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ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 449
Secretario Administrativo DR. URIONDO FRANCISCO MANUEL
Jefe SRA. ROJAS CAMILA SOLEDAD
Martes 14.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 60752431 Internos 2431/32
caconstitucionales@hcdn.gob.ar
- ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Reunión del día 29/09/2010
- -
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de septiembre, a la hora 11 y 58:
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Damos inicio a la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, con el número suficiente de diputados.
Hemos incluido en el temario dos asuntos importantes, consideramos nosotros, y el primero tiene que ver con la elección de parlamentarios del Mercosur. Hay tres proyectos, uno que presentó anoche el diputado Mariano West...
Hemos incluido en el temario dos asuntos importantes, consideramos nosotros, y el primero tiene que ver con la elección de parlamentarios del Mercosur. Hay tres proyectos, uno que presentó anoche el diputado Mariano West...
SR. LANDAU Hay otro proyecto que presenté yo en la mañana de hoy.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Sí, seguramente, como ocurre con todos los temas que tratamos, vamos a tener el aporte valioso de otros proyectos de señores legisladores y esa es la intención.
Los proyectos que tenemos en consideración están contenidos en los siguientes expedientes: 3.794.D.-2009, del diputado Irrazabal; 4634-d-2009 y 5.145.D.-2009, de la diputada Genem; 5.453.D.-2010, de los diputados Iglesias, Pinedo, Piemonte, Terada, Patricia Bullrich y Re y 7.116.D.-2010, del señor diputado Mariano West. En estos proyectos tenemos competencia prácticamente junto con la Comisión de Justicia, excepto en el caso de la iniciativa de la señora diputada Genem, porque ha cumplido su mandato.
T.2
APV
AC
Vamos a solicitar la unificación de los giros a los efectos de tratar el tema en forma conjunta con la Comisión de Justicia.
Es intención de la Presidencia comenzar a avanzar en torno al tema porque la Argentina viene atrasada con respecto a la decisión de la ley que genere las condiciones de votación para los parlamentarios del Mercosur pero no en el marco de un apuro extremo.
Con lo cual la idea es ponerlo en tratamiento en esta reunión, pasarlo a estudio de los señores asesores y plantearnos una reunión conjunta con la Comisión de Justicia a los efectos de comenzar a discutir el tema, de manera tal que en este año podamos tener una media sanción con respecto a lo que estamos opinando en torno a este tema de los parlamentarios del Mercosur.
Tiene la palabra el señor diputado Landau.
Los proyectos que tenemos en consideración están contenidos en los siguientes expedientes: 3.794.D.-2009, del diputado Irrazabal; 4634-d-2009 y 5.145.D.-2009, de la diputada Genem; 5.453.D.-2010, de los diputados Iglesias, Pinedo, Piemonte, Terada, Patricia Bullrich y Re y 7.116.D.-2010, del señor diputado Mariano West. En estos proyectos tenemos competencia prácticamente junto con la Comisión de Justicia, excepto en el caso de la iniciativa de la señora diputada Genem, porque ha cumplido su mandato.
T.2
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Vamos a solicitar la unificación de los giros a los efectos de tratar el tema en forma conjunta con la Comisión de Justicia.
Es intención de la Presidencia comenzar a avanzar en torno al tema porque la Argentina viene atrasada con respecto a la decisión de la ley que genere las condiciones de votación para los parlamentarios del Mercosur pero no en el marco de un apuro extremo.
Con lo cual la idea es ponerlo en tratamiento en esta reunión, pasarlo a estudio de los señores asesores y plantearnos una reunión conjunta con la Comisión de Justicia a los efectos de comenzar a discutir el tema, de manera tal que en este año podamos tener una media sanción con respecto a lo que estamos opinando en torno a este tema de los parlamentarios del Mercosur.
Tiene la palabra el señor diputado Landau.
SRA. LANDAU Simplemente quiero recordar que correspondería que el año próximo -cuando sea la jornada electoral- este régimen esté aprobado para que se ponga en práctica.
En consecuencia urge premura para el tratamiento de los asesores. Por eso creo que resultaría pertinente que le pongamos la energía necesaria para tratar de sacar lo más rápido posible la aprobación de estos proyectos.
Por eso es que anteriormente hice mención al proyecto de mi autoría de forma tal que sea incluido en el tratamiento que los asesores hagan.
En consecuencia urge premura para el tratamiento de los asesores. Por eso creo que resultaría pertinente que le pongamos la energía necesaria para tratar de sacar lo más rápido posible la aprobación de estos proyectos.
Por eso es que anteriormente hice mención al proyecto de mi autoría de forma tal que sea incluido en el tratamiento que los asesores hagan.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Tiene la palabra el señor diputado Iglesias que es autor de uno de los proyectos.
SR. IGLESIAS Señora presidenta: si le parece bien lo fundamento lo más brevemente que pueda.
Desde luego que el tema de la elección directa de parlamentarios del Parlamento del Mercosur es un compromiso firmado por nuestro país el año pasado. Es un compromiso de toda la región y tiene una relación directa con un modelo de integración que está en este momento en práctica y que incluye no solamente la necesaria integración económica sino también la integración política y representación ciudadana en todos los aspectos que tengan que ver con las decisiones que afectan al conjunto de la región.
No hace falta hacer un discurso muy grande para comprender las inmensas ventajas de la integración en términos en un momento en que el mundo se asoma a un siglo XXI marcado por los grandes espacios como los de Brasil, Rusia, India y China, los países del BRIC. Por lo tanto es una extraordinaria oportunidad.
Además es necesario comprender que para que pueda haber una adecuada integración económica, la integración política es un aspecto fundamental que ha sido reclamado y que está en marcha en este momento. Cumplir con este compromiso de la Argentina es un aspecto absolutamente fundamental.
Quisiera señalar muy rápidamente -y sin abrir un debate sobre el tema- que uno de los principales problemas que hemos tenido en los últimos años en las relaciones entre los países de la región ha sido el de las pasteras entre Argentina y Uruguay.
Podemos tener muchísimas opiniones con respecto a las responsabilidades de lo sucedido. Pero no cabe duda de que si hubiéramos tenido un Parlamento con capacidad de dictar una legislación ambiental común de regulación de estos temas similar para la Argentina, Uruguay y todos los países de la zona -como existe en otras experiencias continentales más desarrolladas- nos hubiéramos ahorrado enormes problemas.
El sistema de las pasteras evidencia que muchas veces pensamos en término de cuáles son los costos de integración, porque está claro que la elección directa de parlamentarios va a implicar un costo económico porque hay que sostener la estructura. Pero lo que hay que poner en claro es cuáles son los costos de la no integración que siempre son muchísimos más altos en el largo plazo que lo que los de integrarnos.
El proyecto simplemente es una reforma del Código Electoral de 1983, un código que -dicho sea de paso y dado que me encuentro en este marco jerarquizado de juristas- creo que merece en muchos de los términos una revisión profunda y que es una de las tareas que tenemos pendiente.
T.3
Sbm
ac
Entre las tareas que están pendientes justamente se encuentra la de incluir la legislación supranacional y las estructuras jurídicas supranacionales, como el Mercosur y la Unasur, dentro de las previsiones. ¿Qué propone básicamente?
Probablemente tengan el proyecto original, nosotros vamos a presentar la iniciativa a asesores con algunas modificaciones. El punto central es considerar como corresponde -es lo que estamos eligiendo- representantes nacionales, por lo tanto, la fórmula de elección tiene que ser por distrito único.
En todas las alternativas siempre la integración se produce en una etapa sucesiva, es decir que los distritos se representan en las provincias, las provincias en el Senado de la Nación y este último en los parlamentos regionales. De todas maneras, y atento al alto grado de desbalance demográfico que tiene nuestro país, el proyecto presenta alguna limitación para hacer que la mayor cantidad de provincias estén representadas.
En el estado actual, es la sugerencia que hemos recibido, el proyecto que vamos a presentar en asesores propone que al máximo un quinto de los candidatos titulares presentados por la lista pertenezcan al mismo distrito electoral. En el caso de la próxima elección, que en principio sería para veinticinco parlamentarios, va a depender del censo, de cuán rápido se integren las otras instancias y si se pasa rápidamente a la siguiente etapa. En principio son veinticinco, eso impone un tope en el sentido de que cada uno de los partidos va a poder incluir en la lista de sus candidatos titulares un máximo de cinco representantes del mismo distrito electoral.
Desde luego que el tema de la elección directa de parlamentarios del Parlamento del Mercosur es un compromiso firmado por nuestro país el año pasado. Es un compromiso de toda la región y tiene una relación directa con un modelo de integración que está en este momento en práctica y que incluye no solamente la necesaria integración económica sino también la integración política y representación ciudadana en todos los aspectos que tengan que ver con las decisiones que afectan al conjunto de la región.
No hace falta hacer un discurso muy grande para comprender las inmensas ventajas de la integración en términos en un momento en que el mundo se asoma a un siglo XXI marcado por los grandes espacios como los de Brasil, Rusia, India y China, los países del BRIC. Por lo tanto es una extraordinaria oportunidad.
Además es necesario comprender que para que pueda haber una adecuada integración económica, la integración política es un aspecto fundamental que ha sido reclamado y que está en marcha en este momento. Cumplir con este compromiso de la Argentina es un aspecto absolutamente fundamental.
Quisiera señalar muy rápidamente -y sin abrir un debate sobre el tema- que uno de los principales problemas que hemos tenido en los últimos años en las relaciones entre los países de la región ha sido el de las pasteras entre Argentina y Uruguay.
Podemos tener muchísimas opiniones con respecto a las responsabilidades de lo sucedido. Pero no cabe duda de que si hubiéramos tenido un Parlamento con capacidad de dictar una legislación ambiental común de regulación de estos temas similar para la Argentina, Uruguay y todos los países de la zona -como existe en otras experiencias continentales más desarrolladas- nos hubiéramos ahorrado enormes problemas.
El sistema de las pasteras evidencia que muchas veces pensamos en término de cuáles son los costos de integración, porque está claro que la elección directa de parlamentarios va a implicar un costo económico porque hay que sostener la estructura. Pero lo que hay que poner en claro es cuáles son los costos de la no integración que siempre son muchísimos más altos en el largo plazo que lo que los de integrarnos.
El proyecto simplemente es una reforma del Código Electoral de 1983, un código que -dicho sea de paso y dado que me encuentro en este marco jerarquizado de juristas- creo que merece en muchos de los términos una revisión profunda y que es una de las tareas que tenemos pendiente.
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Entre las tareas que están pendientes justamente se encuentra la de incluir la legislación supranacional y las estructuras jurídicas supranacionales, como el Mercosur y la Unasur, dentro de las previsiones. ¿Qué propone básicamente?
Probablemente tengan el proyecto original, nosotros vamos a presentar la iniciativa a asesores con algunas modificaciones. El punto central es considerar como corresponde -es lo que estamos eligiendo- representantes nacionales, por lo tanto, la fórmula de elección tiene que ser por distrito único.
En todas las alternativas siempre la integración se produce en una etapa sucesiva, es decir que los distritos se representan en las provincias, las provincias en el Senado de la Nación y este último en los parlamentos regionales. De todas maneras, y atento al alto grado de desbalance demográfico que tiene nuestro país, el proyecto presenta alguna limitación para hacer que la mayor cantidad de provincias estén representadas.
En el estado actual, es la sugerencia que hemos recibido, el proyecto que vamos a presentar en asesores propone que al máximo un quinto de los candidatos titulares presentados por la lista pertenezcan al mismo distrito electoral. En el caso de la próxima elección, que en principio sería para veinticinco parlamentarios, va a depender del censo, de cuán rápido se integren las otras instancias y si se pasa rápidamente a la siguiente etapa. En principio son veinticinco, eso impone un tope en el sentido de que cada uno de los partidos va a poder incluir en la lista de sus candidatos titulares un máximo de cinco representantes del mismo distrito electoral.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Señor diputado Iglesias: el señor diputado Alejandro Rossi le solicita una interrupción.
SR. IGLESIAS Se la concedo, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Rossi.
SR. ROSSI (A.L) Como recién veo el tema, me gustaría saber si el error es del diputado Iglesias o mío. Entiendo que en el protocolo del 28 de abril de 2009 el Parlamento del Mercosur determinó la cantidad de parlamentarios que le correspondía elegir a los países. Por lo que yo estoy leyendo, a Brasil le tocan setenta y cinco y a la Argentina cuarenta y tres.
SR. IGLESIAS Así es. Hay una etapa intermedia de integración para...
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO De todos modos, no estamos entrando en el debate del tema simplemente el diputado Iglesias no es miembro de esta comisión y ha sido invitado para iniciar el tratamiento. La intención de la Presidencia es poner el asunto al trabajo de los asesores la semana próxima, de manera tal que a más tardar la semana que viene estemos analizándolo con la Comisión de Justicia a los efectos de darle algún recorte a todos los proyectos.
SR. IGLESIAS Obviamente hay una etapa intermedia a la cual no se pasa rápidamente. El problema que existía era que la representación original establecía un parlamentario de acuerdo a cada país, es decir que cada uno de los países, independientemente de su composición demográfica y de su cantidad de habitantes, tiene dieciocho representantes. Como pasar a cuarenta y tres parecía demasiado rápido, se estableció una etapa intermedia en la cual se alcanza la mitad de ese cambio de representación. De manera que, en principio, parece que en la primera etapa el cálculo es veinticinco representantes. De todos modos, el detalle técnico después lo aclararemos en la reunión de asesores.
Decía, entonces, que las características del proyecto son esas, esto es, distrito único como corresponde inevitablemente a una representación que es de carácter nacional y, a la vez, algún tipo de cláusula como la que nosotros proponemos, un quinto de candidatos titulares en cada una de las listas como máximo, pertenecientes al mismo distrito electoral para facilitar una representación de las provincias más chicas. El piso electoral es el mismo que corresponde a diputados, 3 por ciento, en el proyecto que estamos presentando.
En principio, el estatus jurídico que se adaptaría desde el punto de vista de los recursos y de los derechos sería el de senadores nacionales, es decir cada uno de los elegidos dispondría del estatus de un senador nacional hasta tanto, por legislación supranacional, se establezca algo diferente.
Me permito simplemente coincidir con las palabras del diputado Landau respecto a la urgencia de este tema. Se vienen las elecciones y es necesario tomar una serie de disposiciones administrativas importantes para poder ingresar en el próximo turno electoral. Perderlo significaría una mora de dos años para la Argentina y la imposibilidad de estar bien representados en el Parlamento regional.
T.4
APV
AC
De manera que le voy a agradecer a todos los diputados y asesores la mayor premura en la discusión del proyecto.
Decía, entonces, que las características del proyecto son esas, esto es, distrito único como corresponde inevitablemente a una representación que es de carácter nacional y, a la vez, algún tipo de cláusula como la que nosotros proponemos, un quinto de candidatos titulares en cada una de las listas como máximo, pertenecientes al mismo distrito electoral para facilitar una representación de las provincias más chicas. El piso electoral es el mismo que corresponde a diputados, 3 por ciento, en el proyecto que estamos presentando.
En principio, el estatus jurídico que se adaptaría desde el punto de vista de los recursos y de los derechos sería el de senadores nacionales, es decir cada uno de los elegidos dispondría del estatus de un senador nacional hasta tanto, por legislación supranacional, se establezca algo diferente.
Me permito simplemente coincidir con las palabras del diputado Landau respecto a la urgencia de este tema. Se vienen las elecciones y es necesario tomar una serie de disposiciones administrativas importantes para poder ingresar en el próximo turno electoral. Perderlo significaría una mora de dos años para la Argentina y la imposibilidad de estar bien representados en el Parlamento regional.
T.4
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De manera que le voy a agradecer a todos los diputados y asesores la mayor premura en la discusión del proyecto.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Estamos citando a reunión de asesores para la semana que viene.
El próximo tema que tenemos en tratamiento es la intervención federal de la provincia de Santa Cruz. Tenemos cinco proyectos:
- Proyecto de ley, contenido en el expediente 6753-d-2010, del señor diputado Milman y la diputada Stolbizer sobre establecer la intervención federal al Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Cruz.
- Proyecto de ley, contenido en el expediente 6772-d-2010, de los diputados Aguad, Gil Lavedra, Tunessi, Castaldo, Álvarez (E.M), Giúdici, Lanceta, Costa, Cusinato, Kenny, Barbieri, Forte, Serebrinsky, Orsolini y Faustinelli.
- Proyecto de ley, contenido en el expediente 6780-d-2010, de la señora diputada Alonso.
- Proyecto de ley, contenido en el expediente 6784-d-2010, de los señores diputados Ferrari, Carranza, Sola, Daher, Rossi (C.L.), Atanasof, Arena, Cremer de Busti, Agosto, Germano, Gambaro y Rivara.
- Proyecto de resolución, contenido en el expediente 6925-d-2010, de los señores Peralta, Fadel, Rossi (A.O.), Kunkel, Conti, Diaz Bancalari, Carlotto, Rossi (A.L.), Rodriguez (E.A.), Di Tullio, Korenfeld, Ziegler, Plaini, Barrandeguy y Garcia (M.T.).
Estos proyectos, como todos los de intervención federal, tienen giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales y a la de Presupuesto y Hacienda. Hoy estamos iniciando el tratamiento a los efectos de intentar programar una reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Tiene la palabra el señor diputado Landau.
El próximo tema que tenemos en tratamiento es la intervención federal de la provincia de Santa Cruz. Tenemos cinco proyectos:
- Proyecto de ley, contenido en el expediente 6753-d-2010, del señor diputado Milman y la diputada Stolbizer sobre establecer la intervención federal al Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Cruz.
