez Miranda, académico que participó en el desarrollo del proyecto de ley de semillas de la Federación Agraria; Gastón Huarte, ingeniero agrónomo de FADIA; Ricardo Garzia, director de Federación Agraria; José Manuel Rossi, de Fecofe; doctora Luciana Soumoulou, asesora de la Federación Agraria; Ariel Toselli, vicepresidente de Federación Agraria; Adolfo Sánchez, director de Federación Agraria; Carlos Achetoni, director de Federación Agraria; Erik Muñoz, director de Federación Agraria; Lucas Larraquy de la Cooperativa AFA; Alejandro Ollaro, tesorero de AFA; doctor Rolando Rinesi, asesor de AFA, y Felipe Borrouet de CAFER, Federación de Cooperativas de Entre Ríos.

Asimismo, agradecemos la presencia del licenciado Ignacio Garciarena, Director Nacional de Agricultura, quien participa en esta reunión en representación del Ministerio.

Para el mejor desarrollo de esta reunión cederé el uso de la palabra a Omar Príncipe, quien guiará la participación de todos los expositores. Además, pido a cada uno de ustedes que cada vez que vaya a hacer uso de la palabra indique su nombre y cargo para facilitar la tarea de las taquígrafas que están registrando esta reunión.

Tiene la palabra Omar Príncipe.

SR. PRÍNCIPE Mi nombre es Omar Príncipe y soy presidente de Federación Agraria Argentina.

En primer lugar, agradezco a Gilberto Alegre, presidente de la comisión, que nos haya brindado la posibilidad de participar de esta reunión para expresar nuestra propuesta y articularla con los diputados y diputadas. Por esa razón, agradezco la presencia de legisladores, legisladoras, asesores y también del representante del Ministerio acompañándonos en el día de hoy, ya que consideramos muy importante esta instancia para articular y trabajar un tema que para nosotros es estructural en el sector agropecuario.

Como bien dijo el presidente de la comisión cuando hizo la presentación de quienes nos acercamos hoy hasta aquí, habrán notado que no solamente somos directores o dirigentes de Federación Agraria Argentina sino que tenemos una particularidad en relación con el tema de las semillas y es que, trabajando en conjunto con la Federación Agraria, contamos con una Comisión Nacional de Semillas que trabaja en vinculación con otras organizaciones. Es el caso de cooperativas que nacieron de la Federación Agraria Argentina, como por ejemplo Agricultores Federados Argentinos, CAFER -Federación de Cooperativas de Entre Ríos- o Fecofe que representa a más de cuarenta cooperativas en nuestro país.

También hay otras organizaciones tales como FADIA, la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica -a quienes agradecemos porque vienen trabajando junto con la Federación en este proceso-; CASEM, cuyos representantes no están hoy aquí presentes, pero que también es parte de este proyecto que hemos presentado en la Cámara de Diputados.

En realidad, yo voy a hacer solamente una introducción para abrir el juego a mis compañeros. Quiero empezar diciéndoles que este proyecto que la Federación Agraria ha presentado en la Cámara de Diputados es el reflejo de una necesidad, de una realidad que hemos vivido en los últimos tiempos en todo el sector agropecuario: los productores, las cooperativas, los acopios; en realidad, toda la cadena comercial involucrada no solamente con las semillas, sino también en la comercialización de granos, que se ha visto afectada. Especialmente en los últimos dos años la situación ha sido muy preocupante.

Desde la Federación Agraria Argentina hemos venido denunciando y hemos hecho visible cómo venía desmejorando este proceso. Con frecuencia decimos que hay un proceso de concentración productiva en nuestro país, de desaparición de pequeños y medianos agricultores. Eso es consecuencia de factores tales como la falta de políticas públicas que estén orientadas a sostener y a promover a pequeños y medianos agricultores.

Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con el proyecto en debate, acerca de la ley de semillas; nosotros decimos que sí tiene mucho que ver, que es un factor que en los últimos dos años ha contribuido a ponerles trabas, a entorpecer y a perjudicar a los productores agropecuarios, especialmente a los pequeños, y también a las cooperativas, que son las herramientas que tenemos los pequeños y medianos productores para comercializar los granos.

Por eso, con respecto a la comercialización de semillas y de granos, ya en 2014 la Federación Agraria Argentina hablaba del abuso de posición dominante de empresas frente a estas cadenas de comercialización de las semillas. En ese entonces, presentamos una denuncia ante la Secretaría de Comercio, en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, contra la empresa Monsanto por abuso de posición dominante por lo que estaba realizando con sus contratos privados a productores agropecuarios, a chacareros. Pero con el tiempo eso también se fue agravando y esos mismos contratos eran los que les hacían firmar a las cooperativas, a los acopios e incluso hasta a los exportadores. Se llegó al extremo de que en este mismo año, en 2016, durante la campaña de soja que hemos pasado en la Argentina, se puso en riesgo la libre comercialización de granos, de soja, del país con la excusa de que aquí no teníamos una ley de semillas que regule y fiscalice esta situación, y haciendo valer contratos privados por sobre esa ley.

Esto para nosotros fue realmente una situación muy grave, y ustedes saben que desde la Federación Agraria Argentina, además de denunciarla en la Secretaría de Comercio, nos hemos movilizado en varias circunstancias. Lo hemos hecho visible y hemos gestionado en distintos ámbitos -incluso en el Ministerio de Agroindustria-, pidiendo que realmente este abuso de posición dominante, que cada vez era más fácil de determinar, realmente se solucione.

Luego de algunas resoluciones del Ministerio de Agroindustria en la agenda política y en la de todas las entidades, creíamos que el tema del nuevo proyecto de semillas era la alternativa para salir de esta situación.

No solamente estamos en la cuestión de denunciar, demandar, oponernos o ser críticos con aquello que creemos que tenemos que serlo, sino que también tenemos que ser una entidad que apueste a una propuesta, a los proyectos y al consenso.

Vemos también que hay una gran debilidad en nuestro país con respecto a estas empresas monopólicas que, bajo el paraguas de la libertad y de las patentes concebidas en ellas mismas, concentran realmente de forma agravante y pueden llegar a monopolizar todo el tema de las semillas en nuestro país.

Por eso, esta presentación es un acto reflejo necesario de nuestra entidad, traerles un proyecto de ley que realmente para nosotros es integral, en donde incorporamos y ratificamos algunas cuestiones que nos parecen importantes.

Solamente voy a enumerar algunos de los puntos más importantes, para después poder desmenuzarlo con mis compañeros. De este proyecto de ley que presenta la Federación Agraria Argentina, nosotros creemos importante ratificar que la Argentina siga siendo parte de los tratados internacionales como el UPOV 78.

Creemos que el uso propio del productor tiene que ser un derecho adquirido, que siga estando en el proyecto. Creemos que la ley de semillas tiene que ser de orden público, y esto es una consideración especial que hacemos para que ningún contrato privado pueda después tener una vigencia superior a la ley.

Además, incorporamos algo que para nosotros tendría que estar incluido en cualquier política pública en Argentina de aquí en adelante, la figura de la agricultura familiar. En nuestro proyecto de ley de semillas está incluida esta figura y además mencionamos las variedades de semillas criollas y semillas nativas como incorporaciones válidas.

Asimismo, tuvimos en cuenta tratados internacionales y legislaciones vigentes en países europeos, porque creemos que en estos momentos la Argentina tiene que estar legislando a esa altura.

Para empezar a analizar el proyecto les voy a ir dando la palabra a mis compañeros, pero antes de hablar propiamente del proyecto nuestro, me gustaría darles la palabra a algunos de los dirigentes de las cooperativas de Federación Agraria Argentina. Recién les mencioné algunos dirigentes de cooperativas que nos acompañan

Quisiera que los diputados presentes, incluyendo al presidente de la comisión y los asesores, escuchen directamente de boca de los dirigentes de las cooperativas los procesos que han atravesado durante este año, cuáles fueron las dificultades que tuvieron, cómo han vivido este abuso de posición dominante de la empresa y cuáles fueron las consecuencias que tuvieron los productores.

A continuación entonces los compañeros de las cooperativas harán un resumen de la situación que han atravesado. En primer lugar, tiene la palabra el doctor Rolando Rinesi.

SR. RINESI Muchas gracias. Mi nombre es Rolando Rinesi. Soy gerente del área de Legales de Agricultores Federados Argentinos. Somos la cooperativa agropecuaria de primer grado más importante de Sudamérica; nuclea aproximadamente a unos 15 mil productores, principalmente pequeños y medianos, que todos los años confían en la cooperativa para dejar sus granos para comercializarlos.

¿Cuál fue el problema que se nos generó como cooperativa, como acopio, y qué inconvenientes tuvieron los productores a partir de esta pretensión de Monsanto de crear un sistema de control, fiscalización y retención de regalías?

Esto ha comenzado hace ya algunos años. Nos encontramos ante un sistema que se basaba en una suerte de red contractual que posibilitaba este esquema y que se daba fundamentalmente porque existía una situación preexistente. De hecho, había una total falta de control sobre el uso de semillas y, en algunos casos, había abusos. Quienes desarrollaban una tecnología se veían en los hechos impedidos de cobrar por ese desarrollo. Esto es algo real, no lo podemos negar, pasaba. Digo esto para que se entienda cuál es la situación.

Nuestra posición como cooperativa es la siguiente: creemos que quien investiga y realiza una actividad de desarrollo de tecnología debe ser justamente remunerado por ese trabajo, ya que en definitiva se beneficia todo el sector. Esta es una aclaración previa que queremos hacer. En líneas generales, creemos que quien desea utilizar o utiliza determinada tecnología, en la medida en que esa tecnología esté protegida, debe pagar por la misma.

Ahora bien, esta situación de falta de control entendemos que ha generado una reacción desmedida, en este caso por parte de Monsanto, uno de los desarrolladores. Lo que ha hecho Monsanto es celebrar una serie de contratos con lo que yo denomino toda la línea de exportación. Me refiero en este caso a todos los procesadores y exportadores de soja; si bien no son el ciento por ciento de los casos, es como si lo fuera a los efectos de la comercialización de granos. Esto en toda la línea de costa. Provengo de Rosario, de donde salen más del ochenta por ciento de las exportaciones y donde están todos los exportadores más importantes.

