• LEGISLACION GENERAL
  • ASUNTOS CONSTITUCIONALES
  • AGRICULTURA Y GANADERIA

Reunión del día 16/09/2010

- -

- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de septiembre de 2010, a la hora 11 y 23:
SRA. PRESIDENTA IBARRA Damos comienzo a la reunión conjunta de las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales -cuya presidenta es la señora diputada Camaño- y de Agricultura y Ganadería -cuyo presidente es el señor diputado Buryaile pero no se encuentra presente.

Vamos a continuar con el estudio de los proyectos de ley que regulan la compra de tierras por personas físicas o jurídicas extranjeras.

Tenemos diez proyectos que el otro día, en la primera reunión de la Comisión de Legislación General para tratar este tema, estuvimos evaluando. Se trata de diez proyectos de distintos bloques -del Frente para la Victoria, del radicalismo, de la Coalición Cívica, de Nuevo Encuentro, del socialismo-, que están mencionados en la convocatoria para la reunión de hoy.

En la reunión anterior hubo una propuesta del Frente para la Victoria, formulada por señor el diputado Pais y por la señora diputada Conti, para que invitemos a algunos funcionarios a fin de que nos aporten algunos datos, materiales e información respecto de la situación de tierras en áreas de frontera y de recursos naturales.

Por eso, para la presente reunión invitamos al señor ministro de Agricultura y Ganadería, doctor Julián Domínguez, quien anteayer se comunicó conmigo para decirme que no iba a poder asistir porque está padeciendo una neumonía, según prescripción médica. Me pidió por favor que retrasáramos la reunión porque quiere venir él personalmente, pero la verdad es que ya teníamos preparada esta convocatoria para las tres comisiones.

De todos modos, mandó a un asesor, el doctor Julio Vitale, y nos envió una nota explicando el motivo de su ausencia. En la nota -que no voy a leer para no perder tiempo- dice que se pone a disposición de todos los diputados y diputadas para asistir a alguna otra reunión, ya sea la semana próxima o la siguiente.

Como dije antes, hoy nos visita el doctor Julio César Vitale, quien es asesor en el ministerio y coordinador de la metodología de trabajo, porque tienen allí una comisión sobre este tema. De manera que podremos tener un primer abordaje con el doctor Vitale, y en todo caso después decidirán las comisiones si se cita o no al señor ministro.

El doctor Bibiloni, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, tenía un evento académico en Mendoza y ya se había comprometido con anterioridad. En su lugar, asiste la directora del área de normativa ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, doctora Analía Elíades.

También se encuentra presente el señor secretario de Interior, doctor Marcio Barbosa Moreira, quien ha venido con el director de Asuntos Técnicos de Frontera, Federico Gómez Aubone.

Finalmente les quiero comentar que la señora diputada Terada acercó a las presidencias de las comisiones un pedido para que pudiéramos escuchar a la legisladora provincial de Río Negro, doctora Magdalena Odarda, de la Coalición Cívica de dicha provincia, quien presentó un recurso de amparo por el caso Lago Escondido.

Entonces, después de escuchar a los funcionarios, y si hay asentimiento de los diputados y diputadas presentes, podríamos darle la palabra para que esta legisladora provincial nos cuente qué es lo que está pasando y su experiencia en relación con el tema del Lago Escondido.

Tiene la palabra el señor diputado Orsolini.

SR. ORSOLINI Agradezco a la señora presidenta y a los funcionarios que se han hecho presentes. Conocemos la situación del señor ministro y también la del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que ya tenía compromisos.

Respecto de que intervenga la señora diputada Odarda, no sólo apruebo que pueda brindarnos su visión sino que también reconozco su lucha desde hace muchísimos años en Río Negro con esta temática que hoy nos preocupa. Así que por lo menos de mi parte estoy totalmente de acuerdo con escucharla porque creo que nos va a aportar una experiencia muy importante acerca de su trabajo y su pelea para quienes de aquí en adelante legislemos sobre este tema.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Entonces, si hay asentimiento, nos manejaremos con este cronograma.

- Asentimiento.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Se procederá en consecuencia.

Tiene la palabra el señor secretario de Interior, Marcio Barboza Moreira.

SR. BARBOZA MOREIRA Buenos días a todos. Agradezco muchísimo la invitación a todos los señores diputados. Quiero aclarar que el tema específico de zonas de frontera es competencia del Ministerio del Interior, aunque después la modificación de la estructura quedó en el ámbito de la Secretaría de Interior.

En relación con los diez proyectos que nos enviaron y que estuvimos analizando, la mayoría de ellos trata sobre transferencias en zonas rurales y no específicamente en zonas de seguridad de fronteras. Por eso, nosotros vamos a centrarnos en lo referido a esto último, que es ámbito de nuestra competencia.

Aproximadamente en los últimos dos o tres años hemos dado muchísimo impulso al área; la hemos trabajado mucho. Esto lo hemos hecho, más que nada, sobre los informes de la AGN, que son de público conocimiento, y fuimos adoptando cada una de las recomendaciones que nos fueron haciendo.

La situación actual en zonas de seguridad de fronteras, independientemente de cada proyecto en particular, no reviste la gravedad que señalan los medios. Desde 2007 a la fecha se han autorizado menos de veinte transferencias. Exactamente fueron diecinueve en los últimos años, y el total de éstas no exceden las 20 mil hectáreas. Por lo tanto, la situación es bastante distinta de lo que a veces se plantea.

Sin perjuicio de ello, puedo decir que los proyectos que se refieren específicamente al tema de seguridad de fronteras son los de las señoras diputadas Quiroz y Benas.

Los dos proyectos tienen varios elementos que nos parecieron muy interesantes -como la responsabilidad de los escribanos o la creación de un registro único-, que en verdad ayudarían mucho al trabajo que hoy tenemos que desempeñar, de acuerdo con el marco legal vigente.

También se contempla un régimen de nulidades muy bueno.

De manera que realmente los proyectos tienen varios elementos positivos. Lo que sí debemos considerar es que ambos se refieren a una prohibición absoluta, siendo que hoy no existe esa prohibición absoluta. Hoy se hacen evaluaciones, estudios de impacto ambiental y proyectos de inversión. En cambio, ambos proyectos en tratamiento prohibirían en forma absoluta la adquisición por parte de sociedades extranjeras o de personas físicas extranjeras, en un caso de inmuebles urbanos y rurales, mientras que en el otro caso la prohibición se limita solamente a inmuebles rurales.

Ahora voy a ceder la palabra al director de Asuntos Técnicos de Fronteras para que les dé los datos precisos y los números, de manera que ustedes tengan una idea real de la situación actual en materia de zonas de seguridad de fronteras.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra el doctor Federico Gómez Aubone, director de Asuntos Técnicos de Fronteras.

SR. GÓMEZ AUBONE Señora presidenta: agradezco la oportunidad de estar acá y de poder hablar ante ustedes.

Como dijo el doctor Barbosa Moreira, el Ministerio del Interior ejerce el poder de policía sobre la radicación en zonas de seguridad de fronteras. Específicamente no tenemos competencia en materia ambiental, pero ese aspecto fue incorporado dentro de la normativa que se dictó en el año 2009, frente a una sugerencia de la Auditoría General de la Nación y ante la realidad de que el tema ambiental está previsto en la Constitución Nacional.

Así es que actualmente en las provincias, a partir de una resolución que dictó el Ministerio del Interior, para poder iniciar un trámite de previa conformidad -como los denominamos nosotros-, tanto las personas físicas extranjeras como las personas jurídicas extranjeras necesitan habilitar la vía de excepción. Para poder acceder a la vía de excepción deben presentar un proyecto de inversión en el cual, dentro de los muchos requisitos que se exigen, se prevé un informe de impacto ambiental, el cual tiene que estar sí o sí refrendado por la autoridad provincial competente. Es decir que no se tramitan previas conformidades sin el informe de impacto ambiental que aprueba la provincia.

Esto significa que las provincias involucradas en zonas de seguridad de fronteras participan directamente en las autorizaciones que el Ministerio del Interior emite en lo que constituye el trámite de previa conformidad. Tanto es así que en el año 2009 hubo nueve solicitudes y, en lo que va de 2010, apenas cuatro, frente a lo que ocurrió en los años 2000, 2001 y 2002, cuando llegaron a casi 120 autorizaciones por 750 mil hectáreas.

Esto significa que, como dijo el doctor Barbosa Moreira, en cuanto al tema de extranjerización de la tierra o de los informes televisivos que se mencionaron, hoy por hoy no es así en las zonas de seguridad de fronteras.

La zona de seguridad de fronteras está delimitada por el decreto 887/94. Con el dictado de la Resolución 166/09 no se delimitó una nueva zona de seguridad de fronteras, como se quiso hacer ver. Se mantuvo el mismo decreto y las mismas localidades que contenía la ex Superintendencia Nacional de Fronteras.

Lo que hizo la Resolución 166 del Ministerio del Interior, por consejo de la Auditoría General de la Nación, fue aglutinar la normativa dispersa hasta entonces, durante la vigencia de la ex Superintendencia Nacional de Fronteras.

Desde la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras hacemos cumplir extremadamente los requisitos legales, con lo cual ninguna resolución ministerial se emite sin haber cumplido taxativamente lo enumerado por la Resolución 166.

A su vez, estamos haciendo un seguimiento de los proyectos de inversión, tema respecto del cual terminamos un convenio con la Universidad de Buenos Aires. Estamos haciendo inspecciones de inmuebles objeto de autorizaciones anteriores, por intermedio de la Gendarmería y de la Prefectura, que son los delegados de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, dentro de lo que es el Ministerio del Interior.

Creamos además una base de datos sobre adquirentes de tierras en fronteras, tanto de personas físicas extranjeras como de personas jurídicas extranjeras.

Pero además -y esto es algo que no he visto que figure en los proyectos de ley- las personas jurídicas argentinas también tramitan la previa conformidad. En la actualidad las sociedades argentinas no están exceptuadas del régimen de previa conformidad, por lo que necesitan de la autorización del secretario de Interior -por firma delegada del ministro- para acceder a la autorización correspondiente.

También estamos trabajando con el Instituto Geográfico Nacional en la elaboración de una base de datos cartográfica digitalizada de la zona de seguridad de fronteras, algo que hasta el momento no existía, y obviamente tomamos contacto fluido con los Registros de la Propiedad Inmueble provinciales, los cuales nos han informado por escrito -consta en los expedientes- que no nos pueden remitir información porque carecen de bases de datos digitalizadas.

En la línea de lo que decía el secretario de Interior, y de lo que estamos haciendo nosotros desde la Dirección, de acuerdo con la normativa vigente los controles del Estado existen y se llevan adelante, y de allí el impacto que ha tenido el tema de la extranjerización de tierras.