- Proyecto de ley, contenido en el expediente 6772-d-2010, de los diputados Aguad, Gil Lavedra, Tunessi, Castaldo, Álvarez (E.M), Giúdici, Lanceta, Costa, Cusinato, Kenny, Barbieri, Forte, Serebrinsky, Orsolini y Faustinelli.
- Proyecto de ley, contenido en el expediente 6780-d-2010, de la señora diputada Alonso.
- Proyecto de ley, contenido en el expediente 6784-d-2010, de los señores diputados Ferrari, Carranza, Sola, Daher, Rossi (C.L.), Atanasof, Arena, Cremer de Busti, Agosto, Germano, Gambaro y Rivara.
- Proyecto de resolución, contenido en el expediente 6925-d-2010, de los señores Peralta, Fadel, Rossi (A.O.), Kunkel, Conti, Diaz Bancalari, Carlotto, Rossi (A.L.), Rodriguez (E.A.), Di Tullio, Korenfeld, Ziegler, Plaini, Barrandeguy y Garcia (M.T.).
Estos proyectos, como todos los de intervención federal, tienen giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales y a la de Presupuesto y Hacienda. Hoy estamos iniciando el tratamiento a los efectos de intentar programar una reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Tiene la palabra el señor diputado Landau.
SR. LANDAU Señora presidenta: es para manifestar nuestra oposición -como es de público conocimiento- a la base argumental que contienen los distintos proyectos que promueven esta intervención al Poder Ejecutivo y Judicial de la provincia de Santa Cruz, toda vez que a nuestro criterio se trata de una cuestión de derecho público provincial que no encuadra dentro de las exigencias del artículo 6 de la Constitución. En este artículo se prevé taxativamente las causales para una intervención federal.
Es decir, la garantía que establece el artículo anterior de la Constitución, el artículo 5º, respecto al funcionamiento del sistema republicano de gobierno determina que la causal del remedio federal que establece en el posterior tiene que funcionar cuando estén encuadradas determinadas situaciones que son las que enumera.
Entiendo yo que esta cuestión no encuadra dentro de ninguna de estas previsiones toda vez que tenemos un Poder Ejecutivo elegido por el voto popular y sobre el cual no existen cuestiones judiciales pendientes relativas a su legitimidad. Existe un Poder Legislativo que funciona normalmente y sobre el cual tampoco existen máculas o cuestiones pendientes relativas a la legitimidad del mismo o respecto a su funcionamiento y existe un Poder Ejecutivo independiente.
Allí existió el desplazamiento de un funcionario en ejercicio de las facultades que tiene el gobierno provincial respecto al régimen de nombramiento y remoción de funcionarios y empleados.
T.5
En ese marco se ejercieron las competencias y el ciudadano que ocupaba ese cargo fue oportunamente indemnizado y se acogió a los beneficios de su jubilación. La cuestión está dentro de los resortes provinciales.
En cuanto al tratamiento que le dio la Corte de la Nación a esta cuestión, tengo mi opinión al respecto. Lo que creo que debemos tratar aquí es la pertinencia o no de la intervención federal y si la competencia, que es excluyente del Congreso de la Nación, respecto a las intervenciones federales se encuentran contempladas aquí. Es decir, si el conflicto existente entre una provincia y un poder de la Nación, que en definitiva es lo que resulta de la resolución de la Corte y el tratamiento que se le está dando en el orden provincial, encuadra dentro de las exigencias que tiene el artículo 6º.
Nosotros consideramos que se trata de una cuestión estrictamente de derecho público provincial. Una cuestión que no permite un análisis amplio sino restrictivo, porque se trata en definitiva de la defensa de las autonomías provinciales y del funcionamiento institucional de las provincias argentinas.
En consecuencia creo que esta cuestión no encuadra de ninguna manera dentro de las causales previstas por la Constitución y por ello no resulta pertinente, de ninguna forma, la vía de la intervención federal para resolver o dar cumplimiento a una resolución judicial de la Corte de la Nación.
Esta cuestión debe resolverse en el ámbito estrictamente provincial, donde existe una vía de solución, porque existe una ley enviada por el propio gobernador a la legislatura para que tenga una solución.
En consecuencia, la competencia que tiene este Congreso de la Nación para determinar la intervención federal no encuentra basamento en ninguna de las causales previstas en el artículo 6º de nuestra Constitución.
Interpretar de otra manera la aplicación del remedio federal sería -así lo entiendo yo- poner en grave peligro el funcionamiento de las instituciones argentinas.
No se pueden vulnerar las autonomías provinciales impunemente si no es dentro de las causales estrictamente previstas en el artículo 6º de la Constitución.
Al no estar encuadrado el conflicto planteado dentro de estas exigencias, no resulta pertinente ni viable la aplicación del remedio previsto en el artículo 6º.
Es decir, la garantía que establece el artículo anterior de la Constitución, el artículo 5º, respecto al funcionamiento del sistema republicano de gobierno determina que la causal del remedio federal que establece en el posterior tiene que funcionar cuando estén encuadradas determinadas situaciones que son las que enumera.
Entiendo yo que esta cuestión no encuadra dentro de ninguna de estas previsiones toda vez que tenemos un Poder Ejecutivo elegido por el voto popular y sobre el cual no existen cuestiones judiciales pendientes relativas a su legitimidad. Existe un Poder Legislativo que funciona normalmente y sobre el cual tampoco existen máculas o cuestiones pendientes relativas a la legitimidad del mismo o respecto a su funcionamiento y existe un Poder Ejecutivo independiente.
Allí existió el desplazamiento de un funcionario en ejercicio de las facultades que tiene el gobierno provincial respecto al régimen de nombramiento y remoción de funcionarios y empleados.
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En ese marco se ejercieron las competencias y el ciudadano que ocupaba ese cargo fue oportunamente indemnizado y se acogió a los beneficios de su jubilación. La cuestión está dentro de los resortes provinciales.
En cuanto al tratamiento que le dio la Corte de la Nación a esta cuestión, tengo mi opinión al respecto. Lo que creo que debemos tratar aquí es la pertinencia o no de la intervención federal y si la competencia, que es excluyente del Congreso de la Nación, respecto a las intervenciones federales se encuentran contempladas aquí. Es decir, si el conflicto existente entre una provincia y un poder de la Nación, que en definitiva es lo que resulta de la resolución de la Corte y el tratamiento que se le está dando en el orden provincial, encuadra dentro de las exigencias que tiene el artículo 6º.
Nosotros consideramos que se trata de una cuestión estrictamente de derecho público provincial. Una cuestión que no permite un análisis amplio sino restrictivo, porque se trata en definitiva de la defensa de las autonomías provinciales y del funcionamiento institucional de las provincias argentinas.
En consecuencia creo que esta cuestión no encuadra de ninguna manera dentro de las causales previstas por la Constitución y por ello no resulta pertinente, de ninguna forma, la vía de la intervención federal para resolver o dar cumplimiento a una resolución judicial de la Corte de la Nación.
Esta cuestión debe resolverse en el ámbito estrictamente provincial, donde existe una vía de solución, porque existe una ley enviada por el propio gobernador a la legislatura para que tenga una solución.
En consecuencia, la competencia que tiene este Congreso de la Nación para determinar la intervención federal no encuentra basamento en ninguna de las causales previstas en el artículo 6º de nuestra Constitución.
Interpretar de otra manera la aplicación del remedio federal sería -así lo entiendo yo- poner en grave peligro el funcionamiento de las instituciones argentinas.
No se pueden vulnerar las autonomías provinciales impunemente si no es dentro de las causales estrictamente previstas en el artículo 6º de la Constitución.
Al no estar encuadrado el conflicto planteado dentro de estas exigencias, no resulta pertinente ni viable la aplicación del remedio previsto en el artículo 6º.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Tiene la palabra el señor diputado Yoma.
T.6
APV
AC
T.6
APV
AC
SR. YOMA Señora presidenta: en diciembre de 2001 se reunió en La Rioja la Convención Constituyente para reformar parcialmente la Constitución provincial.
Contaba con sesenta días de plazo, era una reforma parcial con puntos particularmente fijados por la ley declarativa de la necesidad de la reforma. Comenzó a sesionar en febrero, feneció el plazo dado por la ley de convocatoria. Se autoprorrogó el plazo, continuó sesionando y entre otras cosas declaró en comisión a los siete jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y los separó del cargo.
Declarando la caducidad redujo el número de jueces, de siete a tres miembros; separó del cargo a cuatro de ellos dejando a tres en su cargo.
El Poder Ejecutivo de entonces, encabezado por el gobernador Mazza, por decreto dejó cesante a cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia y confirmó a tres. Casualmente eran los cuatro jueces que en su mayoría fallaron en contra de lo resuelto por la Asamblea Constituyente provincial, ya que había actuado fuera de los límites de su mandato temporales y también se había involucrado en un tema en el que no estaba habilitado como es el de la integración del Tribunal Superior de Justicia.
Por mayoría de cuatro a tres, reitero, el Superior Tribunal de Justicia falló en contra de la decisión del poder político local y por decreto echó a los cuatro jueces que habían actuado en contra.
Estos jueces vinieron a la Corte Suprema en 2002, es decir, los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de La Rioja. Caso mucho más grave que el caso del procurador de Santa Cruz.
La Corte Suprema de Justicia en un fallo de agosto de 2003 rechazó el planteo de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de La Rioja quedando la misma integración de la Corte e hizo lugar al planteo del procurador Sosa. Fueron los mismos jueces con los votos de Moliné O'Connor, Fayt, Petracchi y Vázquez quienes rechazaron el planteo de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja diciendo que era una cuestión de derecho público local.
Era la misma integración de la Corte originaria, de la anterior Corte que hizo lugar al planteo de Sosa. La actual Corte lo que hace es pedir que se cumpla aquél fallo.
Obviamente presenta la misma composición de la Corte que produjo dos fallos sobre un mismo tema...
Contaba con sesenta días de plazo, era una reforma parcial con puntos particularmente fijados por la ley declarativa de la necesidad de la reforma. Comenzó a sesionar en febrero, feneció el plazo dado por la ley de convocatoria. Se autoprorrogó el plazo, continuó sesionando y entre otras cosas declaró en comisión a los siete jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y los separó del cargo.
Declarando la caducidad redujo el número de jueces, de siete a tres miembros; separó del cargo a cuatro de ellos dejando a tres en su cargo.
El Poder Ejecutivo de entonces, encabezado por el gobernador Mazza, por decreto dejó cesante a cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia y confirmó a tres. Casualmente eran los cuatro jueces que en su mayoría fallaron en contra de lo resuelto por la Asamblea Constituyente provincial, ya que había actuado fuera de los límites de su mandato temporales y también se había involucrado en un tema en el que no estaba habilitado como es el de la integración del Tribunal Superior de Justicia.
Por mayoría de cuatro a tres, reitero, el Superior Tribunal de Justicia falló en contra de la decisión del poder político local y por decreto echó a los cuatro jueces que habían actuado en contra.
Estos jueces vinieron a la Corte Suprema en 2002, es decir, los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de La Rioja. Caso mucho más grave que el caso del procurador de Santa Cruz.
La Corte Suprema de Justicia en un fallo de agosto de 2003 rechazó el planteo de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de La Rioja quedando la misma integración de la Corte e hizo lugar al planteo del procurador Sosa. Fueron los mismos jueces con los votos de Moliné O'Connor, Fayt, Petracchi y Vázquez quienes rechazaron el planteo de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja diciendo que era una cuestión de derecho público local.
Era la misma integración de la Corte originaria, de la anterior Corte que hizo lugar al planteo de Sosa. La actual Corte lo que hace es pedir que se cumpla aquél fallo.
Obviamente presenta la misma composición de la Corte que produjo dos fallos sobre un mismo tema...
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Señor diputado, quería pedirle una interrupción. ¿Me la permite?
SR. YOMA Con todo gusto, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Quería hacer un comentario para abonar a la discusión que podamos realizar entre nosotros, para lo cual tomo las palabras del jefe de Gabinete: "Esto tiene que tener una resolución política".
La diferencia, señor diputado, radica en la Corte provincial en el caso Sosa que declaró la inconstitucionalidad de la ley que promovió la reforma.
La diferencia, señor diputado, radica en la Corte provincial en el caso Sosa que declaró la inconstitucionalidad de la ley que promovió la reforma.
SR. YOMA Señora presidenta: si me hubiese escuchado bien se daría cuenta de que no hay tal diferencia, son idénticos. La Corte provincial rechazó lo resuelto por la Asamblea Constituyente declarando la caducidad de los mandatos de los jueces del Tribunal Superior.
T.7
La misma Corte de La Rioja.
Con motivo de ello, el gobernador, hizo cesar en sus funciones a los cuatro jueces que habían rechazado por mayoría la resolución de la asamblea provincial, redujo a tres -ya fuera del mandato de la Asamblea Constituyente- la cantidad de miembros y dejó únicamente a los que habían votado a favor del gobierno.
La situación es similar. Eliminó los cargos. Los redujo a tres porque la Corte había rechazado lo resuelto por la Asamblea Constituyente.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechaza el planteo de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia de La Rioja aduciendo que era una cuestión de derecho público local y que la Corte no tenía por qué involucrarse en un tema que era eminentemente del derecho público local.
Entre los antecedentes que citaron los jueces destituidos ilegalmente en La Rioja y que acudieron a la Corte Suprema estaba el fallo de la misma Corte en el caso Sosa. Estaba el fallo de la Corte que hizo lugar a un planteo del entonces juez Fayt, donde invocando el principio de estabilidad de los jueces desconocieron un artículo de la Constitución Nacional que hablaba de la caducidad del acuerdo para los jueces cuando cumplían setenta y cinco años de edad.
Sin perjuicio de ello, la Corte Suprema dijo exactamente lo contrario a lo que dijo en el caso Sosa con su misma composición.
¿Cuál es la conclusión a la que debemos llegar como cuerpo político? Que esos fallos vinculados a las cuestiones de derecho público local -por lo menos en la composición de la Corte que trató estos dos temas- tienen que ver con la orientación política de quien ejerza el poder político local.
Obviamente, el poder político de La Rioja en ese entonces, tenía que ver con la orientación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí prevalecía la autonomía provincial, todo lo resuelto eran cuestiones de derecho local y todo lo que podía hacer aquél que veía avasallados sus derechos era someterse a las instituciones locales; nada más. No tenían acceso a la cuestión federal. ¿Por qué? Porque había un poder político que respondía a la orientación política de la Corte Suprema.
Cuando se trató el caso Sosa, el poder político de la provincia estaba encabezado, obviamente, por el entonces gobernador Kirchner, que no tenía nada que ver y era crítico de la orientación política de la Corte Suprema. Con lo cual, el pronunciamiento de la Corte, ahí sí, se involucraba y hacía lugar a todos los recursos. ¿Por qué? Porque eran fallos absolutamente políticos que tenían que ver con la orientación política en el sentido de si era afín o no a la Corte Suprema de Justicia de entonces.
Lo que estamos evaluando nosotros como cuerpo político ahora es la legitimidad del fallo.
Si la misma composición de la Corte Suprema produce un fallo sobre un mismo tema en sentido contrario, hay una clara ilegitimidad.
Quiero aclarar que uno de esos jueces -el juez Fayt- fue objeto de un pedido de juicio político por parte de aquellos magistrados riojanos, porque además cambió su voto. Ese mismo día se reunió con el gobernador de La Rioja y cambió su voto.
De manera que primero estamos evaluando la legitimidad de un fallo de una composición de una Corte que falla en sentido contrario de acuerdo a la cara del cliente que accede a la Corte. Reitero, cuando se trató de un poder político afín a la orientación de la Corte prevalecía la autonomía provincial, cuando se trataba de un poder político crítico a la orientación política de la Corte entraba, le daba la razón a todo el mundo que accedía a la Corte. No interesaba si se trataba o no de cuestiones de derecho público local.
Por eso, para mí, el fallo de Sosa y el fallo de los jueces en el caso de La Rioja no tienen legitimidad. Están absolutamente viciados. Son fallos vergonzosos porque han sido tendenciosos y orientados políticamente, ya sea para convalidar actos de un poder político afín o para tratar de avasallar las decisiones de un poder político crítico en la provincias.
Llegará el momento en que este Congreso de la Nación sancione una ley estableciendo cuándo hay cuestiones de derecho público local y cuándo es de competencia federal.
Deberemos encarar esta situación y no dejar en manos de la interpretación de los jueces cuestiones que son tan sensibles como la autonomía de una provincia.
T.8
APV
AC
Y establecer taxativamente ello en una reforma de la ley o de algún tipo de norma que podamos establecer claramente.
Por eso, señora presidenta, quiero tachar absolutamente de ilegítimo e ilegal por contradictorio el fallo que repone al juez Sosa.
¿Qué nos dice la actual Corte? La actual Corte lo que hace es decir que sus fallos deben cumplirse; y eso está bien. ¿Dicen que intervengan la provincia de Santa Cruz? Lo que la Corte dice es que ya no tiene manera de hacer cumplir aquel fallo que dio la anterior composición. Vea el Congreso que puede hacer.
Ahora de ahí a que la Corte haya dicho que intervengan a la provincia de Santa Cruz, hay distintas maneras. Hay antecedentes inclusive donde hubo conflictos en poderes políticos locales y el Congreso envió comisiones legislativas a conversar con actores de las provincias para informarse de la situación y traer las conclusiones del caso. Conversar, consensuar, escuchar a los actores políticos locales.
Me parece que la Corte Suprema no dijo que haya que intervenir directamente a la provincia. Pero quizás lo que dice es hasta natural: hay un fallo de la Corte, hay que cumplirlo. No es un fallo que produjo la actual Corte, pero como ya no tiene manera de hacerlo cumplir, dijo: "Vaya al Congreso a ver si tiene la manera de hacerlo".
