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ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 449
Secretario Administrativo DR. URIONDO FRANCISCO MANUEL
Jefe SRA. ROJAS CAMILA SOLEDAD
Martes 14.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 60752431 Internos 2431/32
caconstitucionales@hcdn.gob.ar
- ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Reunión del día 07/06/2016
- VARIOS
SR. PRESIDENTE TONELLI Queda abierta la reunión.
Tenemos tres proyectos de ley en el comienzo y después algunos proyectos de resolución.
El primer proyecto de ley es un proyecto firmado por varios diputados. Lo encabeza la diputada Nilda Carrizo por el cual se propone declarar a la ciudad de San Miguel del Tucumán capital de la Argentina a los efectos de la conmemoración del bicentenario de la Independencia.
Tenemos tres proyectos de ley en el comienzo y después algunos proyectos de resolución.
El primer proyecto de ley es un proyecto firmado por varios diputados. Lo encabeza la diputada Nilda Carrizo por el cual se propone declarar a la ciudad de San Miguel del Tucumán capital de la Argentina a los efectos de la conmemoración del bicentenario de la Independencia.
SR. (CLERI) Señor presidente: la diputada Mabel Carrizo nos solicitó -ella estaba haciendo todo lo posible para poder llegar al Congreso de la Nación y expresar los motivos- que, por pedido del gobierno de la provincia de Tucumán y sobre todo porque está fijada una sesión especial para el día 6, quería que este Honorable Congreso declare la semana del 5 al 10, de manera simbólica, capital nacional a la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Si estamos de acuerdo ésas serían las modificaciones a plantear al proyecto original para después, si hay decisión de acompañarlo en la comisión, pasarlo al resto de las comisiones ya con la modificación realizada en este punto.
Si estamos de acuerdo ésas serían las modificaciones a plantear al proyecto original para después, si hay decisión de acompañarlo en la comisión, pasarlo al resto de las comisiones ya con la modificación realizada en este punto.
SR. PRESIDENTE TONELLI Personalmente, no encuentro objeción. De todas maneras, yo leería primero el texto del proyecto, porque el proyecto original fue modificado por los asesores de la comisión.
SR. ( ) Señor presidente: ¿usted quiere leer el proyecto? El encabezamiento declara a la ciudad de San Miguel de Tucumán capital de la República Argentina a los efectos...
SR. ( ) Permítame una aclaración. A los afectos de marcar la diferencia que se produce entre lo que dice el proyecto y la reformulación que el diputado Cleri hace, que es muchísimo más clara que lo que dice el proyecto porque es en general.
Entonces, leo el encabezamiento del proyecto de ley. Dice así: "Se declara a la ciudad de San Miguel de Tucumán capital de la República Argentina, con motivo de conmemorarse el 200 aniversario de la declaración de la Independencia el día 9 de julio de 2016."
Entonces, leo el encabezamiento del proyecto de ley. Dice así: "Se declara a la ciudad de San Miguel de Tucumán capital de la República Argentina, con motivo de conmemorarse el 200 aniversario de la declaración de la Independencia el día 9 de julio de 2016."
SR. PRESIDENTE TONELLI Ese texto fue modificado por los asesores. Yo ahora voy a leer el texto acordado, que tiene una modificación importante en el siguiente sentido y es que para no tener inconveniente con el artículo 3° de la Constitución nacional el proyecto aclara expresamente que a Tucumán se la declara capital simbólica de la República Argentina.
Entonces, el proyecto dice lo siguiente: "Art. 1°.- Con motivo de conmemorarse el ducentésimo aniversario de la declaración de la independencia argentina, declárese..." (o declárase) "...a la ciudad de San Miguel de Tucumán capital simbólica de la República Argentina,..." y hasta ahora dice "el día 9 de julio de 2016." Ahí, de acuerdo con la propuesta que ha hecho el diputado Cleri, podríamos poner "desde el día 5 hasta el día 10 de julio de 2016."
"Art. 2°.- Esta declaración no tendrá otro efecto que honrar a la ciudad de San Miguel de Tucumán en esta conmemoración.
"Art. 3°.- Recomiéndase que los actos centrales que realice el Poder Ejecutivo nacional en conmemoración del bicentenario de la declaración de la independencia tengan lugar preferentemente en la ciudad de San Miguel de Tucumán."
El artículo 4° es de forma.
¿Estamos de acuerdo con ese texto? ¿Lo ponemos a consideración?
Queda aprobado.
Entonces, el proyecto dice lo siguiente: "Art. 1°.- Con motivo de conmemorarse el ducentésimo aniversario de la declaración de la independencia argentina, declárese..." (o declárase) "...a la ciudad de San Miguel de Tucumán capital simbólica de la República Argentina,..." y hasta ahora dice "el día 9 de julio de 2016." Ahí, de acuerdo con la propuesta que ha hecho el diputado Cleri, podríamos poner "desde el día 5 hasta el día 10 de julio de 2016."
"Art. 2°.- Esta declaración no tendrá otro efecto que honrar a la ciudad de San Miguel de Tucumán en esta conmemoración.
"Art. 3°.- Recomiéndase que los actos centrales que realice el Poder Ejecutivo nacional en conmemoración del bicentenario de la declaración de la independencia tengan lugar preferentemente en la ciudad de San Miguel de Tucumán."
El artículo 4° es de forma.
¿Estamos de acuerdo con ese texto? ¿Lo ponemos a consideración?
Queda aprobado.
SRA. ( ) Señor presidente: (...)
SR. PRESIDENTE TONELLI Personalmente lo ignoro. Sé que hay preparativos.
SRA. ( ) ¿Podríamos (...)
SR. ( ) Me comprometo a averiguar y a trasmitirlo.
SR. ( ) El segundo proyecto de ley es un proyecto del diputado Negri -que no está presente lamentablemente; está con un ataque de gripe-, por el cual se propone designar con el nombre de Presidente Raúl Alfonsín a la central nuclear de Embalse, ubicada en el Embalse de Río III, provincia de Córdoba.
Está a consideración el proyecto.
Está a consideración el proyecto.
SRA. ( ) (...)
SR. PRESIDENTE TONELLI Todas las que quiera.
SRA. STOLBIZER Por supuesto que estoy de acuerdo. Sólo hago la advertencia que la comisión está tratando un proyecto del diputado Durand Cornejo respecto a algunas restricciones en la puesta de nombres en carácter de homenaje. Entonces, yo digo, sepamos que estamos, si se quiere, votando una contradicción con el proyecto, más allá de que yo manifiesto obviamente la conformidad con el proyecto.
SR. PRESIDENTE TONELLI Es una buena aclaración, señora diputada.
Tiene la palabra el señor diputado Durand Cornejo.
Tiene la palabra el señor diputado Durand Cornejo.
SR. DURAND CORNEJO De todas maneras, no colisiona en nada porque el proyecto habla de diez años después de terminado el mandato o después (...).
SR. PRESIENTE (TONELLI) Hecha la aclaración.
El tercer proyecto es otro proyecto de ley de los diputados Barchetta, Racino, Cuccovillo y Troiano por el cual se declara a la ciudad de Santa Fe como cuna de la Constitución nacional y capital nacional de las convenciones constituyentes. Si nadie quiere hacer uso de la palabra lo ponemos a consideración.
El tercer proyecto es otro proyecto de ley de los diputados Barchetta, Racino, Cuccovillo y Troiano por el cual se declara a la ciudad de Santa Fe como cuna de la Constitución nacional y capital nacional de las convenciones constituyentes. Si nadie quiere hacer uso de la palabra lo ponemos a consideración.
SRA. ( ) Los santafesinos (...).
SR. ( ) Señor presidente: es un proyecto que tenía años en la comisión. Ya son diputados con mandato cumplido los que lo iniciaron y en la provincia de Santa Fe tenemos dos logros muy importantes. Uno es que Rosario es la cuna de la bandera y también que la ciudad de Santa Fe es cuna de la Constitución nacional, además de ser la primera provincia que tuvo la constitución federal, que debería ser el mandato de todas y cada una.
Simplemente quiero decirle que hay un gran acompañamiento para este proyecto que tiene dos años ya y la verdad es que sería muy bueno acompañarlo, a pesar de que hayan sido diputados de otro bloque político los que lo presentaron.
Simplemente quiero decirle que hay un gran acompañamiento para este proyecto que tiene dos años ya y la verdad es que sería muy bueno acompañarlo, a pesar de que hayan sido diputados de otro bloque político los que lo presentaron.
SR. PRESIDENTE TONELLI Está a consideración el proyecto para declarar a Santa Fe cuna de la Constitución nacional.
Resulta aprobado.
Empezamos con los proyectos de resolución. El primero es un proyecto del señor diputado Díaz Roig, que no está presente, porque está en la reunión de Presupuesto. El proyecto propicia un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el detalle de las joyas que presuntamente habría recibido como regalo protocolar durante su visita a Chile y Ecuador la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti.
Yo he puesto a consideración este proyecto o este pedido de informes del señor diputado Díaz Roig por expreso pedido de la vicepresidenta de la Nación, quien ha enviado un informe detallado, que ahí les van a repartir en fotocopias, donde explica detalladamente qué obsequios recibió y cuál fue... Además, explica, como también está pedido en el proyecto de resolución del diputado Díaz Roig, un episodio vinculado a la pérdida de su equipaje.
Personalmente, para que tenga sentido el informe que se les está repartiendo, que es el que ha brindado la vicepresidenta de la Nación, sugiero que aprobemos el pedido de informes del señor diputado Díaz Roig. No sé si alguien quiere decir algo.
Está a consideración el pedido de informes del señor diputado Díaz Roig. Si todos están de acuerdo queda aprobado y, al mismo tiempo, respondido con el informe. Sí, lo firmamos.
Vamos a pasar a tratar un pedido de resolución, que es el que ha suscitado cierta tensión extraordinaria sobre la reunión de hoy de la comisión.
Resulta aprobado.
Empezamos con los proyectos de resolución. El primero es un proyecto del señor diputado Díaz Roig, que no está presente, porque está en la reunión de Presupuesto. El proyecto propicia un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el detalle de las joyas que presuntamente habría recibido como regalo protocolar durante su visita a Chile y Ecuador la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti.