Según ese contrato -cuyo contenido por supuesto se desconoce porque tiene cláusulas de confidencialidad, como suele suceder-, los exportadores se comprometían a poner en los contratos de compra de mercadería una cláusula, que se dio en llamar "cláusula Monsanto". Esta cláusula disponía que todo aquél que les entregaba mercadería aceptaba que la misma fuera analizada y que si el resultado era positivo se le informaría al titular de la tecnología -en la medida en que ésta estuviera protegida-; esto sin decir quién era el titular, de quién tenían mandato y a qué tecnología concretamente se referían; y que de la liquidación de esa exportación iban a retener la regalía que correspondiera.

Tal como estaba planteada esta situación, la alternativa era agarrar el camión, pegar la vuelta por no estar de acuerdo con esta condición e ir a otro exportador. Sin embargo, se entraba a otro exportador y la situación era la misma. Es decir, en los hechos no existía ninguna posibilidad de vender o exportar la mercadería sin esta cláusula.

Imaginen ustedes que esta situación se daba para el productor que entregó directo, que puede estar o no de acuerdo con la cláusula, y también para los acopios.

En el caso de los acopios y cooperativas la situación era más compleja porque en realidad la mercadería estaba en los silos de la cooperativa, quien se encargaba de colocarla en los camiones y llevarla al exportador y luego, ante esa cláusula, se corría el riesgo de que le descontaran en aquel momento se hablaba de 50 dólares por tonelada y luego de 15 dólares por tonelada, que ni el acopio ni la cooperativa iban a tener contra quién repetir porque la mercadería había perdido identidad. Incluso iba a pagar por una tecnología que ni la cooperativa ni el acopio habían utilizado porque la cooperativa no sembró ni cosechó sino que simplemente comercializaba la producción de sus asociados.

Todo esto dio lugar a una actividad muy intensa e incluso nos hemos reunido con Monsanto y con las entidades agropecuarias. La Federación Agraria Argentina tuvo un rol fundamental en este tema y nos permitió participar activamente en la búsqueda de soluciones.

Entonces, por un lado estaba este contrato: Monsanto-exportadores. Por otro, Monsanto también tenía contratos con aquellos productores que habían comprado su semilla, porque cuando se las vendía les hacía firmar un contrato en el que el productor reconocía la existencia de la patente y se comprometía a respetar una serie de derechos hasta 2028, más allá de que la patente vencía en 2020; algunos productores compraron, firmaron y otros no lo hicieron.

Asimismo, proponía a los acopios un contrato que ellos exponían como la salvación. A nosotros como cooperativa nos ofrecían la salvación a esta situación del contrato con un exportador. Cuando fuimos a decirles que teníamos este inconveniente, la respuesta fue que ellos tenían la salvación. Si firmábamos que nos comprometíamos a verificar cada vez que el productor entregaba la mercadería, hacer el análisis a ver si contenía la tecnología de Monsanto y le reteníamos al productor, ellos nos daban un pase libre para que luego el exportador no nos retuviera.

Así planteado sonaba bastante tentador y lo fue para muchos, hasta que consultaron con abogados y me tocó intervenir. En ese momento me encontré que para analizar la mercadería de un productor existe una ley de patentes -que invoca Monsanto- que dice claramente que para secuestrar un ejemplar se requiere presentación de título de patente, una orden judicial y prestar contracautela a quien solicita esa orden judicial.

Monsanto pretendía que, sin cumplir con el procedimiento que marcaba la ley, nosotros hiciéramos a todos los productores el secuestro del ejemplar y lo analizáramos para luego informar a Monsanto. Allí se daba otra contingencia jurídica que era la violación del derecho de autodeterminación informativa, porque si el productor no nos había autorizado a que analizáramos la mercadería, ni autorizaba a que se informe a Monsanto -o a quién fuera- cuándo y cuánto entregó, qué variedad y en qué fecha, con todos los datos de la carta de porte, tampoco lo podíamos hacer nosotros porque nos arriesgábamos a que el productor luego nos demandara como cooperativa por haber violado sus derechos. En este caso, entonces, se violaba la ley de patentes y el derecho de autodeterminación informativa.

El otro punto en el que Monsanto pedía que nos comprometiéramos era a retener de la liquidación al productor la regalía que no había abonado, para el caso de aquellos productores que no la habían abonado ni la habían utilizado. Imagínense que sin la autorización de los productores se trataría de una retención indebida de fondos y eso ya es una cuestión penal. Podríamos ir presos si el productor nos denunciara por esa circunstancia.

Es decir que para no tener que sufrir un descuento en la exportación, nos veíamos expuestos a una serie de contingencias jurídicas que eran realmente irremediables, porque es imposible pensar que uno va a obtener el ciento por ciento de las autorizaciones de los productores que mansamente van a permitir que uno haga todo eso. Esto se suma al agravante de que nosotros somos una cooperativa. ¿Por qué digo que es un agravante? Porque acá se produce una tensión jurídica importante: la ley de cooperativas nos obliga a nosotros, como cooperativa, a prestar un servicio a nuestros asociados. El servicio que prestamos justamente es de acopio y comercialización. Entonces, por un convenio con Monsanto, yo no podría negarme a recibir mercadería de un productor porque tenga tecnología teóricamente protegida de algún obtentor, sea Monsanto o quien sea.

Esto dio lugar a muchísima tensión, no solo con Monsanto; se habló a nivel de Agricultura en la administración anterior y se siguió hablando con la administración actual.

Lo que nosotros queremos es tener un marco jurídico que nos avale. Si tenemos que tomar alguna muestra e informar a alguien, que haya un marco jurídico que así lo disponga, como ocurre, por ejemplo, con la obligación de informar ante la AFIP las actividades que realizan los productores, porque hay un marco jurídico que así lo dispone.

A esta situación se le suma que el método para realizar el test de detección de la tecnología es cualitativo: no mide cantidades porque no es cuantitativo, sino que mide positivos o negativos. Hicimos pruebas y, a partir del 10 o el 15 por ciento de los granos con tecnología Intacta, ya daba positivo. Funciona como un Evatest, para decirlo gráficamente; el resultado muestra dos líneas. Se coloca en una licuadora con agua y si aparecen dos rayitas, el resultado es positivo. Esto también agrava bastante las cosas porque uno corre el riesgo de pagar a lo mejor un 90 o un 80 por ciento por tecnología que en realidad no está utilizando, porque el análisis arrojó un resultado ciento por ciento positivo y tal vez era realmente de un 20 por ciento.

Existen métodos para la detección cuantitativa, pero son costosísimos y además sería impracticable por el tiempo que demanda hacerlo con cada entrega. Esa era otra contingencia.

Este año, el Ministerio de Agroindustria dictó la resolución 140, por la que justamente toma nota de la situación y del problema que hay con los análisis. La resolución dispone que no serán válidos y que no podrán surtir ningún efecto jurídico aquellos análisis que se hagan sin un método previamente autorizado. Esto significó un golpe importante para Monsanto porque tenía todo un aparato de control armado en base a este sistema de detección.

A partir de allí comenzó a flexibilizarse un poco la postura. Luego el gobierno dicta la resolución 207 donde se esboza ya un marco normativo que busca un equilibrio -según entiendo yo- en el sentido de darle respuesta al obtentor o al que desarrolla la tecnología, de que va a poder detectar y cobrar eventualmente, y darle también un marco jurídico previsible tanto al productor como a los acopios y a las cooperativas, disponiendo un sistema para esta campaña 2015-2016, en donde con cada entrega de mercadería, el productor toma la muestra, se analiza o se manda a analizar donde lo disponga el INASE. En función de los resultados, por ejemplo, cuando son positivos, el INASE llama al productor y le dice: "Mire, señor, usted sembró Intacta, ¿usted compró las semillas?" Al productor se le da posibilidad de acreditar la compra de las semillas o que hizo un uso propio legal, y con eso no hay problemas, y si no puede acreditar el origen, el productor en ese caso se convierte en infractor. Allí será pasible de multas y ahí si se le informa al titular de la tecnología, quien luego seguramente le va a enviar la factura al productor. Eso es en grandes líneas lo que establece la resolución 207.

Esto es algo provisorio, por eso la importancia de que se discuta una ley de semillas que zanje definitivamente la cuestión.

Ahora, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta? Porque por más que ahora tengamos un marco, donde se puede tomar legalmente la muestra, que se analice y se haga todo este control, Monsanto ha logrado con el gobierno chino una barrera que complica bastante las cosas y es importante tomar nota de esto, por el ahora y por el después -una vez que tengamos una ley- porque es muy difícil de administrar esta contingencia.

Para poder exportar soja a China, mediante este acuerdo que hizo Monsanto con China, es necesario que Monsanto otorgue lo que se denomina un "certificado de bioseguridad", que es una suerte de salvoconducto. Para que se entienda, Monsanto le dice a China que determinado exportador, por este año, puede enviar soja con su tecnología.

Como esto es algo que no se puede regular internamente, le dejo la inquietud a la comisión, habría que pensar o imaginar algún mecanismo para que no quedemos rehenes de esta situación. Podemos dictar la mejor ley posible y luego encontrarnos con que Monsanto no les renueva el certificado de bioseguridad a los exportadores; habremos hecho los controles, habremos hecho todo bien y luego la Argentina no podrá enviar sus granos a China.

Esta es una contingencia que existe hoy y que si no se aborda de una manera profunda y seria, nos puede generar a nivel país un problema muy serio. Hago hincapié en esto porque no es una cuestión menor, por la incidencia que tiene desde el punto de vista estratégico y por la dificultad de tratamiento que tiene este tema. Porque en definitiva, termina siendo una decisión de un gobierno extranjero, que es el gobierno chino. El gobierno chino es quien dice que no recibe soja de la Argentina que tenga Intacta si Monsanto no le da el okay. Esto lo digo simplemente para que se tome nota y se indague un poco más sobre esta situación.

Entendemos que el proyecto que hoy presenta Federación Agraria es un gran avance en relación con la ley del año 1973. Con lo que se ha avanzado, modificado y evolucionado el comercio de granos, bien vale un aggiornamiento del régimen jurídico.

