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ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 449
Secretario Administrativo DR. URIONDO FRANCISCO MANUEL
Jefe SRA. ROJAS CAMILA SOLEDAD
Martes 14.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 60752431 Internos 2431/32
caconstitucionales@hcdn.gob.ar
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes octubre de 2017, a la hora 16 y 24:
SR. GIORDANO En nombre de Izquierda Socialista, como parte de las bancas del Frente de Izquierda, vamos a tomar una postura respecto del tema en consideración.
Siempre tuvimos una clara postura -la misma antes y ahora-, a pesar de que se hizo una campaña burda y mentirosa en su momento diciendo que queríamos salvar a De Vido.
-Manifestaciones en la sala.
Siempre tuvimos una clara postura -la misma antes y ahora-, a pesar de que se hizo una campaña burda y mentirosa en su momento diciendo que queríamos salvar a De Vido.
-Manifestaciones en la sala.
SR. PRESIDENTE TONELLI Silencio por favor, diputados.
SR. GIORDANO Al igual que sostuvimos en su momento, creemos que De Vido tiene que estar preso. Es un corrupto que no da la cara, que pidió licencia; lo único que le faltó es pedirla con goce de sueldo.
En segundo lugar, queremos decir que ni De Vido ni ningún diputado debe tener fueros que lo amparen de grandes hechos de corrupción, enriquecimiento ilícito o delitos de guante blanco.
Los fueros deben ser para que no se pueda perseguir a un diputado por apoyar una lucha o hablar sobre determinados temas.
En tercer lugar, hemos dicho -y lo repetimos- que hay que terminar con los negocios capitalistas corruptos de De Vido.
Por eso no vamos a cambiar ninguna postura. Vamos a votar a favor del desafuero de De Vido, lo que siempre hemos apoyado.
Siempre fue la misma postura, que no es la del kirchnerismo, que salva a De Vido -lo quiere salvar-, ni la del gobierno, que usa el desafuero de De Vido para seguir adelante con los negocios corruptos de De Vido, como vamos a demostrar. Lo dijimos antes y lo repetimos ahora.
De Vido ya debería estar preso. Es un reclamo popular. Hoy hay jueces que emiten fallos, después de catorce años de que asumió el gobierno anterior. Parece que se hubieran dado cuenta ahora. La Justicia actúa de acuerdo a los cambios de gobierno.
Hubo 7 mil millones de dólares de sobreprecios en el gas y cifras millonarias en Río Turbio; De Vido manejó 200.000 millones de dólares. Hoy no están los representantes del gobierno anterior, pero sería bueno abrir el debate. El gobierno kirchnerista era supuestamente nacional y popular, que distribuía la riqueza y combatía a las corporaciones; sin embargo, esos 200 mil millones de dólares que manejaba De Vido engordaban las ganancias de los Lázaro Báez, sus estancias; se subsidiaba millonariamente a las empresas privatizadas y se pactaba con Odebrecht y Chevron.
Y podríamos sumar otros 200.000 millones de dólares de los pagos puntuales de la deuda externa, el máximo hecho de entrega y corrupción, que viene de la época de la dictadura.
Hubo negocios corruptos de los que en su momento se benefició el grupo Macri, con el perdón que le dio Cavallo a la deuda privada del grupo Sevel en el año 82.
Y no hablemos de la masacre de Once, porque ahora no se está pidiendo el desafuero por ese hecho aberrante que ocurrió en 2012. Hay 21 condenados y ninguno está preso, con una impunidad tremenda desde la Justicia y el apañamiento de los gobiernos. Ahí se resume todo: subsidios millonarios para TBA y Cirigliano, que no los invertían en el ferrocarril; trenes sin frenos, que ocasionaron 52 muertes y 800 heridos.
Por eso son vergonzosas las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner haces pocos días diciendo que la culpa la tuvo un motorman, para salvarse ella, para salvar a De Vido y para salvar a Jaime. Está probado en el expediente que los trenes no tenían frenos, y el fiscal federal Delgado dijo que hubo un plan criminal para llevar a esa situación.
En estos años, la valentía para luchar contra el vaciamiento y el desguace ferroviario que llevó a la masacre de Once vino de los trabajadores ferroviarios y de las organizaciones de usuarios, acompañados por la izquierda. ¡Qué raro esto de que la izquierda quiere defender a De Vido cuando hace años y años, en pleno gobierno kirchnerista, viene denunciando sus negocios! Se hicieron denuncias de los ferroviarios en la Justicia, en el Congreso y en el gobierno.
Ahora quisiera preguntarles a los diputados de Cambiemos -que hicieron la campaña junto a grandes medios de comunicación diciendo que la izquierda quería defender a De Vido-, ¿dónde estaban en todos estos años mientras los ferroviarios arriesgaban sus puestos de trabajo para denunciar los negociados de De Vido y el desguace ferroviario que llevaron a la masacre de Once?
No está la señora diputada Carrió tampoco. ¿Dónde estaba Elisa Carrió? Porque de los subsidios millonarios kirchneristas se beneficiaba el grupo Franco Macri con el Belgrano Cargas, por ejemplo. Se quedaban calladitos la boca.
El soterramiento es denunciado por los ferroviarios. Tengo una nota que mandaron desde el cuerpo de delegados al presidente de la Nación, que dice: "Soterramiento del Sarmiento, una obra innecesaria, faraónica, costosa, con denuncias de corrupción en beneficio de IECSA, COMSA y Calcaterra." ¿Qué pasó con el soterramiento? Sigue adelante el soterramiento del Sarmiento, una obra faraónica inventada por De Vido a favor de Odebrecht. Marcos Peña reconoció que Odebrecht le ponía plata a la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2015.
La pregunta que les hago a los diputados de Cambiemos, tanto del Pro como de la UCR, que van a votar el desafuero a De Vido, es si van a seguir adelante con los negocios corruptos de De Vido.
La otra prueba son las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, un gran negociado de empresas corruptas de la dictadura capitalista china, iniciada por De Vido, al cual se le da curso con el gobierno actual. Por eso hubo una audiencia pública donde De Vido y Aranguren estuvieron a favor de las hidroeléctricas Néstor Kirchner y demás en Santa Cruz. Los únicos que estuvimos en contra fuimos los diputados del Frente de Izquierda.
Se decía en esta campaña que la izquierda estaba con De Vido y demás. En la primera audiencia por la masacre de Once -que ocurrió hace veinte días-, ¿hubo una andanada de diputados del Pro y de la UCR en el juicio? No había nadie; ni Carrió ni Negri ni ningún diputado. Los únicos diputados que estuvimos y que vamos a seguir comprometidos con los familiares de Once para juzgar y castigar a los culpables somos los del Frente de Izquierda, y lo hacemos con mucho orgullo.
Por eso vamos a votar a favor del desafuero de De Vido. Estas consideraciones son las mismas que hicimos en su momento cuando nos abstuvimos. En ese momento, lo que se hizo fue una simulación de que se iba a expulsar a De Vido, porque el gobierno sabía muy bien que no tenía los votos. Pero venían las PASO y la campaña electoral. Si De Vido hubiese sido expulsado, no hubiera ido preso. Se alegó una inhabilidad moral de De Vido, y recuerdo que nosotros dijimos De Vido no tiene un mínimo gramo de moral. Ahora bien, ¿en los diputados oficialistas cuál era la moral? ¿Cuál es la moral de Carrió ante el caso Maldonado? Una moral miserable y perversa. Tuvo que escribir un tuit diciendo que no tuvo la intención de herir a los familiares. La honorabilidad de esta Cámara que se quería alegar contra De Vido era la de haberles pagado a los fondos buitre y votado el blanqueo de capitales y los presupuestos de ajuste que termina pagando el pueblo trabajador.
De manera que, en resumen, nuestra postura es que De Vido tiene que estar preso y vamos a votar por su desafuero. El Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley junto con los diputados del Partido Obrero Pablo López y Soledad Sosa bajo el expediente 3831-d-2016. Queremos denunciar que en su momento dijimos: ¡ojo, que ese antecedente no fuera contra la izquierda! Efectivamente, el gobernador de Mendoza, Cornejo, de Cambiemos, dice que está muy bien que se desafuere a los legisladores del Frente de Izquierda de la provincia por apoyar una marcha en el marco del paro general anterior, lo que es una verdadera aberración.
Por eso, los que van a apoyar y dicen que van a brindar y a festejar que De Vido sea desaforado y vaya preso están preparando una cortina para seguir con los tarifazos, la reforma laboral, los pagos de la deuda externa y demás.
Nosotros, desde el Frente de Izquierda -que logramos 1.200.000 votos-, vamos a enfrentar todo eso y vamos a seguir luchando por un plan económico al servicio de los trabajadores, sin capitalistas y sin corrupción.
En segundo lugar, queremos decir que ni De Vido ni ningún diputado debe tener fueros que lo amparen de grandes hechos de corrupción, enriquecimiento ilícito o delitos de guante blanco.
Los fueros deben ser para que no se pueda perseguir a un diputado por apoyar una lucha o hablar sobre determinados temas.
En tercer lugar, hemos dicho -y lo repetimos- que hay que terminar con los negocios capitalistas corruptos de De Vido.
Por eso no vamos a cambiar ninguna postura. Vamos a votar a favor del desafuero de De Vido, lo que siempre hemos apoyado.
Siempre fue la misma postura, que no es la del kirchnerismo, que salva a De Vido -lo quiere salvar-, ni la del gobierno, que usa el desafuero de De Vido para seguir adelante con los negocios corruptos de De Vido, como vamos a demostrar. Lo dijimos antes y lo repetimos ahora.
De Vido ya debería estar preso. Es un reclamo popular. Hoy hay jueces que emiten fallos, después de catorce años de que asumió el gobierno anterior. Parece que se hubieran dado cuenta ahora. La Justicia actúa de acuerdo a los cambios de gobierno.
Hubo 7 mil millones de dólares de sobreprecios en el gas y cifras millonarias en Río Turbio; De Vido manejó 200.000 millones de dólares. Hoy no están los representantes del gobierno anterior, pero sería bueno abrir el debate. El gobierno kirchnerista era supuestamente nacional y popular, que distribuía la riqueza y combatía a las corporaciones; sin embargo, esos 200 mil millones de dólares que manejaba De Vido engordaban las ganancias de los Lázaro Báez, sus estancias; se subsidiaba millonariamente a las empresas privatizadas y se pactaba con Odebrecht y Chevron.
Y podríamos sumar otros 200.000 millones de dólares de los pagos puntuales de la deuda externa, el máximo hecho de entrega y corrupción, que viene de la época de la dictadura.
Hubo negocios corruptos de los que en su momento se benefició el grupo Macri, con el perdón que le dio Cavallo a la deuda privada del grupo Sevel en el año 82.
Y no hablemos de la masacre de Once, porque ahora no se está pidiendo el desafuero por ese hecho aberrante que ocurrió en 2012. Hay 21 condenados y ninguno está preso, con una impunidad tremenda desde la Justicia y el apañamiento de los gobiernos. Ahí se resume todo: subsidios millonarios para TBA y Cirigliano, que no los invertían en el ferrocarril; trenes sin frenos, que ocasionaron 52 muertes y 800 heridos.
Por eso son vergonzosas las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner haces pocos días diciendo que la culpa la tuvo un motorman, para salvarse ella, para salvar a De Vido y para salvar a Jaime. Está probado en el expediente que los trenes no tenían frenos, y el fiscal federal Delgado dijo que hubo un plan criminal para llevar a esa situación.
En estos años, la valentía para luchar contra el vaciamiento y el desguace ferroviario que llevó a la masacre de Once vino de los trabajadores ferroviarios y de las organizaciones de usuarios, acompañados por la izquierda. ¡Qué raro esto de que la izquierda quiere defender a De Vido cuando hace años y años, en pleno gobierno kirchnerista, viene denunciando sus negocios! Se hicieron denuncias de los ferroviarios en la Justicia, en el Congreso y en el gobierno.
Ahora quisiera preguntarles a los diputados de Cambiemos -que hicieron la campaña junto a grandes medios de comunicación diciendo que la izquierda quería defender a De Vido-, ¿dónde estaban en todos estos años mientras los ferroviarios arriesgaban sus puestos de trabajo para denunciar los negociados de De Vido y el desguace ferroviario que llevaron a la masacre de Once?
No está la señora diputada Carrió tampoco. ¿Dónde estaba Elisa Carrió? Porque de los subsidios millonarios kirchneristas se beneficiaba el grupo Franco Macri con el Belgrano Cargas, por ejemplo. Se quedaban calladitos la boca.
El soterramiento es denunciado por los ferroviarios. Tengo una nota que mandaron desde el cuerpo de delegados al presidente de la Nación, que dice: "Soterramiento del Sarmiento, una obra innecesaria, faraónica, costosa, con denuncias de corrupción en beneficio de IECSA, COMSA y Calcaterra." ¿Qué pasó con el soterramiento? Sigue adelante el soterramiento del Sarmiento, una obra faraónica inventada por De Vido a favor de Odebrecht. Marcos Peña reconoció que Odebrecht le ponía plata a la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2015.
La pregunta que les hago a los diputados de Cambiemos, tanto del Pro como de la UCR, que van a votar el desafuero a De Vido, es si van a seguir adelante con los negocios corruptos de De Vido.
La otra prueba son las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, un gran negociado de empresas corruptas de la dictadura capitalista china, iniciada por De Vido, al cual se le da curso con el gobierno actual. Por eso hubo una audiencia pública donde De Vido y Aranguren estuvieron a favor de las hidroeléctricas Néstor Kirchner y demás en Santa Cruz. Los únicos que estuvimos en contra fuimos los diputados del Frente de Izquierda.
Se decía en esta campaña que la izquierda estaba con De Vido y demás. En la primera audiencia por la masacre de Once -que ocurrió hace veinte días-, ¿hubo una andanada de diputados del Pro y de la UCR en el juicio? No había nadie; ni Carrió ni Negri ni ningún diputado. Los únicos diputados que estuvimos y que vamos a seguir comprometidos con los familiares de Once para juzgar y castigar a los culpables somos los del Frente de Izquierda, y lo hacemos con mucho orgullo.
Por eso vamos a votar a favor del desafuero de De Vido. Estas consideraciones son las mismas que hicimos en su momento cuando nos abstuvimos. En ese momento, lo que se hizo fue una simulación de que se iba a expulsar a De Vido, porque el gobierno sabía muy bien que no tenía los votos. Pero venían las PASO y la campaña electoral. Si De Vido hubiese sido expulsado, no hubiera ido preso. Se alegó una inhabilidad moral de De Vido, y recuerdo que nosotros dijimos De Vido no tiene un mínimo gramo de moral. Ahora bien, ¿en los diputados oficialistas cuál era la moral? ¿Cuál es la moral de Carrió ante el caso Maldonado? Una moral miserable y perversa. Tuvo que escribir un tuit diciendo que no tuvo la intención de herir a los familiares. La honorabilidad de esta Cámara que se quería alegar contra De Vido era la de haberles pagado a los fondos buitre y votado el blanqueo de capitales y los presupuestos de ajuste que termina pagando el pueblo trabajador.
De manera que, en resumen, nuestra postura es que De Vido tiene que estar preso y vamos a votar por su desafuero. El Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley junto con los diputados del Partido Obrero Pablo López y Soledad Sosa bajo el expediente 3831-d-2016. Queremos denunciar que en su momento dijimos: ¡ojo, que ese antecedente no fuera contra la izquierda! Efectivamente, el gobernador de Mendoza, Cornejo, de Cambiemos, dice que está muy bien que se desafuere a los legisladores del Frente de Izquierda de la provincia por apoyar una marcha en el marco del paro general anterior, lo que es una verdadera aberración.
Por eso, los que van a apoyar y dicen que van a brindar y a festejar que De Vido sea desaforado y vaya preso están preparando una cortina para seguir con los tarifazos, la reforma laboral, los pagos de la deuda externa y demás.
Nosotros, desde el Frente de Izquierda -que logramos 1.200.000 votos-, vamos a enfrentar todo eso y vamos a seguir luchando por un plan económico al servicio de los trabajadores, sin capitalistas y sin corrupción.
SR. PRESIDENTE TONELLI Pido por favor a los diputados en general que traten de ceñirse al tema en discusión.
Tiene la palabra el señor diputado López.
Tiene la palabra el señor diputado López.
SR. LÓPEZ Señor presidente: creo que la posición que ha adoptado nuestro bloque en el primer debate que hubo sobre el caso De Vido se ha confirmado absolutamente y hemos sido los únicos que denunciamos la maniobra política profunda -no solamente electoral- que estaba detrás del intento de expulsión de este diputado.
Esto que estamos discutiendo hoy no deja de ser parte de la misma maniobra, porque se pone en debate para dejar de lado el ajuste que ayer, apenas pasadas las elecciones del domingo, el presidente Macri anunció: la reforma laboral, el aumento de la edad jubilatoria y los tarifazos. Dijo que no había que tenerle miedo a la flexibilización laboral, algo que los trabajadores en la Argentina conocen muy bien y que han enfrentado.
Por lo tanto, este debate, independientemente de que estamos discutiendo algún punto distinto, no deja de seguir siendo una maniobra política para tapar el ajuste que quieren imponer a los trabajadores. Es decir que sigue siendo parte de una maniobra de distracción política contra los trabajadores, con una Justicia que llega tardíamente con estos pedidos de desafuero. Lo dijimos en su momento: la maniobra política también consistía en encubrir a la Justicia que protegió a Julio De Vido todos estos años. ¿Y por qué lo protegían? Porque Julio De Vido no es un individuo suelto, que andaba cobrando coimas por ahí o pagando sobreprecios, sino que forma parte -y él era una pieza fundamental- de todo un régimen de corrupción a favor de grandes empresas contratistas. Se ha ratificado con las noticias que llegan desde Brasil que las empresas de Macri eran las que pagaban las coimas a Julio De Vido para que Odebrecht se quedara con la obra pública, particularmente con el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
Han sido confirmadas todas y cada una de nuestras denuncias cuando Aranguren y De Vido fueron a defender las represas de Santa Cruz.
Quiero llamar la atención de todos los que están escuchando este debate para que tengan en cuenta la última sesión de esta Cámara de Diputados, donde el diputado Julio De Vido, presidente de la Comisión de Energía y Combustibles -votado por los diputados del oficialismo para que la presida-, fue el miembro informante de un proyecto de ley que proponía beneficiar con subsidios extraordinarios, por 500 millones de pesos, a las empresas que ingresaran al negocio de la energía renovable.
Fue De Vido el miembro informante de un proyecto y nadie, ni un solo diputado de Cambiemos -pese a que los miembros de ese bloque dijeron que era un infame traidor a la Patria-, hizo ningún tipo de objeción al respecto.
Además, para que el proyecto llegara a ser tratado en sesión, previamente dieron quórum cuando se reunió la comisión presidida por De Vido. De hecho, en todo ese período fue la única comisión presidida por un opositor -nada menos que por Julio De Vido- en la que el oficialismo dio quórum. En efecto, no daba quórum en ninguna reunión de comisión, ni en las de Derechos Humanos y Garantías, Acción Social y Salud Pública o Previsión y Seguridad Social, pese a que en esta última había varios proyectos para discutir que afectaban a jubilados y trabajadores. Solo dieron quórum en la comisión que presidía De Vido y votaron juntos un nuevo negociado, en este caso sobre las energías renovables.
Hay una comunidad de intereses sociales de grupos empresarios que han unido a este gobierno, al anterior y a Julio De Vido como parte estructural de un régimen de corrupción a favor de la patria contratista.
¿Dónde estaba Carrió en la última sesión para objetar que Julio De Vido fuera el miembro informante? No estaba porque ella es parte de la maniobra de encubrimiento.
Ella denunció hace meses en todos los medios que había funcionarios de este gobierno que encubrían a Julio De Vido pero todavía no ha dicho quiénes son. Está encubriendo como lo ha hecho en estos días con la desaparición forzada y asesinato de Santiago Maldonado. También allí juega un papel de encubridora esta diputada que se arroga la moral en esta Cámara de Diputados.
Ella tiene la obligación de venir acá a decir quiénes son los funcionarios del gobierno que han protegido a Julio De Vido y que probablemente lo siguen protegiendo; por eso se explica la última sesión.
Hoy, al discutir estos temas, el pueblo argentino se tiene que preguntar si Cambiemos quiere terminar con los negociados de la patria contratista y de las empresas privatizadas que se han quedado con las empresas del Estado.
La respuesta es que no, de ninguna manera. Esto también lo hacen para dar continuidad a todos esos negocios de la patria contratista. Por eso en el presupuesto destinan una enorme cantidad de plata a los proyectos de participación público privada; por eso siguen entregando el patrimonio nacional a las privatizadas; por eso siguen pagando la fraudulenta deuda externa y han aumentado el endeudamiento.
Se pone en debate esta cuestión para encubrir el brutal ataque contra la población que viene.
Nosotros, consecuentemente con la posición que ya hemos tomado, en este caso vamos a votar a favor del desafuero. Ya hemos dicho que no tenemos ninguna duda de la responsabilidad de Julio De Vido como ministro de Planificación en todos estos casos de corrupción por los que se lo acusa y, particularmente, en la causa de Once. Como dijimos en ese momento, tenía que venir de la Justicia el avance de la causa, la condena de De Vido y el pedido de desafuero.
Digo "en este caso" porque lógicamente no vamos a votar cualquier pedido de desafuero como, por ejemplo, el que recae sobre los legisladores del Frente de Izquierda en Mendoza, a quienes quieren sacarles los fueros porque acompañan las causas de los trabajadores.
Hoy estamos votando el desafuero de un corrupto que ha sido -insisto- representante de todo un régimen de corrupción. Pero, como no se trata de un individuo aislado, hay que discutir todo ese régimen, todo ese entramado del que forma parte Julio De Vido. Eso es lo que tiene que tener perfectamente en claro el pueblo argentino.
Esto que estamos discutiendo hoy no deja de ser parte de la misma maniobra, porque se pone en debate para dejar de lado el ajuste que ayer, apenas pasadas las elecciones del domingo, el presidente Macri anunció: la reforma laboral, el aumento de la edad jubilatoria y los tarifazos. Dijo que no había que tenerle miedo a la flexibilización laboral, algo que los trabajadores en la Argentina conocen muy bien y que han enfrentado.
Por lo tanto, este debate, independientemente de que estamos discutiendo algún punto distinto, no deja de seguir siendo una maniobra política para tapar el ajuste que quieren imponer a los trabajadores. Es decir que sigue siendo parte de una maniobra de distracción política contra los trabajadores, con una Justicia que llega tardíamente con estos pedidos de desafuero. Lo dijimos en su momento: la maniobra política también consistía en encubrir a la Justicia que protegió a Julio De Vido todos estos años. ¿Y por qué lo protegían? Porque Julio De Vido no es un individuo suelto, que andaba cobrando coimas por ahí o pagando sobreprecios, sino que forma parte -y él era una pieza fundamental- de todo un régimen de corrupción a favor de grandes empresas contratistas. Se ha ratificado con las noticias que llegan desde Brasil que las empresas de Macri eran las que pagaban las coimas a Julio De Vido para que Odebrecht se quedara con la obra pública, particularmente con el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
Han sido confirmadas todas y cada una de nuestras denuncias cuando Aranguren y De Vido fueron a defender las represas de Santa Cruz.
Quiero llamar la atención de todos los que están escuchando este debate para que tengan en cuenta la última sesión de esta Cámara de Diputados, donde el diputado Julio De Vido, presidente de la Comisión de Energía y Combustibles -votado por los diputados del oficialismo para que la presida-, fue el miembro informante de un proyecto de ley que proponía beneficiar con subsidios extraordinarios, por 500 millones de pesos, a las empresas que ingresaran al negocio de la energía renovable.
Fue De Vido el miembro informante de un proyecto y nadie, ni un solo diputado de Cambiemos -pese a que los miembros de ese bloque dijeron que era un infame traidor a la Patria-, hizo ningún tipo de objeción al respecto.
Además, para que el proyecto llegara a ser tratado en sesión, previamente dieron quórum cuando se reunió la comisión presidida por De Vido. De hecho, en todo ese período fue la única comisión presidida por un opositor -nada menos que por Julio De Vido- en la que el oficialismo dio quórum. En efecto, no daba quórum en ninguna reunión de comisión, ni en las de Derechos Humanos y Garantías, Acción Social y Salud Pública o Previsión y Seguridad Social, pese a que en esta última había varios proyectos para discutir que afectaban a jubilados y trabajadores. Solo dieron quórum en la comisión que presidía De Vido y votaron juntos un nuevo negociado, en este caso sobre las energías renovables.
Hay una comunidad de intereses sociales de grupos empresarios que han unido a este gobierno, al anterior y a Julio De Vido como parte estructural de un régimen de corrupción a favor de la patria contratista.
