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ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 449
Secretario Administrativo DR. URIONDO FRANCISCO MANUEL
Jefe SRA. ROJAS CAMILA SOLEDAD
Martes 14.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 60752431 Internos 2431/32
caconstitucionales@hcdn.gob.ar
- JUSTICIA
- ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Reunión del día 26/04/2021
- EXPOSICIÓN DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN
INVITADOS
- doctor Martín Soria ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
EXPEDIENTES
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de abril de 2021, a la hora 18 y 12, comienza la reunión informativa conjunta de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, llevada a cabo bajo el formato de videoconferencia.
SR. PRESIDENTE TAILHADE Buenas tardes, diputados y diputadas. Vamos a dar comienzo a la reunión plenaria informativa de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación.
Hoy nos honra virtualmente con su presencia el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, doctor Martín Soria, quien expondrá en relación con el proyecto contenido en el expediente 0128-s-2020, referido a la reforma del Ministerio Público Fiscal.
La idea es que la reunión sea ágil ya que lo más importante es que escuchemos al señor ministro. Por eso, inmediatamente voy a dar la palabra al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Hernán Pérez Araujo, y luego al señor ministro para que comience con su exposición.
Una vez finalizada la exposición, los diputados que se inscriban en la lista de oradores podrán hacer uso de la palabra durante aproximadamente cuatro minutos para no extender mucho la reunión, ya que algunos estamos fuera de casa y necesitamos llegar no mucho más allá de las 20 horas -por encima de nuestro carácter de esenciales o no.
Esta es la dinámica que propongo para la reunión. Por lo tanto, cedo la palabra al señor diputado Pérez Araujo para que realice su introducción y luego continuará el señor ministro Soria.
Hoy nos honra virtualmente con su presencia el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, doctor Martín Soria, quien expondrá en relación con el proyecto contenido en el expediente 0128-s-2020, referido a la reforma del Ministerio Público Fiscal.
La idea es que la reunión sea ágil ya que lo más importante es que escuchemos al señor ministro. Por eso, inmediatamente voy a dar la palabra al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Hernán Pérez Araujo, y luego al señor ministro para que comience con su exposición.
Una vez finalizada la exposición, los diputados que se inscriban en la lista de oradores podrán hacer uso de la palabra durante aproximadamente cuatro minutos para no extender mucho la reunión, ya que algunos estamos fuera de casa y necesitamos llegar no mucho más allá de las 20 horas -por encima de nuestro carácter de esenciales o no.
Esta es la dinámica que propongo para la reunión. Por lo tanto, cedo la palabra al señor diputado Pérez Araujo para que realice su introducción y luego continuará el señor ministro Soria.
SR. PÉREZ ARAUJO Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y todas, diputados y diputadas.
En primer lugar, quiero manifestar mis condolencias por el reciente fallecimiento del señor ministro de Transporte, compañero y gran trabajador; creo que de esta manera dejo expresada la voz de todos y todas.
En segundo término, ya que esta es la primera reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que me toca presidir, quiero manifestar mi agradecimiento a mis compañeros de bloque y a las autoridades de la Cámara por la designación.
Tal como recién mencionó el señor diputado Tailhade al referirse a la metodología de la reunión, considero que es importante sentirnos honrados por la presencia de un ministro que asumió su cargo hace muy pocas semanas. Quisiera agregar que una vez finalizada su alocución, todos los diputados y diputadas podrán hacer uso de la palabra, como ha venido ocurriendo siempre en todas las reuniones de comisión en las que nos visitaron funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.
Dejo nuevamente en el uso de la palabra al señor diputado Tailhade para la presentación del señor ministro. Muchas gracias a todos y todas.
En primer lugar, quiero manifestar mis condolencias por el reciente fallecimiento del señor ministro de Transporte, compañero y gran trabajador; creo que de esta manera dejo expresada la voz de todos y todas.
En segundo término, ya que esta es la primera reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que me toca presidir, quiero manifestar mi agradecimiento a mis compañeros de bloque y a las autoridades de la Cámara por la designación.
Tal como recién mencionó el señor diputado Tailhade al referirse a la metodología de la reunión, considero que es importante sentirnos honrados por la presencia de un ministro que asumió su cargo hace muy pocas semanas. Quisiera agregar que una vez finalizada su alocución, todos los diputados y diputadas podrán hacer uso de la palabra, como ha venido ocurriendo siempre en todas las reuniones de comisión en las que nos visitaron funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.
Dejo nuevamente en el uso de la palabra al señor diputado Tailhade para la presentación del señor ministro. Muchas gracias a todos y todas.
SR. PRESIDENTE TAILHADE Gracias, señor diputado.
Por supuesto, me sumo a la expresión de condolencias para los familiares, amigos y compañeros de militancia de Mario Meoni, en particular para Leopoldo Moreau, con quien tuvo una muy cercana relación.
Si el ministro está en condiciones de comenzar su exposición, lo dejo en el uso de la palabra.
Por supuesto, me sumo a la expresión de condolencias para los familiares, amigos y compañeros de militancia de Mario Meoni, en particular para Leopoldo Moreau, con quien tuvo una muy cercana relación.
Si el ministro está en condiciones de comenzar su exposición, lo dejo en el uso de la palabra.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS En primer lugar, no puedo dejar de adherirme a las condolencias por el fallecimiento del compañero ministro Mario Meoni, a las que hacía alusión el flamante presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
En segundo término, quiero agradecer a todas las diputadas y diputados de los distintos bloques e interbloques del Congreso de la Nación que hoy participan de esta reunión conjunta.
Asimismo, agradezco por la invitación a participar de esta reunión informativa al presidente de la Comisión de Justicia, el compañero Rodolfo Tailhade, y -como decía- al flamante presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Hernán Pérez Araujo, junto al resto de las autoridades de ambas comisiones.
Obviamente, es un placer volver a esta Cámara, aunque sea de manera virtual, y estar con todos ustedes ocupando otro rol, pero con la misma vocación y voluntad de avanzar en el necesario análisis y tratamiento de un proyecto de ley que creemos fundamental para el restablecimiento del Estado de derecho, que lamentablemente tanto daño ha sufrido en los últimos años.
Desde un primer momento, como todos saben, nuestro presidente Alberto Fernández en sus promesas de la campaña electoral de 2019 propuso contribuir a la recuperación de una Justicia que funcione, que sea proba, que recupere su independencia e imparcialidad; en definitiva, una Justicia que logre solucionar las demandas sociales de todos los argentinos en tiempo y forma.
Por esa razón, desde que asumió nuestro gobierno, se han enviado una serie de proyectos al Congreso de la Nación para que, una vez sancionados, permitan que la Justicia argentina salga de la crisis de legitimidad -en la que lamentablemente hoy se encuentra- y pueda recuperar el prestigio que necesariamente está llamada a tener.
En esta oportunidad he sido convocado para exponer sobre uno de esos proyectos: el referido a la reforma de la ley del Ministerio Público fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
En ese sentido, como todos ustedes saben, esta iniciativa llega a esta Cámara con la sanción del Senado. En consecuencia, ya contiene en su propia naturaleza las miradas e ideas de gran parte del arco político nacional. Indudablemente, ello se debe a que fue recolectando aspectos e ideas de varios proyectos presentados por los distintos bloques oficialistas y opositores a lo largo de los últimos años.
Concretamente, lo que motiva esta reunión es el resultado de más de cuatro proyectos que dieron origen a la sanción del Senado que llega a esta Cámara. Me refiero a dos proyectos de la señora senadora Crexell, uno del senador Weretilneck y otro del senador Lousteau. En tal sentido, no podemos obviar las propuestas y recomendaciones del consejo consultivo de expertos, creado por el gobierno al inicio de nuestra gestión.
Este proyecto de reforma que llega con sanción del Senado y que hoy estamos analizando es, en definitiva, la síntesis de todas estas iniciativas que mencioné; contiene modificaciones al diseño institucional del Ministerio Público fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Dichas modificaciones son respecto del diseño institucional de ambos organismos de manera simultánea y diría casi en paralelo.
Obviamente, por el novedoso rol que tendrán las fiscalías con la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Penal Argentina, que paulatinamente ya venimos implementando, se genera sin lugar a dudas un mayor interés respecto de las reformas al Ministerio Público Fiscal y es entendible que así sea.
Por esta razón, creo que todos compartimos el anhelo de rescatar al Ministerio Público Fiscal de la profunda crisis de legitimidad en la que hoy se encuentra. Dicha crisis -como vengo diciendo desde el mismo día que asumí como ministro de Justicia de la Nación- se genera, entre otras cosas, por algunas cuestiones por cierto no menores. Me refiero a una muy singular, que es el interinato del procurador general de la Nación más largo de la historia del que se tenga registro.
Esta vacancia en el cargo del procurador general, que derivó en este interinato que ya se prolonga por más de tres años, sin duda generó una verdadera parálisis institucional de la Procuración General de la Nación y una falta de conducción que inevitablemente repercute sobre todo el resto del organismo; obviamente, sobre todo el Ministerio Público fiscal y el sistema de Justicia.
Esta crisis de legitimidad es la visión compartida, el común denominador, que fue surgiendo de las distintas charlas y reuniones que en las últimas semanas se mantuvieron en este ministerio con los distintos funcionarios y magistrados, tanto del Ministerio Público Fiscal como de la propia Justicia de la Nación.
Permítanme aquí hacer una pequeña consideración que creo que es claramente demostrativa de esa falta de legitimidad.
Miren lo que sucedió en las últimas horas, que ha tomado estado público y, yo diría, que es un verdadero papelón. Ahí está el reproche, el reto del procurador general interino a ese grupo de mujeres fiscales, a las fiscalas, que solicitaron una reunión oficial, una audiencia pública, para dialogar con este ministro de Justicia sobre cuestiones de género, que necesariamente debemos tener en cuenta en esta reforma de la ley.
Considero verdaderamente que es una actitud bochornosa -canallesca, diría yo-, sobre todo, proviniendo de un procurador general interino que nunca dijo nada de aquellos fiscales que entraban y salían a escondidas de la Casa Rosada o de Olivos, y lo hacían antes de pedir una indagatoria o un procesamiento.
Sin embargo, se reta a las fiscales que solicitaron una reunión con este ministro y ello conforma una situación reprochable e insólita, que no quería dejar de mencionar. No creo que podamos encontrar una muestra más clara y elocuente de esa falta de conducción y de la crisis de legitimidad que hoy padece el Ministerio Público Fiscal de la Nación que, evidentemente, está a la vista de todos.
Que nadie se confunda porque, a pesar de esto, considero que el proyecto de ley de reforma que hoy estamos analizando y debatiendo no debe tener nombres propios, porque no se trata solamente de resolver un interinato, una vacancia o una situación actual dentro del Ministerio Público Fiscal o dentro del Ministerio Público de la Defensa. Tampoco se trata de hacer simples parches, por decirlo de algún amanera, y volver a caer en una crisis de legitimidad o en una nueva parálisis institucional dentro de algunos años.
Queremos y debemos sentar las bases de la institucionalidad sólida y perdurable. Ese debe ser el objetivo que tenemos que perseguir con esta ley de reforma de los ministerios públicos de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal.
Me encuentro en esta reunión de comisión conjunta en el ámbito del Congreso para informar, precisamente, sobre las propuestas y los consensos alcanzados en estas reuniones oficiales y públicas, que fueron solicitadas formalmente por los mayores interesados en esta iniciativa, y hemos hablado con todos. Me refiero, fundamentalmente, a las conversaciones con los principales protagonistas, que son los fiscales, mujeres y hombres del Ministerio Público Fiscal, y los defensores y las defensoras a cargo del Ministerio Público de la Defensa.
En esa serie de reuniones que mantuve en mi primer mes como ministro de la Nación tuve la oportunidad de recibir, en primer término, a un grupo de fiscalas, fiscales mujeres de distintos puntos del país, atravesadas por la misma preocupación en relación con las cuestiones de género dentro del organismo.
También me reuní con la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, representados por su presidente, el fiscal federal Carlos Rívolo, y también con su secretaria general, la doctora Susana Pernas. Asimismo, me reuní con el presidente de la Asociación de Magistrados y de Funcionarios de la Justicia Nacional, el doctor Marcelo Gallo Tagle, y su vicepresidenta, la doctora María Paula Asaro. Finalmente, también conversamos -como corresponde- con la defensora general de la Nación, la docta Stella Maris Martínez.
Tal como dije, el diagnóstico sobre la situación de la Procuración es prácticamente común. El reclamo de un cambio de raíz en el Ministerio Público viene sosteniéndose desde hace varios años y trasciende -sin lugar a dudas- los distintos partidos políticos y las distintas fuerzas.
Recordemos que, en el gobierno anterior, tanto en 2016 como en 2017, se propuso modificar la ley actual, aunque era otro contexto, porque había una procuradora en funciones elegida por unanimidad, pero con otros objetivos y fines, con una redacción muy discutible en algunos puntos, y quizás acertada en otros.
Luego, varios diputados y senadores, de un partido y del otro, fueron presentando proyectos de ley tendientes a la modificación de esta norma que hoy estamos tratando. El problema es que, pese al diagnóstico común y compartido, nunca se logró encontrar los consensos acerca de las soluciones.
Entonces, tenemos que preguntarnos cómo puede ser que todos estemos de acuerdo en que la situación institucional de la Procuración General es realmente una anomalía, así como también lo son algunos puntos centrales de la ley orgánica, y no lleguemos a un consenso para su modificación.
Tal vez la solución simplemente sea dialogar. Por eso, llama la atención -yo lo lamento, y lo tengo que decir- que los mismos que en 2016 y 2017 querían modificar esta norma que estamos analizando, me refiero al gobierno anterior, hoy no quieran participar de esta reunión. Sin siquiera conocer los cambios y las propuestas que hemos estado recogiendo en estas últimas semanas, adelantan, además, su rechazo y oposición, como siempre, por la oposición misma. Eso me tocó verlo desde donde están ustedes ahora, en el Congreso. Hoy lo volvemos a ver, pero ya desde otro rol, lamentablemente.
Como no creo necesario perder el tiempo en esas cuestiones, en los próximos minutos quiero concentrarme en exponer sobre las coincidencias y los consensos que fuimos identificando en cada una de estas reuniones que les comenté anteriormente, que se centraron -básicamente- en cuatro temas que voy a ir abordando parte por parte.
Por un lado, el mecanismo de designación del procurador general de la Nación y la necesidad de que su mandato tenga un plazo con un límite temporal.
Más tarde voy a hablar sobre los mecanismos de designación y los mecanismos de disciplina del resto de los y las fiscales, es decir, la regulación de los jurados en los concursos y también en el Tribunal de Enjuiciamiento. Asimismo, me referiré a las facultades de la comisión bicameral, que también fue motivo de muchas observaciones en las reuniones que mantuvimos. Finalmente, señalaré el fortalecimiento de la necesaria perspectiva de género que debe tener tanto el Ministerio Público de la Defensa como el Ministerio Público Fiscal.
Respecto del mecanismo de designación del procurador general de la Nación, no puedo dejar de mencionar las palabras del fiscal federal en este sentido. Me refiero al doctor Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quien sostuvo que el Ministerio Público Fiscal necesita de un procurador definitivo. Obviamente, esa fue la primera coincidencia que lógicamente tuvimos, no solamente con la AFFUN sino también con todos los actores que participaron en esta ronda de reuniones.
La falta de un procurador legitimado por la elección del presidente, con el acuerdo del Senado, dejó al Ministerio Público Fiscal de la Nación virtualmente acéfalo. Esta condición no puede prolongarse más tiempo si es que queremos seguir implementando el sistema acusatorio en la Argentina.
Todos coincidimos, de un lado y del otro -es decir, de todos los partidos políticos-, en la necesidad de seguir implementando el sistema acusatorio en la Argentina. Debemos tener un procurador con la legitimidad suficiente para conducir ese organismo, no un interino que -les guste o no- nadie eligió y, fundamentalmente, no tuvo el acuerdo del Senado. Esto significa que no tuvo el aval de la participación popular de las provincias, de la gente de la Casa del Pueblo, que es el Congreso de la Nación.
La segunda coincidencia que quiero mencionar es que, precisamente, debido a la paulatina implementación del sistema acusatorio en la Argentina, ese nuevo procurador general de la Nación va a tener más poder que antes. Por esto mismo entendemos que debe tener un necesario límite temporal en su mandato.
Esto es así porque el procurador es la persona que está llamada a diseñar y llevar adelante la política de persecución penal. Estará llamado a tomar decisiones que son fundamentales para la institucionalidad misma del Ministerio Público Fiscal.
Entonces, resulta inaceptable que se mantenga esa rémora monárquica -como le gusta decir al presidente Alberto Fernández- que es un cargo vitalicio, tan ajeno a toda lógica republicana, sobre todo, cuando ya no se trata de jueces, sino de personas que tienen que definir una política criminal y conducir todo un organismo.
Si las fiscalías gestionan los intereses de las víctimas y representan los intereses generales de toda una sociedad, va de suyo que necesitamos una alternancia en el cargo de ese jefe de los fiscales, una alternancia del procurador general para que periódicamente podamos rediscutir cuáles son esos intereses generales y cómo debe diseñarse en el tiempo, en función de esos intereses, la política de persecución penal.
No podemos seguir teniendo un procurador general con un mandato vitalicio, y esto es de toda lógica. Así fue pasando en todos los países de América Latina. En los últimos veinticinco años, con el paso del viejo sistema inquisitivo al sistema acusatorio, en todo el continente, se fueron terminando los procuradores generales con esos mandatos vitalicios. Entre los países que adoptaron este sistema se encuentran: Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, México, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Perú, Panamá y Costa Rica; seguramente me estoy olvidando de alguno.
Hoy solo quedan dos excepciones en toda nuestra región -le pese a quien le pese-: Cuba y Argentina son los dos únicos países que mantienen la figura de un procurador general con mandato vitalicio.
Esta coincidencia en la necesidad de imponer un límite temporal en su mandato es de toda lógica -como les decía antes- con el paso, precisamente, al sistema acusatorio que estamos implementando. Ese procurador general deja de ser un mero apéndice de la Corte Suprema de Justicia -que es una vieja concepción- y pasa a cumplir otro rol no menos importante y que concentra mucho poder en una sola persona.
En este aspecto, permítanme, diputadas y diputados, volver a lamentar la ausencia de los que hoy decidieron no participar de esta reunión porque, en cuanto a la duración del mandato de ese procurador general, hasta el macrismo presentó sendos proyectos para terminar con ese mandato vitalicio. Lo hizo en el 2016 cuando propuso un mandato de cuatro años. Lo volvió a hacer un año más tarde, en el 2017, con el proyecto de sus senadores macristas Pinedo, Rozas, Urtubey, Pichetto y otros, en el que proponían un mandato del procurador general con un plazo de cinco años.
Como vemos, de esta manera, creo que no hay discusiones en la necesidad de avanzar con la posibilidad de terminar con esos mandatos vitalicios en este cargo en particular.
Lógicamente podemos discutir -y está bien hacerlo- la duración del mandato de ese procurador general. Ahí tenemos distintos sistemas.
Algunos países tienen mandatos más largos: por ejemplo, México, tiene un mandato de nueve años -si mal no recuerdo-; Uruguay, con un mandato de diez años; Chile, en la Procuración, el jefe de los fiscales con un mandato de ocho años.
Otros países, obviamente, tienen mandatos más cortos: por ejemplo, Paraguay y Nicaragua, con mandatos de cinco años; Colombia, con mandato de cuatro años del procurador general. Este modelo de mandatos con plazos más cortos es el modelo que también tienen las provincias argentinas, que pusieron un mandato temporal para el jefe de sus fiscales, para los procuradores fiscales en sus provincias.
Creemos que el mandato de cinco años del procurador general, con posibilidad de renovarse por igual término, por otros cinco años, es un buen equilibrio entre esos mandatos largos -que terminan con los mismos problemas, en definitiva, de legitimidad que los mandatos vitalicios- y los más cortos, que no dan margen suficiente, a veces, a desplegar una política criminal para quien tiene la función a su cargo.
Además, en las observaciones que surgieron en el intercambio en las reuniones realizadas durante estas cuatro semanas también hubo coincidencias -si se quiere- o una visión compartida con todos los participantes en que una buena solución sería que el mandato del procurador general no sea de cuatro años, para despegar la elección del procurador de las elecciones presidenciales. Este aspecto es fundamental.
El proyecto aprobado en el Senado toma este concepto de no pegar la elección del procurador fiscal general con la elección presidencial precisamente del proyecto del senador opositor Martín Lousteau. De ahí la generosidad que hemos tenido siempre los peronistas para tratar los cambios importantes que necesitan las leyes que nos ayudan a reconstituir la patria.
La posibilidad de establecer el límite temporal en el mandato del procurador general del Ministerio Público Fiscal se vincula directamente con la tercera coincidencia a la que también arribamos en estas reuniones que hemos ido manteniendo en estas cuatro semanas, y es la posibilidad precisamente de establecer cuál es la mayoría que se requiere para designar al procurador general de la Nación, que es una facultad legislativa en tanto -como todos sabemos- no hay una limitación constitucional.
Con respecto a esto quiero ser claro. En esto fueron coincidentes los dos presidentes de las asociaciones de fiscales y de magistrados con los que tuve oportunidad de reunirme, tanto el doctor Carlos Rívolo como el doctor Marcelo Gallo Tagle.
A continuación, citaré de manera textual una parte del comunicado que emitimos en forma conjunta y que fue aprobado obviamente por ellos. El doctor Gallo Tagle expresó al finalizar la reunión que "la temporalidad y las mayorías necesarias para designar al procurador general son decisiones de la política, que debe resolver el Congreso de la Nación". El fiscal Carlos Rívolo, presidente de la AFFUN, por su parte, dijo al término de ese encuentro que "es una decisión que debe tomar la política: la mayoría y el plazo del mandato para el procurador general de la Nación". Casi las mismas palabras, fíjense, y esto no es casual.
En este mismo sentido, no me quiero olvidar de la reunión que mantuvimos desde el Ministerio de Justicia, hace pocos días -si mal no recuerdo, fue el jueves pasado-, con la defensora general de la Nación, la doctora Stella Maris Martínez, quien nos manifestó que, más allá de algunas diferencias que encontraba con el proyecto de reforma que viene con sanción del Senado, coincidía totalmente en que la voluntad popular se expresa en el Congreso y que por eso no es inconstitucional que sea el Congreso el que modifique los mecanismos de designación, ya que allí están los representantes del pueblo.
Como podemos ver, en definitiva, no hay dudas al respecto. Esto surge del propio artículo 120 de la Constitución Nacional. La Constitución no establece la forma de designación del procurador general de la Nación. Tampoco nos remite expresamente a la forma de designación de los jueces de la Corte Suprema. Esto está fuera de discusión.
La decisión de los constituyentes de 1994 no fue casual, y esto -para los que somos abogados- implica un largo debate en la facultad también. Para darse cuenta de ello basta leer las actas de la Convención Constituyente de 1994. En aquel momento, allí se plantearon dos posturas bien diferentes: una que sostenía que la Constitución debía establecer, precisamente, la forma de designación del procurador fiscal; y otra que decía que no, que eso había que dejarlo librado a una ley del Congreso de la Nación.
Triunfó precisamente esta última postura de los convencionales constituyentes de 1994. ¿Por qué? Este es el debate. Porque el procurador general es el jefe de los fiscales, no es el jefe de los jueces. Esta es la elemental diferencia que enseñan siempre todos en la facultad.
Como decía, no hay dudas al respecto. La mayoría que exige la ley hoy vigente fue producto de una decisión coyuntural, fruto del acuerdo legislativo alcanzado en aquella primera ley orgánica que se sancionó en el Congreso de la Nación en diciembre de 1997, tras la reforma de 1994.
Esa ley que sancionó este Congreso de la Nación, como sus sucesivas modificaciones, puede ser una vez más modificada; diría que necesariamente debe ser modificada ante el profundo cambio de paradigma que supone el paso al sistema acusatorio que estamos llevando adelante.
Este cambio de paradigma implica también el mandato temporal del próximo procurador general del Ministerio Público Fiscal. Si el plazo del mandato del próximo procurador general del Ministerio Público Fiscal ya no es vitalicio, sino que está sujeto a un plazo, es temporal, las mayorías exigidas, las mayorías necesarias para prestar el acuerdo para su designación pueden y deben ser distintas.
Así sucede, por ejemplo, en las provincias argentinas. En todas las provincias en donde los jefes de los fiscales tienen un plazo temporal en su mandato son designados por mayoría simple o absoluta, depende de cada provincia. Es decir, no se exigen los famosos dos tercios para prestar el acuerdo y designar al jefe de los fiscales en esas provincias.
Si mal no recuerdo, así funciona, por ejemplo, en Santa Fe, Córdoba y Salta. De hecho, en casi todo el resto de las provincias argentinas, en donde incluso aún hoy está pendiente el debate acerca del mandato temporal de los jefes de sus fiscales, de los procuradores generales de las provincias, tenemos ejemplos de mayorías absolutas y también de mayorías simples para su designación. Ahí están, por ejemplo, Tucumán, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, La Pampa, San Luis y Santiago del Estero.
En ninguna de todas estas provincias argentinas que acabo de mencionar -seguramente me estoy olvidando de alguna- se exige esa mayoría agravada, es decir, la famosa mayoría de los dos tercios.