Omar Príncipe hizo hincapié en una cuestión que es muy importante, ya sea que se termine aprobando este proyecto u otro, él habló del orden público. ¿Por qué la importancia del orden público? Porque aquí lo que está en juego es el sistema de comercialización de granos en la Argentina, nada menos para un país como la Argentina.

Si las disposiciones de la ley no son de orden público, en realidad habremos pecado de una ingenuidad francamente increíble, porque estaríamos dando lugar a que Monsanto -digo Monsanto pero puede ser cualquiera- celebre contratos entre particulares pactando condiciones distintas a las que la ley pueda llegar a marcar, y mucho más parecidas al sistema que pretendía hasta ahora. Me refiero a este sistema de fiscalización y retención privada que había diseñado.

Esto tampoco es una cuestión menor y le pido a la comisión que también tome nota de la importancia de que sea cual sea el proyecto, el texto final de la ley -que ojalá salga- tiene que ser de orden público. Esto es una cuestión fundamental.

Otro tema importante es el tema del momento de la extinción del derecho. ¿Cuándo se extingue el derecho del obtentor? La historia que les conté -y quizás me esté excediendo en el uso de la palabra- se extiende al grano, porque en nuestro caso, el de la cooperativa, no se comercializan semillas para volver a sembrar; se comercializan granos para moler, para el consumo en el extranjero, etcétera. Es insólito que se cobre una regalía por el grano.

Es importante entonces que -sea cual fuere el texto de la ley- quede en claro que cualquier derecho se extingue en el momento de la compra de las semillas. Recientemente tuvimos acceso al texto del proyecto del gobierno nacional, que lo aclara expresamente. Creo que esto va por el buen camino.

Más allá de que se hable de protección de la variedad por un lado y de patente por el otro -y esto nos saca de la UPOV 78 y nos pasa a la UPOV 91-, debemos considerar lo relativo a la doble protección. Es decir, ¿queremos un país donde haya una doble protección o queremos una legislación donde se opte por una vía o por la otra? Hay cuestiones a analizar, que de alguna manera subvierten lo que se ve hoy en materia de patentes, el hecho de que no se pueden patentar organismos vivos, no se pueden patentar plantas. Estamos en una línea muy delgada, en una zona gris; estamos navegando en esta zona y creo que hay que hacerlo con muchísimo cuidado para no terminar mal. Me refiero a que no se termine logrando patentar una planta, que es algo que está en la naturaleza.

Escucho a veces a algunos que dicen que en realidad lo que se patenta es el evento. Desde el punto de vista jurídico, quien sabe algo de patentes sabe que esto es una barbaridad, porque no se patentan eventos sino inventos. Esto también debe ser señalado; debemos ver hasta qué punto esto se soluciona con una ley de semillas o es necesario evaluar también la ley de patentes.

Me he extendido demasiado. Han sido muy pacientes en escucharme. Si tienen alguna pregunta, desde ya estoy a su disposición. Les agradezco su atención.

SR. PRÍNCIPE Hará uso de la palabra a continuación el representante de CAFER, la Federación de Cooperativas de Entre Ríos, para que agregue algo a lo dicho por los representantes de AFA, si lo desea.

SR. BERRUHET Mi nombre es Felipe Berruhet. Soy presidente de una cooperativa muy chica de Aranguren, en el centro de Entre Ríos. Vengo en representación de CAFER, una asociación de cooperativas de Entre Ríos que nuclea a nueve cooperativas de la provincia. En mi cooperativa hay 1.200 productores.

Entre Ríos tiene una característica muy particular: es una de las pocas provincias minifundistas, donde no hay grandes latifundios, por lo que en la Federación Agraria representamos a los que se denominan pequeños y medianos productores.

Mi colega de la AFA ya se ha referido a la parte instrumental-legal, por cuanto no voy a incursionar en ese tema. Simplemente voy a hacer un relato muy breve de cuál fue la experiencia que tuvimos nosotros con Monsanto -aunque también podría ser otra empresa cualquiera- cuando apareció el problema de Intacta y tuvimos que hacer frente como cooperativa a la problemática de nuestros asociados.

En definitiva, cuando uno proviene de un medio rural debe entender que está trabajando con organismos vivos biológicos y con una cantidad impresionante de gente que se dedica a la actividad agropecuaria. Esto aleja a los productores de todo lo que sean contratos, relaciones contractuales, vínculos con empresas o tratamiento con multinacionales, quedando todo librado a sus cooperativas. Es por ello que todas las cooperativas que participamos en la actividad agropecuaria tenemos que tomar siempre la posta.

Nosotros recibimos la visita de la empresa; entendió nuestras razones y nosotros entendimos las razones de ellos.

Como las leyes que normalmente regulan los usos y costumbre, esta breve introducción es un pequeño relato de lo que sucede cuando un productor agropecuario decide implementar una sementera y producir granos para que después sean comercializados.

Este es un cuento muy corto. Alguien normalmente va a su cooperativa, pide la semilla, la siembra, la cosecha y luego la remite a su acopio; posteriormente el acopio se encarga de la venta al exportador y se exporta. En conclusión, el problema siempre es del acopio o de la cooperativa, en el caso de pequeños y medianos productores. Por esa razón, nuestra idea es que la ley debería ser amigable con ese proceso.

Esta situación se nos planteó al momento de segregar porque teníamos un costo comercial adicional. Teníamos que hacer el análisis de todos los camiones que entraban, poner los silos -que son los tubos de metal en los que se almacena- a disposición de estas empresas para que cuando segregábamos no tuviéramos la necesidad de mezclar la soja, y si por casualidad a algún productor se le mezclaba y nos infectaba los silos, teníamos que hacernos cargo del costo comercial de eso.

Todo ese barullo comercial que suena muy simple, en la práctica es muy complejo. Estamos hablando de cientos de miles de camiones y cientos de productores que se pueden equivocar y que no tienen la logística.

Todo esto se transformaba para nosotros en un perjuicio desde el punto de vista económico porque teníamos que hacer frente a un canon en la exportación de la que no éramos responsables. Tal vez esa fue una de las causas principales, amén de que teníamos que hacer análisis, etcétera, etcétera.

En el caso de mi cooperativa, ella recibe 200.000 toneladas, de las cuales 100.000 son de soja, y teníamos este proceso de segregación. Eso en la práctica nos resultaba inviable, nos sacaba del esquema comercial y nos acarreaba un costo, que era trasladable a nuestros productores y que considerábamos injusto.

Esta es una síntesis del costo a que se sometía a nuestros productores. Quedo a disposición de todos ustedes para cualquier pregunta que me quieran formular.

SR. PRÍNCIPE Tiene la palabra el representante de FADIA, Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos.

SR. HUARTE Muchas gracias por habernos recibido. Me siento muy complacido por estar aquí y es un enorme compromiso.

Seré muy breve porque quiero apuntar fundamentalmente a dos cuestiones, quédense tranquilos que no les voy a hablar de biología.

Todo esto se suscita en las variedades autógamas, es decir aquellas plantas en cuya flor están los dos sexos, androceo y gineceo, y que por lo tanto se pueden autofecundar. Por eso es posible lograr individuos exactamente iguales a sus padres de una planta de trigo, soja y de todas las variedades autógamas.

Es decir que la única barrera, el freno para impedir la obtención y siembra en forma legal de algunas semillas, es por vía jurídica. Por esa razón, nos parece sumamente riesgoso el hecho de instalar el tema del patentamiento y que la patente tenga mayor entidad que la ley de semillas.

Sostenemos esto por dos motivos. En primer lugar, la Argentina es un típico caso de lo que significa el mejoramiento telúrico con éxito. La soja no es una especie autóctona, ha sido introducida y las mejoras que se han hecho desde hace más de cuarenta años fueron realizadas en su mayoría por semilleros locales, con técnicos locales y brindando adaptación de distintas cimientes a las zonas de difusión o de siembra. Por eso creemos que cercenar esta cuestión con alguna intromisión de la ley de patentes significa lisa y llanamente cercenar lo que entendemos que es la soberanía nacional.

Voy a hacer un paréntesis: yo difiero con algunos que por ahí critican la ley 20.247; para mí no es ni tan vieja ni tan caduca. Lo que sí es cierto es que han faltado controles. Entonces no hay ley posible si no se la controla.

Sin embargo, con los retoques que haya que hacerle, consideramos que debemos ser sumamente celosos para mantener a la Argentina en el estándar de los convenios internacionales UPOV 78.

Por otro lado, coincido plenamente con lo que se ha expresado aquí en cuanto a que debe ser de orden público. Gracias.

SR. PRÍNCIPE Muchas gracias, señores representantes de FADIA.

Para continuar y hacer referencia ya más específicamente al proyecto, tiene la palabra el doctor Jorge Solmi. Él es uno de los referentes de todo este trabajo y pertenece a la Comisión Nacional de Semillas de la Federación Agraria.

SR. SOLMI Gracias.

Mi nombre es Jorge Solmi y soy coordinador de la Comisión de Semillas de la Federación Agraria; soy director de la Federación.

En primer lugar, quiero sumarme también a los agradecimientos, sobre todo, por el silencio y el respeto con el que se nos está escuchando. Es importante para nosotros porque hace mucho tiempo que venimos trabajando en cuestiones referidas a los derechos que circundan a las semillas.

Como ha explicado el ingeniero agrónomo que me precedió en el uso de la palabra, la ley de semillas vigente, la 20.247, si bien tiene casi 40 años, es una ley que marcó la legislación y la doctrina en materia de semillas en el mundo y, fundamentalmente, en América Latina. Es una ley que marcó un rumbo y la verdad, luego de las exposiciones que hemos escuchado acá, la conclusión es que hoy hay un choque entre los derechos que da la ley de semillas con los que otorga la ley de patentes. Este es un poco el motivo por el cual nosotros estamos hoy aquí debatiendo.

La cadena de semillas es relativamente corta: nace con un obtentor, que es una empresa o un criadero que es el que investiga, el que trabaja y crea una variedad nueva. En el medio hay multiplicadores que generan a partir de esa semilla original el volumen suficiente como para que los productores vayamos y compremos las semillas y las podamos sembrar. En general, de las semillas de las que estamos hablando, es decir, de la soja, trigo y maíz, se necesitan volúmenes muy grandes para poder sembrarlas. Es por eso que la figura del multiplicador también es importante.

