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ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 449
Secretario Administrativo DR. URIONDO FRANCISCO MANUEL
Jefe SRA. ROJAS CAMILA SOLEDAD
Martes 14.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 60752431 Internos 2431/32
caconstitucionales@hcdn.gob.ar
- ASUNTOS CONSTITUCIONALES
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
Reunión del día 01/09/2010
- .
- En Buenos Aires, al primer día de setiembre de 2010, a la hora 10 26:
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Buenos días. Continuamos con la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda.
Vamos a proceder a la presentación y firma de los dictámenes, según lo conversado en la última reunión.
Tiene la palabra el señor diputado Pais.
Vamos a proceder a la presentación y firma de los dictámenes, según lo conversado en la última reunión.
Tiene la palabra el señor diputado Pais.
SR. PAIS Señora presidenta: quería manifestar que hemos trabajado en conjunto desde todos los bloques para intentar arribar a un dictamen consensuado en una materia que nosotros consideramos de política de Estado. Reivindicamos que ha sido especial preocupación del gobierno nacional, fundamentalmente en la Presidencia del doctor Néstor Kirchner, quien desde el punto de vista del derecho público realizó un gran avance, como fue el dictado del Decreto N° 1172/03.
Hemos intercambiado información y realizado aportes, tomando como matriz la ley modelo de la OEA y la totalidad de los proyectos. Entendemos que la ley modelo de la OEA establece un estándar mínimo internacional que es importante seguir y, en lo posible, adaptar a nuestro derecho público, teniendo en cuenta las particularidades que emergen de nuestra Constitución.
Lamentablemente, por desinteligencias o falta de comunicación de último minuto -hasta hace unas semanas hemos intercambiado elementos sustanciales en cuanto a la autoridad de aplicación-, observo que si bien -recién ahora tengo en mi poder el dictamen de la mayoría- en los artículos 1° a 15, 16 o 17, tenemos una importantísima coincidencia, y a partir de allí hay diferencias, aunque de matices. Hemos coincidido en que se trata de una herramienta de la administración para facilitar el acceso a la información al particular. No creamos ningún órgano de control sino una oficina técnica que posibilite que el particular pueda acceder a la información pública y a su vez controle y ejecute dentro de cada sector de la administración.
Advierto que coincidimos incluso en la necesidad de crear organismos específicos; si bien en este dictamen se designan de otra forma, estuvimos trabajando en un dictamen similar, en el que las denominamos "oficinas de información" del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Misterio Público.
En líneas generales creo que vamos en una misma dirección, inclusive pienso que más allá de que firmemos el dictamen o varios dictámenes, podemos llegar a seguir trabajando, ya que la idea justamente es avanzar en una mejora del estándar de publicidad de los actos de gobierno como una manda constitucional, incluso reforzada luego de la reforma de 1994 por los tratados incorporados en la materia.
Prima facie y en función de ello quiero mencionar que por lo que pude observar rápidamente tenemos mínimas diferencias. La primera es que en el proyecto que me acaban de suministrar no advierto que se disponga cuál es la autoridad de aplicación para la información en manos de particulares. Establecemos información de naturaleza pública y como sujetos obligados a algunos particulares, personas públicas no estatales, concesionarios de servicios públicos, quienes reciben aportes y subsidios del Estado en forma directa y demás, pero observamos que hay una suerte de vacío. En nuestro dictamen, que posiblemente sea materia de un probable acuerdo, avanzamos y establecemos que la autoridad de aplicación de toda esa información será el Defensor del Pueblo de la Nación, puesto que consideramos que tiene incumbencia específica. De esta forma, el administrado, en el caso de que el particular fuera remiso o incumpliera su obligación, podría dirigirse al Defensor del Pueblo, quien actuaría como autoridad de aplicación y resolvería el recurso administrativo. No lo denominamos "apelación administrativa" sino "recurso administrativo", siguiendo la técnica del procedimiento administrativo.
Esta sería una pequeña diferencia. Lo menciono ahora porque sería uno de los elementos para poder seguir analizando el tema durante la semana. Creemos que es necesario especificar una autoridad de aplicación respecto de la actividad del particular.
Hemos intercambiado información y realizado aportes, tomando como matriz la ley modelo de la OEA y la totalidad de los proyectos. Entendemos que la ley modelo de la OEA establece un estándar mínimo internacional que es importante seguir y, en lo posible, adaptar a nuestro derecho público, teniendo en cuenta las particularidades que emergen de nuestra Constitución.
Lamentablemente, por desinteligencias o falta de comunicación de último minuto -hasta hace unas semanas hemos intercambiado elementos sustanciales en cuanto a la autoridad de aplicación-, observo que si bien -recién ahora tengo en mi poder el dictamen de la mayoría- en los artículos 1° a 15, 16 o 17, tenemos una importantísima coincidencia, y a partir de allí hay diferencias, aunque de matices. Hemos coincidido en que se trata de una herramienta de la administración para facilitar el acceso a la información al particular. No creamos ningún órgano de control sino una oficina técnica que posibilite que el particular pueda acceder a la información pública y a su vez controle y ejecute dentro de cada sector de la administración.
Advierto que coincidimos incluso en la necesidad de crear organismos específicos; si bien en este dictamen se designan de otra forma, estuvimos trabajando en un dictamen similar, en el que las denominamos "oficinas de información" del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Misterio Público.
En líneas generales creo que vamos en una misma dirección, inclusive pienso que más allá de que firmemos el dictamen o varios dictámenes, podemos llegar a seguir trabajando, ya que la idea justamente es avanzar en una mejora del estándar de publicidad de los actos de gobierno como una manda constitucional, incluso reforzada luego de la reforma de 1994 por los tratados incorporados en la materia.