Aunque no soy miembro de esta comisión, haré alguna observación al dictamen que seguramente será el de la mayoría opositora, si es que no hay una reflexión antes por parte de los amigos de la oposición. Además voy a proponer que enviemos una comisión legislativa a la provincia, con representación de los bloques de esta Cámara para hablar con los actores locales y luego traer un informe al Congreso.
Esto de ir directamente a intervenir y mandar Gendarmes a una provincia -reitero que es un fallo absolutamente ilegítimo, contradictorio-, la verdad que no tiene sentido.
Entonces, voy a proponer, ya que hay antecedentes, que el Congreso envíe una misión para informarse y conversar con actores locales.
Me parece además que...
T.7
La misma Corte de La Rioja.
Con motivo de ello, el gobernador, hizo cesar en sus funciones a los cuatro jueces que habían rechazado por mayoría la resolución de la asamblea provincial, redujo a tres -ya fuera del mandato de la Asamblea Constituyente- la cantidad de miembros y dejó únicamente a los que habían votado a favor del gobierno.
La situación es similar. Eliminó los cargos. Los redujo a tres porque la Corte había rechazado lo resuelto por la Asamblea Constituyente.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechaza el planteo de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia de La Rioja aduciendo que era una cuestión de derecho público local y que la Corte no tenía por qué involucrarse en un tema que era eminentemente del derecho público local.
Entre los antecedentes que citaron los jueces destituidos ilegalmente en La Rioja y que acudieron a la Corte Suprema estaba el fallo de la misma Corte en el caso Sosa. Estaba el fallo de la Corte que hizo lugar a un planteo del entonces juez Fayt, donde invocando el principio de estabilidad de los jueces desconocieron un artículo de la Constitución Nacional que hablaba de la caducidad del acuerdo para los jueces cuando cumplían setenta y cinco años de edad.
Sin perjuicio de ello, la Corte Suprema dijo exactamente lo contrario a lo que dijo en el caso Sosa con su misma composición.
¿Cuál es la conclusión a la que debemos llegar como cuerpo político? Que esos fallos vinculados a las cuestiones de derecho público local -por lo menos en la composición de la Corte que trató estos dos temas- tienen que ver con la orientación política de quien ejerza el poder político local.
Obviamente, el poder político de La Rioja en ese entonces, tenía que ver con la orientación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí prevalecía la autonomía provincial, todo lo resuelto eran cuestiones de derecho local y todo lo que podía hacer aquél que veía avasallados sus derechos era someterse a las instituciones locales; nada más. No tenían acceso a la cuestión federal. ¿Por qué? Porque había un poder político que respondía a la orientación política de la Corte Suprema.
Cuando se trató el caso Sosa, el poder político de la provincia estaba encabezado, obviamente, por el entonces gobernador Kirchner, que no tenía nada que ver y era crítico de la orientación política de la Corte Suprema. Con lo cual, el pronunciamiento de la Corte, ahí sí, se involucraba y hacía lugar a todos los recursos. ¿Por qué? Porque eran fallos absolutamente políticos que tenían que ver con la orientación política en el sentido de si era afín o no a la Corte Suprema de Justicia de entonces.
Lo que estamos evaluando nosotros como cuerpo político ahora es la legitimidad del fallo.
Si la misma composición de la Corte Suprema produce un fallo sobre un mismo tema en sentido contrario, hay una clara ilegitimidad.
Quiero aclarar que uno de esos jueces -el juez Fayt- fue objeto de un pedido de juicio político por parte de aquellos magistrados riojanos, porque además cambió su voto. Ese mismo día se reunió con el gobernador de La Rioja y cambió su voto.
De manera que primero estamos evaluando la legitimidad de un fallo de una composición de una Corte que falla en sentido contrario de acuerdo a la cara del cliente que accede a la Corte. Reitero, cuando se trató de un poder político afín a la orientación de la Corte prevalecía la autonomía provincial, cuando se trataba de un poder político crítico a la orientación política de la Corte entraba, le daba la razón a todo el mundo que accedía a la Corte. No interesaba si se trataba o no de cuestiones de derecho público local.
Por eso, para mí, el fallo de Sosa y el fallo de los jueces en el caso de La Rioja no tienen legitimidad. Están absolutamente viciados. Son fallos vergonzosos porque han sido tendenciosos y orientados políticamente, ya sea para convalidar actos de un poder político afín o para tratar de avasallar las decisiones de un poder político crítico en la provincias.
Llegará el momento en que este Congreso de la Nación sancione una ley estableciendo cuándo hay cuestiones de derecho público local y cuándo es de competencia federal.
Deberemos encarar esta situación y no dejar en manos de la interpretación de los jueces cuestiones que son tan sensibles como la autonomía de una provincia.
T.8
APV
AC
Y establecer taxativamente ello en una reforma de la ley o de algún tipo de norma que podamos establecer claramente.
Por eso, señora presidenta, quiero tachar absolutamente de ilegítimo e ilegal por contradictorio el fallo que repone al juez Sosa.
¿Qué nos dice la actual Corte? La actual Corte lo que hace es decir que sus fallos deben cumplirse; y eso está bien. ¿Dicen que intervengan la provincia de Santa Cruz? Lo que la Corte dice es que ya no tiene manera de hacer cumplir aquel fallo que dio la anterior composición. Vea el Congreso que puede hacer.
Ahora de ahí a que la Corte haya dicho que intervengan a la provincia de Santa Cruz, hay distintas maneras. Hay antecedentes inclusive donde hubo conflictos en poderes políticos locales y el Congreso envió comisiones legislativas a conversar con actores de las provincias para informarse de la situación y traer las conclusiones del caso. Conversar, consensuar, escuchar a los actores políticos locales.
Me parece que la Corte Suprema no dijo que haya que intervenir directamente a la provincia. Pero quizás lo que dice es hasta natural: hay un fallo de la Corte, hay que cumplirlo. No es un fallo que produjo la actual Corte, pero como ya no tiene manera de hacerlo cumplir, dijo: "Vaya al Congreso a ver si tiene la manera de hacerlo".
Aunque no soy miembro de esta comisión, haré alguna observación al dictamen que seguramente será el de la mayoría opositora, si es que no hay una reflexión antes por parte de los amigos de la oposición. Además voy a proponer que enviemos una comisión legislativa a la provincia, con representación de los bloques de esta Cámara para hablar con los actores locales y luego traer un informe al Congreso.
Esto de ir directamente a intervenir y mandar Gendarmes a una provincia -reitero que es un fallo absolutamente ilegítimo, contradictorio-, la verdad que no tiene sentido.
Entonces, voy a proponer, ya que hay antecedentes, que el Congreso envíe una misión para informarse y conversar con actores locales.
Me parece además que...
SRA. BULLRICH El señor diputado Kirchner...
SR. YOMA En verdad la buena educación no es un valor que tenga la señora diputada Patricia Bullrich.
Yo he leído uno de los proyectos y la verdad es que me sorprende algunos de los firmantes que aparecen: hombres y mujeres absolutamente conocedores del derecho científico, del derecho estudioso, que creo que han presentado proyectos al sólo efecto de deponer a Sosa.
Una provincia se interviene total o parcialmente. Ahora intervenir para un acto, es lo mismo que mañana intervengamos la Dirección de Turismo de Neuquén, la Secretaría de Obras Públicas de Salta. La verdad es que mueve hasta la risa un proyecto de intervención federal a una repartición de la provincia. Se intervienen los poderes, total o parcialmente, un poder, los dos o los tres poderes, pero no hay antecedente donde se haya intervenido una repartición.
T.9
Sbm
ac
La verdad es que es disparatado.
Entonces, señora presidenta, yo quiero sinceramente llamar a la reflexión y proponer concretamente lo que va a ser mi observación, que seguramente voy a compartir con todos mis compañeros del bloque Justicialista, es decir, enviar una comisión para conversar con los actores locales y que luego traigan el informe a esta comisión.
Yo he leído uno de los proyectos y la verdad es que me sorprende algunos de los firmantes que aparecen: hombres y mujeres absolutamente conocedores del derecho científico, del derecho estudioso, que creo que han presentado proyectos al sólo efecto de deponer a Sosa.
Una provincia se interviene total o parcialmente. Ahora intervenir para un acto, es lo mismo que mañana intervengamos la Dirección de Turismo de Neuquén, la Secretaría de Obras Públicas de Salta. La verdad es que mueve hasta la risa un proyecto de intervención federal a una repartición de la provincia. Se intervienen los poderes, total o parcialmente, un poder, los dos o los tres poderes, pero no hay antecedente donde se haya intervenido una repartición.
T.9
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La verdad es que es disparatado.
Entonces, señora presidenta, yo quiero sinceramente llamar a la reflexión y proponer concretamente lo que va a ser mi observación, que seguramente voy a compartir con todos mis compañeros del bloque Justicialista, es decir, enviar una comisión para conversar con los actores locales y que luego traigan el informe a esta comisión.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Si los señores diputados me permiten, a los efectos de esclarecer algunas cuestiones, voy a leer dos temas que tienen que ver con lo que estamos tratando. En realidad, lo que acá estamos tratando es por respeto al rol que va a tener el Congreso en cuanto al tema de la desobediencia, el grado de cumplimiento o no que haya tenido la provincia de Santa Cruz.
En principio voy a leer el decreto del propio gobernador Peralta. El gobernador Peralta redactó un decreto, el 3.026, lo hizo por estos días...
En principio voy a leer el decreto del propio gobernador Peralta. El gobernador Peralta redactó un decreto, el 3.026, lo hizo por estos días...
SR. MILLMAN El 21 de septiembre.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO ...y envía al Poder Legislativo el proyecto de dimisión del cargo a los efectos de cumplir la orden de la Corte. En los considerandos el gobernador Peralta dice: "No obstante las consideraciones expuestas, es voluntad del Ejecutivo provincial acatar al fallo en cuestión, sin violentar el Derecho Público Provincial como asimismo los derechos y garantías que le asisten al Funcionario Judicial que actualmente se desempeña como Agente Fiscal, por lo que se advierte como único camino en resguardo de los principios, derechos y garantías señalados, requerir la intervención de la Honorable Cámara de Diputados..." y propone el desdoblamiento. Finalmente, en el artículo 4º del decreto 3.026 el gobernador Peralta dice dar por acatado el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de fecha 20 de octubre de 2009, en los autos caratulados Sosa Eduardo Emilio contra provincia de Santa Cruz, etcétera. O sea, indudablemente el mismo gobernador Peralta cuando envía el informe a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia dice: "Vengo por la presente a informar a Vuestra Excelencia que el Poder Ejecutivo provincial en la persona del señor gobernador..." porque obviamente lo hace el fiscal de Estado de la provincia y Peralta acata la carga impuesta en la sentencia del 20 de octubre. Indudablemente nosotros no vamos a discutir acerca de los dictámenes de la Corte. El propio gobernador está diciéndonos que quiere acatar el dictamen de la Corte.
La otra cuestión que también me parece interesante poner a la luz de lo que estamos discutiendo es lo que la Corte le requiere al Congreso, a los efectos nada más de aportar en la discusión y que lo podamos encuadrar donde corresponde.
En el inciso 7º del dictamen la Corte dice...
La otra cuestión que también me parece interesante poner a la luz de lo que estamos discutiendo es lo que la Corte le requiere al Congreso, a los efectos nada más de aportar en la discusión y que lo podamos encuadrar donde corresponde.
En el inciso 7º del dictamen la Corte dice...
SRA. CONTI Es un fallo.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Sí, señora diputada, es un fallo. Dice: "Corresponde al Congreso Nacional asegurar, proteger y vigilar la integridad, la autonomía y la subsistencia de las provincias dentro de la unidad coherente del Estado federal al que pertenecen (artículos 5º y 75 inciso 31)".
Después dice también: "En virtud de lo expuesto, corresponde poner en conocimiento del Congreso de la Nación el presente pronunciamiento a los fines de que adopte las medidas que considere pertinentes respecto de la situación informada". Por ello se resuelve el envío el 14 de septiembre al Congreso de la Nación.
Es sólo para aportar en la discusión, señores diputados, incluso es para que lo hagamos con seriedad. La propuesta del diputado Yoma es interesante pero pongámosle un marco de seriedad a la discusión.
Tiene la palabra...
Después dice también: "En virtud de lo expuesto, corresponde poner en conocimiento del Congreso de la Nación el presente pronunciamiento a los fines de que adopte las medidas que considere pertinentes respecto de la situación informada". Por ello se resuelve el envío el 14 de septiembre al Congreso de la Nación.
Es sólo para aportar en la discusión, señores diputados, incluso es para que lo hagamos con seriedad. La propuesta del diputado Yoma es interesante pero pongámosle un marco de seriedad a la discusión.
Tiene la palabra...
SR. YOMA O es interesante o no es seria. No pueden ser las dos cosas, interesante y no seria.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Usted sabe perfectamente que no tiene nada que ver con la realidad.
SR. YOMA Es interesante o no es seria.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO La propuesta puede ser interesante, los argumentos son pocos serios.
SR. YOMA Fundaméntelo, señora presidenta. No descalifique.
SRA. CONTI Son poco serias para usted.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Estoy intentando poner el marco de la discusión.
SR. YOMA No descalifique, presidenta. No le hace honor a su calidad legislativa y personal. Si dice que es poco serio, fundaméntelo. No diga interesante pero poco serio.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Tiene la palabra la señora diputada Stolbizer.
T.10
APV
AC
T.10
APV
AC
SRA. STOLBIZER Señora presidenta: la primera cuestión es que a mí me pareció razonable y acertada su propuesta inicial respecto a poner esto en consideración y estudio, e intentar elaborar un plan de trabajo para el tratamiento de este tema.
Todos sabemos que avanzar en una decisión tan delicada y tan extrema como es la intervención a una provincia nos requiere a todos de un extremo cuidado y prudencia en ese tratamiento.
Por lo tanto la propuesta es darnos un plan de trabajo, con las consultas necesarias -y creo que así lo recogió la presidenta de la comisión de la propuesta del señor diputado Yoma-, y en el mismo sentido incluir dentro de este plan de trabajo una misión dirigida a la provincia de Santa Cruz o citar en esta comisión a los respectivos funcionarios de la provincia.
Me parece que todo esto sirve para abrir un esquema de discusión y de elaboración en el sentido en que todos han manifestado voluntad de hacerlo para que realmente pueda avanzar en un marco de respeto, racionalidad y obviamente de cumplimiento de la Constitución como ley principal. Aunque a veces parece que cada uno puede tener libres interpretaciones de lo que la propia norma constitucional establece.
Entonces, en principio acompañamos la propuesta de la presidenta respecto de poner esto en estudio y aprobar un plan de trabajo. Pero como el diputado Landau introduce el debate sobre la cuestión de fondo y lo hizo inicialmente diciendo que iba a fijar posición en contra de todas las cosas que hay, esa es la razón por la cual pedí la palabra. Obviamente para abordar de la misma manera que se hizo la defensa de nuestra proposición, pero además para decir -en el sentido exactamente contrario al del diputado Landau- que quiero manifestar desde ya la oposición absoluta a que esta comisión pueda siquiera considerar el proyecto que ha presentado un conjunto de diputados del bloque oficialista que pretende que se declare la preocupación frente a un fallo de la Corte, lo que no es rechazar cualquier planteo de intervención.
Esto además lo digo porque nos generó una enorme preocupación el fallo de la Corte...
Todos sabemos que avanzar en una decisión tan delicada y tan extrema como es la intervención a una provincia nos requiere a todos de un extremo cuidado y prudencia en ese tratamiento.
Por lo tanto la propuesta es darnos un plan de trabajo, con las consultas necesarias -y creo que así lo recogió la presidenta de la comisión de la propuesta del señor diputado Yoma-, y en el mismo sentido incluir dentro de este plan de trabajo una misión dirigida a la provincia de Santa Cruz o citar en esta comisión a los respectivos funcionarios de la provincia.
Me parece que todo esto sirve para abrir un esquema de discusión y de elaboración en el sentido en que todos han manifestado voluntad de hacerlo para que realmente pueda avanzar en un marco de respeto, racionalidad y obviamente de cumplimiento de la Constitución como ley principal. Aunque a veces parece que cada uno puede tener libres interpretaciones de lo que la propia norma constitucional establece.
Entonces, en principio acompañamos la propuesta de la presidenta respecto de poner esto en estudio y aprobar un plan de trabajo. Pero como el diputado Landau introduce el debate sobre la cuestión de fondo y lo hizo inicialmente diciendo que iba a fijar posición en contra de todas las cosas que hay, esa es la razón por la cual pedí la palabra. Obviamente para abordar de la misma manera que se hizo la defensa de nuestra proposición, pero además para decir -en el sentido exactamente contrario al del diputado Landau- que quiero manifestar desde ya la oposición absoluta a que esta comisión pueda siquiera considerar el proyecto que ha presentado un conjunto de diputados del bloque oficialista que pretende que se declare la preocupación frente a un fallo de la Corte, lo que no es rechazar cualquier planteo de intervención.
Esto además lo digo porque nos generó una enorme preocupación el fallo de la Corte...
SRA. CONTI Entonces, ¿por qué no van a firmar esa declaración?
SRA. STOLBIZER Diputada: yo no interrumpo a nadie y le pido que no me interrumpa. He tratado con respeto a todos y pido exactamente lo mismo.
Entonces, la verdad es que nos preocupó mucho el fallo de la Corte. Nos preocupó no solamente lo que la Corte dice en su decisorio que era una reiteración de lo que ya conocíamos sino, en particular, nos generó mucha preocupación.