Así sucede, incluso hoy, en la provincia de Buenos Aires, donde algunos se escandalizan, aunque hace unos años atrás no les parecía tan grave. En la provincia de Buenos Aires -como todos saben- se designa al procurador con un mandato vitalicio y con el voto de la mayoría simple de su Legislatura provincial.
En definitiva -como les decía-, también las experiencias, no solamente de las provincias argentinas, sino de otros países de Latinoamérica, nos llevan exactamente hacia el mismo camino respecto de las mayorías necesarias para la designación del procurador general de la Nación.
Si bien tenemos distintos sistemas, porque no en todos los países siempre interviene el Poder Legislativo para la designación del procurador, en la mayoría de aquellos países del continente en donde interviene el Poder Legislativo hay una tendencia muy clara: si el mandato del procurador general de la Nación es de un plazo muy largo, como por ejemplo en los países que mencionaba antes, México y Uruguay, que es de 9 y 10 años, respectivamente, se exige una mayoría agravada para la designación.
Es decir, cuando el mandato es largo se agrava esa mayoría para su designación; ahora, cuando el mandato del procurador general en estos países de Latinoamérica es más corto, como en Brasil o en Paraguay -observen que se exigen dos años en Brasil y cinco años en Paraguay, si mal no recuerdo, para la duración del mandato-, en esos casos la mayoría para la designación, para prestar el acuerdo, ya no es una mayoría agravada de los dos tercios y se baja a una mayoría absoluta, es decir, a la mitad más uno de los miembros presentes.
Como les decía, vemos que incluso esa mayoría agravada de los dos tercios para prestar el acuerdo ha generado muchas desventajas y problemas en nuestro país. A la fecha, la realidad nos muestra a todos y a todas que dos presidentes argentinos, dos presidentes distintos, no han podido lograr esa mayoría, no han podido lograr esos consensos necesarios para poder designar a sus candidatos a procuradores generales.
Por ello, seguimos hoy transitando el interinato más largo en nuestra historia. Esta es la verdad y la situación que se evidencia de una manera tan contundente.
En este sentido, es decir, en lo que hace a las mayorías que se requieren para la designación del procurador general del Ministerio Público Fiscal, no quiero dejar de mencionar que el ministro Garavano, allá en el año 2017, al intentar reformar esta misma ley que hoy estamos analizando coincidía con esta misma postura. Garavano decía, en el año 2017, que, si el plazo del mandato del procurador general ya no era vitalicio, sino que iba a ser temporal, esta mayoría era razonable. Ejemplificaba esa posición de bajar los dos tercios, justamente, con el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El otro día volví a escuchar la exposición de Garavano en 2017, cuando ellos querían modificar esta misma ley, en la que comentaba que esta situación de no obtener los dos tercios para prestar el acuerdo y designar a los procuradores había generado una situación de interinatos de algunos meses dentro de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, decía Garavano, que esta situación era muy problemática porque en el sistema acusatorio es la llave del sistema. Eso decía en 2017. Estaba preocupado porque podían obtener la mayoría de las dos terceras partes de los votos para designar al jefe de los fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eso había generado un interinato de algunos meses.
Observen que en la Argentina llevamos el interinato de más de tres años de un procurador general que nadie eligió, el interinato más largo del que se tenga registro hoy.
De hecho, esto mismo fue lo que propusieron los autoproclamados republicanos; no nos olvidemos. Los autoproclamados republicanos, los defensores de las instituciones, que hoy lamentablemente no aparecieron en esta comisión, allá en 2017 presentaron un proyecto que establecía en este mismo aspecto lo que hoy estamos proponiendo, es decir, que el acompañamiento, el acuerdo para designar al procurador general de la Nación sea con la mayoría absoluta y sea un mandato temporal.
Ellos mismos proponían en 2017 esto que nosotros estamos debatiendo hoy. Por eso, lamento que hoy no estén en esa comisión, escuchando y dando la cara como corresponde.
Hay algo que sin lugar a dudas no me quiero olvidar y que marca -entiendo yo- drásticamente la diferencia entre aquel proyecto presentado por el gobierno anterior en 2017 con el proyecto que estamos discutiendo hoy en esa reunión.
La estabilidad del procurador general dentro del plazo de su mandato está asegurada hoy por un mecanismo de remoción que garantiza la independencia y su autonomía. Esto lo digo porque hoy escuchaba o leí el Twitter -porque hacen política por Twitter- acerca de esto de la autonomía y de la independencia. Sinceramente, faltan a la verdad porque ni siquiera vinieron a conocer el proyecto. Para poder remover al procurador general se requiere obviamente del voto de la mayoría de los integrantes de la Cámara de Diputados y de las dos terceras partes de los integrantes del Senado; además, en el marco de un juicio político que garantice su derecho a defensa.
Es fundamental destacar este punto del proyecto que ustedes tienen hoy en sus manos. Por eso, están faltando a la verdad una vez más.
Fíjense si no faltan a la verdad, porque en ese proyecto del año 2017, que fue defendido por el ministro Garavano, el ministro de Justicia de Macri, se exigía solamente la mayoría de los miembros presentes del Senado para poder remover al procurador general. Además, ese proyecto de 2017 de Garavano, de Cambiemos, tenía algo mucho más peligroso, si se quiere, que era realmente lo que se perseguía. El proyecto habilitaba a que el procurador pudiera ser directamente suspendido por el propio presidente. Si se hubiera aprobado aquella ley de 2017, de los autoproclamados republicanos, Macri podría haberse levantado un día y suspender sin más al procurador general, sin intervención del Senado, sin intervención de Diputados. Una verdadera locura, van a coincidir conmigo.
Eso es lo que presentaron ellos en el Congreso de la Nación en el año 2017, los mismos que hoy dicen que peligra la independencia y la autonomía por este debate que estamos abriendo a los actores principales, por esta charla que estoy manteniendo con todos ustedes.
Por suerte, el 2017 quedó atrás -como tantas cosas- junto a todas esas iniciativas que solamente buscaban avanzar sobre el sistema de justicia porque, mal que les pese a algunos, quienes hablaron de destituir a la procuradora general por decreto -no nos olvidemos- y de instaurar un verdadero cogobierno son, justamente, los que hoy deciden no asistir a esta reunión de comisión. Hay que tener presente esto.
Todas esas iniciativas de los años 2016 y 2017 no prosperaron porque contenían verdaderas aberraciones jurídicas que el Congreso no avaló. De todas formas, como todos sabemos, lo que no pudieron lograr con consenso lo hicieron desde la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, montando la mesa judicial para perseguir y encarcelar a opositores. Obviamente que eso también es investigado por la Justicia, como corresponde.
Entonces, más allá de sus acusaciones mediáticas, no somos nosotros ni ustedes los que atacamos a la República ni a las instituciones. Muy por el contrario, nosotros alcanzamos consensos aunque eso signifique, incluso, modificar el texto ya sancionado por el Senado.
Por eso, quiero continuar mi exposición refiriéndome a los puntos en los que hemos coincidido en las reuniones que celebramos. Son cuestiones que, según entendemos, merecen una reconsideración por parte de ustedes como miembros de la Cámara de Diputados de la Nación.
En este sentido, podemos mencionar que el diseño que presupone el Tribunal de Enjuiciamiento en el proyecto que cuenta con sanción del Senado fue generando algunas dificultades en cuanto a su conformación y a su funcionamiento. Precisamente, la problemática del funcionamiento del órgano disciplinario de los magistrados del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa fue un reclamo -debo decir- que hicieron todos los actores involucrados. Esa es la razón de las reuniones mantenidas en estas cuatro o cinco semanas; en ellas pudimos conversar puntualmente sobre estos aspectos.
Está claro que el Tribunal de Enjuiciamiento es un tribunal muy sensible -en eso coincidimos todos- y que debe garantizarse un equilibrio entre dos intereses: se debe garantizar un tribunal imparcial para los magistrados y los fiscales investigados sin impedir la aplicación de eventuales sanciones, en caso de que así se amerite. Todos coincidimos en que con la ley actualmente vigente, este último interés queda totalmente olvidado, ya que para el funcionamiento del Tribunal de Enjuiciamiento se exige determinado quórum. Esto verdaderamente constituye un valladar, por decirlo de alguna manera.
Actualmente, el Tribunal de Enjuiciamiento funciona con un quórum de la totalidad de sus integrantes, es decir, los siete integrantes del tribunal deben estar sentados en el mismo cuarto. Semejante exigencia prevista en la ley actualmente vigente -no quiero confundirlos porque estamos tratando un proyecto ya sancionado por el Senado- provocó un mal funcionamiento del tribunal, por llamarlo de alguna manera. Es decir, el tribunal no logra cumplir las funciones que por ley le fueron encomendadas, generando muchas veces que los conflictos terminen resolviéndose en lugares ajenos a la institución, de espaldas a la gente y al propio organismo.
Este accionar no solamente oscurece y desprestigia al propio Ministerio Público, sino que también dinamita su capacidad de solucionar los conflictos, algo que es necesario a fin de procurar la armonía dentro de un organismo que tiene una función tan elemental y tan importante.
En cuanto a la conformación de ese Tribunal de Enjuiciamiento, creemos que deben receptarse las observaciones que nos hicieron los principales actores y destinatarios de esta ley orgánica con quienes estuvimos reunidos, como dije anteriormente.
Creo que debe mejorarse el equilibrio de la representación de los distintos estamentos para lograr una configuración más moderada -si se quiere- de ese Tribunal de Enjuiciamiento. Por ello, y para honrar de alguna manera los consensos y el diálogo abierto en estas cuatro semanas
con los actores principales de esta iniciativa -sus destinatarios-, sugiero revisar precisamente la composición de ese Tribunal de Enjuiciamiento.
Conforme lo conversado con estas asociaciones y sus integrantes, con las fiscalas y con la defensora general de la Nación, el Tribunal de Enjuiciamiento podría estar integrado, por ejemplo, por un representante del Poder Ejecutivo de la Nación. Este representante debe cumplir con los requisitos para ser procurador general, de esta forma se garantiza su idoneidad. Esta fue una sugerencia que nos hizo llegar la doctora Stella Maris Martínez, que creo que se replica en el Ministerio Público Fiscal. Desde ya, que nos parece muy acertado este consejo u observación de la defensora general de la Nación.
Siguiendo con la composición del Tribunal de Enjuiciamiento, la idea es que entre sus integrantes haya dos representantes de la comisión bicameral -uno por la mayoría y otro por la minoría-, un representante del Consejo Interuniversitario Nacional y un abogado según la competencia; esto también es novedoso. Por ejemplo, si el acusado es un fiscal federal, será un abogado de la matrícula federal; si el acusado es un fiscal nacional, será integrante de este Tribunal de Enjuiciamiento un abogado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Nos parece que es una visión más federal en comparación con la actual integración del Tribunal de Enjuiciamiento.
Esta composición o integración que fuimos describiendo también contempla la posibilidad de incluir a dos fiscales elegidos por sorteo entre todos los magistrados y todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Obviamente -este es un pedido que hicieron expresamente las fiscalas, es decir, las fiscales mujeres, con las que también me reuní-, deberá respetarse que uno de esos dos integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento en representación del Ministerio Público Fiscal sea mujer. Esto fue solicitado, y pienso que es una forma de ir avanzando y romper ese techo de cristal del que tanto se habla, pero con el que muchas veces nos quedamos un poco cortos en los hechos.
Son varias las ventajas de esta composición que fuimos charlando y de las observaciones que fuimos recibiendo estas semanas. Por un lado, es un Tribunal de Enjuiciamiento más federal ya que elimina al abogado de Capital Federal cuando se trata de un fiscal federal pero lo mantiene cuando el fiscal es nacional.
Por otro lado, como recién dije, esta integración que estamos presentando mejora la composición de género, ya que en vez de un fiscal general proponemos dos fiscales de entre todos los magistrados del Ministerio Público Fiscal. Este fue uno de los requisitos que las mujeres fiscales también nos plantearon en esa reunión. En efecto, no es un dato menor que el 82 por ciento de los fiscales generales hoy en la Argentina son varones, según información que nos brindaron ellas en esa reunión. Escucharon bien: 82 por ciento. Por eso creemos que si de los dos integrantes fiscales necesariamente uno es mujer, se nivela esa situación de disparidad que hoy existe.
Esta modificación, sumada a la exigencia expresa de que al menos uno de esos fiscales sea mujer, equilibra el rol de la comisión bicameral como un órgano de control despolitizado y despartidizado, si se quiere, en el ámbito mismo de resolución de las controversias dentro del propio Ministerio Público Fiscal.
En cuanto al funcionamiento del Tribunal de Enjuiciamiento, la sanción del Senado prevé mayorías un tanto livianas. Ese fue el término que utilizó uno de los fiscales que participó en las reuniones que mantuvimos. Esas mayorías son, nada más y nada menos, para remover fiscales. Entiendo que esto obedece también a la actual parálisis del Tribunal de Enjuiciamiento ya que -como les dije antes- con la ley actualmente vigente se requiere de la totalidad de los siete miembros presentes para sesionar.
Lógicamente, esto ha impedido su normal funcionamiento en todos estos años. La actitud corporativa de alguno de esos siete integrantes impedía que el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal funcionara adecuadamente.
El requisito que exige el artículo 80 de la ley vigente, esto es, que el quórum esté conformado por la totalidad de esos miembros, hace que el funcionamiento de ese órgano dependa de la voluntad de uno solo de sus siete integrantes. Nuestra propuesta es mantener el quórum en la mayoría de sus miembros, es decir, en cuatro integrantes, y modificar las mayorías para la toma de decisiones. Para la toma general de decisiones que va a realizar el Tribunal de Enjuiciamiento -por ejemplo, dictar un apercibimiento o imponer una multa a algún fiscal-, lo que fue surgiendo en las distintas charlas y reuniones es que se debería mantener la exigencia de la mayoría absoluta de sus miembros. Por su parte, para remover a un fiscal, que es otra de las atribuciones que tiene el Tribunal de Enjuiciamiento del organismo, creo que todos coincidimos en que se requerirá la mayoría agravada, es decir, el voto de las dos terceras partes de los miembros.
De esta manera, retomamos el excelente trabajo realizado en el Senado de la Nación, ya que prácticamente mantenemos esas mayorías para la toma de decisiones generales y también para las más gravosas, como la posibilidad de remover a un fiscal. Esto es muy importante porque va en línea con el compromiso de la autonomía del Ministerio Público. Se trata de un proyecto de ley bueno y sin nombres propios. Ese fue el encargo que me hizo el presidente de todos los argentinos.
En cuanto al Tribunal de Enjuiciamiento, proponemos que la presidencia se designe por sorteo y que vaya rotando cada seis meses. El objetivo es generar alternancia en el cargo y que no se dé lo que muchas veces vemos en este tipo de casos, que son actitudes corporativas que traban el normal funcionamiento de un tribunal que está llamado a ser el tribunal de disciplina del organismo.
Por otro lado, proponemos una mejoría en cuanto a la composición de los jurados de los concursos. Nuestra sugerencia -y esto es lo que conversamos en las reuniones mantenidas hasta la fecha- es volver a la redacción vigente de la conformación de los jurados, pero sumando la selección mediante el sorteo público, que es algo que no estaba contemplado. Esta composición permitirá generar un jurado de número impar.
Lamentablemente -y creo que ha sido un error involuntario en la sanción del Senado-, este órgano estaría integrado solo por cuatro miembros. Cualquiera puede darse cuenta de las dificultades operativas que esto podría generar en el caso de un empate entre dos concursantes. Esto lo observó también la defensora general de la Nación, la doctora Stella Maris Martínez, y lo hablamos en las reuniones que mantuvimos con los integrantes de algunas de las asociaciones de fiscales y de jueces.
Otra de las consideraciones que hemos ido receptando en estas reuniones tiene que ver con la designación del interino. Pienso que todos vamos a coincidir en que el interino tiene que ser exactamente eso: un interino, alguien provisorio. No puede darse la aberración funcional de que termine atornillada a un cargo una persona que nadie eligió. Desgraciadamente, eso es lo que sucede hoy. Es muy importante entender que también hay que ponerle un plazo de duración a ese interinato para evitar los problemas que nos llevaron a donde estamos hoy.
Las reformas que estamos proponiendo respecto de este tema son varias. Por un lado, consideramos que el límite temporal máximo e improrrogable de ese interinato tiene que ser de seis meses. Por otro lado, proponemos cambios en cuanto a la recepción del pedido de las fiscalas. Las fiscales mujeres con las que nos reunimos plantean que hay que reducir la exigencia de la antigüedad del fiscal general -actualmente de diez años- a no más de cinco años. Ya les había comentado que esto había surgido de las reuniones que mantuvimos con las fiscales mujeres. Hoy en el Ministerio Público Fiscal solamente hay un 18 por ciento de fiscales mujeres. Si no modificamos la exigencia de los diez años, vamos a imposibilitar a todas las mujeres del Ministerio Público Fiscal que puedan llegar a ocupar un interinato. Consideramos que es muy importante que esto se modifique con respecto a la sanción del Senado.
También hemos recogido la sugerencia de modificar la forma de designación que el proyecto venido en revisión prevé para el interinato, por ejemplo, en el caso de una vacancia. El interino debería ser elegido por el Poder Ejecutivo nacional sobre la base de una terna que elabore la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Se trata de una propuesta superadora. Se respeta el esquema de designación del procurador y del defensor general, que implica precisamente la necesaria participación del Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado a través de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal. A su vez, se delimitan las atribuciones de esta comisión para evitar otorgarle funciones que excedan las facultades por las que fue diseñada, evitando, así, una suerte de "cogobierno". Esta es la palabra que surgió en reiteradas oportunidades en cada una de las reuniones que hemos mantenido durante las últimas semanas.
En relación con este tema, debo decir que vi muy preocupada a la oposición en las últimas horas, tanto en las redes sociales como en los medios. Como siempre, se la vio hablando del miedo al cogobierno, en este caso, por las atribuciones que se le otorgan a esta comisión bicameral en la sanción del Senado. Es una lástima que no estén hoy acá para escuchar y debatir las observaciones que estamos proponiendo, que son las que fuimos receptando en todas y cada una de las reuniones que mantuvimos en este gran trabajo de cuatro semanas.
Por estos motivos, quiero pedirles especialmente a los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia que le hagan llegar a esos diputados que hoy no están presentes nuestros aportes a este debate político y legislativo, que debería darse en el Congreso y no en Twitter, en los medios o, peor aún, en los tribunales de Justicia.
Las excesivas facultades de la comisión bicameral que contiene el proyecto que llega con sanción del Senado y que estamos analizando en esta reunión fueron un tema de mucha discusión en las reuniones que mantuvimos en el Ministerio de Justicia. La preocupación por la autonomía del Ministerio Público Fiscal tiene que ver con el término "cogobierno", que varias veces se mencionó.
Incluso, el diseño del método de selección del interino es un norte que no podemos perder de vista. La ley establece que el procurador y el defensor son los jefes de sus respectivos ministerios y que la comisión bicameral tiene funciones exclusivamente de control y de seguimiento. Así lo dice la ley. Este ministerio entiende que no debemos generar confusión ni promiscuidad normativa asignándole atribuciones que excedan su diseño original.
Con las modificaciones propuestas, entendemos que nadie más va a poder gozar de la comodidad de tener un procurador interino favorable a los intereses de un gobierno de turno sin la necesaria urgencia para designar un procurador definitivo, que es lo que corresponde.
Con las modificaciones introducidas en este artículo 11 respecto al modo de designación del futuro procurador de la Nación, será bastante más difícil que se vuelva a producir una situación como la que lamentablemente padece la Argentina ya hace más de tres años.
Quiero ser muy claro en esto para que no haya confusión: esta ley no debe tener nombres propios. Lo dije al inicio y quiero volver sobre esa idea: esta ley no debe tener nombres propios. El procurador interino, más temprano que tarde, tendrá que irse, pero no por esta norma; no porque haya sido funcional -la Justicia lo dirá- a la mesa judicial; no porque ande por ahí haciendo uso de un poder temporal para proteger a fiscales que cometen delitos o para andar apretando, persiguiendo o retando a fiscales mujeres en un verdadero acto de discriminación de género. No, el procurador interino se va a terminar yendo porque es, precisamente, eso: un procurador interino.
En el hipotético caso de que hubiese sido el mejor procurador interino de la historia, la temporalidad está en la propia naturaleza de un interinato, y esa temporalidad debe ser breve, no de tres años y medio. Esto es insostenible y lo vengo diciendo desde el día que asumí.
Si me permiten, justamente hablando de este apriete, de esta situación confusa, canallesca -llámenla como quieran-, de este escándalo del procurador interino hacia las mujeres -que no hicieron más, fíjense, que presentar propuestas sobre perspectiva de género para incorporar al proyecto de ley que hoy estamos debatiendo- que surgió este último fin de semana, quiero presentar las propuestas de las fiscales mujeres, las "fiscalas" como les gusta llamarse a ellas. Son propuestas concretas en las que coincido -creo que todos vamos a coincidir en su totalidad-, que es muy importante introducir en el debate que debemos dar en el Congreso de la Nación sobre esta sanción que nos llega del Senado.
Como dije al iniciar mi exposición, la primera reunión fue, precisamente, con este grupo de mujeres fiscales que generó todo esto; fiscales mujeres federales y fiscales mujeres nacionales también. Como les dije a ellas, no quiero que la decisión de reunirme en primer lugar con ellas quede como un mero gesto, como una gestualidad vacía, hueca, sino que esa primera reunión -que fue con ellas, precisamente- debe transformarse en medidas concretas.
Fíjese la diferencia que hay: el 82 por ciento de los cargos jerárquicos dentro del Ministerio Público Fiscal lo ocupan varones. Esta es una disparidad que no podemos seguir tolerando dentro de un órgano tan importante.
Sabemos que el techo de cristal existe en todos lados, y la Justicia y el Ministerio Público no escapan a todo esto, todos lo sabemos. Los datos son alarmantes. En la reunión me dejaron un informe de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal -lo voy a leer- que indica que la presencia de las mujeres disminuye a medida que va aumentando la jerarquía de los cargos. Ellas ocupan el 53 por ciento de los cargos intermedios: funcionarias y personal administrativo. Pero, la presencia de las mujeres en los cargos de mayor jerarquía, dentro del Ministerio Público Fiscal, disminuye a un 27 por ciento.
De la región de Latinoamérica, el Ministerio Público Fiscal de la Argentina tiene el "privilegio" de tener el menor porcentaje de mujeres que llegan a cargos jerárquicos, de fiscales, de "fiscalas", como les gusta a ellas. Esta proporción es aún menor en los cargos de fiscales generales. Sabemos que ese es un escalafón un poco más importante no sólo en términos de jerarquía, sino también por ser un requisito de la ley actualmente vigente.
Como les comentaba antes, es difícil para la mujer llegar a ciertos lugares, como lo es ocupar una procuraduría especializada. Dentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación, solo el 18 por ciento de las mujeres fiscales llegan a ser fiscales generales. Esto también debemos ir modificándolo.
Esto no sólo es injusto para las mujeres que integran el Ministerio Público Fiscal, sino que tiene consecuencias cotidianas para las mujeres que son víctimas e imputadas en causas penales también. No hay acceso a la Justicia sin una Justicia con perspectiva de género. Esto me lo enseña también y me lo repite todo el día la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, así que no me quiero olvidar de mencionarlo porque, si no, me va a retar. Para eso necesitamos, entre otras cosas, romper ese techo de cristal en el Ministerio Público Fiscal, que más que un techo de cristal -y así se lo manifesté a las mujeres fiscales que vinieron a verme- diría que es un techo de cemento. Ni hablemos de la conducta de quien interinamente lo dirige.
El proyecto de ley que viene con sanción del Senado tiene muchos avances en ese sentido, y esto hay que destacarlo. Por un lado, incorpora la perspectiva de género como un principio funcional que debe orientarse hacia todo el organismo. Sin embargo, sobre este aspecto queremos proponer un fortalecimiento a ese principio general a través del artículo 9, inciso k) -el que tenga el proyecto a mano podrá leerlo- para que el principio de la paridad de género sea realmente operativo, tanto para la integración de los órganos que dispone este proyecto de ley que estamos tratando como para la integración del Tribunal de Enjuiciamiento, por ejemplo, o también para la integración del jurado de los concursos.
Por otro lado, la sanción del Senado jerarquiza la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres -UFEM- y la convierte en una procuraduría especializada. Eso es algo muy bueno y muy positivo que ya está incluido en el texto que viene en el Senado. También elimina el requisito -como les decía antes- del fiscal general para poder ser titular de una procuraduría especializada. Eso también es muy importante, porque los porcentajes de mujeres que llegan a esos cargos de fiscales generales son muy bajos. Es el peor porcentaje en Latinoamérica, lamentablemente.
Además, para no quedarnos a mitad de camino, en este punto también creemos que debemos introducir y analizar -este es el momento en el Congreso de la Nación- la modificación del requisito de la antigüedad para ser fiscal general para que pase de 10 a 5 años. En el caso del interinato de procurador, en el caso de una vacancia, se debe modificar para que ese cargo también pueda llegar a ocuparlo una mujer.