Prima facie y en función de ello quiero mencionar que por lo que pude observar rápidamente tenemos mínimas diferencias. La primera es que en el proyecto que me acaban de suministrar no advierto que se disponga cuál es la autoridad de aplicación para la información en manos de particulares. Establecemos información de naturaleza pública y como sujetos obligados a algunos particulares, personas públicas no estatales, concesionarios de servicios públicos, quienes reciben aportes y subsidios del Estado en forma directa y demás, pero observamos que hay una suerte de vacío. En nuestro dictamen, que posiblemente sea materia de un probable acuerdo, avanzamos y establecemos que la autoridad de aplicación de toda esa información será el Defensor del Pueblo de la Nación, puesto que consideramos que tiene incumbencia específica. De esta forma, el administrado, en el caso de que el particular fuera remiso o incumpliera su obligación, podría dirigirse al Defensor del Pueblo, quien actuaría como autoridad de aplicación y resolvería el recurso administrativo. No lo denominamos "apelación administrativa" sino "recurso administrativo", siguiendo la técnica del procedimiento administrativo.
Esta sería una pequeña diferencia. Lo menciono ahora porque sería uno de los elementos para poder seguir analizando el tema durante la semana. Creemos que es necesario especificar una autoridad de aplicación respecto de la actividad del particular.
SR. GIL LAVEDRA ¿Me permite una interrupción, señor diputado?
SR. PAIS Por supuesto.
SR. GIL LAVEDRA Quisiera pedir una aclaración en este punto. Lo que está mencionando respecto de establecer como autoridad de aplicación al Defensor del Pueblo, ¿sería para el caso de los entes descentralizados o para todos los casos?
SR. PAIS Para los particulares. Por ejemplo, un ente cooperador no es un ente descentralizado; también está el caso de las obras sociales o las asociaciones empresarias que reciben algún aporte. En ese caso, ¿cuál sería la autoridad de aplicación? No veo que se haya dispuesto sobre ese particular.
SR. GIL LAVEDRA ¿Sería solamente eso?
SR. PAIS Por supuesto, y desde la propia información que maneje el Defensor del Pueblo, pero habría que arbitrar un medio, porque de lo contrario se estaría previendo un derecho que sería bastante ilusorio para los particulares, ya que no hay nadie que ejerza el rol que establecemos para el propio Estado.
Creemos incluso que constitucionalmente sería el organismo más específico, al que por vía legal le incorporamos una obligación.
Tengo también un vacío en el análisis con respecto a la información clasificada, a la duración de la misma. Sinceramente consideramos que es materia de una legislación más específica sobre lo que debe ser público y secreto, a lo mejor debiéndose disponer como estándar general del Estado; no creo conveniente incluirlo en esta norma. En este proyecto se trabajó en función del principio general, que es el de la publicidad de los actos de gobierno, dejando para la legislación específica todo lo que debe ser reservado y secreto y su duración; esto se debiera legislar en una normativa específica o general sobre la materia pero no en dos artículos de esta norma.
Estas son, resumidamente, las observaciones que tenemos, que no estaban analizadas en las versiones sobre las que hemos ido avanzando.
En la primera parte existen enormes coincidencias, incluso he visto que el dictamen de ustedes también ha tomado alguna sugerencia nuestra. En la última parte también tenemos grandes coincidencias; estamos avanzando en una autoridad de aplicación específica, ya que en realidad estos no son organismos de control -si bien tiene una doble función de aplicar y controlar- sino de ejecución, a los fines de garantizar -dentro de cada órbita del Estado y respetando la Constitución y las incumbencias propias- la posibilidad de que el particular pueda tener efectivo acceso a la información pública.
Con estas inteligencias vamos a ratificar, dada la falta de posibilidades y tiempo que nos ha impedido seguir buscando coincidencias, un dictamen específico -lo digo en lo personal, y algunos diputados compañeros de bloque me podrán acompañar- y nos comprometemos a seguir trabajando porque entendemos que es materia de política de Estado y que coincidimos en un estándar mínimo nacional e internacional.
Creemos incluso que constitucionalmente sería el organismo más específico, al que por vía legal le incorporamos una obligación.
Tengo también un vacío en el análisis con respecto a la información clasificada, a la duración de la misma. Sinceramente consideramos que es materia de una legislación más específica sobre lo que debe ser público y secreto, a lo mejor debiéndose disponer como estándar general del Estado; no creo conveniente incluirlo en esta norma. En este proyecto se trabajó en función del principio general, que es el de la publicidad de los actos de gobierno, dejando para la legislación específica todo lo que debe ser reservado y secreto y su duración; esto se debiera legislar en una normativa específica o general sobre la materia pero no en dos artículos de esta norma.
Estas son, resumidamente, las observaciones que tenemos, que no estaban analizadas en las versiones sobre las que hemos ido avanzando.
En la primera parte existen enormes coincidencias, incluso he visto que el dictamen de ustedes también ha tomado alguna sugerencia nuestra. En la última parte también tenemos grandes coincidencias; estamos avanzando en una autoridad de aplicación específica, ya que en realidad estos no son organismos de control -si bien tiene una doble función de aplicar y controlar- sino de ejecución, a los fines de garantizar -dentro de cada órbita del Estado y respetando la Constitución y las incumbencias propias- la posibilidad de que el particular pueda tener efectivo acceso a la información pública.
