La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Promover juicio político contra el señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto D. Héctor Marcos Timerman (DNI 11.179.478), por las causales de mal desempeño de conformidad con lo que dispone el artículo 53 de la Constitución Nacional.

Señor presidente:

Al cumplirse el 20° aniversario del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), frente al prácticamente unánime reclamo de la comunidad judía, con el evidente respaldo del país entero, las precisiones de los expertos constitucionalistas y las decisiones de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional sala I en la causa AMIA s/ amparo - Ley 16986, la cual con fecha 15 de mayo de 2014 declaró la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento suscripto con la República Islámica de Irán y de la ley mediante la que fue aprobada, en razón de no gozar ese instrumento de jerarquía constitucional y acoger, en su texto, términos cuyo alcance resultan palmariamente opuestos a nuestra Ley Fundamental, por los siguientes motivos:

1.-Corresponde hacer lugar a la acción de amparo interpuesta y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento suscripto entre el gobierno nacional y uno extranjero sobre temas vinculados a un ataque terrorista sufrido en nuestro país, y su ley aprobatoria, ordenando de modo preventivo, en virtud de las medidas cautelares que los incidentistas solicitaran, comunicar lo resuelto al Poder Ejecutivo Nacional -Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto- a fin de que no se dé comienzo a la ejecución del Memorándum -ley 26843 - mientras transiten las eventuales vías recursivas, pues convalidar lo actuado por el Ministerio de Relaciones Exteriores importaría admitir la indebida intromisión en cuestiones ajenas a su competencia constitucional y, en consecuencia, aceptar una violación flagrante a la división de poderes ínsita en el sistema republicano de gobierno (art. 1 ), que constituye uno de los principios de derecho público establecidos por la CN que los otros poderes del Estado debían respetar -también- en su misión de afianzar las relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras (art. 27 ).

2.-De entrar en vigencia el Memorándum de Entendimiento suscripto con el gobierno extranjero, conforme al mecanismo que establece, generará derechos y obligaciones recíprocas entre ambas naciones respecto de una materia que atañe de forma exclusiva a la competencia constitucionalmente asignada al Poder Judicial, condicionando de un modo relevante el ejercicio independiente de la función jurisdiccional, la autonomía del Ministerio Público y el derecho a la jurisdicción de las víctimas, con los múltiples conflictos e inconvenientes adicionales que ello traerá aparejado.

3.-Es deber de los magistrados de efectuar el examen de constitucionalidad de las normas en la medida en que ese mecanismo constituye una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos reconocidos en la Constitución contra los posibles abusos de los poderes públicos.

4.-Así como la jurisprudencia de la CIDH ha establecido que los órganos del Poder Judicial deben descalificar de oficio las normas internas de cada país que se opongan a las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, igualmente deben descalificarse de oficio las normas que se oponen a la Constitución Nacional.

5.-Dada la naturaleza del Memorándum de Entendimiento suscripto con un país extranjero en relación a un ataque terrorista sufrido en nuestro país, el riesgo o peligro de que su implementación torne abstractos o inexigibles (o, si se quiere, inoperantes por el efecto inevitable del tiempo sobre la prueba pendiente en la causa) los requerimientos de asistencia judicial cursados, y que asimismo resulte afectada la independencia de la jurisdicción y la autonomía del Ministerio Público o los derechos de las víctimas.

6.-Resulta factible analizar la validez de este Memorándum de Entendimiento suscripto con un gobierno extranjero en tanto se han denunciado múltiples agravios de índole constitucional con estrecha vinculación a la causa judicial iniciada con motivo del atentado perpetrado.