Si en la década del 90 hubo extranjerización de tierras, hoy por hoy eso no existe. Quería dejar en claro este último punto.

Realmente agradezco la oportunidad de poder hablar en esta reunión. Quedo a disposición para responder las preguntas que deseen formular.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra el señor diputado Pinedo.

SR. PINEDO Señora presidenta: quiero preguntar al señor funcionario si nos puede definir qué significa zona de seguridad de fronteras.

SR. GÓMEZ AUBONE Eso lo puede explicar el doctor Esteban Zanini, que es asesor de mi dirección.

SRA. PRESIDENTA IBARRA De acuerdo.

Tiene la palabra el doctor Esteban Zanini.

SR. ZANINI La zona de seguridad de fronteras es aquella que está delimitada por el decreto 887, que es el que unifica los criterios del decreto 15.385 -de creación de la zona de seguridad- con los términos de la ley 18.575, vinculada con la promoción y el desarrollo de regiones dentro de la zona de fronteras.

Para el ejercicio de la policía de radicación fue creada la zona de seguridad. Las previsiones que establecen las normas sobre seguridad de frontera son para los fines del ejercicio de la policía de radicación. ¿Usted se refiere a lo que es la delimitación en sí?

SRA. PRESIDENTA IBARRA El señor diputado Pinedo quiere saber cuál es la zona.

SR. ZANINI La delimitación de la zona de seguridad está estipulada en el decreto. Es bastante extensa. Por lo general, está delimitada por rutas: del lado de la Cordillera es la ruta 40, del lado del Atlántico es la ruta 3.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Le agradezco sus conceptos. El planteo era saber de dónde surgía la delimitación.

Entonces, señor diputado Pinedo, existe un decreto que establece específicamente la delimitación.

SR. PINEDO Como me da fiaca ir corriendo a leer el decreto, quiero plantear lo siguiente: supongo que debe estar vinculado con una distancia entre la línea de frontera y el límite de la zona de seguridad.

SR. ZANINI Sí; las distancias son entre 50 y 150 kilómetros.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra el señor diputado Pais.

SR. PAIS Señora presidenta: quiero hacer una consulta puntual a los funcionarios que nos visitan.

Aquí se dijo que las transferencias de inmuebles han sido muy escasas -se habló de 20 mil hectáreas- en el último período, donde se está aplicando estrictamente la normativa de la última resolución del Ministerio del Interior, que sería una suerte de texto ordenado o reglamentario del decreto 887.

Mi pregunta radica en función de otra afirmación que se hizo, en el sentido de que en épocas pasadas hubo una extraordinaria cantidad de transferencias: se habló de más de 750 mil hectáreas en un período muy corto de tiempo y además se habló de inspecciones. Quisiera saber cuántas empresas se han inspeccionado, qué han encontrado en dichas inspecciones y si se ha realizado algún tipo de impugnación u observación en relación con la transferencia de esos inmuebles.

Me gustaría que los funcionarios relaten todo lo que saben sobre el particular.

SR. GÓMEZ AUBONE Recién ahora estamos obteniendo los resultados de esas inspecciones. Las empresas que obtuvieron la previa conformidad en su momento debían presentar un proyecto de inversión, el cual debían cumplimentar. Nosotros estamos viendo de qué manera buscamos los arbitrios legales, porque al no existir un régimen de nulidades no se puede declarar nulo el acto administrativo que les permitió inscribir en el Registro de la Propiedad Inmueble el ejercicio del derecho de dominio; en este caso, la compra.

Eso debe hacerse a través de la vía judicial. Por eso, desde el ministerio estamos viendo de qué forma podemos impulsar y juntar los elementos necesarios para generar la nulidad en aquellas utilizaciones en las cuales se ha comprobado que no han cumplido con el proyecto de inversión.

SR. PAIS Pero concretamente me gustaría saber cuántas empresas se han inspeccionado, si se han encontrado irregularidades y, de ser así, si no han pensado en llevar adelante una inspección generalizada de todas las transferencias anteriores a los efectos de poder verificar este extremo.

En el caso de haber detectado vicios graves en los actos administrativos, me gustaría saber si han aplicado la ley de procedimientos administrativos. Porque eventualmente, al darle las actuaciones al procurador del Tesoro, se podría avanzar en la nulidad de esas autorizaciones.

SR. GÓMEZ AUBONE Hasta el momento se han promovido inspecciones de 50 expedientes. Tal como comentó el señor secretario, el proceso de inspecciones comenzó en el año 2008. Obviamente nosotros tenemos como delegados a la Gendarmería y a la Prefectura, lo cual lleva un tiempo. Muchas veces lo que se inspecciona debe volver a ser inspeccionado, o nos encontramos con que no se permite acceder a los inmuebles.

De manera que no es tan fácil como se cree. No puedo dar un número preciso o hablar de las cuestiones que hemos encontrado específicamente. Lo que sí les puedo decir es que las cuestiones que hemos encontrado las estamos resolviendo dentro de la órbita del ministerio.

Les aclaro que pueden acceder a las copias de los informes de lo que se ha inspeccionado. No hay ningún inconveniente para que tomen conocimiento de esa información.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra la señora diputada Camaño.

SRA. PRESIDENTA CAMAÑO En principio quiero agradecer a los funcionarios y contextualizar la reunión. Nuestra intención es que los funcionarios colaboren con nosotros en la formulación de los proyectos. Muchos legisladores tienen visualizados los problemas que existen; de hecho, están volcados en los proyectos.

Por eso, más que hacer un inventario de la gestión actual, pasada o futura de los funcionarios, nuestra intención es que, en las áreas específicas, ustedes nos den su opinión con respecto a los proyectos que tenemos. De hecho, en lo que respecta a este tema específico de las zonas de fronteras, hay un par de proyectos que lo están contemplando.

Entonces, la idea sería la siguiente: que según la experiencia que ustedes tienen sobre la base de la normativa que dictaron, nos informen de qué manera podemos colaborar con la legislación para tener mucho más resuelta esta problemática -que indudablemente existe- por vía de la ley.

Este es el contexto de la reunión. Lo digo para que todos nos relajemos un poco y para que ustedes, sobre la base de la experiencia que tienen, más que hacer un informe de gestión nos especifiquen concretamente de qué manera podemos resolver esta problemática.

Lo que les pido específicamente es su opinión con respecto a los dos proyectos que contemplan el tema para ver si los podemos enriquecer de acuerdo con la experiencia que ustedes vienen teniendo.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Antes de dar la palabra a los funcionarios para retomar un poco el tema, porque tenemos un montón de diputados anotados, voy a hacer una propuesta de trabajo.

Tal como dijo la señora diputada Camaño, la idea de esta convocatoria era contar con información para enriquecernos antes de sancionar la ley. Creo que en ese sentido van los pedidos. Si bien les podemos pedir alguna información extra y precisa sobre alguna gestión -aunque no sé si la tienen-, lo importante es buscar normativa.

La propuesta que hago es la siguiente: hacer un listado de todos los diputados y diputadas que quieren formular preguntas y luego escuchar a los funcionarios. De lo contrario, dado que están invitados varios funcionarios y la legisladora provincial, no vamos a terminar ni en tres horas.

SRA. BULLRICH Pero primero tenemos que escucharlos para saber si queremos hacer preguntas. Me parece que el procedimiento sería al revés.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Precisamente, ya tengo anotados cinco señores diputados para hacerle preguntas al primer funcionario que habló.

Si quieren, agotamos primero la lista de oradores que tengo anotados -yo no le quiero quitar la palabra a nadie. Pero mi propuesta es que primero escuchemos a todos los invitados y después hagamos las preguntas; si no, después no vamos a poder escuchar a nadie.

Tiene la palabra el señor diputado Orsolini.

SR. ORSOLINI En la misma línea de lo expresado por el señor diputado Pais, para avanzar en el tema del área de frontera solicito a los funcionarios que, por intermedio de las presidencias de las comisiones que hoy nos convocan -especialmente la de Legislación General, que es la cabecera-, nos pasen por escrito cuáles fueron las transferencias que se hicieron y las investigaciones que se están haciendo.

SRA. PRESIDENTA IBARRA De acuerdo, señor diputado. Las presidencias de las dos comisiones vamos a hablar con los funcionarios para ver si podemos contar por escrito con alguna información que nos pueda enriquecer en ese sentido.

Se encuentran anotados para hacer uso de la palabra la señora diputada Benas, el señor diputado Erro y la señora diputada Terada. Si les parece, podemos escuchar a estos tres legisladores y luego continuaremos con la exposición de los funcionarios.

Asentimiento.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra la señora diputada Benas.

SRA. BENAS Quiero aclarar a uno de los funcionarios que expuso que soy autora de uno de los proyectos que incluyen el tema de la restricción absoluta para la compra de inmuebles en zonas de seguridad de fronteras.

El funcionario hizo una consideración respecto de la gestión en cuanto al cuidado y la protección que vienen desarrollando en el último período. También admite que hubo un momento en el que se produjeron un número todavía no muy bien determinado de irregularidades, que afectan un área muy importante de 750 mil hectáreas.

Voy a hablar de mi proyecto. No tengo ninguna intención de objetar gestión. Lo que estoy planteando es generar una normativa que restrinja de tal modo que no quedemos a la suerte de que una gestión se ocupe o no de hacer estos controles.

Cuando se es autora de un proyecto es muy importante dejar en claro cuál es el objetivo, y en este caso es generar una normativa que nos proteja a todos -independientemente del signo político o de las características de la gestión que esté a cargo del Ejecutivo- de estas cuestiones que atentan directamente contra la seguridad nacional, que no solamente tienen que ver con el problema hoy planteado en todo el mundo respecto del cuidado de la frontera sino también con el cuidado de los recursos naturales.

Como todos sabemos, nuestro país en las zonas limítrofes tiene una abundancia de recursos estratégicos muy codiciados, lo que hace que necesitemos profundizar los resguardos para evitar que distintos capitales, empresas o Estados de distintas zonas del mundo vengan a instalarse en nuestro territorio.

En ese sentido, quiero repreguntar al funcionario -porque él había hecho una consideración- respecto de la gestión.

Cuando explicitó el tema de la restricción dijo que los dos proyectos -yo me hago cargo del mío, que es el que conozco- prohíben en forma absoluta la venta de inmuebles a extranjeros en estas zonas. Mi proyecto restringe en general, pero prohíbe de manera absoluta la venta de inmuebles en estas zonas a extranjeros. ¿Ustedes lo consideran inconveniente?

Pregunto esto porque no me quedó claro si el comentario era crítico desde un punto de vista negativo o si consideran que sería un buen instrumento para nuestro país prohibir taxativamente la venta de territorios en zonas de seguridad de fronteras a extranjeros.