Primero, que el máximo Tribunal de Justicia de la Nación decidiera denunciar penalmente a un gobernador de una provincia Argentina. Esto implica que el máximo Tribunal de Justicia de la Nación ha considerado al gobernador incurso en la comisión de un delito. Y la verdad es que es casi natural que nos genere preocupación a todos, le generará a los amigos del gobernador Peralta y nos genera mucha preocupación al resto. Creo que es una preocupación justificada.
La Corte además hace un llamamiento muy puntual dirigido al Congreso de la Nación cuando -como dijo el diputado Yoma- cree que ya no tiene los resortes en sus manos para poder hacer cumplir su propio fallo.
Entonces, hace un llamado que casi textualmente dice: "La Constitución autoriza al Congreso de la Nación a garantizar la forma republicana de gobierno y cita el artículo 6º y el 75, inciso 31 que vería privada la base misma que la sustenta si se ignorasen las atribuciones que el texto constitucional reconoce a esta Corte para la resolución de controversias con carácter final quedando desquiciadas las funciones estatales con el consiguiente desamparo de las garantías constitucionales."
Garantías constitucionales ya no pensadas solamente en la vigencia del sistema republicano de la división de poderes, sino garantías constitucionales pensadas también en reservas y en defensa de los derechos individuales y colectivos.
Nosotros presentamos el primero de los proyectos que tiene en tratamiento en esta comisión y lo hicimos además sabiendo la seriedad que implicaba una propuesta de esta naturaleza y tratando de dotar el proyecto de la prudencia que nosotros considerábamos que fuera no quitar de ninguna manera al Poder Ejecutivo la atribución natural que sabemos que tiene en la designación de un interventor a los fines de cumplir con lo que el artículo 6º de la Constitución dice, que es asegurar el funcionamiento del sistema republicano de división de los poderes.
T.11
Lo hicimos, obviamente, solamente al respecto del Poder Ejecutivo.
El diputado Landau reiteró que estamos frente a una situación que debe quedar acotada a los resortes provinciales. Esa es la expresión que él usó.
En ese sentido me parece importante aclarar que esta cuestión llega al ámbito del máximo tribunal de Justicia a partir de las decisiones tomadas dentro de lo que son las competencias propias de la provincia de Santa Cruz. Este tema no saltó mágicamente al plano de la Corte Nacional, sino que había pasado antes por todas las instancias y resortes provinciales que son justamente los que terminan habilitando la intervención de la Corte nacional. En ese sentido es que son llevados a la Corte.
Con posterioridad a la resolución de la Corte, han devenido una serie de acontecimientos que agravan y profundizan nuestra preocupación. Me refiero a la decisión casi de iniciar una sucesión de actos de rebelión frente al fallo de la Corte y al desafío al fallo de la Corte, protagonizado en algunos casos hasta por propios miembros del Poder Legislativo y terminando con un acto como el de ayer -también protagonizado por colegas de esta Cámara y del Poder Legislativo-, con un agravio sinceramente nunca visto.
Creo que estamos frente a una situación de ataque muy fuerte al funcionamiento del Estado de derecho.
Lo que ha ocurrido en el día de ayer, insisto, no por los protagonistas directos de las expresiones desquiciadas sino por el acompañamiento convalidante de muchos miembros o funcionarios de esta Cámara y obviamente de Poder Ejecutivo nacional, es algo nunca visto.
Por eso siento que este Congreso tiene que tomar una decisión. A esta altura, el remedio absolutamente excepcional que implica la intervención a una provincia no es un remedio que este Poder Legislativo tenga la posibilidad de cumplir. Estamos frente a un remedio que ya no es que pueda cumplirlo, sino que debe cumplirlo.
Estamos compelidos y obligados a tomar una medida en términos de la aplicación de las garantías constitucionales que establece la Constitución. Una medida que deberá ser tomada a partir de la elaboración de un programa de trabajo y de una construcción de los consensos necesarios para agotar todas las instancias previas.
Nadie quiere intervenir el poder de una provincia. Pero lo que nosotros tenemos que habilitar, a partir de lo que la Corte nos está indicando, es una serie de medidas que este Congreso debe tomar como mensaje a la ciudadanía, sobre todo, en el sentido de que este Parlamento está dispuesto a hacerse cargo de esta situación buscando antes que nada un mecanismo de mediación con los propios actores de la cuestión.
En ese sentido me parece bien la propuesta que hace el diputado Yoma. Si les parece, tomemos como primera medida, antes que ninguna otra consulta de tipo jurídica o constitucional, buscar un acercamiento para intentar resolver esta cuestión.
Finalmente, entendiendo las opiniones distintas desde lo respetables que son -tanto las opiniones como las personas que las han emitido- creo que tenemos que encontrar un punto de confluencia para hacernos cargo de un estado de situación que hoy vive una provincia argentina.
Si no hay un mensaje claro por parte del Poder Legislativo al conjunto de la ciudadanía, el efecto que esto produce es un desaliento, una pérdida de confianza y de credibilidad en las instituciones. El ciudadano común empieza a sentir que si las máximas autoridades de la Nación no son capaces de respetar un fallo de la Corte, les guste o no les guste, no hay ciudadano común que a partir de ahora se sienta compelido o limitado al cumplimiento de las leyes ni al respeto de las instituciones.
T.12
APV
AC
En función de la restauración de esto que a mi juicio está -insisto con el término- desquiciado y fuera de su carril, es que este Poder Legislativo debe asumir una actitud de madurez intentando acercar una posición que nos permita evitar la intervención, pero si así no fuera, obviamente tratar los proyectos que han sido presentados para llegar a este remedio extremo.
Entonces, la verdad es que nos preocupó mucho el fallo de la Corte. Nos preocupó no solamente lo que la Corte dice en su decisorio que era una reiteración de lo que ya conocíamos sino, en particular, nos generó mucha preocupación.
Primero, que el máximo Tribunal de Justicia de la Nación decidiera denunciar penalmente a un gobernador de una provincia Argentina. Esto implica que el máximo Tribunal de Justicia de la Nación ha considerado al gobernador incurso en la comisión de un delito. Y la verdad es que es casi natural que nos genere preocupación a todos, le generará a los amigos del gobernador Peralta y nos genera mucha preocupación al resto. Creo que es una preocupación justificada.
La Corte además hace un llamamiento muy puntual dirigido al Congreso de la Nación cuando -como dijo el diputado Yoma- cree que ya no tiene los resortes en sus manos para poder hacer cumplir su propio fallo.
Entonces, hace un llamado que casi textualmente dice: "La Constitución autoriza al Congreso de la Nación a garantizar la forma republicana de gobierno y cita el artículo 6º y el 75, inciso 31 que vería privada la base misma que la sustenta si se ignorasen las atribuciones que el texto constitucional reconoce a esta Corte para la resolución de controversias con carácter final quedando desquiciadas las funciones estatales con el consiguiente desamparo de las garantías constitucionales."
Garantías constitucionales ya no pensadas solamente en la vigencia del sistema republicano de la división de poderes, sino garantías constitucionales pensadas también en reservas y en defensa de los derechos individuales y colectivos.
Nosotros presentamos el primero de los proyectos que tiene en tratamiento en esta comisión y lo hicimos además sabiendo la seriedad que implicaba una propuesta de esta naturaleza y tratando de dotar el proyecto de la prudencia que nosotros considerábamos que fuera no quitar de ninguna manera al Poder Ejecutivo la atribución natural que sabemos que tiene en la designación de un interventor a los fines de cumplir con lo que el artículo 6º de la Constitución dice, que es asegurar el funcionamiento del sistema republicano de división de los poderes.
T.11
Lo hicimos, obviamente, solamente al respecto del Poder Ejecutivo.
El diputado Landau reiteró que estamos frente a una situación que debe quedar acotada a los resortes provinciales. Esa es la expresión que él usó.
En ese sentido me parece importante aclarar que esta cuestión llega al ámbito del máximo tribunal de Justicia a partir de las decisiones tomadas dentro de lo que son las competencias propias de la provincia de Santa Cruz. Este tema no saltó mágicamente al plano de la Corte Nacional, sino que había pasado antes por todas las instancias y resortes provinciales que son justamente los que terminan habilitando la intervención de la Corte nacional. En ese sentido es que son llevados a la Corte.
Con posterioridad a la resolución de la Corte, han devenido una serie de acontecimientos que agravan y profundizan nuestra preocupación. Me refiero a la decisión casi de iniciar una sucesión de actos de rebelión frente al fallo de la Corte y al desafío al fallo de la Corte, protagonizado en algunos casos hasta por propios miembros del Poder Legislativo y terminando con un acto como el de ayer -también protagonizado por colegas de esta Cámara y del Poder Legislativo-, con un agravio sinceramente nunca visto.
Creo que estamos frente a una situación de ataque muy fuerte al funcionamiento del Estado de derecho.
Lo que ha ocurrido en el día de ayer, insisto, no por los protagonistas directos de las expresiones desquiciadas sino por el acompañamiento convalidante de muchos miembros o funcionarios de esta Cámara y obviamente de Poder Ejecutivo nacional, es algo nunca visto.
Por eso siento que este Congreso tiene que tomar una decisión. A esta altura, el remedio absolutamente excepcional que implica la intervención a una provincia no es un remedio que este Poder Legislativo tenga la posibilidad de cumplir. Estamos frente a un remedio que ya no es que pueda cumplirlo, sino que debe cumplirlo.
Estamos compelidos y obligados a tomar una medida en términos de la aplicación de las garantías constitucionales que establece la Constitución. Una medida que deberá ser tomada a partir de la elaboración de un programa de trabajo y de una construcción de los consensos necesarios para agotar todas las instancias previas.
Nadie quiere intervenir el poder de una provincia. Pero lo que nosotros tenemos que habilitar, a partir de lo que la Corte nos está indicando, es una serie de medidas que este Congreso debe tomar como mensaje a la ciudadanía, sobre todo, en el sentido de que este Parlamento está dispuesto a hacerse cargo de esta situación buscando antes que nada un mecanismo de mediación con los propios actores de la cuestión.
En ese sentido me parece bien la propuesta que hace el diputado Yoma. Si les parece, tomemos como primera medida, antes que ninguna otra consulta de tipo jurídica o constitucional, buscar un acercamiento para intentar resolver esta cuestión.
Finalmente, entendiendo las opiniones distintas desde lo respetables que son -tanto las opiniones como las personas que las han emitido- creo que tenemos que encontrar un punto de confluencia para hacernos cargo de un estado de situación que hoy vive una provincia argentina.
Si no hay un mensaje claro por parte del Poder Legislativo al conjunto de la ciudadanía, el efecto que esto produce es un desaliento, una pérdida de confianza y de credibilidad en las instituciones. El ciudadano común empieza a sentir que si las máximas autoridades de la Nación no son capaces de respetar un fallo de la Corte, les guste o no les guste, no hay ciudadano común que a partir de ahora se sienta compelido o limitado al cumplimiento de las leyes ni al respeto de las instituciones.
T.12
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En función de la restauración de esto que a mi juicio está -insisto con el término- desquiciado y fuera de su carril, es que este Poder Legislativo debe asumir una actitud de madurez intentando acercar una posición que nos permita evitar la intervención, pero si así no fuera, obviamente tratar los proyectos que han sido presentados para llegar a este remedio extremo.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Tiene la palabra el señor diputado Gil Lavedra.
SR. GIL LAVEDRA Señora presidenta: estamos todos aquí, en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso porque así lo ha pedido la propia Corte de Justicia. Es decir, la Corte Suprema de Justicia se ha dirigido a ambas Cámaras del Congreso para manifestar que carece de medios para poder hacer cumplir una sentencia en un caso determinado. Por lo tanto, recurre al Congreso para que éste determine si posee alguna competencia y es del caso, ejercerla para poder hacer cumplir una decisión de la Corte.
En consecuencia, señora presidenta, lo que se encuentra en juego aquí es la integridad de nuestro propio sistema institucional. Las sentencias de la Corte Suprema en nuestro régimen tienen que ser cumplidas. Esto quiere decir que uno puede discrepar, discutir -porque también están sujetas al escrutinio público-, pero nunca puede usar el argumento de que no le gusta el fallo para no cumplirlo porque en nuestro régimen las decisiones de la Corte son finales.
En la Constitución Argentina lo que decide la Corte Suprema es la decisión de uno de los órganos máximos del Estado encargado de ejercer la jurisdicción. Uno puede decir que no le gusta el fallo de la Corte, uno puede decir también que hay algunas decisiones de la Corte que considera equivocadas. Y vaya si las hay, por supuesto que hay muchísimas decisiones de la Corte que uno no puede compartir.
Pero este argumento jamás puede ser utilizado para decir no la cumplo, porque si uno dice que no cumple una sentencia de la Corte está diciendo que no cumple nuestro régimen constitucional.
En consecuencia, señora presidenta, cuando la Corte le dice al Congreso que vea si hay alguna manera de cumplir la sentencia -y cita expresamente las normas del artículo 6º y del 75, inciso 31 de la Constitución-, está aludiendo las hipótesis en las cuales el Congreso de la Nación puede interferir y puede tener alguna ingerencia dentro de las economías locales.
Este es el instituto de la intervención. A este respecto existe una muy mala práctica en la Argentina con la intervención federal. Argentina ha padecido alrededor de ciento cuarenta intervenciones federales en toda su historia desde la Constitución del 1853/60. Y ésta ha terminado convirtiéndose en un instrumento del poder central para poder desplazar las autoridades locales a su gusto o antojo.
Pero la Constitución cuando dice que el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias, no dice cómo interviene. Es decir, no está escrito en la Constitución cómo debe intervenir el gobierno nacional. Es más, en la Constitución de Estados Unidos que tiene un texto similar no ha habido jamás desplazamiento de autoridades locales.
En nuestra práctica constitucional hasta 1880, hasta el gobierno de Avellaneda, no hubo ninguna intervención que significara la remoción de las autoridades locales. Se designaba un mediador que procuraba en caso de sedición, alzamiento, tratar de llegar a determinados acuerdos.
Por lo tanto, señora presidenta, el estereotipo de que la intervención necesariamente significa remover, que se nombre un interventor que se haga cargo del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del gobierno de la provincia...
En consecuencia, señora presidenta, lo que se encuentra en juego aquí es la integridad de nuestro propio sistema institucional. Las sentencias de la Corte Suprema en nuestro régimen tienen que ser cumplidas. Esto quiere decir que uno puede discrepar, discutir -porque también están sujetas al escrutinio público-, pero nunca puede usar el argumento de que no le gusta el fallo para no cumplirlo porque en nuestro régimen las decisiones de la Corte son finales.
En la Constitución Argentina lo que decide la Corte Suprema es la decisión de uno de los órganos máximos del Estado encargado de ejercer la jurisdicción. Uno puede decir que no le gusta el fallo de la Corte, uno puede decir también que hay algunas decisiones de la Corte que considera equivocadas. Y vaya si las hay, por supuesto que hay muchísimas decisiones de la Corte que uno no puede compartir.
Pero este argumento jamás puede ser utilizado para decir no la cumplo, porque si uno dice que no cumple una sentencia de la Corte está diciendo que no cumple nuestro régimen constitucional.
En consecuencia, señora presidenta, cuando la Corte le dice al Congreso que vea si hay alguna manera de cumplir la sentencia -y cita expresamente las normas del artículo 6º y del 75, inciso 31 de la Constitución-, está aludiendo las hipótesis en las cuales el Congreso de la Nación puede interferir y puede tener alguna ingerencia dentro de las economías locales.
Este es el instituto de la intervención. A este respecto existe una muy mala práctica en la Argentina con la intervención federal. Argentina ha padecido alrededor de ciento cuarenta intervenciones federales en toda su historia desde la Constitución del 1853/60. Y ésta ha terminado convirtiéndose en un instrumento del poder central para poder desplazar las autoridades locales a su gusto o antojo.
Pero la Constitución cuando dice que el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias, no dice cómo interviene. Es decir, no está escrito en la Constitución cómo debe intervenir el gobierno nacional. Es más, en la Constitución de Estados Unidos que tiene un texto similar no ha habido jamás desplazamiento de autoridades locales.
En nuestra práctica constitucional hasta 1880, hasta el gobierno de Avellaneda, no hubo ninguna intervención que significara la remoción de las autoridades locales. Se designaba un mediador que procuraba en caso de sedición, alzamiento, tratar de llegar a determinados acuerdos.
Por lo tanto, señora presidenta, el estereotipo de que la intervención necesariamente significa remover, que se nombre un interventor que se haga cargo del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del gobierno de la provincia...
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Diputado Gil Lavedra: discúlpeme pero el diputado Moreno le pide una interrupción, ¿se la concede?
SR. GIL LAVEDRA No, señora presidenta.
SR. MORENO Por la expresión suya...
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Diputado Moreno: no se le ha otorgado la interrupción.
SR. GIL LAVEDRA Se la concedo.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Diputado Moreno: ahora sí se la concede.
SR. GIL LAVEDRA Bueno, hizo reconsideración.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Tiene la palabra el señor diputado Moreno.
SR. MORENO Me parecía que no era la conducta del señor diputado, pero como las conductas cambian tanto. El diputado Gil Lavedra siempre tuvo la consideración con todos los señores diputados de aceptar una interrupción.
T.13
Sbm
Ac
Cuando usted dice la Constitución, no indica cómo interviene, le pido que lo desarrolle porque no nos queremos quedar con la idea de que la intervención sería "veríamos con agrado."
T.13
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Ac
Cuando usted dice la Constitución, no indica cómo interviene, le pido que lo desarrolle porque no nos queremos quedar con la idea de que la intervención sería "veríamos con agrado."
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Gracias, señor diputado Moreno. Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Gil Lavedra.