Aquí tengo que hacer una pequeña digresión y felicitar expresamente, una vez más, a ese grupo de "fiscalas" que con mucho valor rompieron esa suerte de patriarcado que hoy, lamentablemente, impera dentro del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, se animaron a venir, sentarse, opinar, escuchar y traer propuestas. Así es como se construyen los consensos y estos cambios que estamos proponiendo para mejorar esta sanción que viene del Senado.
También proponemos incorporar en el artículo 12, inciso l), la obligación de que las ternas para los concursos respeten necesariamente la composición equitativa de género. Esto algo que pidieron insistentemente también.
En el artículo 49 del proyecto de ley proponemos que al menos uno de los casos del temario del examen de concurso verse sobre la temática de género. Esto también lo propusieron las fiscales mujeres, y creo que es acertado para ir cambiando esta disparidad que hoy existe en este organismo.
Las modificaciones que estamos proponiendo en cuanto a la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento también repercuten favorablemente en el criterio de género que establece todas estas modificaciones.
En definitiva, creo que hemos realizado un gran trabajo de búsqueda de diálogo y de consensos para poder proponer hoy todas estas modificaciones en esta reunión conjunta de comisiones.
Por eso es que ahora la Cámara de Diputados tendrá la enorme tarea de dejar de lado esos intereses mezquinos que, lamentablemente, tienen aquellos que no quieren dar el debate, que no se animan a dar la cara o tienen vergüenza de estar hoy en esta comisión escuchando todas las propuestas y el intercambio de ideas.
Tenemos que lograr -creo yo- una ley que tiene que ser el producto del diálogo con todos los sectores, e incluso con aquellos que no piensan como nosotros pero coinciden necesariamente en esa imperiosa necesidad -valga la redundancia- de sanear esta situación que se está viviendo hoy en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, porque son los protagonistas de su día a día. Nos fuimos juntando con esos actores principales, con las asociaciones de fiscales, de magistrados; ellos son los que llevan y conducen el día a día dentro del Ministerio Público Fiscal y de sus fiscalías.
Si ellos lograron venir a sentarse con un ministro, para dialogar, proponer, buscar acuerdos y presentar ideas, entiendo que todas las diputadas y todos los diputados del oficialismo -y esperemos que alguna vez también los de la oposición- puedan hacer lo mismo para garantizar, en definitiva, lo que todos queremos: una Justicia más independiente, más democrática y que le resuelva realmente los problemas a la gente.
Lamentablemente, como les decía anteriormente, quienes no se encuentran presentes y en 2016 y 2017 también querían modificar esta ley, decidieron censurar el diálogo y el debate antes de que empiece. Digamos que cada vez es peor.
Hace menos de un mes que soy ministro, todos ustedes lo saben. En un mes me reuní con los principales actores de esta ley, quienes muchas veces ni siquiera tuvieron miradas afines a nosotros o a las iniciativas de nuestro gobierno, y aun así vinieron, se sentaron, hicieron sus aportes, presentaron sus ideas y sus propuestas. Así es como fuimos construyendo esta reunión a la cual vengo a informar todas esas ideas que fuimos recogiendo. Sin embargo, esa parte de la oposición a la que hice referencia sacó sus propias conclusiones antes de dar el debate, sin siquiera venir hoy a escuchar las propuestas que hemos ido consensuando.
El debate no se da a través de un comunicado de prensa; el debate se da en esta Cámara -donde yo también estuve sentado- y de cara al pueblo. La deuda que tenemos cada uno de nosotros es el compromiso permanente con el pueblo.
Por eso, como ministro de Justicia de la Nación no quería dejar de decir que, lamentablemente, esta oposición por la oposición misma, sin ningún sentido, afecta a las comisiones y al desenvolvimiento legislativo.
Es llamativo -o no, dependerá de cada uno- que los mismos que minimizan la pandemia y que rechazan cualquier medida de restricción o medida sanitaria que venimos tomando desde el gobierno, con nuestro presidente, para salvar vidas, son quienes ahora usan esa pandemia y esas medidas precisamente para no venir a trabajar, para no venir a escuchar y para no venir a debatir.
Imagino que ningún diputado de Juntos por el Cambio va a desconocer la importancia que tiene el Poder Judicial, incluso en tiempos de pandemia. Precisamente, ellos pertenecen a un espacio político que, de una forma totalmente irresponsable -nadie lo puede dudar-, hace tan solo una semana decidió judicializar la política sanitaria nacional de salvar vidas.
Si van a llevar a la Justicia cualquier diferencia política que tengan con nosotros, luego no pueden venir a sostener a una comisión conjunta, una reunión informativa donde llaman a un ministro, que las reformas judiciales no son urgentes. Pónganse de acuerdo, muchachos.
Pero, además, todos sabemos también que la criminalidad no va a desaparecer en la pandemia. Tal vez el interbloque de Cambiemos no se entere porque cada vez está más alejado de la sociedad, obviamente; pero el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y el lavado de activos no se toman vacaciones, ni por la pandemia. Lo único que se paralizó es la institucionalidad del Ministerio Público Fiscal por tener una Procuración General más preocupada por perseguir fiscales mujeres que por diseñar una verdadera política criminal eficiente para la Argentina.
Obviamente, no podemos desconocer que, si este gobierno tuvo que enfrentar esta pandemia con un país quebrado y endeudado fue, en gran parte, gracias a la utilización política del Poder Judicial que hizo el gobierno de Mauricio Macri. Ello le permitió tapar -este asunto lo hemos debatido muchas veces cuando era diputado- el saqueo social que estaban realizando, llevando la agenda de noticias judiciales, muchas veces falsas, con causas armadas, para endeudar a todos los argentinos y fugar el dinero con total impunidad.
Hoy leía que algunos de estos personajes se oponen a que el Congreso funcione, al igual que lo hicieron durante todo el año pasado, cuando me tocó ser diputado junto a todos ustedes. La verdad es que boicotearon cualquier intento de sancionar leyes que le mejoran la vida a la gente, oponiéndose siempre al normal funcionamiento del Congreso de la Nación, tal como lo hicimos funcionar durante todo el año pasado.
Me tomo el atrevimiento de volver con ustedes por un segundo: cómo olvidar que hoy a la mañana, en un medio de los que siempre entrevistan a esas personas, llegaron a decir que no podíamos estar reunidos acá por la inflación. Dijeron que no podíamos celebrar este encuentro con las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales porque había mucha inflación.
Les quiero recordar que, en el año 2016, cuando Macri y Garavano presentaron su disparatado proyecto para reformar esta misma ley que hoy estamos debatiendo, la inflación durante ese mes era del 6,5 por ciento, la mayor desde el año 2002. Y en ese momento no se los escuchó decir que la Justicia no era una prioridad. Por eso llama la atención que algunos sigan siendo tan pero tan caraduras. Solo puede decir que no es urgente una reforma de la Justicia quien pretenda seguir aprovechándose de esta parálisis que hoy sufre el Ministerio Público Fiscal y de la falta de legitimidad que hoy atraviesa el sistema judicial argentino y el organismo que está llamado a dirigirlo.
Pero más allá de ese circo mediático que lamentablemente armaron, ahora el trabajo es todo de esta Cámara. Son ustedes, compañeros diputados y diputadas de la Nación, quienes tienen en su poder la posibilidad de sacarnos de esta situación que solamente profundiza más la gravedad institucional en la que se encuentra hoy el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Hoy ponderamos las instituciones por sobre las personas; por eso es una ley con grandes avances y con perspectiva de género, y solamente por ello ya es una ley mucho mejor: más inclusiva, más plural, más federal. Sin dudas, es una ley que va a colaborar para tener un mejor y más profesional Ministerio Público Fiscal de la Nación, como pieza fundamental para lograr una buena administración de Justicia en todo el país y que tanta falta les hace a todos los argentinos.
Como decía el compañero Marechal: "De todo laberinto se sale por arriba". Comencemos de una buena vez por todas a salir, de una vez y para siempre, de este laberinto en el que nos sumergieron a la Justicia algunos irresponsables.
Muchísimas gracias por escucharme, por su tiempo; espero haber sido lo más concreto posible. Es un tema difícil para ser breve.
En segundo término, quiero agradecer a todas las diputadas y diputados de los distintos bloques e interbloques del Congreso de la Nación que hoy participan de esta reunión conjunta.
Asimismo, agradezco por la invitación a participar de esta reunión informativa al presidente de la Comisión de Justicia, el compañero Rodolfo Tailhade, y -como decía- al flamante presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Hernán Pérez Araujo, junto al resto de las autoridades de ambas comisiones.
Obviamente, es un placer volver a esta Cámara, aunque sea de manera virtual, y estar con todos ustedes ocupando otro rol, pero con la misma vocación y voluntad de avanzar en el necesario análisis y tratamiento de un proyecto de ley que creemos fundamental para el restablecimiento del Estado de derecho, que lamentablemente tanto daño ha sufrido en los últimos años.
Desde un primer momento, como todos saben, nuestro presidente Alberto Fernández en sus promesas de la campaña electoral de 2019 propuso contribuir a la recuperación de una Justicia que funcione, que sea proba, que recupere su independencia e imparcialidad; en definitiva, una Justicia que logre solucionar las demandas sociales de todos los argentinos en tiempo y forma.
Por esa razón, desde que asumió nuestro gobierno, se han enviado una serie de proyectos al Congreso de la Nación para que, una vez sancionados, permitan que la Justicia argentina salga de la crisis de legitimidad -en la que lamentablemente hoy se encuentra- y pueda recuperar el prestigio que necesariamente está llamada a tener.
En esta oportunidad he sido convocado para exponer sobre uno de esos proyectos: el referido a la reforma de la ley del Ministerio Público fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
En ese sentido, como todos ustedes saben, esta iniciativa llega a esta Cámara con la sanción del Senado. En consecuencia, ya contiene en su propia naturaleza las miradas e ideas de gran parte del arco político nacional. Indudablemente, ello se debe a que fue recolectando aspectos e ideas de varios proyectos presentados por los distintos bloques oficialistas y opositores a lo largo de los últimos años.
Concretamente, lo que motiva esta reunión es el resultado de más de cuatro proyectos que dieron origen a la sanción del Senado que llega a esta Cámara. Me refiero a dos proyectos de la señora senadora Crexell, uno del senador Weretilneck y otro del senador Lousteau. En tal sentido, no podemos obviar las propuestas y recomendaciones del consejo consultivo de expertos, creado por el gobierno al inicio de nuestra gestión.
Este proyecto de reforma que llega con sanción del Senado y que hoy estamos analizando es, en definitiva, la síntesis de todas estas iniciativas que mencioné; contiene modificaciones al diseño institucional del Ministerio Público fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Dichas modificaciones son respecto del diseño institucional de ambos organismos de manera simultánea y diría casi en paralelo.
Obviamente, por el novedoso rol que tendrán las fiscalías con la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Penal Argentina, que paulatinamente ya venimos implementando, se genera sin lugar a dudas un mayor interés respecto de las reformas al Ministerio Público Fiscal y es entendible que así sea.
Por esta razón, creo que todos compartimos el anhelo de rescatar al Ministerio Público Fiscal de la profunda crisis de legitimidad en la que hoy se encuentra. Dicha crisis -como vengo diciendo desde el mismo día que asumí como ministro de Justicia de la Nación- se genera, entre otras cosas, por algunas cuestiones por cierto no menores. Me refiero a una muy singular, que es el interinato del procurador general de la Nación más largo de la historia del que se tenga registro.
Esta vacancia en el cargo del procurador general, que derivó en este interinato que ya se prolonga por más de tres años, sin duda generó una verdadera parálisis institucional de la Procuración General de la Nación y una falta de conducción que inevitablemente repercute sobre todo el resto del organismo; obviamente, sobre todo el Ministerio Público fiscal y el sistema de Justicia.
Esta crisis de legitimidad es la visión compartida, el común denominador, que fue surgiendo de las distintas charlas y reuniones que en las últimas semanas se mantuvieron en este ministerio con los distintos funcionarios y magistrados, tanto del Ministerio Público Fiscal como de la propia Justicia de la Nación.
Permítanme aquí hacer una pequeña consideración que creo que es claramente demostrativa de esa falta de legitimidad.
Miren lo que sucedió en las últimas horas, que ha tomado estado público y, yo diría, que es un verdadero papelón. Ahí está el reproche, el reto del procurador general interino a ese grupo de mujeres fiscales, a las fiscalas, que solicitaron una reunión oficial, una audiencia pública, para dialogar con este ministro de Justicia sobre cuestiones de género, que necesariamente debemos tener en cuenta en esta reforma de la ley.
Considero verdaderamente que es una actitud bochornosa -canallesca, diría yo-, sobre todo, proviniendo de un procurador general interino que nunca dijo nada de aquellos fiscales que entraban y salían a escondidas de la Casa Rosada o de Olivos, y lo hacían antes de pedir una indagatoria o un procesamiento.
Sin embargo, se reta a las fiscales que solicitaron una reunión con este ministro y ello conforma una situación reprochable e insólita, que no quería dejar de mencionar. No creo que podamos encontrar una muestra más clara y elocuente de esa falta de conducción y de la crisis de legitimidad que hoy padece el Ministerio Público Fiscal de la Nación que, evidentemente, está a la vista de todos.
Que nadie se confunda porque, a pesar de esto, considero que el proyecto de ley de reforma que hoy estamos analizando y debatiendo no debe tener nombres propios, porque no se trata solamente de resolver un interinato, una vacancia o una situación actual dentro del Ministerio Público Fiscal o dentro del Ministerio Público de la Defensa. Tampoco se trata de hacer simples parches, por decirlo de algún amanera, y volver a caer en una crisis de legitimidad o en una nueva parálisis institucional dentro de algunos años.
Queremos y debemos sentar las bases de la institucionalidad sólida y perdurable. Ese debe ser el objetivo que tenemos que perseguir con esta ley de reforma de los ministerios públicos de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal.
Me encuentro en esta reunión de comisión conjunta en el ámbito del Congreso para informar, precisamente, sobre las propuestas y los consensos alcanzados en estas reuniones oficiales y públicas, que fueron solicitadas formalmente por los mayores interesados en esta iniciativa, y hemos hablado con todos. Me refiero, fundamentalmente, a las conversaciones con los principales protagonistas, que son los fiscales, mujeres y hombres del Ministerio Público Fiscal, y los defensores y las defensoras a cargo del Ministerio Público de la Defensa.
En esa serie de reuniones que mantuve en mi primer mes como ministro de la Nación tuve la oportunidad de recibir, en primer término, a un grupo de fiscalas, fiscales mujeres de distintos puntos del país, atravesadas por la misma preocupación en relación con las cuestiones de género dentro del organismo.
También me reuní con la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, representados por su presidente, el fiscal federal Carlos Rívolo, y también con su secretaria general, la doctora Susana Pernas. Asimismo, me reuní con el presidente de la Asociación de Magistrados y de Funcionarios de la Justicia Nacional, el doctor Marcelo Gallo Tagle, y su vicepresidenta, la doctora María Paula Asaro. Finalmente, también conversamos -como corresponde- con la defensora general de la Nación, la docta Stella Maris Martínez.
Tal como dije, el diagnóstico sobre la situación de la Procuración es prácticamente común. El reclamo de un cambio de raíz en el Ministerio Público viene sosteniéndose desde hace varios años y trasciende -sin lugar a dudas- los distintos partidos políticos y las distintas fuerzas.
Recordemos que, en el gobierno anterior, tanto en 2016 como en 2017, se propuso modificar la ley actual, aunque era otro contexto, porque había una procuradora en funciones elegida por unanimidad, pero con otros objetivos y fines, con una redacción muy discutible en algunos puntos, y quizás acertada en otros.
Luego, varios diputados y senadores, de un partido y del otro, fueron presentando proyectos de ley tendientes a la modificación de esta norma que hoy estamos tratando. El problema es que, pese al diagnóstico común y compartido, nunca se logró encontrar los consensos acerca de las soluciones.
Entonces, tenemos que preguntarnos cómo puede ser que todos estemos de acuerdo en que la situación institucional de la Procuración General es realmente una anomalía, así como también lo son algunos puntos centrales de la ley orgánica, y no lleguemos a un consenso para su modificación.
Tal vez la solución simplemente sea dialogar. Por eso, llama la atención -yo lo lamento, y lo tengo que decir- que los mismos que en 2016 y 2017 querían modificar esta norma que estamos analizando, me refiero al gobierno anterior, hoy no quieran participar de esta reunión. Sin siquiera conocer los cambios y las propuestas que hemos estado recogiendo en estas últimas semanas, adelantan, además, su rechazo y oposición, como siempre, por la oposición misma. Eso me tocó verlo desde donde están ustedes ahora, en el Congreso. Hoy lo volvemos a ver, pero ya desde otro rol, lamentablemente.
Como no creo necesario perder el tiempo en esas cuestiones, en los próximos minutos quiero concentrarme en exponer sobre las coincidencias y los consensos que fuimos identificando en cada una de estas reuniones que les comenté anteriormente, que se centraron -básicamente- en cuatro temas que voy a ir abordando parte por parte.
Por un lado, el mecanismo de designación del procurador general de la Nación y la necesidad de que su mandato tenga un plazo con un límite temporal.
Más tarde voy a hablar sobre los mecanismos de designación y los mecanismos de disciplina del resto de los y las fiscales, es decir, la regulación de los jurados en los concursos y también en el Tribunal de Enjuiciamiento. Asimismo, me referiré a las facultades de la comisión bicameral, que también fue motivo de muchas observaciones en las reuniones que mantuvimos. Finalmente, señalaré el fortalecimiento de la necesaria perspectiva de género que debe tener tanto el Ministerio Público de la Defensa como el Ministerio Público Fiscal.
Respecto del mecanismo de designación del procurador general de la Nación, no puedo dejar de mencionar las palabras del fiscal federal en este sentido. Me refiero al doctor Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quien sostuvo que el Ministerio Público Fiscal necesita de un procurador definitivo. Obviamente, esa fue la primera coincidencia que lógicamente tuvimos, no solamente con la AFFUN sino también con todos los actores que participaron en esta ronda de reuniones.
La falta de un procurador legitimado por la elección del presidente, con el acuerdo del Senado, dejó al Ministerio Público Fiscal de la Nación virtualmente acéfalo. Esta condición no puede prolongarse más tiempo si es que queremos seguir implementando el sistema acusatorio en la Argentina.
Todos coincidimos, de un lado y del otro -es decir, de todos los partidos políticos-, en la necesidad de seguir implementando el sistema acusatorio en la Argentina. Debemos tener un procurador con la legitimidad suficiente para conducir ese organismo, no un interino que -les guste o no- nadie eligió y, fundamentalmente, no tuvo el acuerdo del Senado. Esto significa que no tuvo el aval de la participación popular de las provincias, de la gente de la Casa del Pueblo, que es el Congreso de la Nación.
La segunda coincidencia que quiero mencionar es que, precisamente, debido a la paulatina implementación del sistema acusatorio en la Argentina, ese nuevo procurador general de la Nación va a tener más poder que antes. Por esto mismo entendemos que debe tener un necesario límite temporal en su mandato.
Esto es así porque el procurador es la persona que está llamada a diseñar y llevar adelante la política de persecución penal. Estará llamado a tomar decisiones que son fundamentales para la institucionalidad misma del Ministerio Público Fiscal.
Entonces, resulta inaceptable que se mantenga esa rémora monárquica -como le gusta decir al presidente Alberto Fernández- que es un cargo vitalicio, tan ajeno a toda lógica republicana, sobre todo, cuando ya no se trata de jueces, sino de personas que tienen que definir una política criminal y conducir todo un organismo.
Si las fiscalías gestionan los intereses de las víctimas y representan los intereses generales de toda una sociedad, va de suyo que necesitamos una alternancia en el cargo de ese jefe de los fiscales, una alternancia del procurador general para que periódicamente podamos rediscutir cuáles son esos intereses generales y cómo debe diseñarse en el tiempo, en función de esos intereses, la política de persecución penal.
No podemos seguir teniendo un procurador general con un mandato vitalicio, y esto es de toda lógica. Así fue pasando en todos los países de América Latina. En los últimos veinticinco años, con el paso del viejo sistema inquisitivo al sistema acusatorio, en todo el continente, se fueron terminando los procuradores generales con esos mandatos vitalicios. Entre los países que adoptaron este sistema se encuentran: Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, México, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Perú, Panamá y Costa Rica; seguramente me estoy olvidando de alguno.
Hoy solo quedan dos excepciones en toda nuestra región -le pese a quien le pese-: Cuba y Argentina son los dos únicos países que mantienen la figura de un procurador general con mandato vitalicio.
Esta coincidencia en la necesidad de imponer un límite temporal en su mandato es de toda lógica -como les decía antes- con el paso, precisamente, al sistema acusatorio que estamos implementando. Ese procurador general deja de ser un mero apéndice de la Corte Suprema de Justicia -que es una vieja concepción- y pasa a cumplir otro rol no menos importante y que concentra mucho poder en una sola persona.
En este aspecto, permítanme, diputadas y diputados, volver a lamentar la ausencia de los que hoy decidieron no participar de esta reunión porque, en cuanto a la duración del mandato de ese procurador general, hasta el macrismo presentó sendos proyectos para terminar con ese mandato vitalicio. Lo hizo en el 2016 cuando propuso un mandato de cuatro años. Lo volvió a hacer un año más tarde, en el 2017, con el proyecto de sus senadores macristas Pinedo, Rozas, Urtubey, Pichetto y otros, en el que proponían un mandato del procurador general con un plazo de cinco años.
Como vemos, de esta manera, creo que no hay discusiones en la necesidad de avanzar con la posibilidad de terminar con esos mandatos vitalicios en este cargo en particular.
Lógicamente podemos discutir -y está bien hacerlo- la duración del mandato de ese procurador general. Ahí tenemos distintos sistemas.
Algunos países tienen mandatos más largos: por ejemplo, México, tiene un mandato de nueve años -si mal no recuerdo-; Uruguay, con un mandato de diez años; Chile, en la Procuración, el jefe de los fiscales con un mandato de ocho años.
Otros países, obviamente, tienen mandatos más cortos: por ejemplo, Paraguay y Nicaragua, con mandatos de cinco años; Colombia, con mandato de cuatro años del procurador general. Este modelo de mandatos con plazos más cortos es el modelo que también tienen las provincias argentinas, que pusieron un mandato temporal para el jefe de sus fiscales, para los procuradores fiscales en sus provincias.
Creemos que el mandato de cinco años del procurador general, con posibilidad de renovarse por igual término, por otros cinco años, es un buen equilibrio entre esos mandatos largos -que terminan con los mismos problemas, en definitiva, de legitimidad que los mandatos vitalicios- y los más cortos, que no dan margen suficiente, a veces, a desplegar una política criminal para quien tiene la función a su cargo.
Además, en las observaciones que surgieron en el intercambio en las reuniones realizadas durante estas cuatro semanas también hubo coincidencias -si se quiere- o una visión compartida con todos los participantes en que una buena solución sería que el mandato del procurador general no sea de cuatro años, para despegar la elección del procurador de las elecciones presidenciales. Este aspecto es fundamental.
El proyecto aprobado en el Senado toma este concepto de no pegar la elección del procurador fiscal general con la elección presidencial precisamente del proyecto del senador opositor Martín Lousteau. De ahí la generosidad que hemos tenido siempre los peronistas para tratar los cambios importantes que necesitan las leyes que nos ayudan a reconstituir la patria.
La posibilidad de establecer el límite temporal en el mandato del procurador general del Ministerio Público Fiscal se vincula directamente con la tercera coincidencia a la que también arribamos en estas reuniones que hemos ido manteniendo en estas cuatro semanas, y es la posibilidad precisamente de establecer cuál es la mayoría que se requiere para designar al procurador general de la Nación, que es una facultad legislativa en tanto -como todos sabemos- no hay una limitación constitucional.
Con respecto a esto quiero ser claro. En esto fueron coincidentes los dos presidentes de las asociaciones de fiscales y de magistrados con los que tuve oportunidad de reunirme, tanto el doctor Carlos Rívolo como el doctor Marcelo Gallo Tagle.
A continuación, citaré de manera textual una parte del comunicado que emitimos en forma conjunta y que fue aprobado obviamente por ellos. El doctor Gallo Tagle expresó al finalizar la reunión que "la temporalidad y las mayorías necesarias para designar al procurador general son decisiones de la política, que debe resolver el Congreso de la Nación". El fiscal Carlos Rívolo, presidente de la AFFUN, por su parte, dijo al término de ese encuentro que "es una decisión que debe tomar la política: la mayoría y el plazo del mandato para el procurador general de la Nación". Casi las mismas palabras, fíjense, y esto no es casual.
En este mismo sentido, no me quiero olvidar de la reunión que mantuvimos desde el Ministerio de Justicia, hace pocos días -si mal no recuerdo, fue el jueves pasado-, con la defensora general de la Nación, la doctora Stella Maris Martínez, quien nos manifestó que, más allá de algunas diferencias que encontraba con el proyecto de reforma que viene con sanción del Senado, coincidía totalmente en que la voluntad popular se expresa en el Congreso y que por eso no es inconstitucional que sea el Congreso el que modifique los mecanismos de designación, ya que allí están los representantes del pueblo.
Como podemos ver, en definitiva, no hay dudas al respecto. Esto surge del propio artículo 120 de la Constitución Nacional. La Constitución no establece la forma de designación del procurador general de la Nación. Tampoco nos remite expresamente a la forma de designación de los jueces de la Corte Suprema. Esto está fuera de discusión.