SRA. PRESIDENTA IBARRA La idea es que terminen de preguntar los señores diputados y luego escuchar las contestaciones de los funcionarios.

Tiene la palabra el señor diputado Erro.

SR. ERRO Quiero hacer una precisión de carácter normativo. Si bien son diez los proyectos que guardan relación con el tema, solamente dos de ellos están referidos al tema de áreas de frontera. Pero no solamente se refieren a las áreas de frontera sino también a aquellas áreas que contengan unidades productivas, parques nacionales, inmuebles que tengan valor histórico, cultural o arqueológico, bosques nativos y áreas protegidas. De manera que esos dos proyectos son mucho más amplios y no solamente se vinculan con las áreas de frontera.

Anteriormente un diputado hizo una pregunta sobre la extensión de las zonas de seguridad de fronteras.

Mi pregunta es la siguiente. Tengo conocimiento de que existe un viejo decreto ley, el 15.385/44, que establece la extensión. Estoy hablando específicamente del último párrafo del artículo 1°, que expresa que las zonas situadas en la frontera se denominan "zonas de seguridad de fronteras", y las del interior, "zonas de seguridad interior".

El artículo 2° determina con absoluta claridad que el ancho de las zonas de seguridad será variable y que el Poder Ejecutivo lo fijará de acuerdo con la situación, la población y los recursos, y plantea que en ningún caso puede exceder el máximo de 150 kilómetros en la frontera terrestre, de 50 kilómetros en la frontera marítima y de 30 kilómetros en la zona interior.

La pregunta es si este decreto ley 15.385/44 está en vigencia, así como también la otra legislación que guarda relación con la temática en cuestión, que es la ley 23.554, de Defensa Nacional, y la ley 18.575, de promoción para el desarrollo de zonas de frontera.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra la señora diputada Terada.

SRA. TERADA Señora presidenta: coincido en un todo con lo que manifestara la señora diputada Camaño, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en cuanto a que nos gustaría que los funcionarios pudieran enriquecer o abonar todos estos proyectos.

Puntualmente en lo que hace a las áreas de frontera, la pregunta es qué organismo del Estado nacional controla la función de los escribanos que hacen las escrituras de todas estas tierras. Lo digo porque mi provincia tiene áreas de frontera o áreas de seguridad interior y quiero saber si hay algún organismo que controle ese aspecto.

En el proyecto presentado por la Coalición Cívica se ha establecido una obligación puntual vinculada con lo que recién se mencionaba, en cuanto a la carencia de un sistema informatizado por parte de los Registros de la Propiedad Inmueble de las provincias que permita establecer cuáles son las áreas rurales y urbanas que están en manos de extranjeros.

Quisiéramos saber si les parece viable lo que nosotros establecemos en el proyecto, en el sentido de establecer una obligación por parte de los escribanos de informar al registro, como una obligación más, en su carácter de agentes de información. Así como hoy los escribanos tienen obligación de informar a la AFIP las ventas superiores a determinado monto, también deberían informar a este registro que se constituiría en relación con este tipo de propiedades, acerca de la venta de tierras en zonas de seguridad interior.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra el doctor Barbosa Moreira, para referirse a algunas de las inquietudes y pedidos de aportes formulados por los señores diputados.

SR. BARBOSA MOREIRA Señora presidenta: comenzando por las inquietudes planteadas por la señora diputada Benas, debo señalar que nosotros trazamos primero un panorama general a efectos de entender cuál es la situación actual.

En cuanto a los proyectos específicos, debo señalar que la iniciativa en cuestión tiene en verdad muchos elementos que son muy positivos, como es el caso de las nulidades. Otro diputado preguntaba qué hacemos cuando nos encontramos con que no se cumplieron los requisitos y el dominio ya está inscripto, consolidado y firme. En ese sentido, el régimen de las nulidades es entonces fundamental.

Asimismo, es importante profundizar el régimen de responsabilidad de los escribanos actuantes. Un caso resonante se produjo hace poco tiempo en La Rioja, por un tema de un escribano y de un error de Catastro de la provincia. Por eso es que estamos totalmente de acuerdo con todo lo que mejore la comunicación de los Registros, amplíe la responsabilidad de los escribanos y de los Catastros, facilite la comunicación y prevea un régimen de nulidades, ya que sería una herramienta para poder ejercer mejor la función que nos toca llevar adelante desde el Poder Ejecutivo.

Con respecto a qué nos parece el tema de la prohibición absoluta, se trata de una cuestión bastante abierta. En realidad, nosotros ejecutamos la política que marca la ley. Si quieren mi opinión, creemos que una prohibición demasiado dura o estricta no es conveniente, ya que a veces nos encontramos en la práctica con situaciones que deben ser atendidas.

Uno de los proyectos -no recuerdo cuál de los dos- no distingue entre rurales y urbanas. Entonces, como la franja es grande -ya que estamos hablando de una extensión de 150 kilómetros-, prohibir en forma absoluta la colocación de un supermercado, de un almacén o de un hotel en lugares donde no hay otro polo de desarrollo y donde hay inversiones nacionales a veces generaría... Por eso, creemos más en un régimen de control estricto, con herramientas, con posibilidad de nulidades, que en una prohibición absoluta de adquisiciones.

De todos modos, esa política la decide el Congreso de la Nación; nosotros la ejecutamos de acuerdo con lo que este último establezca.

La idea es que exista alguna flexibilidad para acercarnos a la realidad provincial. Estamos hablando de zonas muy turísticas que necesitan desarrollo -a veces zonas muy alejadas-, y muchas veces son los gobernadores quienes nos vienen a ver para saber qué papeles se necesitan a fin de agilizar el trámite.

Con respecto a la pregunta vinculada con la vigencia de la ley debo decir que esta última está vigente, con sus respectivas modificaciones. Lo que ocurre es que, tal como explicaba el doctor Zanini, existe el decreto que reglamentó, sobre la base de eso, la extensión final.

En cuanto a la tercera inquietud, la respuesta es un poco parecida a lo que contestaba anteriormente: todo aquello que haga mejor al régimen de responsabilidades, bienvenido sea. El régimen que estamos aplicando es el del decreto 32.530/48, pero la realidad indica que necesitamos un régimen más estricto. Y en ese sentido, los dos proyectos avanzan en forma muy favorable.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra el señor Julio Vitale, coordinador ejecutivo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

SR. VITALE Desde ya agradezco la invitación que nos han formulado. El motivo de la ausencia del señor ministro ya fue explicado por la señora presidenta de la Comisión de Legislación General.

Hace un tiempo, el señor ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y el señor secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación constituyeron un equipo de trabajo, en cabeza del citado Ministerio, que viene trabajando, y básicamente reflexionando, sobre la problemática de la tierra en la Argentina.

Se trata de un equipo interdisciplinario integrado por representantes del INTA y de la Secretaría de Medio Ambiente, representantes de los programas del Ministerio -como el PROSAP-, abogados, economistas, ingenieros agrónomos. Hoy me acompañan el licenciado Roberto Casas, director del Centro de Investigación y Recursos Naturales del INTA, y la señora Analía Elíades, representante de la Secretaría de Medio Ambiente.

Con respecto al tema de la norma de extranjerización de tierras, en líneas generales advertimos que existe una coincidencia entre las conclusiones a las que nosotros estamos llegando y los proyectos en análisis; en líneas generales, estamos de acuerdo en casi todo.

Sí debo decir que nuestro país tiene algunos problemas relacionados con la información. Concretamente, hoy en muchas provincias no tenemos una buena información catastral o geodésica relacionada con la registración de la tierra y eso nos dificulta muchísimo saber con exactitud quiénes son los actuales tenedores, poseedores o propietarios extranjeros de tierras nacionales.

Tenemos algunas estimaciones y algunos datos ciertos. Algunas provincias están mucho más avanzadas pues tienen digitalizados sus registros y catastros, y otras no tanto. Esta es la primera dificultad o el primer límite que encontramos. Por eso, pensamos que una de las cosas que debería disponer la ley sería un relevamiento catastral nacional que genere una base de datos donde claramente esté reflejada cuál es la situación actual.

Hemos trabajado con algún especialista en derecho constitucional, quien nos ha informado acerca de las limitaciones constitucionales que puede tener una ley de este tipo. Concretamente, tenemos el artículo 20 de la Constitución Nacional, que coloca en una situación de igualdad a los extranjeros con los nacionales, y los tratados bilaterales de inversión.

En ese sentido, una de las conclusiones a las que estamos llegando es que ese artículo 20 debería analizarse también a la luz del artículo 27, que establece que el Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén de conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución.

En cuanto a los tratados de inversión, nosotros entendemos, por este artículo 27, que en principio estarían contraviniendo la Constitución Nacional por cuanto hay una enajenación de la soberanía legislativa y jurisdiccional de nuestro país.

Creemos que si el Congreso avanza en este tipo de legislación debería revisar la posibilidad de denunciar esos tratados. La política de salir de esos tratados es una política que se viene dando en nuestra región. En Brasil, por ejemplo, solo quedan tres tratados de este tipo; los demás fueron denunciados. Esos tres tratados se reservan la soberanía legislativa y jurisdiccional. Digo esto como una introducción al tema, porque es muy importante el encuadre que se le dé.

Por eso, nosotros creemos que la ley debe ser reglamentaria y que debería fijar porcentajes para el caso de la extranjerización, pero no creemos que haya espacio constitucional para una prohibición total de la venta de tierras a extranjeros.

No hemos avanzando sobre el tema de fronteras porque la verdad es que el equipo todavía no ha tenido contacto con los funcionarios aquí presentes del Ministerio del Interior. De todos modos, creemos que tal vez se debe trabajar -aclaro que siempre estoy hablando a nivel de reflexión- en el tema de la seguridad nacional, que es un poquito más amplio que el de fronteras.

Con respecto a los temas que ya están enumerados en los proyectos, nosotros creemos, por ejemplo, que habría que ver qué pasa cerca de las infraestructuras militares estratégicas, las bases importantes, o qué pasa con todo lo que es la estructura energética de la Argentina, específicamente centrales hidroeléctricas, nucleares, las cabeceras de Cammesa, los nodos de distribución de energía. Creemos que esto debería ser contemplado en una ley.

No quiero abundar mucho más porque quiero cederle la palabra al licenciado Casas y a la funcionaria de la Secretaría de Medio Ambiente.

Creemos que todos estamos pensando muy parecido. Realmente la cuestión de la tierra se ha vuelto un tema serio. Advertimos que a nivel internacional hay un cambio geopolítico muy importante: la aparición de los países emergentes. Creo que en esto estamos todos de acuerdo. Lo vienen advirtiendo la FAO, las Naciones Unidas, los fundamentos de los proyectos de ley que se han presentado aquí, las organizaciones no gubernamentales, etcétera. Hay un consenso muy amplio en esto, y creemos que es una oportunidad para avanzar en una legislación en este sentido.

Hoy la tierra es un recurso escaso, estratégico y no renovable, y nosotros creemos que debe legislarse en este sentido.

En los últimos viajes que hicieron representantes del Ministerio al exterior, concretamente a China e India, las preguntas centrales de los empresarios de esos países eran: ¿cómo podemos comprar tierra en la Argentina?, ¿qué limitaciones hay en la Argentina para la venta de tierras?, ¿qué cantidad de hectáreas hay disponibles?, y demás.

Nuestro país tiene aproximadamente un habitante por cada kilómetro cuadrado, con lo cual tenemos una oferta de tierra muy importante. Nosotros soñamos con una Argentina de argentinos propietarios. Este sería más o menos el concepto con el que estamos trabajando.

No me quiero extender más para no abusar del tiempo de los señores diputados. Preferimos ir concretamente a las preguntas que tengan para hacernos.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra el ingeniero agrónomo Roberto Casas, director del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

SR. CASAS Les agradezco mucho esta posibilidad que me brindan. Soy investigador, y muy pocas veces los investigadores tenemos la oportunidad de estar ante un foro tan importante.

Como saben, hoy por hoy la tierra es un recurso estratégico en el mundo. Para que nos situemos, existen en el planeta 1.500 millones de hectáreas utilizables para la producción de alimentos y energía, de las cuales la tercera parte está en proceso de degradación, o sea, aproximadamente 500 millones de hectáreas.

Según datos de la FAO, en el mundo se degradan anualmente entre 6 y 7 millones de hectáreas. Argentina no está exenta de este proceso, y en este momento aproximadamente un 20 por ciento de su territorio está afectado por procesos de degradación, tales como erosión, salinización o desertificación.

Para que tengan una idea de lo que significa un 20 por ciento de la superficie, son más o menos 60 millones de hectáreas, lo que equivale a sumar las superficies de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Se trata de una superficie muy importante.

Cuando se habla de Argentina, siempre se remarca la región pampeana o la chaco-pampeana como una región que realmente tiene suelos muy productivos -yo diría que están entre los más productivos del mundo-, pero recordemos también que un 75 por ciento del territorio nacional está en regímenes áridos y semiáridos. Solamente un 25 por ciento está en los ambientes húmedos, subhúmedos y muy productivos. Podríamos seguir abundando en cifras, pero me parece que aquí está lo más importante.

Necesitamos que dentro de esta ley de tierras se contemple el tema de la sustentabilidad. O sea, se requiere un programa nacional de uso racional del suelo o de conservación de suelos. Este programa debería basarse en los aspectos legislativos -como señaló el doctor Vitale-, pero también en temas educativos y de capacitación -donde creemos que realmente tenemos que poner el foco-, y en las buenas prácticas agrícolas.

Los suelos continúan siendo el pilar de la economía argentina y son base para el desarrollo nacional, regional y local. Por lo tanto, creemos que pensar en una legislación sobre uso racional del suelo es una necesidad para nuestro país.

Quedo a disposición de los señores legisladores ahora y en un futuro. Desde el INTA estamos a su disposición para lo que necesiten.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra la doctora Analía Elíades, directora de Normativa Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

SRA. ELÍADES Muchas gracias por esta invitación y por tener en cuenta el aspecto ambiental.

Siguiendo con la línea de lo manifestado por el doctor Julio Vitale y el ingeniero Casas, una de las cuestiones que queremos remarcar desde el trabajo conjunto e interdisciplinario que se está efectuando entre los distintos organismos es la problemática ambiental, que sin duda está presente en el tema de extranjerización de las tierras.

No estamos hablando solamente de la venta de tierras, que -como destacó el doctor Vitale- son un recurso natural escaso, estratégico y no renovable. Estamos hablando también de la venta de nuestro ambiente, con la biodiversidad y la riqueza que éste tiene.

En el marco del trabajo y del aporte que hace a la competencia sustantiva de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, además del marco constitucional mencionado, en cuanto hace a seguridad y al tema de las tierras, no podemos olvidar lo que establecen los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional. Por eso vemos con mucho agrado la presencia de cuatro proyectos de ley que contemplan la variable ambiental y este aspecto crucial.

De los diez proyectos, hay cuatro que tienen presente el tema ambiental, que por cierto hay que compatibilizarlo, en lo que sea necesario, en cuanto a la técnica legislativa. No olvidemos que el artículo 41 de la Constitución Nacional, al considerar a la tierra, determina una norma de presupuestos mínimos aplicable a todo el territorio de la Nación. Pero debemos tener en cuenta la última parte del artículo 124 de la Constitución Nacional, en tanto son las provincias las que tienen el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus respectivos territorios.

Por lo tanto, debemos buscar esta compatibilidad, y para ello es fundamental llevar a cabo un trabajo interdisciplinario, entre todas las áreas técnicas e incluso a nivel político, sobre los diferentes aspectos que hacen a la materia.

Tal como resaltó uno de los funcionarios que me precedieron en el uso de la palabra, la utilización racional de los recursos naturales está específicamente contemplada en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y por supuesto, la preservación del patrimonio natural y cultural, así como la diversidad biológica y el derecho a la información y educación ambiental.

Estos son aspectos sobre los cuales tenemos especial cuidado y en los que queremos contribuir desde la Secretaría, y lo estamos logrando también con las discusiones en el grupo de trabajo que se ha generado.

Quedamos abiertos a las consultas que deseen formular.

SRA. PRESIDENTA IBARRA La señora diputada Terada está solicitando que seguidamente haga uso de la palabra la diputada provincial Magdalena Odarda, de la Coalición Cívica.

Quizás resulte conveniente que los señores diputados formulen primero las preguntas a los funcionarios, y que después escuchemos a la diputada provincial.

SRA. TERADA Es muy breve lo que ella tiene que decir, señora presidenta.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Lo que pasa es que no puedo integrarla al debate junto con los funcionarios nacionales que hemos invitado a esta reunión.

Propongo que seguidamente los señores diputados formulen sus preguntas a los funcionarios, y que luego escuchemos a la diputada provincial, cuya intervención me parece muy importante.

Tiene la palabra la señora diputada Benas.

SRA. BENAS Señora presidenta: en relación con las manifestaciones de los funcionarios, el primero que expuso hizo referencia a los TBI, que no sé si son 56 o 58.

SR. VITALE Son 57.

SRA. BENAS Evidentemente son un exceso. Nuestro país ha producido una cantidad de tratados que en realidad no garantizaron en absoluto el objetivo enunciado cuando fueron firmados.

Coincido con el doctor Vitale en cuanto a que sería hora de generar el consenso necesario para llevar a cabo la denuncia de esos tratados.

Le quiero comentar al funcionario que hay varios legisladores que ya han planteado el tema. Por ejemplo, el señor diputado Macaluse, quien preside el bloque que integro, desde hace mucho tiempo viene solicitando la denuncia de los tratados. Y si no me equivoco, el señor diputado Pais tiene un proyecto en este sentido.

Pero la denuncia es competencia del Poder Ejecutivo. Si bien hay varios diputados que han planteado el tema, el Congreso de la Nación no puede tomar la decisión de denunciar esos tratados. Por eso, es muy importante que los funcionarios del Ejecutivo planteen las coincidencias con los muchos diputados que venimos haciendo la misma observación sobre el tema.

Sería muy bueno que en el ámbito del Poder Ejecutivo se tomara esa decisión, que seguramente va a ser acompañada por el Congreso de la Nación.

Hay algunos tratados que son particularmente vergonzosos para los intereses de nuestro país porque generan, además, derechos sobre el resto de los tratados. Sería un gran gesto de soberanía que la Argentina se desprenda de esos compromisos que realmente perjudican notablemente al Estado nacional.

Por otra parte, agradezco mucho la intervención del investigador Roberto Casas. De hecho, muchos legisladores hemos propuesto en otros proyectos -no en los vinculados con la extranjerización de la tierra- el buen cuidado y el uso del suelo. Concretamente, el año pasado en la Comisión de Legislación General hemos trabajado en algunos proyectos relacionados con el cuidado de la tierra. Fue en el momento en que estábamos analizando la posibilidad de modificar la ley de arrendamiento. Hay todo un programa que generó mucho consenso, al menos en el tratamiento en la comisión, pero luego, por distintos motivos, no se avanzó en la sanción de la norma. Dado que es un tema vinculado con la producción, por cuestiones de orden político se ha suspendido el tratamiento de ese proyecto. Pero en orden a lo expresado por el ingeniero Casas, quiero dejar en claro que existe una preocupación en esta Cámara en torno a ese tema, es decir que en eso hay coincidencia.

Por otra parte, coincido absolutamente con lo expresado por la señora Elíades en el sentido de que la protección de los recursos naturales y del ambiente va mucho más allá de la cuestión de la titularidad dominial de las tierras. Me parece importantísimo que en cada cuestión que planteemos tengamos en cuenta esto.

Con el mismo sentido que se planteó aquí, en mi proyecto incorporo taxativamente la protección de todos los cursos de agua, superficiales o subterráneos. Nosotros tenemos que mirar hacia el futuro. Nuestro país no puede permitir que las reservas de agua dulce tal vez más importantes del planeta -una buena parte se encuentra en América del Sur, y concretamente el Acuífero Guaraní en nuestro territorio- sean apropiadas por extranjeros. Esto tiene que ver con un sentido claro de futuro: además de tener el control, nuestro país debe cuidar y vigilar que no se contamine. El deterioro que se ha mencionado es alarmante. Lo mismo ocurre con el tema de los bosques nativos, las áreas protegidas.

Aquí la señora diputada Fadel quiere saber si finalmente voy a hacer alguna pregunta. Sí voy a hacer una pregunta, y es la siguiente: quiero preguntar a los funcionarios si desean agregar alguna propuesta concreta a los puntos de protección que planteo en mi proyecto para la restricción de la venta a extranjeros. Por eso quise mencionar los puntos, señora presidenta.

Le pido a la diputada Fadel que no se enoje por el uso del tiempo; lo que pasa es que el tema es muy específico. Además le quiero decir a la diputada Fadel que tenga en cuenta que soy autora de un proyecto.

SRA. FADEL Tiene razón.

SRA. BENAS Entonces, yo planteo la protección o la restricción de las aguas, de los bosques nativos, de las áreas protegidas, de las zonas declaradas de interés cultural y de las áreas de seguridad de fronteras. Estas son las cuestiones que planteo como puntos principales a proteger.