SR. GIL LAVEDRA Justamente estaba diciendo esto. Remover a las autoridades locales parece una medida extrema, que sin duda inquieta a los recaudos del artículo 6º de la Constitución Nacional pero que no es una condición necesaria. Por lo tanto, el bloque de la Unión Cívica Radical ha presentado una propuesta que ha tratado de conciliar, por un lado, el resguardo de las autonomías locales -y entendimos que de ningún modo se debe afectar el cumplimiento del mandato del gobernador Peralta ni de la Legislatura local-, y a la vez trata de cumplir el fallo de la Corte.
En ese sentido, la propuesta que había realizado la Unión Cívica Radical es realizar una ley con base en las facultades del artículo 6º de la Constitución Nacional pero que cumpliera estrictamente el mandato de la Corte, sin desplazamiento de las autoridades locales.
De todas maneras, como estamos frente a un conflicto digno de políticos, y siempre se trata de remedios de esta naturaleza, quiero destacar que en la última decisión de la Corte del año pasado, cuando se lo intimó al gobernador Peralta a cumplir la sentencia que venía dictada sucesivamente a través de distintas Cortes, el gobernador Peralta hizo un gran esfuerzo para tratar de cumplir la sentencia de la Corte e incluso entonces presentó un decreto -que es un proyecto- tratando de buscar una salida a lo que él entendía que podía ser una solución al fallo de la Corte. Con lo cual ha habido un fuerte interés de parte del gobernador en que esta sentencia se cumpla.
Lamentablemente esto no se produjo y la Corte en el mes de septiembre dijo: "Tengo agotados los caminos, lo intimé en dos oportunidades y todavía no ha ocurrido nada", porque ni siquiera la propuesta del gobernador Peralta ha encontrado satisfacción.
Por eso, señora presidenta, haciéndome también eco de algunas de las exposiciones anteriores, me gustaría ir terminando con las siguientes propuestas. Por un lado, manifestar mi más absoluto rechazo al proyecto que declara preocupación por el fallo de la Corte, porque esto significa que nosotros somos una instancia revisora de lo que la Corte decide y la Corte resolverá mal o bien pero nosotros tenemos la obligación institucional de cumplirlo.
En segundo lugar, según nuestra postura, estamos de acuerdo con algunas de las sugerencias que se vienen realizando y quizás en lugar de una comisión mediadora, como propone el diputado Yoma, por qué no se puede hacer la mediación directamente desde el Congreso, antes de tomar una decisión. Tenemos en nuestras manos una herramienta muy poderosa porque la Constitución Nacional nos da herramientas muy fuertes para que esto se cumpla pero en lugar de utilizarlas por qué no seguimos el camino de tratar de buscar una solución.
Se podría citar al propio gobernador Peralta, quien ha manifestado su intención de cumplir, para preguntarle de qué manera el Congreso de la Nación puede ayudar, basados en las facultades que la Constitución Nacional otorga, para que esta sentencia se lleve a cabo.
Lo que pensamos de modo inexcusable es que la sentencia debe acatarse. Debemos buscar los mejores caminos para hacerlo. Estoy de acuerdo con que hagamos un plan de trabajo para que, luego de escuchar a los actores, podamos saber cuál es la mejor medida que podemos adoptar en base a las facultades que la Constitución Nacional le da al Congreso.
En ese sentido, la propuesta que había realizado la Unión Cívica Radical es realizar una ley con base en las facultades del artículo 6º de la Constitución Nacional pero que cumpliera estrictamente el mandato de la Corte, sin desplazamiento de las autoridades locales.
De todas maneras, como estamos frente a un conflicto digno de políticos, y siempre se trata de remedios de esta naturaleza, quiero destacar que en la última decisión de la Corte del año pasado, cuando se lo intimó al gobernador Peralta a cumplir la sentencia que venía dictada sucesivamente a través de distintas Cortes, el gobernador Peralta hizo un gran esfuerzo para tratar de cumplir la sentencia de la Corte e incluso entonces presentó un decreto -que es un proyecto- tratando de buscar una salida a lo que él entendía que podía ser una solución al fallo de la Corte. Con lo cual ha habido un fuerte interés de parte del gobernador en que esta sentencia se cumpla.
Lamentablemente esto no se produjo y la Corte en el mes de septiembre dijo: "Tengo agotados los caminos, lo intimé en dos oportunidades y todavía no ha ocurrido nada", porque ni siquiera la propuesta del gobernador Peralta ha encontrado satisfacción.
Por eso, señora presidenta, haciéndome también eco de algunas de las exposiciones anteriores, me gustaría ir terminando con las siguientes propuestas. Por un lado, manifestar mi más absoluto rechazo al proyecto que declara preocupación por el fallo de la Corte, porque esto significa que nosotros somos una instancia revisora de lo que la Corte decide y la Corte resolverá mal o bien pero nosotros tenemos la obligación institucional de cumplirlo.
En segundo lugar, según nuestra postura, estamos de acuerdo con algunas de las sugerencias que se vienen realizando y quizás en lugar de una comisión mediadora, como propone el diputado Yoma, por qué no se puede hacer la mediación directamente desde el Congreso, antes de tomar una decisión. Tenemos en nuestras manos una herramienta muy poderosa porque la Constitución Nacional nos da herramientas muy fuertes para que esto se cumpla pero en lugar de utilizarlas por qué no seguimos el camino de tratar de buscar una solución.
Se podría citar al propio gobernador Peralta, quien ha manifestado su intención de cumplir, para preguntarle de qué manera el Congreso de la Nación puede ayudar, basados en las facultades que la Constitución Nacional otorga, para que esta sentencia se lleve a cabo.
Lo que pensamos de modo inexcusable es que la sentencia debe acatarse. Debemos buscar los mejores caminos para hacerlo. Estoy de acuerdo con que hagamos un plan de trabajo para que, luego de escuchar a los actores, podamos saber cuál es la mejor medida que podemos adoptar en base a las facultades que la Constitución Nacional le da al Congreso.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Tiene la palabra la señora diputada Alonso.
Señora diputada Alonso: con anterioridad el diputado Yoma pidió una interrupción. ¿Se la concede?
Señora diputada Alonso: con anterioridad el diputado Yoma pidió una interrupción. ¿Se la concede?
SRA. ALONSO Permito la interrupción, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Tiene usted la palabra para una aclaración, señor diputado Yoma.
SR. YOMA Es para precisar la propuesta que hice. Solicito que este Congreso, a través de la comisión que usted preside, envíe una representación a la provincia de Santa Cruz para conversar con los actores locales.
T.14
AC
VM
De ninguna manera me parece pertinente -es más, creo que es fuera de lugar-, citar a un gobernador de una provincia argentina. Sí me parece en un gesto de buena voluntad -en una actitud de parte de este Congreso de solucionar este conflicto que se ha presentado-, enviar una representación parlamentaria, como ya se hizo en varias oportunidades en que el Congreso, ante situaciones de conflicto, envió a legisladores.
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De ninguna manera me parece pertinente -es más, creo que es fuera de lugar-, citar a un gobernador de una provincia argentina. Sí me parece en un gesto de buena voluntad -en una actitud de parte de este Congreso de solucionar este conflicto que se ha presentado-, enviar una representación parlamentaria, como ya se hizo en varias oportunidades en que el Congreso, ante situaciones de conflicto, envió a legisladores.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Quedó en claro, diputado Yoma.
Tiene la palabra la señora diputada Alonso.
Tiene la palabra la señora diputada Alonso.
SRA. ALONSO Creo que a medida que va pasando el tiempo y vamos conversando, vamos tratando de encontrar un camino que puede ser común. Quizás el resultado final o la solución no sea común pero evidentemente vamos encontrando al menos un cierto acuerdo en tratar de establecer un rol de mediación, conservación o facilitación de esta Cámara de Diputados en este conflicto, y especialmente de esta Comisión.
En ese sentido yo también me manifiesto a favor. Es más, a las 48 horas de haber presentado el proyecto de ley -porque considero que la situación amerita como mínimo la presentación de proyectos de ley que tengan en cuenta la intervención federal, porque hay un fallo de la Corte Suprema que no se ha cumplido-, también presenté una nota en la Comisión de Asuntos Constitucionales solicitando la presencia del gobernador Peralta. Podría ser que no necesariamente se presente acá, también se lo podría ir a visitar.
Lo que quiero decir con esto es que evidentemente a cualquiera de los que estamos sentados alrededor de esta mesa nos resulta doloroso y preocupante presentar o discutir una intervención federal en cualquier provincia. Llegar a una situación tal que nos haga poner en la agenda una propuesta de intervención federal de cualquier provincia es siempre complejo.
Asimismo, debo confesarles a todos que, así como presenté el proyecto -que por supuesto sostengo la intervención federal porque considero que la situación es de una extrema gravedad institucional- también busqué otras alternativas, que probablemente son mejoradas; esta alternativa de citación, visita o comisión está siendo mejorada por lo que otros legisladores miembros de esta comisión están aportando en la conversación que estamos teniendo hoy.
No voy a hablar mucho porque ya se ha hablado de los sucesivos fallos de la Corte, el fallo del Tribunal Superior de Justicia declarando inconstitucional la ley y demás, pero sí quiero aportar para el debate dos documentos. Ellos son el amicus curiae que presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales ante la Corte Suprema de Justicia en 2006 y la denuncia que hizo el CELS por el caso Sosa en 2007 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Me parece que es importante que tengamos en cuenta también este documento de un reconocido organismo de derechos humanos del cual nadie discute su trayectoria, su independencia y la seriedad con que realiza el trabajo.
En estos dos documentos el CELS dice claramente que la garantía de independencia del Poder Judicial en Santa Cruz ha sido violada; dice que el derecho de Sosa a un plazo razonable de ejecución de sentencia también ha sido violado y que el derecho a la protección judicial y a un recurso efectivo también ha sido violado.
Cito lo que dice la denuncia del CELS ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: "Analizaremos..." -en la denuncia que presenta- "...de qué manera la provincia, desoyendo un contundente fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,..." -esto fue presentado en 2007- "...-por el cual ordenó a la Justicia santacruceña reincorporar al doctor Sosa en el cargo-, ha violado los derechos y garantías del peticionario y ha mantenido una situación que implica la afectación de la independencia del Poder Judicial y el debilitamiento del Estado de Derecho."
La verdad es que no necesito leer el fallo de la Corte para tener en claro y concluir que se presenta una situación de gravedad institucional en Santa Cruz y que amerita, como mínimo, que discutamos la posibilidad de una intervención federal.
Con sólo leer los dos documentos del CELS, que los puede encontrar en su sitio web, creo que todos llegamos a la misma conclusión.
T.15
Sencillamente quería agregar estos documentos al debate y no quiero extenderme mucho más.
Me parece que vamos encontrando un camino intermedio. Estoy a favor de poner a consideración de la comisión un plan de trabajo, ya sea una visita a Santa Cruz o visitas de Santa Cruz aquí o ambas.
Podemos ir encontrando distintos mecanismos para tratar finalmente de llegar a una solución que esperamos todos -o por lo menos nosotros- sea evitar una intervención federal en la provincia de Santa Cruz.
Finalmente hago mías las palabras de la diputada Stolbizer y del diputado Gil Lavedra respecto del acto de ayer. También nos ha preocupado profundamente escuchar a la presidenta de la Nación argentina decirle al gobernador Peralta, en un auditorio y como si fuera chistoso, que en la Casa Rosada va a encontrar asilo.
Aquí nadie está persiguiendo a nadie. Esto es el Congreso de la Nación. Estamos frente a una situación de profunda gravedad institucional de una provincia. Nosotros nos tomamos en serio nuestro trabajo y me parece que es grave lo que se ha dicho en ese acto ofrecido por la presidenta de la Nación.
Así como todos los que hablamos y opinamos merecemos respeto, también este Congreso y esta Cámara de Diputados merecen respeto por parte de la persona que ejerce la máxima investidura de nuestro Estado.
En ese sentido yo también me manifiesto a favor. Es más, a las 48 horas de haber presentado el proyecto de ley -porque considero que la situación amerita como mínimo la presentación de proyectos de ley que tengan en cuenta la intervención federal, porque hay un fallo de la Corte Suprema que no se ha cumplido-, también presenté una nota en la Comisión de Asuntos Constitucionales solicitando la presencia del gobernador Peralta. Podría ser que no necesariamente se presente acá, también se lo podría ir a visitar.
Lo que quiero decir con esto es que evidentemente a cualquiera de los que estamos sentados alrededor de esta mesa nos resulta doloroso y preocupante presentar o discutir una intervención federal en cualquier provincia. Llegar a una situación tal que nos haga poner en la agenda una propuesta de intervención federal de cualquier provincia es siempre complejo.
Asimismo, debo confesarles a todos que, así como presenté el proyecto -que por supuesto sostengo la intervención federal porque considero que la situación es de una extrema gravedad institucional- también busqué otras alternativas, que probablemente son mejoradas; esta alternativa de citación, visita o comisión está siendo mejorada por lo que otros legisladores miembros de esta comisión están aportando en la conversación que estamos teniendo hoy.
No voy a hablar mucho porque ya se ha hablado de los sucesivos fallos de la Corte, el fallo del Tribunal Superior de Justicia declarando inconstitucional la ley y demás, pero sí quiero aportar para el debate dos documentos. Ellos son el amicus curiae que presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales ante la Corte Suprema de Justicia en 2006 y la denuncia que hizo el CELS por el caso Sosa en 2007 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Me parece que es importante que tengamos en cuenta también este documento de un reconocido organismo de derechos humanos del cual nadie discute su trayectoria, su independencia y la seriedad con que realiza el trabajo.
En estos dos documentos el CELS dice claramente que la garantía de independencia del Poder Judicial en Santa Cruz ha sido violada; dice que el derecho de Sosa a un plazo razonable de ejecución de sentencia también ha sido violado y que el derecho a la protección judicial y a un recurso efectivo también ha sido violado.
Cito lo que dice la denuncia del CELS ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: "Analizaremos..." -en la denuncia que presenta- "...de qué manera la provincia, desoyendo un contundente fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,..." -esto fue presentado en 2007- "...-por el cual ordenó a la Justicia santacruceña reincorporar al doctor Sosa en el cargo-, ha violado los derechos y garantías del peticionario y ha mantenido una situación que implica la afectación de la independencia del Poder Judicial y el debilitamiento del Estado de Derecho."
La verdad es que no necesito leer el fallo de la Corte para tener en claro y concluir que se presenta una situación de gravedad institucional en Santa Cruz y que amerita, como mínimo, que discutamos la posibilidad de una intervención federal.
Con sólo leer los dos documentos del CELS, que los puede encontrar en su sitio web, creo que todos llegamos a la misma conclusión.
T.15
Sencillamente quería agregar estos documentos al debate y no quiero extenderme mucho más.
Me parece que vamos encontrando un camino intermedio. Estoy a favor de poner a consideración de la comisión un plan de trabajo, ya sea una visita a Santa Cruz o visitas de Santa Cruz aquí o ambas.
Podemos ir encontrando distintos mecanismos para tratar finalmente de llegar a una solución que esperamos todos -o por lo menos nosotros- sea evitar una intervención federal en la provincia de Santa Cruz.
Finalmente hago mías las palabras de la diputada Stolbizer y del diputado Gil Lavedra respecto del acto de ayer. También nos ha preocupado profundamente escuchar a la presidenta de la Nación argentina decirle al gobernador Peralta, en un auditorio y como si fuera chistoso, que en la Casa Rosada va a encontrar asilo.
Aquí nadie está persiguiendo a nadie. Esto es el Congreso de la Nación. Estamos frente a una situación de profunda gravedad institucional de una provincia. Nosotros nos tomamos en serio nuestro trabajo y me parece que es grave lo que se ha dicho en ese acto ofrecido por la presidenta de la Nación.
Así como todos los que hablamos y opinamos merecemos respeto, también este Congreso y esta Cámara de Diputados merecen respeto por parte de la persona que ejerce la máxima investidura de nuestro Estado.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Tiene la palabra el señor diputado Tunessi.
SR. TUNESSI Señora presidenta: quiero ratificar esta línea de pensamiento y sostener que en realidad esta Corte Suprema de Justicia de la Nación es una Corte Suprema de Justicia en la que todos vimos un enorme progreso institucional cuando se la designó. Hay registro de esto. No es una cuestión salida de los pelos: es una Corte que no puede ser tachada de carecer de calidades morales, de un liderazgo institucional serio, de una preocupación constante por la institucionalidad del país en cualquier circunstancia y sobre todo de mantener independencia de criterio con el resto de los poderes del Estado y de los poderes corporativos de la sociedad.
Pareciera que estamos entrando en una situación no querida. No ha sido de parte de la oposición avanzar en esta situación, que ya por reiterada, aparece como imposible de desoírse.
No estamos frente a una desobediencia, estamos en presencia de una resistencia a cumplir el fallo, como dice el artículo 239 del Código Penal, que llevó a la Corte a notificar por oficio a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para que se instrumentara una causa penal por la desobediencia.
Frente a este hecho y a esta escalada creciente y preocupante se contrapone la inexorable actitud de no poder aceptar que no se cumpla un fallo de la Corte, y mucho menos -lo digo con todo respeto- de convertirnos todos nosotros en una suerte de tribunal de alzada o de intérpretes de los fallos de la Corte.
El gobierno interpreta los fallos de la Corte y el jefe de gabinete sostiene que es una cuestión de derecho público provincial en la que no debe inmiscuirse la Corte, cuando en realidad el ciudadano Sosa sintió violentado un derecho individual y por esa vía llegó a la Corte.