Yo he puesto a consideración este proyecto o este pedido de informes del señor diputado Díaz Roig por expreso pedido de la vicepresidenta de la Nación, quien ha enviado un informe detallado, que ahí les van a repartir en fotocopias, donde explica detalladamente qué obsequios recibió y cuál fue... Además, explica, como también está pedido en el proyecto de resolución del diputado Díaz Roig, un episodio vinculado a la pérdida de su equipaje.
Personalmente, para que tenga sentido el informe que se les está repartiendo, que es el que ha brindado la vicepresidenta de la Nación, sugiero que aprobemos el pedido de informes del señor diputado Díaz Roig. No sé si alguien quiere decir algo.
Está a consideración el pedido de informes del señor diputado Díaz Roig. Si todos están de acuerdo queda aprobado y, al mismo tiempo, respondido con el informe. Sí, lo firmamos.
Vamos a pasar a tratar un pedido de resolución, que es el que ha suscitado cierta tensión extraordinaria sobre la reunión de hoy de la comisión.
SR. ( ) Falta el punto 5.
SR. PRESIDENTE TONELLI No importa, voy a tratar ése primero, que es un proyecto de resolución que hemos presentado varios diputados.
SRA. LITZA Señor presidente: quiero solicitar a la comisión si podemos adelantar el tratamiento del proyecto de ley contenido en el expediente
3021-d-2016, de la señora diputada Camaño, respecto de la modificación de la ley de fueros, porque, como trata el fondo de la cuestión, sería interesante verlo antes de tratar los proyectos de resolución y de declaración. Es un pedido a la comisión.
SR. PRESIDENTE TONELLI Tiene la palabra el señor diputado Sánchez.
SR. SÁNCHEZ Señor presidente: es importante cualquier proyecto de reforma de algunas leyes. El problema es que estamos frente a una situación que no amerita, por lo menos en la evaluación de muchos de los miembros de esta comisión, y probablemente de esta Cámara, que se posponga el tratamiento; básicamente porque cuando uno trata una reforma de una ley el resultado es absolutamente incierto. Nosotros, inclusive, podríamos decir que sí al pedido de la diputada Litza, pero eso no querría decir absolutamente nada, porque tendríamos, en tal caso, la apertura de la evaluación de un proyecto de reforma de una ley, y nosotros acá tenemos en consideración un proyecto que tiene que ser resuelto ya, que es sobre la situación muy complicada de un miembro de esta Cámara.
Entonces, me parece a mí que nosotros podríamos hacer las dos cosas en el día de hoy, pero tenemos que resolver la situación planteada en el proyecto 2.578 sobre el diputado De Vido. Más allá de que inclusive está en el temario, podemos abrir la discusión de la reforma de la ley, pero la ley de fueros está vigente y es la que nosotros tenemos que aplicar para la discusión de la evaluación de este proyecto.
Yo le pediría que sigamos con el orden del temario.
Entonces, me parece a mí que nosotros podríamos hacer las dos cosas en el día de hoy, pero tenemos que resolver la situación planteada en el proyecto 2.578 sobre el diputado De Vido. Más allá de que inclusive está en el temario, podemos abrir la discusión de la reforma de la ley, pero la ley de fueros está vigente y es la que nosotros tenemos que aplicar para la discusión de la evaluación de este proyecto.
Yo le pediría que sigamos con el orden del temario.
SR. PRESIDENTE TONELLI Esa era la intención de la Presidencia, pero antes quiero escuchar a quienes han pedido la palabra. Primero el diputado Cigogna y después la diputada Carrió.
SR. CIGOGNA El proyecto de la diputada Camaño no pasó por asesores, así que yo propongo que pase por asesores y después lo consideramos.
SR. PRESIDENTE TONELLI Tiene la palabra la señora diputada Carrió.
SRA. CARRIÓ Señor presidente: sólo quiero decir que a mí me tocó, en su momento, ser presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando se legisló sobre la limitación de los fueros, porque en los pedidos no se podía avanzar en ningún tipo de proceso ni de prueba, si previamente no estaba el desafuero. De todas maneras, esto significó un gran avance porque todos podemos ser sometidos a proceso.
Frente a una observación creo que de la diputada Stolbizer yo entendía también que había que eliminar la posibilidad de pedir autorización para los allanamientos, pero esto efectivamente fue rechazado por un acuerdo parlamentario entre el P.J. y el partido radical. Yo no sé si era radical en ese momento, me parece que sí; pero yo también estaba en descuerdo en ese momento con mi bloque y finalmente quedó así.
Pero sin perjuicio de avalar esa interpretación y ese proyecto de reforma, que creo que constitucionalmente es correcto, que está pidiendo la diputada Camaño, frente a esta ley hay que resolver la autorización de la Cámara respecto de de la posibilidad de allanamiento, en este caso del imputado De Vido.
Frente a una observación creo que de la diputada Stolbizer yo entendía también que había que eliminar la posibilidad de pedir autorización para los allanamientos, pero esto efectivamente fue rechazado por un acuerdo parlamentario entre el P.J. y el partido radical. Yo no sé si era radical en ese momento, me parece que sí; pero yo también estaba en descuerdo en ese momento con mi bloque y finalmente quedó así.
Pero sin perjuicio de avalar esa interpretación y ese proyecto de reforma, que creo que constitucionalmente es correcto, que está pidiendo la diputada Camaño, frente a esta ley hay que resolver la autorización de la Cámara respecto de de la posibilidad de allanamiento, en este caso del imputado De Vido.
SR. PRESIDENTE TONELLI En consonancia con lo que acaba de expresar la diputada, la Presidencia resuelve que tratemos el proyecto de resolución y ya está puesto en el temario el proyecto de ley de la diputada Camaño, al que seguramente le daremos inicio en su tratamiento y, si estamos todos de acuerdo y como ha propuesto el diputado Cigogna, pediremos primero que los asesores analicen este proyecto y luego lo trataremos aquí en el pleno.
De modo que retomo, entonces, la consideración del proyecto de resolución contenido en el expediente 2.578. Hago una breve explicación del proyecto para después darle la palabra a quienes lo soliciten.
En el curso de una causa en la que un juez federal -el juez federal Luis Rodríguez- investiga o analiza la conducta del diputado Julio De Vido por la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito, el juez había dispuesto realizar un allanamiento en la vivienda particular del diputado De Vido. Sin embargo se presentó el defensor del diputado De Vido en la causa y esgrimió la existencia de los fueros del diputado para solicitar que el allanamiento no se realizara.
Así fue que el juez dictó una resolución de fecha 29 de abril, la cual tiene por presentado el escrito de la defensa y dice textualmente que, en atención a lo allí informado, en cuanto que el domicilio de Avenida del Libertador 2275 Piso 10° es la residencia del actualmente diputado nacional Julio De Vido, accede a lo solicitado y, por aplicación de la ley de 25.320, deja sin efecto el allanamiento que él mismo había dispuesto.
Ante el conocimiento periodístico que tuvimos de esta decisión del juez, nos pareció -y así propiciamos mediante el proyecto de resolución que está a consideración de la comisión- que la Cámara, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 1° de la ley 25.320 autorice al juez federal a allanar tanto el domicilio particular como las oficinas del diputado De Vido, para cumplir allí las diligencias que tenga que cumplir en esta causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Y, en ese sentido, es importante dejar bien aclarado que, de acuerdo con lo que dice la ley 25.320 y con lo que propicia el proyecto de resolución que tenemos a consideración, el único alcance de esta resolución, si fuera aprobada por la Cámara, es autorizar al juez a allanar el domicilio del diputado De Vido. Luego el juez, con la autorización, resolverá si efectivamente lo allana y cuándo y con qué extensión, pero de ninguna manera, y de acuerdo con lo que dice la ley, implica afectar al diputado De Vido en su desempeño, en su condición de tal, en sus fueros ni mucho menos suspenderlo en sus funciones, como también podría eventualmente hacer la Cámara de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 de la Constitución Nacional.
Es decir, no presumimos nada, no juzgamos nada, no afectamos el desempeño del diputado De Vido de su función de tal; solamente propiciamos que se autorice el allanamiento en aras de facilitar la investigación que un juez penal está llevando adelante.
Queremos, en este sentido -no sólo en el caso del diputado De Vido sino en todos los casos similares o parecidos que se planteen-, expresar nuestra decisión y queremos dejar constancia de nuestra decisión, nuestra voluntad de facilitar en todo cuanto sea posible la investigación de posibles hechos de corrupción o de posibles delitos. Y, en ese sentido, así lo vamos a hacer, se trate de quien se trate. Este es el único fin y propósito de la resolución.
Dicho esto, y sin perjuicio de posteriores aclaraciones, paso a dar el uso de la palabra. En primer lugar, pidió la palabra el diputado Alonso y después la diputada Stolbizer.
De modo que retomo, entonces, la consideración del proyecto de resolución contenido en el expediente 2.578. Hago una breve explicación del proyecto para después darle la palabra a quienes lo soliciten.
En el curso de una causa en la que un juez federal -el juez federal Luis Rodríguez- investiga o analiza la conducta del diputado Julio De Vido por la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito, el juez había dispuesto realizar un allanamiento en la vivienda particular del diputado De Vido. Sin embargo se presentó el defensor del diputado De Vido en la causa y esgrimió la existencia de los fueros del diputado para solicitar que el allanamiento no se realizara.
Así fue que el juez dictó una resolución de fecha 29 de abril, la cual tiene por presentado el escrito de la defensa y dice textualmente que, en atención a lo allí informado, en cuanto que el domicilio de Avenida del Libertador 2275 Piso 10° es la residencia del actualmente diputado nacional Julio De Vido, accede a lo solicitado y, por aplicación de la ley de 25.320, deja sin efecto el allanamiento que él mismo había dispuesto.