¿Dónde estaba Carrió en la última sesión para objetar que Julio De Vido fuera el miembro informante? No estaba porque ella es parte de la maniobra de encubrimiento.
Ella denunció hace meses en todos los medios que había funcionarios de este gobierno que encubrían a Julio De Vido pero todavía no ha dicho quiénes son. Está encubriendo como lo ha hecho en estos días con la desaparición forzada y asesinato de Santiago Maldonado. También allí juega un papel de encubridora esta diputada que se arroga la moral en esta Cámara de Diputados.
Ella tiene la obligación de venir acá a decir quiénes son los funcionarios del gobierno que han protegido a Julio De Vido y que probablemente lo siguen protegiendo; por eso se explica la última sesión.
Hoy, al discutir estos temas, el pueblo argentino se tiene que preguntar si Cambiemos quiere terminar con los negociados de la patria contratista y de las empresas privatizadas que se han quedado con las empresas del Estado.
La respuesta es que no, de ninguna manera. Esto también lo hacen para dar continuidad a todos esos negocios de la patria contratista. Por eso en el presupuesto destinan una enorme cantidad de plata a los proyectos de participación público privada; por eso siguen entregando el patrimonio nacional a las privatizadas; por eso siguen pagando la fraudulenta deuda externa y han aumentado el endeudamiento.
Se pone en debate esta cuestión para encubrir el brutal ataque contra la población que viene.
Nosotros, consecuentemente con la posición que ya hemos tomado, en este caso vamos a votar a favor del desafuero. Ya hemos dicho que no tenemos ninguna duda de la responsabilidad de Julio De Vido como ministro de Planificación en todos estos casos de corrupción por los que se lo acusa y, particularmente, en la causa de Once. Como dijimos en ese momento, tenía que venir de la Justicia el avance de la causa, la condena de De Vido y el pedido de desafuero.
Digo "en este caso" porque lógicamente no vamos a votar cualquier pedido de desafuero como, por ejemplo, el que recae sobre los legisladores del Frente de Izquierda en Mendoza, a quienes quieren sacarles los fueros porque acompañan las causas de los trabajadores.
Hoy estamos votando el desafuero de un corrupto que ha sido -insisto- representante de todo un régimen de corrupción. Pero, como no se trata de un individuo aislado, hay que discutir todo ese régimen, todo ese entramado del que forma parte Julio De Vido. Eso es lo que tiene que tener perfectamente en claro el pueblo argentino.
SR. PRESIDENTE TONELLI Tiene la palabra la señora diputada Camaño.
SRA. CAMAÑO Señor presidente: nuestro bloque viene a ser consecuente con la actitud que ha tenido en el pasado respecto del tema de algún señor diputado que pueda estar involucrado en un proceso de investigación penal. Consideramos -y así se lo hacemos saber enfáticamente a la sociedad- que este cuerpo no puede proteger ese tipo de facultades.
Ya la Asamblea del Año XIII se refirió a lo que significaba una sociedad en la que se quería convivir sin prerrogativas de sangre, de títulos, etcétera, lo que fue reafirmado por nuestra Constitución de 1853. Las inmunidades a las que refiere la Constitución son propias de nuestra actividad legislativa, no de otro tipo. Esto tiene que quedar en claro. La sociedad debe comprender que no hay texto alguno en la Constitución que proteja o aleje de la investigación judicial a un legislador.
¿Qué creemos nosotros que conviene tener en cuenta para evaluar desaforar o no a un legislador en los términos que la Constitución establece en el artículo 70? En primer término, la Constitución se refiere a la suspensión del legislador en sus funciones para ponerlo a disposición de su juzgamiento. Es decir que, a tenor de la ley reglamentaria, ya no haría falta la suspensión al efecto del juzgamiento sino en tanto y en cuanto mediase la necesidad de proceder a la detención o arresto de quien ya estaba siendo juzgado en virtud de la orden judicial dictada a tal fin por un juez competente, que es lo que vemos que acontece en el caso del diputado Julio De Vido. Y esto es así, señor presidente, porque hay una garantía constitucional firmada a fuego en el artículo 18 de nuestra Constitución.
El artículo 70 de la Constitución Nacional es de factura propia -no tiene el molde de la Constitución de los Estados Unidos-, y contiene por lo tanto algunas razones peculiares que hacen a nuestra propia sociabilidad y motivos de alta política en su redacción. Traigo a colación el caso Alem, que de alguna manera puede ser inspirador.
El detonante del requerimiento judicial, entonces, es que a la persona sometida al proceso, que está imputada, se ha le dispuesto una prisión preventiva en dos expedientes -como una medida restrictiva de la libertad-, que no puede hacerse efectiva si nosotros no procedemos a su desafuero o, al decir del propio artículo 70, a la suspensión en sus funciones.
Entonces, por una parte, y siguiendo los lineamientos que nos da la propia Constitución, el desafuero del legislador es una medida de índole política, no judicial. Acá se han tirado acusaciones, pero no es el ámbito de nuestra competencia. Nosotros debemos mirar los expedientes en los cuales los jueces y los fiscales han trabajado y han producido prueba.
Lo nuestro se desenvuelve solo sobre la base de apreciaciones políticas. Actuamos como jueces políticos de la causa.
Es interesante considerar -y lo quiero señalar a los efectos de que tengamos antecedentes de índole doctrinaria- qué es lo que manifiestan distintos doctrinarios argentinos en torno de la "politicidad" de la apreciación que tenemos que hacer.
Según Sagüés, la politicidad del razonamiento de la Cámara no se debe entender como evaluación partidista de los hechos que motivan el pedido de desafuero, ya que si media arbitrariedad en el razonamiento de la Cámara, ésta sería irrazonable e inconstitucional más allá de su naturaleza.
Propone entonces Germán Bidart Campos, siguiendo a Joaquín V. González, que en ocasión de hacer la evaluación, el juicio público -así lo definen-, los legisladores que integran la Cámara dejen de lado prevenciones personales y las diferencias políticas partidarias de modo de no incurrir en una decisión injusta y apasionada. Quiero remarcarlo, señor presidente, porque somos hombres y mujeres políticos, y el discurso político es apasionado, cuando en realidad tenemos que tener mayor objetividad en el análisis de lo que estamos haciendo.
Sagüés aclara el punto en los siguientes términos: "El desafuero de los legisladores es una medida de índole política, no judicial, que se desenvuelve sobre la base de apreciaciones políticas, actuando la Cámara como juez político. En tal quehacer, se circunscribe a apreciar la seriedad de las imputaciones."
Es interesante su charla doctrinaria con Ekmekdjian, quien dice: "El examen corresponde se produzca en juicio público con intervención del interesado, a quien debe garantizarse el derecho de defensa." Asimismo, es interesante la charla de Ekmekdjian con Midón, en donde este último dice que el alcance de la voz "juicio", contenida en el artículo 70 de la Ley Fundamental, no es equiparable a la noción con que la misma Constitución se vale de ella en el artículo 18. Esto significa que, para el trámite preceptuado, la sala requerida no está obligada a seguir el curso de un procedimiento en el que se respeten las etapas de acusación, defensa, prueba y sentencia.
El mismo autor, a los efectos de aclarar su postura, dice: "La palabra 'juicio' está usada allí para referirla al atributo de que juzga quien delibera sobre la razón que le asiste en algún asunto o alguien y decide lo precedente"; esto está contenido en el Diccionario de la Real Academia Española. Y agrega: "Para ese objeto no es imperioso escuchar al legislador encausado."
Además, señor presidente, la decisión de la Cámara, al acordar el desafuero, no se traduce en un juicio decisivo acerca de la culpabilidad o la inocencia del miembro desaforado. Tanto es así que el desafuero se realiza para que el órgano competente que pertenece al Poder Judicial realice la tarea que le es propia, que consiste precisamente en formular la declaración con los alcances de ley en un contexto donde lo primero que debe asegurársele al imputado es la defensa en juicio.
Debe quedar claro que el desafuero no prejuzga sobre la inocencia o la culpabilidad del legislador sino que lo habilita a la posibilidad de que la Justicia pueda seguir adelante con la tarea, y siendo por otra parte que los privilegios se reputan establecidos en interés del Congreso como órgano y tienen como fin la posibilidad de asegurar la independencia, el funcionamiento y la jerarquía del cuerpo, en cuanto lo conserven como institución, la pregunta que deberíamos formularnos entonces sería la siguiente: ¿se está poniendo en juego algo de esto último, o sea, de que el Congreso como órgano asegure la independencia, el funcionamiento y la jerarquía tanto del Congreso como de la Justicia? Los datos de la realidad revelan que no. La Corte Suprema de Justicia lo tiene dicho en el pronunciamiento en el cual sostiene "el de la integridad de la respectiva Cámara y la libre actuación de la Justicia." En el caso Balbín sostiene: "Acordar el desafuero importa consentir la desintegración del cuerpo que lo acuerda en razón de que se reconoce preeminencia a la libre actuación judicial."
¿Hay alguna duda sobre la preeminencia en esta última especie? Ninguna. La verdad es que queda claro que además tendríamos que interrogarnos si el examen de mérito del sumario puede conducirnos acaso a afirmar que los requerimientos que hace la Justicia pueden llegar a carecer de algún fundamento jurídico.
Allí es donde entran entonces a tallar nuestras habilidades para la lectura de la profusa documentación de las que nos munieran los dos pedidos de juicio político. En el caso del dictado por la Cámara Federal Penal, tenemos argumentación de sobra, señor presidente. Para poder atender a nuestro íntimo convencimiento, deberíamos preguntarnos si media persecución política e ideológica -que, dicho sea de paso, el diputado esgrime en la nota en que solicita al cuerpo su licencia- tendiente a trabar el desenvolvimiento normal del Congreso, sea que provenga del gobierno o de alguna corporación judicial. Los elementos que se revelan en la causa claramente señalan que no.
En la causa 5218/2016, Río Turbio, donde se diera curso a lo ordenado por la Sala II de la Cámara Federal Penal, el desafuero y la detención tienen por sustento el riesgo que para el avance de la causa comporta que el diputado Julio De Vido esté en libertad, ante un haz de posibilidades del armado de entramados de complicidades -así lo dice textualmente- que fomente el ocultamiento de evidencia, destrucción de prueba y obstrucción de la causa como modo de evitar tener que enfrentar nuevas interferencias, circunstancia que entienden de posibilidad actual en función de un riesgo que aún permanece vigente, sumado a la necesidad de procurarse el destino de los fondos públicos comprometidos, cuya ubicación y recuperación es por su naturaleza uno de los objetivos prioritarios.
El temor y el requerimiento consiguiente, por lo tanto, no son infundados, sino que tienen su basamento en factores varios que se podrían describir de la siguiente manera: "Faltante de documentación durante la auditoría: en el informe de auditoría interna sobre el convenio Tren Histórico y otros, se señaló que los trabajos de verificación realizados no se pudieron completar en lo referente a los convenios por no contar con la mayoría de ejemplares en original. Tampoco se pudo contar con la documentación relacionada con documentos celebrados entre la Facultad Regional Santa Cruz y la Fundación de la Facultad Regional Santa Cruz, ya sean documentos relativos a ingeniería de base y de detalle, proyectos, cronogramas, avance de obras, planos, notas de análisis, órdenes de servicio, certificación de obras, actas de inicio de obra o documentación de recepción de obra o de la producción de servicios. Se señaló que la información brindada por la facultad de referencia resultó parcial e incompleta."
Continúo citando la documentación que fue enviada por ambos jueces: "Dificultades para reunir la documentación: al momento de analizar antecedentes de las operaciones bajo investigación se denunció en declaraciones testimoniales que hubo una actitud evasiva que asumieron frente a los requerimientos los responsables de los diversos organismos públicos e instituciones intervinientes.
"Destrucción de expedientes: se denunció y se dejó constancia en la causa de la destrucción de un expediente referido a una obra de más de un millón de pesos vinculada a la construcción de la usina térmica."
Esto fue retomado por el fiscal Germán Moldes, quien textualmente dice que "ha hecho referencia por ante la instancia revisora a la información pública que daría cuenta que se habría destruido expedientes vinculados a las obras que componen el complejo minero Yacimientos Carboníferos de Río Turbio."
"Tardanza en la entrega de documentación secuestrada: dentro de esta investigación se allanó la sede de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz de la UTN, donde se incautaron elementos que fueron colocados en treinta y cuatro cajas, treinta de ellas fueron remitidas a la sede del juzgado instructor dos meses después, y las cuatro restantes, cinco meses más tarde de aquel procedimiento."
Pido disculpas, señor presidente, si aburro a alguien con mi exposición pero quiero justificar adecuadamente por qué consideramos que el diputado debe ser desaforado ya que luego en el recinto no hay tiempo material para hacerlo.
"Restricciones a la Fundación: el juez refirió que por el manejo de la Fundación Regional Santa Cruz y su rol en la causa, se consideró que se verificaban razones de urgencia que habilitaban disponer la inhibición general de bienes, el embargo, el bloqueo de los fondos y la intervención judicial, con la remoción de las actuales autoridades de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz."
En la causa 104.567 del año 2014, "De Vido Julio y otros sobre asociación ilícita, importación de gas natural licuado -GNL-", en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal número 11, el señor juez Claudio Bonadio solicitó el procesamiento con prisión preventiva y requirió de este Cuerpo el desafuero del diputado nacional según el artículo 70 de la Constitución Nacional y el artículo 1° de la ley 25.320.
El magistrado fundamentó que teniendo en cuenta los vínculos del señor De Vido, de continuar en libertad podría entorpecer el accionar judicial y, en consecuencia, el descubrimiento de la verdad, en tanto que las maniobras fraudulentas y actos infieles, según resulta del expediente, se realizaban a través de intermediarios. Uno de los elementos sustanciales de la investigación llevada adelante por el señor juez consiste en recuperar el dinero desviado de la administración, determinar a qué empresa ingresó y qué destino se le dio.
El señor juez mencionó que en un caso reciente, la Sala II también consideró que debía disponerse la detención de De Vido al entender que "a la hora de examinar la presencia de riesgos procesales no corresponde limitar el análisis al arraigo o a la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal, sino que resulta especialmente relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal."
El caso al que se refirió el juez se dio en el marco de un proceso que involucra la investigación de actos de corrupción complejos que habrían sido desarrollados con la necesaria intervención de funcionarios de diversas áreas del Estado y al amparo de su estructura, durante un extenso período de tiempo. Esto menciona el doctor Irurzun en su voto.
En este punto, el juez señaló que el señor De Vido tiene varios expedientes en trámite -dos de ellos en etapa de juicio-, por lo que estimó que "en caso de ser condenado en estas actuaciones, la misma no podrá ser de ejecución condicional según el artículo 26, a contrario sensu, del Código Penal, lo que hace presumir que de seguir en libertad intentará eludir la acción de la Justicia".
Asimismo, el magistrado destacó que, en un caso idéntico, la Sala II del fuero resolvió que "...no pueden dejar de valorarse los múltiples expedientes en los cuales se investiga el irregular desempeño de la imputada en la función pública,..." -se trataba de la señora Alsogaray- "...tanto frente a la Secretaría de Recursos Naturales como en ENTEL en liquidación, tal como se desprende de las certificaciones obrantes en autos." Como mencioné antes, hace referencia a la causa 20.577.
Ya la Asamblea del Año XIII se refirió a lo que significaba una sociedad en la que se quería convivir sin prerrogativas de sangre, de títulos, etcétera, lo que fue reafirmado por nuestra Constitución de 1853. Las inmunidades a las que refiere la Constitución son propias de nuestra actividad legislativa, no de otro tipo. Esto tiene que quedar en claro. La sociedad debe comprender que no hay texto alguno en la Constitución que proteja o aleje de la investigación judicial a un legislador.
¿Qué creemos nosotros que conviene tener en cuenta para evaluar desaforar o no a un legislador en los términos que la Constitución establece en el artículo 70? En primer término, la Constitución se refiere a la suspensión del legislador en sus funciones para ponerlo a disposición de su juzgamiento. Es decir que, a tenor de la ley reglamentaria, ya no haría falta la suspensión al efecto del juzgamiento sino en tanto y en cuanto mediase la necesidad de proceder a la detención o arresto de quien ya estaba siendo juzgado en virtud de la orden judicial dictada a tal fin por un juez competente, que es lo que vemos que acontece en el caso del diputado Julio De Vido. Y esto es así, señor presidente, porque hay una garantía constitucional firmada a fuego en el artículo 18 de nuestra Constitución.
El artículo 70 de la Constitución Nacional es de factura propia -no tiene el molde de la Constitución de los Estados Unidos-, y contiene por lo tanto algunas razones peculiares que hacen a nuestra propia sociabilidad y motivos de alta política en su redacción. Traigo a colación el caso Alem, que de alguna manera puede ser inspirador.
El detonante del requerimiento judicial, entonces, es que a la persona sometida al proceso, que está imputada, se ha le dispuesto una prisión preventiva en dos expedientes -como una medida restrictiva de la libertad-, que no puede hacerse efectiva si nosotros no procedemos a su desafuero o, al decir del propio artículo 70, a la suspensión en sus funciones.
Entonces, por una parte, y siguiendo los lineamientos que nos da la propia Constitución, el desafuero del legislador es una medida de índole política, no judicial. Acá se han tirado acusaciones, pero no es el ámbito de nuestra competencia. Nosotros debemos mirar los expedientes en los cuales los jueces y los fiscales han trabajado y han producido prueba.
Lo nuestro se desenvuelve solo sobre la base de apreciaciones políticas. Actuamos como jueces políticos de la causa.
Es interesante considerar -y lo quiero señalar a los efectos de que tengamos antecedentes de índole doctrinaria- qué es lo que manifiestan distintos doctrinarios argentinos en torno de la "politicidad" de la apreciación que tenemos que hacer.
Según Sagüés, la politicidad del razonamiento de la Cámara no se debe entender como evaluación partidista de los hechos que motivan el pedido de desafuero, ya que si media arbitrariedad en el razonamiento de la Cámara, ésta sería irrazonable e inconstitucional más allá de su naturaleza.
Propone entonces Germán Bidart Campos, siguiendo a Joaquín V. González, que en ocasión de hacer la evaluación, el juicio público -así lo definen-, los legisladores que integran la Cámara dejen de lado prevenciones personales y las diferencias políticas partidarias de modo de no incurrir en una decisión injusta y apasionada. Quiero remarcarlo, señor presidente, porque somos hombres y mujeres políticos, y el discurso político es apasionado, cuando en realidad tenemos que tener mayor objetividad en el análisis de lo que estamos haciendo.
Sagüés aclara el punto en los siguientes términos: "El desafuero de los legisladores es una medida de índole política, no judicial, que se desenvuelve sobre la base de apreciaciones políticas, actuando la Cámara como juez político. En tal quehacer, se circunscribe a apreciar la seriedad de las imputaciones."
Es interesante su charla doctrinaria con Ekmekdjian, quien dice: "El examen corresponde se produzca en juicio público con intervención del interesado, a quien debe garantizarse el derecho de defensa." Asimismo, es interesante la charla de Ekmekdjian con Midón, en donde este último dice que el alcance de la voz "juicio", contenida en el artículo 70 de la Ley Fundamental, no es equiparable a la noción con que la misma Constitución se vale de ella en el artículo 18. Esto significa que, para el trámite preceptuado, la sala requerida no está obligada a seguir el curso de un procedimiento en el que se respeten las etapas de acusación, defensa, prueba y sentencia.
El mismo autor, a los efectos de aclarar su postura, dice: "La palabra 'juicio' está usada allí para referirla al atributo de que juzga quien delibera sobre la razón que le asiste en algún asunto o alguien y decide lo precedente"; esto está contenido en el Diccionario de la Real Academia Española. Y agrega: "Para ese objeto no es imperioso escuchar al legislador encausado."
Además, señor presidente, la decisión de la Cámara, al acordar el desafuero, no se traduce en un juicio decisivo acerca de la culpabilidad o la inocencia del miembro desaforado. Tanto es así que el desafuero se realiza para que el órgano competente que pertenece al Poder Judicial realice la tarea que le es propia, que consiste precisamente en formular la declaración con los alcances de ley en un contexto donde lo primero que debe asegurársele al imputado es la defensa en juicio.
Debe quedar claro que el desafuero no prejuzga sobre la inocencia o la culpabilidad del legislador sino que lo habilita a la posibilidad de que la Justicia pueda seguir adelante con la tarea, y siendo por otra parte que los privilegios se reputan establecidos en interés del Congreso como órgano y tienen como fin la posibilidad de asegurar la independencia, el funcionamiento y la jerarquía del cuerpo, en cuanto lo conserven como institución, la pregunta que deberíamos formularnos entonces sería la siguiente: ¿se está poniendo en juego algo de esto último, o sea, de que el Congreso como órgano asegure la independencia, el funcionamiento y la jerarquía tanto del Congreso como de la Justicia? Los datos de la realidad revelan que no. La Corte Suprema de Justicia lo tiene dicho en el pronunciamiento en el cual sostiene "el de la integridad de la respectiva Cámara y la libre actuación de la Justicia." En el caso Balbín sostiene: "Acordar el desafuero importa consentir la desintegración del cuerpo que lo acuerda en razón de que se reconoce preeminencia a la libre actuación judicial."
¿Hay alguna duda sobre la preeminencia en esta última especie? Ninguna. La verdad es que queda claro que además tendríamos que interrogarnos si el examen de mérito del sumario puede conducirnos acaso a afirmar que los requerimientos que hace la Justicia pueden llegar a carecer de algún fundamento jurídico.
Allí es donde entran entonces a tallar nuestras habilidades para la lectura de la profusa documentación de las que nos munieran los dos pedidos de juicio político. En el caso del dictado por la Cámara Federal Penal, tenemos argumentación de sobra, señor presidente. Para poder atender a nuestro íntimo convencimiento, deberíamos preguntarnos si media persecución política e ideológica -que, dicho sea de paso, el diputado esgrime en la nota en que solicita al cuerpo su licencia- tendiente a trabar el desenvolvimiento normal del Congreso, sea que provenga del gobierno o de alguna corporación judicial. Los elementos que se revelan en la causa claramente señalan que no.
En la causa 5218/2016, Río Turbio, donde se diera curso a lo ordenado por la Sala II de la Cámara Federal Penal, el desafuero y la detención tienen por sustento el riesgo que para el avance de la causa comporta que el diputado Julio De Vido esté en libertad, ante un haz de posibilidades del armado de entramados de complicidades -así lo dice textualmente- que fomente el ocultamiento de evidencia, destrucción de prueba y obstrucción de la causa como modo de evitar tener que enfrentar nuevas interferencias, circunstancia que entienden de posibilidad actual en función de un riesgo que aún permanece vigente, sumado a la necesidad de procurarse el destino de los fondos públicos comprometidos, cuya ubicación y recuperación es por su naturaleza uno de los objetivos prioritarios.
El temor y el requerimiento consiguiente, por lo tanto, no son infundados, sino que tienen su basamento en factores varios que se podrían describir de la siguiente manera: "Faltante de documentación durante la auditoría: en el informe de auditoría interna sobre el convenio Tren Histórico y otros, se señaló que los trabajos de verificación realizados no se pudieron completar en lo referente a los convenios por no contar con la mayoría de ejemplares en original. Tampoco se pudo contar con la documentación relacionada con documentos celebrados entre la Facultad Regional Santa Cruz y la Fundación de la Facultad Regional Santa Cruz, ya sean documentos relativos a ingeniería de base y de detalle, proyectos, cronogramas, avance de obras, planos, notas de análisis, órdenes de servicio, certificación de obras, actas de inicio de obra o documentación de recepción de obra o de la producción de servicios. Se señaló que la información brindada por la facultad de referencia resultó parcial e incompleta."
Continúo citando la documentación que fue enviada por ambos jueces: "Dificultades para reunir la documentación: al momento de analizar antecedentes de las operaciones bajo investigación se denunció en declaraciones testimoniales que hubo una actitud evasiva que asumieron frente a los requerimientos los responsables de los diversos organismos públicos e instituciones intervinientes.
"Destrucción de expedientes: se denunció y se dejó constancia en la causa de la destrucción de un expediente referido a una obra de más de un millón de pesos vinculada a la construcción de la usina térmica."
Esto fue retomado por el fiscal Germán Moldes, quien textualmente dice que "ha hecho referencia por ante la instancia revisora a la información pública que daría cuenta que se habría destruido expedientes vinculados a las obras que componen el complejo minero Yacimientos Carboníferos de Río Turbio."
"Tardanza en la entrega de documentación secuestrada: dentro de esta investigación se allanó la sede de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz de la UTN, donde se incautaron elementos que fueron colocados en treinta y cuatro cajas, treinta de ellas fueron remitidas a la sede del juzgado instructor dos meses después, y las cuatro restantes, cinco meses más tarde de aquel procedimiento."
