La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del art. 100 inciso 11 de la C.N. para que por intermedio del Ministerio de Industria; Secretaría de Comercio; Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y demás organismos competentes en la materia, informen a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sobre las siguientes cuestiones vinculadas a las fuertes multas que se fijaron a ocho de las once fábricas de automotores de la República Argentina.

1.- Remitir copia de las actuaciones que motivaron la aplicación de multas de 150 millones de pesos a Fiat, Ford, General Motors, PSA (Peugeot y Citroën), Renault y Volkswagen; a Toyota por 104 millones y a Honda por 56 millones.

2.- Precisar cuáles son las razones, parámetros, motivos y circunstancias que crearon en el gobierno el convencimiento que las empresas citadas en el punto anterior, promovieron la cartelización o acordaron precios de rodados 0 km en perjuicio de los consumidores en las ventas de vehículos en la Provincia de Tierra del Fuego.

3.- Establecer si se han utilizado comparaciones de precios cobrados por las mismas unidades en exportaciones a Brasil, como si los costos y otros factores fueran los mismos y si el Gobierno habría buscado con las ventas al exterior parámetros de comparación, ya que las ventas al extranjero son también libres de impuestos, con la excepción de las retenciones, claro, lo cual ya establece una diferencia. Las unidades vendidas en Tierra del Fuego no son afectadas por "derechos de exportación" y además, los precios de Tierra del Fuego son al público, mientras que las ventas a Brasil son los pactados entre las compañías y no incluyen, por ejemplo, el margen de los concesionarios.

4.- Justipreciar si la decisión del secretario de Comercio Lic. Augusto Costa provocará desprestigio y daños a las operaciones locales y/o alejará por completo las pocas inversiones que todavía estaban disponibles para el país, dado que las empresas involucradas deben reportar que sufren estos procesos en las bolsas donde cotizan sus acciones.

5.- Efectuar un análisis comparativo de la operatoria de la ley 19640 con vigencia en la isla de Tierra del Fuego y la carga tributaria que pesa sobre un consumidor que adquiere vehículos cero kilómetro en el continente, discriminándose entre las gamas: económica, media y alta.

6.- Dar precisión de la composición impositiva en el precio final de un rodado adquirido por un habitante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

7.- Remitir copia de la Resolución 42/2014 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia e indicar las actuaciones que se derivaron como consecuencia de la misma, expresando el estado de cada una de ellas.

Señor presidente:

El viernes 12 de diciembre por la noche, a horas desusadas para esa clase de trámites, ocho de los 11 fabricantes de automotores en la Argentina recibieron la notificación de que la Secretaría de Comercio decidió multarlos porque supuestamente acordaron precios en perjuicio de los consumidores en las ventas de vehículos en Tierra del Fuego.

Los montos son muy significativos. La resolución 271 de la secretaría a cargo de Augusto Costa multó con 150 millones de pesos a Fiat, Ford, General Motors, PSA (Peugeot y Citroën), Renault y Volkswagen. A Toyota por 104 millones y a Honda por 56 millones.

La acusación es por operaciones con ventas de autos, lo que dejó fuera a los fabricantes de camiones Iveco y Scania, y también a la división de pesados de Mercedes-Benz.

Mercedes también quedó eximida de la sanción por las operaciones de automóviles, ya que es la única que vende unidades de alta gama en la isla, donde Audi y BMW no tienen representación y tampoco están alcanzadas por la sanción. Mal podría la marca de la estrella acordar precios con quienes no son sus competidores.

En las compañías, la medida resultó muy desalentadora y avisaron que apelarán a la Justicia. Como se trata de un proceso que comenzó antes de las últimas modificaciones a la ley, consideran que no deberán pagar primero para recurrir la medida, que no dudaron en calificar de "absurda". Ejecutivos muy enojados dijeron que la decisión "no tiene ni sentido ni fundamento alguno", que generará enormes desprestigio y daños a las operaciones locales y "alejará por completo las pocas inversiones que todavía estaban disponibles para el país".

La isla de Tierra del Fuego goza de un régimen especial fijado por la ley 19.640, que establece que los cero kilómetro que allí se venden no pagan IVA, ni impuestos internos y tampoco los aranceles de importación, cuando los hay. Las cargas tributarias pueden ir del 54 al 76% del precio al público en el continente e incluso más, dicen en el sector.

Hace siete años, un estudio jurídico fueguino comenzó a alentar a los que compraron unidades desde 2002 a hacer demandas judiciales. El argumento era que supuestamente las concesionarias cobraban los mismos valores que regían en el continente y se quedaban con los montos de los impuestos que no debían cobrar. Este año, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, con su resolución 42, involucró también a las terminales e importadores.

Pero la multa de ayer, dicen los afectados, no es por este tema -y excluye a los concesionarios-, sino porque, según Costa, las terminales actuaron de común acuerdo para fijar precios mayores que los que surgirían de la competencia.

Entre los multados dicen que los parámetros usados para determinar que hubo cartelización no tienen racionalidad. "Han utilizado comparaciones de precios cobrados por las mismas unidades en exportaciones a Brasil, como si los costos y otros factores fueran los mismos". El Gobierno habría buscado con las ventas al exterior parámetros de comparación, ya que las ventas al extranjero son también libres de impuestos, con la excepción de las retenciones, claro, lo cual ya establece una diferencia. Las unidades vendidas en Tierra del Fuego no son afectadas por "derechos de exportación". Pero además, dicen los técnicos de las compañías, los precios de Tierra del Fuego son al público, mientras que las ventas a Brasil son los pactados entre las compañías y no incluyen, por ejemplo, el margen de los concesionarios. Por todo ello, confían, lograrán revertir la decisión en la Justicia, pero creen que el daño "es enorme".

Relatan que para litigar hay que pagar la tasa de Justicia, que no es otra cosa que un porcentaje de los enormes montos involucrados. Además, mientras se mantiene el pleito, las sumas deben ser previsionadas en los balances como pasivos contingentes, ante la eventualidad de que un fallo adverso obligue a pagar. Eso castiga aún más los balances de un sector que estuvo este año una caída fenomenal de las ventas.

También, explican las fuentes, "se produce un daño tremendo a la reputación porque las compañías multinacionales deben reportar que sufren estos procesos en las bolsas donde cotizan sus acciones".

En el sector están seguros de que la operación fue calculada para que se genere "una fuerte novedad en el frente económico que saque del foco el fracaso del canje de Boden 2015 y colocación de Boden 2024" que intentó, con calamitoso resultado, el ministro Axel Kicillof (Fuente: Jorge Oviedo, diario La Nación).

Quien suscribe este proyecto de Resolución está absolutamente en contra de la cartelización empresarial, pero también de cualesquier medida abusiva por parte del Estado. Este proyecto apunta a conocer con fehaciencia qué originó tan fuerte decisión gubernamental y no prejuzga al respecto, sino que describe objetivamente un escenario que inquieta por sus eventuales efectos antiinversiones.

La escasa transparencia de las multas decididas manu militari por el Secretario de Comercio, en un contexto de permanentes fracasos de la gestión del ministro de Economía y la inveterada tentativa de disimularlos, maquillarlos o distraer la atención con otros temas de repercusión mediática, me compelen a promover este pedido de informes, respecto del cual solicito el acompañamiento de mis colegas legisladores