Por supuesto que mi proyecto es una propuesta, está abierto, y si los técnicos aquí presentes entienden que hay alguna cuestión que en mi proyecto no está contemplada, les pido que me lo hagan saber para enriquecerlo y generar una protección más amplia.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Quiero comentar algo para hacer un aporte a lo que se venía planteando. En el Congreso Nacional, independientemente del voto de cada bloque, dictamos una ley estando aun vigentes los tratados. Me refiero a la ley de bienes culturales, que planteaba restricciones; tuvo una resolución, pero esa ley no se declaró inconstitucional.

Esa ley establece un marco regulatorio y pone restricciones para la compra por parte de capitales extranjeros de determinados bienes que se consideran culturales. Esa ley está vigente, y lo que buscó, en todo caso, fue una diferenciación entre lo que ya estaba vigente para atrás y lo que se empezaba a comprar para adelante.

Entonces, me parece importante tener en cuenta que ese marco regulatorio con restricciones ha sido considerado constitucional en nuestro país. Creo que podemos avanzar en un marco regulatorio.

Tiene la palabra el señor diputado Orsolini.

SR. ORSOLINI Señora presidenta: yo también soy autor de un proyecto pero no me voy a explayar.

Me parece importante lo que han planteado los funcionarios porque creo que va más o menos en la misma línea de todos los proyectos. Creo que cada proyecto tiene algo muy importante.

Tengo entendido, señora presidenta, que luego se va a realizar un plenario de asesores para poder trabajar. Lo que les digo a los representantes de todas las áreas del Ejecutivo que han venido es que me parece importantísimo que se sumen a esa discusión con los asesores.

Así como se hablaba del impacto ambiental y de los recursos naturales -como la tierra, el agua y otros, algunos de los cuales son no renovables-, hay otro recurso, que en el lugar de donde provengo es muy importante, que es el impacto social que tiene la tierra.

No nos olvidemos que la extranjerización de la tierra en la Argentina está produciendo una concentración brutal, que se traduce en expulsión de gente hacia los grandes centros urbanos.

Entonces, además de todas las cuestiones importantes que se han planteado, creo que hay que tener en cuenta el impacto social que está produciendo la concentración de tierras en manos extranjeras, y en algún momento también tendremos que discutir en este Congreso la concentración en manos de gente de nuestro país. Si queremos tener un país federal, donde todos podamos vivir y desarrollarnos, debemos tener un país donde la gente tenga cabida. Pero lamentablemente lo que hoy estamos viviendo -y los que somos del interior profundo lo vivimos permanentemente- son estas concentraciones.

Creo que hemos arrancado bien: hemos arrancado por la extranjerización. Pienso que estamos en el buen camino. Agradezco a la presidenta de la Comisión de Legislación General, que es la comisión cabecera, y también a los presidentes de las otras dos comisiones por haber convocado a esta reunión a funcionarios del Ejecutivo.

Solicito que lo antes posible nos pongamos a trabajar con nuestros asesores y con el invalorable aporte de la gente que trabaja en las áreas del Ejecutivo involucradas en este tema, para avanzar en el menor tiempo posible y encontrar una solución a este tema, porque la extranjerización es tremenda hora a hora. Realmente los números son tremendos.

Creo que no hace falta decir que los diez proyectos que tenemos acá son muy similares. Considero que se puede elaborar una muy buena iniciativa y avanzar lo más rápidamente posible para poder tratarla en el recinto.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Efectivamente, las dos presidentas que estamos presentes tenemos la voluntad de pasar el tema a asesores para trabajar en la parte técnica.

Tiene la palabra el señor diputado Pais.

SR. PAIS Primero quiero hacer una precisión y después le voy a pedir una aclaración al doctor Vitale, porque creo que hemos interpretado en forma diversa sus expresiones en cuanto a la inconstitucionalidad. En todo caso, lo inconstitucional en algunos aspectos son los TBI y no la legislación nacional. O sea, es al revés. Esto es lo que desearía que me confirmara el doctor Vitale.

Los TBI nos han traído grandes problemas porque afectan, incluso, nuestra soberanía legislativa. Cuando salimos de la convertibilidad cambiaria nos han acusado en los tribunales internacionales del CIADI por expropiación, y por ese motivo tenemos demandas que superan los 20 mil millones de dólares.

Por eso, nosotros insistimos en que los TBI deben ser denunciados, fundamentalmente porque hay dos tratados que aplican la "cláusula de nación más favorecida", que perforan nuestra posibilidad de avanzar y de producir cambios que afecten esas inversiones. Pero hete aquí que si esas inversiones tienen irregularidades o vicios administrativos -que es lo que me interesó muchísimo de las expresiones del secretario de Interior-, ello puede generar la revocación de la autorización. Y sobre ellos no están los TBI.

Después esa revocación de la autorización -incluso por el procurador general del Tesoro- puede avanzar en la acción de lesividad, y afectaríamos esas inversiones porque han trastocado y vulnerado la legislación vigente, que incluso en muchos aspectos es anterior a los TBI.

Como segundo tema, reitero que nuestra ley de defensa, que es anterior a los TBI -con lo cual en los TBI está implícito su reconocimiento-, establece expresamente la conveniencia nacional de que los bienes ubicados en las zonas de seguridad de fronteras pertenezcan a ciudadanos argentinos. No lo hace en forma absoluta, pero sí es una manda legal, que evidentemente ha sido constitucional -está vigente desde hace más de veinte años-, y nos está ordenando que prioricemos y avancemos hacia la conveniencia, como Estado nacional en ejercicio de nuestra soberanía, de que esos bienes pertenezcan a ciudadanos argentinos.

Estas son las dos precisiones que solicito al doctor Vitale y al señor secretario de Interior.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra el señor diputado Basteiro.

SR. BASTEIRO Ante todo, quiero agradecer la presencia de los funcionarios que han venido a aclararnos algunas dudas, o por lo menos a plantear su visión sobre temas de los que veníamos hablando en la última reunión, en que tratamos el tema de la extranjerización de las tierras.

Quiero aclarar que soy autor de uno de los proyectos desde el año 2002, momento en el que dicha cuestión todavía no estaba instalada ni parecía una preocupación. Por suerte, esta situación fue generando un mayor nivel de adhesión, prácticamente en todas las estructuras políticas, en todos los partidos políticos y en muchos diputados de diferentes bloques, y hoy hay varios proyectos en la Cámara referidos a esta temática. Obviamente, esto es algo para celebrar.

Creo que es intención de todos nosotros unificar un criterio para poder sancionar una ley que por lo menos permita lo que venimos planteando desde hace mucho tiempo: evitar que grandes extensiones de tierra -muchas de ellas con los recursos naturales particulares que tiene nuestro país: desde glaciares hasta acuíferos o los propios esteros- queden en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras.

En la reunión anterior mencioné un largo listado de la cantidad de hectáreas que habían pasado a manos extranjeras. Luego seguí investigando, y si alguien quiere puedo dar los nombres de las empresas para demostrar que no se trata de prensa o de información sin documentación.

Hay empresas muy importantes que han comprado extensiones de tierra impresionantes, y ya no en lugares habituales para la actividad agrícola sino en zonas totalmente desérticas, por lo que no queda claro cuáles son los emprendimientos que pretenden llevar adelante. Esas adquisiciones de tierras se han hecho en zonas de frontera, dato que nos genera una gran preocupación, más allá de que el proyecto de mi autoría plantea particularmente la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales.

Para no extenderme demasiado, y coincidiendo con muchas de las preocupaciones planteadas por los señores diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, simplemente quería transmitir una inquietud. Esta inquietud tiene que ver con un aeropuerto que se está construyendo en la provincia de Río Negro, a menos de un kilómetro de la costa, en una gran extensión de tierra comprada por una sociedad anónima mediante una operación bastante particular. Un ciudadano argentino vendió a una empresa de capitales extranjeros, y el mismo día ésta se lo transmitió a una sociedad anónima que tiene inversiones en la zona de la cordillera, pero se sabe que es de un testaferro de esta empresa británica.

La curiosidad es que se ha hecho allí un aeropuerto más grande que nuestro Aeroparque, en un lugar donde no se justifica, ya que no hay ninguna unidad productiva cercana. Llama la atención, además, que ese aeropuerto esté trazado en forma perpendicular a las islas Malvinas.

SR. PAIS Habría que ver si se aprobó el informe de impacto ambiental.

SR. BASTEIRO Planteo esto porque la información existe y es real, e incluso está autorizado el funcionamiento del aeropuerto.

De todos modos, quería señalar que el año pasado el Ministerio del Interior dictó la Resolución 166, que demuestra que empieza a preocuparse por este tipo de situaciones.

Además, esa norma fue complementada por la resolución 434/10, que apuntaría a fijar condiciones que no hubiesen permitido una compra de este tipo, tal como se produjo hace cuatro años.

Más allá de que las condiciones que debería cumplir un comprador de ciertas extensiones de tierra son muy claras -sobre todo cuando no se sabe bien de dónde proviene su titularidad-, quisiera saber con qué elementos cuenta el Estado nacional, y específicamente el Ministerio del Interior, para controlar su cumplimiento. Me gustaría saber cuál es el organismo de control, para evitar que este tipo de cosas se sigan llevando adelante.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Tengo a varios señores diputados anotados para hacer uso de la palabra, pero la señora diputada Terada insiste en la conveniencia de concederle el uso de la palabra a la legisladora provincial de la Coalición Cívica, ya que tiene información sobre el tema que se está tratando en este momento.

SR. CIGOGNA A mí me interesa hacer algunas preguntas a los funcionarios.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Yo quisiera ordenar la reunión, pero no quiero cambiar sola las reglas de juego.

Si hay asentimiento, entonces, le cedemos el uso de la palabra a la diputada Odarda.

Asentimiento.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Entonces le damos la bienvenida a la diputada provincial de Río Negro Magdalena Odarda, de la Coalición Cívica, a quien le agradecemos el aporte que nos hace en esta reunión.

SRA. ODARDA Señora presidenta: le agradezco a usted y al resto de los señores diputados presentes por permitirme hacer uso de la palabra en esta reunión.

Soy Magdalena Odarda, legisladora provincial por el ARI-Coalición Cívica, en la provincia de Río Negro.

Hemos trabajado muchísimo en el tema de la extranjerización de la tierra, y al respecto soy autora del proyecto de ley que en esa materia cuenta con media sanción en nuestra provincia, basado en iniciativas del ARI y de la Federación Agraria.

Además, soy amparista en la causa del Lago Escondido. Como ustedes saben, en la provincia de Río Negro tenemos un lago que ha quedado encerrado en las fronteras de una propiedad privada cuyo titular es Joe Lewis, que se relaciona con este aeropuerto que hace un momento mencionaba el señor diputado Basteiro.

Mediante un reclamo ciudadano logramos una sentencia favorable, que ha sentado jurisprudencia a nivel nacional.