7.-Las negociaciones diplomáticas que culminaron con la suscripción del Memorándum de Entendimiento, dejaron de lado el real conflicto existente en torno a una asistencia judicial que fue requerida por el Juez de la causa y negada hasta el momento por el gobierno extranjero. En lugar de abocarse a dicho conflicto procurando la formulación de mecanismos que hicieren posible concretar dicha asistencia de un modo respetuoso para la soberanía y las leyes de ambos Estados, se acordó en realidad otro procedimiento que resulta sustituto de la averiguación de la verdad y de la determinación o descarte de las responsabilidades penales en relación al hecho del atentado. El acuerdo alcanzado se tradujo en la creación de una Comisión cuyas potestades y funciones invaden la esfera de la jurisdicción, condicionando sus decisiones

8.-El Memorándum de Entendimiento se ubica lejos de lo dispuesto en el art. 18 CN., en cuanto prohíbe el juicio por comisiones especiales o la separación de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa (en el caso, se declaró la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento suscripto con un gobierno extranjero y la ley que lo aprobó).

9.-El procedimiento previsto en el Memorándum de Entendimiento, no hace más que excluir al juez que a la actualidad interviene en la sustanciación de la causa en la que se investiga el atentado, vulnerando, de ese modo, el principio constitucional del juez natural e imparcial.

10.-El memorando de entendimiento desconoce la personería que en su rol de querellantes les fue reconocido a los damnificados para actuar en defensa de sus derechos en el marco del proceso penal instituido por imperio de ley. Su protección no sólo ha sido garantizada en diversos pasajes de nuestro texto constitucional, sino que también ha sido receptada ampliamente en la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal al reconocer, en la garantía del debido proceso legal consagrada por el art. 18 de la CN., el resguardo y el aseguramiento indispensable a todos los litigantes por igual, del derecho a obtener una sentencia fundada, previo juicio llevado en legal forma.

11.-La oscuridad y la gravedad que revisten los términos empleados en el Memorando de Entendimiento suscripto entre un gobierno extranjero y nuestro país y, peor aún, la verdadera esencia del organismo que el acuerdo ha de engendrar, no harían más que comprometer el derecho a la justicia imparcial, el derecho al debido proceso, el derecho de igualdad ante la ley, el derecho a la protección judicial y a las garantías judiciales, previstos todos ellos en instrumentos jurídicos internacionales que gozan de jerarquía constitucional en nuestro derecho interno.

12.-Corresponde al juez de grado interviniente la decisión vinculada al modo en que habrá de proseguirse con la investigación del atentado. Abrir un ámbito de debate para la implementación de un procedimiento que regule el juicio en ausencia para este caso es algo que no solamente excede el objeto que fue sometido por las partes a conocimiento de este Tribunal; si la Corte Suprema ha considerado compatible el juicio en ausencia con la Constitución Nacional; si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que ello no violaba disposición alguna de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entonces no procede aguardar un trámite parlamentario (del voto del Dr. Ballestero).

Se comprueba empíricamente que el Memorándum no ha aportado ninguna solución o avance a la causa AMIA y cabe dar por ciertas y hacer propias las expresiones del ciudadano Luis Czysewski, quien en representación de familiares de las víctimas en el acto de recordación del atentado a la mutual de la calle Pasteur 633 de Buenos Aires donde fallecieron 85 personas, calificó al memorándum de entendimiento con Irán como "un gravísimo error diplomático" y "un penoso acuerdo".

"Nuestros muertos piden justicia, no acuerdos", aseveró Czyzweski, al tiempo que sostuvo que "tanto el Gobierno como la oposición están convencidos de que el memorándum es inútil, no sirve para nada y que su firma fue un error político y diplomático de magnitud".

Agregó: "Le pedimos al Gobierno y a la oposición que asuman el compromiso de votar la derogación de la ley que aprobó el memorándum, pero que se haga sin que exista el pase de facturas políticas".

Finalizó diciendo que Irán "tiró al tacho de basura" el acuerdo firmado hace un año y medio con la Argentina porque no logró que se levantaran las órdenes de captura contra los ciudadanos de ese país sospechados de haber planificado el atentado.

Por los fundamentos expuestos, oportunamente presenté un proyecto de ley de mi autoría 5722-D-2014, promoviendo la derogación de la ley 26.843.

