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LEY DE ENSEÑANZA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO

ARTÍCULO 1°- Finalidad- La presente ley tiene por objeto promover el acceso a conocimientos teóricos en el ámbito escolar, que permitan a los estudiantes de la escuela secundaria, a partir de los 16 años, contar con las herramientas y saberes sobre la seguridad vial y la interacción responsable en la vía pública, con el objetivo de la prevención de siniestros viales y la reducción de su morbimortalidad.

ART. 2° -Ámbito de Aplicación- La presente ley se aplica en todo el territorio nacional. El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizan el acceso a los conocimientos necesarios en las instituciones educativas de gestión estatal, privada, gestión cooperativa y gestión social y de todas las modalidades, para que los estudiantes de nivel secundario accedan a la educación para la seguridad vial y se les facilite el aprendizaje de conceptos relativos a la responsabilidad peatonal y vehicular en el marco de una convivencia democrática en el espacio público.

ART. 3º- Examen de contenidos teóricos- Las instituciones educativas deberán constituir talleres extracurriculares para los estudiantes de nivel secundario a partir de los 16 años de edad, cuyo objeto de estudio serán los contenidos teóricos necesarios para acceder a la Licencia Nacional de Conducir, en el marco de lo que establecen las leyes 24.449 de Tránsito y su modificatoria, la ley 26.363, y sus respectivas normas reglamentarias. Al final de los mismos, los estudiantes deberán realizar un examen de los contenidos teóricos, que habilitará a la continuación de los trámites necesarios para la obtención de la Licencia Nacional de Conducir ante la autoridad competente.

ART. 4°- Autoridad de Aplicación- El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la presente ley, la que tendrá las siguientes funciones:

Definir, en acuerdo con el Ministerio del Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación, las características y duración de los talleres extracurriculares así como los contenidos, textos y materiales audiovisuales acordes al nivel y a las distintas modalidades educativas para el aprendizaje de los conocimientos teóricos necesarios para acceder a la Licencia Nacional de Conducir, en el marco de lo que establecen la ley 24.449 de Tránsito y su modificatoria, la ley 26.363, y sus respectivas normas reglamentarias.

Asistir a las jurisdicciones en la implementación de la enseñanza de la seguridad vial para la obtención de la Licencia Nacional de Conducir en las instituciones de nivel secundario, de todas las modalidades y tipos de gestión, en los términos que se establecen en la presente ley.

Reglamentar la acreditación del examen final de contenidos teóricos y el trámite necesario para, bajo esta modalidad, acceder a la Licencia Nacional de Conducir.

Generar y distribuir materiales didácticos sobre los contenidos establecidos en la presente ley.

ART. 5°- Modificación a la Ley 24.449- Modifícase el inciso "a" del artículo 13 de la Ley 24.449, que quedará redactado de la siguiente forma:

"a) La Licencia Nacional de Conducir otorgada por municipalidades u organismos provinciales autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial habilitará a conducir en todas las calles y caminos de la República, como así también en territorios extranjeros, en los casos en que se hubiera suscripto el correspondiente convenio, previa intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, conforme lo establezca la reglamentación. Las instituciones educativas de nivel secundario deberán realizar talleres extracurriculares en los que los estudiantes tendrán acceso a los contenidos teóricos necesarios para obtener la Licencia Nacional de Conducir, cuya aprobación habilitará a los estudiantes a partir de los 16 años de edad a continuar con el trámite para acceder a la misma";

ART. 6°- Incorpórase al final del punto 3 del inc. a) del art. 14 de la ley 24.449 - Ley de Tránsito-, el siguiente párrafo:

"Este requisito se tendrá por cumplido con la acreditación de la aprobación del examen final de los talleres de estudio de los contenidos teóricos para acceder a la Licencia Nacional de Conducir, realizados en las Instituciones Educativas de Nivel Secundario de las jurisdicciones que hayan adherido a la ley 26.363 -Creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial-."

ART. 7º- Reglamentación- El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente ley dentro del término de noventa días (90) días de su promulgación.

ART. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Presento en esta oportunidad una propuesta relativa a la Educación Vial, temática cuyo abordaje se hace imprescindible y cuyo aprendizaje resulta un imperativo social. Quisiera enmarcar este proyecto de ley en la búsqueda de la articulación de acciones al interior del sistema educativo nacional para que los estudiantes- sin distinción de edad - que transitan su escolarización accedan a conocimientos que son, desde mi punto de vista, prioritarios para propender a un uso responsable de la vía pública y, como último objetivo, redundar en una disminución de los siniestros viales y de la morbimortalidad consecuente de los mismos, en el contexto de un debate democrático y de protección de la vida.

En este proyecto, además, se rescata el trabajo realizado desde el Gobierno Nacional desde que se reformaran las leyes vigentes con el sentido de fortalecer acciones con respecto a la seguridad vial y las legislaciones y acciones vigentes en la Provincia de Misiones, que tengo el honor de representar.