La decisión de los constituyentes de 1994 no fue casual, y esto -para los que somos abogados- implica un largo debate en la facultad también. Para darse cuenta de ello basta leer las actas de la Convención Constituyente de 1994. En aquel momento, allí se plantearon dos posturas bien diferentes: una que sostenía que la Constitución debía establecer, precisamente, la forma de designación del procurador fiscal; y otra que decía que no, que eso había que dejarlo librado a una ley del Congreso de la Nación.
Triunfó precisamente esta última postura de los convencionales constituyentes de 1994. ¿Por qué? Este es el debate. Porque el procurador general es el jefe de los fiscales, no es el jefe de los jueces. Esta es la elemental diferencia que enseñan siempre todos en la facultad.
Como decía, no hay dudas al respecto. La mayoría que exige la ley hoy vigente fue producto de una decisión coyuntural, fruto del acuerdo legislativo alcanzado en aquella primera ley orgánica que se sancionó en el Congreso de la Nación en diciembre de 1997, tras la reforma de 1994.
Esa ley que sancionó este Congreso de la Nación, como sus sucesivas modificaciones, puede ser una vez más modificada; diría que necesariamente debe ser modificada ante el profundo cambio de paradigma que supone el paso al sistema acusatorio que estamos llevando adelante.
Este cambio de paradigma implica también el mandato temporal del próximo procurador general del Ministerio Público Fiscal. Si el plazo del mandato del próximo procurador general del Ministerio Público Fiscal ya no es vitalicio, sino que está sujeto a un plazo, es temporal, las mayorías exigidas, las mayorías necesarias para prestar el acuerdo para su designación pueden y deben ser distintas.
Así sucede, por ejemplo, en las provincias argentinas. En todas las provincias en donde los jefes de los fiscales tienen un plazo temporal en su mandato son designados por mayoría simple o absoluta, depende de cada provincia. Es decir, no se exigen los famosos dos tercios para prestar el acuerdo y designar al jefe de los fiscales en esas provincias.
Si mal no recuerdo, así funciona, por ejemplo, en Santa Fe, Córdoba y Salta. De hecho, en casi todo el resto de las provincias argentinas, en donde incluso aún hoy está pendiente el debate acerca del mandato temporal de los jefes de sus fiscales, de los procuradores generales de las provincias, tenemos ejemplos de mayorías absolutas y también de mayorías simples para su designación. Ahí están, por ejemplo, Tucumán, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, La Pampa, San Luis y Santiago del Estero.
En ninguna de todas estas provincias argentinas que acabo de mencionar -seguramente me estoy olvidando de alguna- se exige esa mayoría agravada, es decir, la famosa mayoría de los dos tercios.
Así sucede, incluso hoy, en la provincia de Buenos Aires, donde algunos se escandalizan, aunque hace unos años atrás no les parecía tan grave. En la provincia de Buenos Aires -como todos saben- se designa al procurador con un mandato vitalicio y con el voto de la mayoría simple de su Legislatura provincial.
En definitiva -como les decía-, también las experiencias, no solamente de las provincias argentinas, sino de otros países de Latinoamérica, nos llevan exactamente hacia el mismo camino respecto de las mayorías necesarias para la designación del procurador general de la Nación.
Si bien tenemos distintos sistemas, porque no en todos los países siempre interviene el Poder Legislativo para la designación del procurador, en la mayoría de aquellos países del continente en donde interviene el Poder Legislativo hay una tendencia muy clara: si el mandato del procurador general de la Nación es de un plazo muy largo, como por ejemplo en los países que mencionaba antes, México y Uruguay, que es de 9 y 10 años, respectivamente, se exige una mayoría agravada para la designación.
Es decir, cuando el mandato es largo se agrava esa mayoría para su designación; ahora, cuando el mandato del procurador general en estos países de Latinoamérica es más corto, como en Brasil o en Paraguay -observen que se exigen dos años en Brasil y cinco años en Paraguay, si mal no recuerdo, para la duración del mandato-, en esos casos la mayoría para la designación, para prestar el acuerdo, ya no es una mayoría agravada de los dos tercios y se baja a una mayoría absoluta, es decir, a la mitad más uno de los miembros presentes.
Como les decía, vemos que incluso esa mayoría agravada de los dos tercios para prestar el acuerdo ha generado muchas desventajas y problemas en nuestro país. A la fecha, la realidad nos muestra a todos y a todas que dos presidentes argentinos, dos presidentes distintos, no han podido lograr esa mayoría, no han podido lograr esos consensos necesarios para poder designar a sus candidatos a procuradores generales.
Por ello, seguimos hoy transitando el interinato más largo en nuestra historia. Esta es la verdad y la situación que se evidencia de una manera tan contundente.
En este sentido, es decir, en lo que hace a las mayorías que se requieren para la designación del procurador general del Ministerio Público Fiscal, no quiero dejar de mencionar que el ministro Garavano, allá en el año 2017, al intentar reformar esta misma ley que hoy estamos analizando coincidía con esta misma postura. Garavano decía, en el año 2017, que, si el plazo del mandato del procurador general ya no era vitalicio, sino que iba a ser temporal, esta mayoría era razonable. Ejemplificaba esa posición de bajar los dos tercios, justamente, con el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El otro día volví a escuchar la exposición de Garavano en 2017, cuando ellos querían modificar esta misma ley, en la que comentaba que esta situación de no obtener los dos tercios para prestar el acuerdo y designar a los procuradores había generado una situación de interinatos de algunos meses dentro de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, decía Garavano, que esta situación era muy problemática porque en el sistema acusatorio es la llave del sistema. Eso decía en 2017. Estaba preocupado porque podían obtener la mayoría de las dos terceras partes de los votos para designar al jefe de los fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eso había generado un interinato de algunos meses.
Observen que en la Argentina llevamos el interinato de más de tres años de un procurador general que nadie eligió, el interinato más largo del que se tenga registro hoy.
De hecho, esto mismo fue lo que propusieron los autoproclamados republicanos; no nos olvidemos. Los autoproclamados republicanos, los defensores de las instituciones, que hoy lamentablemente no aparecieron en esta comisión, allá en 2017 presentaron un proyecto que establecía en este mismo aspecto lo que hoy estamos proponiendo, es decir, que el acompañamiento, el acuerdo para designar al procurador general de la Nación sea con la mayoría absoluta y sea un mandato temporal.
Ellos mismos proponían en 2017 esto que nosotros estamos debatiendo hoy. Por eso, lamento que hoy no estén en esa comisión, escuchando y dando la cara como corresponde.
Hay algo que sin lugar a dudas no me quiero olvidar y que marca -entiendo yo- drásticamente la diferencia entre aquel proyecto presentado por el gobierno anterior en 2017 con el proyecto que estamos discutiendo hoy en esa reunión.
La estabilidad del procurador general dentro del plazo de su mandato está asegurada hoy por un mecanismo de remoción que garantiza la independencia y su autonomía. Esto lo digo porque hoy escuchaba o leí el Twitter -porque hacen política por Twitter- acerca de esto de la autonomía y de la independencia. Sinceramente, faltan a la verdad porque ni siquiera vinieron a conocer el proyecto. Para poder remover al procurador general se requiere obviamente del voto de la mayoría de los integrantes de la Cámara de Diputados y de las dos terceras partes de los integrantes del Senado; además, en el marco de un juicio político que garantice su derecho a defensa.
Es fundamental destacar este punto del proyecto que ustedes tienen hoy en sus manos. Por eso, están faltando a la verdad una vez más.
Fíjense si no faltan a la verdad, porque en ese proyecto del año 2017, que fue defendido por el ministro Garavano, el ministro de Justicia de Macri, se exigía solamente la mayoría de los miembros presentes del Senado para poder remover al procurador general. Además, ese proyecto de 2017 de Garavano, de Cambiemos, tenía algo mucho más peligroso, si se quiere, que era realmente lo que se perseguía. El proyecto habilitaba a que el procurador pudiera ser directamente suspendido por el propio presidente. Si se hubiera aprobado aquella ley de 2017, de los autoproclamados republicanos, Macri podría haberse levantado un día y suspender sin más al procurador general, sin intervención del Senado, sin intervención de Diputados. Una verdadera locura, van a coincidir conmigo.
Eso es lo que presentaron ellos en el Congreso de la Nación en el año 2017, los mismos que hoy dicen que peligra la independencia y la autonomía por este debate que estamos abriendo a los actores principales, por esta charla que estoy manteniendo con todos ustedes.
Por suerte, el 2017 quedó atrás -como tantas cosas- junto a todas esas iniciativas que solamente buscaban avanzar sobre el sistema de justicia porque, mal que les pese a algunos, quienes hablaron de destituir a la procuradora general por decreto -no nos olvidemos- y de instaurar un verdadero cogobierno son, justamente, los que hoy deciden no asistir a esta reunión de comisión. Hay que tener presente esto.
Todas esas iniciativas de los años 2016 y 2017 no prosperaron porque contenían verdaderas aberraciones jurídicas que el Congreso no avaló. De todas formas, como todos sabemos, lo que no pudieron lograr con consenso lo hicieron desde la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, montando la mesa judicial para perseguir y encarcelar a opositores. Obviamente que eso también es investigado por la Justicia, como corresponde.
Entonces, más allá de sus acusaciones mediáticas, no somos nosotros ni ustedes los que atacamos a la República ni a las instituciones. Muy por el contrario, nosotros alcanzamos consensos aunque eso signifique, incluso, modificar el texto ya sancionado por el Senado.
Por eso, quiero continuar mi exposición refiriéndome a los puntos en los que hemos coincidido en las reuniones que celebramos. Son cuestiones que, según entendemos, merecen una reconsideración por parte de ustedes como miembros de la Cámara de Diputados de la Nación.
En este sentido, podemos mencionar que el diseño que presupone el Tribunal de Enjuiciamiento en el proyecto que cuenta con sanción del Senado fue generando algunas dificultades en cuanto a su conformación y a su funcionamiento. Precisamente, la problemática del funcionamiento del órgano disciplinario de los magistrados del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa fue un reclamo -debo decir- que hicieron todos los actores involucrados. Esa es la razón de las reuniones mantenidas en estas cuatro o cinco semanas; en ellas pudimos conversar puntualmente sobre estos aspectos.
Está claro que el Tribunal de Enjuiciamiento es un tribunal muy sensible -en eso coincidimos todos- y que debe garantizarse un equilibrio entre dos intereses: se debe garantizar un tribunal imparcial para los magistrados y los fiscales investigados sin impedir la aplicación de eventuales sanciones, en caso de que así se amerite. Todos coincidimos en que con la ley actualmente vigente, este último interés queda totalmente olvidado, ya que para el funcionamiento del Tribunal de Enjuiciamiento se exige determinado quórum. Esto verdaderamente constituye un valladar, por decirlo de alguna manera.
Actualmente, el Tribunal de Enjuiciamiento funciona con un quórum de la totalidad de sus integrantes, es decir, los siete integrantes del tribunal deben estar sentados en el mismo cuarto. Semejante exigencia prevista en la ley actualmente vigente -no quiero confundirlos porque estamos tratando un proyecto ya sancionado por el Senado- provocó un mal funcionamiento del tribunal, por llamarlo de alguna manera. Es decir, el tribunal no logra cumplir las funciones que por ley le fueron encomendadas, generando muchas veces que los conflictos terminen resolviéndose en lugares ajenos a la institución, de espaldas a la gente y al propio organismo.
Este accionar no solamente oscurece y desprestigia al propio Ministerio Público, sino que también dinamita su capacidad de solucionar los conflictos, algo que es necesario a fin de procurar la armonía dentro de un organismo que tiene una función tan elemental y tan importante.
En cuanto a la conformación de ese Tribunal de Enjuiciamiento, creemos que deben receptarse las observaciones que nos hicieron los principales actores y destinatarios de esta ley orgánica con quienes estuvimos reunidos, como dije anteriormente.
Creo que debe mejorarse el equilibrio de la representación de los distintos estamentos para lograr una configuración más moderada -si se quiere- de ese Tribunal de Enjuiciamiento. Por ello, y para honrar de alguna manera los consensos y el diálogo abierto en estas cuatro semanas
con los actores principales de esta iniciativa -sus destinatarios-, sugiero revisar precisamente la composición de ese Tribunal de Enjuiciamiento.
Conforme lo conversado con estas asociaciones y sus integrantes, con las fiscalas y con la defensora general de la Nación, el Tribunal de Enjuiciamiento podría estar integrado, por ejemplo, por un representante del Poder Ejecutivo de la Nación. Este representante debe cumplir con los requisitos para ser procurador general, de esta forma se garantiza su idoneidad. Esta fue una sugerencia que nos hizo llegar la doctora Stella Maris Martínez, que creo que se replica en el Ministerio Público Fiscal. Desde ya, que nos parece muy acertado este consejo u observación de la defensora general de la Nación.
Siguiendo con la composición del Tribunal de Enjuiciamiento, la idea es que entre sus integrantes haya dos representantes de la comisión bicameral -uno por la mayoría y otro por la minoría-, un representante del Consejo Interuniversitario Nacional y un abogado según la competencia; esto también es novedoso. Por ejemplo, si el acusado es un fiscal federal, será un abogado de la matrícula federal; si el acusado es un fiscal nacional, será integrante de este Tribunal de Enjuiciamiento un abogado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Nos parece que es una visión más federal en comparación con la actual integración del Tribunal de Enjuiciamiento.
Esta composición o integración que fuimos describiendo también contempla la posibilidad de incluir a dos fiscales elegidos por sorteo entre todos los magistrados y todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Obviamente -este es un pedido que hicieron expresamente las fiscalas, es decir, las fiscales mujeres, con las que también me reuní-, deberá respetarse que uno de esos dos integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento en representación del Ministerio Público Fiscal sea mujer. Esto fue solicitado, y pienso que es una forma de ir avanzando y romper ese techo de cristal del que tanto se habla, pero con el que muchas veces nos quedamos un poco cortos en los hechos.
Son varias las ventajas de esta composición que fuimos charlando y de las observaciones que fuimos recibiendo estas semanas. Por un lado, es un Tribunal de Enjuiciamiento más federal ya que elimina al abogado de Capital Federal cuando se trata de un fiscal federal pero lo mantiene cuando el fiscal es nacional.
Por otro lado, como recién dije, esta integración que estamos presentando mejora la composición de género, ya que en vez de un fiscal general proponemos dos fiscales de entre todos los magistrados del Ministerio Público Fiscal. Este fue uno de los requisitos que las mujeres fiscales también nos plantearon en esa reunión. En efecto, no es un dato menor que el 82 por ciento de los fiscales generales hoy en la Argentina son varones, según información que nos brindaron ellas en esa reunión. Escucharon bien: 82 por ciento. Por eso creemos que si de los dos integrantes fiscales necesariamente uno es mujer, se nivela esa situación de disparidad que hoy existe.
Esta modificación, sumada a la exigencia expresa de que al menos uno de esos fiscales sea mujer, equilibra el rol de la comisión bicameral como un órgano de control despolitizado y despartidizado, si se quiere, en el ámbito mismo de resolución de las controversias dentro del propio Ministerio Público Fiscal.
En cuanto al funcionamiento del Tribunal de Enjuiciamiento, la sanción del Senado prevé mayorías un tanto livianas. Ese fue el término que utilizó uno de los fiscales que participó en las reuniones que mantuvimos. Esas mayorías son, nada más y nada menos, para remover fiscales. Entiendo que esto obedece también a la actual parálisis del Tribunal de Enjuiciamiento ya que -como les dije antes- con la ley actualmente vigente se requiere de la totalidad de los siete miembros presentes para sesionar.
Lógicamente, esto ha impedido su normal funcionamiento en todos estos años. La actitud corporativa de alguno de esos siete integrantes impedía que el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal funcionara adecuadamente.
El requisito que exige el artículo 80 de la ley vigente, esto es, que el quórum esté conformado por la totalidad de esos miembros, hace que el funcionamiento de ese órgano dependa de la voluntad de uno solo de sus siete integrantes. Nuestra propuesta es mantener el quórum en la mayoría de sus miembros, es decir, en cuatro integrantes, y modificar las mayorías para la toma de decisiones. Para la toma general de decisiones que va a realizar el Tribunal de Enjuiciamiento -por ejemplo, dictar un apercibimiento o imponer una multa a algún fiscal-, lo que fue surgiendo en las distintas charlas y reuniones es que se debería mantener la exigencia de la mayoría absoluta de sus miembros. Por su parte, para remover a un fiscal, que es otra de las atribuciones que tiene el Tribunal de Enjuiciamiento del organismo, creo que todos coincidimos en que se requerirá la mayoría agravada, es decir, el voto de las dos terceras partes de los miembros.
De esta manera, retomamos el excelente trabajo realizado en el Senado de la Nación, ya que prácticamente mantenemos esas mayorías para la toma de decisiones generales y también para las más gravosas, como la posibilidad de remover a un fiscal. Esto es muy importante porque va en línea con el compromiso de la autonomía del Ministerio Público. Se trata de un proyecto de ley bueno y sin nombres propios. Ese fue el encargo que me hizo el presidente de todos los argentinos.
En cuanto al Tribunal de Enjuiciamiento, proponemos que la presidencia se designe por sorteo y que vaya rotando cada seis meses. El objetivo es generar alternancia en el cargo y que no se dé lo que muchas veces vemos en este tipo de casos, que son actitudes corporativas que traban el normal funcionamiento de un tribunal que está llamado a ser el tribunal de disciplina del organismo.
Por otro lado, proponemos una mejoría en cuanto a la composición de los jurados de los concursos. Nuestra sugerencia -y esto es lo que conversamos en las reuniones mantenidas hasta la fecha- es volver a la redacción vigente de la conformación de los jurados, pero sumando la selección mediante el sorteo público, que es algo que no estaba contemplado. Esta composición permitirá generar un jurado de número impar.
Lamentablemente -y creo que ha sido un error involuntario en la sanción del Senado-, este órgano estaría integrado solo por cuatro miembros. Cualquiera puede darse cuenta de las dificultades operativas que esto podría generar en el caso de un empate entre dos concursantes. Esto lo observó también la defensora general de la Nación, la doctora Stella Maris Martínez, y lo hablamos en las reuniones que mantuvimos con los integrantes de algunas de las asociaciones de fiscales y de jueces.
Otra de las consideraciones que hemos ido receptando en estas reuniones tiene que ver con la designación del interino. Pienso que todos vamos a coincidir en que el interino tiene que ser exactamente eso: un interino, alguien provisorio. No puede darse la aberración funcional de que termine atornillada a un cargo una persona que nadie eligió. Desgraciadamente, eso es lo que sucede hoy. Es muy importante entender que también hay que ponerle un plazo de duración a ese interinato para evitar los problemas que nos llevaron a donde estamos hoy.
Las reformas que estamos proponiendo respecto de este tema son varias. Por un lado, consideramos que el límite temporal máximo e improrrogable de ese interinato tiene que ser de seis meses. Por otro lado, proponemos cambios en cuanto a la recepción del pedido de las fiscalas. Las fiscales mujeres con las que nos reunimos plantean que hay que reducir la exigencia de la antigüedad del fiscal general -actualmente de diez años- a no más de cinco años. Ya les había comentado que esto había surgido de las reuniones que mantuvimos con las fiscales mujeres. Hoy en el Ministerio Público Fiscal solamente hay un 18 por ciento de fiscales mujeres. Si no modificamos la exigencia de los diez años, vamos a imposibilitar a todas las mujeres del Ministerio Público Fiscal que puedan llegar a ocupar un interinato. Consideramos que es muy importante que esto se modifique con respecto a la sanción del Senado.
También hemos recogido la sugerencia de modificar la forma de designación que el proyecto venido en revisión prevé para el interinato, por ejemplo, en el caso de una vacancia. El interino debería ser elegido por el Poder Ejecutivo nacional sobre la base de una terna que elabore la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Se trata de una propuesta superadora. Se respeta el esquema de designación del procurador y del defensor general, que implica precisamente la necesaria participación del Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado a través de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal. A su vez, se delimitan las atribuciones de esta comisión para evitar otorgarle funciones que excedan las facultades por las que fue diseñada, evitando, así, una suerte de "cogobierno". Esta es la palabra que surgió en reiteradas oportunidades en cada una de las reuniones que hemos mantenido durante las últimas semanas.
En relación con este tema, debo decir que vi muy preocupada a la oposición en las últimas horas, tanto en las redes sociales como en los medios. Como siempre, se la vio hablando del miedo al cogobierno, en este caso, por las atribuciones que se le otorgan a esta comisión bicameral en la sanción del Senado. Es una lástima que no estén hoy acá para escuchar y debatir las observaciones que estamos proponiendo, que son las que fuimos receptando en todas y cada una de las reuniones que mantuvimos en este gran trabajo de cuatro semanas.
Por estos motivos, quiero pedirles especialmente a los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia que le hagan llegar a esos diputados que hoy no están presentes nuestros aportes a este debate político y legislativo, que debería darse en el Congreso y no en Twitter, en los medios o, peor aún, en los tribunales de Justicia.
Las excesivas facultades de la comisión bicameral que contiene el proyecto que llega con sanción del Senado y que estamos analizando en esta reunión fueron un tema de mucha discusión en las reuniones que mantuvimos en el Ministerio de Justicia. La preocupación por la autonomía del Ministerio Público Fiscal tiene que ver con el término "cogobierno", que varias veces se mencionó.
Incluso, el diseño del método de selección del interino es un norte que no podemos perder de vista. La ley establece que el procurador y el defensor son los jefes de sus respectivos ministerios y que la comisión bicameral tiene funciones exclusivamente de control y de seguimiento. Así lo dice la ley. Este ministerio entiende que no debemos generar confusión ni promiscuidad normativa asignándole atribuciones que excedan su diseño original.
Con las modificaciones propuestas, entendemos que nadie más va a poder gozar de la comodidad de tener un procurador interino favorable a los intereses de un gobierno de turno sin la necesaria urgencia para designar un procurador definitivo, que es lo que corresponde.
Con las modificaciones introducidas en este artículo 11 respecto al modo de designación del futuro procurador de la Nación, será bastante más difícil que se vuelva a producir una situación como la que lamentablemente padece la Argentina ya hace más de tres años.
Quiero ser muy claro en esto para que no haya confusión: esta ley no debe tener nombres propios. Lo dije al inicio y quiero volver sobre esa idea: esta ley no debe tener nombres propios. El procurador interino, más temprano que tarde, tendrá que irse, pero no por esta norma; no porque haya sido funcional -la Justicia lo dirá- a la mesa judicial; no porque ande por ahí haciendo uso de un poder temporal para proteger a fiscales que cometen delitos o para andar apretando, persiguiendo o retando a fiscales mujeres en un verdadero acto de discriminación de género. No, el procurador interino se va a terminar yendo porque es, precisamente, eso: un procurador interino.
En el hipotético caso de que hubiese sido el mejor procurador interino de la historia, la temporalidad está en la propia naturaleza de un interinato, y esa temporalidad debe ser breve, no de tres años y medio. Esto es insostenible y lo vengo diciendo desde el día que asumí.
Si me permiten, justamente hablando de este apriete, de esta situación confusa, canallesca -llámenla como quieran-, de este escándalo del procurador interino hacia las mujeres -que no hicieron más, fíjense, que presentar propuestas sobre perspectiva de género para incorporar al proyecto de ley que hoy estamos debatiendo- que surgió este último fin de semana, quiero presentar las propuestas de las fiscales mujeres, las "fiscalas" como les gusta llamarse a ellas. Son propuestas concretas en las que coincido -creo que todos vamos a coincidir en su totalidad-, que es muy importante introducir en el debate que debemos dar en el Congreso de la Nación sobre esta sanción que nos llega del Senado.
Como dije al iniciar mi exposición, la primera reunión fue, precisamente, con este grupo de mujeres fiscales que generó todo esto; fiscales mujeres federales y fiscales mujeres nacionales también. Como les dije a ellas, no quiero que la decisión de reunirme en primer lugar con ellas quede como un mero gesto, como una gestualidad vacía, hueca, sino que esa primera reunión -que fue con ellas, precisamente- debe transformarse en medidas concretas.
Fíjese la diferencia que hay: el 82 por ciento de los cargos jerárquicos dentro del Ministerio Público Fiscal lo ocupan varones. Esta es una disparidad que no podemos seguir tolerando dentro de un órgano tan importante.
Sabemos que el techo de cristal existe en todos lados, y la Justicia y el Ministerio Público no escapan a todo esto, todos lo sabemos. Los datos son alarmantes. En la reunión me dejaron un informe de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal -lo voy a leer- que indica que la presencia de las mujeres disminuye a medida que va aumentando la jerarquía de los cargos. Ellas ocupan el 53 por ciento de los cargos intermedios: funcionarias y personal administrativo. Pero, la presencia de las mujeres en los cargos de mayor jerarquía, dentro del Ministerio Público Fiscal, disminuye a un 27 por ciento.
De la región de Latinoamérica, el Ministerio Público Fiscal de la Argentina tiene el "privilegio" de tener el menor porcentaje de mujeres que llegan a cargos jerárquicos, de fiscales, de "fiscalas", como les gusta a ellas. Esta proporción es aún menor en los cargos de fiscales generales. Sabemos que ese es un escalafón un poco más importante no sólo en términos de jerarquía, sino también por ser un requisito de la ley actualmente vigente.