Pido disculpas, señor presidente, si aburro a alguien con mi exposición pero quiero justificar adecuadamente por qué consideramos que el diputado debe ser desaforado ya que luego en el recinto no hay tiempo material para hacerlo.
"Restricciones a la Fundación: el juez refirió que por el manejo de la Fundación Regional Santa Cruz y su rol en la causa, se consideró que se verificaban razones de urgencia que habilitaban disponer la inhibición general de bienes, el embargo, el bloqueo de los fondos y la intervención judicial, con la remoción de las actuales autoridades de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz."
En la causa 104.567 del año 2014, "De Vido Julio y otros sobre asociación ilícita, importación de gas natural licuado -GNL-", en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal número 11, el señor juez Claudio Bonadio solicitó el procesamiento con prisión preventiva y requirió de este Cuerpo el desafuero del diputado nacional según el artículo 70 de la Constitución Nacional y el artículo 1° de la ley 25.320.
El magistrado fundamentó que teniendo en cuenta los vínculos del señor De Vido, de continuar en libertad podría entorpecer el accionar judicial y, en consecuencia, el descubrimiento de la verdad, en tanto que las maniobras fraudulentas y actos infieles, según resulta del expediente, se realizaban a través de intermediarios. Uno de los elementos sustanciales de la investigación llevada adelante por el señor juez consiste en recuperar el dinero desviado de la administración, determinar a qué empresa ingresó y qué destino se le dio.
El señor juez mencionó que en un caso reciente, la Sala II también consideró que debía disponerse la detención de De Vido al entender que "a la hora de examinar la presencia de riesgos procesales no corresponde limitar el análisis al arraigo o a la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal, sino que resulta especialmente relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal."
El caso al que se refirió el juez se dio en el marco de un proceso que involucra la investigación de actos de corrupción complejos que habrían sido desarrollados con la necesaria intervención de funcionarios de diversas áreas del Estado y al amparo de su estructura, durante un extenso período de tiempo. Esto menciona el doctor Irurzun en su voto.
En este punto, el juez señaló que el señor De Vido tiene varios expedientes en trámite -dos de ellos en etapa de juicio-, por lo que estimó que "en caso de ser condenado en estas actuaciones, la misma no podrá ser de ejecución condicional según el artículo 26, a contrario sensu, del Código Penal, lo que hace presumir que de seguir en libertad intentará eludir la acción de la Justicia".
Asimismo, el magistrado destacó que, en un caso idéntico, la Sala II del fuero resolvió que "...no pueden dejar de valorarse los múltiples expedientes en los cuales se investiga el irregular desempeño de la imputada en la función pública,..." -se trataba de la señora Alsogaray- "...tanto frente a la Secretaría de Recursos Naturales como en ENTEL en liquidación, tal como se desprende de las certificaciones obrantes en autos." Como mencioné antes, hace referencia a la causa 20.577.
SR. PRESIDENTE TONELLI Diputada: le pido por favor que trate de sintetizar porque tenemos muchos oradores anotados.
SRA. CAMAÑO Sí, señor presidente. Quiero terminar mi exposición de manera completa, porque es lo que sostiene mi voto y el voto de mi bloque; casi nada. Estamos por desaforar a un señor diputado.
Además, la verdad es que acá se escuchan argumentaciones más políticas que jurídicas, cuando creo que lo que nosotros debemos hacer es sustentar sólidamente, desde el punto de vista jurídico, por qué estamos desaforando.
Además, la verdad es que acá se escuchan argumentaciones más políticas que jurídicas, cuando creo que lo que nosotros debemos hacer es sustentar sólidamente, desde el punto de vista jurídico, por qué estamos desaforando.
SR. PRESIDENTE TONELLI Diputada: estoy de acuerdo con usted. Solamente le he pedido que sintetice, en la medida de lo posible. Nada más.
SRA. CAMAÑO Sucede que he leído mucho como para hablar poco.
Concluye el señor juez señalando que las circunstancias apuntadas...
-Manifestaciones en la sala.
Concluye el señor juez señalando que las circunstancias apuntadas...
-Manifestaciones en la sala.
SRA. CAMAÑO Me gustaría saber cuántos han leído todas las actuaciones que han traído los dos jueces. Estoy segura de que la diputada Lospennato lo debe haber hecho. Es por la única que voy a...
SR. PRESIDENTE TONELLI Si le tranquiliza, yo también las leí.
SRA. CAMAÑO Concluye el señor juez que "las circunstancias apuntadas de modo previo, las características particulares de los hechos que se le enrostran y el actual estado de la investigación, configuran una desfavorable impresión sobre las condiciones personales de De Vido..." -menciona también a Baratta, quien ya está preso- "...y permiten concluir que en caso de concedérseles la libertad no habrán de someterse a la actuación de la Justicia, por lo que se encuentra consecuentemente fundada la presunción de que intentarán eludir el accionar de ésta, como también de que la entorpecerán, ambos dos."
Además, el juez -en esta causa, que es la segunda de pedido de desafuero- se refiere al informe pericial. Para el juez, la hipótesis pericial se encuentra probada en la causa. Hubo un perjuicio por 6.995 millones de pesos -y pico-, a raíz del peritaje realizado por el ingeniero David Cohen..."
Además, el juez -en esta causa, que es la segunda de pedido de desafuero- se refiere al informe pericial. Para el juez, la hipótesis pericial se encuentra probada en la causa. Hubo un perjuicio por 6.995 millones de pesos -y pico-, a raíz del peritaje realizado por el ingeniero David Cohen..."
SR. PRESIDENTE TONELLI Son dólares, diputada, no pesos.
SRA. CAMAÑO Perdón. Es que usted me apura, señor presidente.
-Manifestaciones en la sala.
-Manifestaciones en la sala.
SRA. CAMAÑO "...más allá del resto de la prueba producida en la causa, que fue dando indicios concretos de la maniobra ilícita, de cuyo resultado se advierte que el precio por el que se abonó el GNL durante el período en cuestión fue a valores superiores a los del mercado, generándose en consecuencia un perjuicio económico a las arcas del Estado...", en la moneda en que usted mencionó por el monto que yo he indicado.
En esta causa hay intermediarios, y es una de las partes que más me interesan, ya que son de los intermediarios que nunca dejan de estar en la Argentina.
El juez dice que las pruebas reunidas en la causa dan cuenta de que José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi San Martino, por medio de la firmas Dysan y Diligentia S.A., fueron intermediarios en las operaciones de GNL entre la empresa Enarsa y Gas Natural Aprovisionamientos SDG S.A., Gas Natural Fenosa y Morgan Stanley, las que proveyeron un total de 274 cargamentos de dicho fluido.
Claramente, para el señor juez, la intervención de los mencionados fue una evidente maniobra de desvío de fondos, pues no se advierte motivo alguno de que el Estado nacional pague a intermediarios o asesores por las compras de GNL. De hecho, hay algún funcionario de la actual administración en alguna maniobra similar, para ponerle un poco de color político.
Partícipe necesario. La agencia Marítima Meridian S.A. -presidida por el señor Samarín- en un inicio fue asesora de Repsol en la preparación para que los puertos argentinos sean receptores, en Bahía Blanca y Escobar, del GNL. Se encuentra acreditado que esta empresa intervino como agencia en la totalidad de los buques metaneros que amarraron en el puerto de Bahía Blanca y Escobar; en efecto, participó en el procedimiento de amarre, en ambas terminales, de un total de 385 buques desde 2008 a 2013 sin proceso licitatorio, llegando a facturar cifras exorbitantes y superiores a los 500.000 dólares por cargamento.
Para el juez, se montó claramente un procedimiento -con la composición de los funcionarios- para desviar el dinero en beneficio de terceros. Y por supuesto, en la parte de las responsabilidades, las pruebas reunidas por el juez dan cuenta de que De Vido, en su carácter de ministro a cargo de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en aquel entonces junto con Baratta, como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, dependiente de ese ministerio, idearon y conformaron -para imponer el GNL- semejante estructura, integrada por el resto de las personas imputadas en la causa, cuyas funciones y actividades fueron mencionadas, utilizando a ENARSA en una primera etapa para gestionar, adjudicar y pagar los cargamentos, y tercerizando luego el proceso, pero ésta continuaba adjudicando y pagando.
En función de todo lo expuesto, señor presidente, es que este bloque considera que corresponde acceder a los requerimientos judiciales.
Cuando asumimos como diputados, más allá de los matices con los que se tiñe el juramento en los últimos tiempos, cada uno de nosotros juró y tomó un compromiso moral y jurídico que nos impone la Constitución, porque todos juramos con la mano y por la Constitución. Desde 1994, el artículo 34 de la Constitución se refiere a traición a la patria y corrupción. Hay dos motivos para cometer el delito de traición a la patria: uno es alzarse en armas en contra de la Nación y de la Constitución; el otro es cometer actos de corrupción. Desde ningún punto de vista nosotros podemos ser el impedimento para que mínimamente se investigue si durante el momento en el que le tocó ser funcionario público el actual diputado Julio De Vido cometió hechos de corrupción. (Aplausos.)
En esta causa hay intermediarios, y es una de las partes que más me interesan, ya que son de los intermediarios que nunca dejan de estar en la Argentina.
El juez dice que las pruebas reunidas en la causa dan cuenta de que José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi San Martino, por medio de la firmas Dysan y Diligentia S.A., fueron intermediarios en las operaciones de GNL entre la empresa Enarsa y Gas Natural Aprovisionamientos SDG S.A., Gas Natural Fenosa y Morgan Stanley, las que proveyeron un total de 274 cargamentos de dicho fluido.
Claramente, para el señor juez, la intervención de los mencionados fue una evidente maniobra de desvío de fondos, pues no se advierte motivo alguno de que el Estado nacional pague a intermediarios o asesores por las compras de GNL. De hecho, hay algún funcionario de la actual administración en alguna maniobra similar, para ponerle un poco de color político.
Partícipe necesario. La agencia Marítima Meridian S.A. -presidida por el señor Samarín- en un inicio fue asesora de Repsol en la preparación para que los puertos argentinos sean receptores, en Bahía Blanca y Escobar, del GNL. Se encuentra acreditado que esta empresa intervino como agencia en la totalidad de los buques metaneros que amarraron en el puerto de Bahía Blanca y Escobar; en efecto, participó en el procedimiento de amarre, en ambas terminales, de un total de 385 buques desde 2008 a 2013 sin proceso licitatorio, llegando a facturar cifras exorbitantes y superiores a los 500.000 dólares por cargamento.
Para el juez, se montó claramente un procedimiento -con la composición de los funcionarios- para desviar el dinero en beneficio de terceros. Y por supuesto, en la parte de las responsabilidades, las pruebas reunidas por el juez dan cuenta de que De Vido, en su carácter de ministro a cargo de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en aquel entonces junto con Baratta, como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, dependiente de ese ministerio, idearon y conformaron -para imponer el GNL- semejante estructura, integrada por el resto de las personas imputadas en la causa, cuyas funciones y actividades fueron mencionadas, utilizando a ENARSA en una primera etapa para gestionar, adjudicar y pagar los cargamentos, y tercerizando luego el proceso, pero ésta continuaba adjudicando y pagando.
En función de todo lo expuesto, señor presidente, es que este bloque considera que corresponde acceder a los requerimientos judiciales.
Cuando asumimos como diputados, más allá de los matices con los que se tiñe el juramento en los últimos tiempos, cada uno de nosotros juró y tomó un compromiso moral y jurídico que nos impone la Constitución, porque todos juramos con la mano y por la Constitución. Desde 1994, el artículo 34 de la Constitución se refiere a traición a la patria y corrupción. Hay dos motivos para cometer el delito de traición a la patria: uno es alzarse en armas en contra de la Nación y de la Constitución; el otro es cometer actos de corrupción. Desde ningún punto de vista nosotros podemos ser el impedimento para que mínimamente se investigue si durante el momento en el que le tocó ser funcionario público el actual diputado Julio De Vido cometió hechos de corrupción. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE TONELLI Tiene la palabra la señora diputada Sosa.
SR. TAILHADE Señor presidente...
SR. PRESIDENTE TONELLI Diputada Sosa: el señor diputado Tailhade le pide una interrupción.
SR. TAILHADE ¿Puede ser después?
SR. PRESIDENTE TONELLI Señor diputado Tailhade: tengo una lista y usted está anotado al final. Ya le daré la palabra.
Tiene la palabra la señora diputada Sosa.
Tiene la palabra la señora diputada Sosa.
SRA. SOSA Señor presidente: a pesar de que no formamos parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quiero ratificar la posición del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, una posición que desde un principio fue bastante clara y marcada respecto del desafuero integral del diputado Julio De Vido, ya que no nos caben dudas de las responsabilidades que tiene en el entramado de impunidad y de corrupción con la obra pública en este país.
Hace siete años el Partido Obrero denunciaba justamente las responsabilidades políticas, empresariales y sindicales en el vaciamiento y tercerización del ferrocarril, en donde justamente el desenlace que tuvimos fue el crimen de Mariano Ferreyra, un crimen político contra la clase obrera. Con la movilización logramos la condena a Pedraza y seguimos organizándonos por la condena a los responsables políticos.
Pero queremos alertar -principalmente a la población trabajadora- que este debate está intentando limitar el problema de la corrupción, de las coimas, de los sobreprecios y de los desvíos de fondos. Todo el mundo empresarial conoce que en la Argentina la obra pública es "un festival de sobreprecios", y justamente están intentando evadir el régimen de la patria contratista, que significa las responsabilidades políticas del gobierno anterior, y también del actual, para disminuirlo en la persona de Julio De Vido.
Entonces, queremos que haya un debate que sea realmente a fondo por las responsabilidades que les caben a todos, y también al Poder Judicial, porque estamos asistiendo a una judicialización de la realidad política de nuestro país por jueces que nadie elige, que en un momento eran kirchneristas y ahora son macristas. La misma tenacidad que han tenido estos jueces para recién ahora venir a traer el pedido de desafuero, no la tuvieron en su momento, y parece que esto es un aprovechamiento que se puede leer en clave electoral, o mejor dicho, en una clave que desde un principio marcamos: el encubrimiento por partida doble, es decir, el encubrimiento de los jueces a Julio De Vido, que hace rato debería estar preso junto con todos los responsables, y el encubrimiento del propio macrismo, que está cuestionado por sus lazos en el entramado de negociados de los empresarios de la propia familia del clan Macri.
Queremos hacer un planteo concreto a la población, porque esta discusión no puede cerrarse en el día de mañana sencillamente con un desafuero, que el Partido Obrero y el Frente de Izquierda van a votar a favor, como planteamos desde un principio. Debemos recordar que el año pasado, cuando se solicitó el desafuero de Julio De Vido, fuimos nosotros quienes pedimos que se tratara sobre tablas y el oficialismo votó en contra, y se adaptaron a un desafuero limitado al allanamiento, que por supuesto también votamos a favor.
Frente a las decenas y decenas de causas que tiene Julio De Vido, hacemos esto en función de que creemos que tiene que prosperar la condena por la masacre de Once, que fue justamente la que anticipó la lucha que llevó adelante el Partido Obrero con los trabajadores tercerizados del ferrocarril, lo cual terminó con el crimen de Mariano Ferreyra.
Nosotros no nos olvidamos de eso, tenemos mucha memoria, y la tenemos en cada una de las maniobras que ustedes llevan adelante. Están tratando de quedar como impolutos frente al pueblo en momentos de elecciones mientras quieren descargar un gran ajuste sobre la población trabajadora. La lucha contra la corrupción, para terminar con el entramado de impunidad en este país, va a venir si avanzamos con una investigación independiente.
¿Quién va a pagar los sobreprecios? ¿Quién devuelve esta plata, estos miles de millones de dólares? ¿Cómo se resuelve esta situación? Se castiga y se condena a Julio De Vido, ¿pero cuándo condenamos al régimen de la patria contratista, que tiene al gobierno anterior y al actual como responsables?
Queremos que se lleve adelante una investigación independiente, que se abran los libros de todas las empresas involucradas en la corrupción de este país y que la obra pública deje de ser un festival de sobreprecios para ser realmente puesta al servicio del desarrollo industrial de este país y del futuro de las familias trabajadoras bajo el control de los trabajadores, no por quienes eventualmente quieren aparecer como luchadores contra la corrupción y tienen las mismas responsabilidades.
Esa es nuestra posición. Mañana vamos a votar a favor del desafuero, pero acá no puede dejarse limitado el problema del régimen de la patria contratista a una persona sino que en el banquillo tenemos que ponerlos a todos. (Aplausos.)
Hace siete años el Partido Obrero denunciaba justamente las responsabilidades políticas, empresariales y sindicales en el vaciamiento y tercerización del ferrocarril, en donde justamente el desenlace que tuvimos fue el crimen de Mariano Ferreyra, un crimen político contra la clase obrera. Con la movilización logramos la condena a Pedraza y seguimos organizándonos por la condena a los responsables políticos.
Pero queremos alertar -principalmente a la población trabajadora- que este debate está intentando limitar el problema de la corrupción, de las coimas, de los sobreprecios y de los desvíos de fondos. Todo el mundo empresarial conoce que en la Argentina la obra pública es "un festival de sobreprecios", y justamente están intentando evadir el régimen de la patria contratista, que significa las responsabilidades políticas del gobierno anterior, y también del actual, para disminuirlo en la persona de Julio De Vido.
Entonces, queremos que haya un debate que sea realmente a fondo por las responsabilidades que les caben a todos, y también al Poder Judicial, porque estamos asistiendo a una judicialización de la realidad política de nuestro país por jueces que nadie elige, que en un momento eran kirchneristas y ahora son macristas. La misma tenacidad que han tenido estos jueces para recién ahora venir a traer el pedido de desafuero, no la tuvieron en su momento, y parece que esto es un aprovechamiento que se puede leer en clave electoral, o mejor dicho, en una clave que desde un principio marcamos: el encubrimiento por partida doble, es decir, el encubrimiento de los jueces a Julio De Vido, que hace rato debería estar preso junto con todos los responsables, y el encubrimiento del propio macrismo, que está cuestionado por sus lazos en el entramado de negociados de los empresarios de la propia familia del clan Macri.
Queremos hacer un planteo concreto a la población, porque esta discusión no puede cerrarse en el día de mañana sencillamente con un desafuero, que el Partido Obrero y el Frente de Izquierda van a votar a favor, como planteamos desde un principio. Debemos recordar que el año pasado, cuando se solicitó el desafuero de Julio De Vido, fuimos nosotros quienes pedimos que se tratara sobre tablas y el oficialismo votó en contra, y se adaptaron a un desafuero limitado al allanamiento, que por supuesto también votamos a favor.
Frente a las decenas y decenas de causas que tiene Julio De Vido, hacemos esto en función de que creemos que tiene que prosperar la condena por la masacre de Once, que fue justamente la que anticipó la lucha que llevó adelante el Partido Obrero con los trabajadores tercerizados del ferrocarril, lo cual terminó con el crimen de Mariano Ferreyra.
Nosotros no nos olvidamos de eso, tenemos mucha memoria, y la tenemos en cada una de las maniobras que ustedes llevan adelante. Están tratando de quedar como impolutos frente al pueblo en momentos de elecciones mientras quieren descargar un gran ajuste sobre la población trabajadora. La lucha contra la corrupción, para terminar con el entramado de impunidad en este país, va a venir si avanzamos con una investigación independiente.
¿Quién va a pagar los sobreprecios? ¿Quién devuelve esta plata, estos miles de millones de dólares? ¿Cómo se resuelve esta situación? Se castiga y se condena a Julio De Vido, ¿pero cuándo condenamos al régimen de la patria contratista, que tiene al gobierno anterior y al actual como responsables?
Queremos que se lleve adelante una investigación independiente, que se abran los libros de todas las empresas involucradas en la corrupción de este país y que la obra pública deje de ser un festival de sobreprecios para ser realmente puesta al servicio del desarrollo industrial de este país y del futuro de las familias trabajadoras bajo el control de los trabajadores, no por quienes eventualmente quieren aparecer como luchadores contra la corrupción y tienen las mismas responsabilidades.
Esa es nuestra posición. Mañana vamos a votar a favor del desafuero, pero acá no puede dejarse limitado el problema del régimen de la patria contratista a una persona sino que en el banquillo tenemos que ponerlos a todos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE TONELLI Tiene la palabra el señor diputado Incicco.
SR. INCICCO Señor presidente: si me permite una breve una digresión, primero quiero congratularme por el fallo que ratifica su banca en el Consejo de la Magistratura. (Aplausos.) Más allá de la justicia y la idoneidad del fallo, me parece también que este es el ámbito adecuado para hacer este tipo de declaraciones públicas y de reparaciones -si se quiere-, porque usted ha sido gratuita e injustamente agraviado, así que me parece que corresponde hacerlo.
SR. PRESIDENTE TONELLI Se lo agradezco, señor diputado.
SR. INCICCO Sobre la situación personal y política, sobre las cualidades morales, e incluso sobre toda la situación procesal del diputado Julio De Vido se ha hablado mucho desde el mes de julio, cuando debatimos la exclusión que habíamos planteado en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional, así que yo quiero ser muy directo y muy concreto.
Hoy lo que nos reúne y aboca son dos pedidos de desafuero de la Justicia federal, uno -como ya se dijo- en el marco de las operaciones de compra de gas natural licuado, y el otro, de Yacimiento Carboníferos Río Turbio.
Ambos pedidos hacen mérito en una cuestión central, que hasta ahora hemos soslayado bastante -por lo menos en lo que yo he escuchado-, que tiene que ver con el riesgo procesal que implica Julio De Vido en libertad. La Justicia hace mérito de que Julio De Vido, en razón del importantísimo cargo que ha ocupado en la administración anterior, sus vínculos, relaciones e intereses que se mueven por detrás, está en condiciones de entorpecer y obstruir el desarrollo de la pesquisa penal. Es decir, cada minuto que pasa estando Julio De Vido en libertad hay un riesgo actual y latente de que se vea frustrada la investigación.
Entonces, nosotros no nos podemos demorar más en proceder al inmediato desafuero de un diputado en esta situación, máxime cuando el desafuero fue pedido en dos expedientes judiciales, y en uno de ellos por instrucción -ni más ni menos- de la Sala II de la Cámara Federal.
En su fallo -que yo también he leído-, esa Sala dice: "Los hechos investigados en autos revisten una importante e inusual complejidad, detallados como un significativo entramado de corrupción con permanencia en el tiempo". Esta permanencia en el tiempo a la que refiere la Cámara no es hacia el pasado sino en el presente y hacia el futuro. El entramado de corrupción que la Sala dice que existe, y que tiene comprobado, es incluso hacia el futuro. Es decir, ese entramado de corrupción está vigente hoy; y no lo digo yo sino la Cámara Federal.
La Cámara nos pide el desafuero del diputado Julio De Vido, o sea, que hagamos cesar de inmediato su inmunidad de arresto, porque estando en libertad puede constituirse eventualmente en un obstáculo para que la Justicia llegue a buen puerto y pueda descubrir la verdad.
Entonces, si no resolvemos esto inmediatamente, nos vamos a transformar en cómplices de los eventuales entorpecimientos que pueda llegar a hacer el diputado De Vido en las investigaciones judiciales en las que está incurso. Me parece que esto no admite más dilaciones y que es algo que tenemos que resolver ya.
El pedido de licencia no viene más que a confirmar la actitud permanente del diputado De Vido de evadir y eludir la acción de la Justicia. Más allá de embarrar la cancha -para decirlo llanamente-, este pedido de licencia tiende a mantener su situación -de permanecer en libertad-, confirmando lo que dijo la Cámara acerca de que es un riesgo que siga libre.
Repito, es un riesgo que Julio De Vido siga en libertad; es por ello que debemos proceder a su inmediato desafuero.
Para terminar, quiero decir que el domingo hablaron las urnas. La gran mayoría del pueblo de la Nación se expresó ratificando este cambio que desde Cambiemos venimos llevando adelante desde hace casi dos años. Se trata de un cambio que tiene que ver con volver a valores y principios básicos de la república y del estado de derecho.
Quienes tenemos responsabilidad política o somos funcionarios debemos ser verdaderos servidores públicos y no servirnos del Estado. Debemos rendir cuentas y trabajar con transparencia.
Señor presidente: tenemos que reivindicar la ética en el ejercicio de la función pública. Debemos dar una señal clara y concreta a la sociedad, que está harta de la corrupción y del robo desde el Estado, en manos de los funcionarios.
No todo es lo mismo; no todos somos iguales.
Hoy esta Cámara está siendo interpelada por la sociedad para ver qué decisión va a tomar respecto de un diputado que en su función en la administración anterior fue uno de los íconos de la mayor corrupción que se conozca en la historia nacional. No somos todos iguales.
Ninguna de las cámaras del Congreso puede ser en modo alguno un refugio al que vengan a guarecerse personas para tener fueros y así evitar la acción de la Justicia. Por eso, entiendo que se impone aprobar de inmediato el desafuero de Julio De Vido. (Aplausos.)