Sin ánimo de generar ninguna polémica, porque en este clima que estamos avanzando todos estamos preocupados por encontrar una salida menos cruenta y más posible de no seguir vulnerando las instituciones, les quiero recordar que el propio Tribunal Superior de Santa Cruz declaró la inconstitucionalidad de la medida que reemplazó a Sosa. Entonces, no podemos olvidar esta situación y desconocer que ya hay antecedentes de la propia provincia. Por eso no es similar el caso que comentaba el diputado Yoma.
Aquí hay un precedente porque el Tribunal Superior de Santa Cruz determinó la inconstitucionalidad de la medida que desplazó a Sosa.
T.16
AC
vm
En esta reunión nosotros no hacemos una interpretación de tono político como tenemos derecho a hacer, porque podríamos auscultar las causas o las razones por las que fue desplazado el doctor Sosa.
Pareciera que estamos entrando en una situación no querida. No ha sido de parte de la oposición avanzar en esta situación, que ya por reiterada, aparece como imposible de desoírse.
No estamos frente a una desobediencia, estamos en presencia de una resistencia a cumplir el fallo, como dice el artículo 239 del Código Penal, que llevó a la Corte a notificar por oficio a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para que se instrumentara una causa penal por la desobediencia.
Frente a este hecho y a esta escalada creciente y preocupante se contrapone la inexorable actitud de no poder aceptar que no se cumpla un fallo de la Corte, y mucho menos -lo digo con todo respeto- de convertirnos todos nosotros en una suerte de tribunal de alzada o de intérpretes de los fallos de la Corte.
El gobierno interpreta los fallos de la Corte y el jefe de gabinete sostiene que es una cuestión de derecho público provincial en la que no debe inmiscuirse la Corte, cuando en realidad el ciudadano Sosa sintió violentado un derecho individual y por esa vía llegó a la Corte.
Sin ánimo de generar ninguna polémica, porque en este clima que estamos avanzando todos estamos preocupados por encontrar una salida menos cruenta y más posible de no seguir vulnerando las instituciones, les quiero recordar que el propio Tribunal Superior de Santa Cruz declaró la inconstitucionalidad de la medida que reemplazó a Sosa. Entonces, no podemos olvidar esta situación y desconocer que ya hay antecedentes de la propia provincia. Por eso no es similar el caso que comentaba el diputado Yoma.
Aquí hay un precedente porque el Tribunal Superior de Santa Cruz determinó la inconstitucionalidad de la medida que desplazó a Sosa.
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En esta reunión nosotros no hacemos una interpretación de tono político como tenemos derecho a hacer, porque podríamos auscultar las causas o las razones por las que fue desplazado el doctor Sosa.
SR. YOMA Solicito una interrupción.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Señor diputado Tunessi: el señor Yoma le solicita una interrupción, ¿se la concede?
SR. TUNESSI Sí, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Yoma.
Le solicito que sea breve porque tenemos muchos diputados anotados y el problema que tenemos es que la sesión está citada a las 14.
Le solicito que sea breve porque tenemos muchos diputados anotados y el problema que tenemos es que la sesión está citada a las 14.
SR. YOMA Quiero precisarle a mi querido colega Tunessi que en La Rioja se vivió la misma situación. El Tribunal Superior de Justicia de la provincia falló en contra de lo resuelto por la Asamblea Constituyente que desplazó a los jueces del Tribunal Superior. Es más, el Procurador General de la Nación de ese entonces, el doctor Becerra, dictaminó a favor de la competencia de la Corte. Con lo cual, lo de La Rioja es más grave porque son cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia, la máxima autoridad de la Justicia provincial.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Continúa en el uso de la palabra el diputado Tunessi.
SR. TUNESSI Quiero redondear la idea; me parece que hay un punto sobre el cual no podemos avanzar. Es inaceptable que no se acate un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eso violenta el principio de la estructura de la división de poderes; está dicho en este fallo.
La Corte recurre al Congreso -ya se ha dicho acá- citando expresamente los artículos donde está sugerido el remedio federal para solucionar este problema; la Corte lo sugiere en su resolución.
Sin embargo, en lo que hemos planteado, nuestro tono no ha sido el de doblar ninguna apuesta, retrucar ninguna situación, buscar ningún nuevo desafío que traiga mayores problemas ni mayores sufrimientos a las instituciones del país.
Por eso, el proyecto de la Unión Cívica Radical intenta de alguna manera, con novedad jurídica y con novedad constitucional, que el Congreso de la Nación se involucre en una facultad provincial, que es la ley, interviniendo en las facultades que se han dejado de cumplir para evitar el desplazamiento de los poderes constituidos.
No hay un desplazamiento porque todos entendemos que acá no hay conmoción pública, no hay situación de alteración del orden público, no hay violencia o falta de garantías; lo que sí hay es un incumplimiento manifiesto y una desobediencia a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le ha pedido al Congreso que intervenga.
De manera tal que hacer esta propuesta de intervención es la ley misma, reponiendo a Sosa en el lugar que corresponde, ya que se ha dejado inclusive de cumplir con la voluntad del propio gobernador, porque la Legislatura no ha tratado el proyecto que intentaba de alguna manera poner una solución, porque aunque fuera parcial y aunque no lo hubiera aceptado Sosa, era por lo menos una actitud que trataba de descomprimir este conflicto; tampoco fue tratada esa situación.
De este lado, desde la oposición, lo que campea es la responsabilidad, lo que campea es la sensatez, lo que campea es la prudencia, lo que campea es la posibilidad de encontrar una salida a este desaguisado institucional que es propio del gobierno.
En consecuencia, nosotros estamos de acuerdo en los pasos intermedios; ir dando pasos intermedios pero sostenidos y firmes con miras a no aceptar bajo ningún punto de vista que se desacate o desoiga un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que por reiterado ha tenido que llegar al Congreso a pedir el extremo de las medidas que se están pidiendo en estas circunstancias.
Creo que podemos citar al gobernador. También propongo, como se había sugerido en reuniones previas, la posibilidad de consultar a expertos, a juristas y constitucionalistas, que concurran rápidamente a esta casa; que los distintos partidos políticos propongan la presencia de expertos para que la situación sea objetiva, que nos expliquen y nos den argumentos técnicos constitucionales que nos ayuden a resolver este problema. Es un camino que hemos elegido, que no es la confrontación; es un camino para encontrar una salida y una solución.
Estamos dispuestos porque queremos avanzar en el tratamiento de este tema ya que lo último que podemos hacer es mirar para otro lado cuando están en riesgo instituciones esenciales de la convivencia democrática.
T.17
Sbm
ac
La Corte recurre al Congreso -ya se ha dicho acá- citando expresamente los artículos donde está sugerido el remedio federal para solucionar este problema; la Corte lo sugiere en su resolución.
Sin embargo, en lo que hemos planteado, nuestro tono no ha sido el de doblar ninguna apuesta, retrucar ninguna situación, buscar ningún nuevo desafío que traiga mayores problemas ni mayores sufrimientos a las instituciones del país.
Por eso, el proyecto de la Unión Cívica Radical intenta de alguna manera, con novedad jurídica y con novedad constitucional, que el Congreso de la Nación se involucre en una facultad provincial, que es la ley, interviniendo en las facultades que se han dejado de cumplir para evitar el desplazamiento de los poderes constituidos.
No hay un desplazamiento porque todos entendemos que acá no hay conmoción pública, no hay situación de alteración del orden público, no hay violencia o falta de garantías; lo que sí hay es un incumplimiento manifiesto y una desobediencia a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le ha pedido al Congreso que intervenga.
De manera tal que hacer esta propuesta de intervención es la ley misma, reponiendo a Sosa en el lugar que corresponde, ya que se ha dejado inclusive de cumplir con la voluntad del propio gobernador, porque la Legislatura no ha tratado el proyecto que intentaba de alguna manera poner una solución, porque aunque fuera parcial y aunque no lo hubiera aceptado Sosa, era por lo menos una actitud que trataba de descomprimir este conflicto; tampoco fue tratada esa situación.
De este lado, desde la oposición, lo que campea es la responsabilidad, lo que campea es la sensatez, lo que campea es la prudencia, lo que campea es la posibilidad de encontrar una salida a este desaguisado institucional que es propio del gobierno.
En consecuencia, nosotros estamos de acuerdo en los pasos intermedios; ir dando pasos intermedios pero sostenidos y firmes con miras a no aceptar bajo ningún punto de vista que se desacate o desoiga un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que por reiterado ha tenido que llegar al Congreso a pedir el extremo de las medidas que se están pidiendo en estas circunstancias.
Creo que podemos citar al gobernador. También propongo, como se había sugerido en reuniones previas, la posibilidad de consultar a expertos, a juristas y constitucionalistas, que concurran rápidamente a esta casa; que los distintos partidos políticos propongan la presencia de expertos para que la situación sea objetiva, que nos expliquen y nos den argumentos técnicos constitucionales que nos ayuden a resolver este problema. Es un camino que hemos elegido, que no es la confrontación; es un camino para encontrar una salida y una solución.
Estamos dispuestos porque queremos avanzar en el tratamiento de este tema ya que lo último que podemos hacer es mirar para otro lado cuando están en riesgo instituciones esenciales de la convivencia democrática.
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SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Tiene la palabra la señora diputada Conti.
SRA. CONTI Quiero hacer distintas reflexiones.
Recordemos que este Congreso de la Nación intervino Santiago del Estero, una provincia gobernada entonces por un gobernador de mi propio bloque político, el gobernador Juárez. Que se llegó a esta intervención después de una tarea de años, de trabajo transversal político partidario, de organizaciones gremiales y de organizaciones no gubernamentales, donde tratamos de poner blanco sobre negro en la violación de un Estado republicano, la provincia de Santiago del Estero. Que haya sido buena o mala la gestión de la intervención, haya sido cual sea el resultado de la nueva democracia en Santiago del Estero con la elección, nos guste o no, o quién es su gobernador, la certeza que tuvimos en aquel momento está reflejada en que en estos mismos días en Santiago del Estero el jefe de su policía, jefe de los servicios de Santiago del Estero, Musa Azar, que dependía directamente del gobernador Juárez en el momento en que hicimos la intervención, está sentado en el banquillo de los acusados por crímenes de lesa humanidad. Este remedio excepcional de la intervención federal a una provincia se justifica en su excepcionalidad sólo cuando su régimen republicano no está respetado.
La segunda reflexión que quiero hacer es que yo sé que a algunos les gusta adular a la Corte, adular los fallos de la Corte, a otros les gustará denostarlos, pero si esta reunión es por la situación de un ciudadano santacruceño, como se lo pretende mostrar, y no por el fallo de la Corte, o al revés, deberíamos repensarlo.
Sosa fue removido, dejó de tener el lugar que tenía en Santa Cruz hace quince años y este tipo de reunión respecto de qué facultades tiene el Congreso en esta situación sólo la puso en marcha el fallo de la Corte de reciente data. Yo creo que el fallo de la Corte es de carácter político, en la dimensión política que en la cabeza del Poder Judicial los jueces deben tener.
Sostengo que el Estado de derecho en la Argentina está garantizado por esta propia Corte independiente, prestigiosa, que supimos tener. No hay riesgos. Creo que la pelea y la pulseada es porque en Argentina no haya sólo Estado de derecho sino un Estado social de derecho y esa es la pulseada política que estamos dándonos los distintos partidos políticos, las distintas organizaciones sociales que están más o menos de acuerdo con el reparto de la riqueza en la Argentina, para que pueda tener un Estado social de derecho.
Me parece que el fallo de la Corte es político. Primero, porque en realidad resuelve el tema jurídico sabiendo que hay una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reconoce que el gobernador Peralta quiere cumplir el fallo, reconoce los datos que usted, señora presidenta, alcanzó, porque están en el propio fallo. Pero lo raro es que, habiendo sido la Legislatura de Santa Cruz quien no aprobó ese decreto, al que denuncia penalmente es al gobernador. Con mucho respeto yo creo que los fallos de la Corte deben ser acatables pero también tenemos permiso para discutirlos en otro Poder, que no es la Corte Suprema.
En este sentido, veo una contradicción en la resolución de una Corte que admite que Peralta hace todo a su alcance para cumplir con el fallo pero a su vez lo denuncia penalmente. En la última reunión del Consejo de la Magistratura el diputado Aguad planteó que el Congreso emita una resolución diciendo que los fallos de la Corte hay que acatarlos y él mismo expuso -no sé por parte de la Corte pero tengo que dar crédito que lo expuso- que el gobernador Peralta y la Corte estaban en tratativas permanentes para ver cómo cumplir el fallo originario al que se refirió el doctor Yoma.
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¿Por qué se rompieron estas tratativas? No lo sé. Creo que la intervención también es política porque la Corte dice que va a haber justicia penal sabiendo obviamente que el gobernador Peralta no va a ser pasible de ninguna condena penal, porque hay desobediencia cuando hay posibilidad de cumplimiento, pero no hay desobediencia como delito si la orden o la posibilidad de cumplimiento es imposible, como en este caso.
Además, el cumplimiento depende de la aceptación de los que algunos llaman "ciudadano común"; y él no es un ciudadano común, era un funcionario que actualmente está haciendo política en cuanto medio nacional está a su alcance, y además hace política con referencia partidaria.
La doctora Gelli, que no es de nuestro color político, reconoce que en la mayoría de los casos las intervenciones federales en la Argentina fueron un mecanismo de actitud política partidaria contra otro partido político. Entonces, el modo en que se haga aquí el plan de trabajo, el escenario que se busque y los actores que se quiera poner en juego, debe ser hecho sin ninguna demagogia y con la total responsabilidad.
Nosotros no podemos gestionar ni lesionar la gestión de un gobernador que está gobernando y que por supuesto está mucho más ocupado -porque está en trabajo ejecutivo- que los legisladores. Por lo tanto, me extraña que se quiera traer a este escenario el plan de trabajo del Congreso.
Hay que recordar que la provincia de Santa Cruz está representada en este Congreso por diputados y diputadas de esa provincia, con todos los partidos políticos. Nosotros debemos respeto a esos representantes del pueblo de Santa Cruz, que tienen que ser el nexo natural entre este Congreso y su provincia.
Entonces, para qué vamos a desperdiciar recursos humanos y materiales, si todos los fines de semana cuando no hay actividad parlamentaria, ellos están en su provincia respondiendo a su pueblo. Por lo tanto, yo apelo a estos términos de seriedad.
Y con respecto al proyecto que se ha dicho que es el más leve, que es el de la Unión Cívica Radical, me parece que el Congreso de la Nación es garante de las autonomías provinciales, del régimen republicano de las provincias y por eso es quien interviene una provincia cuando esto fue violado o convalida la intervención, que en nuestro receso pudiera decretar el Poder Ejecutivo.
Pero el Congreso -nosotros- debe tener un lugar de ubicuidad tal que dentro de ese marco constitucional diga que los fallos de la Corte son presentables y deben ser de objeto de posible cumplimiento; nuestra intervención es política porque somos un órgano político, pero nosotros no somos oficiales de Justicia, ni oficiales notificadores ni Policía Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En este proyecto de la UCR donde se dice "Remuévase de su cargo al actual agente fiscal de la provincia, doctor Claudio Roberto Espinosa,..." se está pretendiendo que nosotros removamos a un funcionario provincial que no está cuestionado en su legitimidad de origen ni en su ejercicio funcional, y que también podríamos hacer incurrir en responsabilidad internacional al Estado argentino. ¡Ojo! que con este querer ser Oficial de Justicia de la Corte Suprema podemos incurrir en un desprestigio que no nos merecemos.
Por lo tanto, yo adhiero a que haya un plan de trabajo, que mostremos un Congreso activo, con recato, con seriedad y sin querer hacer de esto un juego político. Porque ¡Oh, casualidad! la provincia que se ha buscado, que la Corte ha buscado y que la oposición ha buscado, es ni más ni menos que la provincia de la presidenta de la Nación.
Recordemos que este Congreso de la Nación intervino Santiago del Estero, una provincia gobernada entonces por un gobernador de mi propio bloque político, el gobernador Juárez. Que se llegó a esta intervención después de una tarea de años, de trabajo transversal político partidario, de organizaciones gremiales y de organizaciones no gubernamentales, donde tratamos de poner blanco sobre negro en la violación de un Estado republicano, la provincia de Santiago del Estero. Que haya sido buena o mala la gestión de la intervención, haya sido cual sea el resultado de la nueva democracia en Santiago del Estero con la elección, nos guste o no, o quién es su gobernador, la certeza que tuvimos en aquel momento está reflejada en que en estos mismos días en Santiago del Estero el jefe de su policía, jefe de los servicios de Santiago del Estero, Musa Azar, que dependía directamente del gobernador Juárez en el momento en que hicimos la intervención, está sentado en el banquillo de los acusados por crímenes de lesa humanidad. Este remedio excepcional de la intervención federal a una provincia se justifica en su excepcionalidad sólo cuando su régimen republicano no está respetado.
La segunda reflexión que quiero hacer es que yo sé que a algunos les gusta adular a la Corte, adular los fallos de la Corte, a otros les gustará denostarlos, pero si esta reunión es por la situación de un ciudadano santacruceño, como se lo pretende mostrar, y no por el fallo de la Corte, o al revés, deberíamos repensarlo.
Sosa fue removido, dejó de tener el lugar que tenía en Santa Cruz hace quince años y este tipo de reunión respecto de qué facultades tiene el Congreso en esta situación sólo la puso en marcha el fallo de la Corte de reciente data. Yo creo que el fallo de la Corte es de carácter político, en la dimensión política que en la cabeza del Poder Judicial los jueces deben tener.
Sostengo que el Estado de derecho en la Argentina está garantizado por esta propia Corte independiente, prestigiosa, que supimos tener. No hay riesgos. Creo que la pelea y la pulseada es porque en Argentina no haya sólo Estado de derecho sino un Estado social de derecho y esa es la pulseada política que estamos dándonos los distintos partidos políticos, las distintas organizaciones sociales que están más o menos de acuerdo con el reparto de la riqueza en la Argentina, para que pueda tener un Estado social de derecho.