No podía suponer siquiera ni en un mal plagio del delirio de Juan en su destierro de Patmos, como dijera en un discurso Gabriel García Márquez, que en enero de 2015 iba a acontecer la denuncia del fiscal Nisman contra la presidente de la Nación, su ministro de Relaciones Exteriores y algunos oscuros personajes de la mala política llamados D´Elía, Larroque, Khalil o Esteche y un antiguo magistrado como Yrimia que serpentea en las cornisas mismas de la legalidad.

Menos aún, que 5 días después de la denuncia el fiscal iba a aparecer muerto de manera misteriosa, antes de concurrir a informar a la comisión de Legislación Penal de esta Cámara.

Esa es la peor de las noticias, que nos retrotrae a tiempos pretéritos donde la muerte funcionaba como reguladora de la actividad política. Hasta ahora sólo hemos escuchado absurdos como formularle preguntas al muerto, sembrar dudas sobre su vida privada, promover relatos sobre autoría de la denuncia o regreso precipitado o no del continente europeo.

Nuestro canciller encabeza en soledad el ranking de peores inquilinos del Palacio San Martín. Si uno compara prohombres modélicos que supieron manejar nuestra política internacional (Montes de Oca, Zeballos, Drago, Saavedra Lamas, Bramuglia, Zavala Ortiz, etc.) con el lamentable señor Timerman, no puede dejar de sentir dolor.

Luego de la denuncia de Nisman, el canciller se encargó de defenderse torpemente y así aseguró que la denuncia es falsa. Sostuvo que hizo todo lo posible para ayudar con la investigación sobre el atentado a la AMIA, y defendió el acuerdo firmado con Irán.

El canciller Héctor Timerman aseguró que tiene "sobrada evidencia para demostrar que la acusación" que hizo el fallecido fiscal federal Alberto Nisman sobre un presunto plan de impunidad con Irán "es falsa". "Puedo decir que hemos hecho todo lo posible, la Presidenta (Cristina Kirchner) y yo, para ayudar al juez a llevar justicia a las víctimas del atentado. Tengo sobrada evidencia para demostrar que la acusación era falsa, o al menos incorrecta", sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores.

Asimismo, el funcionario nacional negó que la firma del Memorándum con Irán haya sido para obtener petróleo a cambio de granos, carne e impunidad, como señalaba la denuncia del titular de la Unidad Especial AMIA. "Cualquiera que sepa algo del negocio del petróleo sabe que la Argentina no puede usar el petróleo iraní, porque es un petróleo muy pesado y no podemos procesarlo", explicó Timerman.

Tras rechazar la imputación, el ministro destacó que "hay una ley en Irán que prohíbe la extradición de ciudadanos iraníes, así como hay una ley en la Argentina que prohíbe el juicio en ausencia. Entonces, la única manera de avanzar era firmando un acuerdo con Irán que permitiera que el juez argentino fuera a Teherán para interrogar a los sospechosos". Consultado acerca de si creía que los acusados iraníes habían sido quienes perpetraron el atentado, Timerman respondió: "A menos que haya un juez que diga esta persona es culpable y ésta es la pena, no importa lo que yo crea. Hice lo que hice porque confié en la investigación de Nisman. Por eso es que estaba ayudando al juez a ir a Teherán para usar la evidencia de Nisman contra los iraníes".

"Yo no puedo decir que los iraníes son culpables. Como una persona que fue perseguida (durante la dictadura), no puedo juzgar a alguien, a menos que haya un juez que diga que tal persona es culpable o inocente. Entonces, tengo que esperar hasta que el juez aclare quién está detrás del ataque", afirmó.

Esto resulta de la mayor gravedad teniendo en cuenta que el hecho denunciado por el doctor Nisman, es el atentado terrorista perpetrado en la sede de la AMIA, que ha sido judicialmente declarado crimen de lesa humanidad y calificado como genocidio por el juez que entiende en la causa.

Por ello, solicito la apertura del procedimiento de juicio político incoado para determinar el presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones del señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto D. Héctor Marcos Timerman y requiero para ello el acompañamiento de mis pares, dejando reservado el derecho de ampliar hechos y causales ante las circunstancias en curso.