En ese sentido, se plantea principalmente que los estudiantes de nivel secundario puedan acceder al examen de conocimientos teóricos necesarios para continuar el trámite de obtención de la Licencia Nacional de Conducir, en el marco de lo que establecen las leyes 24.449 y 26.363. El texto que presento es el resultado del análisis durante el presente año en el marco de la Comisión de Educación de esta casa del expediente 5289- D- 2013, proyecto de ley de mi autoría que obtuvo dictamen favorable en la reunión de Comisión del 4 de noviembre de 2014.

El objetivo principal es responder a una problemática que suele estar entre las primeras causas de defunción en nuestro país. Para dar cuenta de ello podríamos retomar algunos datos estadísticos. En primer lugar, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) exhibe la regularidad de los siniestros viales en la serie que va de los años 2004 a 2007. Allí, las cifras muestran un crecimiento de las víctimas fatales (con 3503 en 2004 -con un leve descenso en 2005- y con 3783 en 2007) y aún más notablemente en el número de heridos (alrededor de 64.700 en 2004 y más de 97.000 en 2007) (1) .

De allí en adelante los datos surgen de la propia Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): en 2013 el total de siniestros informados fue de 161.920, donde los primeros lugares los ocupan las provincias de Santa Fe (15.259), Buenos Aires (14.342) y Chaco (13.261). En relación a la población, cabe destacar que la provincia más afectada por la siniestralidad cada 100.000 habitantes es la de Tierra del Fuego (4.333 hechos cada 100.000 hab., según estimaciones de la misma oficina en base al Censo 2001). En el año 2013 los fallecidos totales en siniestros viales fueron 5.209, representando esto una reducción del 9,55% con respecto al año 2008.

Los datos publicados por la ANSV sobre los datos del año 2013 revelan evidencias sobre las características de estos incidentes evitables. En cuanto a los siniestros, el 2,6% resultan mortales, ocurren preferentemente en horario diurno (70,5% del total), dentro de la calzada (95,9%) y principalmente mediante colisión (89,94% del conjunto de hechos). Además, tienen como protagonistas recurrentes a los vehículos automotores (48,73%) y ocurren en su mayor parte en la intersección de vías (52,89%).

En cuanto a las víctimas, el 75,64% lo conforman los heridos leves, mientras que el 4,49% son víctimas mortales. Las franjas etarias más afectadas son las que van de los 15 a 24 años (26,4% de las víctimas) y de 25 a 34 (24,7%), que sumadas arrojan un porcentaje de 51,1. Unificándolas como un solo segmento etario (de 15 a 34 años) las estadísticas dan cuenta que reportan los peores indicadores: el 35,9% de los heridos leves, el 22,6% de los heridos graves y el 48,5% de las víctimas fatales. En relación al sexo, los hombres son quienes concentran los mayores porcentajes, tanto en términos de heridos (68,5%) y como de víctimas fatales (78,7%). Al interior del vehículo la posición más peligrosa la conserva el conductor con alrededor del 67,1% tanto de heridos como de fallecidos.

Estas cifras dan un claro marco de la modalidad y las condiciones en que ocurren los siniestros viales y la propensión a que afecten a determinados sectores de la población, en especial, los datos arriba mencionados arrojan que los segmentos conformados por los jóvenes son los que protagonizan la mayor parte de los accidentes. Podemos observar entonces lo clara y necesaria que es la profundización de las políticas tendientes al acceso generalizado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en el ámbito escolar, a la educación vial.

La educación para la seguridad vial constituye actualmente una temática en boga en el mundo, además de ser un imperativo impuesto por las Naciones Unidas como forma de operar sobre una de las principales causas de muerte en el planeta, en especial entre los países de ingreso medio- alto.

Como bien lo refleja la Resolución de la Asamblea General de la ONU n° 64/255 (2) que emplaza a los gobiernos del mundo y a los organismos internacionales a estructurar acciones concertadas para atender esta problemáticas, entre ellas la educación para la seguridad vial, se trata de una grave preocupación que motiva la declaración del período entre los años 2011-2020 como el "Decenio de la Seguridad Vial". Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elaborado una serie de informes sobre el estado de la cuestión con indicadores actualizados a nivel internacional (3) . Allí se señala que los siniestros de tránsito representan la octava causa de muerte en el mundo y más de un millón de personas por año pierden la vida en accidentes de tránsito, además de costar miles de millones de dólares en costos por daños, humanos y materiales. Las mayores fatalidades se dan en países de ingreso medio- alto (la Argentina está incluida en ese grupo para el Informe), donde la motorización individual es alta con respecto al transporte público.