Con estas inteligencias vamos a ratificar, dada la falta de posibilidades y tiempo que nos ha impedido seguir buscando coincidencias, un dictamen específico -lo digo en lo personal, y algunos diputados compañeros de bloque me podrán acompañar- y nos comprometemos a seguir trabajando porque entendemos que es materia de política de Estado y que coincidimos en un estándar mínimo nacional e internacional.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO El dictamen que estamos proponiendo desde las comisiones está abierto hasta el debate en el recinto. La intención era firmar el dictamen hoy para poder dar un paso importante en el trámite de la cuestión.
Tiene la palabra la señora diputada Alonso.
Tiene la palabra la señora diputada Alonso.
SRA. ALONSO Señora presidenta: celebro el comentario hecho por el señor diputado Pais, porque efectivamente esta es una iniciativa que debe ser aprobada por consenso o por una mayoría calificadísima.
A esta altura del trabajo que se ha hecho respecto de estos dictámenes, considero importante ir mostrando los acuerdos y también las disidencias, que por lo que veo, por ahora parecen ser dos.
En efecto, existe un vacío en lo que menciona el señor diputado Pais, y tendremos que trabajar al respecto. No creo que este sea el momento de hacerlo, pero sí lo podemos conversar hasta que el tema sea tratado en el recinto.
También me parece importante que se vaya estableciendo una coincidencia mayoritaria respecto del diseño que establecemos para la autoridad de aplicación, siguiendo fundamentalmente el modelo mexicano. Entiendo que ese es un punto importante de acuerdo, porque si recordamos debates anteriores sobre esta legislación, ese era justamente uno de los aspectos más discutidos.
Todos sabemos que necesitamos una ley de acceso a la información, y así como en la Comisión de Asuntos Constitucionales hemos reconocido el avance que significó el decreto 1172/03, también sabemos que debemos dar un paso más para lograr una ley.
De manera que celebro esto, por lo que hemos trabajado durante muchos meses, habiendo escuchado a especialistas y a numerosas organizaciones de la sociedad civil. Sabemos que hay mucha expectativa en este tema; en efecto, hay expectativa para que haya una ley y también para que sea la mejor ley posible. Sabemos que cuando hay tanta diversidad en la representación, muchas veces los proyectos perfectos, utópicos o ideales son menos posibles. Lo que queremos es una ley posible, una ley aplicable, que efectivamente garantice el derecho de acceso a la información para todos los ciudadanos.
A esta altura del trabajo que se ha hecho respecto de estos dictámenes, considero importante ir mostrando los acuerdos y también las disidencias, que por lo que veo, por ahora parecen ser dos.
En efecto, existe un vacío en lo que menciona el señor diputado Pais, y tendremos que trabajar al respecto. No creo que este sea el momento de hacerlo, pero sí lo podemos conversar hasta que el tema sea tratado en el recinto.
También me parece importante que se vaya estableciendo una coincidencia mayoritaria respecto del diseño que establecemos para la autoridad de aplicación, siguiendo fundamentalmente el modelo mexicano. Entiendo que ese es un punto importante de acuerdo, porque si recordamos debates anteriores sobre esta legislación, ese era justamente uno de los aspectos más discutidos.
Todos sabemos que necesitamos una ley de acceso a la información, y así como en la Comisión de Asuntos Constitucionales hemos reconocido el avance que significó el decreto 1172/03, también sabemos que debemos dar un paso más para lograr una ley.
De manera que celebro esto, por lo que hemos trabajado durante muchos meses, habiendo escuchado a especialistas y a numerosas organizaciones de la sociedad civil. Sabemos que hay mucha expectativa en este tema; en efecto, hay expectativa para que haya una ley y también para que sea la mejor ley posible. Sabemos que cuando hay tanta diversidad en la representación, muchas veces los proyectos perfectos, utópicos o ideales son menos posibles. Lo que queremos es una ley posible, una ley aplicable, que efectivamente garantice el derecho de acceso a la información para todos los ciudadanos.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Tiene la palabra la señora diputada Bullrich.
SRA. BULLRICH Señora presidenta: nosotros creemos que es muy importante poder tener una ley de acceso a la información, y nos parece que se ha trabajado mucho en este dictamen que tenemos sobre la mesa.
Asimismo, queremos hacer algunos aportes en lo que se refiere a la autoridad de aplicación, planteando algunas modificaciones al respecto.
Consideramos que una autoridad de aplicación que funcione en el espacio que controla genera ciertos problemas. Hemos tenido experiencias de este tipo -como la de la Oficina Anticorrupción- y terminan siendo organismos dependientes del mismo poder, que no logran llevar adelante su función con autonomía.
Además, tal como sucedió con el decreto 1172/03, como lo señalaba recién el señor diputado Pais, aquellos sujetos que no están efectivamente en la órbita del Poder Ejecutivo pueden quedar sin ningún tipo de control. Puede haber problemas o planteos de por qué le van a dar la información al Ejecutivo.
En consecuencia, quisiéramos proponer un cambio en cuanto a la autoridad de aplicación, colocándola tal como es plantea, es decir, como Comisión de Acceso a la Información Pública, pero bajo la dependencia de la Defensoría del Pueblo.
Nos parece que la Defensoría del Pueblo tiene rango constitucional y que genera garantías hacia el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de todo el país. Además, esto nos garantizaría que quienes deban entregar la información, se sientan compelidos a hacerlo y que los funcionarios que estén en esta autoridad de aplicación consideren que efectivamente tienen autonomía y capacidad de decisión.
Por ese motivo nosotros queremos cambiar este criterio que se ha planteado. Sabemos perfectamente que ha sucedido en varias oportunidades que la Justicia ha impedido que se la controle o participar de la autoridad de aplicación que está en otro poder. Nos parece que es correcto que no esté la Justicia, pero si fuese el Defensor del Pueblo la realidad sería otra porque se trata de un órgano constitucional.