Ante el conocimiento periodístico que tuvimos de esta decisión del juez, nos pareció -y así propiciamos mediante el proyecto de resolución que está a consideración de la comisión- que la Cámara, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 1° de la ley 25.320 autorice al juez federal a allanar tanto el domicilio particular como las oficinas del diputado De Vido, para cumplir allí las diligencias que tenga que cumplir en esta causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Y, en ese sentido, es importante dejar bien aclarado que, de acuerdo con lo que dice la ley 25.320 y con lo que propicia el proyecto de resolución que tenemos a consideración, el único alcance de esta resolución, si fuera aprobada por la Cámara, es autorizar al juez a allanar el domicilio del diputado De Vido. Luego el juez, con la autorización, resolverá si efectivamente lo allana y cuándo y con qué extensión, pero de ninguna manera, y de acuerdo con lo que dice la ley, implica afectar al diputado De Vido en su desempeño, en su condición de tal, en sus fueros ni mucho menos suspenderlo en sus funciones, como también podría eventualmente hacer la Cámara de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 de la Constitución Nacional.
Es decir, no presumimos nada, no juzgamos nada, no afectamos el desempeño del diputado De Vido de su función de tal; solamente propiciamos que se autorice el allanamiento en aras de facilitar la investigación que un juez penal está llevando adelante.
Queremos, en este sentido -no sólo en el caso del diputado De Vido sino en todos los casos similares o parecidos que se planteen-, expresar nuestra decisión y queremos dejar constancia de nuestra decisión, nuestra voluntad de facilitar en todo cuanto sea posible la investigación de posibles hechos de corrupción o de posibles delitos. Y, en ese sentido, así lo vamos a hacer, se trate de quien se trate. Este es el único fin y propósito de la resolución.
Dicho esto, y sin perjuicio de posteriores aclaraciones, paso a dar el uso de la palabra. En primer lugar, pidió la palabra el diputado Alonso y después la diputada Stolbizer.
SR. ( ) Una consulta, señor presidente, porque lo desconozco. ¿Obra en poder de la Comisión el pronunciamiento del juez?
SR. PRESIDENTE TONELLI Tengo en mi poder una copia simple de la resolución del juez por la cual dejó sin efecto el allanamiento, por supuesto en la medida que...
SRA. ( ) ¿Lo puede leer?
SR. ( ) Sí.
SR. ( ) ¿Le podría dar lectura, porque nosotros lo desconocemos?
SR. PRESIDENTE TONELLI Sí. Algo leí recién. Leí la parte sustancial, pero la puedo volver a leer. No hay ningún problema.
La resolución es del 29 de abril de 2016 y textualmente dice: "Por recibido, agréguese el escrito presentado por la defensa. En atención a lo allí informado en cuanto que el domicilio de Avenida del Libertador 2275 Piso 10° de esta ciudad, continúa siendo la residencia del actualmente diputado nacional Julio Miguel De Vido, circunstancia que no surgía de la diversa documentación acollarada al expediente, resulta prudente dejar sin efecto la medida ordenada respecto de ese domicilio. Es que si bien la diligencia estaba destinada a obtener los libros societarios de Univite Argentina S.A., cuyo último socio denunció como único domicilio el referido precedentemente y que sólo se autorizó el allanamiento de la finca en subsidio, resulta insoslayable que la defensa ha señalado que allí se domicilia el imputado, quien goza de las inmunidades establecidas en la ley 25.320.
"Por tal motivo, déjase sin efecto la orden de presentación con allanamiento en subsidio librada respecto del domicilio de Avenida del Libertador 2275 Piso 10° de esta ciudad.
"Líbrese oficio a la dependencia policial. Notifíquese al agente fiscal." Ese es el texto completo de la resolución.
Tiene la palabra la diputada Stolbizer.
La resolución es del 29 de abril de 2016 y textualmente dice: "Por recibido, agréguese el escrito presentado por la defensa. En atención a lo allí informado en cuanto que el domicilio de Avenida del Libertador 2275 Piso 10° de esta ciudad, continúa siendo la residencia del actualmente diputado nacional Julio Miguel De Vido, circunstancia que no surgía de la diversa documentación acollarada al expediente, resulta prudente dejar sin efecto la medida ordenada respecto de ese domicilio. Es que si bien la diligencia estaba destinada a obtener los libros societarios de Univite Argentina S.A., cuyo último socio denunció como único domicilio el referido precedentemente y que sólo se autorizó el allanamiento de la finca en subsidio, resulta insoslayable que la defensa ha señalado que allí se domicilia el imputado, quien goza de las inmunidades establecidas en la ley 25.320.
"Por tal motivo, déjase sin efecto la orden de presentación con allanamiento en subsidio librada respecto del domicilio de Avenida del Libertador 2275 Piso 10° de esta ciudad.
"Líbrese oficio a la dependencia policial. Notifíquese al agente fiscal." Ese es el texto completo de la resolución.
Tiene la palabra la diputada Stolbizer.
SRA. STOLBIZER Señor presidente: en realidad, quiero manifestar en términos generales una enorme preocupación por el temario de esta comisión.
Me refiero a los cuatro proyectos seguidos. El proyecto de su autoría, lo digo con respeto, el proyecto del diputado Mestre, el de la diputada Conti, el del diputado Tailhade. Yo siento que el conflicto es propio de la actividad política y es sano que así sea. Ahora, la verdad es que cuando venimos a traer los conflictos políticos que están en nuestro ánimo permanente al ámbito del Congreso -con la pretensión de que el cuerpo en su conjunto en una acción claramente institucional y constitucional, acompañe una declaración política como las que se están presentando- siento que estamos entrando nosotros mismos en un bastardeo enorme de las instituciones y en una sobreactuación.
No tiene la Cámara ninguna autorización para poder habilitar, sin un pedido expreso por parte del juez interviniente, un allanamiento de estas características. No hay un pedido. Es más, el propio juez deja sin efecto el allanamiento que él mismo había ordenado, o sea que ni siquiera hoy hay un allanamiento pendiente. Porque si el juez hubiera sacado una declaración diciendo que no se puede hacer pero le va a pedir al Congreso..., pero ahora nosotros estamos sobreactuando algo que ni siquiera está en el expediente, no hay una medida pendiente hoy.
Entonces, creo que eso incluso hasta podría parecer como un gesto de parte del Legislativo de inducir en un determinado sentido al Poder Judicial. Nadie puede sospechar en mí la menor intención de proteger al diputado De Vido. Pero, la verdad no estoy dispuesta a acompañar nada que esté por sobre lo que las normas establecen. Si algo debemos ser es absolutamente cuidadosos.
La medida del allanamiento sobre un funcionario como los que nombra la ley es muy restrictiva y esto no significa amparar, de ninguna manera. Cuando uno relee lo que fue el debate de la ley, las posiciones de la doctora Carrió, del diputado López Arias, el diputado Díaz Bancalari, y una cantidad grande, todos han dejado en claro que esta ley tiene justamente por finalidad poner límites a las prerrogativas que los funcionarios teníamos, pero esto no nos habilita a cualquier cosa.
Y, de la misma manera, siento que los proyectos que se presentan de repudio a los otros proyecto es, en el otro sentido, sinceramente otro bastardeo, como el que un diputado pretenda incluso cercenar al otro de presentar un proyecto y repudie el proyecto que el otro presenta.
Estamos avanzando en acciones impropias con la pretensión de que esto recoja el acompañamiento de una cuestión estrictamente política, que hay que dirimirla en el lugar que sea. Tenemos todas las tribunas públicas para decirnos las cosas que nos tenemos que decir y eso es bueno y es sano para la democracia; pero con las cosas que pretendemos venir a decir aquí, movilizando nuestra estructura institucional en un determinado sentido, me parece que nos estamos poniendo en el filo de una cornisa muy delicada, que hoy tenemos todos la responsabilidad de proteger.
Por lo tanto, adelanto ya en términos genéricos mi posición negativa respecto de los cuatro proyectos seguidos que tenemos en tratamiento.
Me refiero a los cuatro proyectos seguidos. El proyecto de su autoría, lo digo con respeto, el proyecto del diputado Mestre, el de la diputada Conti, el del diputado Tailhade. Yo siento que el conflicto es propio de la actividad política y es sano que así sea. Ahora, la verdad es que cuando venimos a traer los conflictos políticos que están en nuestro ánimo permanente al ámbito del Congreso -con la pretensión de que el cuerpo en su conjunto en una acción claramente institucional y constitucional, acompañe una declaración política como las que se están presentando- siento que estamos entrando nosotros mismos en un bastardeo enorme de las instituciones y en una sobreactuación.
No tiene la Cámara ninguna autorización para poder habilitar, sin un pedido expreso por parte del juez interviniente, un allanamiento de estas características. No hay un pedido. Es más, el propio juez deja sin efecto el allanamiento que él mismo había ordenado, o sea que ni siquiera hoy hay un allanamiento pendiente. Porque si el juez hubiera sacado una declaración diciendo que no se puede hacer pero le va a pedir al Congreso..., pero ahora nosotros estamos sobreactuando algo que ni siquiera está en el expediente, no hay una medida pendiente hoy.
Entonces, creo que eso incluso hasta podría parecer como un gesto de parte del Legislativo de inducir en un determinado sentido al Poder Judicial. Nadie puede sospechar en mí la menor intención de proteger al diputado De Vido. Pero, la verdad no estoy dispuesta a acompañar nada que esté por sobre lo que las normas establecen. Si algo debemos ser es absolutamente cuidadosos.
La medida del allanamiento sobre un funcionario como los que nombra la ley es muy restrictiva y esto no significa amparar, de ninguna manera. Cuando uno relee lo que fue el debate de la ley, las posiciones de la doctora Carrió, del diputado López Arias, el diputado Díaz Bancalari, y una cantidad grande, todos han dejado en claro que esta ley tiene justamente por finalidad poner límites a las prerrogativas que los funcionarios teníamos, pero esto no nos habilita a cualquier cosa.
Y, de la misma manera, siento que los proyectos que se presentan de repudio a los otros proyecto es, en el otro sentido, sinceramente otro bastardeo, como el que un diputado pretenda incluso cercenar al otro de presentar un proyecto y repudie el proyecto que el otro presenta.