Como les comentaba antes, es difícil para la mujer llegar a ciertos lugares, como lo es ocupar una procuraduría especializada. Dentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación, solo el 18 por ciento de las mujeres fiscales llegan a ser fiscales generales. Esto también debemos ir modificándolo.
Esto no sólo es injusto para las mujeres que integran el Ministerio Público Fiscal, sino que tiene consecuencias cotidianas para las mujeres que son víctimas e imputadas en causas penales también. No hay acceso a la Justicia sin una Justicia con perspectiva de género. Esto me lo enseña también y me lo repite todo el día la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, así que no me quiero olvidar de mencionarlo porque, si no, me va a retar. Para eso necesitamos, entre otras cosas, romper ese techo de cristal en el Ministerio Público Fiscal, que más que un techo de cristal -y así se lo manifesté a las mujeres fiscales que vinieron a verme- diría que es un techo de cemento. Ni hablemos de la conducta de quien interinamente lo dirige.
El proyecto de ley que viene con sanción del Senado tiene muchos avances en ese sentido, y esto hay que destacarlo. Por un lado, incorpora la perspectiva de género como un principio funcional que debe orientarse hacia todo el organismo. Sin embargo, sobre este aspecto queremos proponer un fortalecimiento a ese principio general a través del artículo 9, inciso k) -el que tenga el proyecto a mano podrá leerlo- para que el principio de la paridad de género sea realmente operativo, tanto para la integración de los órganos que dispone este proyecto de ley que estamos tratando como para la integración del Tribunal de Enjuiciamiento, por ejemplo, o también para la integración del jurado de los concursos.
Por otro lado, la sanción del Senado jerarquiza la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres -UFEM- y la convierte en una procuraduría especializada. Eso es algo muy bueno y muy positivo que ya está incluido en el texto que viene en el Senado. También elimina el requisito -como les decía antes- del fiscal general para poder ser titular de una procuraduría especializada. Eso también es muy importante, porque los porcentajes de mujeres que llegan a esos cargos de fiscales generales son muy bajos. Es el peor porcentaje en Latinoamérica, lamentablemente.
Además, para no quedarnos a mitad de camino, en este punto también creemos que debemos introducir y analizar -este es el momento en el Congreso de la Nación- la modificación del requisito de la antigüedad para ser fiscal general para que pase de 10 a 5 años. En el caso del interinato de procurador, en el caso de una vacancia, se debe modificar para que ese cargo también pueda llegar a ocuparlo una mujer.
Aquí tengo que hacer una pequeña digresión y felicitar expresamente, una vez más, a ese grupo de "fiscalas" que con mucho valor rompieron esa suerte de patriarcado que hoy, lamentablemente, impera dentro del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, se animaron a venir, sentarse, opinar, escuchar y traer propuestas. Así es como se construyen los consensos y estos cambios que estamos proponiendo para mejorar esta sanción que viene del Senado.
También proponemos incorporar en el artículo 12, inciso l), la obligación de que las ternas para los concursos respeten necesariamente la composición equitativa de género. Esto algo que pidieron insistentemente también.
En el artículo 49 del proyecto de ley proponemos que al menos uno de los casos del temario del examen de concurso verse sobre la temática de género. Esto también lo propusieron las fiscales mujeres, y creo que es acertado para ir cambiando esta disparidad que hoy existe en este organismo.
Las modificaciones que estamos proponiendo en cuanto a la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento también repercuten favorablemente en el criterio de género que establece todas estas modificaciones.
En definitiva, creo que hemos realizado un gran trabajo de búsqueda de diálogo y de consensos para poder proponer hoy todas estas modificaciones en esta reunión conjunta de comisiones.
Por eso es que ahora la Cámara de Diputados tendrá la enorme tarea de dejar de lado esos intereses mezquinos que, lamentablemente, tienen aquellos que no quieren dar el debate, que no se animan a dar la cara o tienen vergüenza de estar hoy en esta comisión escuchando todas las propuestas y el intercambio de ideas.
Tenemos que lograr -creo yo- una ley que tiene que ser el producto del diálogo con todos los sectores, e incluso con aquellos que no piensan como nosotros pero coinciden necesariamente en esa imperiosa necesidad -valga la redundancia- de sanear esta situación que se está viviendo hoy en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, porque son los protagonistas de su día a día. Nos fuimos juntando con esos actores principales, con las asociaciones de fiscales, de magistrados; ellos son los que llevan y conducen el día a día dentro del Ministerio Público Fiscal y de sus fiscalías.
Si ellos lograron venir a sentarse con un ministro, para dialogar, proponer, buscar acuerdos y presentar ideas, entiendo que todas las diputadas y todos los diputados del oficialismo -y esperemos que alguna vez también los de la oposición- puedan hacer lo mismo para garantizar, en definitiva, lo que todos queremos: una Justicia más independiente, más democrática y que le resuelva realmente los problemas a la gente.
Lamentablemente, como les decía anteriormente, quienes no se encuentran presentes y en 2016 y 2017 también querían modificar esta ley, decidieron censurar el diálogo y el debate antes de que empiece. Digamos que cada vez es peor.
Hace menos de un mes que soy ministro, todos ustedes lo saben. En un mes me reuní con los principales actores de esta ley, quienes muchas veces ni siquiera tuvieron miradas afines a nosotros o a las iniciativas de nuestro gobierno, y aun así vinieron, se sentaron, hicieron sus aportes, presentaron sus ideas y sus propuestas. Así es como fuimos construyendo esta reunión a la cual vengo a informar todas esas ideas que fuimos recogiendo. Sin embargo, esa parte de la oposición a la que hice referencia sacó sus propias conclusiones antes de dar el debate, sin siquiera venir hoy a escuchar las propuestas que hemos ido consensuando.
El debate no se da a través de un comunicado de prensa; el debate se da en esta Cámara -donde yo también estuve sentado- y de cara al pueblo. La deuda que tenemos cada uno de nosotros es el compromiso permanente con el pueblo.
Por eso, como ministro de Justicia de la Nación no quería dejar de decir que, lamentablemente, esta oposición por la oposición misma, sin ningún sentido, afecta a las comisiones y al desenvolvimiento legislativo.
Es llamativo -o no, dependerá de cada uno- que los mismos que minimizan la pandemia y que rechazan cualquier medida de restricción o medida sanitaria que venimos tomando desde el gobierno, con nuestro presidente, para salvar vidas, son quienes ahora usan esa pandemia y esas medidas precisamente para no venir a trabajar, para no venir a escuchar y para no venir a debatir.
Imagino que ningún diputado de Juntos por el Cambio va a desconocer la importancia que tiene el Poder Judicial, incluso en tiempos de pandemia. Precisamente, ellos pertenecen a un espacio político que, de una forma totalmente irresponsable -nadie lo puede dudar-, hace tan solo una semana decidió judicializar la política sanitaria nacional de salvar vidas.
Si van a llevar a la Justicia cualquier diferencia política que tengan con nosotros, luego no pueden venir a sostener a una comisión conjunta, una reunión informativa donde llaman a un ministro, que las reformas judiciales no son urgentes. Pónganse de acuerdo, muchachos.
Pero, además, todos sabemos también que la criminalidad no va a desaparecer en la pandemia. Tal vez el interbloque de Cambiemos no se entere porque cada vez está más alejado de la sociedad, obviamente; pero el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y el lavado de activos no se toman vacaciones, ni por la pandemia. Lo único que se paralizó es la institucionalidad del Ministerio Público Fiscal por tener una Procuración General más preocupada por perseguir fiscales mujeres que por diseñar una verdadera política criminal eficiente para la Argentina.
Obviamente, no podemos desconocer que, si este gobierno tuvo que enfrentar esta pandemia con un país quebrado y endeudado fue, en gran parte, gracias a la utilización política del Poder Judicial que hizo el gobierno de Mauricio Macri. Ello le permitió tapar -este asunto lo hemos debatido muchas veces cuando era diputado- el saqueo social que estaban realizando, llevando la agenda de noticias judiciales, muchas veces falsas, con causas armadas, para endeudar a todos los argentinos y fugar el dinero con total impunidad.
Hoy leía que algunos de estos personajes se oponen a que el Congreso funcione, al igual que lo hicieron durante todo el año pasado, cuando me tocó ser diputado junto a todos ustedes. La verdad es que boicotearon cualquier intento de sancionar leyes que le mejoran la vida a la gente, oponiéndose siempre al normal funcionamiento del Congreso de la Nación, tal como lo hicimos funcionar durante todo el año pasado.
Me tomo el atrevimiento de volver con ustedes por un segundo: cómo olvidar que hoy a la mañana, en un medio de los que siempre entrevistan a esas personas, llegaron a decir que no podíamos estar reunidos acá por la inflación. Dijeron que no podíamos celebrar este encuentro con las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales porque había mucha inflación.
Les quiero recordar que, en el año 2016, cuando Macri y Garavano presentaron su disparatado proyecto para reformar esta misma ley que hoy estamos debatiendo, la inflación durante ese mes era del 6,5 por ciento, la mayor desde el año 2002. Y en ese momento no se los escuchó decir que la Justicia no era una prioridad. Por eso llama la atención que algunos sigan siendo tan pero tan caraduras. Solo puede decir que no es urgente una reforma de la Justicia quien pretenda seguir aprovechándose de esta parálisis que hoy sufre el Ministerio Público Fiscal y de la falta de legitimidad que hoy atraviesa el sistema judicial argentino y el organismo que está llamado a dirigirlo.
Pero más allá de ese circo mediático que lamentablemente armaron, ahora el trabajo es todo de esta Cámara. Son ustedes, compañeros diputados y diputadas de la Nación, quienes tienen en su poder la posibilidad de sacarnos de esta situación que solamente profundiza más la gravedad institucional en la que se encuentra hoy el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Hoy ponderamos las instituciones por sobre las personas; por eso es una ley con grandes avances y con perspectiva de género, y solamente por ello ya es una ley mucho mejor: más inclusiva, más plural, más federal. Sin dudas, es una ley que va a colaborar para tener un mejor y más profesional Ministerio Público Fiscal de la Nación, como pieza fundamental para lograr una buena administración de Justicia en todo el país y que tanta falta les hace a todos los argentinos.
Como decía el compañero Marechal: "De todo laberinto se sale por arriba". Comencemos de una buena vez por todas a salir, de una vez y para siempre, de este laberinto en el que nos sumergieron a la Justicia algunos irresponsables.
Muchísimas gracias por escucharme, por su tiempo; espero haber sido lo más concreto posible. Es un tema difícil para ser breve.
SR. PRESIDENTE TAILHADE Muchas gracias, ministro.
En este caso, no sé si la brevedad es una virtud. Fue una exposición de una hora y media que, por supuesto, abre la discusión, pero ha sido clara y también ha reflejado el trabajo intenso que usted viene llevando adelante en estas pocas semanas de gestión. Ello marca una impronta en su tarea que me parece que es auspiciosa para lo que viene.
Vamos a pasar a las preguntas de los diputados y diputadas. Tengo anotados a cuatro diputados para hacer uso de la palabra: Ramón, Siley, Sartori -que, si bien no es miembro de las comisiones, ha decidido participar y nosotros lo recibimos con mucho gusto- y yo. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Pérez Araujo, me indica que, por esa comisión, está anotada la señora diputada Gaillard.
Tiene la palabra el señor diputado Ramón, a quien le pido que trate de no excederse de cinco minutos.
En este caso, no sé si la brevedad es una virtud. Fue una exposición de una hora y media que, por supuesto, abre la discusión, pero ha sido clara y también ha reflejado el trabajo intenso que usted viene llevando adelante en estas pocas semanas de gestión. Ello marca una impronta en su tarea que me parece que es auspiciosa para lo que viene.
Vamos a pasar a las preguntas de los diputados y diputadas. Tengo anotados a cuatro diputados para hacer uso de la palabra: Ramón, Siley, Sartori -que, si bien no es miembro de las comisiones, ha decidido participar y nosotros lo recibimos con mucho gusto- y yo. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Pérez Araujo, me indica que, por esa comisión, está anotada la señora diputada Gaillard.
Tiene la palabra el señor diputado Ramón, a quien le pido que trate de no excederse de cinco minutos.
SR. RAMÓN Gracias, señor presidente.
Señor ministro Soria: en un gustazo que esté de visita en nuestra casa, que era su casa hace tan pocos días. La agradezco su participación para responder nuestras inquietudes.
Nuestro interbloque tiene algunas diferencias que es bueno que usted escuche, pues durante la discusión del proyecto queremos incluir alguna modificación.
Más allá de las especulaciones mediáticas, en las redes y en algunos diarios afines a nuestros colegas de Juntos por el Cambio, nosotros llegamos a la conclusión de que el proyecto tiene dos aspectos que nos interesan: intentar la mayor transparencia en la actividad del Ministerio Público y una mayor rendición de cuentas. Hace mucho que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público vienen siendo puestos en duda. Nosotros creemos que lamentablemente esto es moneda común cada vez que hay un cambio de gobierno.
Sobre ello tenemos una mirada distinta de la que usted expuso recién, puesto que quienes están enfrente del que está gobernando siempre cuestionan la actividad del tercer poder del Estado, del Poder Judicial, mientras que quien está gobernando puede tener mayor cercanía. La única respuesta para que esto sea modificado de cara a la sociedad es justamente incorporar mayores controles, que haya mayor información a la sociedad, más (inaudible) y mayor participación popular, que para nosotros es importante.
Desde la campaña de 2019, con mi fuerza política transmitimos con mucha fortaleza que debemos avanzar hacia un sistema de elección popular de los fiscales como punto central. Desde nuestro Congreso, debemos cumplir de una vez por todas con el mandato constitucional de 1853 y avanzar hacia los jurados populares, sin ningún tipo de (inaudible) en cuanto a la importancia de las causas por tratar. Nosotros creemos que la verdadera Justicia que va a lograr transparentar el rol que debe tener es la participación popular: fiscales elegidos por el pueblo y jueces de la Nación elegidos por mandato popular.
A partir de esta visión de lo que creemos que debe ser la Justicia, voy a hacer algunas preguntas. Primero, el proyecto hace un fuerte compromiso presupuestario, que nosotros obviamente acompañamos, porque es importante mejorar este presupuesto. Los cambios que vemos son que el Poder Judicial queda con el 1 por ciento, el Poder Legislativo -nosotros- con el 0,5 por ciento, y el Ministerio Público con el 2 por ciento. La pregunta es por qué se hace este cambio y qué proyecciones hay sobre el impacto en cuanto a la prestación del servicio de Justicia.
La segunda pregunta tiene que ver con que, de acuerdo con el artículo 22 de la ley 27.148, se agregan fiscalías sobre seguridad social y sobre violencia de género. Sin embargo -y sobre esto necesito hacerle la pregunta, señor ministro-, por un error no se incluyó, conforme lo establece el artículo 31, inciso d), una procuraduría especializada en derecho del consumo. El derecho del consumo es hoy uno de los temas centrales en la economía de la Nación. Esta pandemia lo ha despertado fuertemente; si no, veamos los abusos, que están en el límite de la comisión de una estafa, de aquellos que se han apoderado de las actividades económicas de los productos esenciales, que están en las góndolas de los lugares de expendio de alimentos y bebidas. Es necesario tener fiscalías especializadas en consumo. ¿Qué dificultades existen para su implementación?
En cuanto a la tercera pregunta, necesito una aclaración porque es algo que usted ha explicado, pero no termino de entenderlo. A la hora de conformar el Tribunal de Enjuiciamiento se eliminó a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, FACA, y se dejó al Colegio Público de la Capital Federal. En mi carácter de provinciano -usted también lo es-, esto necesita una respuesta mucho más clara, porque el federalismo es uno de los temas que necesitamos marcar claramente en el desarrollo de la Justicia y del Ministerio Público. ¿Qué cambios cree que debieran hacerse en esa conformación?
La cuarta y última inquietud es sobre los jurados de concursos, según la media sanción del Senado. Nosotros vemos que hay un doble problema. Por un lado, el número es par, y en esa composición puede haber el problema de que haya empates. Por otro lado, en cuanto a su conformación, se contempla la presencia del abogado de la matrícula federal. ¿Qué propuesta de mejora presentó el Ministerio de Justicia en esas reuniones que usted mantuvo con las distintas asociaciones de fiscales y magistrados de la Nación, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de Fiscalías que están vacantes hoy en el Ministerio Público?
Señor ministro Soria: en un gustazo que esté de visita en nuestra casa, que era su casa hace tan pocos días. La agradezco su participación para responder nuestras inquietudes.
Nuestro interbloque tiene algunas diferencias que es bueno que usted escuche, pues durante la discusión del proyecto queremos incluir alguna modificación.
Más allá de las especulaciones mediáticas, en las redes y en algunos diarios afines a nuestros colegas de Juntos por el Cambio, nosotros llegamos a la conclusión de que el proyecto tiene dos aspectos que nos interesan: intentar la mayor transparencia en la actividad del Ministerio Público y una mayor rendición de cuentas. Hace mucho que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público vienen siendo puestos en duda. Nosotros creemos que lamentablemente esto es moneda común cada vez que hay un cambio de gobierno.
Sobre ello tenemos una mirada distinta de la que usted expuso recién, puesto que quienes están enfrente del que está gobernando siempre cuestionan la actividad del tercer poder del Estado, del Poder Judicial, mientras que quien está gobernando puede tener mayor cercanía. La única respuesta para que esto sea modificado de cara a la sociedad es justamente incorporar mayores controles, que haya mayor información a la sociedad, más (inaudible) y mayor participación popular, que para nosotros es importante.
Desde la campaña de 2019, con mi fuerza política transmitimos con mucha fortaleza que debemos avanzar hacia un sistema de elección popular de los fiscales como punto central. Desde nuestro Congreso, debemos cumplir de una vez por todas con el mandato constitucional de 1853 y avanzar hacia los jurados populares, sin ningún tipo de (inaudible) en cuanto a la importancia de las causas por tratar. Nosotros creemos que la verdadera Justicia que va a lograr transparentar el rol que debe tener es la participación popular: fiscales elegidos por el pueblo y jueces de la Nación elegidos por mandato popular.
A partir de esta visión de lo que creemos que debe ser la Justicia, voy a hacer algunas preguntas. Primero, el proyecto hace un fuerte compromiso presupuestario, que nosotros obviamente acompañamos, porque es importante mejorar este presupuesto. Los cambios que vemos son que el Poder Judicial queda con el 1 por ciento, el Poder Legislativo -nosotros- con el 0,5 por ciento, y el Ministerio Público con el 2 por ciento. La pregunta es por qué se hace este cambio y qué proyecciones hay sobre el impacto en cuanto a la prestación del servicio de Justicia.
La segunda pregunta tiene que ver con que, de acuerdo con el artículo 22 de la ley 27.148, se agregan fiscalías sobre seguridad social y sobre violencia de género. Sin embargo -y sobre esto necesito hacerle la pregunta, señor ministro-, por un error no se incluyó, conforme lo establece el artículo 31, inciso d), una procuraduría especializada en derecho del consumo. El derecho del consumo es hoy uno de los temas centrales en la economía de la Nación. Esta pandemia lo ha despertado fuertemente; si no, veamos los abusos, que están en el límite de la comisión de una estafa, de aquellos que se han apoderado de las actividades económicas de los productos esenciales, que están en las góndolas de los lugares de expendio de alimentos y bebidas. Es necesario tener fiscalías especializadas en consumo. ¿Qué dificultades existen para su implementación?
En cuanto a la tercera pregunta, necesito una aclaración porque es algo que usted ha explicado, pero no termino de entenderlo. A la hora de conformar el Tribunal de Enjuiciamiento se eliminó a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, FACA, y se dejó al Colegio Público de la Capital Federal. En mi carácter de provinciano -usted también lo es-, esto necesita una respuesta mucho más clara, porque el federalismo es uno de los temas que necesitamos marcar claramente en el desarrollo de la Justicia y del Ministerio Público. ¿Qué cambios cree que debieran hacerse en esa conformación?
La cuarta y última inquietud es sobre los jurados de concursos, según la media sanción del Senado. Nosotros vemos que hay un doble problema. Por un lado, el número es par, y en esa composición puede haber el problema de que haya empates. Por otro lado, en cuanto a su conformación, se contempla la presencia del abogado de la matrícula federal. ¿Qué propuesta de mejora presentó el Ministerio de Justicia en esas reuniones que usted mantuvo con las distintas asociaciones de fiscales y magistrados de la Nación, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de Fiscalías que están vacantes hoy en el Ministerio Público?
SR. PRESIDENTE TAILHADE Tiene la palabra la señora diputada Siley.
SRA. SILEY Muchas gracias, señor ministro, por estar acá y por hacer esa explicación tan completa y abarcativa sobre las importantes modificaciones ya realizadas en el Senado, y además, por la propuesta de que este debate continúe.
Creo que es importante remarcar que este es un debate abierto desde hace muchos años en la Argentina. La crisis en la que se encuentra el Ministerio Público Fiscal no empezó con la pandemia sino que viene de antes, y obedece a una situación irregular de un organismo extrapoder, como lo ha denominado el espíritu de la reforma constitucional de 1994. Es una crisis institucional que obedece a que el Ministerio Público Fiscal en la Argentina no tiene titular.
De toda su exposición me gustaría resaltar eso: cuando otros -que hoy no están acá para continuar con este debate abierto desde hace muchos años- hablan de independencia, precisamente la independencia está siendo dañada hoy día en el Ministerio Público Fiscal, porque tenemos un procurador interino y por las consecuencias que eso está teniendo para el funcionamiento institucional de ese Ministerio Público. Hemos tomado conocimiento de que el mismo fiscal federal Pleé había manifestado respecto de por qué se juntó con Macri. Son los que hablan de independencia. En efecto, este mismo fiscal dijo que se juntó porque Mauricio Macri, quien era presidente en ese momento, le pidió que no renunciara, que no se acogiera al beneficio jubilatorio y que se quedara para definir quién iba a ser el próximo procurador general. El entonces presidente de la Nación le estaba pidiendo a un fiscal que no renunciara, que no se jubilara y que se quedara. Si eso no es infringir la independencia del Poder Judicial no sé qué es.
Me gustó mucho la intervención del señor ministro en cuanto a estas cuestiones y también con respecto a la perspectiva de género, que creo que no es una cuestión menor, no es algo decorativo y no es cotillón.
En lo que va del año 2021 -no contemos el 2020 de la pandemia-, los dos observatorios que tenemos pueden dar cuenta de que en la Argentina se cometieron más de cincuenta femicidios durante enero y febrero. Esto es lo que oficialmente se cuenta y no lo que informan los medios periodísticos. Esos números se han incrementado, precisamente, por la pandemia.
Hablar de la perspectiva de género en el Ministerio Público Fiscal es una necesidad que nos demandan no solo las mujeres de nuestro país sino sus hijos y sus familiares y es una situación realmente acuciante.
Me parece muy saludable que este tipo de reformas se encaren con perspectiva de género, y por eso felicito y agradezco a las fiscales que se juntaron con usted y manifestaron propuestas concretas para ser incorporadas a esta modificación.
Me gustaría que pudiera resaltar o remarcar esas propuestas porque creo que son muy necesarias en la sintonía o en la idea de que la crisis de legitimidad que tiene el Poder Judicial en general, y el Ministerio Público Fiscal en particular, tiene que ser subsanada en este momento. Es ahora y es urgente esa necesidad.
Creo que es importante remarcar que este es un debate abierto desde hace muchos años en la Argentina. La crisis en la que se encuentra el Ministerio Público Fiscal no empezó con la pandemia sino que viene de antes, y obedece a una situación irregular de un organismo extrapoder, como lo ha denominado el espíritu de la reforma constitucional de 1994. Es una crisis institucional que obedece a que el Ministerio Público Fiscal en la Argentina no tiene titular.
De toda su exposición me gustaría resaltar eso: cuando otros -que hoy no están acá para continuar con este debate abierto desde hace muchos años- hablan de independencia, precisamente la independencia está siendo dañada hoy día en el Ministerio Público Fiscal, porque tenemos un procurador interino y por las consecuencias que eso está teniendo para el funcionamiento institucional de ese Ministerio Público. Hemos tomado conocimiento de que el mismo fiscal federal Pleé había manifestado respecto de por qué se juntó con Macri. Son los que hablan de independencia. En efecto, este mismo fiscal dijo que se juntó porque Mauricio Macri, quien era presidente en ese momento, le pidió que no renunciara, que no se acogiera al beneficio jubilatorio y que se quedara para definir quién iba a ser el próximo procurador general. El entonces presidente de la Nación le estaba pidiendo a un fiscal que no renunciara, que no se jubilara y que se quedara. Si eso no es infringir la independencia del Poder Judicial no sé qué es.
Me gustó mucho la intervención del señor ministro en cuanto a estas cuestiones y también con respecto a la perspectiva de género, que creo que no es una cuestión menor, no es algo decorativo y no es cotillón.
En lo que va del año 2021 -no contemos el 2020 de la pandemia-, los dos observatorios que tenemos pueden dar cuenta de que en la Argentina se cometieron más de cincuenta femicidios durante enero y febrero. Esto es lo que oficialmente se cuenta y no lo que informan los medios periodísticos. Esos números se han incrementado, precisamente, por la pandemia.