Por eso, señora presidenta, queremos plantear estas modificaciones y sugerir que la elección de la CAIP, tal cual se ha llamado, se realice con mayorías agravadas. Nos parece que eso también es importante porque constituye una manera de participación de los distintos sectores que componen un cuerpo y no de quienes pueden ser las mayorías circunstanciales. Considero que ese también es un tema importante que queremos poner en debate para poder, en conjunto, firmar este dictamen.
Si ustedes lo consideran, nosotros podemos acercar los cambios a este artículo y entonces pasar a votar el dictamen. Nos parece muy importante el tema, no estamos de acuerdo con cómo está la autoridad de aplicación y queremos que nos acepten estos cambios.
Asimismo, queremos hacer algunos aportes en lo que se refiere a la autoridad de aplicación, planteando algunas modificaciones al respecto.
Consideramos que una autoridad de aplicación que funcione en el espacio que controla genera ciertos problemas. Hemos tenido experiencias de este tipo -como la de la Oficina Anticorrupción- y terminan siendo organismos dependientes del mismo poder, que no logran llevar adelante su función con autonomía.
Además, tal como sucedió con el decreto 1172/03, como lo señalaba recién el señor diputado Pais, aquellos sujetos que no están efectivamente en la órbita del Poder Ejecutivo pueden quedar sin ningún tipo de control. Puede haber problemas o planteos de por qué le van a dar la información al Ejecutivo.
En consecuencia, quisiéramos proponer un cambio en cuanto a la autoridad de aplicación, colocándola tal como es plantea, es decir, como Comisión de Acceso a la Información Pública, pero bajo la dependencia de la Defensoría del Pueblo.
Nos parece que la Defensoría del Pueblo tiene rango constitucional y que genera garantías hacia el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de todo el país. Además, esto nos garantizaría que quienes deban entregar la información, se sientan compelidos a hacerlo y que los funcionarios que estén en esta autoridad de aplicación consideren que efectivamente tienen autonomía y capacidad de decisión.
Por ese motivo nosotros queremos cambiar este criterio que se ha planteado. Sabemos perfectamente que ha sucedido en varias oportunidades que la Justicia ha impedido que se la controle o participar de la autoridad de aplicación que está en otro poder. Nos parece que es correcto que no esté la Justicia, pero si fuese el Defensor del Pueblo la realidad sería otra porque se trata de un órgano constitucional.
Por eso, señora presidenta, queremos plantear estas modificaciones y sugerir que la elección de la CAIP, tal cual se ha llamado, se realice con mayorías agravadas. Nos parece que eso también es importante porque constituye una manera de participación de los distintos sectores que componen un cuerpo y no de quienes pueden ser las mayorías circunstanciales. Considero que ese también es un tema importante que queremos poner en debate para poder, en conjunto, firmar este dictamen.
Si ustedes lo consideran, nosotros podemos acercar los cambios a este artículo y entonces pasar a votar el dictamen. Nos parece muy importante el tema, no estamos de acuerdo con cómo está la autoridad de aplicación y queremos que nos acepten estos cambios.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Tiene la palabra el señor diputado Tunessi.
SR. TUNESSI Señora presidenta: en realidad, lo que estamos escuchando de parte de la diputada Bullrich es una alternativa que se consideró y se evaluó en la comisión. El tema ha estado en discusión todo este tiempo y es una alternativa posible, pero se optó y quedó en el dictamen esta nueva autoridad de aplicación que tiende a conformar un sistema de información pública y que salvaguarda las preocupaciones legítimas que plantea la señora diputada en cuanto a la clara y completa ejecución de la ley.
Sucede que en el Poder Ejecutivo nacional es donde se concentra la mayor preocupación para dar este derecho de acceso a la información pública. Precisamente es en el ámbito del Poder Ejecutivo donde creo está el 90 por ciento de la preocupación de los ciudadanos por acceder al tema de la información. En ese sentido, la autoridad que se crea se designa con acuerdo de las Cámaras y puede removerla una de ellas en caso de no cumplimiento de la función o del cometido que marca la ley, con lo cual hay un control sobre esta situación, que es lo que preocupa.
Va de suyo que el Defensor del Pueblo, por mandato constitucional, tiene facultades que le son propias y que nadie se las puede quitar, por ejemplo, de orden general, de cumplimiento de los derechos, de las demandas que pueda formular cualquier ciudadano respecto a la necesidad de acceder a la información. Pero esto regula un sistema o crea un procedimiento especial, una acción específica y un organismo encargado, en el caso del Poder Ejecutivo, con estas particularidades que estoy apuntando. Me parece que no son sustanciales las diferencias.
Quiero decir que es razonable cualquier planteo. También se evaluó el tema del Defensor del Pueblo, no es que no se lo tuvo en cuenta, pero creo que a la hora de las decisiones primó dejar que cada poder del Estado y cada organismo extrapoder tenga su propio órgano, en virtud de la división de poderes y de que precisamente el Poder Judicial, sensible a esta situación, puede decir que, como ya lo ha sostenido y como hay antecedentes, efectivamente como poder independiente del Estado tiene derecho a regular y a determinar los mecanismos y la forma de acceso a la información que ellos tengan que brindar.
Este elemento fue el que motivó de alguna manera llevar la autoridad de aplicación a este contexto, tratando de conciliar de alguna forma ambas posiciones.