Hoy lo que nos reúne y aboca son dos pedidos de desafuero de la Justicia federal, uno -como ya se dijo- en el marco de las operaciones de compra de gas natural licuado, y el otro, de Yacimiento Carboníferos Río Turbio.
Ambos pedidos hacen mérito en una cuestión central, que hasta ahora hemos soslayado bastante -por lo menos en lo que yo he escuchado-, que tiene que ver con el riesgo procesal que implica Julio De Vido en libertad. La Justicia hace mérito de que Julio De Vido, en razón del importantísimo cargo que ha ocupado en la administración anterior, sus vínculos, relaciones e intereses que se mueven por detrás, está en condiciones de entorpecer y obstruir el desarrollo de la pesquisa penal. Es decir, cada minuto que pasa estando Julio De Vido en libertad hay un riesgo actual y latente de que se vea frustrada la investigación.
Entonces, nosotros no nos podemos demorar más en proceder al inmediato desafuero de un diputado en esta situación, máxime cuando el desafuero fue pedido en dos expedientes judiciales, y en uno de ellos por instrucción -ni más ni menos- de la Sala II de la Cámara Federal.
En su fallo -que yo también he leído-, esa Sala dice: "Los hechos investigados en autos revisten una importante e inusual complejidad, detallados como un significativo entramado de corrupción con permanencia en el tiempo". Esta permanencia en el tiempo a la que refiere la Cámara no es hacia el pasado sino en el presente y hacia el futuro. El entramado de corrupción que la Sala dice que existe, y que tiene comprobado, es incluso hacia el futuro. Es decir, ese entramado de corrupción está vigente hoy; y no lo digo yo sino la Cámara Federal.
La Cámara nos pide el desafuero del diputado Julio De Vido, o sea, que hagamos cesar de inmediato su inmunidad de arresto, porque estando en libertad puede constituirse eventualmente en un obstáculo para que la Justicia llegue a buen puerto y pueda descubrir la verdad.
Entonces, si no resolvemos esto inmediatamente, nos vamos a transformar en cómplices de los eventuales entorpecimientos que pueda llegar a hacer el diputado De Vido en las investigaciones judiciales en las que está incurso. Me parece que esto no admite más dilaciones y que es algo que tenemos que resolver ya.
El pedido de licencia no viene más que a confirmar la actitud permanente del diputado De Vido de evadir y eludir la acción de la Justicia. Más allá de embarrar la cancha -para decirlo llanamente-, este pedido de licencia tiende a mantener su situación -de permanecer en libertad-, confirmando lo que dijo la Cámara acerca de que es un riesgo que siga libre.
Repito, es un riesgo que Julio De Vido siga en libertad; es por ello que debemos proceder a su inmediato desafuero.
Para terminar, quiero decir que el domingo hablaron las urnas. La gran mayoría del pueblo de la Nación se expresó ratificando este cambio que desde Cambiemos venimos llevando adelante desde hace casi dos años. Se trata de un cambio que tiene que ver con volver a valores y principios básicos de la república y del estado de derecho.
Quienes tenemos responsabilidad política o somos funcionarios debemos ser verdaderos servidores públicos y no servirnos del Estado. Debemos rendir cuentas y trabajar con transparencia.
Señor presidente: tenemos que reivindicar la ética en el ejercicio de la función pública. Debemos dar una señal clara y concreta a la sociedad, que está harta de la corrupción y del robo desde el Estado, en manos de los funcionarios.
No todo es lo mismo; no todos somos iguales.
Hoy esta Cámara está siendo interpelada por la sociedad para ver qué decisión va a tomar respecto de un diputado que en su función en la administración anterior fue uno de los íconos de la mayor corrupción que se conozca en la historia nacional. No somos todos iguales.
Ninguna de las cámaras del Congreso puede ser en modo alguno un refugio al que vengan a guarecerse personas para tener fueros y así evitar la acción de la Justicia. Por eso, entiendo que se impone aprobar de inmediato el desafuero de Julio De Vido. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE TONELLI Diputado Tailhade: ¿desea hacer un planteo?
SR. TAILHADE Señor presidente: va a hablar la diputada Rach Quiroga en mi lugar.
SR. PRESIDENTE TONELLI ¿Va a exponer o va a hacer un planteo? Porque si va a hablar, corresponde que la anote al final de la lista de oradores.
SR. TAILHADE No, es para lo mismo para lo que yo le había pedido la palabra.
SR. PRESIDENTE TONELLI Tiene la palabra la diputada Rach Quiroga.
SRA. RACH QUIROGA Señor presidente: seré muy breve.
Desde el bloque del Frente para la Victoria tenemos conocimiento de que el diputado Julio De Vido, a través de su defensa, ha hecho llegar un documento a la Secretaría de la comisión.
En la anterior comisión, en que se había pedido el desafuero del diputado por inhabilidad moral, también se había presentado un escrito para su lectura. De igual modo, en este caso solicitamos desde el bloque si se puede dar lectura por Secretaría del documento presentado, sobre todo teniendo en cuenta que se debe fundar en razones jurídicas y no tanto políticas.
Desde el bloque del Frente para la Victoria tenemos conocimiento de que el diputado Julio De Vido, a través de su defensa, ha hecho llegar un documento a la Secretaría de la comisión.
En la anterior comisión, en que se había pedido el desafuero del diputado por inhabilidad moral, también se había presentado un escrito para su lectura. De igual modo, en este caso solicitamos desde el bloque si se puede dar lectura por Secretaría del documento presentado, sobre todo teniendo en cuenta que se debe fundar en razones jurídicas y no tanto políticas.
SR. PRESIDENTE TONELLI Efectivamente, hemos recibido esa nota. Hasta ahora no sabía a qué efecto era porque nadie me había dicho nada. Cuando concluya la lista de oradores, con mucho gusto vamos a leerla.
Tiene la palabra la diputada Lospennato.
Tiene la palabra la diputada Lospennato.
SRA. LOSPENNATO Señor presidente: espero que mañana se cumpla el dicho de que la tercera es la vencida. Será la tercera vez que en nuestro recinto vamos a referirnos al tema de De Vido vinculado con causas de corrupción.
Hubo una primera reunión en la que tuvimos que tratar -y lamento decirle a la diputada Sosa que su memoria, de la que se jacta, no es tan buena- un pedido de un juez para allanar un domicilio, no un pedido de desafuero. Por supuesto, si hubiera habido un pedido de desafuero lo hubiéramos tratado con tanto gusto como tratamos el pedido de autorización para allanar un domicilio.
Y tuvimos que tratar ese pedido de autorización porque, pese a que el diputado De Vido ha dicho que siempre estuvo a disposición de la Justicia para ser investigado, en la primera oportunidad en que un juez necesitó hacer un procedimiento judicial para el avance de su investigación, interpuso sus fueros parlamentarios e impidió que se realizara ese allanamiento. Tuvo que pasar un mes para que pudiéramos reunir la Cámara y autorizar un allanamiento, que a esas horas ya no tenía ningún sentido. Y no tuvo ningún efecto, por supuesto.
La segunda vez que fuimos al recinto la recordamos todos, con tristeza. Me sigue doliendo que algunos no hayan tenido la valentía política de hacer lo que la sociedad demandaba: aprobar el proyecto de exclusión. Había varios proyectos presentados; fui autora de uno de ellos, y la verdad es que me hubiera gustado ver afuera de la Cámara al diputado De Vido, excluido por el motivo que yo invoqué: por su participación en la tragedia de Once, que me parece que es la herida más grave que el accionar corrupto del diputado De Vido dejó en la sociedad argentina. Pero no nos alcanzaron los votos en aquella oportunidad.
Muchos dijeron que no les parecía que eso configurara suficientemente la inhabilidad moral para que el diputado De Vido siguiera sentado y valiéndose de sus fueros. Por supuesto, no coincidí con esa opinión, pero mandan las reglas de la democracia y los números no nos alcanzaron.
Vamos mañana por tercera vez, y creo que ahora empieza a asomar la justicia. Mañana el motivo es diferente: dos jueces federales nos han pedido el desafuero. En esto no hace falta abundar mucho más después de la extensa exposición de la diputada Camaño, que hizo lo que hay que hacer en esta comisión y es el motivo por el cual nos hemos reunido: entender sobre los sumarios de las causas, porque sobre lo único que tenemos que opinar es sobre el pedido que nos hacen los jueces. Para eso tenemos que evaluar la gravedad y objetividad de los fundamentos que traen los procesos de desafuero. ¿Cómo se evalúan? Básicamente tenemos que evaluar si existe proporción entre los argumentos esgrimidos por ambos jueces en este caso. En particular tenemos que evaluar la gravedad de las imputaciones, el grado de certeza que tienen los magistrados, las pruebas colectadas hasta el presente en ambas instrucciones, el posible entorpecimiento de la investigación y el riesgo de fuga. Es decir, tenemos que evaluar el principio de razonabilidad en la acción, que excluye la arbitrariedad en el pedido que nos hacen los jueces. Eso es lo que hicimos. Durante estas horas en que hemos estado reunidos hemos conocido todos nosotros cuál es la situación actual. Y también la han conocido todos los miembros de la Cámara, ya que con mucho tino el presidente de la comisión ha girado ambos sumarios -inmediatamente de recibidos- a cada miembro de la Cámara de Diputados para que nadie pueda decir que no tenía conocimiento de lo que vamos a realizar mañana.
¿Qué vamos a hacer mañana? Básicamente vamos a suspender en su función al legislador. Vamos a decirle a la Justicia si consideramos que tiene que tener las herramientas que nos está pidiendo.
El motivo y la velocidad que nos pide la Justicia para que tomemos esta decisión están muy claramente explicados en el voto del doctor Irurzun, en el fallo de la Cámara. Dice: "Se verifican en derredor de De Vido indicios de entidad suficiente para presumir que su libertad constituye un riesgo al proceso en curso. Su encarcelamiento resulta la única alternativa viable para el éxito de la investigación."
Así que, señores ciudadanos y señores diputados, lo que mañana estaremos definiendo, cada uno de nosotros con nuestro voto, es si queremos que las investigaciones por corrupción que involucran al diputado De Vido terminen con éxito, es decir, si queremos condenas. No hay otra decisión; no estamos evaluando nosotros en un juicio penal las responsabilidades del diputado. Esa es tarea de los jueces, y esperamos que la ejerzan como corresponde.
También mencionaba recién la señora diputada Sosa que no quería que esto terminara con De Vido, que fuera De Vido y nada más. Yo tampoco quiero que termine acá, con De Vido. A mí me gustaría que ante cada persona que tenga un procesamiento y que se ampare en sus fueros para no ser correctamente investigada, vengan los jueces a nuestra Cámara a pedirnos los desafueros. (Aplausos.) De los que están ahora y de los entrarán en diciembre también. (Aplausos.)
Pero la tarea que vamos a hacer no termina con desaforar al señor diputado De Vido, y en esto sí coincido con los preopinantes. Por supuesto que tenemos que hacer mucho más, y es nuestra obligación hacerlo aquí, como legisladores. Tenemos que hacer que la función pública no sea nunca más un botín de funcionarios corruptos, y para eso necesitamos nuevos marcos normativos. Necesitamos la ley de extinción de dominio, que duerme en el Senado de la Nación. (Aplausos.) Necesitamos que devuelvan cada peso que se han robado, porque es un peso que los argentinos queremos reinvertido en trenes, en cloacas, en agua, en educación, en seguridad. Necesitamos un régimen penal de las personas jurídicas, porque está el que cobra la coima y el que la paga, y ambos deben tener responsabilidad.
Asimismo, necesitamos recuperar una Justicia independiente en todos los niveles y modificar la legislación electoral. Le voy a pedir, señor presidente, que pongamos en tratamiento mis proyectos para que los condenados con condena simple en delitos de corrupción no puedan volver a ser candidatos en las elecciones. (Aplausos.)
Necesitamos una Justicia que investigue en tiempo real. La primera denuncia no fue de la izquierda sino de la diputada Elisa Carrió en 2004, sobre la asociación ilícita y la participación del diputado De Vido. Recién ahora -y ni siquiera es por esa causa- estamos llegando a este proceso de desafuero muchos años después. Cuánto se hubiera evitado si la Justicia hubiera actuado e investigado en el momento oportuno. Para eso necesitamos un Ministerio Público que no sea encubridor sino impulsor de la acción penal, y una ley de ética pública que suspenda inmediatamente en el ejercicio de su función a los procesados por delito de corrupción. Sin eso, vamos a seguir repitiendo la historia y lamentablemente vamos a tener que seguir juntándonos acá y en el recinto para desaforar gente que ha elegido la Cámara de Diputados para protegerse y garantizar su impunidad. (Aplausos.)
Hubo una primera reunión en la que tuvimos que tratar -y lamento decirle a la diputada Sosa que su memoria, de la que se jacta, no es tan buena- un pedido de un juez para allanar un domicilio, no un pedido de desafuero. Por supuesto, si hubiera habido un pedido de desafuero lo hubiéramos tratado con tanto gusto como tratamos el pedido de autorización para allanar un domicilio.
Y tuvimos que tratar ese pedido de autorización porque, pese a que el diputado De Vido ha dicho que siempre estuvo a disposición de la Justicia para ser investigado, en la primera oportunidad en que un juez necesitó hacer un procedimiento judicial para el avance de su investigación, interpuso sus fueros parlamentarios e impidió que se realizara ese allanamiento. Tuvo que pasar un mes para que pudiéramos reunir la Cámara y autorizar un allanamiento, que a esas horas ya no tenía ningún sentido. Y no tuvo ningún efecto, por supuesto.
La segunda vez que fuimos al recinto la recordamos todos, con tristeza. Me sigue doliendo que algunos no hayan tenido la valentía política de hacer lo que la sociedad demandaba: aprobar el proyecto de exclusión. Había varios proyectos presentados; fui autora de uno de ellos, y la verdad es que me hubiera gustado ver afuera de la Cámara al diputado De Vido, excluido por el motivo que yo invoqué: por su participación en la tragedia de Once, que me parece que es la herida más grave que el accionar corrupto del diputado De Vido dejó en la sociedad argentina. Pero no nos alcanzaron los votos en aquella oportunidad.
Muchos dijeron que no les parecía que eso configurara suficientemente la inhabilidad moral para que el diputado De Vido siguiera sentado y valiéndose de sus fueros. Por supuesto, no coincidí con esa opinión, pero mandan las reglas de la democracia y los números no nos alcanzaron.
Vamos mañana por tercera vez, y creo que ahora empieza a asomar la justicia. Mañana el motivo es diferente: dos jueces federales nos han pedido el desafuero. En esto no hace falta abundar mucho más después de la extensa exposición de la diputada Camaño, que hizo lo que hay que hacer en esta comisión y es el motivo por el cual nos hemos reunido: entender sobre los sumarios de las causas, porque sobre lo único que tenemos que opinar es sobre el pedido que nos hacen los jueces. Para eso tenemos que evaluar la gravedad y objetividad de los fundamentos que traen los procesos de desafuero. ¿Cómo se evalúan? Básicamente tenemos que evaluar si existe proporción entre los argumentos esgrimidos por ambos jueces en este caso. En particular tenemos que evaluar la gravedad de las imputaciones, el grado de certeza que tienen los magistrados, las pruebas colectadas hasta el presente en ambas instrucciones, el posible entorpecimiento de la investigación y el riesgo de fuga. Es decir, tenemos que evaluar el principio de razonabilidad en la acción, que excluye la arbitrariedad en el pedido que nos hacen los jueces. Eso es lo que hicimos. Durante estas horas en que hemos estado reunidos hemos conocido todos nosotros cuál es la situación actual. Y también la han conocido todos los miembros de la Cámara, ya que con mucho tino el presidente de la comisión ha girado ambos sumarios -inmediatamente de recibidos- a cada miembro de la Cámara de Diputados para que nadie pueda decir que no tenía conocimiento de lo que vamos a realizar mañana.
¿Qué vamos a hacer mañana? Básicamente vamos a suspender en su función al legislador. Vamos a decirle a la Justicia si consideramos que tiene que tener las herramientas que nos está pidiendo.
El motivo y la velocidad que nos pide la Justicia para que tomemos esta decisión están muy claramente explicados en el voto del doctor Irurzun, en el fallo de la Cámara. Dice: "Se verifican en derredor de De Vido indicios de entidad suficiente para presumir que su libertad constituye un riesgo al proceso en curso. Su encarcelamiento resulta la única alternativa viable para el éxito de la investigación."
Así que, señores ciudadanos y señores diputados, lo que mañana estaremos definiendo, cada uno de nosotros con nuestro voto, es si queremos que las investigaciones por corrupción que involucran al diputado De Vido terminen con éxito, es decir, si queremos condenas. No hay otra decisión; no estamos evaluando nosotros en un juicio penal las responsabilidades del diputado. Esa es tarea de los jueces, y esperamos que la ejerzan como corresponde.
También mencionaba recién la señora diputada Sosa que no quería que esto terminara con De Vido, que fuera De Vido y nada más. Yo tampoco quiero que termine acá, con De Vido. A mí me gustaría que ante cada persona que tenga un procesamiento y que se ampare en sus fueros para no ser correctamente investigada, vengan los jueces a nuestra Cámara a pedirnos los desafueros. (Aplausos.) De los que están ahora y de los entrarán en diciembre también. (Aplausos.)
Pero la tarea que vamos a hacer no termina con desaforar al señor diputado De Vido, y en esto sí coincido con los preopinantes. Por supuesto que tenemos que hacer mucho más, y es nuestra obligación hacerlo aquí, como legisladores. Tenemos que hacer que la función pública no sea nunca más un botín de funcionarios corruptos, y para eso necesitamos nuevos marcos normativos. Necesitamos la ley de extinción de dominio, que duerme en el Senado de la Nación. (Aplausos.) Necesitamos que devuelvan cada peso que se han robado, porque es un peso que los argentinos queremos reinvertido en trenes, en cloacas, en agua, en educación, en seguridad. Necesitamos un régimen penal de las personas jurídicas, porque está el que cobra la coima y el que la paga, y ambos deben tener responsabilidad.
Asimismo, necesitamos recuperar una Justicia independiente en todos los niveles y modificar la legislación electoral. Le voy a pedir, señor presidente, que pongamos en tratamiento mis proyectos para que los condenados con condena simple en delitos de corrupción no puedan volver a ser candidatos en las elecciones. (Aplausos.)
Necesitamos una Justicia que investigue en tiempo real. La primera denuncia no fue de la izquierda sino de la diputada Elisa Carrió en 2004, sobre la asociación ilícita y la participación del diputado De Vido. Recién ahora -y ni siquiera es por esa causa- estamos llegando a este proceso de desafuero muchos años después. Cuánto se hubiera evitado si la Justicia hubiera actuado e investigado en el momento oportuno. Para eso necesitamos un Ministerio Público que no sea encubridor sino impulsor de la acción penal, y una ley de ética pública que suspenda inmediatamente en el ejercicio de su función a los procesados por delito de corrupción. Sin eso, vamos a seguir repitiendo la historia y lamentablemente vamos a tener que seguir juntándonos acá y en el recinto para desaforar gente que ha elegido la Cámara de Diputados para protegerse y garantizar su impunidad. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE TONELLI Tiene la palabra la señora diputada Araceli Ferreyra.
SRA. FERREYRA Señor presidente: le agradezco que la comisión haya puesto personal para acompañarme cuando concurrí a los juzgados a tomar conocimiento.
Discrepo con lo dicho con la diputada Camaño puesto que, en mi criterio, lo enviado por los distintos jueces no era un profuso material probatorio. Me parecía importante concurrir y tomar conocimiento. De hecho, en uno de los juzgados pude tener acceso a información que no estaba agregada sino solamente mencionada en el expediente, como los informes de la SIGEN y las auditorías en la causa del Juzgado 9, por el tema de Río Turbio. Quiero agradecérselo especialmente.
En uno de los juzgados pude acceder a documentación, como le comentaba; en el otro, se me negó todo acceso. Yo les dije: "Pero nos mandan un pedido de desafuero para que nosotros podamos analizar, venimos y se nos niega la información." Eso es en realidad muy grave, así que en ese sentido quería hacerle el requerimiento, señor presidente, para que, de poder a poder, se genere un reclamo. Estoy hablando concretamente del caso del juez Bonadio.
Ayer me informaron en el juzgado, y quiero compartirlo con el pleno, que el auto de procesamiento no está firme; eso implica la necesidad de esperar que quede firme, porque puede ser revertido en Cámara. Se hablaba de dos dictámenes separados y me parece correcto, porque no sería ajustado tratar ambos expedientes del mismo modo cuando, según lo informado por el juzgado, el auto de procesamiento de Bonadio no está firme. No voy hacer aquí consideraciones sobre Bonadio, que sigue siendo un juez de la servilleta, pero técnicamente no está firme.
En relación con la remisión de la documental, lo único que pude leer de toda la prueba que recolectamos ayer fue el informe de la SIGEN. Fue imposible en tan poco tiempo, con un proceso electoral en el medio, haber avanzado en ese sentido.
También quiero decir que me llaman la atención ciertas cuestiones, particularmente que aquí no estamos tratando el desafuero de un diputado con un pedido de arresto por una condena de corrupción. Como bien lo explicó un señor diputado preopinante, estamos tratando los pedidos de desafuero y de arresto -que tampoco está firme- o de prisión preventiva por obstrucción a la Justicia.
Preguntado el juez concretamente sobre cuáles eran las causales de la obstrucción, es decir, los antecedentes por los cuales De Vido está obstruyendo a la Justicia, me pasaron los fundamentos, pero lo único que está agregado en el expediente es el fallo de la Cámara. Tampoco podía ir hasta la Cámara a recolectar información en tan poco tiempo. Más allá de algunas menciones a demoras administrativas en el envío de expedientes requeridos por el juzgado, alguna destrucción de expediente, algunas fuentes tomadas de diarios, pregunté cuál era la obstrucción a la Justicia, cómo se prueba o cómo se sostiene. Ni siquiera era porque fue ministro ni nada de eso, sino que por su carácter de presidente de la Comisión de Energía y Combustibles tiene los medios suficientes para obstruir a la Justicia.
Quiero mencionar que en otro caso, si no se tratara de De Vido y un modelo negocial como el exhibido en Río Turbio, estaría votando en contra. Es un escándalo que nos digan eso por ser presidente de una comisión, siendo encima diputado opositor. Ustedes lo tuvieron sentado a Aguad y lo pusieron en el Consejo de la Magistratura, donde obstruyó los procesos penales y le permitieron la impunidad porque estaba en condiciones de ejercer. No veo cómo desde la Presidencia de una comisión se puede obstruir a la Justicia. Pero creo sí que la causa tiene una gravedad inusitada, porque este modelo de comisiones u honorarios del 20 o 21 por ciento es un escándalo.
También es un escándalo la acusación inicial de Stornelli, que empieza cuestionando solamente el tema de la evasión o de poner montos que no llegaban al tope para entrar en los controles del Estado, luego se hace una ampliación y no se avanza en esa línea. Si vamos a combatir la corrupción, ataquemos ese modelo negocial que se sigue repitiendo en este gobierno. El mismo modelo por el que está siendo investigado y acusado De Vido, por el que será desaforado, sigue hoy en los mismos términos, y eso consta en el expediente.
La ley tiene que ser pareja para todos; se van todos los corruptos o esto tiene color de linchamiento y juzgamiento político.
Por eso pido que se hagan precisiones y que se diga si al día de hoy existe alguna información que haya llegado del juzgado -que yo no conozco- o nuevas cuestiones; de lo contrario, acá se está por desaforar a un diputado nada más que por entender que, al ser presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, podría obstruir la investigación.
Si vamos a ir a fondo, se tienen que ir De Vido y también Aranguren. Los negociados de las dos causas que se investigan siguen existiendo en este gobierno. Dura lex, sed lex. Si la ley es dura para todos y es pareja, está perfecto; pero no vamos a permitir este tipo de cuestiones.
Acá se habló de que no queremos que vengan más corruptos. Les voy a decir que acaba de ser electa Susy González como senadora nacional, quien está acusada, procesada e investigada por el delito de administración fraudulenta.
¡Señores: hay que ser serios cuando se toman medidas de este tipo!
Creo que hoy se está dando un paso importante; pero fijemos criterios por si hay que tomar medidas el día de mañana. Hagámoslo teniendo en cuenta que, según lo que pude ver en el expediente, lo único que consta es un pedido de desafuero en virtud de que el diputado De Vido, al ser presidente de la Comisión de Energía, puede obstruir a la Justicia.
Si vamos a tomar una medida ejemplificadora, que sea contra la corrupción de este modelo negocial; de lo contrario, sería una tomada de pelo y un precedente nefasto para la democracia, ya que por la sola voluntad de los números se va en contra del derecho de defensa y de la legalidad democrática.