Se ha logrado una sentencia que garantiza el libre acceso al espejo de agua que es el Lago Escondido.

Voy a comenzar por el tema del aeropuerto de la firma Bahía Dorada Sociedad Anónima, que recién mencionaba el señor diputado Basteiro. Este aeropuerto se encuentra en el área de seguridad de fronteras. Por eso, lamentablemente voy a tener que dar algunos ejemplos que contradicen lo que están señalando los funcionarios.

Este aeropuerto ha sido habilitado hace aproximadamente dos años y tiene una extensión similar a la del aeroparque metropolitano y a la del aeropuerto de San Carlos de Bariloche. Como les decía, ha sido habilitado en área de seguridad de fronteras. La firma que ha comprado las tierras y que construyó luego este aeropuerto es la empresa Bahía Dorada, cuyo presidente es el señor Nicolás Van Ditmar, que está relacionado con Joe Lewis por ser justamente el administrador de la empresa Hidden Lake, cuya traducción es "lago escondido". Estamos hablando de propiedades que están al Este y al Oeste del paralelo 42, pertenecientes al mismo grupo de inversión; en este caso, se trata de capitales ingleses.

Aclaro esto de los capitales ingleses porque en este momento de agudización del conflicto diplomático por las Islas Malvinas, justamente por la explotación de petróleo en nuestra plataforma continental, tenemos un aeropuerto habilitado por la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa en un área de seguridad de fronteras, a menos de dos horas de vuelo de las Islas Malvinas. Pero la última información que tenemos, a raíz de un pedido de informes que nosotros presentamos oportunamente, es que este aeropuerto no tiene radares. Esto representa un gravísimo peligro para la soberanía y la seguridad nacional.

Pero más allá del peligro que significa para nuestros intereses argentinos en esas zonas -hablo de una zona estratégica: el paralelo 42-, ese aeropuerto ha sido habilitado al lado del área protegida llamada Puerto Lobos. Habilitar un aeropuerto de estas características -para Boeing 737 y aeronaves similares- al lado de un área protegida, cuyo objetivo es justamente proteger aves costeras, lobos marinos, ballenas, etcétera, es realmente un sinsentido.

Además, en este caso tampoco se ha cumplido con los presupuestos mínimos ambientales que establece la ley general del ambiente -a lo que hacía mención la señora funcionaria-, pues no se realizó una audiencia pública previa a semejante emprendimiento, como es un aeropuerto, en un área tan sensible. Tampoco hubo un estudio de impacto ambiental previo a la construcción del aeropuerto. Sin embargo, este último se construyó en menos de tres meses y fue autorizado por funcionarios nacionales y de nuestra provincia.

Quería mencionar esto porque estamos hablando de una obra estratégica en zonas de seguridad de fronteras. Ese grupo de inversión ahora está relacionado con una autorización para una obra hidroeléctrica en la zona del Lago Escondido; en este caso, para usar agua pública del río Escondido, que será vendido al Sistema Interconectado Nacional. En la actualidad, este es un tema de mucha relevancia y discusión pública en la provincia de Río Negro, es decir, cómo se autoriza el uso de aguas públicas para emprendimientos millonarios y después volver a venderle al Estado nacional sin que quede claro cuál es el beneficio que traerá a las comunidades de la zona.

Relacionado con esto, también podemos mencionar la venta de tierras a precios escandalosos. Estamos investigando lo ocurrido con algunas tierras fiscales porque hay denuncias de que se han vendido a 96 pesos la hectárea. Se trata de tierras fiscales que fueron transferidas a personas que a los pocos días o meses las vendían a sumas millonarias. De manera que esas tierras, todas ubicadas en áreas de seguridad de frontera, iban a parar otra vez a manos de estos grupos de inversión, que más o menos tienen los mismos integrantes.

Existe un informe de la Auditoría General de la Nación -que seguramente está en poder de todos ustedes- que señala las gravísimas irregularidades que existen en estos regímenes de previa conformidad. La resolución 166 del año 2009 crea excepciones a este régimen de previa conformidad en catorce provincias argentinas; en esto hay que tener mucho cuidado. En el caso de la provincia de Río Negro, toda la zona de Bariloche, El Bolsón y Las Grutas está dentro de ese régimen de excepción. Por eso se ha favorecido la compraventa de estas zonas por parte de esos grupos de inversión extranjeros.

Ya hay datos que indican que en esa zona hay más de mil permisos de compraventa de tierras por parte de extranjeros.

Creo que este proceso de extranjerización no es un proceso aislado sino que va atado a la situación que se está viviendo en toda la Patagonia -y creo que en todo el país-, de la privatización de los espacios públicos; de la privatización de las costas de los lagos, de los ríos, de la costa atlántica; la expulsión de las comunidades indígenas, porque en estas tierras vive gente. Se están vendiendo tierras con gente adentro. Creo que debemos detener este proceso.

Nosotros tenemos una situación emblemática en Río Negro -no solamente en la zona andina sino que también se refleja en el Alto Valle- con la desaparición de más de 1.074 productores agropecuarios en seis años a causa de remates por parte del Banco Nación.

Hay una fuerte arremetida en Río Negro. Junto con la Federación Agraria estamos trabajando para detener esos remates porque esas pequeñas chacras -el otro día le remataron una de 9 hectáreas a un productor de ochenta años de edad- en general van a parar a manos de grupos de inversión extranjeros.

Tengo muchísimos datos que quedan a disposición de todos ustedes. Quiero decirles que el trabajo que están haciendo con estos diez proyectos es un paso adelante. Hay que encontrar una solución de fondo. Las provincias después acompañarán, pero la gran decisión está aquí, en el Congreso de la Nación.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Dado que usted mencionó que tiene muchísimos datos para aportar, sería realmente importante que lo envíe a las presidencias de las comisiones para que los podamos distribuir entre los diputados y diputadas.

Tengo anotados para hacer uso de la palabra a los señores diputados Forte, Gribaudo, Cigogna y Chiquichano.

Tiene la palabra el señor diputado Forte.

SR. FORTE Es indudable que venimos ganando una batalla cultural, pero ahora hay que ganar la otra.

Cuando empezamos a hablar de la extranjerización de la tierra éramos unos pocos; muchas veces lo hacíamos en soledad. Nos tocó hablar y nos tocó aportar los mejores técnicos, desde nuestra participación sectorial o dirigencia sectorial en la Federación Agraria, para empezar a instalar este tema.

Lo empezamos a hacer en la mayor de las soledades. De a poquito empezamos a transitar el camino y en ese momento algunos diputados tomaron el proyecto como propio, por lo cual les estamos agradecidos. Fue así como en esta Cámara de Diputados se instaló el tema como para empezar el debate, como para empezar a incluirlo en esta batalla cultural que indudablemente venimos ganando.

Realmente es muy importante el informe que nos dio la diputada provincial -a quien le agradezco muchísimo su exposición-, porque el tema es muchísimo más grave de lo que se plantea.

La verdad es que todos deberíamos tener la tremenda capacidad que tienen los técnicos -cuya presencia valoramos- de poder de síntesis, que muchas veces nosotros no tenemos.

Sin dudas, hoy aquí hubo aportes valiosos. Vemos que finalmente el Ejecutivo -más vale tarde que nunca- empezó a tomar el problema en sus propias manos y a darse cuenta de la realidad. Cuando empezamos a plantear este tema, muchos nos decían que no había problemas porque en el Sur, por ejemplo, donde Benetton tiene la mayoría de las tierras, ahora los gobiernos provinciales en vez de renegar con unos cuantos reniegan con un solo y los pequeños productores son empleados de Benetton y están mejor que antes. Esto se nos plantea muchas veces. Pero lo importante ahora es que muchos se empiecen a dar cuenta de que hay que poner límites.

Obviamente, también hay que incluir el tema del medio ambiente. Junto con el diputado Orsolini hemos presentado un proyecto sobre extranjerización, pero también tenemos que hablar de la concentración de la riqueza y de una ley de arrendamiento. Por eso el tema del suelo y del medio ambiente es fundamental, más allá de quién sea el propietario de la tierra; coincido en esto.

En La Pampa tenemos 20 mil hectáreas en las que se siembra maní y no hay un solo productor manisero pampeano. Todos sabemos que el maní es exclusividad de una megaempresa llamada AGD, que es de propiedad del ex senador Urquía.

Realmente ese proceso de producción sin importar el factor suelo está permitiendo la voladura de algunos campos. Incluso, en algunos de ellos está tapada la torre del molino y solamente se ve la rueda. Todo eso está pasando.

Obviamente, tenemos que avanzar seriamente en la solución de este problema. La diputada de Río Negro planteaba la situación de su provincia, y cada una de nuestras provincias puede plantear lo propio. En La Pampa tenemos el problema del maní, el avance de los pools de siembra y la tremenda extranjerización de la tierra que existe. O sea, hay muchos ejemplos.

El gobierno provincial en su momento hizo un maravilloso plan ganadero que trajo como consecuencia un millón de cabezas de ganado menos en La Pampa. Cuando arrancamos había 6 millones de cabezas y cuando se implementó el plan ganadero pasamos a tener 5 millones. O sea que la verdad es que fue un plan ganadero exitoso para unos pocos.

Por ejemplo, en el caldenal de La Pampa hay campos de dos leguas -o sea, 10 mil hectáreas- que se vendieron a extranjeros para hacer cotos de caza privados. Ni siquiera se vendieron para una explotación comercial, sino para que un europeo venga una vez al año, tire dos tiros y se vaya. Esos campos totalmente productivos están en manos de extranjeros.

Entiendo que está en riesgo la soberanía por el tema de las zonas de seguridad frontera. Pero algún día también debemos empezar a discutir para qué las fuerzas armadas quieren tanta tierra y por qué les alquilan los campos a los pools de siembra en lugar de haber una política de Estado para que esas tierras sean trabajadas por pequeños y medianos productores.

La verdad es que en las fuerzas armadas se justificaba tener miles de hectáreas de campo porque había que guardar los caballos. Pero ahora para echarle nafta a la camioneta no hace falta tanto campo, no siendo lo que pasa en General Pico, donde tenemos un campo para que los generales del ejército hagan equitación, o no siendo los campos que siembra Gándara.

Por eso digo que hay una batalla cultural que venimos ganando. En mi provincia se sigue dando este proceso, como en tantos otros lugares, porque tenemos un gobernador que en la época del proceso militar era presidente del Banco de La Pampa nombrado por la dictadura, donde se implementó la 1.050 y se avanzó hacia la destrucción de los pequeños y medianos productores. Después fue cafierista, luego menemista y ahora es ultra "K", pero resulta que terminó confesando que pertenece a la derecha peronista.