Lo que la señora diputada Bullrich está planteando es su genuina y legítima preocupación en torno a que exista un control sobre el cumplimiento de la ley. Hay un control parlamentario, porque el funcionario que se designe en el Poder Ejecutivo -que es el ámbito de mayor preocupación- se lo designará con acuerdo de las cámaras del Congreso y podrá ser removido por la simple mayoría de una sola de las cámaras.
Con esto me parece que sintetizamos ambas preocupaciones y podríamos lograr un acercamiento de las posiciones y evitar estas legítimas disidencias, creo que hoy subsanadas por este planteo.
Sucede que en el Poder Ejecutivo nacional es donde se concentra la mayor preocupación para dar este derecho de acceso a la información pública. Precisamente es en el ámbito del Poder Ejecutivo donde creo está el 90 por ciento de la preocupación de los ciudadanos por acceder al tema de la información. En ese sentido, la autoridad que se crea se designa con acuerdo de las Cámaras y puede removerla una de ellas en caso de no cumplimiento de la función o del cometido que marca la ley, con lo cual hay un control sobre esta situación, que es lo que preocupa.
Va de suyo que el Defensor del Pueblo, por mandato constitucional, tiene facultades que le son propias y que nadie se las puede quitar, por ejemplo, de orden general, de cumplimiento de los derechos, de las demandas que pueda formular cualquier ciudadano respecto a la necesidad de acceder a la información. Pero esto regula un sistema o crea un procedimiento especial, una acción específica y un organismo encargado, en el caso del Poder Ejecutivo, con estas particularidades que estoy apuntando. Me parece que no son sustanciales las diferencias.
Quiero decir que es razonable cualquier planteo. También se evaluó el tema del Defensor del Pueblo, no es que no se lo tuvo en cuenta, pero creo que a la hora de las decisiones primó dejar que cada poder del Estado y cada organismo extrapoder tenga su propio órgano, en virtud de la división de poderes y de que precisamente el Poder Judicial, sensible a esta situación, puede decir que, como ya lo ha sostenido y como hay antecedentes, efectivamente como poder independiente del Estado tiene derecho a regular y a determinar los mecanismos y la forma de acceso a la información que ellos tengan que brindar.
Este elemento fue el que motivó de alguna manera llevar la autoridad de aplicación a este contexto, tratando de conciliar de alguna forma ambas posiciones.
Lo que la señora diputada Bullrich está planteando es su genuina y legítima preocupación en torno a que exista un control sobre el cumplimiento de la ley. Hay un control parlamentario, porque el funcionario que se designe en el Poder Ejecutivo -que es el ámbito de mayor preocupación- se lo designará con acuerdo de las cámaras del Congreso y podrá ser removido por la simple mayoría de una sola de las cámaras.
Con esto me parece que sintetizamos ambas preocupaciones y podríamos lograr un acercamiento de las posiciones y evitar estas legítimas disidencias, creo que hoy subsanadas por este planteo.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Tiene la palabra la señora diputada Stolbizer.
SRA. STOLBIZER Muchas gracias, señora presidenta. Lo primero que quiero manifestar, en nombre de nuestro bloque, es la enorme satisfacción de poder alcanzar un consenso que hoy estaría reuniendo a todos los bloques de este Parlamento en la aprobación de una ley tan importante como es la que garantiza el derecho de acceso a la información pública.
Creo que es meritorio todo el esfuerzo realizado para alcanzar este consenso, y la verdad es que para nosotros esto también condiciona nuestra propia posición. Veníamos a la reunión con algunas dudas respecto a cómo habían estado planteadas las distintas versiones de dictamen. Obviamente vamos a apoyar y a sostener esta normativa porque estamos convencidos de su necesidad, con mucha más razón si esto ha logrado reunir un consenso realmente tan importante de todos los bloques.
Creo que además esta ley debería ser una extraordinaria oportunidad, así asumida por todos, dada su importancia, para que este Congreso -y en particular la Cámara de Diputados- recupere el fin último de su función y de nuestro mandato, esto es, la sanción de leyes.
Me preocupa muchas veces la tensión extrema entre el oficialismo y la oposición, que nos lleva luego a los magros resultados obtenidos, teniendo a esta altura del año pocas leyes sancionadas a partir de la definición por mayoría, que dificulta por supuesto la construcción de consensos.
Por lo tanto, creo que esta ley es una buena oportunidad para que todos podamos salir de esa tensión, que se ha convertido casi en una práctica natural -si bien no debiera ser así- entre las posiciones del oficialismo y la oposición.
Por lo tanto, creo que hay que hacer también hoy, en la firma del dictamen, y de aquí hasta la aprobación de la norma en la Cámara, el máximo esfuerzo necesario para alcanzar un consenso que permita que esta norma, por lo menos en general, sea aprobada por unanimidad o por la enorme mayoría de los diputados. Esto también garantizará que en su paso por el Senado sean mucho mayores las posibilidades de que esto llegue efectivamente a ser una ley; creo que en definitiva ese debería ser el objetivo.
Muchas veces hemos planteado que no sirve en estos temas abrazarnos al mejor proyecto, pensando que el nuestro es siempre el mejor. Creo que el esfuerzo sostenido para alcanzar consensos en una ley de esta envergadura debería por lo menos unificarnos en ese objetivo final.
Nosotros vamos a acordar obviamente con el dictamen, y a firmarlo favorablemente, dejando a salvo algunas disidencias parciales. Una tiene que ver obviamente -y otros diputados lo han planteado- con la redacción referida a la autoridad de aplicación.