Esto es lo que decía Bertolt Brecht. Hoy se afecta a uno, ayer se afectó a los diputados de Mendoza que protestaban; en definitiva, no se puede jugar con las garantías constitucionales. En el caso del desafuero de Patti, se le dio derecho de defensa y un montón de otras cuestiones.
Creo que tenemos que ser lo suficientemente contundentes; si es por corrupción, que sea por corrupción.
¡Basta de meternos por atajos que en realidad nos deslegitiman porque luego no hay condena o no se recupera lo robado!
Hay jueces que hacen como que hacen pero en realidad nunca han hecho algo para enfrentar la corrupción que, como dijo la diputada Camaño, está contemplada en el artículo 36 -no 34- como una de las causales que debilita a la democracia misma, junto con los golpes de Estado y los alzamientos militares.
Quiero pedir entonces ese informe, y ojalá que lo que suceda mañana sea algo ejemplificador contra la corrupción y no un disciplinamiento político a los que piensan distinto.
Discrepo con lo dicho con la diputada Camaño puesto que, en mi criterio, lo enviado por los distintos jueces no era un profuso material probatorio. Me parecía importante concurrir y tomar conocimiento. De hecho, en uno de los juzgados pude tener acceso a información que no estaba agregada sino solamente mencionada en el expediente, como los informes de la SIGEN y las auditorías en la causa del Juzgado 9, por el tema de Río Turbio. Quiero agradecérselo especialmente.
En uno de los juzgados pude acceder a documentación, como le comentaba; en el otro, se me negó todo acceso. Yo les dije: "Pero nos mandan un pedido de desafuero para que nosotros podamos analizar, venimos y se nos niega la información." Eso es en realidad muy grave, así que en ese sentido quería hacerle el requerimiento, señor presidente, para que, de poder a poder, se genere un reclamo. Estoy hablando concretamente del caso del juez Bonadio.
Ayer me informaron en el juzgado, y quiero compartirlo con el pleno, que el auto de procesamiento no está firme; eso implica la necesidad de esperar que quede firme, porque puede ser revertido en Cámara. Se hablaba de dos dictámenes separados y me parece correcto, porque no sería ajustado tratar ambos expedientes del mismo modo cuando, según lo informado por el juzgado, el auto de procesamiento de Bonadio no está firme. No voy hacer aquí consideraciones sobre Bonadio, que sigue siendo un juez de la servilleta, pero técnicamente no está firme.
En relación con la remisión de la documental, lo único que pude leer de toda la prueba que recolectamos ayer fue el informe de la SIGEN. Fue imposible en tan poco tiempo, con un proceso electoral en el medio, haber avanzado en ese sentido.
También quiero decir que me llaman la atención ciertas cuestiones, particularmente que aquí no estamos tratando el desafuero de un diputado con un pedido de arresto por una condena de corrupción. Como bien lo explicó un señor diputado preopinante, estamos tratando los pedidos de desafuero y de arresto -que tampoco está firme- o de prisión preventiva por obstrucción a la Justicia.
Preguntado el juez concretamente sobre cuáles eran las causales de la obstrucción, es decir, los antecedentes por los cuales De Vido está obstruyendo a la Justicia, me pasaron los fundamentos, pero lo único que está agregado en el expediente es el fallo de la Cámara. Tampoco podía ir hasta la Cámara a recolectar información en tan poco tiempo. Más allá de algunas menciones a demoras administrativas en el envío de expedientes requeridos por el juzgado, alguna destrucción de expediente, algunas fuentes tomadas de diarios, pregunté cuál era la obstrucción a la Justicia, cómo se prueba o cómo se sostiene. Ni siquiera era porque fue ministro ni nada de eso, sino que por su carácter de presidente de la Comisión de Energía y Combustibles tiene los medios suficientes para obstruir a la Justicia.
Quiero mencionar que en otro caso, si no se tratara de De Vido y un modelo negocial como el exhibido en Río Turbio, estaría votando en contra. Es un escándalo que nos digan eso por ser presidente de una comisión, siendo encima diputado opositor. Ustedes lo tuvieron sentado a Aguad y lo pusieron en el Consejo de la Magistratura, donde obstruyó los procesos penales y le permitieron la impunidad porque estaba en condiciones de ejercer. No veo cómo desde la Presidencia de una comisión se puede obstruir a la Justicia. Pero creo sí que la causa tiene una gravedad inusitada, porque este modelo de comisiones u honorarios del 20 o 21 por ciento es un escándalo.
También es un escándalo la acusación inicial de Stornelli, que empieza cuestionando solamente el tema de la evasión o de poner montos que no llegaban al tope para entrar en los controles del Estado, luego se hace una ampliación y no se avanza en esa línea. Si vamos a combatir la corrupción, ataquemos ese modelo negocial que se sigue repitiendo en este gobierno. El mismo modelo por el que está siendo investigado y acusado De Vido, por el que será desaforado, sigue hoy en los mismos términos, y eso consta en el expediente.
La ley tiene que ser pareja para todos; se van todos los corruptos o esto tiene color de linchamiento y juzgamiento político.
Por eso pido que se hagan precisiones y que se diga si al día de hoy existe alguna información que haya llegado del juzgado -que yo no conozco- o nuevas cuestiones; de lo contrario, acá se está por desaforar a un diputado nada más que por entender que, al ser presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, podría obstruir la investigación.
Si vamos a ir a fondo, se tienen que ir De Vido y también Aranguren. Los negociados de las dos causas que se investigan siguen existiendo en este gobierno. Dura lex, sed lex. Si la ley es dura para todos y es pareja, está perfecto; pero no vamos a permitir este tipo de cuestiones.
Acá se habló de que no queremos que vengan más corruptos. Les voy a decir que acaba de ser electa Susy González como senadora nacional, quien está acusada, procesada e investigada por el delito de administración fraudulenta.
¡Señores: hay que ser serios cuando se toman medidas de este tipo!
Creo que hoy se está dando un paso importante; pero fijemos criterios por si hay que tomar medidas el día de mañana. Hagámoslo teniendo en cuenta que, según lo que pude ver en el expediente, lo único que consta es un pedido de desafuero en virtud de que el diputado De Vido, al ser presidente de la Comisión de Energía, puede obstruir a la Justicia.
Si vamos a tomar una medida ejemplificadora, que sea contra la corrupción de este modelo negocial; de lo contrario, sería una tomada de pelo y un precedente nefasto para la democracia, ya que por la sola voluntad de los números se va en contra del derecho de defensa y de la legalidad democrática.
Esto es lo que decía Bertolt Brecht. Hoy se afecta a uno, ayer se afectó a los diputados de Mendoza que protestaban; en definitiva, no se puede jugar con las garantías constitucionales. En el caso del desafuero de Patti, se le dio derecho de defensa y un montón de otras cuestiones.
Creo que tenemos que ser lo suficientemente contundentes; si es por corrupción, que sea por corrupción.
¡Basta de meternos por atajos que en realidad nos deslegitiman porque luego no hay condena o no se recupera lo robado!
Hay jueces que hacen como que hacen pero en realidad nunca han hecho algo para enfrentar la corrupción que, como dijo la diputada Camaño, está contemplada en el artículo 36 -no 34- como una de las causales que debilita a la democracia misma, junto con los golpes de Estado y los alzamientos militares.
Quiero pedir entonces ese informe, y ojalá que lo que suceda mañana sea algo ejemplificador contra la corrupción y no un disciplinamiento político a los que piensan distinto.
SR. PRESIDENTE TONELLI Señora diputada: ya que aludió al derecho de defensa, informo a todos los diputados que el diputado De Vido fue debidamente citado a esta reunión para ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, es obvio que ha optado por no asistir.
Tiene la palabra la diputada Banfi.
Tiene la palabra la diputada Banfi.
SRA. BANFI Señor presidente: aunque la exposición de la diputada Camaño fue larga, ha sido interesante ya que nos dio a todos la posibilidad de conocer mejor el expediente, principalmente para evitar incurrir en errores al momento de fundar nuestras posiciones.
En ese sentido, más allá de que acompañaré el dictamen en los dos pedidos judiciales de desafuero, hoy me interesa recordar que el 26 de julio pasado, cuando se juntaron los diputados para proteger a De Vido, se planteó que era una cuestión netamente política y que era necesario tener las herramientas judiciales para poder afectar la decisión popular. Se ve que ese diputado fue acompañado por el voto de muchos bonaerenses, que lo protegieron en este espacio.
Así como efectivamente la expulsión es una cuestión política que quisimos llevar adelante, no alcanzó el número de diputados porque decidieron proteger a De Vido. La izquierda tuvo mucho que ver con eso y tiene que hacer un mea culpa. En cambio, en esta oportunidad se trata de una cuestión judicial con efecto político, propio del carácter del imputado, que es diputado.
Si se lee bien cada uno de los fundamentos por los cuales los jueces de ambas causas llevan adelante estos pedidos de desafuero, puede verse que se está planteando el principio de igualdad ante la ley. Eso es lo que el Poder Judicial le está pidiendo al Congreso.
Los jueces quieren investigar. Bienvenido sea. Nos quejamos cuando la Justicia no hace su trabajo. Ahora nos quejamos porque quiere hacer su trabajo. Dicen que corre atrás del humor político. Son funcionarios vitalicios, el límite se lo pone el humor social. Y está bien que así sea. Nosotros tenemos justamente que generar ese límite con las decisiones políticas que toma este cuerpo.
Por lo tanto, hay dos consideraciones técnicas que deben ser bien claras. Como decía la diputada Lospennato, no deja de ser diputado. Muchos temían esto y por eso no querían expulsarlo el 26 de julio. Sigue siendo diputado. Lo que sucede en esta ocasión, con la utilización de esta herramienta, y poniendo en actividad la ley de desafueros, es que se suspenden las inmunidades para tender una mano que permita a la Justicia investigar la obra pública de doce años.
¿No era lo que Cristina quería? ¿No es lo que le pidió al juez Ercolini para ajustar la readecuación del objeto procesal en la causa que tiene por asociación ilícita? Bueno, acá está. Se está investigando la obra pública.
Señor presidente: vengo de la misma provincia que el diputado De Vido, una provincia donde la relación perversa de la obra pública con el político de turno hizo mucho daño, donde especialmente los barones del Conurbano terminaron siendo administradores de su cobardía frente al poder de De Vido.
Tuvo que venir una mujer valiente, del mismo Conurbano, para terminar con los negociados de la política. Por eso quiero decirles a todos aquellos diputados que la otra vez votaron protegiendo a De Vido -por miedo a las represalias, a la venganza, a que los salpique- que el domingo terminó la impunidad en la Argentina. ¡El domingo terminó la impunidad en la Argentina!
Lo que tenemos para decirles a esos diputados -y a todos los argentinos- es que mañana voten tranquilos por este desafuero porque se terminó la impunidad en este país. Ahora somos todos iguales ante la ley. (Aplausos.)
En ese sentido, más allá de que acompañaré el dictamen en los dos pedidos judiciales de desafuero, hoy me interesa recordar que el 26 de julio pasado, cuando se juntaron los diputados para proteger a De Vido, se planteó que era una cuestión netamente política y que era necesario tener las herramientas judiciales para poder afectar la decisión popular. Se ve que ese diputado fue acompañado por el voto de muchos bonaerenses, que lo protegieron en este espacio.
Así como efectivamente la expulsión es una cuestión política que quisimos llevar adelante, no alcanzó el número de diputados porque decidieron proteger a De Vido. La izquierda tuvo mucho que ver con eso y tiene que hacer un mea culpa. En cambio, en esta oportunidad se trata de una cuestión judicial con efecto político, propio del carácter del imputado, que es diputado.
Si se lee bien cada uno de los fundamentos por los cuales los jueces de ambas causas llevan adelante estos pedidos de desafuero, puede verse que se está planteando el principio de igualdad ante la ley. Eso es lo que el Poder Judicial le está pidiendo al Congreso.
Los jueces quieren investigar. Bienvenido sea. Nos quejamos cuando la Justicia no hace su trabajo. Ahora nos quejamos porque quiere hacer su trabajo. Dicen que corre atrás del humor político. Son funcionarios vitalicios, el límite se lo pone el humor social. Y está bien que así sea. Nosotros tenemos justamente que generar ese límite con las decisiones políticas que toma este cuerpo.
Por lo tanto, hay dos consideraciones técnicas que deben ser bien claras. Como decía la diputada Lospennato, no deja de ser diputado. Muchos temían esto y por eso no querían expulsarlo el 26 de julio. Sigue siendo diputado. Lo que sucede en esta ocasión, con la utilización de esta herramienta, y poniendo en actividad la ley de desafueros, es que se suspenden las inmunidades para tender una mano que permita a la Justicia investigar la obra pública de doce años.
¿No era lo que Cristina quería? ¿No es lo que le pidió al juez Ercolini para ajustar la readecuación del objeto procesal en la causa que tiene por asociación ilícita? Bueno, acá está. Se está investigando la obra pública.
Señor presidente: vengo de la misma provincia que el diputado De Vido, una provincia donde la relación perversa de la obra pública con el político de turno hizo mucho daño, donde especialmente los barones del Conurbano terminaron siendo administradores de su cobardía frente al poder de De Vido.
Tuvo que venir una mujer valiente, del mismo Conurbano, para terminar con los negociados de la política. Por eso quiero decirles a todos aquellos diputados que la otra vez votaron protegiendo a De Vido -por miedo a las represalias, a la venganza, a que los salpique- que el domingo terminó la impunidad en la Argentina. ¡El domingo terminó la impunidad en la Argentina!
Lo que tenemos para decirles a esos diputados -y a todos los argentinos- es que mañana voten tranquilos por este desafuero porque se terminó la impunidad en este país. Ahora somos todos iguales ante la ley. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE TONELLI Tiene la palabra el señor diputado Sánchez.
SR. SÁNCHEZ No voy a hacer uso de la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE TONELLI Tiene la palabra el señor diputado Lipovetzky.
-No se encuentra presente.
-No se encuentra presente.
SR. PRESIDENTE TONELLI Continuamos con la lista.
Tiene la palabra el señor diputado Raffo.
Tiene la palabra el señor diputado Raffo.
SR. RAFFO Señor presidente: voy a poner unas pequeñas notas al pie de página de lo que expresó la presidenta de nuestro bloque, la diputada Camaño.
En primer lugar debo señalar que, como ustedes saben, estoy involucrado en una querella, como dice el artículo 70 de la Constitución. Pedí a la Cámara que me privara de los fueros. Lo invité a De Vido a hacer lo mismo, pero no tuvo el gesto ético de aceptar la sugerencia. Tampoco tuvo la visión política de advertir que, al no hacerlo por su propia voluntad, llegaría el día en que debiéramos hacerlo nosotros contra su propia voluntad.
En segundo lugar, en honor a la verdad debo decir -soy amigo de todos, pero soy más amigo de la verdad- que acá no solo se lo protegió a De Vido cuando se rechazó la expulsión sino también cuando no se trató el proyecto de la diputada Carrizo y mío pidiendo que se iniciara este procedimiento.
El artículo 70 dice "cuando se forme querella"; no dice "cuando un juez lo pida". No existe esta exigencia.
Le voy a pedir afectuosamente a la diputada Lospennato que no espere a que lleguen los pedidos de los jueces, porque la Constitución no tiene esa exigencia. Todo el país sabía que había querella, menos esta Cámara; todo el país estaba interesado en el tema. En la página del Poder Judicial de la Nación figuraban las querellas; nadie las leía. Si no lo pedía el juez, no lo íbamos a hacer, y esa es una capitis diminutio inaceptable. Esta Cámara tiene la facultad de pedir informes al Poder Judicial a través del Ministerio de Justicia para informarse sobre las querellas e iniciar el procedimiento que establece el artículo 70 de la Constitución Nacional.
Si están preocupados porque todavía el señor De Vido puede interferir, entendamos que ya hubiera dejado de interferir si hubiésemos transitado por el proyecto de la señora diputada Carrizo, o subsidiariamente el mío, y si hubiéramos seguido el formidable discurso que en esa línea hizo el señor diputado Alfonsín.
Termino exhortando a la Cámara -yo me voy pronto, pero queda la mayoría de ustedes- en el sentido de que no mantengan esa capitis diminutio en la Honorable Cámara de Diputados Nación esperando a que haya un pedido del juez, porque no es necesario. La Constitución no lo pide y no hay norma que lo exija. Solo el deseo de sentirse menos de lo que se es, puede fundamentar esa actitud.
Invito al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales a que sugiera al titular de la Honorable Cámara de Diputados, el señor diputado Monzó, que rechace los términos de la nota que presentó el diputado De Vido, porque en esa nota hay afirmaciones a mi juicio infundadas y porque mezcla la Biblia con el calefón. Además, termina anunciando, preanunciando o alertando sobre un peligro de su vida. No sé si ustedes prestaron atención, cuando él dice que tiene la esperanza de llegar con vida a finalizar este recorrido. ¿Que está denunciando? ¿Que está insinuando? No lo sé, pero sé que los términos de esa carta son inaceptables, y más allá de la decisión que tome el cuerpo respecto del pedido que él hace, pido se rechacen los términos en que fue presentada. (Aplausos.)
En primer lugar debo señalar que, como ustedes saben, estoy involucrado en una querella, como dice el artículo 70 de la Constitución. Pedí a la Cámara que me privara de los fueros. Lo invité a De Vido a hacer lo mismo, pero no tuvo el gesto ético de aceptar la sugerencia. Tampoco tuvo la visión política de advertir que, al no hacerlo por su propia voluntad, llegaría el día en que debiéramos hacerlo nosotros contra su propia voluntad.
En segundo lugar, en honor a la verdad debo decir -soy amigo de todos, pero soy más amigo de la verdad- que acá no solo se lo protegió a De Vido cuando se rechazó la expulsión sino también cuando no se trató el proyecto de la diputada Carrizo y mío pidiendo que se iniciara este procedimiento.
El artículo 70 dice "cuando se forme querella"; no dice "cuando un juez lo pida". No existe esta exigencia.
Le voy a pedir afectuosamente a la diputada Lospennato que no espere a que lleguen los pedidos de los jueces, porque la Constitución no tiene esa exigencia. Todo el país sabía que había querella, menos esta Cámara; todo el país estaba interesado en el tema. En la página del Poder Judicial de la Nación figuraban las querellas; nadie las leía. Si no lo pedía el juez, no lo íbamos a hacer, y esa es una capitis diminutio inaceptable. Esta Cámara tiene la facultad de pedir informes al Poder Judicial a través del Ministerio de Justicia para informarse sobre las querellas e iniciar el procedimiento que establece el artículo 70 de la Constitución Nacional.
Si están preocupados porque todavía el señor De Vido puede interferir, entendamos que ya hubiera dejado de interferir si hubiésemos transitado por el proyecto de la señora diputada Carrizo, o subsidiariamente el mío, y si hubiéramos seguido el formidable discurso que en esa línea hizo el señor diputado Alfonsín.
Termino exhortando a la Cámara -yo me voy pronto, pero queda la mayoría de ustedes- en el sentido de que no mantengan esa capitis diminutio en la Honorable Cámara de Diputados Nación esperando a que haya un pedido del juez, porque no es necesario. La Constitución no lo pide y no hay norma que lo exija. Solo el deseo de sentirse menos de lo que se es, puede fundamentar esa actitud.
Invito al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales a que sugiera al titular de la Honorable Cámara de Diputados, el señor diputado Monzó, que rechace los términos de la nota que presentó el diputado De Vido, porque en esa nota hay afirmaciones a mi juicio infundadas y porque mezcla la Biblia con el calefón. Además, termina anunciando, preanunciando o alertando sobre un peligro de su vida. No sé si ustedes prestaron atención, cuando él dice que tiene la esperanza de llegar con vida a finalizar este recorrido. ¿Que está denunciando? ¿Que está insinuando? No lo sé, pero sé que los términos de esa carta son inaceptables, y más allá de la decisión que tome el cuerpo respecto del pedido que él hace, pido se rechacen los términos en que fue presentada. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE TONELLI Ya que aludió a la finalización de su mandato, señor diputado, le digo que está cordialmente invitado a seguir viniendo a las reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales las veces que quiera. Lo vamos a recibir con todo afecto. (Aplausos.)
SR. RAFFO Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE TONELLI Tiene la palabra la señora diputada Copes.
SRA. COPES Señor presidente: he pedido la palabra justamente por alguna de las cuestiones que he escuchado.
En julio pasado he oído a muchos diputados decir que si venía el pedido de un juez, acompañarían el desafuero. Quiero pensar entonces que mañana va a alcanzar el número para desaforar al diputado De Vido.
Por otro lado, quisiera también aclarar algunos temas. El desafuero forma parte de los privilegios e inmunidades de los diputados, junto con el hecho de poder elegir nuestras autoridades, dictar nuestro propio reglamento y la inmunidad de arresto. Ahora bien, la palabra "desafuero", que muchas veces ha sido tan mal interpretada, no tiene que ver con proteger a personas que posiblemente cometieron delitos. Los fueros para el diputado tienen que ver con que pueda expresarse, que tenga libertad de pensamiento y con una serie de cuestiones. Aquí las palabras "inmunidad" y "privilegio" no tienen connotación negativa sino que son una manera de proteger esa libertad de pensamiento y de expresión. Pero esto no tiene nada que ver con proteger a quienes posiblemente hayan cometido delitos.
Quisiera recordar que en julio pasado teníamos un pedido del fiscal Stornelli, pero el juez Sergio Rodríguez se negó a cursar el pedido de desafuero. Por eso fue a la Cámara.
Aquí he escuchado que no está claro que De Vido pudiera entorpecer la investigación en orden a que finalmente no se conozca la verdad respecto de la causa Yacimiento Carboníferos Río Turbio. Si uno lee bien lo que dice la Cámara, ella prácticamente toma la definición de "corrupción" como "criminalidad organizada". Me llamó la atención porque dice que "revisten una importante e inusual complejidad, detallado como un significativo entramado de corrupción, de permanencia en el tiempo", algo que ha sido leído acá. Pero lo cierto es que hay países donde esta corrupción estructural ni siquiera es concebida como tal.
Me llama la atención que la Cámara prácticamente se refiera a criminalidad organizada para el caso de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Lo cierto es que la triangulación entre Yacimientos Carboníferos, la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional junto con su Fundación y, como dice la misma Cámara, una serie de funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y de las municipalidades de Río Turbio y de Río Gallegos, sumado al hecho de que De Vido tiene trayectoria desde Santa Cruz en adelante, en el gobierno, acompañando a los Kirchner, y hoy es presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, hacen que la Cámara diga textualmente: "El nombrado tendría a su alcance las oportunidades y los medios necesarios, considerando especialmente la capacidad de influenciar y determinar a terceros para intentar entorpecer la pesquisa y provocar una grave afectación al avance del proceso y a la averiguación de lo ocurrido."
Nadie teme que estemos ante un inminente peligro de fuga de De Vido. Lo que la Cámara dice es que es evidente que tiene la capacidad para influenciar y entorpecer una investigación tremendamente compleja, que claramente es criminalidad organizada, y que verdaderamente en ese caso los tiempos son fundamentales.
El señor diputado Incicco ha leído una parte que también me interesa recordar: "Su libertad constituye un riesgo para el proceso en curso. Su encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación." Yo agrego: "Para ello, más allá de toda especulación, el tiempo es fundamental frente a los peligros concretos de obstrucción verificados." Para mí está largamente fundamentado.
He escuchado que una diputada -lamento que ahora no esté presente- fue a averiguar en qué estado está la causa y dijo que no está firme, etcétera. Lamentablemente yo no he ido, pero sí he leído la fundamentación de la Cámara y me parece que los argumentos son sobrados -son concisos pero sobrados-, por la gravedad de lo que expresan. Así que no tengo ninguna duda respecto de la necesidad de proceder al desafuero del diputado De Vido y, por supuesto, ponerlo a disposición de la Justicia.
Respecto de esta causa, referida a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, no quiero dejar de hacer referencia a que se trata de una larga investigación, que abarca hechos que van de 2008 a 2016. Por eso, en esta biografía rápida que he hecho de De Vido, la verdad es que él tiene una participación directa por sus funciones a lo largo de todos estos años.
Me olvidé de decir que hablamos de 26.000 millones de pesos y que Río Turbio sigue funcionando como en 1953. No queda claro dónde están esos 26.000 millones de pesos, puesto que Río Turbio sigue funcionando como en la década del 50.
Por otra parte, quisiera ser más política en cuanto al otro pedido de desafuero, por la causa de la compra directa de gas. Ni quiero acordarme de cómo, sin dinero, Eskenazi se quedó con el 27 por ciento. Por eso vamos a poner un punto en el año 2008. Olvidémonos de Eskenazi, porque ese relato realmente parece de ciencia ficción para el ciudadano común.