Estamos avanzando en acciones impropias con la pretensión de que esto recoja el acompañamiento de una cuestión estrictamente política, que hay que dirimirla en el lugar que sea. Tenemos todas las tribunas públicas para decirnos las cosas que nos tenemos que decir y eso es bueno y es sano para la democracia; pero con las cosas que pretendemos venir a decir aquí, movilizando nuestra estructura institucional en un determinado sentido, me parece que nos estamos poniendo en el filo de una cornisa muy delicada, que hoy tenemos todos la responsabilidad de proteger.
Por lo tanto, adelanto ya en términos genéricos mi posición negativa respecto de los cuatro proyectos seguidos que tenemos en tratamiento.
SR. PRESIDENTE TONELLI Tiene la palabra la señora diputada Litza.
SRA. LITZA Señor presidente: mi posición está muy en línea con las palabras de la diputada Stolbizer y no quiero repetir los argumentos. Por eso me parecía muy prudente, para que esta cuestión no sea meramente política, coyuntural, circunstancial o de contexto político, avanzar en el tema de fondo.
La modificación que estamos proponiendo al artículo 1° de la ley 25.320, precisamente, tiene que ver con ponernos en línea con la manda constitucional, que tiene que ver con no exceder, no ir más allá de lo que la Constitución pide respecto de los fueros. En ningún la Constitución nacional habla de allanamientos. Es una cuestión donde esta ley, si bien está vigente y vamos a respetar que esté vigente, se extralimita en la capacidad restrictiva del tema de los fueros.
Ahora bien, la otra cuestión que es muy importante es que no hay un pedido expreso del juez. Estamos sentando tal vez un precedente peligroso en este tema. Me parece que tendríamos que realmente tratar, como legisladores de la Nación que somos, de ver el tema de la ley, de llegar a consensos respecto del tema del allanamiento, de encuadrarnos dentro de la normativa constitucional y dejar el tema político que, como también dijo la diputada Stolbizer, no es ninguna intención nuestra de impedir el accionar de la Justicia o de encubrir a nadie; todo lo contrario, nosotros somos proactivos respecto del avance de la Justicia, pero, en este caso, me parece que tenemos la oportunidad de ver más el fondo que la forma y me gustaría que la podamos aprovechar.
La modificación que estamos proponiendo al artículo 1° de la ley 25.320, precisamente, tiene que ver con ponernos en línea con la manda constitucional, que tiene que ver con no exceder, no ir más allá de lo que la Constitución pide respecto de los fueros. En ningún la Constitución nacional habla de allanamientos. Es una cuestión donde esta ley, si bien está vigente y vamos a respetar que esté vigente, se extralimita en la capacidad restrictiva del tema de los fueros.
Ahora bien, la otra cuestión que es muy importante es que no hay un pedido expreso del juez. Estamos sentando tal vez un precedente peligroso en este tema. Me parece que tendríamos que realmente tratar, como legisladores de la Nación que somos, de ver el tema de la ley, de llegar a consensos respecto del tema del allanamiento, de encuadrarnos dentro de la normativa constitucional y dejar el tema político que, como también dijo la diputada Stolbizer, no es ninguna intención nuestra de impedir el accionar de la Justicia o de encubrir a nadie; todo lo contrario, nosotros somos proactivos respecto del avance de la Justicia, pero, en este caso, me parece que tenemos la oportunidad de ver más el fondo que la forma y me gustaría que la podamos aprovechar.
SR. PRESIDENTE TONELLI Tiene la palabra el señor diputado Tailhade.
SR. (TAILHADE) Señor presidente: quiero agregar algunas cosas. Creo que fueron claras las dos diputadas preopinantes, pero quiero corregir, si se me permite, algunas expresiones que recién manifestó usted en la presentación del proyecto.
Por un lado, no era el allanamiento del domicilio particular del diputado De Vido. No se ordenó el allanamiento del domicilio particular. Como lo dice el auto del 29 de abril, el propio juez dice: "si bien la diligencia estaba destinada a obtener los libros societarios de Univite Argentina S.A. y que sólo se autorizó el allanamiento de la finca en subsidio,..." es decir que había una orden de presentación con allanamiento en subsidio a esos efectos, no a efectos de ingresar a través de un allanamiento al domicilio particular de De Vido.
Justamente como no se buscaba el allanamiento del domicilio particular es que se deja sin efecto y no -y en ésta también es otra cuestión que por lo menos desde mi perspectiva debe considerarse como una corrección a lo que usted planteó- en ningún momento surge del auto que el juez accede a lo solicitado. ¿Por qué? Porque justamente la defensa del diputado De Vido no solicitó que se deje sin efecto el allanamiento. El auto nuevamente del 29 de abril no dice "en atención de lo aquí solicitado". Dice "En atención a lo allí informado". Me tomé el trabajo de compulsar las actuaciones, de conseguir algunos antecedentes y efectivamente el escrito del defensor particular de De Vido sin la firma del diputado y por una gestión que consideró pertinente la defensa, solamente puso en conocimiento del juez que allí residía el diputado De Vido. Por otro lado, también me ocupé de conocer alguna cuestión más profunda de la causa, cosa que si se me permite no fue la conducta de los diputados que firmaron el proyecto de resolución, porque es claro que solamente...
Por un lado, no era el allanamiento del domicilio particular del diputado De Vido. No se ordenó el allanamiento del domicilio particular. Como lo dice el auto del 29 de abril, el propio juez dice: "si bien la diligencia estaba destinada a obtener los libros societarios de Univite Argentina S.A. y que sólo se autorizó el allanamiento de la finca en subsidio,..." es decir que había una orden de presentación con allanamiento en subsidio a esos efectos, no a efectos de ingresar a través de un allanamiento al domicilio particular de De Vido.
Justamente como no se buscaba el allanamiento del domicilio particular es que se deja sin efecto y no -y en ésta también es otra cuestión que por lo menos desde mi perspectiva debe considerarse como una corrección a lo que usted planteó- en ningún momento surge del auto que el juez accede a lo solicitado. ¿Por qué? Porque justamente la defensa del diputado De Vido no solicitó que se deje sin efecto el allanamiento. El auto nuevamente del 29 de abril no dice "en atención de lo aquí solicitado". Dice "En atención a lo allí informado". Me tomé el trabajo de compulsar las actuaciones, de conseguir algunos antecedentes y efectivamente el escrito del defensor particular de De Vido sin la firma del diputado y por una gestión que consideró pertinente la defensa, solamente puso en conocimiento del juez que allí residía el diputado De Vido. Por otro lado, también me ocupé de conocer alguna cuestión más profunda de la causa, cosa que si se me permite no fue la conducta de los diputados que firmaron el proyecto de resolución, porque es claro que solamente...
SR. PRESIDENTE TONELLI ¿Me permite una aclaración?
SR. TAILHADE Sí.
SR. PRESIDENTE TONELLI Yo me presenté en la causa y pedí fotocopias de las partes pertinentes y el juez lo autorizó. El abogado defensor del diputado De Vido se presentó y pidió una revocatoria de esa decisión y le pidió al juez que no me otorgara la fotocopia. El juez me dio traslado, lo contesté y la cuestión aún no está resuelta. Pero en todo caso si no tengo más fotocopias de la causa es porque la defensa del diputado De Vido se opuso a que el juez me las entregara.
SR. TAILHADE Yo me arriesgaría a señalar...
SRA. CONTI De todas maneras, señor presidente, su presentación en la causa fue a posteriori de la presentación del proyecto de resolución que se está poniendo en tratamiento. No fue antes y su fundamento se basa solamente en versiones periodísticas lo cual le quita seriedad al planteo.
SR. TAILHADE Suscribo lo afirmado por la señora diputada y lo único que agrego es que se trata de una causa que tramita desde el 2008. Los que tenemos cierto conocimiento de la justicia penal y de los expedientes penales sabemos también que después de ocho años un allanamiento en esas condiciones no me parece que sea una medida pertinente. No me quiero meter en eso. Es una decisión del juez. Solamente quería dejar en claro cuál es mi posición respecto a las razones por las cuales el juez dejó sin efecto el allanamiento.
SR. PRESIDENTE TONELLI Tiene la palabra la señora diputada Carrió.