Luego, con la aparición de la transgénesis nace también una nueva figura: el obtentor de los eventos genéticos. Hay una serie de protecciones que le da el Estado a toda esta tarea investigativa: cuando logra una nueva variedad, el obtentor va al Instituto Nacional de Semillas y ahí se le otorga un título de propiedad. Tiene la titularidad plena de esa propiedad pero, como con todos los títulos de propiedad, hay límites. Hay dos límites puntualmente, que hay quienes quieren plantearlos como excepciones, pero la realidad es que también son derechos. La ley contempla que tienen derechos los obtentores pero que también tienen derechos los fitomejoradores, que son los investigadores. Ellos analizan las variedades que existen en el mercado, investigan y obtienen una nueva variedad.

Es este derecho y esta libertad que tiene el fitomejorador de tomar las variedades existentes en el mercado y desarrollar nuevas lo que ha llevado a nuestra Nación a tener una riqueza invaluable en materia de germoplasma. Nosotros tenemos uno de los bancos de germoplasma más importantes del mundo y somos un actor en el mercado internacional de germoplasma. Vendemos germoplasmas en otros hemisferios y a otros países. El otro derecho que existe es el derecho que tiene el productor a comprar semilla, sembrar, cosechar el producto de su siembra y reservarse parte de eso para volver a sembrar. Ese derecho está contemplado en el artículo 27 de la ley vigente, y es un derecho que no es gratuito. Hoy, no menos de 70 variedades se presentan todos los años en el Instituto Nacional de Semillas para tener un título de propiedad. Pero la realidad es que en el mercado no debe haber más de diez variedades que son las más usadas. El primer seleccionador que existe de las variedades es el productor agropecuario. El fitomejorador busca de esas diez variedades que ya seleccionó el productor agropecuario para mejorar las que vienen.

Entonces, cuando el obtentor, el dueño de la variedad dice: "yo necesito un título de propiedad que me garantice poder recuperar la inversión", la ley lo prevé. Por eso estamos de acuerdo con lo que decía el representante de FARIA, es una buena ley, hasta que aparece el choque contra el obtentor de la biotecnología. ¿Quién es éste? Es un investigador que creó un gen; ese gen es una molécula que se introduce en la semilla, y a partir de esa molécula empieza a apropiarse de la semilla. Una vez que está adentro de la semilla, no solo se apropia de toda la semilla sino que se apropia de toda la cadena.

Aquí lo explicaron representantes de nuestras comercializadoras, de los productores, de las cooperativas. Cuando el productor quiso acceder a este tipo de tecnología, la empresa que la tenía decía que había que firmar unos contratos.

Cuando estudié contratos nos dijeron que para que exista un contrato tiene que contar con tres elementos: discernimiento, intención y libertad. Ninguno de los tres está presente al momento de firmar este tipo de acuerdos; que tampoco lo son porque lo que subyace en la relación entre el titular de la patente y el productor es un reconocimiento de derechos impuestos al productor por parte del dueño de la tecnología, que afecta a toda la cadena. Afecta al productor y también a la comercialización. Nos encontramos con que el productor le reconoce derechos que no le da la ley de patentes. Le reconoce meterse en los campos, obtener muestras, hacer todo tipo de análisis que, si lo hubiese querido hacer de otro modo, tendría que haber ido a un juez, mostrarle el título de propiedad y presentar una contracautela, como ya se explicó, y recién ahí podría haber secuestrado un ejemplar u obtenido alguna muestra.

Los modelos de contratos que se impusieron reemplazaban el procedimiento legal, se pusieron por sobre la ley. Y se demostró muy claramente aquí cómo fue el procedimiento para imponerse por sobre la ley por parte de la empresa obtentora y llevarse por delante los derechos de toda la cadena. Fue gracias a que nuestro principal comprador de soja, que es el gobierno chino, condiciona la importación de esta mercadería a un certificado de inocuidad que tienen que emitir las empresas dueñas de los genes.

La única empresa que lo negocia a cambio de condiciones fue Monsanto, el resto de las empresas que son dueñas de eventos tecnológicos lo cuelgan en la página web y cuando uno llena la documentación del barco para despacharlo a China, directamente lo baja y lo pone ahí. En cambio, Monsanto entrega ese certificado a cambio de que los exportadores pongan este tipo de condicionamiento en todas las compras, y al imponerlo al exportador, se le impuso a toda la cadena hacia atrás: a los comercios, a las cooperativas y al productor.

En esta brevedad quiero sintetizar problemas que van a volver a surgir, porque esta imposición del gobierno chino va a estar subyacente por más que cambiemos la ley. La única alternativa a esto es prohibir las variedades y los eventos genéticos que estén sometidos a este tipo de negociaciones. Desde la Federación Agraria presentamos en el 2014 una denuncia en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia porque entendíamos que esta situación era un abuso de posición dominante.

Desde 2014 a la fecha no hemos tenido ningún resultado. Mientras tanto se abrieron todas estas negociaciones por parte del gobierno con la empresa, se llegó a la Resolución N° 140 y a las que se dictaron en consecuencia, que se explicaron recién. Ahora se intenta una modificación mediante el proyecto de ley.

Frente a estas cuestiones, en la Federación Agraria desde hace tiempo venimos trabajando sobre esta temática en una comisión plural, integrada por las cooperativas, los fitomejoradores, los ingenieros agrónomos, el comercio, CASEM -los multiplicadores- y los productores, y en forma colectiva se presentó un proyecto de ley, al que se hacía referencia hoy.

Nuestro proyecto de ley contempla el título de propiedad del obtentor por la variedad que tiene y también un agotamiento del derecho por parte del dueño de una patente. Cuando una patente está incorporada a una semilla, finaliza el derecho del dueño de la patente y surge el derecho de la semilla. Por eso no hay un conflicto de leyes sino un agotamiento del derecho de la patente cuando se introduce en las semillas.

Consideramos que las normas tienen que ser de orden público, ya que nuestra entidad tiene su origen en una huelga que se genera precisamente en virtud de contratos impuestos en materia de tenencia de tierra. En su momento se imponían determinadas formas de contrato, de lo contrario no se alquilaba. Así surge el Grito de Alcorta y así se genera nuestra entidad.

Hoy esta temática sobre contratos impuestos rige en materia de semillas. Tenemos que tomar conciencia de que se está haciendo agricultura sin agricultores; se puede hacer agricultura sin tierra -saben que se puede hacer hidroponía-, pero no se va a hacer agricultura sin semilla. La semilla es el elemento más estratégico en materia de determinación de la soberanía. Por eso es importante que los contratos sean de orden público y estén regulados. La diferencia de poderes entre quienes nos imponen los contratos y los productores -que estamos totalmente atomizados- es sideral. No hay una paridad que pueda determinar ni discernimiento, ni intención, ni voluntad de firmar un contrato. Son impuestos; no hay otra manera.

Esta situación ya se dio en algún momento con las compañías de seguros. Antes las compañías de seguros tenían la letra chica de las pólizas, que muchas veces era una trampa. En el medio está la Superintendencia de Seguros, que regula el contenido de los contratos de seguro.

Hoy la industria semillera está terriblemente concentrada. Más del ochenta por ciento de las semillas de soja sale solo de dos semilleros, DONMARIO y Nidera; los demás son muy chicos. Son dos las empresas que proveen semillas para sembrar más de 20 millones de hectáreas. Por otro lado, hay 100 mil productores sembrando. La diferencia es muy importante.

Si consideramos a los proveedores de biotecnología, la situación es muy similar. Entonces, tiene que haber alguien que vele por el equilibrio de los derechos en la cadena. Ese alguien tiene que ser el Estado. Eso es lo que nosotros proponemos.

Lamentablemente, el Estado ha tenido un rol muy errático en materia de semillas. En el año 2001 se derogó el Instituto Nacional de Semillas, que se recrea en el año 2003; se promulga en 2004, pero si bien se contempla que en el Instituto Nacional de Semillas debe haber un Directorio, desde ese entonces a la fecha -ya hace doce años- no se constituyó.

Hoy en día escucharán ustedes decir que la semilla fiscalizada -a la que algunos denominan legal, lo que no es tal, aunque intentan ponerlo como sinónimos- representa un 15 por ciento.

En realidad, la semilla puede ser fiscalizada -la que sale desde el criadero cuando el Instituto de Semillas fiscaliza que esa semilla es real- o legal -la que tiene el productor en virtud de su propio uso. En el medio hay una franja que no se controla, que es la semilla ilegal o de "bolsa blanca", que es lo que nosotros siempre decimos que debemos controlar y combatir. No todo lo que se siembra fuera de la semilla fiscalizada es ilegal. Sin embargo, debe haber un control estricto del Estado para combatir la ilegalidad, que existe.

Dicha ilegalidad debe ser combatida porque el perjuicio de la semilla ilegal cae sobre los productores, la cadena, los obtentores y también sobre los multiplicadores.

Nuestro proyecto de ley de semillas da una fuerza muy importante al Instituto de Semillas. Entendemos que el Estado no puede renegar de su rol de contralor y de su función de policía. Asimismo, contempla la vigencia de la Comisión Nacional de Semillas, que es un organismo técnico que figura en la ley actual, y da un rol muy importante al Consejo Federal de Semillas.

El Consejo Federal de Semillas está integrado en nuestro proyecto por representantes de las provincias y también de la actividad académica de cada una de ellas. De esta forma, queremos garantizar fundamentalmente el rol federal que tiene la visión de la semilla y dejar de discutir solamente sobre soja -o fundamentalmente sobre ella- para comenzar a debatir acerca de las necesidades de reproducción y de la normativa de reproducción vegetal en cada una de las economías regionales.

Existen problemas con la fruta fina, con el algodón, con el arroz, debe haber problemas con la zanahoria, y no hablemos de las legumbres, los frutales y los ornamentales. Cada una de las economías regionales tienen situaciones particulares que deben verse y para eso es fundamental el rol del Consejo Federal de Semillas.