El punto es que en 2008 el secretario de Comercio Interior aprobó un acta -eso sí fue traición a la Patria- por la que permitió a Repsol YPF llevarse el 95 por ciento de las ganancias.
En el resto del mundo, cualquier compañía petrolera solamente puede retirar del 30 al 35 por ciento de las ganancias, porque debe mantener los niveles de reservas en términos de exploración y explotación.
Esa acta se aprobó en clara contravención a la ley de hidrocarburos. En efecto, esta norma permite retirar la concesión si no se garantizan los niveles de reservas, exploración y explotación.
Obviamente, ¿qué va a decir Repsol? ¿En qué lugar del mundo le iban a permitir que, quedándose con el 73 por ciento, pudiera retirar el 95 por ciento de las ganancias? Y eso sin contar el capítulo acerca de Eskenazi.
Esto fue traición a la Patria, ya que iba en contra de lo que establece la ley de hidrocarburos.
Por supuesto que esto se trataba de la crónica de una muerte anunciada porque obviamente nos íbamos a quedar sin las exploraciones y sin los niveles de reservas. Aquí se buscó el desabastecimiento, es decir, que no tuviéramos autoabastecimiento. Antes exportábamos 6.000 millones de dólares en energía y hoy tenemos que importar entre 14.000 y 16.000 millones de dólares.
Cuando uno cuenta en el extranjero que YPF fue vaciada a propósito y que entonces no podemos mantener los niveles de reserva, de exploración y de explotación, nadie puede creer que no se le haya sacado la concesión a la empresa.
Por otro lado, comprábamos el millón de BTU a Qatar por 18 dólares; a Bolivia, entre 11 y 13 dólares, y al inversor local por menos de 3 dólares. ¿Qué sucedió entonces? Y esto para mí también es traición a la Patria: se provocó la pérdida del autoabastecimiento desalentando la inversión, ya que había que justificar la compra de energía por contratos directos.
Todos sabemos qué pasó con estos contratos directos, por 28.000 millones de dólares. Todos sabemos que esa es la matriz de corrupción. Se trae gas licuado que hay que regasificar. Todos sabemos que el gasoducto que va a Chile antes servía para que nosotros le vendiésemos a ese país pero hoy sirve para que éste nos venda a nosotros.
Esto es una barbaridad. El desautoabastecimiento fue buscado para permitir la contratación directa.
Vaciar esa empresa ha sido una decisión en connivencia con el gobierno, a cambio de la desinversión, de la pérdida de nuestras reservas y de la situación en la que nos encontramos hoy.
¿Qué se les ocurrió para tapar todo esto? ¿No les hace acordar a lo que sucedió en el caso Ciccone? Se les ocurrió estatizar. ¡Qué linda palabra! No se le iba a pagar un peso a Repsol pero se le terminó pagando 10.000 millones de dólares pese a que la empresa costaba 5.000 millones.
Es por ello que quiero contextualizar en qué causas se producen estos pedidos de desafuero. Al ingresar a la Cámara he tenido que estudiar -lo admito- acerca de la criminalidad organizada. Ambas causas son de criminalidad organizada, por su complejidad. Se trata de estructuras al servicio de un mercado que da ganancias y que implica negocios lícitos e ilícitos, con una altísima participación del gobierno.
Cuando se dice que se ha saqueado al Estado parece algo abstracto. Se ha saqueado a los argentinos. Esa es la palabra.
Por lo tanto, en estas dos causas de criminalidad organizada mañana no queda otra opción que no sea la de desaforar.
Ahora bien, desaforar no es sancionar; no tiene un efecto sancionatorio. Lo que le estamos diciendo al diputado es: "Usted pasa a ser un ciudadano común ante la ley; no tiene más inmunidades". Dichas inmunidades no son para proteger a posibles autores de delitos. (Aplausos.)
En julio pasado he oído a muchos diputados decir que si venía el pedido de un juez, acompañarían el desafuero. Quiero pensar entonces que mañana va a alcanzar el número para desaforar al diputado De Vido.
Por otro lado, quisiera también aclarar algunos temas. El desafuero forma parte de los privilegios e inmunidades de los diputados, junto con el hecho de poder elegir nuestras autoridades, dictar nuestro propio reglamento y la inmunidad de arresto. Ahora bien, la palabra "desafuero", que muchas veces ha sido tan mal interpretada, no tiene que ver con proteger a personas que posiblemente cometieron delitos. Los fueros para el diputado tienen que ver con que pueda expresarse, que tenga libertad de pensamiento y con una serie de cuestiones. Aquí las palabras "inmunidad" y "privilegio" no tienen connotación negativa sino que son una manera de proteger esa libertad de pensamiento y de expresión. Pero esto no tiene nada que ver con proteger a quienes posiblemente hayan cometido delitos.
Quisiera recordar que en julio pasado teníamos un pedido del fiscal Stornelli, pero el juez Sergio Rodríguez se negó a cursar el pedido de desafuero. Por eso fue a la Cámara.
Aquí he escuchado que no está claro que De Vido pudiera entorpecer la investigación en orden a que finalmente no se conozca la verdad respecto de la causa Yacimiento Carboníferos Río Turbio. Si uno lee bien lo que dice la Cámara, ella prácticamente toma la definición de "corrupción" como "criminalidad organizada". Me llamó la atención porque dice que "revisten una importante e inusual complejidad, detallado como un significativo entramado de corrupción, de permanencia en el tiempo", algo que ha sido leído acá. Pero lo cierto es que hay países donde esta corrupción estructural ni siquiera es concebida como tal.
Me llama la atención que la Cámara prácticamente se refiera a criminalidad organizada para el caso de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Lo cierto es que la triangulación entre Yacimientos Carboníferos, la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional junto con su Fundación y, como dice la misma Cámara, una serie de funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y de las municipalidades de Río Turbio y de Río Gallegos, sumado al hecho de que De Vido tiene trayectoria desde Santa Cruz en adelante, en el gobierno, acompañando a los Kirchner, y hoy es presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, hacen que la Cámara diga textualmente: "El nombrado tendría a su alcance las oportunidades y los medios necesarios, considerando especialmente la capacidad de influenciar y determinar a terceros para intentar entorpecer la pesquisa y provocar una grave afectación al avance del proceso y a la averiguación de lo ocurrido."
Nadie teme que estemos ante un inminente peligro de fuga de De Vido. Lo que la Cámara dice es que es evidente que tiene la capacidad para influenciar y entorpecer una investigación tremendamente compleja, que claramente es criminalidad organizada, y que verdaderamente en ese caso los tiempos son fundamentales.
El señor diputado Incicco ha leído una parte que también me interesa recordar: "Su libertad constituye un riesgo para el proceso en curso. Su encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación." Yo agrego: "Para ello, más allá de toda especulación, el tiempo es fundamental frente a los peligros concretos de obstrucción verificados." Para mí está largamente fundamentado.
He escuchado que una diputada -lamento que ahora no esté presente- fue a averiguar en qué estado está la causa y dijo que no está firme, etcétera. Lamentablemente yo no he ido, pero sí he leído la fundamentación de la Cámara y me parece que los argumentos son sobrados -son concisos pero sobrados-, por la gravedad de lo que expresan. Así que no tengo ninguna duda respecto de la necesidad de proceder al desafuero del diputado De Vido y, por supuesto, ponerlo a disposición de la Justicia.
Respecto de esta causa, referida a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, no quiero dejar de hacer referencia a que se trata de una larga investigación, que abarca hechos que van de 2008 a 2016. Por eso, en esta biografía rápida que he hecho de De Vido, la verdad es que él tiene una participación directa por sus funciones a lo largo de todos estos años.
Me olvidé de decir que hablamos de 26.000 millones de pesos y que Río Turbio sigue funcionando como en 1953. No queda claro dónde están esos 26.000 millones de pesos, puesto que Río Turbio sigue funcionando como en la década del 50.
Por otra parte, quisiera ser más política en cuanto al otro pedido de desafuero, por la causa de la compra directa de gas. Ni quiero acordarme de cómo, sin dinero, Eskenazi se quedó con el 27 por ciento. Por eso vamos a poner un punto en el año 2008. Olvidémonos de Eskenazi, porque ese relato realmente parece de ciencia ficción para el ciudadano común.
El punto es que en 2008 el secretario de Comercio Interior aprobó un acta -eso sí fue traición a la Patria- por la que permitió a Repsol YPF llevarse el 95 por ciento de las ganancias.
En el resto del mundo, cualquier compañía petrolera solamente puede retirar del 30 al 35 por ciento de las ganancias, porque debe mantener los niveles de reservas en términos de exploración y explotación.
Esa acta se aprobó en clara contravención a la ley de hidrocarburos. En efecto, esta norma permite retirar la concesión si no se garantizan los niveles de reservas, exploración y explotación.
Obviamente, ¿qué va a decir Repsol? ¿En qué lugar del mundo le iban a permitir que, quedándose con el 73 por ciento, pudiera retirar el 95 por ciento de las ganancias? Y eso sin contar el capítulo acerca de Eskenazi.
Esto fue traición a la Patria, ya que iba en contra de lo que establece la ley de hidrocarburos.
Por supuesto que esto se trataba de la crónica de una muerte anunciada porque obviamente nos íbamos a quedar sin las exploraciones y sin los niveles de reservas. Aquí se buscó el desabastecimiento, es decir, que no tuviéramos autoabastecimiento. Antes exportábamos 6.000 millones de dólares en energía y hoy tenemos que importar entre 14.000 y 16.000 millones de dólares.
Cuando uno cuenta en el extranjero que YPF fue vaciada a propósito y que entonces no podemos mantener los niveles de reserva, de exploración y de explotación, nadie puede creer que no se le haya sacado la concesión a la empresa.
Por otro lado, comprábamos el millón de BTU a Qatar por 18 dólares; a Bolivia, entre 11 y 13 dólares, y al inversor local por menos de 3 dólares. ¿Qué sucedió entonces? Y esto para mí también es traición a la Patria: se provocó la pérdida del autoabastecimiento desalentando la inversión, ya que había que justificar la compra de energía por contratos directos.
Todos sabemos qué pasó con estos contratos directos, por 28.000 millones de dólares. Todos sabemos que esa es la matriz de corrupción. Se trae gas licuado que hay que regasificar. Todos sabemos que el gasoducto que va a Chile antes servía para que nosotros le vendiésemos a ese país pero hoy sirve para que éste nos venda a nosotros.
Esto es una barbaridad. El desautoabastecimiento fue buscado para permitir la contratación directa.
Vaciar esa empresa ha sido una decisión en connivencia con el gobierno, a cambio de la desinversión, de la pérdida de nuestras reservas y de la situación en la que nos encontramos hoy.
¿Qué se les ocurrió para tapar todo esto? ¿No les hace acordar a lo que sucedió en el caso Ciccone? Se les ocurrió estatizar. ¡Qué linda palabra! No se le iba a pagar un peso a Repsol pero se le terminó pagando 10.000 millones de dólares pese a que la empresa costaba 5.000 millones.
Es por ello que quiero contextualizar en qué causas se producen estos pedidos de desafuero. Al ingresar a la Cámara he tenido que estudiar -lo admito- acerca de la criminalidad organizada. Ambas causas son de criminalidad organizada, por su complejidad. Se trata de estructuras al servicio de un mercado que da ganancias y que implica negocios lícitos e ilícitos, con una altísima participación del gobierno.
Cuando se dice que se ha saqueado al Estado parece algo abstracto. Se ha saqueado a los argentinos. Esa es la palabra.
Por lo tanto, en estas dos causas de criminalidad organizada mañana no queda otra opción que no sea la de desaforar.
Ahora bien, desaforar no es sancionar; no tiene un efecto sancionatorio. Lo que le estamos diciendo al diputado es: "Usted pasa a ser un ciudadano común ante la ley; no tiene más inmunidades". Dichas inmunidades no son para proteger a posibles autores de delitos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE TONELLI Tiene la palabra el señor diputado Brügge.
SR. BRÜGGE Señor presidente: a esta altura del desarrollo de la reunión vamos a tratar de no ser repetitivos. Mañana será la oportunidad de hacer otro tipo de alegaciones.
Quiero marcar algunos puntos del proceso que estamos llevando adelante como para establecer que estamos dentro de los marcos legales. No olvidemos que la ley 25.320 establece el procedimiento que está llevando adelante la Comisión de Asuntos Constitucionales frente a los pedidos formales de desafuero. Esto está en concordancia con el artículo 70 de la Constitución Nacional, que ha sido debidamente mencionado.
Especialmente quiero señalar que si existe la intención de dos jueces federales y una cámara federal de ordenar la prisión preventiva contra un diputado, el procedimiento es el establecido en la ley enunciada hace un momento.
Por lo tanto, el pedido formal que han hecho los jueces no solamente se hizo en función de la Constitución sino de la ley, que surgió -ya lo hemos dicho muchas veces- como consecuencia del proceso de 2001, que llevó a establecer la flexibilización de los fueros. En diferentes planteos que hemos hecho en el interbloque que integro -UNA, 1País- hemos manifestado que dicha iniciativa busca terminar con la necesidad de que los jueces deban transitar esta instancia que todos estamos transitando y que todos los diputados de la Nación podamos ser detenidos o arrestados sin necesidad de pasar por este proceso.
Esto porque hay una merituación que hoy martes estamos evaluando en esta primera etapa de la comisión. Se trata de una merituación que alcanza, ya que está toda la documentación que requieren la ley y la Constitución para que podamos emitir un voto informado. Estamos votando no por una decisión política exclusivamente sino por una decisión fundada en los documentos que hemos tenido a la vista. Es más, la misma comisión y su Presidencia se ha encargado de invitar -a través del juzgado competente- a sus miembros a participar y poder conocer los pormenores de las causas, que son voluminosas.
Son complejas las investigaciones realizadas, pero se llegó a conclusiones donde existe el grado de semiplena prueba, ese grado de verosimilitud que nosotros, los abogados, entendemos como el sobrepeso necesario para que uno pueda tener la convicción de estar en presencia de la posible comisión de un delito.
Lo que no se ha señalado acá es la cantidad de hechos que trae aparejados cada una de estas causas, hechos que por aplicación del Código Penal generarán una acumulación de condenas, y esta acumulación de condenas tiene como uno de sus principales autores -o coautores- al diputado De Vido. Por lo tanto, la probabilidad en estas dos únicas causas -donde hay un pedido de desafuero; no olvidemos que tenemos 26 procesamientos, 90 denuncias, etcétera, en causas que están hoy en juicio- es cierta, debido a los tipos de delitos imputados, de llegar a una pena cercana a los doce años de prisión. Si alguien está en riesgo de tener una condena de estas características, solo en estas dos causas, existe una probabilidad de que se pueda eludir la Justicia.
Me circunscribo a lo que estamos tratando hoy en esta comisión; mañana se harán también otras merituaciones y otras valoraciones para lograr la mayoría correspondiente. Creo que hoy están dadas sobradamente las condiciones como para poder dictaminar favorablemente en ambos pedidos de desafuero.
Al respecto, también es importante señalar que había que hacer dos dictámenes, porque conforme a la ley 25.320, son dos jueces diferentes los que están solicitando el desafuero, por causas diferentes. Si bien en el antecedente "Balbín" la Corte Suprema dijo en su momento que un desafuero alcanza, yo me pregunto qué pasaría si aprobáramos solamente un desafuero y en esa causa luego el diputado De Vido -quien ya ha comenzado a hacer planteos recursivos- obtuviera una decisión favorable o una excarcelación. Nos quedaríamos a mitad de camino y tendríamos que volver a tratar el otro desafuero, si es que estamos dentro de los 60 días que prevé la ley 25.320.
Este no es un tema menor. Si bien las cuestiones jurídicas y formales quizás no le interesa demasiado a la población, porque no está en el tema, tenemos que tenerlas en cuenta porque estamos en un estado de derecho y queremos que la Constitución rija y que todos los argentinos tengan el derecho a ser tratados por igual frente a la ley, respetándose el debido proceso.
Por eso celebro que el señor diputado De Vido haya hecho una presentación por escrito y que sea leída en última instancia, porque eso significa que, más allá de que en esta etapa no es necesario hacer un debido proceso y un derecho de defensa, también hemos cubierto en esta instancia esa posibilidad, que tanto la doctrina como la jurisprudencia en forma mayoritaria dicen que no es necesaria. Repito que hasta el corrupto más grande de este país tiene derecho a ser juzgado en el marco de la ley. Eso nos hace fuertes, demócratas y hombres de derecho, y por supuesto el día de mañana seremos un gran país si seguimos las reglas de nuestra Constitución. (Aplausos.)
Quiero marcar algunos puntos del proceso que estamos llevando adelante como para establecer que estamos dentro de los marcos legales. No olvidemos que la ley 25.320 establece el procedimiento que está llevando adelante la Comisión de Asuntos Constitucionales frente a los pedidos formales de desafuero. Esto está en concordancia con el artículo 70 de la Constitución Nacional, que ha sido debidamente mencionado.
Especialmente quiero señalar que si existe la intención de dos jueces federales y una cámara federal de ordenar la prisión preventiva contra un diputado, el procedimiento es el establecido en la ley enunciada hace un momento.
Por lo tanto, el pedido formal que han hecho los jueces no solamente se hizo en función de la Constitución sino de la ley, que surgió -ya lo hemos dicho muchas veces- como consecuencia del proceso de 2001, que llevó a establecer la flexibilización de los fueros. En diferentes planteos que hemos hecho en el interbloque que integro -UNA, 1País- hemos manifestado que dicha iniciativa busca terminar con la necesidad de que los jueces deban transitar esta instancia que todos estamos transitando y que todos los diputados de la Nación podamos ser detenidos o arrestados sin necesidad de pasar por este proceso.
Esto porque hay una merituación que hoy martes estamos evaluando en esta primera etapa de la comisión. Se trata de una merituación que alcanza, ya que está toda la documentación que requieren la ley y la Constitución para que podamos emitir un voto informado. Estamos votando no por una decisión política exclusivamente sino por una decisión fundada en los documentos que hemos tenido a la vista. Es más, la misma comisión y su Presidencia se ha encargado de invitar -a través del juzgado competente- a sus miembros a participar y poder conocer los pormenores de las causas, que son voluminosas.
Son complejas las investigaciones realizadas, pero se llegó a conclusiones donde existe el grado de semiplena prueba, ese grado de verosimilitud que nosotros, los abogados, entendemos como el sobrepeso necesario para que uno pueda tener la convicción de estar en presencia de la posible comisión de un delito.
Lo que no se ha señalado acá es la cantidad de hechos que trae aparejados cada una de estas causas, hechos que por aplicación del Código Penal generarán una acumulación de condenas, y esta acumulación de condenas tiene como uno de sus principales autores -o coautores- al diputado De Vido. Por lo tanto, la probabilidad en estas dos únicas causas -donde hay un pedido de desafuero; no olvidemos que tenemos 26 procesamientos, 90 denuncias, etcétera, en causas que están hoy en juicio- es cierta, debido a los tipos de delitos imputados, de llegar a una pena cercana a los doce años de prisión. Si alguien está en riesgo de tener una condena de estas características, solo en estas dos causas, existe una probabilidad de que se pueda eludir la Justicia.
Me circunscribo a lo que estamos tratando hoy en esta comisión; mañana se harán también otras merituaciones y otras valoraciones para lograr la mayoría correspondiente. Creo que hoy están dadas sobradamente las condiciones como para poder dictaminar favorablemente en ambos pedidos de desafuero.
Al respecto, también es importante señalar que había que hacer dos dictámenes, porque conforme a la ley 25.320, son dos jueces diferentes los que están solicitando el desafuero, por causas diferentes. Si bien en el antecedente "Balbín" la Corte Suprema dijo en su momento que un desafuero alcanza, yo me pregunto qué pasaría si aprobáramos solamente un desafuero y en esa causa luego el diputado De Vido -quien ya ha comenzado a hacer planteos recursivos- obtuviera una decisión favorable o una excarcelación. Nos quedaríamos a mitad de camino y tendríamos que volver a tratar el otro desafuero, si es que estamos dentro de los 60 días que prevé la ley 25.320.
Este no es un tema menor. Si bien las cuestiones jurídicas y formales quizás no le interesa demasiado a la población, porque no está en el tema, tenemos que tenerlas en cuenta porque estamos en un estado de derecho y queremos que la Constitución rija y que todos los argentinos tengan el derecho a ser tratados por igual frente a la ley, respetándose el debido proceso.
Por eso celebro que el señor diputado De Vido haya hecho una presentación por escrito y que sea leída en última instancia, porque eso significa que, más allá de que en esta etapa no es necesario hacer un debido proceso y un derecho de defensa, también hemos cubierto en esta instancia esa posibilidad, que tanto la doctrina como la jurisprudencia en forma mayoritaria dicen que no es necesaria. Repito que hasta el corrupto más grande de este país tiene derecho a ser juzgado en el marco de la ley. Eso nos hace fuertes, demócratas y hombres de derecho, y por supuesto el día de mañana seremos un gran país si seguimos las reglas de nuestra Constitución. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE TONELLI Tiene la palabra el señor diputado Lipovetzky, quien ahora se encuentra presente.
SR. LIPOVETZKY Pido disculpas por mi ausencia. Gracias por darme la palabra por segunda vez, señor presidente. Me comprometo a ser muy breve porque todo lo que se ha dicho aquí ha sido más que claro y muy ilustrativo.
Primero, voy a ratificar lo que se ha analizado respecto de las dos causas judiciales y de los dos pedidos que han sido girados por los jueces Rodríguez y Bonadio, porque me parece que esa es la clave. Creo que con los discursos que hemos escuchado hoy ha quedado absolutamente claro que cada uno de los diputados miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales aquí sentados hemos estudiado ambas causas y nos hemos formado opinión para firmar favorablemente los dictámenes en ambos pedidos de desafuero.
Por supuesto que uno no hubiera querido llegar a esta situación, dado que uno cree que los fueros que están previstos tanto en la Constitución como en la ley 25.320 no están destinados a ser una protección por delitos cometidos por actuaciones antes de ser electo diputado y que no tengan nada que ver con su función de legislador. Por lo tanto, lo mejor que podría haber pasado acá es que el señor diputado De Vido hubiera renunciado voluntariamente y que se hubiera puesto a disposición de la Justicia, que es lo que hubiera correspondido a cualquier hombre de bien; o, por supuesto, si se considera inocente es lo que hubiera correspondido. Pero, por el contrario, estamos acostumbrados a ver a un diputado que ha hecho todo lo posible por dilatar los procedimientos judiciales y evitar el avance de la Justicia. No nos olvidemos de lo que nos relataba la señora diputada Lospennato, cuando se amparó en los fueros para evitar el allanamiento de sus oficinas, hecho que de alguna manera nos obligó a que tuviéramos que autorizarlo aquí expresamente.
En la causa de la tragedia de Once -la más triste y más grave para todos los argentinos, donde está involucrado el fallecimiento de muchas personas, además de cientos de heridos- el único no condenado es De Vido. Han sido condenados quienes dependían de él, tanto Jaime como Schiavi, pero él no. Quizás el dinero que habría obtenido por los hechos de corrupción de los cuales está acusado lo usó para tener muy buenos abogados que han buscado de cualquier manera dilatar el procedimiento de la Justicia.
También lo ha hecho ahora, cuando presentó este pedido de licencia, que en realidad no tiene ningún tipo de objeto más que embarrar la cancha a nivel judicial y para obligarnos a tratar este pedido cuando en realidad lo que corresponde es el desafuero.
Quiero agregar que la licencia no implica la exención de los fueros. Los fueros son inherentes a la función de diputado y, por lo tanto, la licencia no los quita. Para cumplir la orden judicial es necesario que hoy votemos favorablemente el desafuero de De Vido.
Por otro lado, ¿cuáles serían los argumentos para no votar el desafuero de De Vido? La verdad es que no los encuentro. Si uno analiza los argumentos, sobre todo los de la Cámara Federal que ordena el desafuero y la prisión preventiva, realmente los jueces fueron muy claros.
Voy a leer los dichos del doctor Irurzun, quien dice expresamente: "El encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación."
¿Puede este Poder Legislativo no votar el desafuero cuando un juez dice que la única manera de que la investigación sea un éxito es a través del desafuero? Yo creo que no. Me cuesta imaginar que haya uno de los otros 256 diputados que integramos esta Cámara que pueda sostener una opinión en contra de lo que nos está pidiendo un juez.
Por su parte, el otro juez que integra la Cámara Federal dice muy claramente: "Estas circunstancias razonablemente evaluadas revelan que el imputado puede poner en riesgo, dificultar o impedir la recolección y/o producción de medidas probatorias, obstaculizando de alguna manera el cumplimiento de diligencias jurisdiccionales, condicionar o influenciar sobre la prueba testimonial a producirse y afectar en términos generales el avance de la presente investigación." Es más o menos lo mismo que dijo Irurzun.