SRA. CARRIÓ Señor presidente: me parece que lo primero que hay que fijar es a qué se refiere la Constitución cuando habla de esta inmunidad. En realidad, la Constitución no impide el allanamiento. Esto fue puesto por acuerdo parlamentario y yo señalé en su momento que no estaba de acuerdo. Lo único que teníamos que limitar era la extensión del arresto pero respetando el acuerdo parlamentario. Yo quería recordarle a los diputados más jóvenes que este proyecto era original de la diputada Kirchner, mío y fue finalmente la diputada la que se abstuvo. En el momento de las coimas al Senado fue difícil donde se pedía el desafuero de los senadores, se aprovechó porque nunca se ponía en el Orden del Día. Todos los legisladores querían que nunca se tratara el proyecto y entonces, todo caso penal, moría en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Esta era la realidad hasta que se sancionó la ley. Se iniciaba un proceso contra un diputado, se remitía esa instrucción de sumario sin ningún elemento a la cámara, iba a la comisión, ésta lo cajoneaba y de esto se desprendía la absoluta impunidad de los legisladores nacionales frente a la justicia. Por eso decidimos que este era el momento -desesperado como estaban los senadores por cubrirse- de limitar los fueros. Es decir, que fueran a declarar pero que por primera vez en la historia argentina se determinara que en realidad la única excepción era la del arresto sin autorización de la cámara porque esto está en el precedente del caso Alem, donde procedió el habeas corpus allá en los primeros años del 1900 o antes. Justamente se invocaban estos privilegios de inmunidad. Entonces, la verdad es que hubo un acuerdo parlamentario y fue uno de los días más difíciles de sesión en esta Cámara. Creo que la correcta interpretación constitucional es que la inmunidad que tenemos es la de arresto. En este caso, de acuerdo a quien debo dar fe porque es el presidente de la comisión, el caso se plantea de la siguiente manera. Hay un juez que ha rechazado o dejado sin efecto una medida por interpretar que había una inmunidad. En consecuencia, lo que cabe es que este proyecto de resolución que voy a firmar y comparto siempre que se pongan "los domicilios" y no "el" domicilio. Que yo sepa el domicilio real es con los pájaros allá en Zárate. Vecino mío. "Los domicilios" vienen a ser una interpretación constitucional de lo que quisieron los legisladores independiente, de que yo comparto porque ha sido mi posición hace diez o doce años. Son 16 años que acompaño la propuesta de la diputada Camaño, que es la que sostuve durante la discusión de la ley. Esta es una resolución de interpretación. Un juez no puede decir que tiene inmunidad y no puede allanar. Lo que correspondía a ese juez que le señalaban que el domicilio era el domicilio de un diputado, lo único que tenía que hacer el juez es pedir la autorización y no dejar sin efecto, con lo cual esta resolución de la cámara debe darse como una declaración de interpretación correcta de la delimitación de los fueros en el sentido de que ningún juez puede decir "no hago esto porque tienen inmunidad". Al contrario, solo hago esto por autorización de la Cámara. Apoyo la declaración en la correcta interpretación del artículo y pido que se pongan todos los domicilios. Nosotros tenemos varios domicilios. Que se ponga la palabra "los domicilios". La Convención Interamericana contra la Corrupción tiene observaciones a la Argentina por la falta de transparencia, impide que nosotros no tengamos un pronunciamiento, porque no tener un pronunciamiento sobre este caso implicaría otorgarle a la ley en vigencia una inmunidad absoluta, total y perenne sobre los domicilios de los legisladores que me parece que es exactamente lo contrario al espíritu de esta ley que nos costó muchísimo tiempo sancionar. Creo que estuvimos seis o siete años legisladores de distintas bancadas para limitar los fueros dado que los legisladores se amparaban en una extensiva consideración de los fueros para no ser sometidos ni siquiera a la justicia civil. Cuando me tocó ser presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales hicimos esta reforma y no iba al recinto porque los legisladores se oponían porque querían su impunidad. Solo fue al recinto en el momento que los senadores podían ser desaforados y entonces dijimos que vayan a declarar que se pueda hacer toda la investigación. Gracias a eso hubo juicios por primera vez en la historia argentina a senadores por el caso de las coimas al Senado. Lamentablemente hubo impunidad por parte de la resolución judicial. Pero hubo juicio.
SR. PRESIDENTE TONELLI Tiene la palabra el señor diputado Sánchez.
SR. SÁNCHEZ Quisiera contestar algunas cosas o agregar algunas otras. Si bien es cierto que ninguno de nosotros está imposibilitado de presentar el proyecto que creamos conveniente con el contenido que creamos conveniente lo cierto es que la mayoría de los que estamos en esta comisión tenemos cierto entendimiento no solo de la materia que tratamos -algunos menos que otros- sino además de lo que es más o menos oportuno en un trámite parlamentario. Todos los proyectos son dignos de ser tratados. Repudiar un proyecto con otro proyecto no le veo mucho sentido. Está incluido en el orden del día para que podamos expresar nuestra opinión sobre esos proyectos. La segunda cuestión es que no tenemos que mezclar nuestras posiciones políticas respecto de las responsabilidades penales de algunos miembros de esta cámara. Tenemos que ser capaces de poder contribuir al normal desenvolvimiento de la investigación para poder saber si efectivamente se le asignan responsabilidad penal a alguien o no. En ese sentido, comparto lo que dice la diputada Carrió. El proyecto es oportuno. El proyecto de su autoría. ¿Por qué? Porque ningún juez ordena un allanamiento porque está entretenido. O porque se quiere entretener. Ningún juez ordena algo para hacer política. Se supone que lo tiene que fundar, es responsable de lo que ordena; ordenar un allanamiento no es una cuestión menor y tiene que hacer una evaluación aún más detallada cuando el allanamiento se da en el domicilio de un legislador. Todos sabemos que tenemos ciertas prerrogativas con los alcances que establece esta ley. Si efectivamente, como dice la diputada Carrió, antes de la existencia de esta ley se hacían interpretaciones exageradas de los fueros parlamentarios. Los jueces hacían lo que la Constitución no decía que tenían que hacer que es no hacer nada. Eso es lo que no tenía que pasar porque la ley en ningún momento nos dice que somos impunes mientras dure nuestro mandato. La Constitución no lo dice. Lo que sí tenía que hacerse era una interpretación desde la normativa constitucional y del uso de esa normativa razonable. Como no se hacía vino esta ley a poner algo de razonabilidad. Yo era bastante chico pero tuve que estudiar algunos antecedentes, señor presidente. La orden de allanamiento existió y fue fundada y no se pudo llevar adelante. Eso es lo que tenemos que considerar. O estamos en contra de las motivaciones de la orden del allanamiento y entonces tendríamos que ir contra las decisiones del juez o no tenemos nada que decir contra la orden de allanamiento y por eso tenemos que resolver si le quitamos el escollo al juez para llevar adelante al orden de allanamiento. Hay dos situaciones posibles. No hay más y no hay especulaciones. Nosotros no llevamos adelante la causa judicial. Tenemos que preservar lo que tenemos que preservar según la ley, pero tenemos que librarnos de los escollos inventados. Aún con esta ley ningún juez se puede dar vuelta en la puerta de nadie diciendo "como tiene fueros me voy sin el allanamiento". "Me voy sin los libros contables", porque en realidad es lo que fue a buscar. Si era una orden que subsidiariamente era de allanamiento. Se fue sin los libros contables. Es cierto que se fue a allanar un domicilio porque coincidía con el domicilio comercial de una empresa del propio diputado. Esto es simple. Nosotros tenemos que decir si autorizamos o no según lo que hoy dice la ley vigente, más allá de que podamos coincidir con alguna propuesta de modificación. Pero hoy tenemos una ley vigente que es la que nos establece límites razonables. No podemos permitir dos cosas. Que ningún miembro de este Parlamento se escude en los fueros para quedar impune y no le podemos permitir a ningún juez que con la excusa de los fueros parlamentarios se dé la vuelta y no obtenga la información que tiene que obtener para llegar a la justicia. No estamos prejuzgando. Algunos tenemos nuestra opinión. La mía es muy desfavorable sobre el diputado De Vido pero yo no juzgo penalmente. Nosotros lo único que tenemos que hacer acá es posibilitar, porque lo que tienen que encontrar otros aunque no quieran, es justicia. Nosotros vamos a firmar a favor.
SR. PRESIDENTE TONELLI Tiene la palabra el señor diputado Durand Cornejo.
SR. DURAND CORNEJO Señor presidente: coincido totalmente con los dichos por la diputada Stolbezer, la diputada del bloque de Massa. Considerando todo esto hasta es innecesario aclarar que el Poder Judicial es una cosa y la Cámara de Diputados es otra muy distinta. La Cámara de Diputados y esta comisión no sobreactúa. En todo caso hemos podido ver lamentables episodios de sobreactuación por parte de algunos miembros del Poder Judicial. Sin ir más lejos una imagen del fiscal en el sur del país haciendo agujeros con una máquina retroexcavadora. Bochornosa imagen a sabiendas de que nada se iba a encontrar. Para ser más que breve, destacar que la Cámara de Diputados y esta comisión, sí pueden tener pronunciamientos pero que necesita el pueblo de la nación. A mí como legislador me parece muy feo aceptar lo que todos los ciudadanos afirman de que esta cámara y otras legislaturas de la República Argentina son refugios para personas que no han hecho las cosas bien y más que necesario es dar una señal a la comunidad de que desde esta Cámara de Diputados no se ampara en absoluto e instamos a que el Poder Judicial cumpla su función y como han dicho el diputado Sánchez y la diputada Carrió, no argumentar las cosas que la Constitución no dice. Apoyo el proyecto en cuestión.
SR. PRESIDENTE TONELLI Tiene la palabra el señor diputado Brugge.
SR. BRUGGE Se mezclan varias cosas. Básicamente comparto algunas expresiones y otras no. Como constitucionalista debo decir que cuando se sancionó esta ley mi primera impresión fue decir que era inconstitucional, pero que estábamos en una verdadera situación de ahogo político. Varios senadores lloraban por la televisión. Recuerdo algún cantante famoso que lo hacía. Había que sacar algo. Había que resolver esta situación. Independientemente de mi posicionamiento personal y constitucional sobre el particular de la ley 25.320, no pude dejar de señalar cuál es la naturaleza constitucional o dónde está alcanzada constitucionalmente. Efectivamente, los artículos 69 y 70 de la Constitución Nacional. Esos dos artículos parten de la base que todo procedimiento judicial, toda detención o arresto que se haga a un miembro del Parlamento argentino debe ser motivado por orden judicial. La instancia siempre viene del Poder Judicial al Parlamento, no del Parlamento al Poder Judicial. Ese es el criterio constitucional más allá de lo que algunos quieran pretender hacernos ver o pretender hacer una interpretación que también tiene sus limitaciones. La Constitución es interpretada por los jueces. Los legisladores podemos interpretar si dentro de nuestra potestades limitadas. Quien hace la interpretación final es el Poder Judicial. Esto por el hecho de que no se puede tener un discurso institucional para una cosa y un discurso institucional para otra cosa. La Constitución es una sola y es hora que la República Argentina así lo entienda. El señor presidente nos leyó la resolución y en esa lectura no surge que el juez haya solicitado que esta Cámara autorice a que se permita el allanamiento del domicilio y los papeles privados.
El allanamiento del domicilio, del despacho, de los papeles privados, de la intersección de las comunicaciones de un legislador, ¿comporta la inmunidad parlamentaria? Sí. Disiento con aquellos que dicen que no. Sí comporta. Surge de lo que dice Bidart Campos, Vanossi, destacada doctrina constitucional argentina. No es una opinión personal, sino que surge de lo que han estado estudiando.