Me parece que el fallo de la Corte es político. Primero, porque en realidad resuelve el tema jurídico sabiendo que hay una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reconoce que el gobernador Peralta quiere cumplir el fallo, reconoce los datos que usted, señora presidenta, alcanzó, porque están en el propio fallo. Pero lo raro es que, habiendo sido la Legislatura de Santa Cruz quien no aprobó ese decreto, al que denuncia penalmente es al gobernador. Con mucho respeto yo creo que los fallos de la Corte deben ser acatables pero también tenemos permiso para discutirlos en otro Poder, que no es la Corte Suprema.
En este sentido, veo una contradicción en la resolución de una Corte que admite que Peralta hace todo a su alcance para cumplir con el fallo pero a su vez lo denuncia penalmente. En la última reunión del Consejo de la Magistratura el diputado Aguad planteó que el Congreso emita una resolución diciendo que los fallos de la Corte hay que acatarlos y él mismo expuso -no sé por parte de la Corte pero tengo que dar crédito que lo expuso- que el gobernador Peralta y la Corte estaban en tratativas permanentes para ver cómo cumplir el fallo originario al que se refirió el doctor Yoma.
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¿Por qué se rompieron estas tratativas? No lo sé. Creo que la intervención también es política porque la Corte dice que va a haber justicia penal sabiendo obviamente que el gobernador Peralta no va a ser pasible de ninguna condena penal, porque hay desobediencia cuando hay posibilidad de cumplimiento, pero no hay desobediencia como delito si la orden o la posibilidad de cumplimiento es imposible, como en este caso.
Además, el cumplimiento depende de la aceptación de los que algunos llaman "ciudadano común"; y él no es un ciudadano común, era un funcionario que actualmente está haciendo política en cuanto medio nacional está a su alcance, y además hace política con referencia partidaria.
La doctora Gelli, que no es de nuestro color político, reconoce que en la mayoría de los casos las intervenciones federales en la Argentina fueron un mecanismo de actitud política partidaria contra otro partido político. Entonces, el modo en que se haga aquí el plan de trabajo, el escenario que se busque y los actores que se quiera poner en juego, debe ser hecho sin ninguna demagogia y con la total responsabilidad.
Nosotros no podemos gestionar ni lesionar la gestión de un gobernador que está gobernando y que por supuesto está mucho más ocupado -porque está en trabajo ejecutivo- que los legisladores. Por lo tanto, me extraña que se quiera traer a este escenario el plan de trabajo del Congreso.
Hay que recordar que la provincia de Santa Cruz está representada en este Congreso por diputados y diputadas de esa provincia, con todos los partidos políticos. Nosotros debemos respeto a esos representantes del pueblo de Santa Cruz, que tienen que ser el nexo natural entre este Congreso y su provincia.
Entonces, para qué vamos a desperdiciar recursos humanos y materiales, si todos los fines de semana cuando no hay actividad parlamentaria, ellos están en su provincia respondiendo a su pueblo. Por lo tanto, yo apelo a estos términos de seriedad.
Y con respecto al proyecto que se ha dicho que es el más leve, que es el de la Unión Cívica Radical, me parece que el Congreso de la Nación es garante de las autonomías provinciales, del régimen republicano de las provincias y por eso es quien interviene una provincia cuando esto fue violado o convalida la intervención, que en nuestro receso pudiera decretar el Poder Ejecutivo.
Pero el Congreso -nosotros- debe tener un lugar de ubicuidad tal que dentro de ese marco constitucional diga que los fallos de la Corte son presentables y deben ser de objeto de posible cumplimiento; nuestra intervención es política porque somos un órgano político, pero nosotros no somos oficiales de Justicia, ni oficiales notificadores ni Policía Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En este proyecto de la UCR donde se dice "Remuévase de su cargo al actual agente fiscal de la provincia, doctor Claudio Roberto Espinosa,..." se está pretendiendo que nosotros removamos a un funcionario provincial que no está cuestionado en su legitimidad de origen ni en su ejercicio funcional, y que también podríamos hacer incurrir en responsabilidad internacional al Estado argentino. ¡Ojo! que con este querer ser Oficial de Justicia de la Corte Suprema podemos incurrir en un desprestigio que no nos merecemos.
Por lo tanto, yo adhiero a que haya un plan de trabajo, que mostremos un Congreso activo, con recato, con seriedad y sin querer hacer de esto un juego político. Porque ¡Oh, casualidad! la provincia que se ha buscado, que la Corte ha buscado y que la oposición ha buscado, es ni más ni menos que la provincia de la presidenta de la Nación.
SRA. STOLBIZER ¿No es de Buenos Aires?
SRA. CONTI Es de Santa Cruz, como yo soy porteña.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Tiene la palabra el señor diputado Milman.
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SR. MILMAN Aclaremos que la señora presidenta nació en La Plata.
Más allá de esta cuestión el inciso 31 de la Constitución Nacional que cita la Corte dice: "Disponer la intervención federal a una provincia o a la Ciudad de Buenos Aires. Aprobar o revocar la intervención decretada, durante su receso, por el Poder Ejecutivo".
De manera que el argumento de que la Corte no le solicita esto al Congreso queda aclarado con este artículo de la Constitución.
Yo entiendo que la Constitución Nacional no le otorga al Poder Ejecutivo ni a este Congreso el cargo de tribunal de alzada de las decisiones de la Corte. Por supuesto que en toda querella e instancia judicial donde hay más de una persona, de un ciudadano o una institución siempre hay alguien a quien le agrada el fallo de la Justicia y alguien al que le agrada menos. A veces hay mediaciones que terminan generando un espacio común.
Me parece que ese debe ser el inicio del trabajo que debe darse esta comisión. En ese sentido avalo que exista un camino en el territorio que sea. Definirá la comisión si se hará en la provincia de Santa Cruz o aquí en el Congreso de la Nación. No me parece que sea éste el problema. Habrá que tratar de que no se declaren personas no gratas a legisladores que quieren acatar la Constitución, pero no me parece que sea importante el lugar donde se haga.
En definitiva de lo que se trata es de entender lo que inclusive decía mi antecesor en el uso de la palabra y que yo comparto: ir hacia un estado social de derecho.
Lo que no creo es que ese estado social de derecho signifique aplaudir cuando se dice "tomar por asalto a la Justicia". De ninguna manera entiendo que la doctrina del estado social de derecho -que ya está incorporada- se trate de eso.
Cuando el Congreso entiende que la Corte ha actuado mal, como aquí se presupone -y no quiero ser asesor del bloque Frente para la Victoria-, tiene una institución para actuar, que es el juicio político de la Corte.
Más allá de esta cuestión el inciso 31 de la Constitución Nacional que cita la Corte dice: "Disponer la intervención federal a una provincia o a la Ciudad de Buenos Aires. Aprobar o revocar la intervención decretada, durante su receso, por el Poder Ejecutivo".
De manera que el argumento de que la Corte no le solicita esto al Congreso queda aclarado con este artículo de la Constitución.
Yo entiendo que la Constitución Nacional no le otorga al Poder Ejecutivo ni a este Congreso el cargo de tribunal de alzada de las decisiones de la Corte. Por supuesto que en toda querella e instancia judicial donde hay más de una persona, de un ciudadano o una institución siempre hay alguien a quien le agrada el fallo de la Justicia y alguien al que le agrada menos. A veces hay mediaciones que terminan generando un espacio común.
Me parece que ese debe ser el inicio del trabajo que debe darse esta comisión. En ese sentido avalo que exista un camino en el territorio que sea. Definirá la comisión si se hará en la provincia de Santa Cruz o aquí en el Congreso de la Nación. No me parece que sea éste el problema. Habrá que tratar de que no se declaren personas no gratas a legisladores que quieren acatar la Constitución, pero no me parece que sea importante el lugar donde se haga.
En definitiva de lo que se trata es de entender lo que inclusive decía mi antecesor en el uso de la palabra y que yo comparto: ir hacia un estado social de derecho.
Lo que no creo es que ese estado social de derecho signifique aplaudir cuando se dice "tomar por asalto a la Justicia". De ninguna manera entiendo que la doctrina del estado social de derecho -que ya está incorporada- se trate de eso.
Cuando el Congreso entiende que la Corte ha actuado mal, como aquí se presupone -y no quiero ser asesor del bloque Frente para la Victoria-, tiene una institución para actuar, que es el juicio político de la Corte.
SRA. CONTI Nosotros aceptamos.
SR. MILMAN Si es la opinión que tienen, hay una institución absolutamente clara para hacerlo. En lugar de asaltar la Corte podrían pedir el juicio político a la Corte, si es lo que quieren.
No me quiero extender porque tenemos el llamado a sesión. Lo que sí quiero es traer a colación una iniciativa de un proyecto de ley cuyo número de expediente es el 2408-s-02, repetido en el 2004 bajo el número de expediente 0192-s-04 y en la actualidad por el expediente 1.238 del 2006. El diputado Yoma seguramente los conoce mejor que yo porque integraba el bloque junto a los senadores Maqueda, Pichetto y Pérceval, que eran los autores de la iniciativa.
Este proyecto de los senadores decía: "Régimen legal de la intervención federal. Título I. Intervención Federal. Artículo 1º. Objetos. El gobierno federal ejercerá su facultad de disponer la intervención a las provincias o de la Ciudad de Buenos Aires según la disposición de la presente ley".
Es una ley muy rica pero sólo quiero leer el artículo 3º, inciso f) de esta propuesta del bloque Frente para la Victoria de aquél momento y que aún tiene estado parlamentario. Dice así: "Forma republicana de gobierno. Se considerará que hay violación de la forma republicana de gobierno a los fines previstos en la presente ley cuando...". Enumera una serie de incisos y el f) dice: "Las autoridades locales incumplieren leyes nacionales o decisiones de la Justicia federal que tuvieren el carácter de cosa juzgada y cuando se encontrasen agotadas las instancias administrativas y judiciales correspondientes".
Esta iniciativa de los senadores Pichetto, Maqueda y Pérceval fue varias veces reproducida por los senadores del Frente para la Victoria. De manera que los propios senadores del Frente para la Victoria muestran un camino que me inhibe decir más.
Avalo que se invite al gobernador, al ciudadano Sosa e inclusive hasta el propio secretario legal y técnico de la Nación a que concurran para que avancemos en la posibilidad de que haya una respuesta política a la situación.
No me quiero extender porque tenemos el llamado a sesión. Lo que sí quiero es traer a colación una iniciativa de un proyecto de ley cuyo número de expediente es el 2408-s-02, repetido en el 2004 bajo el número de expediente 0192-s-04 y en la actualidad por el expediente 1.238 del 2006. El diputado Yoma seguramente los conoce mejor que yo porque integraba el bloque junto a los senadores Maqueda, Pichetto y Pérceval, que eran los autores de la iniciativa.
Este proyecto de los senadores decía: "Régimen legal de la intervención federal. Título I. Intervención Federal. Artículo 1º. Objetos. El gobierno federal ejercerá su facultad de disponer la intervención a las provincias o de la Ciudad de Buenos Aires según la disposición de la presente ley".
Es una ley muy rica pero sólo quiero leer el artículo 3º, inciso f) de esta propuesta del bloque Frente para la Victoria de aquél momento y que aún tiene estado parlamentario. Dice así: "Forma republicana de gobierno. Se considerará que hay violación de la forma republicana de gobierno a los fines previstos en la presente ley cuando...". Enumera una serie de incisos y el f) dice: "Las autoridades locales incumplieren leyes nacionales o decisiones de la Justicia federal que tuvieren el carácter de cosa juzgada y cuando se encontrasen agotadas las instancias administrativas y judiciales correspondientes".
Esta iniciativa de los senadores Pichetto, Maqueda y Pérceval fue varias veces reproducida por los senadores del Frente para la Victoria. De manera que los propios senadores del Frente para la Victoria muestran un camino que me inhibe decir más.
Avalo que se invite al gobernador, al ciudadano Sosa e inclusive hasta el propio secretario legal y técnico de la Nación a que concurran para que avancemos en la posibilidad de que haya una respuesta política a la situación.
SR. MORENO Pido la palabra para una aclaración, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Tengo una larga lista de oradores que están esperando hacer uso de la palabra y que me hacen señas dudosas.
La verdad es que no llegamos con el tiempo y usted ya ha hecho uso de la palabra
Tiene la palabra el señor diputado Merlo.
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La verdad es que no llegamos con el tiempo y usted ya ha hecho uso de la palabra
Tiene la palabra el señor diputado Merlo.
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SR. MERLO Voy a dejar mi discurso para la próxima reunión de comisión porque tenemos sesión a las 14 y corresponde que aprobemos el plan de trabajo que se planteó inicialmente más los agregados que han formulado los diputados, y que vayamos a la sesión porque si no quedamos sin quórum.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Rossi.
SR. ROSSI (A.L.) Como nosotros no tenemos la carga de juntar el quórum nos podemos quedar para discutir un tema tan importante. (Risas.)
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. ROSSI (A.L.) Muchas de las cosas que yo pensaba decir por suerte fueron dichas con mayor claridad y concepto por la diputada Conti, así que voy a tratar de hacer algunas apreciaciones sobre la cuestión que estamos discutiendo.
En general me parece sustantiva la apreciación que se trata de un tema que tiene quince años de discusión en distintos Tribunales de la Argentina, con fallos dictados por distintas composiciones de distintos Tribunales y admitido inclusive por la actual Corte, que no ha visto la cuestión de fondo porque solamente se limita a reiterar un fallo dictado por la Corte en su composición anterior.
Desde ese punto de vista, reivindico todos los argumentos de naturaleza jurídico-política que ha expuesto el diputado Yoma en cuanto a la similitud de casos entre La Rioja y éste y los componentes políticos que tiene.
También es muy interesante ver la cantidad de intervenciones que ha tenido la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Cruz y el carácter de funcionario que el señor Sosa tenía. No era un juez; no gozaba de estabilidad otorgada por la propia Constitución. Era un funcionario del Ministerio Público; no estaba sujeto a juicio político para su remoción ni a juri. Así que tiene un carácter, como todos sabemos en las provincias, de funcionario de distinta índole.
Yo no conozco -por lo menos hablo de Constituciones de algunas provincias- donde el jefe de los fiscales... Inclusive mi provincia está eligiendo hoy un fiscal por plazo determinado para su nuevo código de procedimiento -fiscal general por seis años; ni siquiera se le otorga estabilidad.
Son consideraciones que tiendo a explicar, que si uno solamente tiene una mirada jurídica sobre las cuestiones va a encontrar, previo al final de la sentencia que estamos tratando, una serie de argumentos que son bastante difíciles de reconstruir desde ahora, pero en los hechos aparecen intervenidos varios Tribunales Superiores de la propia provincia.
Claramente la Corte ha trasladado la cuestión aquí, ya que la considera una cuestión política porque además la propia Corte la divide. Si no la hubiera considerado una cuestión política no habría hecho la denuncia a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y el fallo al Congreso.
Desde ese punto de vista, la Corte ve un remedio para corregir la situación del incumplimiento a su poder de imperio, que es la investigación penal que debe abrirse sobre el incumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades obligadas a cumplirla en la provincia de Santa Cruz. O sea que no agota su idea de que su imperio se ha terminado, lo que establece es un camino jurídico alternativo para cumplir la sentencia y lo remite a nuestro propio cuerpo para ver si en el ámbito de las menciones posibles que existen hay un camino institucional para recorrer.
Dos cosas diría: en primer lugar -no quiero decir una cosa de la cual después me arrepienta-, debe haber una importante cantidad de disposiciones que toman los Tribunales de la Argentina que son de cumplimiento imposible, o que su sentencia o su capacidad coactiva como sentencia naturalmente se difiere en el tiempo por circunstancias conocidas por todos los que intervienen en la causa.
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Es decir, no es un hecho agraviante para la República, para la institucionalidad o para el Estado de derecho el hecho que existan sentencias dictadas por ese tribunal o por otro con sentencia definitiva, que por distintas circunstancias deviene en incumplimiento dificultoso o en incumplimiento imposible.
Cito un ejemplo. Hay un sistema de penas que la propia Corte ha aplicado a funcionarios de la Secretaría de Ambiente que no han establecido medidas en tiempo y forma en la Cuenca Riachuelo Matanza y no aparece por ese hecho vulnerada la institucionalidad argentina, vulnerado el régimen federal ni vulneradas las potestades y las competencias de la Corte. El propio ministro Zaffaroni en un reportaje que todos hemos leído en "Página 12" hizo referencia a esta situación y no la tilda de escandalosa ni de mucho menos. Indica que hay un alerta, que hay una cuestión que debe resolverse y debatirse e intentar encontrar un canal para hacerlo. Esa es mi opinión.
Diría más, es tal la voluntad que ha puesto el gobernador Peralta de cumplir con el tema que propone una modificación al Ministerio Público que está pensada no en función de su propio componente, como todos los órganos del Estado aun los de la Corte de Justicia, sino en cuanto a una investigación penal dedicada para los habitantes de Santa Cruz. Propone una reforma para darle lugar al señor Sosa entendiendo que ese es un fin en sí mismo. La estabilidad de los funcionarios públicos, en realidad tema que debería analizarse, no da para pensarlo ahora pero debería ser una cuestión absolutamente analizable porque no es de carácter personal sino de carácter funcional.
Me parece que está clara la voluntad de cumplir con la sentencia, que hay una disposición objetiva de cumplir. Hay un proyecto de ley en trámite en la Legislatura de la provincia de Santa Cruz y a nosotros nos toca el debate político.