También incluimos en la norma -para que no ocurran hechos que conocemos- ciertas medidas de funcionamiento antimonopólico, herramientas que eviten al INASE tener que recurrir a organismos como la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia -que es muy lerda y no reacciona; como comentaba, en 2014 presentamos una denuncia y a la fecha no obtuvimos ninguna respuesta-; es decir, se trata de normas que garanticen también el equilibrio entre cada uno de los eslabones.

Nosotros tuvimos un problema muy serio durante este año porque las empresas concentradas avanzaron sobre el resto de la cadena. No vamos a resolver la situación dando más derechos a las empresas concentradas sino que los problemas van a solucionarse cuando equilibremos los eslabones de la cadena de semillas y los derechos de cada uno de ellos. Por eso es importante que estas herramientas antimonopólicas estén incluidas en un proyecto de ley. Digo esto porque permiten la existencia incondicional de cada uno de los eslabones.

Actualmente un multiplicador de semillas, que es quien genera volumen, está absolutamente condicionado al dueño de la variedad que le impone condiciones para la multiplicación y si no, no le da la semilla. Entonces, el mercado se concentra cada vez más.

Hace pocos días un dirigente agropecuario hacía una reflexión: en Argentina existen 15.000 cabañas que producen toros y vacas y a ningún cabañero se le ocurre cobrar una regalía por el ternero que nace de ese toro y de esa vaca. Esto es así fundamentalmente por el hecho que existen 15.000 cabañas. En nuestro caso, tenemos dos empresas que producen genética y cuando llegamos a la producción, a ellos sí se les ocurre cobrar regalías por lo que producimos.

Para nosotros es fundamental que los derechos de la semilla se agoten en ella y que no se extiendan en la producción, ya que cuando los productores compramos la semilla estamos tomando una decisión de inversión, asumiendo un riesgo, y no tenemos vocación de incorporar más socios.

Ahora aparece alguien que quiere apropiarse de parte de la comercialización y es como la aparición de un socio no deseado. Nosotros no queremos esa especie de "cuñado" que viene a quedarse con parte de nuestro trabajo; no queremos eso. Somos productores, compramos la semilla, asumimos el riesgo y si ganamos plata, es nuestra y si la perdemos, la pérdida es nuestra. No queremos un socio que venga y que nos diga: "Cosechaste tanto, del bruto me llevo esto y ni pregunto qué gastos y qué problemas tuviste en la campaña ni en los gastos de comercialización ni nada; me llevo esto del bruto". Como se ha dicho acá, en algún momento eran 50 dólares, después 15; una cifra muy arbitraria.

La vocación del productor es seguir produciendo, en las condiciones en que lo venía haciendo, asumiendo sus propios riesgos. Para ello es necesario finalizar el derecho de toda la cadena en la venta de la semilla. Cuando nosotros compramos las semillas, agotamos los derechos de todos. Esa es la regla básica. Nadie tiene más derechos que lo que nosotros decidamos sobre nuestra producción.

Cuando pasó esto, el compañero de la provincia de Entre Ríos me decía: "Te venden el árbol y después te vienen a cobrar la sombra." Nosotros no tenemos esa vocación. Queremos que esto se termine en este momento y lo que venga después, si es para pagar deudas, será para pagar deudas, pero que sea del productor. Es por eso que quiero reafirmar esto.

En este esquema en el que participamos, decimos que nos parece importante que haya reglas antimonopólicas y un orden público importante que las partes no podamos modificar. Ustedes son legisladores y no hace falta explicarles esto. Cuando uno asume una paternidad, no impone las condiciones porque lo determina la ley. Cuando uno compra semillas, no puede imponer condiciones en qué circunstancias las vende o no. Es algo que está en el mercado, que se compra y listo, porque la capacidad de imposición de estas empresas es realmente muy grande. Entonces, si nosotros no somos los que ponemos el límite de orden público, van a ir avanzando sobre los productores.

Además, debemos dejar muy en claro dónde empieza el derecho de uno y dónde termina el derecho del otro. Como se ha dicho, el derecho del bio-obtentor, de la bio-obtención, termina en la licencia que se le da al que produce una variedad. El derecho del que produce la variedad, tenga una incorporación genética o no, termina en el momento en el que le vende las semillas al productor, o en el momento en el que el investigador toma esa variedad para generar una nueva. Esos son los límites que queremos dejar bien en claro.

Cuando los límites se empiezan a confundir, la situación empieza a transformarse. Y lo que está sucediendo, algo que viene ocurriendo ya durante este año, no es algo que pase solamente en la Argentina. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, el problema se replica en Brasil, en Paraguay, en Bolivia y de manera parecida también en Uruguay: las cadenas quieren ir avanzando por sobre los productores.

Este flagelo va a terminar en lo que la industria llama "la apropiación de valor", que no consiste en vender algo a un precio determinado, sino en ser socios de parte de la producción. Si nosotros permitiéramos que este negocio se extendiera a toda la producción de soja argentina, estaríamos hablando de que alguien, por tener un gen, se apropia de 600 millones de dólares. Tenemos que poner límites a eso, porque hoy es un gen, pero mañana van a ser tres, pasado ocho, y vaya uno a saber dónde termina esto. Entonces, cada vez va a ser menos para repartir. Por eso hay que dejar bien en claro cuáles son los límites de cada una de las partes.

Finalizo aquí mi alocución y quedo a disposición para responder las preguntas que quieran realizar.

SR. PRÍNCIPE Gracias, Jorge.

A continuación, le daré el uso de la palabra al doctor Rafael Pérez Miranda, a quien quiero agradecer su presencia. Él es parte de un equipo de académicos que han sabido, con mucha paciencia y esfuerzo, ponerle letra a todas estas organizaciones que en conjunto tenemos la experiencia y todas estas ideas. Tengo que destacar además que el doctor Pérez Miranda muchas veces hace sus aportes desde México, porque da clases allá, en una universidad, junto con otros académicos que hoy no pueden estar aquí, a quienes también deseo nombrar: el doctor Salvador Bergel y el doctor Aldo Casella, que fue quien impulsó más la lapicera para redactar los 72 artículos que tiene este proyecto. Por eso quiero destacar el trabajo de ellos en conjunto.

Tiene la palabra el doctor Pérez Miranda.

SR. PÉREZ MIRANDA Buenas tardes, gracias por la invitación. Efectivamente, como dijo Omar, nosotros tratamos de traducir a términos legales las inquietudes que se nos fueron presentando durante un largo período que hemos estado realizando reuniones, intercambios de ideas con productores, alumnos, cooperativas, etcétera. Fueron seis reuniones internacionales que se hicieron en la Argentina y mañana se hará la séptima en Rosario.

Fundamentalmente, hemos tratado de justificar legalmente por qué esta propuesta de Federación Agraria se atiene no solo a los intereses de los productores, de los multiplicadores, etcétera, sino también a las normas jurídicas internacionales y nacionales, que en algunos casos no se cumplían.

El primer punto que quisiera destacar es por qué no se protegían las variedades vegetales hasta la década del 60. Es decir, ¿por qué surge esa inquietud a partir de la revolución verde? Porque fue la revolución más importante en ciencias agrícolas del siglo pasado y quizá de este siglo. Porque no se conocían las modificaciones genéticas y era imposible proteger por el sistema de propiedad intelectual por dos motivos: el primero es que una nueva variedad vegetal no es un invento, y segundo, que el proceso para generar una nueva variedad vegetal es esencialmente biológico e históricamente los procesos esencialmente biológicos no eran patentables.

Esto no era protegible, de alguna manera había que protegerlo y se creó este sistema de la protección de las variedades vegetales, no exigiendo que se trate de un invento -no se le exige nivel inventivo-, solo se le exige diferencia y se elimina el obstáculo de que sea un proceso esencialmente biológico. Por eso se llama un sistema sui generis, es decir, un sistema nuevo, diferente, que además otorga derechos diferentes a los de las patentes, en algunos casos quizá sean mejores; pero en general más limitados que los de las patentes.

Esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando surge la posibilidad de patentar organismos vivos, hay un gran debate que hoy hasta nuestros días sigue dividiendo las legislaciones en el mundo. Inclusive, en cuestiones esenciales, la Unión Europea y Estados Unidos tienen regímenes diferentes e interpretaciones distintas. Así se genera este problema de la posibilidad de una doble protección.

Si entonces nosotros nos atenemos a lo que dice Alpic, esta entidad afirma: "Si el país no autoriza el patentamiento de plantas, tiene que generar un sistema de protección de variedades vegetales". Esto quiere decir que si nosotros tenemos un sistema de protección de variedades vegetales, podemos prohibir el patentamiento de plantas. Al prohibir el patentamiento de plantas sucede lo mismo que cuando prohibimos el patentamiento del embrión humano. Prohibimos el patentamiento del embrión humano porque del embrión surge un ser humano; y ese ser humano pasa a ser un esclavo de quien patentó esa modificación genética del embrión. Entonces, la prohibición del patentamiento de la planta implica la prohibición del patentamiento de las semillas, implica que se utilice esa trampa.

Dentro de ese marco tenemos otro tema que es UPOV 78. Este convenio se aprueba en Argentina a posteriori de la actual ley de semillas, y UPOV 78 expresa claramente que si hay una diferencia entre lo que dice el tratado y lo que dice la legislación de un país adherido a UPOV 78 o es parte de UPOV 78, se aplica UPOV 78. Argentina es parte de UPOV 78, o sea que si hay una contradicción entre el tratado y la legislación argentina, pues predomina el tratado. Y además, esto surge con claridad del artículo 76, inciso 22 de la Constitución argentina.

Por lo tanto, UPOV 78 marca el techo jerárquico de cualquier legislación sobre semillas que se pueda hacer en la Argentina y eso lo tuvimos en cuenta al revisar la legislación de semillas.

Esto quiere decir que se deben tomar todas las medidas necesarias para evitar la doble regalía, ya que implica una doble protección y el tratado UPOV 78 la prohíbe. Por lo tanto, una legislación adecuada tiene que contemplar este principio.

Esto deriva en algunos problemas que hemos visto en el Registro de Variedades, que es el hecho de que a veces se registra una variedad y se dice que la característica de la variedad es que tiene un gen modificado. Ese gen modificado no le otorga diferencia a la variedad. De lo contrario podríamos caer en la siguiente situación: yo registro una variedad; mañana viene un laboratorio, le modifica un gen -tiene derecho a hacerlo según la ley- y la registra como otra variedad y yo pierdo los derechos sobre mi variedad.