Hablar de la perspectiva de género en el Ministerio Público Fiscal es una necesidad que nos demandan no solo las mujeres de nuestro país sino sus hijos y sus familiares y es una situación realmente acuciante.
Me parece muy saludable que este tipo de reformas se encaren con perspectiva de género, y por eso felicito y agradezco a las fiscales que se juntaron con usted y manifestaron propuestas concretas para ser incorporadas a esta modificación.
Me gustaría que pudiera resaltar o remarcar esas propuestas porque creo que son muy necesarias en la sintonía o en la idea de que la crisis de legitimidad que tiene el Poder Judicial en general, y el Ministerio Público Fiscal en particular, tiene que ser subsanada en este momento. Es ahora y es urgente esa necesidad.
SR. PRESIDENTE TAILHADE Tiene la palabra el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Señor presidente: voy a ir hilvanando las respuestas a las preguntas que pude ir anotando. En primer lugar, le contesto al diputado Ramón.
Es razonable que tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa, pero especialmente el primero, tengan un presupuesto considerable para los próximos años, sobre todo a la luz de la implementación -como dije en algunos pasajes de mi informe- del sistema acusatorio; es decir, el paso del viejo sistema inquisitivo al sistema acusatorio, que paulatinamente debe seguir avanzando y que rápidamente debe implementarse en forma definitiva a lo largo y a lo ancho de todo el país. Así ha sucedido en todas las provincias de nuestro país y en todos los países de la región.
No podemos pretender implementar un sistema sin los recursos, sin el dinero suficiente para poder llevarlo a la práctica. Eso dificultaría, precisamente, la implementación misma del sistema acusatorio y lo haría fracasar de entrada.
Quienes hemos formado parte de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Implementación del Código Procesal Penal -hasta hace algunas semanas yo formaba parte de esa comisión- hemos escuchado a varios fiscales y defensores señalar particularmente esto mismo que manifiesta el diputado Ramón, es decir, la necesidad particular de que estos organismos cuenten con los recursos necesarios que tenían con el nuevo sistema y que fue anulado por la decisión del expresidente Mauricio Macri, que como ustedes recordarán dictó ese famoso DNU en los primeros días de diciembre de 2015. Hasta ese entonces, el proyecto restituía el financiamiento que siempre estuvo previsto por la ley, pero los autoproclamados republicanos lo borraron de un plumazo en diciembre de 2015, quitando en definitiva la coparticipación automática del organismo del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal.
La idea que tenían en ese momento -todos lo sabemos- era ahogar financiera y económicamente a Gils Carbó, la procuradora mujer.
En cuanto a la prestación del servicio de Justicia, como ustedes saben, el cambio de paradigma es total. Es el fiscal el que va a investigar y, precisamente, necesita de los recursos para llevar adelante todas esas investigaciones.
El juez va a estar en otro lugar en el proceso. El juez va a estar para garantizar el cumplimiento del debido proceso y resolver. De ahí la importancia de esta mejora presupuestaria que contiene este proyecto de ley y que restituye los montos económicos a aquel viejo proyecto que, de un plumazo, Mauricio Macri borró vía decreto -con un DNU, si mal no recuerdo- en 2015.
Por eso es tan importante restituir esos fondos tanto al Ministerio Público Fiscal como al Ministerio Público de la Defensa.
En cuanto a la segunda pregunta que hacían, debo decir en primer lugar que el señor diputado Ramón ha hecho una inclusión bastante positiva, como son las procuradurías temáticas que incorpora la sanción del Senado de la Nación. En el artículo 22 de la ley 27.148 se suman dos procuradurías, una sobre seguridad social y otra sobre violencia de género. Sin embargo, estimamos que, por algún error, a pesar de que la ley fija como uno de los objetivos centrales en materia no penal la protección de los consumidores, conforme el artículo 31 inciso d) de la ley, esta sanción no incluyó la procuraduría especializada en la materia. Me refiero a la preservación de los derechos del consumidor, que sé, particularmente, que es una inquietud del diputado Ramón porque en varias ocasiones me ha llamado telefónicamente para hablar de las leyes de defensa de los consumidores.
Por lo tanto, sé que es un tema importante, y más allá de que seguramente es un error material en la sanción del Senado, me parece una observación muy apropiada la que hace el señor diputado Ramón. Sin duda va a ser el trabajo de las y los diputados de la Nación, quienes deben tener en consideración y analizar su oportunidad o conveniencia. Quizás este sea el momento ideal. Sabemos que en los últimos años han ido cambiando las prioridades y sería bueno tomar en cuenta la posibilidad de crear e incluir, a través de la sanción de este proyecto de ley -que esperamos en breve la Cámara de Diputados vote-, una procuraduría especializada en la defensa de los derechos del consumidor.
La tercera pregunta, si mal no recuerdo, tenía que ver con el tema del jurado abogado. El diputado refería que en mi exposición no quedaba claro o parecía que yo excluía al abogado de la FACA. Cuando el enjuiciado fuera de la matrícula federal del interior, de allí va a provenir el jurado abogado. Es decir que de ninguna manera quedan excluidos los abogados de FACA, y no es esa la intención de la ley. Evidentemente, me expresé mal. En una hora y media, tal vez, en algo me equivoqué; discúlpenme. Pero de ninguna manera -quédese tranquilo, señor diputado- la intención es excluir al abogado de la FACA.
Cuando el fiscal investigado sea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o sea un fiscal nacional, el jurado abogado va a ser integrante del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
La señora diputada Vanesa Siley preguntaba qué propuestas concretas se pueden hacer a este trabajo conjunto de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales que permitan superar esta situación en las que se encuentran las mujeres dentro del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. No olvidemos que este proyecto reforma en paralelo ambos ministerios.
Muchas gracias por la pregunta, diputada Siley, porque me da la posibilidad de repetirlo.
Como comenté a lo largo de la exposición, este punto de cómo romper ese techo de cristal que, insisto, es un techo de cemento dentro del Ministerio Público Fiscal es fundamental. A la hora de considerar una verdadera reforma de esta ley debemos tener en cuenta que solamente 71 fiscales -escucharon bien: 71 fiscales- de un total de 269, son mujeres. Es decir, repito, de 269 fiscales solamente 71 son mujeres; fíjense si no hay un techo de cristal allí.
Precisamente en la reunión que tuvimos con las mujeres fiscales -las "fiscalas", como les gusta decir a ellas- gran parte del encuentro giró precisamente en torno a las propuestas concretas que sirvan para operativizar esto y permitan superar esta situación de este techo de cristal.
En este sentido, como lo dije hoy, nosotros proponemos fortalecer el principio general que está en el artículo 9° -no recuerdo si es el inciso k)- del proyecto aprobado en el Senado que establece la perspectiva de género para que realmente sea operativo, tanto para la integración de los órganos que dispone ese proyecto -por ejemplo, el Tribunal de los concursos-, así como también la integración del Tribunal de Enjuiciamiento. Por eso fui mechando este tema a lo largo del análisis de cada uno de esos institutos que contiene la ley.
Proponemos modificar también, como decía antes, la antigüedad del señor fiscal general y bajarla de diez a cinco años para el caso del interinato, así la vacancia puede ser suplida también por una mujer; nos parece algo importante.
En cuanto a los concursos, estamos proponiendo la obligación de que las ternas respeten la composición equitativa de género y que al menos uno de los temas sobre los que se va a tomar examen a los postulantes en el concurso verse sobre cuestiones de género. Esto parece importante para ir cambiando la perspectiva y la visión dentro del propio organismo también.
En cuanto a la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento -si mal no recuerdo también lo dije-, proponemos que, de la dupla del estamento de los fiscales, los representantes que van a integrar ese tribunal, el 50 por ciento, o sea, uno de esos fiscales, sea una mujer, es decir, debe haber paridad de género.
Finalmente, también proponemos incorporar entre las funciones y atribuciones del procurador General que el diseño de toda la política criminal sea desarrollado bajo una mirada de género, una perspectiva de género.
Creo que incorporando estas propuestas y otras más que obviamente puedan surgir del trabajo que van a hacer ustedes en comisiones, vamos a sancionar una ley que realmente sirva para romper con ese techo de cristal.
Es razonable que tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa, pero especialmente el primero, tengan un presupuesto considerable para los próximos años, sobre todo a la luz de la implementación -como dije en algunos pasajes de mi informe- del sistema acusatorio; es decir, el paso del viejo sistema inquisitivo al sistema acusatorio, que paulatinamente debe seguir avanzando y que rápidamente debe implementarse en forma definitiva a lo largo y a lo ancho de todo el país. Así ha sucedido en todas las provincias de nuestro país y en todos los países de la región.
No podemos pretender implementar un sistema sin los recursos, sin el dinero suficiente para poder llevarlo a la práctica. Eso dificultaría, precisamente, la implementación misma del sistema acusatorio y lo haría fracasar de entrada.
Quienes hemos formado parte de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Implementación del Código Procesal Penal -hasta hace algunas semanas yo formaba parte de esa comisión- hemos escuchado a varios fiscales y defensores señalar particularmente esto mismo que manifiesta el diputado Ramón, es decir, la necesidad particular de que estos organismos cuenten con los recursos necesarios que tenían con el nuevo sistema y que fue anulado por la decisión del expresidente Mauricio Macri, que como ustedes recordarán dictó ese famoso DNU en los primeros días de diciembre de 2015. Hasta ese entonces, el proyecto restituía el financiamiento que siempre estuvo previsto por la ley, pero los autoproclamados republicanos lo borraron de un plumazo en diciembre de 2015, quitando en definitiva la coparticipación automática del organismo del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal.
La idea que tenían en ese momento -todos lo sabemos- era ahogar financiera y económicamente a Gils Carbó, la procuradora mujer.
En cuanto a la prestación del servicio de Justicia, como ustedes saben, el cambio de paradigma es total. Es el fiscal el que va a investigar y, precisamente, necesita de los recursos para llevar adelante todas esas investigaciones.
El juez va a estar en otro lugar en el proceso. El juez va a estar para garantizar el cumplimiento del debido proceso y resolver. De ahí la importancia de esta mejora presupuestaria que contiene este proyecto de ley y que restituye los montos económicos a aquel viejo proyecto que, de un plumazo, Mauricio Macri borró vía decreto -con un DNU, si mal no recuerdo- en 2015.
Por eso es tan importante restituir esos fondos tanto al Ministerio Público Fiscal como al Ministerio Público de la Defensa.
En cuanto a la segunda pregunta que hacían, debo decir en primer lugar que el señor diputado Ramón ha hecho una inclusión bastante positiva, como son las procuradurías temáticas que incorpora la sanción del Senado de la Nación. En el artículo 22 de la ley 27.148 se suman dos procuradurías, una sobre seguridad social y otra sobre violencia de género. Sin embargo, estimamos que, por algún error, a pesar de que la ley fija como uno de los objetivos centrales en materia no penal la protección de los consumidores, conforme el artículo 31 inciso d) de la ley, esta sanción no incluyó la procuraduría especializada en la materia. Me refiero a la preservación de los derechos del consumidor, que sé, particularmente, que es una inquietud del diputado Ramón porque en varias ocasiones me ha llamado telefónicamente para hablar de las leyes de defensa de los consumidores.
Por lo tanto, sé que es un tema importante, y más allá de que seguramente es un error material en la sanción del Senado, me parece una observación muy apropiada la que hace el señor diputado Ramón. Sin duda va a ser el trabajo de las y los diputados de la Nación, quienes deben tener en consideración y analizar su oportunidad o conveniencia. Quizás este sea el momento ideal. Sabemos que en los últimos años han ido cambiando las prioridades y sería bueno tomar en cuenta la posibilidad de crear e incluir, a través de la sanción de este proyecto de ley -que esperamos en breve la Cámara de Diputados vote-, una procuraduría especializada en la defensa de los derechos del consumidor.
La tercera pregunta, si mal no recuerdo, tenía que ver con el tema del jurado abogado. El diputado refería que en mi exposición no quedaba claro o parecía que yo excluía al abogado de la FACA. Cuando el enjuiciado fuera de la matrícula federal del interior, de allí va a provenir el jurado abogado. Es decir que de ninguna manera quedan excluidos los abogados de FACA, y no es esa la intención de la ley. Evidentemente, me expresé mal. En una hora y media, tal vez, en algo me equivoqué; discúlpenme. Pero de ninguna manera -quédese tranquilo, señor diputado- la intención es excluir al abogado de la FACA.
Cuando el fiscal investigado sea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o sea un fiscal nacional, el jurado abogado va a ser integrante del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
La señora diputada Vanesa Siley preguntaba qué propuestas concretas se pueden hacer a este trabajo conjunto de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales que permitan superar esta situación en las que se encuentran las mujeres dentro del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. No olvidemos que este proyecto reforma en paralelo ambos ministerios.
Muchas gracias por la pregunta, diputada Siley, porque me da la posibilidad de repetirlo.
Como comenté a lo largo de la exposición, este punto de cómo romper ese techo de cristal que, insisto, es un techo de cemento dentro del Ministerio Público Fiscal es fundamental. A la hora de considerar una verdadera reforma de esta ley debemos tener en cuenta que solamente 71 fiscales -escucharon bien: 71 fiscales- de un total de 269, son mujeres. Es decir, repito, de 269 fiscales solamente 71 son mujeres; fíjense si no hay un techo de cristal allí.
Precisamente en la reunión que tuvimos con las mujeres fiscales -las "fiscalas", como les gusta decir a ellas- gran parte del encuentro giró precisamente en torno a las propuestas concretas que sirvan para operativizar esto y permitan superar esta situación de este techo de cristal.
En este sentido, como lo dije hoy, nosotros proponemos fortalecer el principio general que está en el artículo 9° -no recuerdo si es el inciso k)- del proyecto aprobado en el Senado que establece la perspectiva de género para que realmente sea operativo, tanto para la integración de los órganos que dispone ese proyecto -por ejemplo, el Tribunal de los concursos-, así como también la integración del Tribunal de Enjuiciamiento. Por eso fui mechando este tema a lo largo del análisis de cada uno de esos institutos que contiene la ley.
Proponemos modificar también, como decía antes, la antigüedad del señor fiscal general y bajarla de diez a cinco años para el caso del interinato, así la vacancia puede ser suplida también por una mujer; nos parece algo importante.
En cuanto a los concursos, estamos proponiendo la obligación de que las ternas respeten la composición equitativa de género y que al menos uno de los temas sobre los que se va a tomar examen a los postulantes en el concurso verse sobre cuestiones de género. Esto parece importante para ir cambiando la perspectiva y la visión dentro del propio organismo también.
En cuanto a la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento -si mal no recuerdo también lo dije-, proponemos que, de la dupla del estamento de los fiscales, los representantes que van a integrar ese tribunal, el 50 por ciento, o sea, uno de esos fiscales, sea una mujer, es decir, debe haber paridad de género.
Finalmente, también proponemos incorporar entre las funciones y atribuciones del procurador General que el diseño de toda la política criminal sea desarrollado bajo una mirada de género, una perspectiva de género.
Creo que incorporando estas propuestas y otras más que obviamente puedan surgir del trabajo que van a hacer ustedes en comisiones, vamos a sancionar una ley que realmente sirva para romper con ese techo de cristal.
SR. PRESIDENTE TAILHADE Tiene la palabra el diputado Sartori.
SR. SARTORI Buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, agradezco a los presidentes de ambas comisiones por dejarme participar e intervenir.
Señor presidente: no puedo empezar esta pequeña intervención sin recordar a Mario Meoni, rindiéndole un homenaje por lo que este funcionario fue. Tuvimos oportunidad de conocerlo en su entrega total para ver si podemos poner la Argentina de pie como quiere el presidente, y ha dado todo de sí. Así que me parece que vale la pena mencionarlo.
También quiero felicitar a nuestro compañero hasta hace pocos días diputado, hoy ministro de Justicia, Martín Soria, deseándole todo el éxito que se merece.
Tengo dos preguntas cortas. Creo que una va a ser redundante, pero mejor que sea redundante y el ministro lo ratifique aún más. La pregunta es cómo va a garantizarse la autonomía y la independencia del Ministerio Público Fiscal a fin de no quedar sujeto a los vaivenes de la política, dado que el proyecto de reforma bajo análisis relaja la mayoría necesaria para que el Senado preste su acuerdo para la designación del procurador General del Ministerio Público Fiscal.
En cuanto a la otra pregunta, de alguna manera el señor ministro se refirió al tema en varias oportunidades, pero sería bueno que otra vez lo diga. Considerando el mapa de género confeccionado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal que analizaron junto a usted el grupo de fiscales mujeres en la reunión que mantuvieron, se ve una distribución desigual de los cargos jerárquicos en función de género. Por ejemplo, las mujeres a cargo de fiscalías representan solo un 26 por ciento del total, a pesar de que el organismo está integrado en su totalidad por una mayoría de mujeres.
Entonces, atento a esto, quería saber qué propuestas concretas puede realizar o consensuar en esta reunión de comisiones que permitan superar la situación en la que se encuentran las mujeres dentro del Ministerio Público Fiscal.
Señor presidente: no puedo empezar esta pequeña intervención sin recordar a Mario Meoni, rindiéndole un homenaje por lo que este funcionario fue. Tuvimos oportunidad de conocerlo en su entrega total para ver si podemos poner la Argentina de pie como quiere el presidente, y ha dado todo de sí. Así que me parece que vale la pena mencionarlo.
También quiero felicitar a nuestro compañero hasta hace pocos días diputado, hoy ministro de Justicia, Martín Soria, deseándole todo el éxito que se merece.
Tengo dos preguntas cortas. Creo que una va a ser redundante, pero mejor que sea redundante y el ministro lo ratifique aún más. La pregunta es cómo va a garantizarse la autonomía y la independencia del Ministerio Público Fiscal a fin de no quedar sujeto a los vaivenes de la política, dado que el proyecto de reforma bajo análisis relaja la mayoría necesaria para que el Senado preste su acuerdo para la designación del procurador General del Ministerio Público Fiscal.
En cuanto a la otra pregunta, de alguna manera el señor ministro se refirió al tema en varias oportunidades, pero sería bueno que otra vez lo diga. Considerando el mapa de género confeccionado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal que analizaron junto a usted el grupo de fiscales mujeres en la reunión que mantuvieron, se ve una distribución desigual de los cargos jerárquicos en función de género. Por ejemplo, las mujeres a cargo de fiscalías representan solo un 26 por ciento del total, a pesar de que el organismo está integrado en su totalidad por una mayoría de mujeres.
Entonces, atento a esto, quería saber qué propuestas concretas puede realizar o consensuar en esta reunión de comisiones que permitan superar la situación en la que se encuentran las mujeres dentro del Ministerio Público Fiscal.
SR. PRESIDENTE TAILHADE Le voy a dar la palabra a la diputada Gaillard y luego al señor ministro. Les comento que también pidió la palabra el diputado Daives.
Tiene la palabra la diputada Gaillard.
Tiene la palabra la diputada Gaillard.
SRA. GAILLARD Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer la presencia del señor ministro Martín Soria, colega nuestro hasta hace muy poquito. La verdad es que siempre es grato recibir a los ministros en el Congreso Nacional, en este caso, en la Cámara de Diputados, más cuando se trata de un tema donde hoy existe una irregularidad manifiesta con un procurador Fiscal que no está cumpliendo el cargo tal cual lo manda la ley del Ministerio Público Fiscal.
Pedí la palabra no para hacer una pregunta, sino más bien para hablar de la vergonzosa situación de que la oposición no esté presente discutiendo y debatiendo con nosotros este proyecto de ley. Se puede estar de acuerdo o no en cambiar las mayorías... (inaudible)... sesiones en un marco de pandemia, en una situación crítica económica, social y sanitaria, una emergencia sanitaria... (inaudible) ...la oposición le dio la espalda al Congreso y dejó de venir a trabajar y tratar temas tan importantes como es que la Justicia funcione. Se trata de una Justicia que como vimos en el informe que realizó la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia que preside el diputado Moreau nos dejó un informe de todas las irregularidades que ocurrieron durante los cuatro años del macrismo a partir de la connivencia entre el Poder Judicial y los medios de comunicación para la persecución política de líderes opositores.
Ante estas situaciones donde no se ha respetado durante esos cuatro años de macrismo el estado de derecho, me parece sustancial que avancemos y se dé regularidad, se nombre como corresponde, al procurador Fiscal y discutamos todo lo que sea necesario para reformar la Justicia para que efectivamente sea un servicio público y los jueces y fiscales den respuesta y estén a la altura de las circunstancias y las demandas de la gente.
Por otra parte, quiero resaltar la reunión que usted, señor ministro, mantuvo con el grupo de fiscalas mujeres. Quiero decir que en el caso de las fiscalas mujeres llamó la atención y fue una noticia, pero no es noticia cuando lo hacen los fiscales hombres. Quiero hacer alusión al trato desigual que recibimos por ser mujeres. Usted mencionaba la cuestión de que solo el 18 por ciento de los fiscales son mujeres; claramente es un porcentaje minoritario. Por lo cual, en el período de tiempo que se exija para determinados cargos de la Procuración Fiscal hay que tener en cuenta que hay un porcentaje menor de mujeres. Entonces, hay que tenerlo presente para los concursos y que prevalezca la presencia de mujeres.
Esa es una cuestión que quería resaltar, así como también el trato desigual que reciben las mujeres, ya que los fiscales hombres desfilan por los distintos despachos y nunca son noticia. Eso fue noticia porque fueron fiscales mujeres. También quiero repudiar la actitud del procurador interino Casal que está irregularmente en el cargo y ha llamado la atención a las fiscalas mujeres por haberse reunido con nuestro ministro de Justicia. Muchísimas gracias.
Pedí la palabra no para hacer una pregunta, sino más bien para hablar de la vergonzosa situación de que la oposición no esté presente discutiendo y debatiendo con nosotros este proyecto de ley. Se puede estar de acuerdo o no en cambiar las mayorías... (inaudible)... sesiones en un marco de pandemia, en una situación crítica económica, social y sanitaria, una emergencia sanitaria... (inaudible) ...la oposición le dio la espalda al Congreso y dejó de venir a trabajar y tratar temas tan importantes como es que la Justicia funcione. Se trata de una Justicia que como vimos en el informe que realizó la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia que preside el diputado Moreau nos dejó un informe de todas las irregularidades que ocurrieron durante los cuatro años del macrismo a partir de la connivencia entre el Poder Judicial y los medios de comunicación para la persecución política de líderes opositores.
Ante estas situaciones donde no se ha respetado durante esos cuatro años de macrismo el estado de derecho, me parece sustancial que avancemos y se dé regularidad, se nombre como corresponde, al procurador Fiscal y discutamos todo lo que sea necesario para reformar la Justicia para que efectivamente sea un servicio público y los jueces y fiscales den respuesta y estén a la altura de las circunstancias y las demandas de la gente.
Por otra parte, quiero resaltar la reunión que usted, señor ministro, mantuvo con el grupo de fiscalas mujeres. Quiero decir que en el caso de las fiscalas mujeres llamó la atención y fue una noticia, pero no es noticia cuando lo hacen los fiscales hombres. Quiero hacer alusión al trato desigual que recibimos por ser mujeres. Usted mencionaba la cuestión de que solo el 18 por ciento de los fiscales son mujeres; claramente es un porcentaje minoritario. Por lo cual, en el período de tiempo que se exija para determinados cargos de la Procuración Fiscal hay que tener en cuenta que hay un porcentaje menor de mujeres. Entonces, hay que tenerlo presente para los concursos y que prevalezca la presencia de mujeres.
Esa es una cuestión que quería resaltar, así como también el trato desigual que reciben las mujeres, ya que los fiscales hombres desfilan por los distintos despachos y nunca son noticia. Eso fue noticia porque fueron fiscales mujeres. También quiero repudiar la actitud del procurador interino Casal que está irregularmente en el cargo y ha llamado la atención a las fiscalas mujeres por haberse reunido con nuestro ministro de Justicia. Muchísimas gracias.
SR. PRESIDENTE TAILHADE Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA Señor presidente: el diputado Sartori preguntó acerca de cómo garantizamos la autonomía y la independencia del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa a fin de no quedar sujetos a los vaivenes de la política dado que el proyecto, de alguna manera, relaja las mayorías para designar al Procurador General.
La autonomía y la independencia del Ministerio Público Fiscal es para nosotros un tema central de toda la modificación que estamos proyectando. Es el norte que no podemos perder de vista. Sin embargo, es preciso compatibilizar estas garantías con el objeto de darle el dinamismo y la flexibilidad que esta institución, el Ministerio Público Fiscal, necesita para poder cumplir con lo establecido por la propia ley. La implementación del sistema acusatorio exige pensar en una forma de designación realmente moderna y que impida a la política -ya sea por conveniencia o falta de consensos- perpetuar a un procurador interino absolutamente deslegitimado y sin falta de conducción, como lamentablemente padecemos hoy después de más de tres años de interinato.
Dicho esto, quiero señalar que este proyecto de ley -con todas estas ideas y observaciones que fuimos recogiendo en estas semanas y que he planteado a lo largo de estas dos horas de reunión- viene a proteger la garantía de la autonomía y la independencia de la mano de tres elementos. El primero tiene que ver con el financiamiento. Decía hoy -creo que le respondía al diputado Ramón- que lo primero que hizo Macri en el mes de diciembre de 2015 fue emitir un DNU con el objeto de desfinanciar y ahogar al Ministerio Público Fiscal. Esto lo llevó a cabo a través de un DNU. Es decir, tenía muy en claro lo que había que hacer para manipular la Justicia, perseguir y montar una mesa judicial. Sabían muy bien cómo era la hoja de ruta. Eso fue lo primero que hicieron.