A esta ley la he llamado "de flexibilización de fueros" haciendo alusión a la causa que motivó la ley y que fue producto justamente de un supuesto acto de corrupción durante el gobierno de la Alianza. La flexibilización de fueros. En este punto concreto, ¿exigen autorización judicial? ¿Exigen que el juez le pida a la cámara que autorice un allanamiento? La respuesta es no. Si nos remitimos a la literalidad del texto surge al final de que no tiene que solicitar esa autorización.
En función de eso ante esta situación concreta, lo podemos leer textualmente. Hace un punto aparte, el último párrafo del artículo 1° y dice así: "No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intersección de su correspondencia o comunicación telefónica sin la autorización de la respectiva cámara". No se podrá ordenar. Contrario sensu, no puede decirse que el juez lo puede solicitar porque arriba está diciendo que el juez en el caso de tomar medidas restrictivas de la libertad o del arresto del diputado debe solicitar expresamente el desafuero. En este punto no lo trata, no lo exige.
Por lo tanto, entendemos que en el caso concreto, en este solo párrafo y esta circunstancia ya que los fueros y las inmunidades no son de los señores diputados sino que son los de la Cámara, ésta puede tener la autorización para decidir si dan la autorización o no aún sin que medie un pedido formal del juez. Por lo tanto, el frente, la alianza que representamos (UNA), adelanta el voto positivo a la resolución en cuestión.
El allanamiento del domicilio, del despacho, de los papeles privados, de la intersección de las comunicaciones de un legislador, ¿comporta la inmunidad parlamentaria? Sí. Disiento con aquellos que dicen que no. Sí comporta. Surge de lo que dice Bidart Campos, Vanossi, destacada doctrina constitucional argentina. No es una opinión personal, sino que surge de lo que han estado estudiando.
A esta ley la he llamado "de flexibilización de fueros" haciendo alusión a la causa que motivó la ley y que fue producto justamente de un supuesto acto de corrupción durante el gobierno de la Alianza. La flexibilización de fueros. En este punto concreto, ¿exigen autorización judicial? ¿Exigen que el juez le pida a la cámara que autorice un allanamiento? La respuesta es no. Si nos remitimos a la literalidad del texto surge al final de que no tiene que solicitar esa autorización.
En función de eso ante esta situación concreta, lo podemos leer textualmente. Hace un punto aparte, el último párrafo del artículo 1° y dice así: "No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intersección de su correspondencia o comunicación telefónica sin la autorización de la respectiva cámara". No se podrá ordenar. Contrario sensu, no puede decirse que el juez lo puede solicitar porque arriba está diciendo que el juez en el caso de tomar medidas restrictivas de la libertad o del arresto del diputado debe solicitar expresamente el desafuero. En este punto no lo trata, no lo exige.
Por lo tanto, entendemos que en el caso concreto, en este solo párrafo y esta circunstancia ya que los fueros y las inmunidades no son de los señores diputados sino que son los de la Cámara, ésta puede tener la autorización para decidir si dan la autorización o no aún sin que medie un pedido formal del juez. Por lo tanto, el frente, la alianza que representamos (UNA), adelanta el voto positivo a la resolución en cuestión.
SR. PRESIDENTE TONELLI Tiene la palabra la señora diputada Conti.
SRA. CONTI Me parece inédito que en estos años de democracia se pretenda interpretar una ley y la Constitución Nacional con el nombre y apellido que, en este caso, es el del diputado De Vido. Llamo a la reflexión a esta comisión y voy a llamar a reflexionar a la Cámara porque es inédito. La Constitución pone obstáculos de (procedibilidad) de acción penal no solo para quienes integramos el Congreso Nacional sino también para quienes integran el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Me parece un horrible precedente que nos degrademos en nuestra calidad de representantes del pueblo en este caso para hablar de proyectos de resolución que ni siquiera un juez de la nación ha solicitado que otorguemos.
Los jueces de la nación conocen las leyes, la Constitución y la ley de desafuero. Así que si el juez federal Rodríguez algo quiere de esta Cámara sabe cómo tiene que proceder para obtenerlo. No hay ninguna obturación siquiera a través de la ley de fueros al allanamiento de la oficina o domicilio de algún diputado o diputada. No puedo escindir el proyecto encabezado por el diputado Tonelli del encabezado por el diputado Mestre y que se lo haya puesto en la agenda conjuntamente. El diputado Mestre con otros diputados plantean coetáneamente con el proyecto de Tonelli resolver solicitar al juez Bonadío titular del juzgado nacional en lo criminal y correccional federal 11 informe si examinando el mérito del sumario de la causa De Vido, Julio Miguel y otros sobre descarrilamiento, naufragio u otro accidente culposo y el registro de la Secretaría 21 es menester... Ahora le preguntamos a los jueces. ¿Para qué vamos a tener poder de representación del juez del pueblo? Le preguntarnos si es menester que la Cámara de Diputados de la Nación inicie el mecanismo constitucional tendiente a suspender de sus funciones al diputado nacional acusado Julio Miguel De Vido de NI8186471. Los diputados Mestre, Dagostino, Carrizo, Banzi, Ristra, martinez Villada conforman el bloque del gobierno en esta cámara y coetáneamente con el diputado Tonelli están llevando adelante una embestida... No voy a otorgar interrupciones, aunque me la pida usted, señor presidente. Acá no es que el PRO disfraza de buena conducta y quiere quedar despegado de cualquier nivel de corrupción y solo quiere ayudar a la justicia. Usted diputado, es en nombre de esta Cámara, consejero de la Magistratura en un duro y difícil trámite de que se le haya dado legalidad. Tiene un poder de apriete sobre los jueces como consejero de la Magistratura. Acá todos tenemos permiso para decir lo que queremos decir. Por eso estamos debatiendo. Será la opinión pública quien observe si esto es la interpretación de una ley, el resguardo de la democracia, el amparo de la Cámara de Diputados o es una indicación clara, señera a determinados jueces para que avancen en contra de un compañero elegido por el pueblo como es el diputado De Vido. Le pido al bloque oficialista y del gobierno que lo informen bien al presidente Macri porque a lo mejor él si quiere una justicia independiente. Pero díganle que ustedes empezaron a incidir con estos proyectos de resolución insólitos en la etapa democrática. Acá hay legisladores que tienen la misma antigüedad que yo y saben que podríamos reformar una ley de fueros y saben que podríamos desaforar y saben que también podemos porque tenemos otro instrumento, que si los jueces no nos piden el desafuero, no nos piden allanar, nosotros también podemos por la Constitución Nacional declarar la inhabilidad moral sobreviviente de un diputado si lo creemos y actuar con los instrumentos que nos da la Constitución que no son estos proyectos de resolución apretando jueces. Son llevando la cuestión a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento y generar el trámite correspondiente para saber si la idoneidad de un legislador dejó de ser y la Cámara como único juez de sus pares decide apartarlo.
No hay lagunas legales en este tema. No hay ninguna laguna legal. Los jueces pueden investigar, si quieren detener tienen que pedir el desafuero, los legisladores si consideramos que hay inhabilidad moral de un colega lo podemos plantear, lo hemos hecho. Esto es una chicana política, burda e inadmisible que no está a la altura de la calidad democrática de nuestros días. Además usted tampoco cómo va a ser el tratamiento de estos cuatro proyectos de resolución cómo va a ser el tratamiento.
Los jueces de la nación conocen las leyes, la Constitución y la ley de desafuero. Así que si el juez federal Rodríguez algo quiere de esta Cámara sabe cómo tiene que proceder para obtenerlo. No hay ninguna obturación siquiera a través de la ley de fueros al allanamiento de la oficina o domicilio de algún diputado o diputada. No puedo escindir el proyecto encabezado por el diputado Tonelli del encabezado por el diputado Mestre y que se lo haya puesto en la agenda conjuntamente. El diputado Mestre con otros diputados plantean coetáneamente con el proyecto de Tonelli resolver solicitar al juez Bonadío titular del juzgado nacional en lo criminal y correccional federal 11 informe si examinando el mérito del sumario de la causa De Vido, Julio Miguel y otros sobre descarrilamiento, naufragio u otro accidente culposo y el registro de la Secretaría 21 es menester... Ahora le preguntamos a los jueces. ¿Para qué vamos a tener poder de representación del juez del pueblo? Le preguntarnos si es menester que la Cámara de Diputados de la Nación inicie el mecanismo constitucional tendiente a suspender de sus funciones al diputado nacional acusado Julio Miguel De Vido de NI8186471. Los diputados Mestre, Dagostino, Carrizo, Banzi, Ristra, martinez Villada conforman el bloque del gobierno en esta cámara y coetáneamente con el diputado Tonelli están llevando adelante una embestida... No voy a otorgar interrupciones, aunque me la pida usted, señor presidente. Acá no es que el PRO disfraza de buena conducta y quiere quedar despegado de cualquier nivel de corrupción y solo quiere ayudar a la justicia. Usted diputado, es en nombre de esta Cámara, consejero de la Magistratura en un duro y difícil trámite de que se le haya dado legalidad. Tiene un poder de apriete sobre los jueces como consejero de la Magistratura. Acá todos tenemos permiso para decir lo que queremos decir. Por eso estamos debatiendo. Será la opinión pública quien observe si esto es la interpretación de una ley, el resguardo de la democracia, el amparo de la Cámara de Diputados o es una indicación clara, señera a determinados jueces para que avancen en contra de un compañero elegido por el pueblo como es el diputado De Vido. Le pido al bloque oficialista y del gobierno que lo informen bien al presidente Macri porque a lo mejor él si quiere una justicia independiente. Pero díganle que ustedes empezaron a incidir con estos proyectos de resolución insólitos en la etapa democrática. Acá hay legisladores que tienen la misma antigüedad que yo y saben que podríamos reformar una ley de fueros y saben que podríamos desaforar y saben que también podemos porque tenemos otro instrumento, que si los jueces no nos piden el desafuero, no nos piden allanar, nosotros también podemos por la Constitución Nacional declarar la inhabilidad moral sobreviviente de un diputado si lo creemos y actuar con los instrumentos que nos da la Constitución que no son estos proyectos de resolución apretando jueces. Son llevando la cuestión a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento y generar el trámite correspondiente para saber si la idoneidad de un legislador dejó de ser y la Cámara como único juez de sus pares decide apartarlo.