El proceso es más o menos similar, porque realmente se viene aniquilando a los pequeños y medianos productores tradicionales para que otros se queden con la tierra. Esto está inescrupulosamente pensado: hay que destruir al que la tiene para conseguirla más barata.

Entonces, también tenemos que hablar de soberanía alimentaria. Todos sabemos que producir alimentos y vendérselos al mundo es un negocio fenomenal. Ahora bien, si permitimos que vengan empresas extranjeras a comprar la tierra para hacer su propia producción y llevársela, obviamente que vamos a generar miles y miles de toneladas de alimentos para el mundo pero no vamos a tener garantizada la soberanía alimentaria.

Valoro que estemos ganando la batalla cultural y también valoro que los diez proyectos vayan en esa línea. Quienes los hemos leído advertimos que hay bastantes similitudes en todos ellos. El núcleo central no difiere. Entonces, si hay voluntad política en serio, estamos muy cerca de tener un dictamen y poder llevarlo al recinto para su tratamiento.

Hoy vinieron aquí los técnicos con toda la buena voluntad del mundo, pero en la apretada síntesis que hicieron de los tratamientos, la pregunta de fondo -y no voy a preguntar por qué no se hizo antes porque no corresponde- es si realmente hay voluntad política del Ejecutivo para avanzar seria y rápidamente en este asunto o si es cuestión de incorporar un tema más en la agenda para sólo decir que se ha citado.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra el señor diputado Gribaudo.

SR. GRIBAUDO Señora presidenta: quiero felicitar la presencia de los funcionarios que nos visitan, aunque obviamente nos hubiese gustado escuchar al señor ministro. Comprendemos su estado de salud, y seguramente habrá otra oportunidad para recibirlo. Recuerdo que el señor ministro ha venido hace poco a la Comisión de Agricultura y Ganadería para discutir con nosotros algunos temas, lo cual es una actitud interesante luego de tanto silencio en esa comisión, que también me tocó integrar en la anterior composición de la Cámara.

Felicito también a los autores de estos proyectos. Nosotros veníamos trabajando en algunas provincias desde nuestro espacio político, el PRO, y estas iniciativas nos hicieron profundizar y detenernos en su análisis, para estudiarlas y compararlas tanto en su contenido como en su bibliografía, escuchando la visión del Poder Ejecutivo. Estimo que la semana que viene estaremos presentando el proyecto de nuestro espacio político.

Nosotros tenemos en cuenta que hay un fenómeno mundial de limitaciones a la compra de tierras por parte de extranjeros, algo respecto de lo cual nuestro país necesita una normativa. Asimismo, son necesarias reglas de juego que estén en línea con la Constitución Nacional y específicamente con lo que establece su artículo 20. De manera que no es lo mismo cualquier ley.

Por lo tanto, si bien comparto el espíritu, la vocación y las ganas que tiene siempre el señor diputado "Chito" Forte, no sé si tenemos que apurarnos tanto para que este tema llegue al recinto, pues debemos analizar diversas cuestiones que se vinculan con el tema legal y específicamente constitucional.

En este sentido, voy a formular dos preguntas concretas a los funcionarios que nos visitan. La primera tiene que ver con el tema del registro. Al respecto, a nosotros también nos surge como conveniente la existencia de un registro, pero debemos admitir que en nuestro país existen muchos: los Registros de la Propiedad Inmueble de las provincias, los registros catastrales, los registros fiscales por actividad, los registros de sociedades -Inspección General de Justicia, Inspección General de Personas Jurídicas-, el Registro de Comercio, etcétera.

Quisiera saber si actualmente el ministerio cuenta con un registro único donde figuren todos los datos que circulan en el país a través de los registros mencionados. Porque nosotros podemos proponer la creación de un registro mediante una ley, pero puede terminar convirtiéndose en un registro más entre todos lo que mencionaba antes. Entonces, sería bueno analizar cómo resumir toda esa burocracia para lograr que funcione.

Por otro lado, escuchaba recién al señor diputado Basteiro hacer un interesante aporte, referido a un listado de propietarios extranjeros, pero considero que debemos eliminar los prejuicios dentro del proyecto de ley. No sé si son los extranjeros los que hicieron el daño en la Argentina o si lo hicieron argentinos. Por otra parte, el tema de la concentración no es algo exclusivo de los extranjeros en nuestro país.

Entonces, considero necesario trabajar con normativas que no impliquen tener que ponernos de un lado o del otro. El extranjero ha venido a la Argentina con las reglas de juego, con la Constitución y con el resto de la normativa que nuestro país le ha dado para invertir, para producir y para hacer negocios.

El otro tema tiene que ver con los extranjeros que vinieron y qué pasa con los derechos adquiridos. Esta es una pregunta dirigida quizás al área legal de los funcionarios que nos visitan: qué pasa con los que ya están y con la aplicación de una eventual ley en este sentido. Seguramente algunas de estas iniciativas que he visto, las más duras, pueden llegar a generar alguna cuestión de orden legal con nuestro país, en el caso de aplicarse una ley de este tipo.

SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Tiene la palabra el señor diputado Cigogna.

SR. CIGOGNA Señora presidenta: los señores funcionarios del Ministerio del Interior dijeron que se realizaban inspecciones relacionadas con las tierras vendidas a extranjeros en áreas de frontera. Entiendo que esas inspecciones tienen por finalidad constatar el cumplimiento de algún tipo de obligaciones.

Lo que quiero preguntar es lo siguiente: ¿cuando se hacen estas escrituras de transmisión de dominio quedan sujetas al cumplimiento de algún tipo de condiciones? ¿Es un dominio imperfecto? ¿Es un dominio irreversible? ¿O el incumplimiento de las obligaciones acarrea sólo sanciones de tipo administrativo, como multas o lo que fuere?

SRA. PRESIDENTA CAMAÑO Tiene la palabra la señora diputada Chiquichano.

SRA. CHIQUICHANO Señora presidenta: quiero que reflexionemos un poco en conjunto. Celebro que en esta reunión estemos avanzando con esta situación tan preocupante como es el fenómeno de extranjerización de las tierras.

Siendo diputada en la provincia de Chubut presenté un proyecto inspirado en el que había trabajado la Federación Agraria, pero lamentablemente, aun siendo una legisladora oficialista, no tuvo tratamiento.

Creo que hoy se están dando las condiciones para avanzar en una legislación que frene este virtual saqueo. Tenemos una legislación permisiva. Yo nunca voy a decir que Benetton es un usurpador, aunque creo que no es legítimo que tenga 900 mil hectáreas en nuestro país.

Nuestra legislación es permisiva, pero también es cierto que los extranjeros adquieren tierras porque los malos argentinos venden. Y este es el dolor que tengo. En el caso de Chubut, el Estado argentino entregó una legua a cada extranjero en los mejores lugares; no en donde quedáramos los pueblos originarios. A los nietos y bisnietos respectivos no les pagaron un solo centavo.

Están haciendo negocios inmobiliarios. Esta es una cuestión ética.

Antes nos conquistaron con el Remington y el alambrado. A los pueblos originarios nos pasaron los alambrados, tanto los extranjeros como los nacionales. Hoy, con las leyes tan permisivas que tenemos, no lo necesitan. Por eso nosotros, como legisladores, tenemos la obligación cívica y moral de avanzar en un proyecto para poner freno a todo esto.

Cuando el Preámbulo de la Constitución Nacional habla de todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino se refiere a todos aquellos extranjeros que llegaron con sus familias, se quedaron en estas tierras y junto a sus hijos y nietos aportaron al engrandecimiento de la patria. No se refiere a los magnates o grupos concentrados de poder que acaparan nuestros recursos y compran las mejores tierras, sobre todo aquellas en donde hay agua porque saben que es un bien escaso. ¿Por qué no se aprobó el agua como derecho humano en Estambul? Porque el agua se vende, y si no logramos que el acceso al agua dulce sea un derecho humano fundamental se va a convertir en una mera mercancía.

Como se ha dicho hoy aquí, se pone en riesgo la soberanía territorial, y fundamentalmente, la soberanía alimentaria. Mientras grupos concentrados de poder acaparan nuestras mejores tierras, las costas de los lagos y los ríos, como legisladores tenemos la responsabilidad moral de restituir a nuestros hermanos tierras aptas y suficientes, como lo establece la Constitución Nacional.

Por eso pedí la palabra, porque quiero reflexionar sobre estas cuestiones de fondo. Debemos decir "no a la concentración de tierras a extranjeros", que realmente ponen en riesgo nuestra soberanía territorial y alimentaria.

Hay algunas cuestiones técnicas, como el tema de los registros, que tenemos que resolver. La cuestión de los derechos adquiridos también es otra preocupación.

Pero lo fundamental es poner límites a los emprendimientos extranjeros en determinadas áreas, como puede ser la construcción de hoteles de lujo para los ricos del mundo que necesitan suntuosidad. Nosotros les podemos ofrecer un hotel más sencillo o una carpa, porque esta es nuestra cultura. Como dijo San Martín cuando iba con nuestros hermanos los indios, "vamos a andar en pelotas pero vamos a declarar la independencia".

Entonces, vamos a usar lo que tenemos. Esta es nuestra cultura, éste es nuestro bien, éste es nuestro orgullo.

Nosotros tenemos una gran responsabilidad con el presente pero también con las futuras generaciones. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las futuras generaciones?

Celebro este momento porque creo que este día va a ser un hito histórico para la legislación argentina. Debemos sancionar una ley que limite en forma severa; de lo contrario, les vamos a permitir comprar un cuarto de país. Muchos articulados hablan de un porcentaje, y esto también es preocupante, porque es decirles "un cuarto del país puede ser de ustedes".

Agradezco a los colegas y a los funcionarios que vinieron aquí por sus conceptos, que para mí fueron muy útiles.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra el señor diputado Merlo.

SR. MERLO Quiero realizar dos preguntas. La primera de ellas es qué provincias tienen leyes referidas a este tema.

La segunda cuestión es la siguiente. No sé si conocen la ley que sobre este tema tenemos en mi provincia, San Luis, desde el año 2009, pero me gustaría saber si tienen alguna sugerencia para hacernos en razón de que la semana que viene vamos a presentar un proyecto similar.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Dado que no tengo más legisladores anotados, la propuesta es darle la palabra a los funcionarios para que hagan las reflexiones pertinentes y después contesten las preguntas que se hicieron.

Tal como lo estuvimos conversando con la señora diputada Camaño, la idea es hacer cuanto antes una reunión conjunta de asesores. Como es muy difícil manejar reuniones de asesores de tres comisiones y seguramente no vamos a poder elaborar un texto allí, sería importante que los diputados y diputadas comuniquen a sus asesores los temas centrales que creen que tienen que estar en la ley y los temas respecto de los cuales hay dudas. Digo esto para que los presidentes de las comisiones podamos identificar los puntos de consenso y los puntos de debate.