Nosotros hacemos al revés. Lo primero que tenemos en cuenta es devolver el financiamiento a los ministerios, es decir, al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa. El proyecto de ley que ustedes están tratando precisamente garantiza la autarquía financiera del organismo. En ese sentido, establece que el presupuesto para el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa será equivalente al 0,95 del total y al 0,60 por ciento del total, respectivamente, volviendo a los valores anteriores y teniendo en cuenta que se toma del total del presupuesto.
De esta manera, el proyecto restituye dicho financiamiento, que siempre estuvo previsto en la ley. Se trata de un financiamiento que fue lo primero que borraron los autoproclamados republicanos en diciembre de 2015.
Este es el punto que hay que tener en cuenta respecto de lo que preguntó el diputado Sartori, en el sentido de garantizar la autonomía y la independencia en esta ley del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
La segunda cuestión que hay que tener presente tiene que ver con el límite temporal. Mediante este proyecto se prohíbe que la designación del procurador General pueda coincidir en un año electoral en el que se elija presidente y vicepresidente. Esta incorporación está contemplada en la sanción del Senado y permite disociar y separar la campaña electoral a presidente o vicepresidente de la elección al cargo de procurador y evita que un gobierno que se está yendo pueda efectuar un nombramiento en un cargo tan importante como el del Procurador General, el Procurador Fiscal o la Defensora General de la Nación, metiendo así por la venta a un funcionario antes de dejar el poder.
El primer proyecto que contemplaba la posibilidad de disociar y separar la elección del procurador y del presidente no pertenece a un compañero o compañera peronista. Es un proyecto del actual senador Loustau. Esta es la diferencia cuando nosotros queremos hacer una buena ley que mejore para todos y haga funcionar y sacar a la Justicia de la crisis en que se encuentra. Por eso lo traigo a colación. Es una idea de un proyecto que armó el senador Loustau y nosotros la tomamos porque nos parece acertada y buena. Creemos que debe ser acompañada en la Cámara de Diputados.
En cuanto al tercer elemento para garantizar la autonomía y la independencia del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, nosotros lo hacemos, ya que este proyecto de ley mantiene los dos tercios de los votos del Senado para remover al procurador General. Reitero: se trata de un proyecto de ley que estamos debatiendo y analizando a través de las distintas reuniones que mantuvimos con los actores principales, salvo con los que están en este momento twiteando y no se encuentran presentes trabajando con nosotros. ¿De qué manera lo garantizamos? Se mantienen los dos tercios, es decir, una votación agravada para que el Senado pueda remover eventualmente al procurador General de los fiscales. Esto es muy importante, porque si bien no se va a aplicar el procedimiento del juicio político se mantienen las mayorías sólidas y duras para los casos en los que se deba llevar adelante un proceso de remoción.
La realidad es que la sanción del Senado que estamos analizando es muy superadora en relación con el otro sistema que proponía el proyecto de Macri y Garavano allá por 2006. El propio Macri quería levantarse a la mañana y suspender por sí solo y por 180 días al procurador General de la Nación. Entendemos que eso era una locura. Nosotros queremos mantener esas mayorías agravadas para que no se pueda manosear la autonomía y la independencia del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
Creo que he respondido a las preguntas que me han formulado.
Por otro lado, si me permite, señor presidente, quería mencionar al señor Secretario de Justicia de la Nación, doctor Juan Martín Mena. Justamente él me ha acompañado en todo este trabajo y proceso de construcción, acercando ideas que fueron expuestas a lo largo de estas dos horas.
Quisiera agradecer a todos los compañeros y compañeras por la atención prestada y pedir a los presidentes de ambas comisiones si pueden enviar todas estas modificaciones y propuestas sobre las que hemos ido conversando, incluida la que pidió el diputado Ramón. Es una propuesta buena e interesante. El proyecto salió con ese pequeño error material porque en el texto lo dice, pero no lo hace operativo. Me refiero a la Procuraduría Especial para la Defensa de los Derechos del Consumidor.
La autonomía y la independencia del Ministerio Público Fiscal es para nosotros un tema central de toda la modificación que estamos proyectando. Es el norte que no podemos perder de vista. Sin embargo, es preciso compatibilizar estas garantías con el objeto de darle el dinamismo y la flexibilidad que esta institución, el Ministerio Público Fiscal, necesita para poder cumplir con lo establecido por la propia ley. La implementación del sistema acusatorio exige pensar en una forma de designación realmente moderna y que impida a la política -ya sea por conveniencia o falta de consensos- perpetuar a un procurador interino absolutamente deslegitimado y sin falta de conducción, como lamentablemente padecemos hoy después de más de tres años de interinato.
Dicho esto, quiero señalar que este proyecto de ley -con todas estas ideas y observaciones que fuimos recogiendo en estas semanas y que he planteado a lo largo de estas dos horas de reunión- viene a proteger la garantía de la autonomía y la independencia de la mano de tres elementos. El primero tiene que ver con el financiamiento. Decía hoy -creo que le respondía al diputado Ramón- que lo primero que hizo Macri en el mes de diciembre de 2015 fue emitir un DNU con el objeto de desfinanciar y ahogar al Ministerio Público Fiscal. Esto lo llevó a cabo a través de un DNU. Es decir, tenía muy en claro lo que había que hacer para manipular la Justicia, perseguir y montar una mesa judicial. Sabían muy bien cómo era la hoja de ruta. Eso fue lo primero que hicieron.
Nosotros hacemos al revés. Lo primero que tenemos en cuenta es devolver el financiamiento a los ministerios, es decir, al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa. El proyecto de ley que ustedes están tratando precisamente garantiza la autarquía financiera del organismo. En ese sentido, establece que el presupuesto para el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa será equivalente al 0,95 del total y al 0,60 por ciento del total, respectivamente, volviendo a los valores anteriores y teniendo en cuenta que se toma del total del presupuesto.
De esta manera, el proyecto restituye dicho financiamiento, que siempre estuvo previsto en la ley. Se trata de un financiamiento que fue lo primero que borraron los autoproclamados republicanos en diciembre de 2015.
Este es el punto que hay que tener en cuenta respecto de lo que preguntó el diputado Sartori, en el sentido de garantizar la autonomía y la independencia en esta ley del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
La segunda cuestión que hay que tener presente tiene que ver con el límite temporal. Mediante este proyecto se prohíbe que la designación del procurador General pueda coincidir en un año electoral en el que se elija presidente y vicepresidente. Esta incorporación está contemplada en la sanción del Senado y permite disociar y separar la campaña electoral a presidente o vicepresidente de la elección al cargo de procurador y evita que un gobierno que se está yendo pueda efectuar un nombramiento en un cargo tan importante como el del Procurador General, el Procurador Fiscal o la Defensora General de la Nación, metiendo así por la venta a un funcionario antes de dejar el poder.
El primer proyecto que contemplaba la posibilidad de disociar y separar la elección del procurador y del presidente no pertenece a un compañero o compañera peronista. Es un proyecto del actual senador Loustau. Esta es la diferencia cuando nosotros queremos hacer una buena ley que mejore para todos y haga funcionar y sacar a la Justicia de la crisis en que se encuentra. Por eso lo traigo a colación. Es una idea de un proyecto que armó el senador Loustau y nosotros la tomamos porque nos parece acertada y buena. Creemos que debe ser acompañada en la Cámara de Diputados.
En cuanto al tercer elemento para garantizar la autonomía y la independencia del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, nosotros lo hacemos, ya que este proyecto de ley mantiene los dos tercios de los votos del Senado para remover al procurador General. Reitero: se trata de un proyecto de ley que estamos debatiendo y analizando a través de las distintas reuniones que mantuvimos con los actores principales, salvo con los que están en este momento twiteando y no se encuentran presentes trabajando con nosotros. ¿De qué manera lo garantizamos? Se mantienen los dos tercios, es decir, una votación agravada para que el Senado pueda remover eventualmente al procurador General de los fiscales. Esto es muy importante, porque si bien no se va a aplicar el procedimiento del juicio político se mantienen las mayorías sólidas y duras para los casos en los que se deba llevar adelante un proceso de remoción.
La realidad es que la sanción del Senado que estamos analizando es muy superadora en relación con el otro sistema que proponía el proyecto de Macri y Garavano allá por 2006. El propio Macri quería levantarse a la mañana y suspender por sí solo y por 180 días al procurador General de la Nación. Entendemos que eso era una locura. Nosotros queremos mantener esas mayorías agravadas para que no se pueda manosear la autonomía y la independencia del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
Creo que he respondido a las preguntas que me han formulado.
Por otro lado, si me permite, señor presidente, quería mencionar al señor Secretario de Justicia de la Nación, doctor Juan Martín Mena. Justamente él me ha acompañado en todo este trabajo y proceso de construcción, acercando ideas que fueron expuestas a lo largo de estas dos horas.
Quisiera agradecer a todos los compañeros y compañeras por la atención prestada y pedir a los presidentes de ambas comisiones si pueden enviar todas estas modificaciones y propuestas sobre las que hemos ido conversando, incluida la que pidió el diputado Ramón. Es una propuesta buena e interesante. El proyecto salió con ese pequeño error material porque en el texto lo dice, pero no lo hace operativo. Me refiero a la Procuraduría Especial para la Defensa de los Derechos del Consumidor.
SR. PRESIDENTE TAILHADE Señor ministro: antes del cierre faltan dos preguntas que se agregaron hace un momento. Le voy a otorgar el uso de la palabra al vicepresidente 2° de la Comisión de Justicia, diputado Ricardo Daives, y luego al diputado Moreau.
SR. DAIVES Señor presidente: quiero enviar un saludo al señor ministro de Justicia. A esta altura prácticamente se ha dicho todo y se han respondido las preguntas que fueron formuladas. Pero me queda un punto que creo que es importante.
El señor ministro ha repetido en reiteradas oportunidades el trato que tuvo el fiscal ilegal -o como se lo quiera llamar- respecto de las fiscalas que lo visitaron. Creo que ese tema no puede quedar de esa forma, es decir, en la anécdota o el relato que el señor ministro pueda hacer.
Por el contrario, me parece que debe haber un pedido de retractación o repudio hacia esas actitudes por parte de estas comisiones y de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público. ¿Por qué digo eso? Porque si un fiscal que está a cargo del Ministerio Público genera este tipo de actitudes, ¿cuánto más le va a faltar para proponer las políticas de género en todo el funcionamiento que pueda tener a lo largo de los distintos juzgados federales del país?
Por otro lado, creo que lo más importante es algo que usted ha repetido en algunas oportunidades. Ellos se llenan la boca hablando de la República; es cierto. Sin embargo, lo que a ellos no los obstaculiza ni les preocupa es la República. Su mayor preocupación, el mayor estorbo que tienen -por decirlo de alguna manera-, es la democracia. Ese es el motivo por el que las cuestiones son completamente distintas.
Por esa razón creo que hay que tomar una actitud un poco más decidida en cuanto a trabajar en la reforma de la ley, para que de esa forma podamos avanzar muchísimo en todo lo que eso significa.
Respecto de todo lo que usted manifestó -con mucho acierto- en cuanto a las comparaciones con nuestros proyectos, ellos tenían un fin, que era la colonización del Ministerio Público, lo que de alguna manera han logrado. Eso lo van a mantener y pelearán por ello de todas las formas posibles.
Muchos de los que fueron a conversar con usted, de acuerdo con lo que se manifestó, son voceros de esas agrupaciones. Por lo tanto, aparentarán trabajar en consonancia con nosotros, pero nos pondrán palos en la rueda permanentemente.
Por eso creo que hay que trabajar en otros aspectos que son importantes. Trabajemos en la conformación y la sanción de esta ley. Hagamos la mejor norma posible. Trabajemos sobre las reformas que se tienen que hacer. Ello va a significar también una demora y, por lo tanto, vamos a poder lograr que esto avance, como debe ser, para que podamos tener un Ministerio Público, tanto de la Defensa como Fiscal -me refiero especialmente a este último- acorde a las circunstancias que queremos. En otras palabras, un Ministerio Público democrático que realmente genere las políticas públicas que debe llevar a cabo y no la antipolítica que están acostumbrados a plantear aquellos que en este momento son oposición en el Congreso Nacional.
Por esa razón reitero que esto no debe quedar en el relato, sino que tenemos que repudiar la actitud que ha tenido el fiscal. Asimismo debemos comunicar los hechos a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público. De esta forma vamos a poder trabajar con cierta sensatez y políticas de género reales en el Ministerio Público Fiscal.
Teniendo en cuenta que ya se han dicho muchas de las cosas que pensaba plantear y que se ha respondido de forma puntual cada pregunta, agradezco mucho la atención del señor ministro.
Asimismo quiero aprovechar para dejar un gran saludo al doctor Soria porque es un gran funcionario. Siempre ha tenido una relación muy estrecha con Santiago del Estero y respuestas muy importantes para nosotros.
El señor ministro ha repetido en reiteradas oportunidades el trato que tuvo el fiscal ilegal -o como se lo quiera llamar- respecto de las fiscalas que lo visitaron. Creo que ese tema no puede quedar de esa forma, es decir, en la anécdota o el relato que el señor ministro pueda hacer.
Por el contrario, me parece que debe haber un pedido de retractación o repudio hacia esas actitudes por parte de estas comisiones y de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público. ¿Por qué digo eso? Porque si un fiscal que está a cargo del Ministerio Público genera este tipo de actitudes, ¿cuánto más le va a faltar para proponer las políticas de género en todo el funcionamiento que pueda tener a lo largo de los distintos juzgados federales del país?
Por otro lado, creo que lo más importante es algo que usted ha repetido en algunas oportunidades. Ellos se llenan la boca hablando de la República; es cierto. Sin embargo, lo que a ellos no los obstaculiza ni les preocupa es la República. Su mayor preocupación, el mayor estorbo que tienen -por decirlo de alguna manera-, es la democracia. Ese es el motivo por el que las cuestiones son completamente distintas.
Por esa razón creo que hay que tomar una actitud un poco más decidida en cuanto a trabajar en la reforma de la ley, para que de esa forma podamos avanzar muchísimo en todo lo que eso significa.
Respecto de todo lo que usted manifestó -con mucho acierto- en cuanto a las comparaciones con nuestros proyectos, ellos tenían un fin, que era la colonización del Ministerio Público, lo que de alguna manera han logrado. Eso lo van a mantener y pelearán por ello de todas las formas posibles.
Muchos de los que fueron a conversar con usted, de acuerdo con lo que se manifestó, son voceros de esas agrupaciones. Por lo tanto, aparentarán trabajar en consonancia con nosotros, pero nos pondrán palos en la rueda permanentemente.
Por eso creo que hay que trabajar en otros aspectos que son importantes. Trabajemos en la conformación y la sanción de esta ley. Hagamos la mejor norma posible. Trabajemos sobre las reformas que se tienen que hacer. Ello va a significar también una demora y, por lo tanto, vamos a poder lograr que esto avance, como debe ser, para que podamos tener un Ministerio Público, tanto de la Defensa como Fiscal -me refiero especialmente a este último- acorde a las circunstancias que queremos. En otras palabras, un Ministerio Público democrático que realmente genere las políticas públicas que debe llevar a cabo y no la antipolítica que están acostumbrados a plantear aquellos que en este momento son oposición en el Congreso Nacional.
Por esa razón reitero que esto no debe quedar en el relato, sino que tenemos que repudiar la actitud que ha tenido el fiscal. Asimismo debemos comunicar los hechos a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público. De esta forma vamos a poder trabajar con cierta sensatez y políticas de género reales en el Ministerio Público Fiscal.
Teniendo en cuenta que ya se han dicho muchas de las cosas que pensaba plantear y que se ha respondido de forma puntual cada pregunta, agradezco mucho la atención del señor ministro.
Asimismo quiero aprovechar para dejar un gran saludo al doctor Soria porque es un gran funcionario. Siempre ha tenido una relación muy estrecha con Santiago del Estero y respuestas muy importantes para nosotros.
SR. PRESIDENTE TAILHADE Tiene la palabra el diputado Moreau.
SR. MOREAU Señor presidente: seré breve y emplearé un tono casi coloquial, muy lejos de cualquier tono discursivo.
En primer lugar, creo que el ministro ha sido muy claro acerca de la crisis que está viviendo la Procuración por este interinato prolongadísimo. En realidad, creo que la crisis se inició, precisamente, en el mismo punto de partida de la designación de este fiscal interino.
En este sentido, quiero desagraviar a la doctora Alejandra Gils Carbó, que fue víctima de una persecución pertinaz e impúdica desde que se le fabricó una causa judicial. En dicha causa el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, ofreció un testimonio irrefutable cuando nos contó que ese proceso judicial iniciado contra la doctora Gils Carbó fue impulsado por el doctor Ercolini, quien actualmente aún ocupa el cargo de juez federal. Dicho juez confesó al presidente de la Nación, en una charla mano a mano, que había iniciado esa causa porque estaba presionado.
Además todos sabemos que la doctora Gils Carbó no solamente fue presionada por la Justicia Federal de aquel entonces, sino también por algunos de sus colegas y particularmente por un medio hegemónico. Me refiero al diario Clarín, que llegó al disparate de publicar los números de teléfono de las hijas de la doctora Gils Carbó. A partir de la publicación de esos números de teléfono en una nota del periodista Roa, las hijas de la doctora fueron permanentemente acosadas y hostigadas por llamados anónimos.
Por supuesto, quiero dejar presente mi adhesión al repudio que se ha reiterado en esta reunión acerca de la actitud discriminatoria del procurador Casal, que reprocha a las señoras fiscales pero no reprochó en ningún momento a Stornelli, un fiscal dos veces procesado, y mucho menos al fiscal Pleé, uno de los visitantes de la quinta de Olivos.
Nuestra colega Vanesa Siley recién decía que el fiscal Pleé había justificado esas visitas diciendo que el ex presidente Macri le había pedido que se quedara hasta que se resolviera la cuestión del procurador. Creo que además de quedarse para eso, se ha quedado para lo que acaba de hacer hace 24 horas, es decir, pedir el rechazo del sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, de Kicillof y de varios que habían sido imputados en la payasada de la causa sobre el dólar futuro, quienes han sido sobreseídos por unanimidad de la Cámara de Casación. Casualmente Pleé, que decidió quedarse a pedido de Macri, ha pedido el rechazo de ese sobreseimiento.
Se trata de una estrategia de algunos de los fiscales de la banda de Boca, de la Comisión de Seguridad de Boca, donde además de Pleé también está el propio Stornelli y, por supuesto, el fiscal Taiano, que lleva adelante la patraña del supuesto asesinato de Nisman.
Quieren mantener las causas abiertas. ¿Por qué? Porque no solamente quieren seguir hostigando a Cristina Fernández de Kirchner, sino también a la fuerza hoy gobernante en la Argentina. Por lo tanto, el fiscal Taiano sigue llevando a la larga la patraña del asesinato de Nisman y no quiere cerrar nunca la instrucción. Por su parte, el fiscal Pleé apela algo que es absolutamente absurdo. Ello es así porque siguen sirviendo a Macri y los intereses que los pusieron en esos lugares.
Dicho esto, quiero manifestar dos o tres cosas. Una de ellas tiene que ver con las objeciones que hace Juntos por el Cambio. No digamos "la oposición" porque hay sectores de la oposición que están participando de la construcción de estos consensos. Ahora bien, lo que hace Juntos por el Cambio, concretamente, es tratar de sembrar la idea de que aquí se pretende crear un criterio o un órgano de cogobierno con la Procuración. Al respecto, quiero decir que no hay ninguna pretensión de cogobernar.
Lo que sí estamos intentando hacer es otra cosa. Me refiero a lo que se hizo en la Reforma Constitucional de 1994 con la creación del Consejo de la Magistratura. Esto es un todo armónico. En aquel momento, cuando se creó el Consejo de la Magistratura con la composición que tiene, que después se dictaminó por ley, la idea no era cogobernar con los jueces, sino controlar, como ha dicho el presidente Fernández, desde lo que se denominan los controles cruzados.
La fiscalía y, en esta etapa, sobre todo la Procuración -que, como describió el ministro, va a adquirir muchísimo más poder aún- no tiene control cruzado alguno; no existe hasta el presente un control cruzado. Este tribunal de enjuiciamiento, tal como está concebido, pretende establecer un control cruzado y no un cogobierno.
Es muy importante subrayar esto que forma parte del espíritu de la reforma constitucional de 1994. Lo que pasa es que en aquel momento no se creó ese control cruzado porque no se había puesto en marcha el régimen acusatorio. Entonces, la Procuración no contaba con el poder que tendrá ahora.
Es cierto que debemos cuidar la autonomía de la Procuración. Sin embargo -y esto es muy importante para los bloques unipersonales o aquellos como el que representa el señor diputado Sartori, que defienden las autonomías y los intereses provinciales-, se trata de defender no solo la autonomía de la Procuración, sino también el federalismo frente a los abusos que en el futuro esta pueda cometer.
Por eso, entre otras cuestiones, sugiero al señor ministro que hable sobre el particular con los gobernadores provinciales, porque está demostrado que si no hay equilibrio los abusos necesariamente aparecen, como ha sucedido durante todo este tiempo en la Justicia.
¿Qué quiero decir? No se trata de limitar la actividad de los fiscales, sino de asegurar que no haya arbitrariedad por parte de ellos para violar el régimen federal de la Argentina, metiéndose en causas que pongan en riesgo la estabilidad de los gobiernos provinciales.
Entonces, es muy importante que en medio de esa relación entre el poder extraordinario que tendrá el procurador fiscal -porque va a manejar el régimen acusatorio- y las autonomías provinciales haya un colchón, que es este tribunal de enjuiciamiento integrado tal como se ha propuesto.
Lo única duda que me queda y que dejo planteada al señor ministro -confío, desde ya, en que se buscarán los acuerdos necesarios- se refiere al aumento en la representación de los fiscales, que pasa de uno a dos. En ese sentido, quiero pedirle que esto no se haga en desmedro de la representación parlamentaria.
A mi juicio, se debería mantener la representación parlamentaria con tres representantes: dos por la mayoría y uno por la minoría. En caso de aumentar la representación de los fiscales de uno a dos, entre otras cosas -como bien decía el señor ministro- para asegurar también la representación de género, yo buscaría una compensación con alguno de los representantes o estamentos previstos en el proyecto del Senado; pero no disminuiría la representación parlamentaria.
Insisto en que debemos hablar con quienes integran bloques unipersonales, con los representantes de partidos provinciales y con los gobernadores para que se entienda este concepto. Si no, pueden llevar de las narices los titulares de Clarín que dicen que pretendemos cogobernar.
No pretendemos cogobernar y tampoco poner límites a los fiscales; simplemente queremos que haya un equilibrio entre federalismo y autonomía provincial y, por supuesto, autonomía de la Procuración y que los fiscales tengan la facultad de hacer lo que deben hacer.
En primer lugar, creo que el ministro ha sido muy claro acerca de la crisis que está viviendo la Procuración por este interinato prolongadísimo. En realidad, creo que la crisis se inició, precisamente, en el mismo punto de partida de la designación de este fiscal interino.
En este sentido, quiero desagraviar a la doctora Alejandra Gils Carbó, que fue víctima de una persecución pertinaz e impúdica desde que se le fabricó una causa judicial. En dicha causa el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, ofreció un testimonio irrefutable cuando nos contó que ese proceso judicial iniciado contra la doctora Gils Carbó fue impulsado por el doctor Ercolini, quien actualmente aún ocupa el cargo de juez federal. Dicho juez confesó al presidente de la Nación, en una charla mano a mano, que había iniciado esa causa porque estaba presionado.
Además todos sabemos que la doctora Gils Carbó no solamente fue presionada por la Justicia Federal de aquel entonces, sino también por algunos de sus colegas y particularmente por un medio hegemónico. Me refiero al diario Clarín, que llegó al disparate de publicar los números de teléfono de las hijas de la doctora Gils Carbó. A partir de la publicación de esos números de teléfono en una nota del periodista Roa, las hijas de la doctora fueron permanentemente acosadas y hostigadas por llamados anónimos.
Por supuesto, quiero dejar presente mi adhesión al repudio que se ha reiterado en esta reunión acerca de la actitud discriminatoria del procurador Casal, que reprocha a las señoras fiscales pero no reprochó en ningún momento a Stornelli, un fiscal dos veces procesado, y mucho menos al fiscal Pleé, uno de los visitantes de la quinta de Olivos.
Nuestra colega Vanesa Siley recién decía que el fiscal Pleé había justificado esas visitas diciendo que el ex presidente Macri le había pedido que se quedara hasta que se resolviera la cuestión del procurador. Creo que además de quedarse para eso, se ha quedado para lo que acaba de hacer hace 24 horas, es decir, pedir el rechazo del sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, de Kicillof y de varios que habían sido imputados en la payasada de la causa sobre el dólar futuro, quienes han sido sobreseídos por unanimidad de la Cámara de Casación. Casualmente Pleé, que decidió quedarse a pedido de Macri, ha pedido el rechazo de ese sobreseimiento.