Para tener una idea, siguiendo el mismo documento, entre los países de ingreso medio se cuentan alrededor de 20 muertos cada 100.000 habitantes, en tanto que para los países de ingreso alto la cifra desciende a un promedio de 8 fallecidos cada 100.000 habitantes. Medido por regiones, los índices de mortalidad por accidentes son mayores en África (24.1), en el continente americano se contabilizan anualmente un promedio de 16.1 fallecidos cada 100.000.

Por segmentos etarios, el 60% de las víctimas a nivel mundial corresponde a las edades entre 15-44 años, siendo el 77% hombres.

Cabe hacer un recuento de la normativa vigente al día de hoy. En primer lugar, merece destacarse la actual Ley 23.348 de Educación Vial, sancionada en 1986 durante el Gobierno del Dr. Alfonsín, que estipulaba la introducción de la enseñanza de la Educación vial en las instituciones educativas que, entonces, dependían todavía del Poder Ejecutivo Nacional. Luego, se sancionó en 1994, la ley 24.449 de regulación del tránsito y de seguridad vial a nivel federal sancionada, a las que casi todas las provincias adhirieron. Ya en la administración de la actual Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, la nueva ley 26.363 - sancionada en 2008 y modificatoria de la 24.449, constituye un nuevo paradigma, en el que se resalta la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV en sus siglas), como autoridad competente para varias cuestiones sensibles. En especial, establece como atributo de ese organismo, la emisión de la nueva Licencia Nacional de Conducir, que permite una mejor prevención de los siniestros de tránsito al estar vinculada al sistema de puntajes por scoring y el seguimiento de los antecedentes de los conductores, además de generalizar las pautas de acceso al registro.

Creemos que nuestro proyecto de ley introduce importantes herramientas para atender esta compleja problemática, que permite a la Autoridad de Aplicación, en acuerdo con el Ministerio de Educación y con cada una de las jurisdicciones representadas en el seno del Consejo Federal de Educación, las condiciones en que los alumnos de la escuela secundaria a partir de los 16 años accedan, tras rendir un examen de los contenidos teóricos necesarios, continuar los trámites para la obtención de la Licencia Nacional de Conducir. Se propone, en consonancia con lo anterior, la modificación del artículo 13 de la Ley 24.449 habilitando a las instituciones educativas a brindar talleres de contenidos teóricos.

Aquí quisiera resaltar que la Provincia de Misiones, a través de la Ley XVIII - Nº 34, se establece que como corolario de la formación de los alumnos de los últimos años de la secundaria, estos deben rendir un examen teórico de aprobación obligatoria y un examen práctico, utilizando vehículos proporcionados por la Policía de Misiones. Como contraparte, al egresar el alumno obtendrá una constancia de aprobación de la materia de Educación Vial. Este representa un interesante ejemplo de aplicación de la política de seguridad vial que se intenta seguir en este texto.

El Ministerio del Interior, a través de las intensas campañas de prevención desplegadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La creación de la ANSV ha hecho posible la unificación de las prácticas de prevención, la creación de un registro federal de conducir ligado a un puntaje - scoring-, el montaje de oficinas nacionales de la Agencia en cada jurisdicción, las acciones llevadas adelante en las rutas nacionales, entre otras importantes iniciativas.

Particularmente para el caso que nos ocupa, vale destacar la profusa producción y distribución gratuita a todas las escuelas y colegios secundarios del país de material didáctico para los estudiantes y profesores, además de aquellos elementos disponibles para los ciudadanos en general, conjuntamente con el inicio de la formación en contenidos teóricos sobre educación vial que el Ministerio del Interior y Transporte ha comenzado a desplegar en múltiples secundarios de todo el país, en el que ya pone en práctica esta propuesta: al final del taller de educación vial, los alumnos del último año rinden un examen teórico que, de aprobar, les permite acceder a una certificación para continuar los trámites de la Licencia Nacional de Conducir, que expide la ANSV (4) . Todos estos hechos nos demuestran que el Poder Ejecutivo ha desenvuelto una activa presencia en pos de la resolución de tan sensible problemática. Se han puesto al servicio del cuidado de la población importantísimos recursos que dan cuenta del ímpetu con que la actual administración que lidera la Presidenta Cristina Fernández ha decidido convertir la seguridad vial en una verdadera política de Estado (5) .

El presente proyecto de ley tiene por objeto democratizar y generalizar el acceso a contenidos educativos sensibles en lo que hace a la responsabilidad en el tránsito y al respeto y cuidado de la vida propia y de la ajena. Considero que debemos asegurar un acceso igualitario de los jóvenes a la Educación Vial y garantizar un conjunto de conocimientos y saberes los que, de ser aprehendidos por los estudiantes, redundará en comportamientos seguros y prudentes, sea en el rol de peatón o de conductor de un vehículo. De esta forma, veremos los argentinos en el futuro próximo impactos positivos en términos de prevención de los siniestros viales y la reducción de su morbimortalidad.

Por todas estas razones es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley.