La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que a través de los organismos que correspondan informe a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sobre los siguientes puntos vinculados con la ley 26.279 sobre el Programa para la Detección y Posterior tratamiento de determinadas enfermedades en los recién nacidos:

a) Si se constituyó la Comisión Interdisciplinaria de Especialistas en Pesquisa Neonatal mencionada en el artículo 4° de la Ley 26.279.

b) Si el Ministerio de Salud de la Nación ha llevado a cabo las funciones indicadas en el artículo 5 de la ley 26.279.

c) Cuál es el Nivel de cobertura de detección de Pesquisa Neuronatal de todas las jurisdicciones tanto en el sector público como el sector privado, el Nivel de cobertura del tratamiento de enfermedades detectadas, el Nivel de cobertura de la dieta que implique el mencionado tratamiento; el Nivel de cobertura de los controles médicos y bioquímicos; el Nivel de pacientes positivos, falsos positivos y pacientes positivos que no se hayan podido ubicar para su debido tratamiento.

Señor presidente:

La Ley 26.279, sancionada y promulgada en el año 2007, determina el Régimen para la detección y posterior tratamiento de determinadas patologías en el recién nacido, sus alcances, prestaciones obligatorias, constitución de una Comisión Interdisciplinaria de Especialistas en Pesquisa Neonatal y las funciones del Ministerio de Salud.

Ahora bien, el Estado suscribió diversos tratados y pactos internacionales, incorporados a la Constitución Nacional a partir de 1994 (art. 75, inc. 22), en los cuales se entiende a la salud como un derecho humano fundamental. Entre los tratados que reconocen y tutelan este derecho se encuentran: Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25); Pacto Internacional sobre Derechos económicos, sociales y culturales (art. 12); la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 7 y 11); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 26); y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24).

Entre los instrumentos internacionales mencionados, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su art. 12 que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Dispone que, a tal efecto, los Estados deberán asegurar la plena efectividad de este derecho: (i) reduciendo la mortalidad infantil; (ii) mejorando la higiene del trabajo y del medio ambiente; (iii) previniendo y ofreciendo tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas; (iv) creando condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

Según la Academia Americana de Pediatría un programa de pesquisa neonatal no es un análisis bioquímico sino un programa integrado por varios componentes para la sistemática detección y tratamiento de todos los pacientes afectados. Comprende desde la educación de los padres y pediatras sobre la pesquisa hasta el diagnóstico, tratamiento adecuado de los pacientes y evaluación de su evolución.

Siguiendo esta línea de razonamiento, la ley en cuestión establece la obligatoriedad de la detección y posterior tratamiento de las patologías los recién nacidos, imponiendo deberes a los hospitales públicos, privados, a las obras sociales y a todos aquellos agentes de salud que brinden servicios médicos asistenciales. Establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud. Además propone la creación de una Comisión Interdisciplinaria de Especialistas en Pesquisa Neonatal, para elaborar normas de calidad de uso común, incorporar y sistematizar resultados y experiencias. Asimismo, la ley impone al Ministerio de Salud funciones imprescindibles como programar actividades de difusión dirigidas a la población en general, propiciar el desarrollo de modelos prestacionales integrales, administrar y coordinar los aspectos científicos de la pesquisa; estimular el desarrollo de la investigación y de los modelos evaluativos en la materia; desarrollar sistemas estadísticos a nivel nacional y provincial en coordinación con todos los establecimientos de salud, públicos y privados; planificar la capacitación del recurso humano en el asesoramiento a las familias en las diferentes problemáticas planteadas por cada una de las patologías con un posterior seguimiento de cada caso individual atendiendo las necesidades que surjan de cada problemática, entre otras.

El presente pedido de informes insta a indagar sobre el efectivo cumplimiento de lo pautado en la Ley 26.279.

Por los argumentos expuestos, es que solicito a mis pares de este Honorable Cuerpo, acompañen con su voto la presente iniciativa.