¿Podemos, como diputados, oponernos a lo que nos están diciendo estos jueces, en el sentido de que necesitan el desafuero para poder continuar con la investigación judicial? Yo creo que no, de ninguna manera. Más allá de que hemos estudiado y creemos que están reunidas las condiciones para votar el desafuero, tenemos que hacerlo porque es el instrumento que nos está pidiendo el Poder Judicial para investigar al diputado De Vido.
También es muy interesante leer el fallo del juez Bonadio, sobre todo por las cifras de las que estamos hablando. Se trata del caso de la importación de gas licuado a través de más de 500 barcos. Seguramente todos lo han leído. El juez Bonadio acusa a De Vido de ser autor o partícipe de un delito de administración fraudulenta en contra del Estado por 6.900 millones de dólares. Hoy lo aclaró usted, señor presidente. Es decir, si lo calculamos en pesos, estamos hablando más de 100.000 millones de pesos. El presupuesto de 2017 de todo el Estado nacional es de alrededor de 2 billones de pesos, por lo que sería una defraudación de entre el 5 y el 10 por ciento de todo el presupuesto nacional de un año. ¿Podemos votar en contra de un desafuero con semejante causa? De ninguna manera.
Pensemos que De Vido está acusado de haber utilizado fondos públicos. ¿Cuántas cosas se podrían haber resuelto, señor presidente, con 6.900 millones de dólares? ¿Cuántas escuelas podríamos haber construido? ¿Cuántas cloacas? ¿Cuánto asfalto? Todo eso, por supuesto, lo dejaron sin resolver.
No quiero extenderme porque prometí ser breve. Creo que hoy tenemos que firmar el dictamen a favor del desafuero del diputado De Vido, y seguramente mañana lo trataremos en el recinto, en sesión especial, y lo votaremos favorablemente para cumplir con lo que los jueces no están pidiendo. De otra manera, seríamos cómplices de que nunca haya justicia en nuestro querido país, que estamos reconstruyendo. (Aplausos.)
Primero, voy a ratificar lo que se ha analizado respecto de las dos causas judiciales y de los dos pedidos que han sido girados por los jueces Rodríguez y Bonadio, porque me parece que esa es la clave. Creo que con los discursos que hemos escuchado hoy ha quedado absolutamente claro que cada uno de los diputados miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales aquí sentados hemos estudiado ambas causas y nos hemos formado opinión para firmar favorablemente los dictámenes en ambos pedidos de desafuero.
Por supuesto que uno no hubiera querido llegar a esta situación, dado que uno cree que los fueros que están previstos tanto en la Constitución como en la ley 25.320 no están destinados a ser una protección por delitos cometidos por actuaciones antes de ser electo diputado y que no tengan nada que ver con su función de legislador. Por lo tanto, lo mejor que podría haber pasado acá es que el señor diputado De Vido hubiera renunciado voluntariamente y que se hubiera puesto a disposición de la Justicia, que es lo que hubiera correspondido a cualquier hombre de bien; o, por supuesto, si se considera inocente es lo que hubiera correspondido. Pero, por el contrario, estamos acostumbrados a ver a un diputado que ha hecho todo lo posible por dilatar los procedimientos judiciales y evitar el avance de la Justicia. No nos olvidemos de lo que nos relataba la señora diputada Lospennato, cuando se amparó en los fueros para evitar el allanamiento de sus oficinas, hecho que de alguna manera nos obligó a que tuviéramos que autorizarlo aquí expresamente.
En la causa de la tragedia de Once -la más triste y más grave para todos los argentinos, donde está involucrado el fallecimiento de muchas personas, además de cientos de heridos- el único no condenado es De Vido. Han sido condenados quienes dependían de él, tanto Jaime como Schiavi, pero él no. Quizás el dinero que habría obtenido por los hechos de corrupción de los cuales está acusado lo usó para tener muy buenos abogados que han buscado de cualquier manera dilatar el procedimiento de la Justicia.
También lo ha hecho ahora, cuando presentó este pedido de licencia, que en realidad no tiene ningún tipo de objeto más que embarrar la cancha a nivel judicial y para obligarnos a tratar este pedido cuando en realidad lo que corresponde es el desafuero.
Quiero agregar que la licencia no implica la exención de los fueros. Los fueros son inherentes a la función de diputado y, por lo tanto, la licencia no los quita. Para cumplir la orden judicial es necesario que hoy votemos favorablemente el desafuero de De Vido.
Por otro lado, ¿cuáles serían los argumentos para no votar el desafuero de De Vido? La verdad es que no los encuentro. Si uno analiza los argumentos, sobre todo los de la Cámara Federal que ordena el desafuero y la prisión preventiva, realmente los jueces fueron muy claros.
Voy a leer los dichos del doctor Irurzun, quien dice expresamente: "El encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación."
¿Puede este Poder Legislativo no votar el desafuero cuando un juez dice que la única manera de que la investigación sea un éxito es a través del desafuero? Yo creo que no. Me cuesta imaginar que haya uno de los otros 256 diputados que integramos esta Cámara que pueda sostener una opinión en contra de lo que nos está pidiendo un juez.
Por su parte, el otro juez que integra la Cámara Federal dice muy claramente: "Estas circunstancias razonablemente evaluadas revelan que el imputado puede poner en riesgo, dificultar o impedir la recolección y/o producción de medidas probatorias, obstaculizando de alguna manera el cumplimiento de diligencias jurisdiccionales, condicionar o influenciar sobre la prueba testimonial a producirse y afectar en términos generales el avance de la presente investigación." Es más o menos lo mismo que dijo Irurzun.
¿Podemos, como diputados, oponernos a lo que nos están diciendo estos jueces, en el sentido de que necesitan el desafuero para poder continuar con la investigación judicial? Yo creo que no, de ninguna manera. Más allá de que hemos estudiado y creemos que están reunidas las condiciones para votar el desafuero, tenemos que hacerlo porque es el instrumento que nos está pidiendo el Poder Judicial para investigar al diputado De Vido.
También es muy interesante leer el fallo del juez Bonadio, sobre todo por las cifras de las que estamos hablando. Se trata del caso de la importación de gas licuado a través de más de 500 barcos. Seguramente todos lo han leído. El juez Bonadio acusa a De Vido de ser autor o partícipe de un delito de administración fraudulenta en contra del Estado por 6.900 millones de dólares. Hoy lo aclaró usted, señor presidente. Es decir, si lo calculamos en pesos, estamos hablando más de 100.000 millones de pesos. El presupuesto de 2017 de todo el Estado nacional es de alrededor de 2 billones de pesos, por lo que sería una defraudación de entre el 5 y el 10 por ciento de todo el presupuesto nacional de un año. ¿Podemos votar en contra de un desafuero con semejante causa? De ninguna manera.
Pensemos que De Vido está acusado de haber utilizado fondos públicos. ¿Cuántas cosas se podrían haber resuelto, señor presidente, con 6.900 millones de dólares? ¿Cuántas escuelas podríamos haber construido? ¿Cuántas cloacas? ¿Cuánto asfalto? Todo eso, por supuesto, lo dejaron sin resolver.
No quiero extenderme porque prometí ser breve. Creo que hoy tenemos que firmar el dictamen a favor del desafuero del diputado De Vido, y seguramente mañana lo trataremos en el recinto, en sesión especial, y lo votaremos favorablemente para cumplir con lo que los jueces no están pidiendo. De otra manera, seríamos cómplices de que nunca haya justicia en nuestro querido país, que estamos reconstruyendo. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE TONELLI Tiene la palabra el señor diputado Luis Petri, recientemente reelecto por el distrito de Mendoza.
SR. PETRI Señor presidente: la verdad es que los argentinos están hartos de la corrupción, pero fundamentalmente están hartos de que la corrupción en la República Argentina esté asociada a la impunidad.
Hace poco más de dos meses esta Cámara trató la exclusión de Julio De Vido por inhabilidad moral, y el resultado de esa votación se perdió por 15 votos, por lo cual hoy Julio De Vido continúa siendo diputado de la Nación. No estaríamos hoy acá tratando su desafuero si en esa sesión se lo hubiese expulsado, como nosotros sosteníamos, por la causal de inhabilidad moral que aún concurre en su persona.
porque no desaparecieron las cien denuncias, las veintiséis imputaciones ni los procesamientos. Muy por el contrario, ahora vienen los pedidos de desafuero porque avanzan las investigaciones.
Necesariamente tenemos que disipar ese hartazgo, esa sensación de impunidad. Pero no solamente la Justicia tiene responsabilidad para avanzar en las causas judiciales, sino que en este caso particular es la política la que debe dar muestras de estar a la altura de las circunstancias y proceder conforme a los mecanismos constitucionales para permitir que la Justicia avance.
Fíjense de qué causas y de qué montos estamos hablando. Los montos son realmente siderales. Estamos hablando del caso de Río Turbio, donde hubo desvíos de fondos por más de 264 millones de pesos; estamos hablando de la venta y los sobreprecios de gas licuado por 6.995 millones de dólares; estamos hablando del caso Skanska; estamos hablando de la tragedia de Once, que costó 52 vidas.
En definitiva, el grave problema es la lentitud de los procesos judiciales, que resultan eternos cuando se trata de investigar y cuestionar al poder. Mientras tanto, las condenas las sufren las víctimas. Son ellas las que sufren la eternidad de los procesos judiciales que no llegan a sentencias ni a determinar a los culpables, e incluso muchas veces terminan en la prescripción de las causas.
Por eso, señor presidente, nosotros creemos que es imprescindible que la política le allane el camino a la Justicia para que pueda investigar y condenar a los responsables de hechos delictivos.
El caso de Río Turbio fue una maniobra de desvío de fondos en perjuicio de la administración pública, disimulada en convenios de colaboración. Se celebraron innumerables de estos convenios -más de 253-, que en verdad tenían como única finalidad desviar más de 264 millones de pesos, que terminaron pagados en comisiones. Lo mismo sucedió con el gas licuado; de ahí este pedido de desafuero del juez Bonadío.
Pero fíjese, señor presidente, lo que estamos haciendo hoy acá y lo que haremos mañana. Estamos examinando el sumario, que es uno de los recaudos que establece la Constitución en su artículo 70. ¿Por qué estamos examinándolo? ¿Por qué estamos desaforando a Julio De Vido? Porque la Justicia lo quiere preso a Julio De Vido durante el proceso; eso es lo que nos está pidiendo. La Justicia nos está diciendo que si Julio De Vido continúa en libertad durante el proceso, lo obstaculizaría porque tiene poder para impedir que el mismo continúe, es decir, para paralizarlo.
Nosotros no podemos permanecer ajenos a esa advertencia que nos hace la Justicia respecto de la capacidad de paralizar el proceso y, eventualmente, lograr impunidad. La Justicia nos está diciendo que existen los riesgos procesales, que justamente habilitan el dictado de la prisión preventiva y la continuación del proceso privado de la libertad. ¡En la cárcel, señores, es donde tiene que estar Julio De Vido durante el proceso! Esto lo dicen claramente la Cámara y el juez.
¿Por qué tiene que estar preso Julio De Vido? No solamente porque es diputado de la Nación y presidente de la Comisión de Energía y Combustibles. Ha presentado un pedido de licencia claramente para poder exculparse y decir "a partir de este pedido de licencia ya no entorpeceré las investigaciones judiciales". Pero los fallos y las resoluciones de la Justicia dicen otra cosa, señor presidente.
¿Qué nos dicen las resoluciones de la Justicia? Nos dicen que hay que impulsar el desafuero de Julio De Vido "...al considerar que su capacidad de estructurar lo que definió como 'la más compleja y efectiva trama de corrupción' muestra por sí misma los riesgos que su libertad supone, y sin poder descartar la fuga, alude además a la posibilidad de entorpecer mediante la presión e influencia en posibles testigos, como así también a partir de sus vínculos con reparticiones en las que conserve algún grado de incidencia real."
Estos son algunos de los párrafos que puntualizan los fiscales o los jueces respecto de la capacidad de entorpecer el accionar de la Justicia.
En otro párrafo, dicen: "...es razonable valorar como uno de los indicadores del 'riesgo latente' al que hace referencia el Sr. Fiscal General, que parte de la actividad legislativa que desarrolla actualmente en su condición de presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados se encuentra íntimamente ligada, precisamente, con la actividad del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio."
Más adelante, sostienen que "...su encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación."
No debe caber ninguna duda de que si no procedemos al desafuero de Julio De Vido, ya no solamente Julio De Vido estará entorpeciendo la investigación de la Justicia sino también el propio Congreso. Si no se desafuera a Julio de Vido, todos seremos responsables de que la Justicia no llegue a buen puerto y no se termine condenando a los responsables de la defraudación.
La Justicia dice: "...la complejidad de los hechos, su extensión temporal, las vicisitudes que rodearon la obtención de documentación, la actividad procesal que falta emprender con miras a la determinación de los alcances de las maniobras y la individualización de todos los responsables y, sustancialmente, la ubicación y eventual recuperación de los fondos involucrados en las maniobras ilícitas, habilitan la procedencia de la diligencia reclamada respecto de quien ha sido sindicado en autos como uno de los principales responsables.
"...el imputado puede poner en riesgo, dificultar o impedir la recolección y/o producción de medidas probatorias, obstaculizando de alguna manera el cumplimiento de diligencias jurisdiccionales, condicionar o influenciar sobre la prueba testimonial a producirse y afectar en términos generales el avance de la presente investigación."
No me quiero extender demasiado, señor presidente, porque seguramente mañana tendremos oportunidad de hablar al respecto, pero en estos momentos la sociedad argentina está mirando al Congreso de la Nación y a la Justicia argentina para ver cómo sancionan y condenan los hechos de corrupción, y este Congreso de la Nación tiene que estar a la altura de las circunstancias. Platón decía que "Justicia lenta no es Justicia."
¡El Congreso tiene la posibilidad de agilizar a la Justicia en la República Argentina allanándole el camino para que investigue y llegue hasta las últimas consecuencias respecto de los responsables de los hechos de corrupción más aberrantes que conozca la historia argentina! (Aplausos.)
Hace poco más de dos meses esta Cámara trató la exclusión de Julio De Vido por inhabilidad moral, y el resultado de esa votación se perdió por 15 votos, por lo cual hoy Julio De Vido continúa siendo diputado de la Nación. No estaríamos hoy acá tratando su desafuero si en esa sesión se lo hubiese expulsado, como nosotros sosteníamos, por la causal de inhabilidad moral que aún concurre en su persona.
porque no desaparecieron las cien denuncias, las veintiséis imputaciones ni los procesamientos. Muy por el contrario, ahora vienen los pedidos de desafuero porque avanzan las investigaciones.
Necesariamente tenemos que disipar ese hartazgo, esa sensación de impunidad. Pero no solamente la Justicia tiene responsabilidad para avanzar en las causas judiciales, sino que en este caso particular es la política la que debe dar muestras de estar a la altura de las circunstancias y proceder conforme a los mecanismos constitucionales para permitir que la Justicia avance.
Fíjense de qué causas y de qué montos estamos hablando. Los montos son realmente siderales. Estamos hablando del caso de Río Turbio, donde hubo desvíos de fondos por más de 264 millones de pesos; estamos hablando de la venta y los sobreprecios de gas licuado por 6.995 millones de dólares; estamos hablando del caso Skanska; estamos hablando de la tragedia de Once, que costó 52 vidas.
En definitiva, el grave problema es la lentitud de los procesos judiciales, que resultan eternos cuando se trata de investigar y cuestionar al poder. Mientras tanto, las condenas las sufren las víctimas. Son ellas las que sufren la eternidad de los procesos judiciales que no llegan a sentencias ni a determinar a los culpables, e incluso muchas veces terminan en la prescripción de las causas.
Por eso, señor presidente, nosotros creemos que es imprescindible que la política le allane el camino a la Justicia para que pueda investigar y condenar a los responsables de hechos delictivos.
El caso de Río Turbio fue una maniobra de desvío de fondos en perjuicio de la administración pública, disimulada en convenios de colaboración. Se celebraron innumerables de estos convenios -más de 253-, que en verdad tenían como única finalidad desviar más de 264 millones de pesos, que terminaron pagados en comisiones. Lo mismo sucedió con el gas licuado; de ahí este pedido de desafuero del juez Bonadío.
Pero fíjese, señor presidente, lo que estamos haciendo hoy acá y lo que haremos mañana. Estamos examinando el sumario, que es uno de los recaudos que establece la Constitución en su artículo 70. ¿Por qué estamos examinándolo? ¿Por qué estamos desaforando a Julio De Vido? Porque la Justicia lo quiere preso a Julio De Vido durante el proceso; eso es lo que nos está pidiendo. La Justicia nos está diciendo que si Julio De Vido continúa en libertad durante el proceso, lo obstaculizaría porque tiene poder para impedir que el mismo continúe, es decir, para paralizarlo.
Nosotros no podemos permanecer ajenos a esa advertencia que nos hace la Justicia respecto de la capacidad de paralizar el proceso y, eventualmente, lograr impunidad. La Justicia nos está diciendo que existen los riesgos procesales, que justamente habilitan el dictado de la prisión preventiva y la continuación del proceso privado de la libertad. ¡En la cárcel, señores, es donde tiene que estar Julio De Vido durante el proceso! Esto lo dicen claramente la Cámara y el juez.
¿Por qué tiene que estar preso Julio De Vido? No solamente porque es diputado de la Nación y presidente de la Comisión de Energía y Combustibles. Ha presentado un pedido de licencia claramente para poder exculparse y decir "a partir de este pedido de licencia ya no entorpeceré las investigaciones judiciales". Pero los fallos y las resoluciones de la Justicia dicen otra cosa, señor presidente.
¿Qué nos dicen las resoluciones de la Justicia? Nos dicen que hay que impulsar el desafuero de Julio De Vido "...al considerar que su capacidad de estructurar lo que definió como 'la más compleja y efectiva trama de corrupción' muestra por sí misma los riesgos que su libertad supone, y sin poder descartar la fuga, alude además a la posibilidad de entorpecer mediante la presión e influencia en posibles testigos, como así también a partir de sus vínculos con reparticiones en las que conserve algún grado de incidencia real."
Estos son algunos de los párrafos que puntualizan los fiscales o los jueces respecto de la capacidad de entorpecer el accionar de la Justicia.
En otro párrafo, dicen: "...es razonable valorar como uno de los indicadores del 'riesgo latente' al que hace referencia el Sr. Fiscal General, que parte de la actividad legislativa que desarrolla actualmente en su condición de presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados se encuentra íntimamente ligada, precisamente, con la actividad del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio."
Más adelante, sostienen que "...su encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación."
No debe caber ninguna duda de que si no procedemos al desafuero de Julio De Vido, ya no solamente Julio De Vido estará entorpeciendo la investigación de la Justicia sino también el propio Congreso. Si no se desafuera a Julio de Vido, todos seremos responsables de que la Justicia no llegue a buen puerto y no se termine condenando a los responsables de la defraudación.
La Justicia dice: "...la complejidad de los hechos, su extensión temporal, las vicisitudes que rodearon la obtención de documentación, la actividad procesal que falta emprender con miras a la determinación de los alcances de las maniobras y la individualización de todos los responsables y, sustancialmente, la ubicación y eventual recuperación de los fondos involucrados en las maniobras ilícitas, habilitan la procedencia de la diligencia reclamada respecto de quien ha sido sindicado en autos como uno de los principales responsables.
"...el imputado puede poner en riesgo, dificultar o impedir la recolección y/o producción de medidas probatorias, obstaculizando de alguna manera el cumplimiento de diligencias jurisdiccionales, condicionar o influenciar sobre la prueba testimonial a producirse y afectar en términos generales el avance de la presente investigación."
No me quiero extender demasiado, señor presidente, porque seguramente mañana tendremos oportunidad de hablar al respecto, pero en estos momentos la sociedad argentina está mirando al Congreso de la Nación y a la Justicia argentina para ver cómo sancionan y condenan los hechos de corrupción, y este Congreso de la Nación tiene que estar a la altura de las circunstancias. Platón decía que "Justicia lenta no es Justicia."
¡El Congreso tiene la posibilidad de agilizar a la Justicia en la República Argentina allanándole el camino para que investigue y llegue hasta las últimas consecuencias respecto de los responsables de los hechos de corrupción más aberrantes que conozca la historia argentina! (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE TONELLI La Presidencia informa que el dictamen está a la firma, por si alguien todavía no lo firmó.
Para concluir, el secretario leerá la nota presentada por los abogados del diputado De Vido. De todas maneras, más tarde será remitida por mail a la casilla de correo de todos los señores diputados. Una vez leída la nota, daremos por concluida esta reunión.
Aclaro que el dictamen ha resultado favorable al desafuero del diputado De Vido, de acuerdo con la cantidad de firmas obtenidas, de modo que será tratado mañana en la sesión del pleno de la Cámara, a partir de las 11 horas. (Aplausos.)
Para concluir, el secretario leerá la nota presentada por los abogados del diputado De Vido. De todas maneras, más tarde será remitida por mail a la casilla de correo de todos los señores diputados. Una vez leída la nota, daremos por concluida esta reunión.
Aclaro que el dictamen ha resultado favorable al desafuero del diputado De Vido, de acuerdo con la cantidad de firmas obtenidas, de modo que será tratado mañana en la sesión del pleno de la Cámara, a partir de las 11 horas. (Aplausos.)
SR. SECRETARIO (URIONDO) Dice así: "Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de octubre de 2017.
"A los Sres. Miembros de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación:
S/D.-
"MAXIMILIANO A. RUSCONI y H. GABRIEL PALMEIRO en nuestro carácter de abogados defensores del Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, JULIO MIGUEL DE VIDO, en relación a las solicitudes de desafuero de nuestro asistido cursadas en el marco de las causas judiciales nro. 5218/2016 (del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 9) y 10456/2014 (del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 11), nos presentamos ante VV.EE. a efectos de formular las precisiones técnicas pertinentes con el objeto de aportar claridad acerca del estado procesal de las mentadas actuaciones y brindar a los Sres. Legisladores toda la información necesaria para el análisis de la decisión que deberán adoptar en referencia a los pedidos de desafuero cursados en referencia al Diputado De Vido; en esos términos, respetuosamente a VV.EE. decimos:
"Que tal como adelantamos, el objetivo primordial de la información sumaria que habremos de exponer radica en posibilitar a los Honorables miembros de este cuerpo legislativo un panorama técnico y eminentemente objetivo que, sería esperable, que una decisión de suma trascendencia institucional como la que habrán de adoptar, tuviese suficientemente en cuenta. Nótese Sres. Legisladores que, el Sr. De Vido es uno de Uds., es un Diputado Nacional, elegido democráticamente por el pueblo argentino y que, para decirlo de modo simple, se pretende que les sean quitados los atributos de su rol institucional para el cual fue votado por los ciudadanos y sea detenido en el marco de una causa judicial a la que siempre se sometió y que hasta ahora no fue siquiera indagado.
"En esos términos lo que pretendemos no es más que evitar el verdadero escándalo jurídico que implicaría el continuar con el desarrollo de esta sesión.
"En primer lugar, toca referir que en la causa 5218/2016, la cual tramita ante el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo del Dr. Luis Rodríguez, se investiga la supuesta defraudación al Estado mediante la firma de convenios entre Yacimientos Carboníferos Río Turbio UTN y el Estado Nacional.
"Es precisamente en el incidente nro. 17 de aquella causa judicial que, en fecha 17 de octubre del corriente, los Magistrados de la Sala II de la Excma. Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal han resuelto ordenar la detención del Diputado De Vido, imponiendo a su par de grado, cursar la pertinente solicitud de "desafuero".
"Fue en razón de esa orden del superior que, el Magistrado a cargo de la instrucción de la causa nro. 5218/16, ordenó, en esa misma fecha, la orden de desafuero y detención de nuestro asistido. Cabe destacar que el Magistrado Rodríguez no solamente no ha fundamentado tal decisión -susceptible de causar tamaño impacto sobre los derechos fundamentales del imputado- sino que, para peor, ni siquiera ha adoptado mediante remisión expresa los "argumentos" de la Sala II de la Excma. pues, ateniéndonos a lo estrictamente expresado por aquél, lo único que ha afirmado es que, a su entender, "correspondía" resolver en atención a la decisión alcanzada por los Jueces Superiores el día 17 de octubre de 2017. Es decir un juez acta de modo vertical una orden de una Cámara revisora. Esto solo ya es un escándalo jurídico.
"Ahora bien, ¿Cómo es que se ha llegado a la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal?
"Pues bien, el camino que condujo hasta aquella lamentable resolución estuvo signado por un sinnúmero de insólitos embates protagonizados por el representante del Ministerio Público Fiscal.