Luego de las distintas versiones sobre las que se vino trabajando durante todo este tiempo, hoy tenemos una versión donde se enuncia mejor lo relativo a la autoridad de aplicación. Aplaudimos la idea de la descentralización porque en realidad creemos que cada oficina de la administración pública -y de todos los sujetos obligados- debe garantizar por sí misma y en sí misma el acceso a la información pública; la descentralización como está planteada en la última versión que tenemos de un dictamen nos parece mucho mejor a las anteriores. No creemos obviamente en la creación de una súper burocracia centralizada porque nos parece que en definitiva eso no garantiza el derecho.
Con respecto a la forma en que se plantea, creemos que no es bueno que el Poder Legislativo le diga a los demás poderes cómo cada uno de ellos tiene que asegurarlo, que administrarlo y mucho menos cómo tienen que hacer las designaciones dentro de su propio poder, qué procedimientos tienen que seguir. Me parece que el Poder Legislativo debería ser mucho más cauto en este punto, cuando se resuelve justamente la descentralización para garantizar el derecho al acceso a la información.
Me refiero sobre todo a la cautela porque el Poder Legislativo tiene una mora, a mi juicio a esta altura inexplicable -y haciéndome cargo de la parte que nos toca, casi vergonzante-, que es la no designación, en muchísimos años de vigencia de la ley de ética pública, de los representantes del Poder Legislativo en la Comisión Nacional de Ética Pública. Esa es una gran deuda y la verdad es que nos enchastra bastante a todos nosotros, y por lo tanto a mi juicio nos quita incluso la autoridad para que nosotros, que nunca hemos designado a nuestros representantes, podamos decirles a los demás poderes cómo tienen que hacer lo propio respecto de una nueva autoridad de aplicación que está casi llamada al mismo objetivo, que es garantizar la transparencia en el funcionamiento de la administración pública, un objetivo que obviamente esa Comisión Nacional de Ética Pública también debió haber garantizado.
Hago también en esto entonces un llamado de atención para ver si, a partir de este consenso y acuerdo logrado para avanzar en este proyecto de ley de acceso a la información pública, podemos también encontrar un consenso para buscar los mecanismos que nos permitan poner en vigencia efectivamente la ley nacional de ética pública y la Comisión Nacional de Ética Pública, que el Poder Legislativo debe integrar.
El otro aspecto sobre el que nosotros dejamos planteada nuestra disidencia se refiere a lo que a nuestro juicio es un exceso de reglamentarismo en el texto general de esta norma. Muchas veces planteamos lo que sentimos y manifestamos que es casi un atropello cuando el Poder Ejecutivo avanza sobre atribuciones propias del Legislativo. Creo que cuando el Poder Legislativo avanza en un exceso de reglamentarismo al sancionar leyes, también de alguna manera está avanzando sobre atribuciones claramente reglamentarias que son propias del Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, dejo planteada nuestra posición obviamente favorable al dictamen y a los proyectos, y favorable a la posibilidad de construir un consenso de todos los bloques políticos. Vamos a firmar este dictamen dejando planteadas nuestras disidencias parciales respecto de estos puntos.
Creo que es meritorio todo el esfuerzo realizado para alcanzar este consenso, y la verdad es que para nosotros esto también condiciona nuestra propia posición. Veníamos a la reunión con algunas dudas respecto a cómo habían estado planteadas las distintas versiones de dictamen. Obviamente vamos a apoyar y a sostener esta normativa porque estamos convencidos de su necesidad, con mucha más razón si esto ha logrado reunir un consenso realmente tan importante de todos los bloques.
Creo que además esta ley debería ser una extraordinaria oportunidad, así asumida por todos, dada su importancia, para que este Congreso -y en particular la Cámara de Diputados- recupere el fin último de su función y de nuestro mandato, esto es, la sanción de leyes.
Me preocupa muchas veces la tensión extrema entre el oficialismo y la oposición, que nos lleva luego a los magros resultados obtenidos, teniendo a esta altura del año pocas leyes sancionadas a partir de la definición por mayoría, que dificulta por supuesto la construcción de consensos.
Por lo tanto, creo que esta ley es una buena oportunidad para que todos podamos salir de esa tensión, que se ha convertido casi en una práctica natural -si bien no debiera ser así- entre las posiciones del oficialismo y la oposición.
Por lo tanto, creo que hay que hacer también hoy, en la firma del dictamen, y de aquí hasta la aprobación de la norma en la Cámara, el máximo esfuerzo necesario para alcanzar un consenso que permita que esta norma, por lo menos en general, sea aprobada por unanimidad o por la enorme mayoría de los diputados. Esto también garantizará que en su paso por el Senado sean mucho mayores las posibilidades de que esto llegue efectivamente a ser una ley; creo que en definitiva ese debería ser el objetivo.
Muchas veces hemos planteado que no sirve en estos temas abrazarnos al mejor proyecto, pensando que el nuestro es siempre el mejor. Creo que el esfuerzo sostenido para alcanzar consensos en una ley de esta envergadura debería por lo menos unificarnos en ese objetivo final.
Nosotros vamos a acordar obviamente con el dictamen, y a firmarlo favorablemente, dejando a salvo algunas disidencias parciales. Una tiene que ver obviamente -y otros diputados lo han planteado- con la redacción referida a la autoridad de aplicación.
Luego de las distintas versiones sobre las que se vino trabajando durante todo este tiempo, hoy tenemos una versión donde se enuncia mejor lo relativo a la autoridad de aplicación. Aplaudimos la idea de la descentralización porque en realidad creemos que cada oficina de la administración pública -y de todos los sujetos obligados- debe garantizar por sí misma y en sí misma el acceso a la información pública; la descentralización como está planteada en la última versión que tenemos de un dictamen nos parece mucho mejor a las anteriores. No creemos obviamente en la creación de una súper burocracia centralizada porque nos parece que en definitiva eso no garantiza el derecho.
