El Senado y Cámara de Diputados...

Señor presidente:

Argentina incrementó su nivel de presión fiscal en la última década partiendo desde el 22% del PBI en 2004 para superar el 31% en 2013. La recaudación del impuesto a las ganancias pasó de representar un 4,2% del PBI en 2004 al 5,8% en 2013.

En Argentina -y en gran parte de los países de América Latina, con excepción de Brasil- la mayor cantidad de recursos fiscales por este impuesto se genera a través del cobro sobre las empresas (68,75%). Por el contrario, los sistemas tributarios de los países desarrollados priorizan la recaudación del impuesto a las ganancias sobre las personas físicas, siendo el promedio para los países de la OECD del 28%. Esta estructura impositiva lesiona la competitividad de las empresas, actuando como un desincentivo a la inversión.

Nuestro país tiene la alícuota corporativa de impuesto a las ganancias más alta de la región (35%) y está entre los 10 países de mayor alícuota a nivel mundial. A dicha alícuota se le suma el nuevo impuesto a la distribución de utilidades en las empresas que no cotizan en Bolsa, que penaliza principalmente a las PyMEs y grandes empresas fuera del mercado bursátil, pudiendo alcanzar una alícuota combinada del 41,5%. Además, la reinversión de utilidades no es premiada a través de mecanismos que permitan considerar el costo de oportunidad de ese capital, que para las PyMEs resulta de imposible acceso en el sistema financiero o en el mercado de valores. En este sentido, se penaliza la distribución de dividendos -en empresas con formas societarias que requieren de esta herramienta para retribuir a sus socios- pero no se premia el uso de capital propio para la inversión.

La política tributaria argentina no diferencia la alícuota de impuesto para las PyMEs, al contrario de países de la OECD tales como Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, Alemania, España, Francia, Inglaterra, México, entre otros, que cobran dicho impuesto sobre una alícuota menor a la de las grandes empresas (que puede alcanzar diferencias de más de un 50% respecto de la alícuota para grandes empresas).

Si bien es cierto que parte del crecimiento del impuesto responde a la menor evasión en el marco del proceso de crecimiento sostenido de la economía, a partir de 2008 una parte del incremento como % del PBI se explica por la imposibilidad para las empresas de ajustar por inflación sus balances y de la falta de actualización de deducciones y mínimo no imponible, lo que genera distorsiones y penalidades sobre contribuyentes gravados por sus ganancias nominales y no por las reales. La ausencia del ajuste por inflación incrementa la presión tributaria, genera pérdidas de competitividad y torna necesaria la implementación de mecanismos que eviten la tributación sobre ganancias nominales. Sencillos ejemplos sobre la hoja de balance en base a datos de las empresas muestran que la alícuota sobre la ganancia ajustada por inflación puede superar el 50%.

La informalidad es un fenómeno fuertemente concentrado en las unidades productivas más pequeñas, que tienen una importante brecha de productividad con las empresas medianas y grandes, lo que reduce su capacidad contributiva. En consecuencia, el mismo nivel de presión tributaria sobre estas unidades conspira contra el objetivo final de la formalización progresiva, además de que no contribuye a facilitar el cierre de dicha brecha de productividad respecto a las unidades productivas de mayor tamaño. Resulta necesario, entonces, alcanzar a este universo de potenciales contribuyentes -con alícuota y regímenes especiales, en función de su capacidad contributiva- para potenciar el crecimiento de estas empresas más pequeñas que contribuirán a su formalización futura.

A su vez, Argentina es el único país de la región con alta inflación acumulada que no aplica ajuste por inflación (u otro régimen sustitutivo). Ello, en un contexto de máxima presión fiscal genera pérdidas de competitividad y torna necesaria la implementación de mecanismos que eviten la tributación sobre ganancias nominales.

Ya en 2002, la comisión de expertos creada por la Resolución (SH) 100/02 (5) (4) (3) (2) (1) recomendó la implementación urgente de un método de ajuste que permita la adecuada medición de los resultados y, más recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional la falta de ajuste por confiscatoria (cf. "Candy", del 3/7/09; "Banco Bradesco", del 22/5/12; etc.).