Con eso, ya vendríamos a una reunión de debate de diputados para luego dictaminar. Este sería un camino. Para ello es muy importante que los diputados y diputadas colaboren con los asesores para que vayan a la reunión con la posición del diputado ya tomada y con las dudas o cuestionamientos que puedan existir.

Los presidentes de las comisiones vamos a ver las fechas en que se puede realizar la reunión conjunta de asesores y luego la reunión de debate de diputados y diputadas.

Tiene la palabra el doctor Barbosa Moreira.

SR. BARBOSA MOREIRA Voy a tratar de recordar el orden de las preguntas y los diputados que las formularon.

Con respecto a los informes, me comprometo a acercar durante esta semana a la comisión los que tengamos hechos. Quiero que sepan que es una actividad que empezamos a realizar hace aproximadamente un año, porque es algo que no se hacía.

Voy a acompañar todos los informes de Gendarmería, al igual que toda otra documentación que ustedes quieran, como las transferencias que se hicieron, los nombres de los titulares, las zonas y destinos. O sea que les voy a dejar acá toda la información.

En cuanto a lo manifestado por el señor diputado Basteiro, quiero agradecerle las consideraciones que hizo sobre la resolución y cómo se está aplicando ahora. Por eso, yo mencionaba las bondades que tienen los proyectos que estuve viendo. Hoy estamos haciendo exactamente lo que dijo el diputado: estamos terminando los informes, ya hemos hablado con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y lo elevaríamos al procurador general de la Nación.

Por supuesto que si tuviéramos un régimen de nulidades específico sería muchísimo más simple nuestro trabajo y mucho más fácil buscar las sanciones concretas cuando no se cumple.

Respondiendo al otro diputado sobre el tema del dominio, una vez que está inscripto es un dominio perfecto. Ante un incumplimiento, no tengo otra alternativa que plantear una nulidad, lo que generalmente se da en los casos de planes de inversiones; hay que ver la gravedad de lo sucedido.

Con respecto a las consideraciones y consultas que hizo la legisladora provincial, de acuerdo con los informes que tengo desde 2007 a la fecha, no hemos autorizado una sola transferencia en la provincia de Río Negro. Puede haber transferencias anteriores; nosotros estamos tratando de consolidar la base. Reitero que no ha habido ningún tipo de autorización en la provincia de Río Negro de venta de tierras a personas físicas o jurídicas extranjeras. Los registros están abiertos y se los podemos acercar.

Obviamente que el tema del aeropuerto nos preocupa a todos. Esto es autorizado por el Ministerio del Interior. Es un trámite que se hace en el Ministerio de Defensa. Nosotros no tenemos intervención ni consulta; solamente intervenimos previamente a que se haga la transferencia.

Acá hubo muchas preguntas con respecto a los registros, como las del diputado del PRO. Las normas en curso hacen referencia a una base única. Nosotros hemos mandado notificaciones a todos los catastros provinciales y la mayoría de ellos nos han dicho que no están informatizados y que no tienen posibilidad de informatización o de procesar los datos. Al no haber sido llevados muy ordenadamente estos últimos, hoy es muy difícil saber exactamente cómo son todas las posiciones y los dominios de tierras extranjeras en zonas de frontera.

Por eso, vuelvo a decir que respecto de ese tema aliento que salgan estas normas y los felicito, porque es lo que realmente estamos necesitando. Pero esto también requiere el acompañamiento de los gobiernos provinciales a fin de fortalecer los registros y contar efectivamente con la información.

En la mayoría de los casos hay abusos; es muy probable que la inscripción se haga con complicidad del escribano sin que Catastro inscriba y sin pedirnos autorización previa. Esto vuelvo a decirlo por el reciente caso en La Rioja, que suspendimos.

Creo que ya contesté básicamente todas las preguntas. Si me faltó alguna respuesta, pido disculpas. Les agradezco muchísimo a todos.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Quiero agregar que también es idea de las comisiones consultar a los distintos organismos del Poder Ejecutivo -como había propuesto el señor diputado Orsolini- para la redacción de los textos y demás.

Tiene la palabra el señor diputado Merlo.

SR. MERLO Entiendo que el funcionario no contestó lo que le he preguntado.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Lo que pasa es que usted pidió una opinión sobre una ley provincial, y -según el temario de hoy- no hemos convocado a los funcionarios para eso.

SR. MERLO Yo formulé dos preguntas, señora diputada. La primera es si conocen qué provincias tienen leyes sobre este tema. Si no lo saben o no quieren opinar...

Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. BARBOSA MOREIRA En cuestión de seguridad de fronteras, puede haber leyes de restricción provinciales pero no las conozco. Le pido disculpas. Puede haber leyes provinciales, pero excederían si se refieren a la seguridad porque es de competencia exclusivamente nacional.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra el doctor Vitale.

SR. VITALE En cuanto a lo que manifestaba la señora diputada, nosotros entendemos que los tratados bilaterales de inversión son inconstitucionales.

También entendemos que este proyecto se podría encuadrar en el marco de la interpretación del artículo 27 de la Constitución Nacional y de los artículos 1º y 2º de la Convención de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En cuanto a los aportes que podríamos hacer, nosotros estamos terminando de cerrar un conjunto de ideas que le hemos remitido al ministro de Agricultura en el día de ayer, aunque como está enfermo todavía no ha podido hacernos una devolución al respecto. No obstante ello, podría mencionarles algunas de esas ideas.

Uno de los temas que tal vez habría que pensar es si a la hora de legislar se van a tener en cuenta los derechos de los naturales de países limítrofes. Una de nuestras ideas es tratar ese tema por la recíproca, pero es algo que habrá que analizar.

Otro aspecto es el vinculado con los registros, al que se refería hace instantes el señor diputado Gribaudo. Es verdad que hay muchos registros y mucha información suelta en los distintos niveles del Estado. En materia de tierras básicamente la información gruesa está en poder de las provincias. El gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia, está intentando generar un registro de segundo grado, en donde se vuelque la información de los registros provinciales. Y ahí es donde aparecen los problemas -como opinaban nuestros colegas del Ministerio del Interior-, porque la información no está digitalizada; en muchos casos está en soporte papel, en algunos casos no existe, y en otros, hay serios problemas con la parte (geométrica) de la información. Tenemos tierras que hoy no tienen propietarios registrales, pero que tienen poseedores de doscientos años, que son sus legítimos propietarios.

Ese es el trabajo que hay que hacer para adelante, y nosotros proponemos llevar a cabo un relevamiento o una especie de censo rápido sobre la situación en las provincias.

Esto nos lleva a la segunda pregunta: qué hacemos con los derechos adquiridos y las situaciones ya existentes. La primera respuesta es que hoy no sabemos cuántos, quiénes ni dónde, y este es un tema que debería analizarse a futuro. No creo que hoy se pueda incorporar la posibilidad de legislar hacia atrás, porque realmente el Estado no cuenta con la información necesaria, o por lo menos nosotros todavía no la tenemos a partir del relevamiento que estamos haciendo.

Otro tema a analizar como aporte es el de la autoridad de aplicación de esta ley, si debería existir y cómo debería estar compuesta o integrada. Nosotros imaginamos una ley de adhesión, es decir, una norma a la cual las provincias luego adhieran, y en ese caso habría que ver cómo se puede plantear este tema.

En cuanto a las zonas estratégicas, como decía el señor diputado Forte, por supuesto que no es lo mismo un terreno del Ejército para remonte de caballería que la Base Naval General Belgrano emplazada en Bahía Blanca. Son dos cosas distintas, con importancias estratégicas diferentes. Y en este tema consideramos que debería opinar el Ministerio de Defensa.

Lo mismo ocurre con las redes de distribución de energía.

En cuanto a la voluntad política, nosotros no estamos habilitados para opinar al respecto, dado nuestro carácter técnico. Pero lo que sí podemos mencionar es que nuestro Ministerio viene avanzando en un plan general estratégico agroalimentario, en el cual están participando muchos sectores de la sociedad -como universidades, empresarios, el Consejo Federal de Ministros y algunas entidades agropecuarias-, y ahí también está instalado el tema de la tierra y básicamente el relativo al futuro de la Argentina. Una de las herramientas fundamentales para el futuro de nuestro país es lo que nosotros denominamos la producción biológica de la Argentina. Este es un tema bastante amplio e importante, que tiene desarrollo en el mundo.

En cuanto a la pregunta del señor diputado Merlo, no tenemos aquí la información provincial. Contamos con un equipo de abogados que está trabajando en un relevamiento. Entendemos que las provincias de San Luis y de Entre Ríos son las que están más adelantadas en este análisis normativo.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Simplemente quiero decir que la decisión política es nuestra. La verdad es que los que estamos legislando somos nosotros. De manera que elaboraremos nuestro proyecto de ley, le daremos la sanción pertinente y demostraremos nuestra vocación política. Como se ha dicho aquí, el Poder Ejecutivo tiene que aplicar las leyes que dictamos nosotros.

Tiene la palabra el señor diputado Forte.

SR. FORTE Simplemente quiero decir lo siguiente. Valoramos el aporte técnico que hace el Poder Ejecutivo, pero también reconozco lo que usted dice, señora presidenta, en cuanto a la independencia de poderes, que es muy valiosa y hay que respetarla.

También quiero hacer una aclaración. Cuando yo hablaba de las tierras de las Fuerzas Armadas, por supuesto que no me refería a aquellas tierras que son estratégicas y para uso de esas fuerzas. Me refería a las tierras ociosas, como en el caso de La Remonta. Se trata de más de 10 mil ó 12 mil hectáreas que están alquiladas a uno o dos pools de siembra, en el riñón de la Pampa Húmeda -en tierra sojera-, a un precio muy barato. Recuerdo que apenas asumió la actual ministra de Defensa, desde Federación Agraria le acercamos una propuesta para colonizarla o alquilarla en fracciones de unidad económica para hijos de productores o para profesionales que se inician con el objetivo de democratizar esas tierras. Nos felicitó por la iniciativa, pero se ve que todavía sigue reflexionando.

SRA. PRESIDENTA IBARRA Propongo que avancemos con la reunión de asesores. Vamos a mandar las correspondientes invitaciones.

Les agradecemos la presencia a todos los invitados, en especial a la legisladora provincial.

Queda finalizada la reunión conjunta.

- Es la hora 13 y 16.

Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina | Congreso de la Nación Argentina | Av. Rivadavia 1864 - Ciudad Autónoma de Bs. As. (C.P.C1033AAV) | + 54 11 6075-7100

Nota: La información contenida en este sitio es de dominio público y puede ser utilizada libremente. Se solicita citar la fuente.