Claramente voy a extenderme sobre mi oposición del primero al último de los proyectos que se han presentado sobre intervención a la provincia. Realmente cuesta creer, como dice el diputado Yoma, que algunos de ellos puedan ser firmados por abogados. Realmente cuesta creerlo.
Me gustaría también hacer una reflexión con respecto a nosotros, Frente para la Victoria, y al Poder Judicial. Lamentamos que todos ustedes vean como una actitud poco republicana o contra los intereses de la República o de los argentinos tener un espíritu crítico, republicano y democrático sobre el funcionamiento del Poder Judicial independientemente de los tribunales, a los cuales critiquemos desde el mayor hasta el menor. Ver que se califica una expresión democrática masiva como la de ayer como atentado al Poder Judicial, a gente que va a reclamar que se ponga en vigencia una ley del Congreso de la Nación, realmente es inentendible, es no conocer un mínimo de la historia de la República Argentina. Si hubiera sido nuestro Poder Judicial un muro contra la infamia, si hubieran sido sus hombres, éstos y los anteriores, un muro contra la infamia que se cometió en nombre de los argentinos, contra los argentinos, yo no abriría la boca contra ninguno de ellos. Pero todos los días se encargan de sacar una u otra sentencia que en sí misma contiene la materia de su propia sospecha. Un juez provincial, amparándose en una cuestión nacional, como en el caso Fibertel, un juez de La Plata, que se ofende porque lo criticamos o porque la presidenta de la República lo critica, realmente es una cosa increíble. Insisto: no han sido un muro que libró a los argentinos de las peores infamias que han sido cometidas, personales, físicas, económicas y sociales.
Entonces, no vemos en ninguno de los aquí presentes una sola razón para no levantar nuestra voz cuando creemos que hay una cuestión que debemos criticar. Nos van a escuchar hoy y mañana contra la Corte que nosotros propusimos, contra jueces que salen del Honorable Consejo de la Magistratura, nos van a escuchar denunciar cómo se componen las decisiones. Nos van a escuchar hablar porque entendemos que no se construye una República sobre la base del silencio que otorgan privilegios que no han sido ganados en las conductas cotidianas de la República que dicen construir. Esta es la verdad de la historia, esta es nuestra visión.
Para nosotros esta historia de la Argentina comenzó en 1983 en términos de control y calidad republicana y estamos tratando de hacerlo con las contradicciones y las posibilidades que se nos brindan.
Insisto, nos parece que la cuestión está correctamente enmarcada en términos jurídicos, hay una instancia de investigación penal, que supongo será abierta por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, dando instrucciones al juez federal de Río Gallegos.
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Me parece que la Corte pide que hagamos una reflexión.
No quiero hablar en nombre de mis compañeros de bancada, pero más allá del plan de trabajo que se fije, personalmente me opongo a cualquier proyecto de intervención y a cualquier mediación que pretenda vulnerar el régimen federal.
La provincia de Santa Cruz tiene todas sus instituciones funcionando, tiene una diversidad política llamativa para los que la miramos de afuera, su capital está siendo gobernada por el radicalismo desde hace seis años y hemos perdido la elección del año pasado y no ha habido ningún escándalo.
Hay diputados y senadores de la provincia en este mandato y no tomaré ninguna decisión, por lo menos personalmente, sin consultar a mis compañeros de bancada sobre cuál es el mandato que ellos entienden que interpretan los santacruceños para nosotros.
En general me parece sustantiva la apreciación que se trata de un tema que tiene quince años de discusión en distintos Tribunales de la Argentina, con fallos dictados por distintas composiciones de distintos Tribunales y admitido inclusive por la actual Corte, que no ha visto la cuestión de fondo porque solamente se limita a reiterar un fallo dictado por la Corte en su composición anterior.
Desde ese punto de vista, reivindico todos los argumentos de naturaleza jurídico-política que ha expuesto el diputado Yoma en cuanto a la similitud de casos entre La Rioja y éste y los componentes políticos que tiene.
También es muy interesante ver la cantidad de intervenciones que ha tenido la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Cruz y el carácter de funcionario que el señor Sosa tenía. No era un juez; no gozaba de estabilidad otorgada por la propia Constitución. Era un funcionario del Ministerio Público; no estaba sujeto a juicio político para su remoción ni a juri. Así que tiene un carácter, como todos sabemos en las provincias, de funcionario de distinta índole.
Yo no conozco -por lo menos hablo de Constituciones de algunas provincias- donde el jefe de los fiscales... Inclusive mi provincia está eligiendo hoy un fiscal por plazo determinado para su nuevo código de procedimiento -fiscal general por seis años; ni siquiera se le otorga estabilidad.
Son consideraciones que tiendo a explicar, que si uno solamente tiene una mirada jurídica sobre las cuestiones va a encontrar, previo al final de la sentencia que estamos tratando, una serie de argumentos que son bastante difíciles de reconstruir desde ahora, pero en los hechos aparecen intervenidos varios Tribunales Superiores de la propia provincia.
Claramente la Corte ha trasladado la cuestión aquí, ya que la considera una cuestión política porque además la propia Corte la divide. Si no la hubiera considerado una cuestión política no habría hecho la denuncia a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y el fallo al Congreso.
Desde ese punto de vista, la Corte ve un remedio para corregir la situación del incumplimiento a su poder de imperio, que es la investigación penal que debe abrirse sobre el incumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades obligadas a cumplirla en la provincia de Santa Cruz. O sea que no agota su idea de que su imperio se ha terminado, lo que establece es un camino jurídico alternativo para cumplir la sentencia y lo remite a nuestro propio cuerpo para ver si en el ámbito de las menciones posibles que existen hay un camino institucional para recorrer.
Dos cosas diría: en primer lugar -no quiero decir una cosa de la cual después me arrepienta-, debe haber una importante cantidad de disposiciones que toman los Tribunales de la Argentina que son de cumplimiento imposible, o que su sentencia o su capacidad coactiva como sentencia naturalmente se difiere en el tiempo por circunstancias conocidas por todos los que intervienen en la causa.
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Es decir, no es un hecho agraviante para la República, para la institucionalidad o para el Estado de derecho el hecho que existan sentencias dictadas por ese tribunal o por otro con sentencia definitiva, que por distintas circunstancias deviene en incumplimiento dificultoso o en incumplimiento imposible.
Cito un ejemplo. Hay un sistema de penas que la propia Corte ha aplicado a funcionarios de la Secretaría de Ambiente que no han establecido medidas en tiempo y forma en la Cuenca Riachuelo Matanza y no aparece por ese hecho vulnerada la institucionalidad argentina, vulnerado el régimen federal ni vulneradas las potestades y las competencias de la Corte. El propio ministro Zaffaroni en un reportaje que todos hemos leído en "Página 12" hizo referencia a esta situación y no la tilda de escandalosa ni de mucho menos. Indica que hay un alerta, que hay una cuestión que debe resolverse y debatirse e intentar encontrar un canal para hacerlo. Esa es mi opinión.
Diría más, es tal la voluntad que ha puesto el gobernador Peralta de cumplir con el tema que propone una modificación al Ministerio Público que está pensada no en función de su propio componente, como todos los órganos del Estado aun los de la Corte de Justicia, sino en cuanto a una investigación penal dedicada para los habitantes de Santa Cruz. Propone una reforma para darle lugar al señor Sosa entendiendo que ese es un fin en sí mismo. La estabilidad de los funcionarios públicos, en realidad tema que debería analizarse, no da para pensarlo ahora pero debería ser una cuestión absolutamente analizable porque no es de carácter personal sino de carácter funcional.
Me parece que está clara la voluntad de cumplir con la sentencia, que hay una disposición objetiva de cumplir. Hay un proyecto de ley en trámite en la Legislatura de la provincia de Santa Cruz y a nosotros nos toca el debate político.
Claramente voy a extenderme sobre mi oposición del primero al último de los proyectos que se han presentado sobre intervención a la provincia. Realmente cuesta creer, como dice el diputado Yoma, que algunos de ellos puedan ser firmados por abogados. Realmente cuesta creerlo.
Me gustaría también hacer una reflexión con respecto a nosotros, Frente para la Victoria, y al Poder Judicial. Lamentamos que todos ustedes vean como una actitud poco republicana o contra los intereses de la República o de los argentinos tener un espíritu crítico, republicano y democrático sobre el funcionamiento del Poder Judicial independientemente de los tribunales, a los cuales critiquemos desde el mayor hasta el menor. Ver que se califica una expresión democrática masiva como la de ayer como atentado al Poder Judicial, a gente que va a reclamar que se ponga en vigencia una ley del Congreso de la Nación, realmente es inentendible, es no conocer un mínimo de la historia de la República Argentina. Si hubiera sido nuestro Poder Judicial un muro contra la infamia, si hubieran sido sus hombres, éstos y los anteriores, un muro contra la infamia que se cometió en nombre de los argentinos, contra los argentinos, yo no abriría la boca contra ninguno de ellos. Pero todos los días se encargan de sacar una u otra sentencia que en sí misma contiene la materia de su propia sospecha. Un juez provincial, amparándose en una cuestión nacional, como en el caso Fibertel, un juez de La Plata, que se ofende porque lo criticamos o porque la presidenta de la República lo critica, realmente es una cosa increíble. Insisto: no han sido un muro que libró a los argentinos de las peores infamias que han sido cometidas, personales, físicas, económicas y sociales.
Entonces, no vemos en ninguno de los aquí presentes una sola razón para no levantar nuestra voz cuando creemos que hay una cuestión que debemos criticar. Nos van a escuchar hoy y mañana contra la Corte que nosotros propusimos, contra jueces que salen del Honorable Consejo de la Magistratura, nos van a escuchar denunciar cómo se componen las decisiones. Nos van a escuchar hablar porque entendemos que no se construye una República sobre la base del silencio que otorgan privilegios que no han sido ganados en las conductas cotidianas de la República que dicen construir. Esta es la verdad de la historia, esta es nuestra visión.
Para nosotros esta historia de la Argentina comenzó en 1983 en términos de control y calidad republicana y estamos tratando de hacerlo con las contradicciones y las posibilidades que se nos brindan.
Insisto, nos parece que la cuestión está correctamente enmarcada en términos jurídicos, hay una instancia de investigación penal, que supongo será abierta por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, dando instrucciones al juez federal de Río Gallegos.
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Me parece que la Corte pide que hagamos una reflexión.
No quiero hablar en nombre de mis compañeros de bancada, pero más allá del plan de trabajo que se fije, personalmente me opongo a cualquier proyecto de intervención y a cualquier mediación que pretenda vulnerar el régimen federal.
La provincia de Santa Cruz tiene todas sus instituciones funcionando, tiene una diversidad política llamativa para los que la miramos de afuera, su capital está siendo gobernada por el radicalismo desde hace seis años y hemos perdido la elección del año pasado y no ha habido ningún escándalo.
Hay diputados y senadores de la provincia en este mandato y no tomaré ninguna decisión, por lo menos personalmente, sin consultar a mis compañeros de bancada sobre cuál es el mandato que ellos entienden que interpretan los santacruceños para nosotros.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Tiene la palabra la señora diputada Bullrich.
SRA. BULLRICH Me parece que estamos llegando al debate con estas últimas palabras del diputado Alejandro Rossi que tienen que ver con distintas maneras, conceptos y apreciaciones de lo que significa la República.
La señora diputada Conti decía que se había tomado la decisión de intervenir la provincia de Santiago del Estero cuando los poderes republicanos en la provincia estaban en crisis.
La provincia de Santa Cruz decidió hace quince años no tener ningún tipo de control; la provincia de Santa Cruz cambió su Constitución para tener reelección permanente; la provincia de Santa Cruz evitó desde hace quince años devolver el poder de control que tenía el cargo que estamos discutiendo en el día de hoy; la provincia de Santa Cruz se viene negando al ejercicio de la verdadera división de poderes que debe tener un estado provincial. Y ahora, además, viene postergando una vez más una decisión que tomó el Tribunal Superior de Justicia de su provincia y luego la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El diputado Yoma -no sé si se retiró- hizo una interpretación parcial de lo que fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia. En realidad, la Corte Suprema de Justicia primero denegó el pedido que le hizo el entonces procurador Sosa que había sido derribado por el cambio de una ley. Luego, recién cuando el Tribunal Superior de Justicia de la provincia decidió la inconstitucionalidad del artículo 9º de la ley en discusión, lo que dijo la Corte Suprema de Justicia fue -en esa decisión de inconstitucionalidad de la ley-, que lo que había era una decisión de reponer en el cargo al procurador pero sin una forma concreta de establecer operativamente esa disposición. Lo único que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación es decir "haga efectiva la misma declaración de inconstitucionalidad que usted planteó". Es decir, no es tan distinto al caso de La Rioja.
Parece que la lectura o el intento ahora de plantear que la Corte en ese momento generaba -parece raro que lo diga Yoma- fallos políticos, lo que se intenta ahora es generar un "no fallo" o una "no resolución" del problema.
Por eso, lo que estamos viendo no es una decisión de debate republicano en el oficialismo, estamos viendo una decisión de apriete a los distintos sectores que conforman la Justicia.
Cada vez que hay un fallo, lo primero que hace el Poder Ejecutivo es salir en contra.
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Lo que pasó ayer, señora presidenta, es inadmisible.
Es inadmisible que los funcionarios públicos vayan a presionar y a apretar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque hay pedidos de medidas cautelares.
Me parece muy bien lo que les dijo la Corte: "Pueden hacer las manifestaciones que quieran. Pueden venir con los micros que vengan. La decisión que va a tomar la Corte es una decisión autónoma".
Eso es lo que nosotros estamos planteando, que las decisiones de la Corte se acaten. Hay un debate sobre eso, que implica la novedad en la Argentina de avanzar sobre más república. Eso es lo que estamos queriendo hacer.
Como tenemos sesión y el oficialismo niega la posibilidad del quórum le voy a plantear algo muy concreto, señora presidenta. Que tome las distintas propuestas que ha habido, que arme una propuesta de trabajo y que de la manera más rápida posible, si quiere mañana, el martes o el miércoles que viene, llame rápidamente a una reunión con este programa de trabajo.
No voy a hablar más porque no quiero que me pase lo que les pasó a los miembros de la Comisión de Turismo que no pudieron llegar a tiempo para la sesión.
La señora diputada Conti decía que se había tomado la decisión de intervenir la provincia de Santiago del Estero cuando los poderes republicanos en la provincia estaban en crisis.
La provincia de Santa Cruz decidió hace quince años no tener ningún tipo de control; la provincia de Santa Cruz cambió su Constitución para tener reelección permanente; la provincia de Santa Cruz evitó desde hace quince años devolver el poder de control que tenía el cargo que estamos discutiendo en el día de hoy; la provincia de Santa Cruz se viene negando al ejercicio de la verdadera división de poderes que debe tener un estado provincial. Y ahora, además, viene postergando una vez más una decisión que tomó el Tribunal Superior de Justicia de su provincia y luego la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El diputado Yoma -no sé si se retiró- hizo una interpretación parcial de lo que fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia. En realidad, la Corte Suprema de Justicia primero denegó el pedido que le hizo el entonces procurador Sosa que había sido derribado por el cambio de una ley. Luego, recién cuando el Tribunal Superior de Justicia de la provincia decidió la inconstitucionalidad del artículo 9º de la ley en discusión, lo que dijo la Corte Suprema de Justicia fue -en esa decisión de inconstitucionalidad de la ley-, que lo que había era una decisión de reponer en el cargo al procurador pero sin una forma concreta de establecer operativamente esa disposición. Lo único que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación es decir "haga efectiva la misma declaración de inconstitucionalidad que usted planteó". Es decir, no es tan distinto al caso de La Rioja.
Parece que la lectura o el intento ahora de plantear que la Corte en ese momento generaba -parece raro que lo diga Yoma- fallos políticos, lo que se intenta ahora es generar un "no fallo" o una "no resolución" del problema.
Por eso, lo que estamos viendo no es una decisión de debate republicano en el oficialismo, estamos viendo una decisión de apriete a los distintos sectores que conforman la Justicia.
Cada vez que hay un fallo, lo primero que hace el Poder Ejecutivo es salir en contra.
T.23
Lo que pasó ayer, señora presidenta, es inadmisible.
Es inadmisible que los funcionarios públicos vayan a presionar y a apretar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque hay pedidos de medidas cautelares.
Me parece muy bien lo que les dijo la Corte: "Pueden hacer las manifestaciones que quieran. Pueden venir con los micros que vengan. La decisión que va a tomar la Corte es una decisión autónoma".
Eso es lo que nosotros estamos planteando, que las decisiones de la Corte se acaten. Hay un debate sobre eso, que implica la novedad en la Argentina de avanzar sobre más república. Eso es lo que estamos queriendo hacer.
Como tenemos sesión y el oficialismo niega la posibilidad del quórum le voy a plantear algo muy concreto, señora presidenta. Que tome las distintas propuestas que ha habido, que arme una propuesta de trabajo y que de la manera más rápida posible, si quiere mañana, el martes o el miércoles que viene, llame rápidamente a una reunión con este programa de trabajo.
No voy a hablar más porque no quiero que me pase lo que les pasó a los miembros de la Comisión de Turismo que no pudieron llegar a tiempo para la sesión.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Señores diputados: está convocada la sesión para las 14 horas y faltan hacer uso de la palabra los diputados Castaldo, Prieto, Ferrari, Alfonsín, Parada y Mónica Fein.
Por lo tanto, vamos a levantar la reunión a los efectos de poder sesionar como reglamentariamente corresponde.
Por lo tanto, vamos a levantar la reunión a los efectos de poder sesionar como reglamentariamente corresponde.
Es la hora 13 y 47.