La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Nación para que a través del Ministerio de Salud de la Nación, reglamente la Ley 26.279 de Pesquisa neonatal que determina el Régimen para la detección y posterior tratamiento de determinadas patologías en el recién nacido que fuera sancionada el 8 de agosto de 2007 y promulgada de hecho el 4 de septiembre de 2007.

Señor presidente:

La Ley 26.279, sancionada y promulgada en el año 2007, determina el Régimen para la detección y posterior tratamiento de determinadas patologías en el recién nacido, sus alcances, prestaciones obligatorias, constitución de una Comisión Interdisciplinaria de Especialistas en Pesquisa Neonatal y las funciones del Ministerio de Salud.

Habiendo transcurrido más de seis meses del plazo de su sanción, se ignoran las razones por las cuales aún no se ha reglamentado, lo cual exige esta intervención de la Cámara velando por la ejecución de la norma.

Resulta necesaria la reglamentación por parte de la Administración de la ley mencionada, en tanto el dictado de una norma jurídica de alcance general (reglamento), posibilitaría tornar plenamente operativa la ley, e impedir que los derechos en ella consagrados se vuelvan ilusorios.

Cabe destacar que el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado, podría acarrear responsabilidad de la Nación frente a la comunidad internacional. En este sentido, la Corte Interamericana precisó el alcance del art. 1º de la Convención, en cuanto a que los Estados Parte no deben solamente "respetar los derechos y libertades reconocidos en ella" sino además "garantizar su libre y pleno ejercicio da toda persona sujeta a su jurisdicción". Según dicha Corte, "garantizar" implica el deber del Estado de tomar todas las medidas necesarias para promover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce.

Ahora bien, el Estado suscribió diversos tratados y pactos internacionales, incorporados a la Constitución Nacional a partir de 1994 (art. 75, inc. 22), en los cuales se entiende a la salud como un derecho humano fundamental. Entre los tratados que reconocen y tutelan este derecho se encuentran: Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25); Pacto Internacional sobre Derechos económicos, sociales y culturales (art. 12); la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 7 y 11); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 26); y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24).

Entre los instrumentos internacionales mencionados, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su art. 12 que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Dispone que, a tal efecto, los Estados deberán asegurar la plena efectividad de este derecho: (i) reduciendo la mortalidad infantil; (ii) mejorando la higiene del trabajo y del medio ambiente; (iii) previniendo y ofreciendo tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas; (iv) creando condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

Según la Academia Americana de Pediatría un programa de pesquisa neonatal no es un análisis bioquímico sino un programa integrado por varios componentes para la sistemática detección y tratamiento de todos los pacientes afectados. Comprende desde la educación de los padres y pediatras sobre la pesquisa hasta el diagnóstico, tratamiento adecuado de los pacientes y evaluación de su evolución.

Siguiendo esta línea de razonamiento, la ley que se propone reglamentar, establece la obligatoriedad de la detección y posterior tratamiento de las patologías los recién nacidos, imponiendo deberes a los hospitales públicos, privados, a las obras sociales y a todos aquellos agentes de salud que brinden servicios médicos asistenciales. Establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud. Además propone la creación de una Comisión Interdisciplinaria de Especialistas en Pesquisa Neonatal, para elaborar normas de calidad de uso común, incorporar y sistematizar resultados y experiencias. Asimismo, la ley impone al Ministerio de Salud funciones imprescindibles como programar actividades de difusión dirigidas a la población en general, propiciar el desarrollo de modelos prestacionales integrales, administrar y coordinar los aspectos científicos de la pesquisa; estimular el desarrollo de la investigación y de los modelos evaluativos en la materia; desarrollar sistemas estadísticos a nivel nacional y provincial en coordinación con todos los establecimientos de salud, públicos y privados; planificar la capacitación del recurso humano en el asesoramiento a las familias en las diferentes problemáticas planteadas por cada una de las patologías con un posterior seguimiento de cada caso individual atendiendo las necesidades que surjan de cada problemática, entre otras.

Ahora bien, sin la debida reglamentación, difícilmente se cumplan todas las disposiciones que la ley prevé.

Por los argumentos expuestos, es que solicito a mis pares de este Honorable Cuerpo, acompañen con su voto la presente iniciativa.