"En efecto, ya hace tiempo, el Sr. Fiscal Federal Stornelli aún sin haber tomado vista de la totalidad de las actuaciones -tal como lo reseña el Magistrado L. Rodríguez- se ha permitido livianamente requerir la convocatoria del Sr. De Vido en los términos del art. 294 -indagatoria- del ordenamiento de forma y, asimismo, su inmediata detención.
"Frente a aquellos pedidos, el Magistrado Rodríguez, de manera sumamente prudente -en esa ocasión-, en fecha 7 de julio, ha resuelto "tener presentes" esos requerimientos para la etapa procesal oportuna siendo que, a ese momento, la pesquisa se encontraba en plena actividad probatoria -realizándose diligencias que incluso habían sido solicitadas por el propio Fiscal-.
"No contento con esa decisión, el Fiscal dedujo recurso de apelación que, denegado, motivó su queja directa ante el órgano de Alzada siendo que, contrariamente a la abrumadora jurisprudencia revisable en casos análogos, decidió abrir la instancia y encomendar al Magistrado que hiciera lugar a lo requerido por el acusador público. Insistimos: hoy es una verdad indiscutible que la decisión de llamar o no a indagatoria es resorte exclusivo del Juez de Primera Instancia y, por ello, no apelable.
"A partir de aquella determinación, el Juez Federal Rodríguez, en fecha 11 de septiembre, decidió convocar al Sr. De Vido a efectos de recibir su declaración indagatoria; empero, fijó la fecha de audiencia para el día 28 de noviembre para que, al menos, pudiesen realizarse las medidas probatorias pendientes y, de esa forma, lograr delimitar una imputación concreta en referencia a aquél.
"Asimismo, en el referido resolutorio, el Juez Rodríguez, consideró que no existían razones para imponer una restricción tan severa como la privación de la libertad ambulatoria pues, según relató, el desarrollo de la actividad probatoria había sido absolutamente normal es decir, que no se había registrado un solo indicio que diera cuenta de un eventual y/o posible entorpecimiento.
"Empero nuevamente el "apuro" del Ministerio Público se torna inexplicable. El Fiscal Stornelli volvió apelar este resolutorio y, por vía de recurso de queja, la cuestión quedó nuevamente a entendimiento de la Alzada que, finalmente en un fallo absolutamente arbitrario se expidió en el sentido por todos conocido.
"Por su parte, es preciso señalar que los Sres. Magistrados de la Excma. Sala II, al emitir el resolutorio mediante el cual ordenaron la detención del Sr. De Vido han incurrido en un "exceso jurisdiccional" pues, aquellos carecían de jurisdicción para disponer la medida en cuestión siendo que, a lo sumo, lo máximo que podrían haber hecho era brindar argumentos al Juez de grado para que aquél, en tanto Juez Natural, en virtud de esa recomendación dictase un pronunciamiento de conformidad.
"Sucede que, claro, había un pequeño "inconveniente", el propio Magistrado instructor ya había expresado, de modo rotundo, en al menos dos oportunidades que: 1º) Atento el pleno desarrollo probatorio en que se encontraba la causa no se podía ni siquiera determinar una imputación concreta en relación al Sr. De Vido y 2º) Toda posible necesidad de aseguramiento de los fines del proceso penal ya había sido cubierta por un cúmulo de medidas -menos gravosas que la restricción de la libertad ambulatoria-.
"Así, resulta absolutamente claro que el Sr. Juez de grado, lejos de fallar conforme a las reglas de la sana crítica tal como impone nuestro ordenamiento procesal vigente, ha cedido a las reiteradas presiones de sus superiores incurriendo en una "irreflexiva obediencia".
"En efecto, los Sres. Jueces de cámara hicieron mención la existencia presuntiva de dos indicios que podrían servir para corroborar la existencia de riesgos procesales. Así, en primer término, de modo absolutamente genérico, refirieron que el Sr. De Vido detentaba vinculaciones que podrían permitirle entorpecer el accionar de la justicia.
"Para "resaltar" la supuesta capacidad de influencia del Sr. De Vido, los Magistrados hicieron especial referencia a su condición de Presidente de la Comisión de Energía de esta Honorable Cámara y, secundariamente, a la banca legislativa que aquél ocupa.
"Ahora bien, lo cierto es que en la referida resolución, ciñe toda posible existencia de riesgos procesales a un entorpecimiento u obstaculización del accionar jurisdiccional que es construido por los jueces a partir de las circunstancias referidas precedentemente.
"He aquí una cuestión fundamental pues, actualmente, atento la renuncia al Cargo de Presidente de Comisión y la solicitud de licencia en el cargo de Diputado Nacional instada el día de ayer, aquél "escenario" que consideraron los Jueces de la Sala II es actualmente inexistente y, por tanto, sus consideraciones quedan aún más vacías de contenido que antes.
"En segundo lugar, los Magistrados que ordenaron primigeniamente la detención del Sr. De Vido, concluyeron en la existencia de riesgos de entorpecimiento a partir de una supuesta práctica consistente en la destrucción de expedientes del complejo YCRT; empero constancias objetivas de la causa demuestran que tal sustracción y/o destrucción o bien no ha existido o bien no sería imputable a Julio De Vido.
"Así, debemos manifestar que resulta absolutamente llamativo que los propios Magistrados no se hayan referido lo declarado por la Sra. MARTA NILDA PEREZ quien, al formular su descargo, no solamente aludió a sendas irregularidades acaecidas en el yacimiento a partir de la intervención encabezada por el Sr. Ziedan sino que, además, refirió que ella misma había visto a la Sra. MARIANA DE JESÚS ZUVIC -parlamentaria del Parlasur- retirar cinco cajas que contenían expedientes del complejo YCRT.
"Ha sido la propia declarante y no esta parte ha sido quien relacionó la sustracción de aquél material con la documentación exhibida por el Diputado Nacional por la Provincia de Santa Cruz Eduardo Raúl Costa -esposo de la Sra. Zuvic-. Así, la Sra. Perez ha referido que aquél material que fuera retirado por la Sra. Zuvic habría pasado a manos de su esposo -quien, según aludió, tenía influencias en el complejo YCRT- y recientemente habría sido exhibido en un programa televisivo de gran audiencia.
"Todas estas consideraciones han pasado absolutamente inadvertidas para los Jueces que pretenden el desafuero del Diputado De Vido. Nótese que no se trata de "detalles" sino antes bien de la misma existencia (o no) de los supuestos riesgos procesales que, según ellos, legitimarían la restricción de la libertad que han pretendido necesaria.
"Estos hechos han puesto a los suscriptos en obligación de formular la pertinente denuncia penal a efectos de que se instruya una investigación que, en rigor, debió ser instruida de oficio.
"En último lugar, debemos mencionar también que incluso el propio Juez Bruglia, integrante de la Sala II de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta Ciudad ha postulado, en el marco de la tan aludida resolución de fecha 17 de septiembre, que ninguno de los supuestos entorpecimientos -que a lo sumo consistirían en demoras ocasionales- no resultarían exclusivamente imputables al Sr. De Vido.
"En otro orden de ideas, cabe llevar a su conocimiento que ninguna de las resoluciones mediante las cuales se solicitó el desafuero del Diputado De Vido han adquirido firmeza; en consecuencia, VV.EE. entenderán que, sin siquiera contar con una resolución aunque precaria y provisoria pero firme, es absolutamente inviable llevar a cabo un acto de tamaña gravedad institucional como es el desafuero de un Diputado Nacional.
"Recuérdese que, contra la resolución de la Sala II de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta Ciudad los suscriptos han interpuesto un recurso de casación cuyo eventual rechazo no agotaría la vía recursiva (es decir, la resolución de la Cámara no está firme). Asimismo, contra la solicitud de desafuero cursada por el Juez Federal L. Rodríguez, hemos interpuesto un recurso de reposición y, simultáneamente, solicitamos la eximición de prisión.
"Ninguno de estos dos últimos planteos ha obtenido resolución firme hasta el momento.
"En idéntico sentido, contra el auto de procesamiento con prisión preventiva ordenado por el Titular del Juzgado Federal nro. 11, el Dr. Bonadio, hemos incoado el pertinente recurso de apelación, planteando asimismo un pedido excarcelatorio. Ninguno de estos planteos han sido resueltos hasta el momento.
"Para peor, la integración de la Sala II también ha sido discutida; ello en atención al escandaloso prejuzgamiento en que ha incurrido uno de sus miembros y, además, en atención a que otro de ellos habría sido incorporado de modo irregular sin detentar los requisitos necesarios para desempeñarse como juez del órgano jurisdiccional en cuestión.
"Hasta aquí entonces esta exposición. Ya hemos referido todos y cada uno de los motivos que demuestran la absoluta arbitrariedad en que han incurrido los Magistrados que solicitaron el desafuero del Diputado De Vido, empero resulta oportuno recordar que ha sido la jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación -último interprete de la Constitución Nacional- la que ha determinado que:
"... es violatoria de la inmunidad de arresto prevista por el art. 69 de la constitución nacional, la decisión que dictó la prisión preventiva de un senador electo -si bien se resolvió no efectivizarla hasta que se produjera el desafuero parlamentario-, ya que se trata de una medida cautelar que restringe la libertad personal y que implica una valoración semiplena de que el procesado es prima facie responsable del hecho...
"... la prisión preventiva de uno de los depositarios del poder público es un acto susceptible de producir graves consecuencias políticas, ya que teniendo en cuenta que vulnera la inmunidad de arresto, debe necesariamente supeditarse su procedencia al previo desafuero, pues el criterio contrario implicaría una vulneración a la separación de poderes, al perturbar la actuación del cuerpo legislativo (fallos: 319:3026, "Ramos, Carlos Alberto").
"Por todo lo expuesto es evidente que con solo esperar quince días aproximadamente para que el propio sistema de justicia convalide o corrija las decisiones aquí comentadas se evitaría un daño descomunal a las instituciones republicanas.
"Asimismo, hacemos saber que en el día de la fecha el Dr. Maximiliano Rusconi se reunirá con una delegación de los Excmos. Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encabezada por el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez; en el marco de esa audiencia, esta defensa presentará un informe ante los Comisionados a efectos de que, en orden a la inusitada gravedad institucional de los hechos expuestos, puedan apreciar la dimensión jurídica y política del asunto y tomar intervención -con el dictado de las medidas que estimen correspondientes- a efectos de preservar las instituciones, los valores democráticos y el sistema republicano de gobierno.
"Sin otro particular, saludamos a los Excmos. Miembros de esta Honorable Cámara con nuestra más distinguida consideración.-
"Prof. Dr. Maximiliano A. Rusconi"
Sr. Presidente (Tonelli).- Luego de la lectura que ha hecho el secretario...
"A los Sres. Miembros de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación:
S/D.-
"MAXIMILIANO A. RUSCONI y H. GABRIEL PALMEIRO en nuestro carácter de abogados defensores del Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, JULIO MIGUEL DE VIDO, en relación a las solicitudes de desafuero de nuestro asistido cursadas en el marco de las causas judiciales nro. 5218/2016 (del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 9) y 10456/2014 (del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 11), nos presentamos ante VV.EE. a efectos de formular las precisiones técnicas pertinentes con el objeto de aportar claridad acerca del estado procesal de las mentadas actuaciones y brindar a los Sres. Legisladores toda la información necesaria para el análisis de la decisión que deberán adoptar en referencia a los pedidos de desafuero cursados en referencia al Diputado De Vido; en esos términos, respetuosamente a VV.EE. decimos:
"Que tal como adelantamos, el objetivo primordial de la información sumaria que habremos de exponer radica en posibilitar a los Honorables miembros de este cuerpo legislativo un panorama técnico y eminentemente objetivo que, sería esperable, que una decisión de suma trascendencia institucional como la que habrán de adoptar, tuviese suficientemente en cuenta. Nótese Sres. Legisladores que, el Sr. De Vido es uno de Uds., es un Diputado Nacional, elegido democráticamente por el pueblo argentino y que, para decirlo de modo simple, se pretende que les sean quitados los atributos de su rol institucional para el cual fue votado por los ciudadanos y sea detenido en el marco de una causa judicial a la que siempre se sometió y que hasta ahora no fue siquiera indagado.
"En esos términos lo que pretendemos no es más que evitar el verdadero escándalo jurídico que implicaría el continuar con el desarrollo de esta sesión.
"En primer lugar, toca referir que en la causa 5218/2016, la cual tramita ante el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo del Dr. Luis Rodríguez, se investiga la supuesta defraudación al Estado mediante la firma de convenios entre Yacimientos Carboníferos Río Turbio UTN y el Estado Nacional.
"Es precisamente en el incidente nro. 17 de aquella causa judicial que, en fecha 17 de octubre del corriente, los Magistrados de la Sala II de la Excma. Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal han resuelto ordenar la detención del Diputado De Vido, imponiendo a su par de grado, cursar la pertinente solicitud de "desafuero".
"Fue en razón de esa orden del superior que, el Magistrado a cargo de la instrucción de la causa nro. 5218/16, ordenó, en esa misma fecha, la orden de desafuero y detención de nuestro asistido. Cabe destacar que el Magistrado Rodríguez no solamente no ha fundamentado tal decisión -susceptible de causar tamaño impacto sobre los derechos fundamentales del imputado- sino que, para peor, ni siquiera ha adoptado mediante remisión expresa los "argumentos" de la Sala II de la Excma. pues, ateniéndonos a lo estrictamente expresado por aquél, lo único que ha afirmado es que, a su entender, "correspondía" resolver en atención a la decisión alcanzada por los Jueces Superiores el día 17 de octubre de 2017. Es decir un juez acta de modo vertical una orden de una Cámara revisora. Esto solo ya es un escándalo jurídico.
"Ahora bien, ¿Cómo es que se ha llegado a la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal?
"Pues bien, el camino que condujo hasta aquella lamentable resolución estuvo signado por un sinnúmero de insólitos embates protagonizados por el representante del Ministerio Público Fiscal.
"En efecto, ya hace tiempo, el Sr. Fiscal Federal Stornelli aún sin haber tomado vista de la totalidad de las actuaciones -tal como lo reseña el Magistrado L. Rodríguez- se ha permitido livianamente requerir la convocatoria del Sr. De Vido en los términos del art. 294 -indagatoria- del ordenamiento de forma y, asimismo, su inmediata detención.
"Frente a aquellos pedidos, el Magistrado Rodríguez, de manera sumamente prudente -en esa ocasión-, en fecha 7 de julio, ha resuelto "tener presentes" esos requerimientos para la etapa procesal oportuna siendo que, a ese momento, la pesquisa se encontraba en plena actividad probatoria -realizándose diligencias que incluso habían sido solicitadas por el propio Fiscal-.
"No contento con esa decisión, el Fiscal dedujo recurso de apelación que, denegado, motivó su queja directa ante el órgano de Alzada siendo que, contrariamente a la abrumadora jurisprudencia revisable en casos análogos, decidió abrir la instancia y encomendar al Magistrado que hiciera lugar a lo requerido por el acusador público. Insistimos: hoy es una verdad indiscutible que la decisión de llamar o no a indagatoria es resorte exclusivo del Juez de Primera Instancia y, por ello, no apelable.
"A partir de aquella determinación, el Juez Federal Rodríguez, en fecha 11 de septiembre, decidió convocar al Sr. De Vido a efectos de recibir su declaración indagatoria; empero, fijó la fecha de audiencia para el día 28 de noviembre para que, al menos, pudiesen realizarse las medidas probatorias pendientes y, de esa forma, lograr delimitar una imputación concreta en referencia a aquél.
"Asimismo, en el referido resolutorio, el Juez Rodríguez, consideró que no existían razones para imponer una restricción tan severa como la privación de la libertad ambulatoria pues, según relató, el desarrollo de la actividad probatoria había sido absolutamente normal es decir, que no se había registrado un solo indicio que diera cuenta de un eventual y/o posible entorpecimiento.
"Empero nuevamente el "apuro" del Ministerio Público se torna inexplicable. El Fiscal Stornelli volvió apelar este resolutorio y, por vía de recurso de queja, la cuestión quedó nuevamente a entendimiento de la Alzada que, finalmente en un fallo absolutamente arbitrario se expidió en el sentido por todos conocido.
"Por su parte, es preciso señalar que los Sres. Magistrados de la Excma. Sala II, al emitir el resolutorio mediante el cual ordenaron la detención del Sr. De Vido han incurrido en un "exceso jurisdiccional" pues, aquellos carecían de jurisdicción para disponer la medida en cuestión siendo que, a lo sumo, lo máximo que podrían haber hecho era brindar argumentos al Juez de grado para que aquél, en tanto Juez Natural, en virtud de esa recomendación dictase un pronunciamiento de conformidad.
"Sucede que, claro, había un pequeño "inconveniente", el propio Magistrado instructor ya había expresado, de modo rotundo, en al menos dos oportunidades que: 1º) Atento el pleno desarrollo probatorio en que se encontraba la causa no se podía ni siquiera determinar una imputación concreta en relación al Sr. De Vido y 2º) Toda posible necesidad de aseguramiento de los fines del proceso penal ya había sido cubierta por un cúmulo de medidas -menos gravosas que la restricción de la libertad ambulatoria-.
"Así, resulta absolutamente claro que el Sr. Juez de grado, lejos de fallar conforme a las reglas de la sana crítica tal como impone nuestro ordenamiento procesal vigente, ha cedido a las reiteradas presiones de sus superiores incurriendo en una "irreflexiva obediencia".
"En efecto, los Sres. Jueces de cámara hicieron mención la existencia presuntiva de dos indicios que podrían servir para corroborar la existencia de riesgos procesales. Así, en primer término, de modo absolutamente genérico, refirieron que el Sr. De Vido detentaba vinculaciones que podrían permitirle entorpecer el accionar de la justicia.
"Para "resaltar" la supuesta capacidad de influencia del Sr. De Vido, los Magistrados hicieron especial referencia a su condición de Presidente de la Comisión de Energía de esta Honorable Cámara y, secundariamente, a la banca legislativa que aquél ocupa.
"Ahora bien, lo cierto es que en la referida resolución, ciñe toda posible existencia de riesgos procesales a un entorpecimiento u obstaculización del accionar jurisdiccional que es construido por los jueces a partir de las circunstancias referidas precedentemente.
"He aquí una cuestión fundamental pues, actualmente, atento la renuncia al Cargo de Presidente de Comisión y la solicitud de licencia en el cargo de Diputado Nacional instada el día de ayer, aquél "escenario" que consideraron los Jueces de la Sala II es actualmente inexistente y, por tanto, sus consideraciones quedan aún más vacías de contenido que antes.
"En segundo lugar, los Magistrados que ordenaron primigeniamente la detención del Sr. De Vido, concluyeron en la existencia de riesgos de entorpecimiento a partir de una supuesta práctica consistente en la destrucción de expedientes del complejo YCRT; empero constancias objetivas de la causa demuestran que tal sustracción y/o destrucción o bien no ha existido o bien no sería imputable a Julio De Vido.
"Así, debemos manifestar que resulta absolutamente llamativo que los propios Magistrados no se hayan referido lo declarado por la Sra. MARTA NILDA PEREZ quien, al formular su descargo, no solamente aludió a sendas irregularidades acaecidas en el yacimiento a partir de la intervención encabezada por el Sr. Ziedan sino que, además, refirió que ella misma había visto a la Sra. MARIANA DE JESÚS ZUVIC -parlamentaria del Parlasur- retirar cinco cajas que contenían expedientes del complejo YCRT.
"Ha sido la propia declarante y no esta parte ha sido quien relacionó la sustracción de aquél material con la documentación exhibida por el Diputado Nacional por la Provincia de Santa Cruz Eduardo Raúl Costa -esposo de la Sra. Zuvic-. Así, la Sra. Perez ha referido que aquél material que fuera retirado por la Sra. Zuvic habría pasado a manos de su esposo -quien, según aludió, tenía influencias en el complejo YCRT- y recientemente habría sido exhibido en un programa televisivo de gran audiencia.
"Todas estas consideraciones han pasado absolutamente inadvertidas para los Jueces que pretenden el desafuero del Diputado De Vido. Nótese que no se trata de "detalles" sino antes bien de la misma existencia (o no) de los supuestos riesgos procesales que, según ellos, legitimarían la restricción de la libertad que han pretendido necesaria.
"Estos hechos han puesto a los suscriptos en obligación de formular la pertinente denuncia penal a efectos de que se instruya una investigación que, en rigor, debió ser instruida de oficio.
"En último lugar, debemos mencionar también que incluso el propio Juez Bruglia, integrante de la Sala II de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta Ciudad ha postulado, en el marco de la tan aludida resolución de fecha 17 de septiembre, que ninguno de los supuestos entorpecimientos -que a lo sumo consistirían en demoras ocasionales- no resultarían exclusivamente imputables al Sr. De Vido.
"En otro orden de ideas, cabe llevar a su conocimiento que ninguna de las resoluciones mediante las cuales se solicitó el desafuero del Diputado De Vido han adquirido firmeza; en consecuencia, VV.EE. entenderán que, sin siquiera contar con una resolución aunque precaria y provisoria pero firme, es absolutamente inviable llevar a cabo un acto de tamaña gravedad institucional como es el desafuero de un Diputado Nacional.
"Recuérdese que, contra la resolución de la Sala II de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta Ciudad los suscriptos han interpuesto un recurso de casación cuyo eventual rechazo no agotaría la vía recursiva (es decir, la resolución de la Cámara no está firme). Asimismo, contra la solicitud de desafuero cursada por el Juez Federal L. Rodríguez, hemos interpuesto un recurso de reposición y, simultáneamente, solicitamos la eximición de prisión.
"Ninguno de estos dos últimos planteos ha obtenido resolución firme hasta el momento.
"En idéntico sentido, contra el auto de procesamiento con prisión preventiva ordenado por el Titular del Juzgado Federal nro. 11, el Dr. Bonadio, hemos incoado el pertinente recurso de apelación, planteando asimismo un pedido excarcelatorio. Ninguno de estos planteos han sido resueltos hasta el momento.
"Para peor, la integración de la Sala II también ha sido discutida; ello en atención al escandaloso prejuzgamiento en que ha incurrido uno de sus miembros y, además, en atención a que otro de ellos habría sido incorporado de modo irregular sin detentar los requisitos necesarios para desempeñarse como juez del órgano jurisdiccional en cuestión.
"Hasta aquí entonces esta exposición. Ya hemos referido todos y cada uno de los motivos que demuestran la absoluta arbitrariedad en que han incurrido los Magistrados que solicitaron el desafuero del Diputado De Vido, empero resulta oportuno recordar que ha sido la jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación -último interprete de la Constitución Nacional- la que ha determinado que:
"... es violatoria de la inmunidad de arresto prevista por el art. 69 de la constitución nacional, la decisión que dictó la prisión preventiva de un senador electo -si bien se resolvió no efectivizarla hasta que se produjera el desafuero parlamentario-, ya que se trata de una medida cautelar que restringe la libertad personal y que implica una valoración semiplena de que el procesado es prima facie responsable del hecho...
"... la prisión preventiva de uno de los depositarios del poder público es un acto susceptible de producir graves consecuencias políticas, ya que teniendo en cuenta que vulnera la inmunidad de arresto, debe necesariamente supeditarse su procedencia al previo desafuero, pues el criterio contrario implicaría una vulneración a la separación de poderes, al perturbar la actuación del cuerpo legislativo (fallos: 319:3026, "Ramos, Carlos Alberto").
"Por todo lo expuesto es evidente que con solo esperar quince días aproximadamente para que el propio sistema de justicia convalide o corrija las decisiones aquí comentadas se evitaría un daño descomunal a las instituciones republicanas.
"Asimismo, hacemos saber que en el día de la fecha el Dr. Maximiliano Rusconi se reunirá con una delegación de los Excmos. Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encabezada por el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez; en el marco de esa audiencia, esta defensa presentará un informe ante los Comisionados a efectos de que, en orden a la inusitada gravedad institucional de los hechos expuestos, puedan apreciar la dimensión jurídica y política del asunto y tomar intervención -con el dictado de las medidas que estimen correspondientes- a efectos de preservar las instituciones, los valores democráticos y el sistema republicano de gobierno.
"Sin otro particular, saludamos a los Excmos. Miembros de esta Honorable Cámara con nuestra más distinguida consideración.-
"Prof. Dr. Maximiliano A. Rusconi"
Sr. Presidente (Tonelli).- Luego de la lectura que ha hecho el secretario...
SRA. SCHMIDT LIERMANN Si me permite, señor presidente, quisiera decir algo.
SR. PRESIDENTE TONELLI Tiene la palabra la señora diputada Schmidt Liermann.
SRA. SCHMIDT LIERMANN Señor presidente: quiero agradecerle muy especialmente su labor y su compromiso con esta causa desde el comienzo. ¡Muchísimas gracias, don Pablo Tonelli! (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE TONELLI Muchas gracias a todos. Queda finalizada la reunión.