Entonces, debe quedar muy en claro en la interpretación de la ley que la modificación genética no implica derecho a registrar. No es una diferencia que otorgue derecho a calificar; esa diferencia es fenoménica.

Esto es lo que tratamos de contemplar. Luego, debe quedar en claro que el agricultor que compra una semilla es el dueño de esa semilla y como tal es el dueño de lo que resulte de la misma. Lo que hace la ley es aplicarle una capitis deminutio; es decir, ese señor es dueño de la semilla pero no la puede comercializar. Eso dice la UPOV 78.

Además, ese dueño de la semilla no tiene los derechos que yo estrictamente le restrinja. Es decir, el obtentor no es el dueño de la semilla. El dueño de la semilla es quien la compra, y es el dueño del producto de la semilla. La ley le aplica ciertas restricciones, y solamente esas restricciones son las que se pueden exigir.

Por lo tanto, tengo que regular con precisión cuáles son los derechos del obtentor, porque todo aquello que yo no le otorgue al obtentor no está, no existe. No es la situación inversa, que es lo que se está planteando en muchos casos. Es decir, que el propietario de la semilla es el obtentor. No, él es propietario de un derecho sobre una propiedad ajena. El dueño de la semilla es el agricultor.

Ya se explicó que gran parte de los conflictos que se plantean se deben a las semillas. Estos conflictos son ineludibles y de alguna manera se tienen que solucionar. Y se tienen que solucionar dos aspectos que son muy importantes. En primer lugar, la interfaz entre patentes y derechos del obtentor; es decir, derechos sobre las variedades vegetales. Son dos sistemas totalmente diferentes. Tenemos que decidir cuál se aplica, porque la UPOV 78 nos prohíbe protegerlos por los dos. Si decidimos regular las obtenciones vegetales, tenemos que tener mucha claridad en no autorizar el patentamiento de semillas y que no se siga por esa vía. Esto excepto que decidamos otro tipo de interfaz. Se puede ver, se puede analizar, pero siempre respetando la jerarquía constitucional otorgada a los tratados, que está por sobre las leyes. De lo contrario, cualquier otra modificación sería ilegal.

Muchos países lo han solucionado, incluso países que están en otros tratados. Por ejemplo, la Unión Europea hace una serie de interfaces. Estados Unidos otorga derecho de uso propio a las variedades vegetales pero no a las patentadas. La Unión Europea otorga derecho de uso propio tanto a las variedades vegetales como a las patentadas.

Los derechos que se otorgan son muy diferentes: el que otorga UPOV es comercializar y el derecho que usa la patente es no usar. Por lo tanto, son dos situaciones difíciles y como se trata de organismos vivos la solución de la interfaz es muy compleja, pero debe buscarse una que respete la jerarquía de la ley.

He participado en una reunión de Flacso en la que una bióloga puso el ejemplo de una heladera y planteó cuál es la diferencia. Y le dije: la diferencia es que la heladera no tiene "heladeritas". El tema de los organismos vivos es que se multiplican de acuerdo a las leyes de la genética y esto genera los problemas.

¿Qué otorgamos con el derecho de obtentores? Un privilegio monopólico. ¿Cuál es el problema? Que se puede abusar de ello. Ello está previsto en la legislación de la mayor parte de los países.

La Unión Europea tiene un reglamento respecto al artículo 83 que permite ciertas excepciones para los monopolios y plantea, por ejemplo, que el titular de un derecho de propiedad intelectual tiene derecho a cobrar un poco más que el resto pero no a realizar un abuso especial en los precios ni al establecer condicionamientos en cláusulas colusivas. Eso lo reglamenta perfectamente.

Por otro lado, Estados Unidos, con todo lo liberal que es, tiene un reglamento en el que es interesante ver la cantidad de sanciones y nulidades que se aplican porque los titulares de derechos de propiedad intelectual violan las normas de la competencia.

Para concluir, creo que es muy importante que haya mecanismos ágiles para prever este tema. Si como autoridad administrativa me piden que regule que se cumplió con un contrato me voy a fijar en las cláusulas de dicho contrato. Si soy autoridad administrativa y voy a fiscalizar que se haya cumplido con un contrato tengo que tener autoridad para registrar y revisar el contrato.

Entonces, en el caso que comentaron los compañeros, si como autoridad administrativa me dicen que debe pagar una regalía porque violó el contrato, leo el contrato y digo: esto es una monstruosidad, es un contrato de adhesión, este contrato es nulo y por lo tanto el señor no debe pagar ninguna regalía. Es decir, la autoridad debe tener los derechos completos, no puede ser que se transforme en operadora de una empresa y no en protectora de su sociedad.

Eso es lo que tratamos de prever aquí, que se establezcan normas claras antimonopólicas que sean aplicadas por la misma autoridad vinculada a la ley y no que se tenga que ir a otra sociedad.

Les pido disculpas si hablé apasionadamente porque no es propio de un abogado pero son temas que a los argentinos nos importan mucho. Muchas gracias.

SR. PRÍNCIPE Tiene la palabra el doctor Jorge Solmi.

SR. SOLMI Quisiera agregar un tema que en el racconto tal vez no quedó claro. Para nosotros es muy importante el derecho del uso propio y la manera en que se plantea en la ley y en UPOV.

Tal como mencionaba Rafael Pérez Miranda, la confección de este proyecto de ley fue muy cuidadosa, contempló todos los convenios internacionales a los que estamos adheridos y también tuvo en cuenta todos los principios que establecen las legislaciones modernas.

Respecto del uso propio, sostenemos que tiene que ser gratuito y debe seguir siéndolo pero admitimos que un cierto grupo de productores más grandes queden excluidos de la gratuidad y sean sujetos de un cobro; es decir, que ese derecho de uso propio pase a ser oneroso.

Es importante la regla general de la gratuidad, la excepción de la onerosidad, pero también lo es que esto tenga una regulación, porque tal como lo hemos dicho hoy, es tan concentrado el sistema de proveedores de semillas que algunos países ya lo vieron. De hecho, hay una directiva de la Comunidad Económica Europea que plantea que el canon para un productor tiene que ser sensiblemente inferior que el canon que paga un multiplicador comercial. Es decir, uno de esos sujetos que contempla la ley que toma la variedad original del criadero, la multiplica y se la vende a los productores va a pagar un canon. Al productor que se reserve semillas para volver a sembrar y que deba pagar un canon por la excepción, deberá cobrársele un valor sensiblemente inferior al que pague el multiplicador comercial.

SR. PRÍNCIPE Gracias, Jorge, esta última acotación es importante.

Para cerrar la ronda de expositores, quiero agradecer a todos los diputados y a los asesores de la Comisión por la paciencia porque este es un tema muy técnico e inclusive difícil de explicar a veces, pero también estamos hablando de que además de ser una cuestión muy técnica, es un tema que tiene que ver con generar una política que nos respalde. Es por eso que tiene tanta importancia para nosotros que la Comisión de Agricultura y Ganadería nos reciba hoy a los representantes de la Federación Agraria y a todas las organizaciones que están aquí presentes.

Tal como lo hemos dicho al principio de la reunión, ustedes podrán ver que están recibiendo nada más ni nada menos que la representación de miles y miles de pequeños y medianos productores. Antes de hacer uso de la palabra, les pedí a los representantes de AFA y de CAFER que mencionaran a cuántos productores representan esas cooperativas: en su seno tienen a más de 14 mil socios. Hay federaciones que representan también a 6 mil productores, otras que no han podido estar hoy presentes pero que integran la Federación Agraria Argentina y que suman esa misma cantidad de productores. En definitiva, lo que quiero transmitirles, señores diputados, en representación de esos productores y de esas cooperativas es el agradecimiento por permitirnos estar aquí hoy y por escucharnos.

Quiero agregar que este tema, que es tan profundo y trascendental, no puede ser resuelto con un "parche" para tirar este año o para resolver parte del conflicto. Desde la Federación Agraria creemos que esta es una gran oportunidad para hablar de una política pública a largo plazo que realmente sea para incluir a los productores, para dar equilibrio a las cadenas, para contribuir para que no se generen monopolios o estructuras dominantes en las cadenas, como viene sucediendo en muchas otras áreas, no solamente con las semillas, sino en la comercialización de muchos de los productos, de los alimentos que producimos los agricultores.

Es por eso que la vocación de la Federación Agraria Argentina es transformar este espacio. Agradecemos una vez más al presidente de la Comisión a pesar de que no debiera ser algo extraordinario. La verdad es que queremos estar aquí más seguido -y vamos a intentar hacerlo-, porque creemos que justamente hay que transformar en políticas públicas y activas muchos aspectos de sector agropecuario.

Tenemos muchos proyectos que consideramos ameritan un mayor trabajo. No solamente se trata de la ley de semillas; también debemos debatir lo referido a las tierras, el arrendamiento, la comercialización, los problemas en el ámbito lechero -sabemos que hay proyectos presentados-, los del área ganadera y las políticas públicas diferenciadas de tipo tributarias para los pequeños productores. Por eso valoramos esta instancia de diálogo, para articular con la Comisión de Agricultura, que insistiremos para que se repita más seguido, dado que para nosotros es una muy buena experiencia.

Muchas gracias por la paciencia y quedamos a disposición de todos aquellos que quieran hacernos preguntas, señor presidente.

SR. PRESIDENTE ALEGRE Agradezco también que estuvieron presentes la gente de Barbechando y de FADA, que se sumaron en la reunión a escuchar la exposición de la gente de Federación Agraria. A continuación les doy la palabra a los diputados, si alguno quiere hacer alguna pregunta o necesita aclarar algo, este es el momento.

Tiene la palabra el señor diputado Ziegler.

SR. ZIEGLER Buenas tardes, gracias al presidente de la Federación Agraria y a todas las instituciones que lo acompañan por venirnos a ilustrar desde una posición en un tema que nos es de mucho interés a los argentinos, sobre todo, viniendo de una región y de una economía regional, soy representante de la provincia de Misiones. Uno a veces quizá ve que la soja nos tracciona a este tipo de debates, cuando en el fondo hay muchas otras cuestiones -creo que claramente alguno de ustedes lo dijo- que podrían ser igualmente importantes.