Estas distorsiones se agravan por la falta de actualización de las escalas del gravamen, de los mínimos no imponibles, de las deducciones personales y su escala respectiva y de los distintos regímenes de retención; todo lo que genera un apartamiento de la capacidad contributiva real.

El proceso inflacionario conlleva un cambio en los niveles de precios y requieren mecanismos de ajuste que neutralicen tales distorsiones para no gravar ganancias puramente nominales.

La falta de ajuste lleva al contribuyente a responder no ya con una parte sustancial de sus ganancias sino con su patrimonio, afectando derechos y principios de rango constitucional (derecho de propiedad, principio de no confiscatoriedad, reserva de la ley, igualdad, capacidad contributiva y razonabilidad).

Las principales distorsiones que ocasiona el no ajuste por inflación son las siguientes:

Bienes de cambio: el incremento en los valores de los stocks de la mercadería obliga a que las empresas deban declarar una ganancia por el incremento nominal de precios. Esto es particularmente negativo sobre las industrias de baja rotación de bienes de cambio.

Actualización de quebrantos impositivos o saldos a favor provenientes de ejercicios anteriores,

Bienes de uso: al adquirir un bien y no poder computarse totalmente en el año de adquisición, la imposibilidad de ajustar los montos no computables como gasto, se genera un incremento en la obligación impositiva que penaliza la inversión. Adicionalmente, la venta de un bien de uso puede suponer una ganancia extraordinaria significativa por el diferencial entre el valor de venta y el de compra al que está valuado.

Actualización de montos mínimos a partir de los cuales deben efectuarse retenciones de impuesto a las ganancias para pagos a proveedores.

Estas distorsiones se reflejan en la contabilidad, donde las cuentas van acumulando importes que para poder sumarse deberían estar expresados en la misma unidad de medida, y si se está ante un contexto inflacionario esto no sucede.

De este modo, ante la existencia de inestabilidad, si se confeccionan los estados contables en moneda nominal o no ajustada existirán distorsiones en la información, debido a que varios de los importes expuestos carecerían de un significado razonable por no estar expresados en la unidad de medida de la fecha a la cual informan.

Al mismo tiempo, en nuestro país desde el 20 marzo de 2003 se encuentra vigente el Decreto 664/2003, que prohíbe a los organismos de control (Inspección General de Justicia, Administración Federal de Ingresos Públicos, Comisión Nacional de Valores, etc.) aceptar estados contables ajustados por inflación, debido a que remite a lo dispuesto por el artículo 10 de la ley N° 23.928 (de Convertibilidad). De esta manera, mientras esta norma de carácter legal mantenga su vigencia, las empresas emisoras no pueden actualizar su información financiera.

En este contexto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 3 de julio de 2009, pronunció un fallo en la causa "Candy S.A." (Fallos: 332:1571), el que estableció, aunque limitadamente respecto de cierto período fiscal, el del año 2002, los términos de acuerdo con los cuales cabría concluir que la gravitación del impuesto a las ganancias podría resultar confiscatoria ante los resultados de la actividad del contribuyente.

Desde esa fecha, la secuencia de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acogió la jurisprudencia respectiva, a partir de las constancias del peritaje contable que demuestran en las actuaciones, la existencia de confiscatoriedad. Una de las primeras causas en que se aplicó el precedente "Candy S.A." fue la de "Christensen Roder Argentina S.A.", del 4 de mayo de 2010. De ahí en más, la jurisprudencia de la Corte ha sido concordante en los años 2010 y 2011. En la causa "Swaco de Argentina S.A. (TF 23.453-I) c. DGI", fallo del 14 de febrero de 2012, la Corte Suprema de Justicia ratificó esa doctrina.

El impedimento legal para aplicar el ajuste previsto en el Título VI de la ley 20.628, y sus normas modificatorias, se mantiene al día de la fecha, toda vez que las leyes 24.073 y 25.561 hoy vigentes, lo prohíben, y mientras tanto el distanciamiento de la utilidad histórica de la real persiste.

Por los motivos expuestos, solicito a los Señores Legisladores su apoyo con el fin de lograr la aprobación del presente proyecto de Ley.