La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio a la aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos de América de una ley que contempla sanciones comerciales a funcionarios venezolanos violatoria del derecho a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, poniendo de manifiesto, que el propio Estados Unidos no ha suscripto a la fecha ninguno de los tratados internacionales protectorios de los Derechos Humanos y no ha tomado medidas para investigar y reparar las gravísimas violaciones cometidas dentro y fuera de su territorio, como las que da cuenta el último informe del Senado norteamericano.

Señor presidente:

La República Bolivariana de Venezuela ha sido agraviada una vez más en la arremetida de la cual hace culto los Estados Unidos de América para amedrentar a los países con gobiernos populares que impulsan políticas de desarrollo e inclusión a favor de su pueblo y no se alinean con su política de sumisión.

Es falso que los funcionarios hayan participado en hechos violatorios de Derechos Humanos, y es falso que tengan bienes o capitales en Estados Unidos, es una campaña para desprestigiar al país. Además esa ley es ilegal porque atenta contra la soberanía venezolana.

Las sanciones comerciales, apelar a cuestiones de seguridad, o la denuncia unilateral de supuestas violaciones a los derechos humanos, que nunca son comprobadas son excusas viejas y conocidas utilizadas para crear un clima desestabilizante y las condiciones para intervenir en los asuntos internos de otro país.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechazó categóricamente la mención a Venezuela contenida en el documento "Estrategia de Seguridad Nacional para 2015" por atentar contra la paz, la democracia y la estabilidad mundial. En 2010, el presidente Obama había abandonado la teoría de la "guerra preventiva" desarrollada por George W. Bush en la década del noventa y ahora abandono el proyecto de "rediseño del Medio Oriente ampliado". Este modus operandi aleccionador es utilizado por el imperio para sojuzgar a los pueblos latinoamericanos y otros países del mundo que no se alinean con Washington. De esa manera, logran impedir, retrasar o boicotear su crecimiento, desarrollo y consecuentemente la independencia económica de los gobiernos nacionales y populares afectando su soberanía política. En definitiva es un modo encubierto de intervención por parte de los Estados Unidos en los asuntos internos de otros estados, por ello no podemos permitir que se soslaye la soberanía de Venezuela, adoptando medidas de injerencia en asuntos que son internos de Venezuela, por lo cual expresamos nuestro enérgico repudio a tal actitud.

La política exterior estadounidense hacia América Latina obedece a un concepto imperial, a una doctrina llamada el destino manifiesto, donde la soberanía y la autodeterminación están sujetas a criterios que ellos han definido arbitraria e ilegalmente.

Podemos nombrar muchos casos donde se producen graves violaciones de los derechos humanos como es el caso del Estado de Israel contra el pueblo Palestino donde Estados Unidos no ha realizado una sola denuncia del genocidio se perpetra a diario contra el pueblo palestino y la usurpación indebida de su territorio por parte del Ejercito israelí. Sin mencionar que el Estado de Israel ha legalizado la tortura en algunos casos y autoriza a los soldados a disparar a cualquier persona no pueda ser inidentificada en la vía pública.

Otros ejemplos de los encontramos en los casos de Rusia, China, Corea del Norte e Irán.

Esto denota la existencia de un doble Standard, o una doble moral ya que los Estados Unidos se muestra aparentemente preocupado por la vigencia de los Derechos Humanos pero no ha ratificado ninguno de los Tratados Internacionales protectorios de los Derechos Humanos, y más grave aún todavía existe la aplicación de pena de muerte en algunos estados de Norteamérica.

La visión del imperio norteamericano ataca y se contrapone a los recientes procesos de integración y liberación de los pueblos, materializados en organismos como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba-Tcp), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

No ha suscripto el protocolo de Kyoto sobre el Cambio climático porque son el país que más emisión de dióxido Carbono emana por su alta industrialización, firmaron pero no han ratificado la Convención Interamericana de DDHH (Pacto de San José de Costa Rica), no han suscripto el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional en la Haya para juzgar a los autores de delitos de lesa humanidad, entre otros instrumentos internacionales que no han acompañado.

Por lo cual queda clara que su "infundada preocupación" explicita por la supuesta violación de derechos humanos en un país democrático, con un gobierno electo por la voluntad popular con una Constitución ampliamente inclusiva de los sectores más vulnerables como lo es la República Bolivariana de Venezuela, no es otra cosa que una maniobra política para intervenir en los asuntos internos de Venezuela.

Ante este tipo de conducta injerencista adoptada por los Estados Unidos debemos denunciarla y repudiarla enérgicamente porque es el comienzo de una política de intervención que de manera consiguiente como se ha vivido en otros países de la región trae aparejado el intento de golpe de Estado contra gobiernos electos por el pueblo de orientación popular. Por ello convocamos a que se respeten los principios del derecho internacional y los preceptos establecidos en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

En el plano regional y previo a la Cumbre Presidencial del Mercosur, desarrollada en nuestro país, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos; el entonces canciller de Venezuela, Rafael Ramírez declaró: "Venezuela denunció la injerencia de Estados Unidos en nuestros asuntos internos a través de la aprobación por parte del Congreso norteamericano de un conjunto de sanciones contra nuestro país y pueblo que no vamos a aceptar (...) Ha llegado el momento de decirle basta a Estados Unidos, un país que tiene una doble moral, que justamente se enuncia en su propio organismo el ejercicio de la tortura como una práctica cotidiana, un país que se abroga el derecho de bombardear e intervenir donde le da la gana".

El pueblo de Venezuela se ha pronunciado en rechazo a la actitud "injerencista" de Washington, convocado por su presidente Nicolás Maduro, en la concentración acontecida el lunes 15 de diciembre de 2014.

Asimismo, en la XIII Cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de las Américas (ALBA), el pasado 14 de diciembre en la Ciudad de la Habana, Cuba, los presidentes de los estados presentes expresaron su apoyo y solidaridad a Venezuela y Cuba, frente a los "intentos desestabilizadores" de Estados Unidos.

En la Cumbre del Mercosur, el presidente Nicolás Maduro también ha expresado su rechazo a las medidas intervencionista del congreso norteamericano, por lo que no dudamos que de las conclusiones surja el apoyo expreso de los países miembros a la posición venezolana.

Y finalmente, el lunes 9 de febrero del corriente, los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se reunieron en Montevideo, Uruguay, para ratificar su respaldo a Venezuela ante las acciones injerencistas por parte de Estados Unidos, en una maniobra que pretende quebrantar la estabilidad del Gobierno bolivariano.

Esto demuestra que el pueblo Latinoamericano y sus respectivos gobiernos son consecuentes con sus discursos y acciones para frenar el intento de avance de Estados Unidos en la región.

En tiempos en que los americanos todos celebramos el acercamiento de los EE.UU. a Cuba, así como el avance histórico de las conversaciones de paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC, resulta repudiable esta actitud para con la República Bolivariana de Venezuela, ya que lejos de señalar algo cierto, se basa en la decisión de algunos grupos de poder de desestabilizar un gobierno democrático.

Por todo lo expuesto, esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación se solidariza con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, repudiando firmemente la agresión del congreso de Estados Unidos, cuya ley que promueve sanciones financieras contra funcionarios venezolanos, constituye una infamia más contra la soberanía y el derecho a la libre determinación de nuestros pueblos, por lo que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.