Quiero decirles que les agradezco, porque por lo menos en mi caso particular, me voy muy ilustrado de un montón de aspectos y visiones que son enriquecedoras para que cuando uno lea los distintos proyectos de ley que están presentados, uno pueda integrar de mejor manera cuál es el más beneficioso, tanto para la Argentina como Nación en su conjunto, y en particular para el conjunto de los productores.

Sabemos también claramente que hay muchísimos agricultores familiares, sobre todo en regiones como la mía, que hace años vienen haciendo una defensa para que haya un germoplasma cultural, que es aquella semilla que se conserva y se va haciendo con ferias de semillas. En definitiva, genera un patrimonio cultural importante que en algún momento puede ser muy significativo y que probablemente lo sea para que alguna empresa multinacional venga a buscar nuevamente la heterogeneidad genética.

Claramente, hoy estamos en un proceso de concentración -llamado por los técnicos homocigosis- es decir, estamos siendo muy concentrados y muy homogéneos en la cantidad de genes y de golpe en algún momento va a aparecer una especie vulnerable y se nos va a caer todo el sistema. Y ahí van a tener que volver otra vez a las especies vivas que están siendo conservadas por estos agricultores.

Esto lo digo por la confusión que uno se genera a sí mismo en cómo pensar este tema. Recién cuando escuchaba al doctor en el final de su exposición, me imaginaba una suerte de IVA para los mejoramientos genéticos, porque ahí, en definitiva lo que se hace con el último que obtiene algo, agrega un gen, como decía el doctor, agrega un valor, pero hay un valor preexistente. Entonces me parece que es lo más parecido a un IVA, a un valor agregado y eventualmente, cómo se reconoce el valor integrado previamente.

Conozco muchas especies, tal vez hoy de menor importancia, un evento -no sé si llamarlo así- es un mecanismo natural que tienen algunas especies nativas nuestras como el caso de los paspalum, que son unos pastos que tienen un sistema de multiplicación apomítico, es una manera de producir semillas por el cual la planta que produce es idéntica a la planta madre porque se produce en la nucela del embrión. Donde nos recibimos con Luis Basterra, hay un grupo de investigadores del IBONE que está muy próximo a poder lograr la identificación del grupo de genes que determina que eso suceda. El día que eso se pueda determinar, prácticamente eso se transformaría en una bio-fábrica; porque a partir de allí se podría incorporar en cualquier planta lo que hoy solamente se hace en plantas autógamas, como por ejemplo lo es la soja. Cuando se incluya ese evento en cualquier planta alógama -creo que se llaman así las que se multiplican cruzándose- podría ser un producto que va a tener un valor extremadamente grande.

Si incorporásemos eso y después viene Monsanto y le introdujera una resistencia a un determinado herbicida o a un insecto y el valor total se lo lleva esa empresa, al final no reconoce el valor integrado previamente. Solamente digo esto para agregar al debate general y a la confusión general, porque tampoco estoy tomando una posición. Quiero reconocer el enriquecimiento que hoy nos dieron y seguramente en el debate que vayamos dando para adelante incorporaremos visiones técnicas desde lo biológico, lo jurídico, lo legal y lo comercial, sobre todas las cosas.

Claramente, por lo menos desde mi parte, quiero que sepan que uno tiene una visión muy integrada, desde el productor, desde las cuestiones culturales y ancestrales. Tenemos plantas nativas en la selva misionera, como es el ambay y la congorosa, que son plantas medicinales de las que se obtienen fitomedicamentos y que tienen un patrimonio natural que culturalmente nuestros aborígenes conservaron.

Digo todo esto porque quiero salirme un poco de la soja. Quiero creer que nosotros tenemos que discutir una ley que vaya más allá de la situación que hoy nos presenta la comercialización de la soja, de modo que verdaderamente esa ley sea superadora y acorde a los tiempos que vivimos.

SR. PRESIDENTE ALEGRE Tiene la palabra el señor diputado Basterra.

SR. BASTERRA Muchas gracias a todos, a los compañeros de Federación Agraria, de AFA y de las distintas entidades asociadas de cooperativas. Hago también un agradecimiento explícito a quienes han participado en lo que fue la ley de agricultura familiar y la ley de límite a la extranjerización, un compromiso permanente de Federación Agraria para la defensa de los pequeños y medianos productores.

En este sentido, hago un reconocimiento a que como organización han presentado un proyecto de ley que defiende los intereses de los pequeños y medianos productores y los intereses de lo que significa el acervo genético nacional y el trabajo de nuestros mejoradores.

En este sentido -y haciendo un paréntesis, señor presidente- quiero comentar algo sobre lo que conversamos en la última reunión de la comisión y que usted acompañó con la firma. Me refiero a la declaración de interés del 7° Congreso Internacional y Nacional de Agrobiotecnología, al que se hacía referencia hace unos instantes y que tendrá lugar en el día de mañana. Mañana es el séptimo evento, y de casualidad, sin dedicarme a esta temática, me tocó estar desde el primero, que se realizó en Corrientes.

Diría yo que es probablemente el evento más sistemático y serio para el análisis de la temática de la propiedad intelectual y de lo que significa el impacto de la semilla sobre los sistemas productivos.

Agradezco también a la Federación Agraria su participación, al igual que agradezco la participación de AFA, que nos informa sobre el contexto internacional y la complejidad del tema que nos toca abordar.

Hemos estado muchas veces con Jorge trabajando desde la materia específica en alguna otra función, también como diputado, sobre la importancia que tiene poder generar estímulos al sistema del desarrollo de nuevas variedades y a la vez interactuar para que esto no tenga un efecto monopólico como el que vemos en su máxima expresión con lo que fue la última campaña, particularmente con la empresa Monsanto.

Este desafío de las asociaciones internacionales es absolutamente relevante. Comentaba recién el compañero de AFA lo que significa que China no dé su habilitación si Monsanto no firma, particularmente hoy, cuando Nidera es propiedad de COFCO. Se empieza a generar entonces un modelo de relaciones internacionales en que Argentina tiene que presentar su modelo soberano de decisión y de producción.

Es cierto que en lo que a trigo respecta estamos cultivando variedades francesas. Es cierto que en garbanzos hace doce a quince años que no tenemos una nueva variedad. Lo mismo pasa con ciertos porotos. Es cierto que no tenemos registros de variedades de especies autóctonas, con lo cual, este desafío -que significa compatibilizar el estímulo, que significa un reconocimiento que otorga el Estado- sobre el desarrollo de una creación fitogenética debe ser el suficiente como para estimular pero no para generar un poder monopólico.

Un aspecto sustancial, que por lo que estamos escuchando seguramente el representante del Poder Ejecutivo nacional nos podrá ilustrar un poco más, es lo relacionado con qué significa vincular los dos derechos que se aplican sobre la semilla. Es decir, el derecho del obtentor y la ley de patentes, ya que en realidad no patentan un gen sino el procedimiento mediante el cual incorporan el gen -que no pueden hacerlo porque de lo contrario lo harían.

Todo esto nos dispara -lo hemos hablado en varias oportunidades en la Comisión de Agricultura y Ganadería- la necesidad de una ley de recursos fitogenéticos que defina nuestra potestad sobre nuestro bagaje genético como un aspecto soberano.

Usted, señor presidente, también tiene un proyecto de ley en este sentido y creo que va a ser muy interesante que podamos compatibilizar la mayor cantidad de criterios.

Ninguno de los presentes somos agentes de Monsanto sino representantes de un pueblo que nos ha votado, que debe rescatar el concepto soberano de los recursos genéticos, el derecho de nuestros productores a producir y a la vez, el derecho de nuestros mejoradores, de todo el sistema de generación de nuevas variedades -AFA genera, ACA tiene equipos técnicos- y sobre todo, el rol y el compromiso del INTA en esta tarea.

Por eso celebro este debate. Creo que debemos dar una discusión a fondo con las consecuencias que puede tener una u otra decisión que vayamos tomando a lo largo de este camino. Obviamente, estamos dispuestos a discutir cada uno de estos puntos como lo hemos hecho a lo largo de este tiempo.

SR. PRESIDENTE ALEGRE Tiene la palabra la señora diputada Horne.

SRA. HORNE Agradezco el despliegue que ha hecho en el día de hoy la Federación Agraria Argentina con una respuesta a una situación que viene haciendo crisis desde hace mucho tiempo. Fue muy valiosa la presentación efectuada, no solo por el aporte técnico sino fundamentalmente por el carácter social de las entidades que traen su voz.

Ustedes son mayoritariamente pequeños y medianos productores y además, productores que se han asociado para optimizar su producción y sus recursos. Digo esto no para ensalzarlos sino porque me parece muy importante, desde esta mirada de la agricultura, resaltar la importancia de valorar un sujeto social en cada una de las normas que debemos analizar y que proponer al pueblo argentino.

En ese sentido es un aporte que viene con una gran representatividad y creo que sería muy bueno tomar este proyecto de ley como una estructura válida a la que quizá se le podrán hacer algunos aportes que intenten sobre todo traslucir al sujeto social, al agricultor, al productor, que es quien en primera instancia debe ser protegido de las posiciones dominantes y es el Estado quien debe recurrir fuertemente en su defensa. Por esa razón, valoramos muchísimo que este proyecto de ley se plantee como una ley de orden público.

Me quedan algunas dudas respecto de por qué ciertos capítulos y otros no. Quizás sería bueno un debate más finito respecto de ciertos aspectos -que creo son perfectibles- vinculados con cómo ha sido planteado y redactado el proyecto.

Por eso me parece muy valioso que se intente conservar el artículo 27. Me gustaría saber en base a qué criterios se plantea la excepción.

También sería bueno ver cómo evitar nuevas complejidades a un sistema que ya de por sí es complejo como, por ejemplo, la creación de nuevas instancias federales que quizás pudieran ser instaladas o motorizadas desde estructuras ya existentes, como el Consejo Federal de la Agricultura.

De todos modos, todas son cuestiones conversables y perfectibles, rescatando el aspecto principal que he mencionado al comienzo de mi alocución: ¿cuál es el sujeto social a proteger? Son nuestros productores y nuestros agricultores, y es bueno que no los tomemos solamente como usuarios de un sistema. Por lo tanto, me comprometo a participar en las próximas reuniones para poder avanzar.