Con respecto a la forma en que se plantea, creemos que no es bueno que el Poder Legislativo le diga a los demás poderes cómo cada uno de ellos tiene que asegurarlo, que administrarlo y mucho menos cómo tienen que hacer las designaciones dentro de su propio poder, qué procedimientos tienen que seguir. Me parece que el Poder Legislativo debería ser mucho más cauto en este punto, cuando se resuelve justamente la descentralización para garantizar el derecho al acceso a la información.
Me refiero sobre todo a la cautela porque el Poder Legislativo tiene una mora, a mi juicio a esta altura inexplicable -y haciéndome cargo de la parte que nos toca, casi vergonzante-, que es la no designación, en muchísimos años de vigencia de la ley de ética pública, de los representantes del Poder Legislativo en la Comisión Nacional de Ética Pública. Esa es una gran deuda y la verdad es que nos enchastra bastante a todos nosotros, y por lo tanto a mi juicio nos quita incluso la autoridad para que nosotros, que nunca hemos designado a nuestros representantes, podamos decirles a los demás poderes cómo tienen que hacer lo propio respecto de una nueva autoridad de aplicación que está casi llamada al mismo objetivo, que es garantizar la transparencia en el funcionamiento de la administración pública, un objetivo que obviamente esa Comisión Nacional de Ética Pública también debió haber garantizado.
Hago también en esto entonces un llamado de atención para ver si, a partir de este consenso y acuerdo logrado para avanzar en este proyecto de ley de acceso a la información pública, podemos también encontrar un consenso para buscar los mecanismos que nos permitan poner en vigencia efectivamente la ley nacional de ética pública y la Comisión Nacional de Ética Pública, que el Poder Legislativo debe integrar.
El otro aspecto sobre el que nosotros dejamos planteada nuestra disidencia se refiere a lo que a nuestro juicio es un exceso de reglamentarismo en el texto general de esta norma. Muchas veces planteamos lo que sentimos y manifestamos que es casi un atropello cuando el Poder Ejecutivo avanza sobre atribuciones propias del Legislativo. Creo que cuando el Poder Legislativo avanza en un exceso de reglamentarismo al sancionar leyes, también de alguna manera está avanzando sobre atribuciones claramente reglamentarias que son propias del Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, dejo planteada nuestra posición obviamente favorable al dictamen y a los proyectos, y favorable a la posibilidad de construir un consenso de todos los bloques políticos. Vamos a firmar este dictamen dejando planteadas nuestras disidencias parciales respecto de estos puntos.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Tiene la palabra la señora diputada Fein.
SRA. FEIN Señora presidenta: en el mismo sentido de lo que aquí se ha planteado, debo decir que creemos sumamente importante desde el bloque socialista poder emitir hoy un dictamen sobre el proyecto de ley de acceso a la información.
También consideramos que es sumamente importante buscar consensos para que esta ley tan relevante sea apoyada por la gran mayoría de los sectores políticos que componen esta Cámara. El trabajo realizado, las consultas efectuadas por la Presidencia, están sintetizadas en el mejor proyecto posible que se ha podido alcanzar, y esto lo rescatamos. Varias de nuestras propuestas han sido escuchadas y queremos destacarlo. Queremos decir también que consideramos que toma lo mejor de las leyes existentes, sobre todo con respecto a la autoridad de aplicación.
Tenemos una duda con respecto al artículo 30, que plantea la designación en forma pública pero no aclara si es por concurso.
Pero creemos que es muy importante que esta ley sea sancionada.
Tal como ha planteado la señora diputada Stolbizer, nosotros tenemos algunas diferencias también en cuanto a los mecanismos muy reglamentaristas que contiene esta iniciativa, pero por supuesto vamos a priorizar la posibilidad de que hoy tengamos un dictamen, y esperamos que pronto haya una ley sancionada por ambas Cámaras.
También consideramos que es sumamente importante buscar consensos para que esta ley tan relevante sea apoyada por la gran mayoría de los sectores políticos que componen esta Cámara. El trabajo realizado, las consultas efectuadas por la Presidencia, están sintetizadas en el mejor proyecto posible que se ha podido alcanzar, y esto lo rescatamos. Varias de nuestras propuestas han sido escuchadas y queremos destacarlo. Queremos decir también que consideramos que toma lo mejor de las leyes existentes, sobre todo con respecto a la autoridad de aplicación.
Tenemos una duda con respecto al artículo 30, que plantea la designación en forma pública pero no aclara si es por concurso.
Pero creemos que es muy importante que esta ley sea sancionada.
Tal como ha planteado la señora diputada Stolbizer, nosotros tenemos algunas diferencias también en cuanto a los mecanismos muy reglamentaristas que contiene esta iniciativa, pero por supuesto vamos a priorizar la posibilidad de que hoy tengamos un dictamen, y esperamos que pronto haya una ley sancionada por ambas Cámaras.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Ruego a los señores diputados y asesores guardar el debido silencio para atender a quienes hacen uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor diputado Heller.
Tiene la palabra el señor diputado Heller.
SR. HELLER Señora presidenta: de la misma manera que hemos escuchado distintas intervenciones por parte de las diputadas y diputados preopinantes, nuestro bloque va a acompañar con su firma este dictamen porque entendemos que en general recoge los aspectos centrales que hacen a nuestra preocupación en un tema de esta trascendencia.