No hay lagunas legales en este tema. No hay ninguna laguna legal. Los jueces pueden investigar, si quieren detener tienen que pedir el desafuero, los legisladores si consideramos que hay inhabilidad moral de un colega lo podemos plantear, lo hemos hecho. Esto es una chicana política, burda e inadmisible que no está a la altura de la calidad democrática de nuestros días. Además usted tampoco cómo va a ser el tratamiento de estos cuatro proyectos de resolución cómo va a ser el tratamiento.
SR. PRESIDENTE TONELLI Es lo que quería aclarar y usted...
SRA. CONTI Yo no soy la que no se lo permito. Cuando usted presenta el tema como presidente hubiera presentado como el lugar de ocultarlo.
SR. PRESIDENTE TONELLI Yo presenté un solo proyecto.
SRA. CONTI Usted presenta un proyecto aprobando la barbaridad jurídica que plantea y el atentado a la democracia. El Frente para la Victoria va a ir con un dictamen de rechazo que repudia su accionar antidemocrático.
SR. PRESIDENTE TONELLI Lo que quería aclarar es que solo está en consideración el primer proyecto, la resolución por la cual se autoriza el allanamiento.
Los tres proyectos restantes siguen en el temario a posteriori. No estamos considerando los cuatro proyectos conjuntamente, solo estamos tratando el primero.
Los tres proyectos restantes siguen en el temario a posteriori. No estamos considerando los cuatro proyectos conjuntamente, solo estamos tratando el primero.
SRA. ¿Van a dictaminar cada uno por separado?
SR. PRESIDENTE TONELLI Por supuesto. Hecha esta aclaración, tiene la palabra la señora diputada Garré.
SRA. GARRÉ Señor presidente: solicito permítame hablar del proyecto del diputado Mestre, aunque sea en general, porque creo que tienen características...
SR. PRESIDENTE TONELLI Hágalo, pero debe tener en cuenta que esa iniciativa no se encuentra en consideración.
SRA. GARRÉ Señor presidente: está claro, acabo de decirlo.
Entiendo que son intromisiones, incluso pueden ser hasta sutiles presiones no aceptables sobre el Poder Judicial cuya independencia y objetividad debemos preservar todos, porque es un deber de todos los ciudadanos y, por supuesto, de todas las instituciones.
Ambos proyectos, si bien son distintos en sus objetivos y están referidos a causas diferentes, implican acciones que der ser aprobadas por esta Cámara y pondrían a esta en una situación de incumplimiento de sus deberes, que incluyen proteger las garantías del debido proceso de sus integrantes.
Por otra parte ponen a la Cámara en un incumplimiento de la ley, porque la ley es clarísima, en su artículo 1° in finie expresa claramente que no se podrá ordenar el allanamiento sin la autorización respectiva. No podemos por medio de una resolución de la Cámara modificar la ley que dice que tiene que haber un pedido de autorización del magistrado a la Cámara. Estamos modificando un procedimiento.
Esta ley afortunadamente como recordaba la diputada Carrió y creo que algún otro legislador se aprobó después del lamentable suceso de los sobornos en el Senado. La doctrina estaba dividida entre los que postulaban una interpretación muy restrictiva de las prerrogativas constitucionales, circunscribiendo la inmunidad y el arresto justamente a esa medida restrictiva de la libertad, pero sin abarcar las facultades de investigación del juez ni conferir una protección a las pertenencias o propiedades del legislador. Otro sector de la doctrina impulsaba una interpretación más amplia.
La ley zanjó las diferencias con relación a los allanamientos y no hubo solicitud de los magistrados a la Cámara. El desafuero como la autorización para allanar no están programadas por la Constitución ni por la ley de fueros como una atribución oficiosa de las cámaras, sino que son facultades que pueden ser ejercidas por el cuerpo, pero a pedido del magistrado.
La Constitución no ha previsto mecanismos de linchamiento entre los legisladores. Lo que sí puede hacer la Cámara, como dijo la diputada Conti recién, es usar sus facultades disciplinarias previstas en el artículo 66 y establecer el procedimiento dando todo el derecho de defensa al legislador. En todo caso ese procedimiento es propio y puede hacerlo sin que medie la solicitud de nadie. Si el que investiga es un juez, el cuerpo legislativo no puede ser proactivo y anticiparse.
Usted ha fundado su proyecto diciendo que es para ayudar a la Justicia. La Justicia no necesita ayuda de este tipo. Cuando necesita algo, lo va a pedir. Acá no nos podemos engañar. Coincido totalmente con lo manifestado al inicio de esta reunión por la diputada Stolbizer, acá hay dos proyectos de finalidad política, que de alguna manera intentan presionar o inducir o animar al juez a hacer el pedido. Hay dos proyectos presentados por dos diputados de la oposición que, por supuesto, responden también políticamente a esos proyectos políticos de dos diputados del oficialismo.
No nos engañemos, esto es así. Acá hay finalidades políticas. No bastardeemos el apoyo a la Justicia porque realmente nos estamos burlando de un tema serio. Acá no hay apoyo a la Justicia, hay intento de presentarlo como apoyo a la Justicia, pero esta es una jugada política.
En su momento, el diputado constitucionalista mandato cumplido Gentile, profesor de la facultad de Córdoba, decía que si no se puede privar de la libertad física o deambulatoria al legislador con arresto, que es lo más, debe entenderse que tampoco puede, como bien dice el artículo 1°, allanarse su domicilio particular y oficinas ni interceptar su correspondencia y llamadas telefónicas sin autorización de la Cámara, que es lo menos.
Y hay también una definición del doctor Zaffaroni, que dice que el allanamiento es una medida coactiva. La indemnidad no puede limitarse a la simple detención, sino a todo lo que hace a la privacidad necesaria para el ejercicio de la función legislativa. Un allanamiento pone en riesgo los papeles y documentos del legislador, es una intervención en su vida, no solo privada, sino en el espacio necesario para el libre ejercicio de su función. Si bien es posible investigar su conducta como la de cualquier otro ciudadano, se excluye la privación de la libertad y todo lo necesario para el desempeño de su función o sea su ámbito funcional.
Reitero: la ley es clara y nos indica un procedimiento. No veo cuál es el objetivo para actuar de otra manera, salvo una finalidad política.
Lo único que puede explicar los proyectos que estamos considerando es un espíritu revanchista, una finalidad claramente política que este cuerpo no puede permitir, porque sería una extralimitación de la Cámara que siembra un peligroso antecedente.
Siempre hay que tener presente la frase de Bertolt Brecht que, cuando ya se habían roto todas las garantías, fueron por él, porque él había guardado silencio en todos los otros casos que se detenía gente sin respetar las garantías.
Además, esta es una intrusión y una presión sutil sobre el Poder Judicial que tampoco puede aceptarse. Seguimos echando leña al fuego en una politización de la Justicia y después todos repudiamos cuando hablamos de la Justicia en general.
Por lo tanto, señor presidente, nosotros vamos a votar en forma negativa este proyecto.
Entiendo que son intromisiones, incluso pueden ser hasta sutiles presiones no aceptables sobre el Poder Judicial cuya independencia y objetividad debemos preservar todos, porque es un deber de todos los ciudadanos y, por supuesto, de todas las instituciones.
Ambos proyectos, si bien son distintos en sus objetivos y están referidos a causas diferentes, implican acciones que der ser aprobadas por esta Cámara y pondrían a esta en una situación de incumplimiento de sus deberes, que incluyen proteger las garantías del debido proceso de sus integrantes.
Por otra parte ponen a la Cámara en un incumplimiento de la ley, porque la ley es clarísima, en su artículo 1° in finie expresa claramente que no se podrá ordenar el allanamiento sin la autorización respectiva. No podemos por medio de una resolución de la Cámara modificar la ley que dice que tiene que haber un pedido de autorización del magistrado a la Cámara. Estamos modificando un procedimiento.
Esta ley afortunadamente como recordaba la diputada Carrió y creo que algún otro legislador se aprobó después del lamentable suceso de los sobornos en el Senado. La doctrina estaba dividida entre los que postulaban una interpretación muy restrictiva de las prerrogativas constitucionales, circunscribiendo la inmunidad y el arresto justamente a esa medida restrictiva de la libertad, pero sin abarcar las facultades de investigación del juez ni conferir una protección a las pertenencias o propiedades del legislador. Otro sector de la doctrina impulsaba una interpretación más amplia.
La ley zanjó las diferencias con relación a los allanamientos y no hubo solicitud de los magistrados a la Cámara. El desafuero como la autorización para allanar no están programadas por la Constitución ni por la ley de fueros como una atribución oficiosa de las cámaras, sino que son facultades que pueden ser ejercidas por el cuerpo, pero a pedido del magistrado.
La Constitución no ha previsto mecanismos de linchamiento entre los legisladores. Lo que sí puede hacer la Cámara, como dijo la diputada Conti recién, es usar sus facultades disciplinarias previstas en el artículo 66 y establecer el procedimiento dando todo el derecho de defensa al legislador. En todo caso ese procedimiento es propio y puede hacerlo sin que medie la solicitud de nadie. Si el que investiga es un juez, el cuerpo legislativo no puede ser proactivo y anticiparse.
Usted ha fundado su proyecto diciendo que es para ayudar a la Justicia. La Justicia no necesita ayuda de este tipo. Cuando necesita algo, lo va a pedir. Acá no nos podemos engañar. Coincido totalmente con lo manifestado al inicio de esta reunión por la diputada Stolbizer, acá hay dos proyectos de finalidad política, que de alguna manera intentan presionar o inducir o animar al juez a hacer el pedido. Hay dos proyectos presentados por dos diputados de la oposición que, por supuesto, responden también políticamente a esos proyectos políticos de dos diputados del oficialismo.
No nos engañemos, esto es así. Acá hay finalidades políticas. No bastardeemos el apoyo a la Justicia porque realmente nos estamos burlando de un tema serio. Acá no hay apoyo a la Justicia, hay intento de presentarlo como apoyo a la Justicia, pero esta es una jugada política.