Quiero mencionar un elemento más: el punto crítico de nuestro desarrollo productivo está en la faz de comercialización, siempre. La comercialización opaca el momento de la compraventa y de la entrega del producto por parte del productor. Vamos a ver esto en todos los sistemas, por ejemplo, en el de la lechería cuya problemática trataremos a continuación. También lo veremos en el área de la fruticultura, algo que conozco mejor. Allí también aparece la preocupación por transparentar mecanismos y sistemas, de modo tal que se democratice la renta y no quede solo en una posición dominante o hegemónica que, en este caso, es quien ostenta la titularidad por las transformaciones de las semillas. En algunos casos se trata directamente de los comercializadores y de los exportadores.

Muchas gracias a todos ustedes por haber estado hoy aquí.

SR. PRESIDENTE ALEGRE Para responder, primero hará uso de la palabra el señor Jorge Solmi.

SR. SOLMI Señor presidente: primero quiero hacerle un comentario al diputado Ziegler. La ley contempla algo que no está incluido en el proyecto de ley actual, es decir, el intercambio de semillas entre pueblos originarios y otras comunidades. Hoy se están realizando los programas ProHuerta, en los Hogar Rural de INTA. Es común y tradicional que se haga esto y queremos exponerlo como un derecho reflejado en la ley porque, en la teoría, no podría hacerse. Queremos que ese derecho quede plasmado.

Ahora bien, si usted me permite, señora diputada, le quiero leer el artículo 3° de nuestro proyecto sobre el tema del orden público. Dice así: "Los capítulos VIII al XI son de orden público, inderogables sus preceptos, irrenunciables sus beneficios e insalvablemente nulos y carentes de todo valor cualesquiera cláusula o pacto en contrario o acto realizado en fraude de los mismos."

Salvo la referencia específica al uso propio, a las relaciones entre las partes, a la posibilidad de que el Estado sea quien otorgue una licencia obligatoria -esos son los capítulos de orden público-, el texto es igual al artículo 2° de la primera ley de arrendamiento que tuvo la Argentina en el año 1921. La creación de la Federación Agraria Argentina y el Grito de Alcorta se produjo en 1912, y diez años después se obtuvo la primera ley de arrendamiento. Como nosotros simulamos una réplica de lo ocurrió con la tierra en aquel tiempo a lo que está sucediendo con las semillas con estos contratos impuestos, el artículo es textual.

SR. PÉREZ MIRANDA En relación con los fundamentos de la excepción, en términos generales es lo que se conoce como el derecho de los agricultores, reconocido inclusive en el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos de FAO, donde se hace referencia expresamente a los derechos históricos de los agricultores que, si bien sufrían presiones ajenas a la voluntad de la mayor parte de los que estaban negociando el tratado -pero que se tenía que aprobar por unanimidad-, se puso como facultativo. No se puso como obligatorio, como era el proyecto de nuestros países. Es un reconocimiento histórico a la labor; yo vengo de México, si uno ve la foto del teocintle y ve la foto del maíz antes de que se comenzara a mejorar por mecanismos genéticos, de biología molecular, pues la diferencia entre el teocintle y el maíz es de 5.000 o 10.000 años de agricultura, esto todavía se discute. Mínimamente, son 5.000 años de fitomejoras realizadas por agricultores que no cobraron nada. Entonces, es parte de un reconocimiento.

Quisiera agregar que por suerte hay tendencias que se están invirtiendo, y quizá podamos tener en cuenta cómo los derechos humanos comienzan a condicionar la propiedad intelectual. Tal vez el mejor ejemplo saludable que tengamos a mano es el fallo del juicio de "Philip Morris contra Uruguay", favorable a Uruguay, que reconoce que el derecho intelectual de marca no puede afectar las políticas públicas. Es un fallo excelente y marca una nueva tónica en este tipo de análisis sobre cuáles son los límites de la propiedad intelectual y es muy importante tenerlo en cuenta.

SR. PRESIDENTE ALEGRE Tiene la palabra el diputado por Jujuy, Alejandro Snopek.

SR. SNOPEK Quiero agradecerles a los miembros de Federación Agraria, en primer lugar, por el aporte del proyecto de ley que presentaron en la comisión y que suma a los proyectos que hay en la comisión respecto a las semillas. Contamos con el proyecto del presidente de esta comisión y estamos esperando el proyecto que tiene que venir del Poder Ejecutivo. También quiero agradecer la presencia del director de Agroindustria en esta reunión.

Les comento que respecto de Jujuy, en lo que hace al tabaco -que es lo que más se produce en la agricultura de la provincia-, los productores han formado una finca experimental que inscribió en el ex INASE variedades específicas de tabaco. Ya que el tabaco es una semilla alógama, es decir que produce cruzamientos entre distintas variedades, cuando se va a formar una variedad se obliga a que se autorreproduzca, y de esta manera, se produce el macho estéril para que, en definitiva, cuando alguien adquiera esa semilla no pueda comercializarla. Porque si la comercializa, de todos modos, no sale de allí una nueva planta. Sí sirve para plantar, producir el tabaco pero no para reproducirla.

Quizá quienes con su desarrollo de investigaciones, de tecnología e incorporación de tecnología pretendan cobrar una regalía, lo que deberían hacer es proteger ese invento que han desarrollado o ese evento, introduciéndole un gen; porque si no, es como trasladar la carga al productor. En definitiva, por la ley de semillas se puede utilizar ese material y volverlo a multiplicar para uso propio, lo que no se puede hacer es venderlo a otro productor. En esto la ley lo limita y si lo hace está transgrediendo la ley, y entonces allí quien invirtió quiere hacer los controles posteriores. En realidad, es como que le faltó una parte, que es haber visto que su invento no produzca descendencia que después permita ese uso, de esta manera.

De lo que han ilustrado ustedes, preocupa sobremanera, en definitiva, tengamos la ley que tengamos, el tema de China, porque aparentemente escapa a la posibilidad de legislación que nosotros hagamos aquí. Sí tendremos que ver lo que hace a las negociaciones internacionales. Cuando China pide ser tratada como una economía de mercado, estas cosas tienen que ponerse sobre la mesa porque está reconociendo a una empresa privada derechos que exceden a los derechos de una Nación respecto de lo que comercializan y ellos también compran. Habría que evaluar de qué manera arribar a esos acuerdos.

El otro tema que evidentemente preocupa es que hace falta en definitiva que en lo que hace a las producciones extensivas de granos, principalmente de soja, siga habiendo desarrollo, porque la genética va avanzando pero se van produciendo eventos que hacen que el desarrollo tecnológico que se logre quede caduco en determinado momento.

Entonces, cuando vemos las inversiones que realizó Monsanto para la introducción de otra mejora -el Xtend, cuyo lanzamiento supuestamente está restringiendo lanzar al mercado argentino producto justamente de este inconveniente- y cuando vemos que el glifosato ya no es suficiente para detener como se hacía hace tiempo atrás la invasión de malezas, nos damos cuenta de que es necesario realizar un desarrollo tecnológico. Entonces, es necesario regular de alguna manera que estén contemplados los intereses, que es un poco lo que decía el doctor al comienzo.

Entendemos que tiene que estar preservado el derecho de que quien desarrolla el invento y realiza la inversión pueda cobrarlo, pero lo debería cobrar una sola vez, cuando vende la semilla, y si quiere preservarlo para futuras generaciones debe evitar de alguna manera que se siga multiplicando ese bien.

Este es el aporte que quería hacer. Agradezco nuevamente a la Federación Agraria el valioso aporte que han hecho. Nos han clarificado muchos conceptos que tendremos en cuenta a la hora de llevar adelante el mejor proyecto de ley para que Argentina salga a flote de este conflicto. Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE ALEGRE Me cabe hacerme eco de la voz de todos los diputados y agradecer a la Federación Agraria el haber venido a la comisión para exponer su proyecto y sus ideas.

Es claro que estamos ante un tema muy delicado. No es sencillo. Nosotros producimos alimentos para el mundo y a veces el mundo es quien impone las condiciones de compra. Y aquí debemos ser muy cuidadosos a la hora de redactar nuestras leyes.

En cuanto a las semillas, es claro que están los derechos de los productores pero también de quienes realizan los desarrollos tecnológicos. Es cierto que la naturaleza puede hacer todo lo que hace el desarrollo tecnológico, pero de manera más lenta.

Hoy el mundo demanda alimentos y nosotros tenemos que ver cómo hacer para proteger el desarrollo nacional en la tecnología, porque las empresas multinacionales no vienen al país solamente porque tenemos lluvias, suelo o clima adecuado sino porque también tenemos mucha inteligencia, que se forma en nuestras universidades y que paga el pueblo. Todos los ingenieros y desarrolladores que trabajan en todo esto son personas que se prepararon en la Argentina y que realizan trabajos para desarrollar las tecnologías.

Nosotros debemos ser muy cuidadosos en este equilibrio, proteger a los productores, a todas las economías familiares y a todos los productores exceptuados, pero también a todo el desarrollo nacional de tecnología. De lo contrario podría llegar el caso de que la tecnología solamente sea un producto de las empresas multinacionales sin poder tener forma nosotros de enfrentar el desarrollo. Este es también un enorme riesgo, y no por lo que nosotros hacemos o decimos, sino porque hay un mundo que -como bien expresan ustedes- está dominado por las multinacionales y nos puede poner condiciones que nosotros hoy en día no estamos en condiciones de afrontar pero que son un potencial riesgo que debemos evaluar.

Muchas gracias a todos. Esperamos avanzar. Seguramente nos sentaremos nuevamente a discutir sobre todas estas cuestiones. Si bien no ingresó oficialmente el proyecto del Ejecutivo por la Cámara, está en nuestro poder. Comenzaremos entonces a trabajar en función de todas las ideas que están dando vueltas, de forma de encontrar la mejor solución, que seguramente no será la que pretenda cada uno sino la que pretenda el equilibrio.

Les aclaro que no consideramos hoy el tema de la lechería porque nos hemos quedado sin quórum. Muchas gracias a todos.

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