Y así como lo han dicho hace instantes las señoras diputadas Fein y Stolbizer, tenemos que valorar muchísimo este hecho de que podamos construir consensos y que encontremos la manera de aunar opiniones y obtener dictámenes amplios que aseguren un tratamiento positivo en ambas Cámaras. De esa manera, sobre estos temas podremos lograr -en un tiempo relativamente breve y prudente- leyes que mejoren la calidad institucional.
Nos cuesta bastante en este Parlamento trabajar con consensos, así que cuando encontramos estos espacios nos sentimos bien y creo que tenemos que resaltarlos como hechos positivos.
También tenemos pequeñas disidencias en cuanto a la redacción del dictamen, así que vamos a firmar señalando esas pequeñas disidencias, que no hacen en nada a lo fundamental del contenido del proyecto, que acompañamos -reitero- con nuestra firma.
Y así como lo han dicho hace instantes las señoras diputadas Fein y Stolbizer, tenemos que valorar muchísimo este hecho de que podamos construir consensos y que encontremos la manera de aunar opiniones y obtener dictámenes amplios que aseguren un tratamiento positivo en ambas Cámaras. De esa manera, sobre estos temas podremos lograr -en un tiempo relativamente breve y prudente- leyes que mejoren la calidad institucional.
Nos cuesta bastante en este Parlamento trabajar con consensos, así que cuando encontramos estos espacios nos sentimos bien y creo que tenemos que resaltarlos como hechos positivos.
También tenemos pequeñas disidencias en cuanto a la redacción del dictamen, así que vamos a firmar señalando esas pequeñas disidencias, que no hacen en nada a lo fundamental del contenido del proyecto, que acompañamos -reitero- con nuestra firma.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Tiene la palabra el señor diputado Ferrari.
SR. FERRARI Señora presidenta: en nombre del Peronismo Federal deseo manifestar el beneplácito por el hecho de que hayamos llegado a un acuerdo.
Es importante resaltar que cuando se trabaja concienzudamente y cuando desde distintos sectores se formulan aportes -incluso desde el oficialismo, especialmente a través del proyecto del señor diputado Pais, que recibimos con la buena predisposición para incorporar todos, tanto él como nosotros, nuestras sugerencias, y que ciertamente también recepta otras expresiones del oficialismo-, se puede llegar a consensuar proyectos tan importantes como este que realmente constituía una deuda respecto de lo que significa la transparencia pública.
Ciertamente nosotros tampoco acordamos con algunos puntos del dictamen, pero eso no significa que no lo firmemos completo o que no estemos dispuestos a seguir conversándolo. Me parece que esta es la disposición que tenemos que encontrar, por lo que desde el Peronismo Federal reitero nuestro apoyo a la firma de este dictamen.
Es importante resaltar que cuando se trabaja concienzudamente y cuando desde distintos sectores se formulan aportes -incluso desde el oficialismo, especialmente a través del proyecto del señor diputado Pais, que recibimos con la buena predisposición para incorporar todos, tanto él como nosotros, nuestras sugerencias, y que ciertamente también recepta otras expresiones del oficialismo-, se puede llegar a consensuar proyectos tan importantes como este que realmente constituía una deuda respecto de lo que significa la transparencia pública.
Ciertamente nosotros tampoco acordamos con algunos puntos del dictamen, pero eso no significa que no lo firmemos completo o que no estemos dispuestos a seguir conversándolo. Me parece que esta es la disposición que tenemos que encontrar, por lo que desde el Peronismo Federal reitero nuestro apoyo a la firma de este dictamen.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Rossi.
SR. ROSSI (A.L.) Señora presidenta: antes de finalizar la reunión, quisiera pedirle que se extienda el plazo para presentar dictámenes, atento a que en nuestro bloque hay otros legisladores que tienen algunos matices respecto del tema y que cuentan con proyectos propios, pero que por distintas circunstancias no han podido estar presentes en esta reunión. Esto lo planteo, por supuesto, con un sentido de apoyo a la iniciativa en términos generales, pero como tienen matices que ellos consideran importantes, quería pedir que someta a consideración del pleno una autorización para que hasta mañana al mediodía se puedan incorporar otros dictámenes en el tratamiento.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Si los señores diputados están de acuerdo, fijaríamos un término de veinticuatro horas para que los señores diputados acerquen los dictámenes que tengan a las secretarías de las comisiones. Y en cuanto a los señores diputados que han manifestado la posibilidad de firmar el dictamen de mayoría, aun con disidencias, lo pasamos a la firma en este momento.
Así que les pedimos a los señores diputados que no se retiren.
Así que les pedimos a los señores diputados que no se retiren.
SRA. RODRÍGUEZ Quiero saber hasta qué hora se pueden presentar los dictámenes.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Damos 24 horas, si ustedes están de acuerdo, porque así lo ha solicitado el diputado Rossi. De hecho la señora diputada Diana Conti, que no está en este recinto porque se encuentra en el Consejo de la Magistratura, en la última reunión de cuyo cuarto intermedio venimos, se ha manifestado en el sentido de que va a presentar su propio dictamen y que consideremos la posibilidad de que no esté en el día de hoy. De modo que deberíamos considerar este pedido de 24 horas para la presentación de dictámenes de otros señores legisladores.
-Resulta afirmativa.
-Resulta afirmativa.
SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Entonces, esperamos hasta mañana en la Secretaría de la comisión los dictámenes.
Damos por concluida la reunión y agradecemos a todas las comisiones que participaron.
A todos los señores diputados que están conformes con el dictamen, por favor les solicito no se retiren.
Damos por concluida la reunión y agradecemos a todas las comisiones que participaron.
A todos los señores diputados que están conformes con el dictamen, por favor les solicito no se retiren.
- Es la hora 11 y 2.