En su momento, el diputado constitucionalista mandato cumplido Gentile, profesor de la facultad de Córdoba, decía que si no se puede privar de la libertad física o deambulatoria al legislador con arresto, que es lo más, debe entenderse que tampoco puede, como bien dice el artículo 1°, allanarse su domicilio particular y oficinas ni interceptar su correspondencia y llamadas telefónicas sin autorización de la Cámara, que es lo menos.
Y hay también una definición del doctor Zaffaroni, que dice que el allanamiento es una medida coactiva. La indemnidad no puede limitarse a la simple detención, sino a todo lo que hace a la privacidad necesaria para el ejercicio de la función legislativa. Un allanamiento pone en riesgo los papeles y documentos del legislador, es una intervención en su vida, no solo privada, sino en el espacio necesario para el libre ejercicio de su función. Si bien es posible investigar su conducta como la de cualquier otro ciudadano, se excluye la privación de la libertad y todo lo necesario para el desempeño de su función o sea su ámbito funcional.
Reitero: la ley es clara y nos indica un procedimiento. No veo cuál es el objetivo para actuar de otra manera, salvo una finalidad política.
Lo único que puede explicar los proyectos que estamos considerando es un espíritu revanchista, una finalidad claramente política que este cuerpo no puede permitir, porque sería una extralimitación de la Cámara que siembra un peligroso antecedente.
Siempre hay que tener presente la frase de Bertolt Brecht que, cuando ya se habían roto todas las garantías, fueron por él, porque él había guardado silencio en todos los otros casos que se detenía gente sin respetar las garantías.
Además, esta es una intrusión y una presión sutil sobre el Poder Judicial que tampoco puede aceptarse. Seguimos echando leña al fuego en una politización de la Justicia y después todos repudiamos cuando hablamos de la Justicia en general.
Por lo tanto, señor presidente, nosotros vamos a votar en forma negativa este proyecto.
SR. PRESIDENTE TONELLI Tiene la palabra la señora diputada Carla Carrizo.
SRA. CARRIZO (A. C.) Señor presidente: quisiera reflexionar porque he escuchado algunos comentarios que me sorprenden un poco.
Primera cuestión, este es un ámbito político. El orden de la presentación de los proyectos: algunos están a favor de la línea de presionar al Poder Judicial y otros en contra. Este es el ámbito para discutirlo. Hace tiempo que nos asusta que la política regrese al Congreso. El Congreso no solo legisla, sino que también toma posiciones políticas.
Celebro que hoy estemos debatiendo sobre las posiciones políticas del Congreso y que lo hagamos acá mucho más que en los medios.
Esta es la primera cuestión: no me asusta el orden de presentación ni la intensidad de posiciones que esto pueda generar. Acá estamos para construir política; eso es representar.
Por lo tanto, celebro la intensidad que está generando y espero que sigamos con esta intensidad en el Congreso, donde legislamos y representamos a la voz del pueblo.
Segunda cuestión, somos tres las diputadas Carrizo presentes, no soy una de las firmantes del proyecto, pero si hubiera sido una de ellas, también estaría muy involucrada en la defensa del proyecto.
Creo que aquí no se trata de nombres. También me sorprende que nos asustemos de si estamos presionando al Poder Judicial o es a la inversa, ¿en qué país vivimos? Hoy estamos en un clima político donde los jueces tienen que aprender a no presionar al Poder político, porque tienen un exceso de presión y los políticos tenemos que aprender a depender menos de ese jaque un poco de la Justicia Federal porque hay un gran desequilibrio en la democracia argentina.
Por ende, yo creo que hay que tratar el proyecto de la diputada Caamaño cuanto antes para evitar la ambigüedad de la interpretación. No hace falta que el juez nos solicite un allanamiento. Está claro que eso se ha usado, es una práctica que ha generado una ambigüedad interpretativa. El punto es que tenemos que dar a la sociedad un mensaje claro, independientemente del diputado o la diputada en cuestión. Esto tiene que ser un mensaje a la sociedad, de que independientemente de lo que piense la Justicia, queremos transmitir a la ciudadanía, que los diputados estamos dispuestos a ser expuestos con respecto a cualquier duda que se vincule con procesos legales en curso. Esta es mi posición y celebro la discusión.
Primera cuestión, este es un ámbito político. El orden de la presentación de los proyectos: algunos están a favor de la línea de presionar al Poder Judicial y otros en contra. Este es el ámbito para discutirlo. Hace tiempo que nos asusta que la política regrese al Congreso. El Congreso no solo legisla, sino que también toma posiciones políticas.
Celebro que hoy estemos debatiendo sobre las posiciones políticas del Congreso y que lo hagamos acá mucho más que en los medios.
Esta es la primera cuestión: no me asusta el orden de presentación ni la intensidad de posiciones que esto pueda generar. Acá estamos para construir política; eso es representar.
Por lo tanto, celebro la intensidad que está generando y espero que sigamos con esta intensidad en el Congreso, donde legislamos y representamos a la voz del pueblo.
Segunda cuestión, somos tres las diputadas Carrizo presentes, no soy una de las firmantes del proyecto, pero si hubiera sido una de ellas, también estaría muy involucrada en la defensa del proyecto.
Creo que aquí no se trata de nombres. También me sorprende que nos asustemos de si estamos presionando al Poder Judicial o es a la inversa, ¿en qué país vivimos? Hoy estamos en un clima político donde los jueces tienen que aprender a no presionar al Poder político, porque tienen un exceso de presión y los políticos tenemos que aprender a depender menos de ese jaque un poco de la Justicia Federal porque hay un gran desequilibrio en la democracia argentina.
Por ende, yo creo que hay que tratar el proyecto de la diputada Caamaño cuanto antes para evitar la ambigüedad de la interpretación. No hace falta que el juez nos solicite un allanamiento. Está claro que eso se ha usado, es una práctica que ha generado una ambigüedad interpretativa. El punto es que tenemos que dar a la sociedad un mensaje claro, independientemente del diputado o la diputada en cuestión. Esto tiene que ser un mensaje a la sociedad, de que independientemente de lo que piense la Justicia, queremos transmitir a la ciudadanía, que los diputados estamos dispuestos a ser expuestos con respecto a cualquier duda que se vincule con procesos legales en curso. Esta es mi posición y celebro la discusión.
SRA. CARRIÓ Señor presidente: quiero manifestar tres órdenes de argumento. Yo no firmé ninguno de los proyectos; en realidad tomé conocimiento esta mañana de lo que se iba a tratar.
Fui acusada penalmente en siete ocasiones o más por el ex ministro De Vido, la primera vez pidiendo mi orden de detención, en abril de 2004, apenas asumido el gobierno. También fui a juicio penal, porque me demandaron Héctor Antonio, Álvarez Castellano, Uberti -que después tenía las valijas de Venezuela, no sé si se acuerdan- y el ministro de Vido. Este pidió mi detención. La verdad que hubieran podido pincharme la goma. Era muy fácil. Yo estaba en un auto muy chico con mi secretaria. Pero fui a juicio Penal por Héctor Antonio y fui absuelta, y renuncié a mi banca de diputada nacional en marzo de 2007 para someterme al juicio y que el juez tuviera total libertad para juzgarme. Fui juzgada en juicio oral en agosto de 2007 bajo presión del Poder Ejecutivo para que no se me habilitara y no pueda ser candidata a presidente. Es cierto que yo siempre dije que el señor de Vido era el cajero de Néstor Kirchner, lo que se está demostrando en la mayoría de las causas doce años después.
Porque reconozco y le reconozco al Frente para la Victoria que tuvieron una impunidad absoluta para ser investigados durante doce años. Esto habla del oportunismo de la Justicia Federal.
Ahora, también quiero decir a la señora diputada Garré que hay cinco causas judiciales en trámite por escuchas ilegales que me hacían, de parte de Scaturice de C3 -que dependía de Stiuso y de la SIDE-, pero también estaba por parte del ex jefe del Ejército, general MIlani, que estaba bajo su dependencia. Nunca se me ocurrió -es más, me puse a charlar con Milani y con Aníbal Fernández, ya que me escuchaban- y nunca hice una cuestión de privilegio ni de violación de prerrogativas.
Tuve 36 causas criminales a lo largo de doce años. Y nunca me vieron a mí traer una cuestión de estas al
Fui acusada penalmente en siete ocasiones o más por el ex ministro De Vido, la primera vez pidiendo mi orden de detención, en abril de 2004, apenas asumido el gobierno. También fui a juicio penal, porque me demandaron Héctor Antonio, Álvarez Castellano, Uberti -que después tenía las valijas de Venezuela, no sé si se acuerdan- y el ministro de Vido. Este pidió mi detención. La verdad que hubieran podido pincharme la goma. Era muy fácil. Yo estaba en un auto muy chico con mi secretaria. Pero fui a juicio Penal por Héctor Antonio y fui absuelta, y renuncié a mi banca de diputada nacional en marzo de 2007 para someterme al juicio y que el juez tuviera total libertad para juzgarme. Fui juzgada en juicio oral en agosto de 2007 bajo presión del Poder Ejecutivo para que no se me habilitara y no pueda ser candidata a presidente. Es cierto que yo siempre dije que el señor de Vido era el cajero de Néstor Kirchner, lo que se está demostrando en la mayoría de las causas doce años después.
Porque reconozco y le reconozco al Frente para la Victoria que tuvieron una impunidad absoluta para ser investigados durante doce años. Esto habla del oportunismo de la Justicia Federal.
Ahora, también quiero decir a la señora diputada Garré que hay cinco causas judiciales en trámite por escuchas ilegales que me hacían, de parte de Scaturice de C3 -que dependía de Stiuso y de la SIDE-, pero también estaba por parte del ex jefe del Ejército, general MIlani, que estaba bajo su dependencia. Nunca se me ocurrió -es más, me puse a charlar con Milani y con Aníbal Fernández, ya que me escuchaban- y nunca hice una cuestión de privilegio ni de violación de prerrogativas.
Tuve 36 causas criminales a lo largo de doce años. Y nunca me vieron a mí traer una cuestión de estas al
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