Se trata de una estrategia de algunos de los fiscales de la banda de Boca, de la Comisión de Seguridad de Boca, donde además de Pleé también está el propio Stornelli y, por supuesto, el fiscal Taiano, que lleva adelante la patraña del supuesto asesinato de Nisman.
Quieren mantener las causas abiertas. ¿Por qué? Porque no solamente quieren seguir hostigando a Cristina Fernández de Kirchner, sino también a la fuerza hoy gobernante en la Argentina. Por lo tanto, el fiscal Taiano sigue llevando a la larga la patraña del asesinato de Nisman y no quiere cerrar nunca la instrucción. Por su parte, el fiscal Pleé apela algo que es absolutamente absurdo. Ello es así porque siguen sirviendo a Macri y los intereses que los pusieron en esos lugares.
Dicho esto, quiero manifestar dos o tres cosas. Una de ellas tiene que ver con las objeciones que hace Juntos por el Cambio. No digamos "la oposición" porque hay sectores de la oposición que están participando de la construcción de estos consensos. Ahora bien, lo que hace Juntos por el Cambio, concretamente, es tratar de sembrar la idea de que aquí se pretende crear un criterio o un órgano de cogobierno con la Procuración. Al respecto, quiero decir que no hay ninguna pretensión de cogobernar.
Lo que sí estamos intentando hacer es otra cosa. Me refiero a lo que se hizo en la Reforma Constitucional de 1994 con la creación del Consejo de la Magistratura. Esto es un todo armónico. En aquel momento, cuando se creó el Consejo de la Magistratura con la composición que tiene, que después se dictaminó por ley, la idea no era cogobernar con los jueces, sino controlar, como ha dicho el presidente Fernández, desde lo que se denominan los controles cruzados.
La fiscalía y, en esta etapa, sobre todo la Procuración -que, como describió el ministro, va a adquirir muchísimo más poder aún- no tiene control cruzado alguno; no existe hasta el presente un control cruzado. Este tribunal de enjuiciamiento, tal como está concebido, pretende establecer un control cruzado y no un cogobierno.
Es muy importante subrayar esto que forma parte del espíritu de la reforma constitucional de 1994. Lo que pasa es que en aquel momento no se creó ese control cruzado porque no se había puesto en marcha el régimen acusatorio. Entonces, la Procuración no contaba con el poder que tendrá ahora.
Es cierto que debemos cuidar la autonomía de la Procuración. Sin embargo -y esto es muy importante para los bloques unipersonales o aquellos como el que representa el señor diputado Sartori, que defienden las autonomías y los intereses provinciales-, se trata de defender no solo la autonomía de la Procuración, sino también el federalismo frente a los abusos que en el futuro esta pueda cometer.
Por eso, entre otras cuestiones, sugiero al señor ministro que hable sobre el particular con los gobernadores provinciales, porque está demostrado que si no hay equilibrio los abusos necesariamente aparecen, como ha sucedido durante todo este tiempo en la Justicia.
¿Qué quiero decir? No se trata de limitar la actividad de los fiscales, sino de asegurar que no haya arbitrariedad por parte de ellos para violar el régimen federal de la Argentina, metiéndose en causas que pongan en riesgo la estabilidad de los gobiernos provinciales.
Entonces, es muy importante que en medio de esa relación entre el poder extraordinario que tendrá el procurador fiscal -porque va a manejar el régimen acusatorio- y las autonomías provinciales haya un colchón, que es este tribunal de enjuiciamiento integrado tal como se ha propuesto.
Lo única duda que me queda y que dejo planteada al señor ministro -confío, desde ya, en que se buscarán los acuerdos necesarios- se refiere al aumento en la representación de los fiscales, que pasa de uno a dos. En ese sentido, quiero pedirle que esto no se haga en desmedro de la representación parlamentaria.
A mi juicio, se debería mantener la representación parlamentaria con tres representantes: dos por la mayoría y uno por la minoría. En caso de aumentar la representación de los fiscales de uno a dos, entre otras cosas -como bien decía el señor ministro- para asegurar también la representación de género, yo buscaría una compensación con alguno de los representantes o estamentos previstos en el proyecto del Senado; pero no disminuiría la representación parlamentaria.
Insisto en que debemos hablar con quienes integran bloques unipersonales, con los representantes de partidos provinciales y con los gobernadores para que se entienda este concepto. Si no, pueden llevar de las narices los titulares de Clarín que dicen que pretendemos cogobernar.
No pretendemos cogobernar y tampoco poner límites a los fiscales; simplemente queremos que haya un equilibrio entre federalismo y autonomía provincial y, por supuesto, autonomía de la Procuración y que los fiscales tengan la facultad de hacer lo que deben hacer.
SR. PRESIDENTE TAILHADE Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Por un lado, quiero agradecer al señor diputado Daives por sus consideraciones. Obviamente, no puedo dejar de coincidir con todas y cada una de sus expresiones.
Por otra parte, quiero manifestar que estoy en un ciento por ciento de acuerdo con el señor diputado Leopoldo Moreau, a quien también le agradezco su intervención. Sabe bastante bien lo que pienso acerca del nefasto accionar de la mesa judicial en la Argentina, ya que me ayudó a denunciarlo siendo yo diputado de la Nación, cargo que ocupé hasta hace pocas semanas porque me ha tocado desempeñarme en este rango institucional.
Recuerdo con grato cariño muchas de las charlas que he tenido con Leopoldo Moreau, y con tantos otros compañeros diputados y diputadas, en las que hemos analizado todo ese accionar nefasto que se montó desde el Estado y que sirvió también para manipular a la Justicia, al Ministerio Público Fiscal.
Por lo tanto, coincido con todos y cada uno de los planteos del señor diputado Moreau, así como también con el desagravio que hizo al inicio de su alocución en relación con lo que le tocó vivir a la exprocuradora de la Nación, la doctora Gils Carbó. Me refiero a lo ocurrido con periodistas de algunos medios -aquellos que llevaron al gobierno a quienes ocuparon la gestión anterior y que los sostuvieron a pesar de todas las fechorías y macanas que se mandaron- que publicaron el teléfono de las hijas de la exprocuradora en el diario para que pudieran llamarla y presionarla. Fue un acoso terrible que sufrió la exprocuradora Gils Carbó.
Como quienes gobernaron en 2016 y 2017 no pudieron reformar esta norma sobre la que hoy estamos debatiendo porque no se preocuparon por buscar consensos, elaborar una buena propuesta ni se sentaron a conversar -en fin, como no hicieron nada de todo lo que nosotros estamos haciendo-, directamente acortaron el camino y montaron todo lo que estuvo saliendo a la luz en los últimos meses.
Así que, como decía, no puedo menos que coincidir con las expresiones del señor diputado Moreau, quien al final de su alocución se refirió al cuidado que debemos tener en cuanto a la integración del tribunal de enjuiciamiento. No obstante, creo que no hay blancos o negros. La ley vigente prevé una representación parlamentaria muy acotada, con un representante por la mayoría del Senado en la integración de dicho tribunal.
Por otro lado, la sanción del Senado que están debatiendo ambas comisiones plantea la necesidad de que, en vez de haber un integrante de la mayoría del Senado de la Nación, haya tres de la comisión bicameral. Es decir, dos por la mayoría y uno por la minoría.
La situación en la que estamos es la siguiente: la ley vigente establece un solo integrante del Senado por la mayoría, mientras que el proyecto en revisión prevé tres integrantes de la bicameral: dos por el oficialismo y uno por la minoría.
Por eso, nosotros creemos que debemos llegar a un punto intermedio, a un equilibrio, tema sobre el cual debatimos en todas las reuniones que hemos mantenido. No debe haber un solo integrante, como está establecido en la ley vigente, ni tres de la bicameral, como propone el Senado, sino dos: uno por la mayoría y otro por la minoría.
Esa es la propuesta que creemos que tuvo la mejor acogida en todas estas reuniones, porque siempre existe el temor a la politización.
Nosotros podríamos decir lo mismo del corporativismo que hemos visto durante todos estos años. Pero, sea como fuere, quiero decir al señor diputado Moreau y a los demás diputados y diputadas que es una decisión que debe tomar el Congreso de la Nación. Son ustedes quienes tienen que debatir respecto de esta cuestión. Yo simplemente les comento qué nos parece mejor de todo ese abanico de propuestas, opiniones y observaciones que fuimos recibiendo en cada uno de los encuentros que hemos ido manteniendo.
Por otra parte, quiero manifestar que estoy en un ciento por ciento de acuerdo con el señor diputado Leopoldo Moreau, a quien también le agradezco su intervención. Sabe bastante bien lo que pienso acerca del nefasto accionar de la mesa judicial en la Argentina, ya que me ayudó a denunciarlo siendo yo diputado de la Nación, cargo que ocupé hasta hace pocas semanas porque me ha tocado desempeñarme en este rango institucional.
Recuerdo con grato cariño muchas de las charlas que he tenido con Leopoldo Moreau, y con tantos otros compañeros diputados y diputadas, en las que hemos analizado todo ese accionar nefasto que se montó desde el Estado y que sirvió también para manipular a la Justicia, al Ministerio Público Fiscal.
Por lo tanto, coincido con todos y cada uno de los planteos del señor diputado Moreau, así como también con el desagravio que hizo al inicio de su alocución en relación con lo que le tocó vivir a la exprocuradora de la Nación, la doctora Gils Carbó. Me refiero a lo ocurrido con periodistas de algunos medios -aquellos que llevaron al gobierno a quienes ocuparon la gestión anterior y que los sostuvieron a pesar de todas las fechorías y macanas que se mandaron- que publicaron el teléfono de las hijas de la exprocuradora en el diario para que pudieran llamarla y presionarla. Fue un acoso terrible que sufrió la exprocuradora Gils Carbó.
Como quienes gobernaron en 2016 y 2017 no pudieron reformar esta norma sobre la que hoy estamos debatiendo porque no se preocuparon por buscar consensos, elaborar una buena propuesta ni se sentaron a conversar -en fin, como no hicieron nada de todo lo que nosotros estamos haciendo-, directamente acortaron el camino y montaron todo lo que estuvo saliendo a la luz en los últimos meses.
Así que, como decía, no puedo menos que coincidir con las expresiones del señor diputado Moreau, quien al final de su alocución se refirió al cuidado que debemos tener en cuanto a la integración del tribunal de enjuiciamiento. No obstante, creo que no hay blancos o negros. La ley vigente prevé una representación parlamentaria muy acotada, con un representante por la mayoría del Senado en la integración de dicho tribunal.
Por otro lado, la sanción del Senado que están debatiendo ambas comisiones plantea la necesidad de que, en vez de haber un integrante de la mayoría del Senado de la Nación, haya tres de la comisión bicameral. Es decir, dos por la mayoría y uno por la minoría.
La situación en la que estamos es la siguiente: la ley vigente establece un solo integrante del Senado por la mayoría, mientras que el proyecto en revisión prevé tres integrantes de la bicameral: dos por el oficialismo y uno por la minoría.
Por eso, nosotros creemos que debemos llegar a un punto intermedio, a un equilibrio, tema sobre el cual debatimos en todas las reuniones que hemos mantenido. No debe haber un solo integrante, como está establecido en la ley vigente, ni tres de la bicameral, como propone el Senado, sino dos: uno por la mayoría y otro por la minoría.
Esa es la propuesta que creemos que tuvo la mejor acogida en todas estas reuniones, porque siempre existe el temor a la politización.
Nosotros podríamos decir lo mismo del corporativismo que hemos visto durante todos estos años. Pero, sea como fuere, quiero decir al señor diputado Moreau y a los demás diputados y diputadas que es una decisión que debe tomar el Congreso de la Nación. Son ustedes quienes tienen que debatir respecto de esta cuestión. Yo simplemente les comento qué nos parece mejor de todo ese abanico de propuestas, opiniones y observaciones que fuimos recibiendo en cada uno de los encuentros que hemos ido manteniendo.
SR. PRESIDENTE TAILHADE Señor ministro: hay una pregunta que le hizo por chat la señora diputada Figueroa, por Salta, y me parece pertinente hacérsela llegar por escrito a fin de que pueda darle una respuesta concreta y personal, ya que tiene que ver con una situación en su provincia que quizás excede el marco de esta discusión, porque se refiere a la posibilidad de que, a partir de una reforma constitucional, en Salta se nombren jueces vitalicios.
Estamos aquí hablando de Ministerio Público Fiscal. Por lo tanto, quizás sea mejor que el ministro responda personalmente a la señora diputada Figueroa. Me comprometo a hacerle llegar el planteo para que la señora diputada reciba una pronta respuesta.
Tiene la palabra el señor diputado Pérez Araujo para una consideración final, luego de cuya intervención me referiré a una cuestión en particular.
Estamos aquí hablando de Ministerio Público Fiscal. Por lo tanto, quizás sea mejor que el ministro responda personalmente a la señora diputada Figueroa. Me comprometo a hacerle llegar el planteo para que la señora diputada reciba una pronta respuesta.
Tiene la palabra el señor diputado Pérez Araujo para una consideración final, luego de cuya intervención me referiré a una cuestión en particular.
SR. PÉREZ ARAUJO Señor presidente: resalto la participación del señor ministro durante casi tres horas en esta reunión en la casa del pueblo, la casa de todos los argentinos y argentinas: el Congreso de la Nación.
En nombre de la comisión que me toca presidir en este momento, agradezco la participación, la elocuencia y la claridad con que ha expuesto el señor ministro de Justicia.
Lamento sí la ausencia de un sector de la oposición que hasta el sábado pensaba participar de este plenario. Si bien respondieron a la citación del presidente de la Comisión de Justicia sin haberse manifestado de manera contraria a la realización de este plenario, el domingo nos fuimos a dormir con el comunicado de la mesa de Juntos por el Cambio en el que anunciaban su ausencia.
En nombre de la comisión que me toca presidir en este momento, agradezco la participación, la elocuencia y la claridad con que ha expuesto el señor ministro de Justicia.
Lamento sí la ausencia de un sector de la oposición que hasta el sábado pensaba participar de este plenario. Si bien respondieron a la citación del presidente de la Comisión de Justicia sin haberse manifestado de manera contraria a la realización de este plenario, el domingo nos fuimos a dormir con el comunicado de la mesa de Juntos por el Cambio en el que anunciaban su ausencia.
SR. PRESIDENTE TAILHADE Quiero hacer unas breves consideraciones.
En primer lugar, quiero decir, como miembro de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, que el episodio con las fiscalas y este reto insólito, misógino del procurador Casal resaltan la necesidad de jerarquizar la comisión bicameral, un órgano que conforma los instrumentos de cogobierno por los que nos están acusando desde los medios y las redes sociales.
Más allá de la discusión puntual sobre la conformación del jurado de enjuiciamiento, creo que la comisión bicameral tiene un rol sustancial justamente en el control y seguimiento de un organismo constitucional que será clave en el servicio de administración de justicia de los próximos años. Por eso, independientemente de las cuestiones y de algún artículo en particular, creo que la bicameral es indispensable para garantizar un buen funcionamiento de la Procuración, del Ministerio Público. Por ejemplo, este episodio de las fiscalas no tendría un lugar institucional donde discutirse si no existiera la bicameral, porque ¿a quién le irían a discutir las mujeres fiscales que fueron apercibidas o retadas por el procurador? A su propio jefe, lo cual sería un absurdo.
Por eso es necesario que la política intervenga en este tipo de situaciones, y ello no implica inmiscuirnos en la labor de investigación o en la opinión de cada fiscal o fiscala.
En segundo lugar, eventualmente haré llegar al señor ministro, junto al resto de las propuestas, una idea que tiene que ver con la creación de la Escuela del Ministerio Público, una suerte de capacitación permanente no solo de los fiscales -me parece fundamental que se sigan formando y capacitando a pesar de tener el cargo-, sino también de quienes aspiran a ingresar a la magistratura y presentarse en concursos -algo similar a lo que funciona en el Consejo de la Magistratura-.
Si bien no creo que funcione como debiera, me parece que es un ejemplo. Es fundamental que haya una Escuela del Ministerio Público porque el Poder Judicial de nuestro país se estructurará en los próximos años -sobre todo en materia penal- a partir del sistema acusatorio, y los fiscales serán el eje central de ese esquema.
Finalmente, quiero hacer una reflexión respecto de la actitud del bloque de Juntos por el Cambio.
En ningún momento dispuse la limitación de la intervención de los señores diputados. Solamente quise, para un mejor desarrollo de la audiencia -de alguna manera, estuve en lo cierto, ya que se extendió por la exposición puntillosa que hizo el señor ministro-, organizar mejor la reunión, que el ministro tuviera algunas preguntas por anticipado como para que las incluyera dentro de los ejes por los cuales iba a transitar y pudiera adelantar respuestas en su exposición.
Ahora bien, nadie dijo que no se podían hacer preguntas o que no se iba a abrir la ronda de consultas o de oradores; de hecho, algunos diputados no hicieron preguntas, sino una intervención.
El sábado a la tardecita, por ejemplo, el diputado Menna -vicepresidente 1° de la Comisión de Asuntos Constitucionales-, quien previamente había hablado por teléfono con el diputado Pérez Araujo, me envió una nota en la que se quejaba de esta metodología, que dicho sea de paso es habitual cuando nos visita un ministro del Poder Ejecutivo. Todos los ministros que han venido, tanto del gobierno anterior como del nuestro, han recibido las preguntas por adelantado.
La metodología era absolutamente clara, y me parece que han perdido una oportunidad.
Ahora bien, mandaron una nota el sábado en la cual manifestaban que de ninguna manera convalidaban la metodología; el domingo, sin esperar respuesta y sin ningún tipo de comunicación -por lo menos conmigo-, sacaron un comunicado en el cual decían que, en realidad, yo no les había limitado su participación, sino que nosotros queríamos la destrucción de la República y no sé cuántas cosas más.
En definitiva, se trata de un nuevo episodio de sobreactuación de Juntos por el Cambio. Se ve que necesitaban poner algo en las redes, en Twitter; así se preparó este documento que, en verdad, no está a la altura de las circunstancias.
Solamente quería decir esto respecto de la ausencia de Juntos por el Cambio en esta reunión.
Agradezco al señor ministro por su tiempo y la voluntad que puso para explicar detalladamente los acuerdos que alcanzó con algunos sectores, las ideas que tiene para avanzar en las reformas.
En los diputados de esta comisión -excepto los que integran Juntos por el Cambio- encontrará espíritu de trabajo porque entendemos que, claramente, esta es una norma fundamental que de ninguna manera puede estar ausente de la agenda pública de nuestro Congreso y del propio gobierno nacional.
Envío también un abrazo y un saludo cordial al secretario de Justicia y quedamos a disposición del señor ministro.
Adelanto que, en breve, citaremos a algunos de los representantes de los sectores que llevaron adelante reuniones con el ministro por este tema: del Ministerio Público, de los jueces, etcétera. Seguramente también citaremos a representantes de la doctrina. La idea es convocarlos a todos dentro de poco.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos.
En primer lugar, quiero decir, como miembro de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, que el episodio con las fiscalas y este reto insólito, misógino del procurador Casal resaltan la necesidad de jerarquizar la comisión bicameral, un órgano que conforma los instrumentos de cogobierno por los que nos están acusando desde los medios y las redes sociales.
Más allá de la discusión puntual sobre la conformación del jurado de enjuiciamiento, creo que la comisión bicameral tiene un rol sustancial justamente en el control y seguimiento de un organismo constitucional que será clave en el servicio de administración de justicia de los próximos años. Por eso, independientemente de las cuestiones y de algún artículo en particular, creo que la bicameral es indispensable para garantizar un buen funcionamiento de la Procuración, del Ministerio Público. Por ejemplo, este episodio de las fiscalas no tendría un lugar institucional donde discutirse si no existiera la bicameral, porque ¿a quién le irían a discutir las mujeres fiscales que fueron apercibidas o retadas por el procurador? A su propio jefe, lo cual sería un absurdo.
Por eso es necesario que la política intervenga en este tipo de situaciones, y ello no implica inmiscuirnos en la labor de investigación o en la opinión de cada fiscal o fiscala.
En segundo lugar, eventualmente haré llegar al señor ministro, junto al resto de las propuestas, una idea que tiene que ver con la creación de la Escuela del Ministerio Público, una suerte de capacitación permanente no solo de los fiscales -me parece fundamental que se sigan formando y capacitando a pesar de tener el cargo-, sino también de quienes aspiran a ingresar a la magistratura y presentarse en concursos -algo similar a lo que funciona en el Consejo de la Magistratura-.
Si bien no creo que funcione como debiera, me parece que es un ejemplo. Es fundamental que haya una Escuela del Ministerio Público porque el Poder Judicial de nuestro país se estructurará en los próximos años -sobre todo en materia penal- a partir del sistema acusatorio, y los fiscales serán el eje central de ese esquema.
Finalmente, quiero hacer una reflexión respecto de la actitud del bloque de Juntos por el Cambio.
En ningún momento dispuse la limitación de la intervención de los señores diputados. Solamente quise, para un mejor desarrollo de la audiencia -de alguna manera, estuve en lo cierto, ya que se extendió por la exposición puntillosa que hizo el señor ministro-, organizar mejor la reunión, que el ministro tuviera algunas preguntas por anticipado como para que las incluyera dentro de los ejes por los cuales iba a transitar y pudiera adelantar respuestas en su exposición.
Ahora bien, nadie dijo que no se podían hacer preguntas o que no se iba a abrir la ronda de consultas o de oradores; de hecho, algunos diputados no hicieron preguntas, sino una intervención.
El sábado a la tardecita, por ejemplo, el diputado Menna -vicepresidente 1° de la Comisión de Asuntos Constitucionales-, quien previamente había hablado por teléfono con el diputado Pérez Araujo, me envió una nota en la que se quejaba de esta metodología, que dicho sea de paso es habitual cuando nos visita un ministro del Poder Ejecutivo. Todos los ministros que han venido, tanto del gobierno anterior como del nuestro, han recibido las preguntas por adelantado.
La metodología era absolutamente clara, y me parece que han perdido una oportunidad.
Ahora bien, mandaron una nota el sábado en la cual manifestaban que de ninguna manera convalidaban la metodología; el domingo, sin esperar respuesta y sin ningún tipo de comunicación -por lo menos conmigo-, sacaron un comunicado en el cual decían que, en realidad, yo no les había limitado su participación, sino que nosotros queríamos la destrucción de la República y no sé cuántas cosas más.
En definitiva, se trata de un nuevo episodio de sobreactuación de Juntos por el Cambio. Se ve que necesitaban poner algo en las redes, en Twitter; así se preparó este documento que, en verdad, no está a la altura de las circunstancias.
Solamente quería decir esto respecto de la ausencia de Juntos por el Cambio en esta reunión.
Agradezco al señor ministro por su tiempo y la voluntad que puso para explicar detalladamente los acuerdos que alcanzó con algunos sectores, las ideas que tiene para avanzar en las reformas.
En los diputados de esta comisión -excepto los que integran Juntos por el Cambio- encontrará espíritu de trabajo porque entendemos que, claramente, esta es una norma fundamental que de ninguna manera puede estar ausente de la agenda pública de nuestro Congreso y del propio gobierno nacional.
Envío también un abrazo y un saludo cordial al secretario de Justicia y quedamos a disposición del señor ministro.
Adelanto que, en breve, citaremos a algunos de los representantes de los sectores que llevaron adelante reuniones con el ministro por este tema: del Ministerio Público, de los jueces, etcétera. Seguramente también citaremos a representantes de la doctrina. La idea es convocarlos a todos dentro de poco.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Agradezco al presidente de la Comisión de Justicia, diputado Tailhade; al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Pérez Araujo, y a cada diputada y diputado no solo del oficialismo, sino también de la oposición que se sienta, debate y busca soluciones; no de la oposición destructiva que quiere que le vaya mal a la Argentina, a nosotros y, en definitiva, a la patria. De ellos se encarga la gente cada vez que vota.
Coincido con cada una de las expresiones del señor diputado Tailhade y espero con ansias el proyecto de Escuela del Ministerio Público que nos acaba de comentar. Ojalá podamos avanzar en ello rápidamente.
Quiero decir a cada diputado y a cada diputada que cuentan con el apoyo de nuestro ministerio. Cuenten con nosotros, con el señor secretario de Justicia y también con el señor secretario de Derechos Humanos, para avanzar y devolver el prestigio a esta Justicia a la que tanto daño han hecho en esos cuatro años.
Muchísimas gracias por la invitación a esta reunión informativa conjunta de ambas comisiones. Quedamos en contacto, como siempre.
Coincido con cada una de las expresiones del señor diputado Tailhade y espero con ansias el proyecto de Escuela del Ministerio Público que nos acaba de comentar. Ojalá podamos avanzar en ello rápidamente.
Quiero decir a cada diputado y a cada diputada que cuentan con el apoyo de nuestro ministerio. Cuenten con nosotros, con el señor secretario de Justicia y también con el señor secretario de Derechos Humanos, para avanzar y devolver el prestigio a esta Justicia a la que tanto daño han hecho en esos cuatro años.
Muchísimas gracias por la invitación a esta reunión informativa conjunta de ambas comisiones. Quedamos en contacto, como siempre.
SR. PRESIDENTE TAILHADE Habiendo concluido con el temario, la Presidencia declara finalizada la reunión.
-Es la hora 20 y 43.