La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar al Señor Secretario de Comunicaciones de la Nación para que informe de manera detallada en el ámbito de la Comisión de Comunicaciones, sobre las medidas oficiales adoptadas en el proceso de licitación y subasta de las frecuencias de telefonía celular 3 G y 4 G, sus bases y requerimientos, como medio de dar a conocer y transparentar las características de dicha licitación y las prioridades que se han tenido en cuenta para favorecer la competencia, evitar la concentración del sector , garantizar las condiciones de acceso a la telefonía celular en todo el territorio nacional y la más adecuada regulación que permita atraer las inversiones necesarias y mejorar la capacidad y calidad de dichos servicios.

Señor presidente:

Los servicios de la telefonía celular en nuestro país atraviesan serias dificultades que son en mayor medida consecuencia de la inacción y la mora del Estado nacional en adjudicar durante los últimos años las frecuencias radioeléctricas imprescindibles para el buen funcionamiento de ese servicio.

Cabe recordar que la última adjudicación de frecuencias ocurrió hace catorce años, una época en que el número de celulares y el tráfico eran muchos menores en comparación con los actuales requerimientos de las comunicaciones, en un mundo cada vez más conectado día a día.

Por cierto, la Argentina es uno de los pocos países de América latina que aún no ha adoptado la llamada cuarta generación o 4G, que permitiría una mayor capacidad de transmisión de datos, equivalente a una verdadera banda ancha móvil, con significativas proyecciones en los servicios de televisión por cable, video, Internet, telemedicina, comunicaciones de máquina a máquina y seguridad pública, entre otros.

De hecho, países como Chile, México y España, se encuentran hoy en posición mucho más avanzada en comparación con la Argentina, ya que la regulación existente y los medios disponibles en esos países han permitido una mayor convergencia de servicios beneficiosa para toda la sociedad, alcanzando un "cuádruple play" donde los operadores de cable pueden dar movilidad aparte de telefonía fija, video e Internet.

Recientemente en la Secretaría de Comunicaciones de la Nación tuvo lugar la apertura de sobres del Concurso Público para la adjudicación de bandas de frecuencias destinadas a la prestación de los Servicios de Comunicaciones Personales (PCS), del Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular (SRMC) y del Servicios de Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA), dando inicio formal a un proceso que se espera culmine en el año 2016, con la puesta en marcha de las nuevas frecuencias en las principales ciudades de nuestro país.

Desde luego, se ha iniciado un camino que veníamos reclamando insistentemente desde el Congreso Nacional los legisladores de distintas extracciones políticas, porque seguramente mejorará la cobertura y ayudará a descomprimir las saturadas comunicaciones de la telefonía celular en la actualidad.

El proceso licitatorio iniciado por el Secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, es para operar 4G en toda la Argentina sobre las bandas AWS (1700/2100) y 700 MHz, a las que deben sumarse las bandas remanentes de PCS, sobre la frecuencia de 1900 MHz, para 3G, y las propuestas de las empresas participantes - Telefónica Móviles Argentina, Telecom Personal, Arlink y AMX Argentina (Claro) - , serán analizadas hasta el 31 de octubre.

La tecnología 4G es la sucesora del 3G, el estándar utilizado por la telefonía para transmisión de datos y servicios de internet móvil, está basada en el protocolo IP y tendrá una velocidad de acceso muy superior a las actuales, es decir mayores de 100 Mbit/s en movimiento y 1 Gbit/s en reposo.

Se trata de una de las licitaciones de espectro más amplias de las últimas décadas, por un monto licitatorio global de 1.900 Millones de dólares, sólo por el espectro y con inversiones proyectadas por un monto similar, que deberán llevarse adelante en los próximos años.

Por ello nos preocupa conocer en forma detallada las medidas oficiales que se están adoptando en el proceso de licitación y subasta de las nuevas frecuencias, sus bases y requerimientos con el objetivo de informarnos y transparentar las características de dicha licitación, así como las prioridades que se hayan tenido en cuenta, tanto para favorecer la competencia y evitar la concentración del sector, como para garantizar las condiciones de acceso a la telefonía celular en todo el territorio nacional y una adecuada regulación que permita atraer las inversiones necesarias para mejorar la capacidad y calidad de dichos servicios.

A esos efectos creemos necesario que el Señor Secretario de Comunicaciones de la Nación comparezca al seno de la Comisión de Comunicaciones de esta Honorable Cámara de Diputados.

Creemos que resulta crucial que la licitación iniciada por la Secretaría de Comunicaciones de las frecuencias necesarias para la introducción de las nuevas tecnologías tenga como principal objetivo ofrecer al usuario un servicio de calidad y sostenible en el tiempo, con tarifas razonables y justas.

En tal sentido, algunas características del proceso licitatorio resultan preocupantes, ya que parece que el gobierno nacional ha priorizado sobre toda otra cuestión el objetivo de obtener un precio muy alto en la subasta de frecuencias. Puede significar un ingreso importante para el fisco nacional, pero que no se dedicará a la inversión en beneficio de los usuarios.

De las seis firmas que habían comprado el pliego, por ejemplo, sólo fueron cuatro las que quedaron en carrera: MoviStar, Claro, Personal y Airlink (del grupo Manzano-Vila, un sorpresivo cuarto jugador), mientras Cablevisión y Netflix, finalmente, no ofertaron. Las cuatro firmas participantes deberán pagar, en el siguiente paso del proceso licitatorio, unos US$ 500 millones cada una en menos de un mes, el valor base del espectro en la subasta, muy superior a los precios fijados en licitaciones similares en otros países de América latina.

Nos parece razonable la exigencia de que exista servicio en determinadas rutas, pero la obligación que se impone a todas las empresas de cubrir 26.000 kilómetros con servicio de datos no parece necesaria para la atención de emergencias, pues bastaría con que hubiese servicio de voz ofrecido por una compañía y acceso a los clientes de las demás, como ocurre en muchos otros lugares. Triplicar innecesariamente la inversión en infraestructura en zonas deficitarias en un servicio que no recibe subsidio alguno solamente hará que el usuario deba pagar un precio mayor.

Por otra parte, las restricciones a las importaciones que impone el actual cepo cambiario constituyen otro factor de duda de quienes tendrán que encarar el desafío del 4G. Una vez dados los permisos para el uso de las frecuencias será preciso importar una enorme cantidad de equipos para desplegar la red y los servicios de nueva generación. Además deberán importarse los teléfonos o los componentes para producirlos localmente.

En medio de las fuertes presiones sobre el tipo de cambio, hay motivos suficientes para proyectar la persistencia de las restricciones cambiarias en el corto y hasta en el mediano plazo, por lo que el riesgo emergente de esta circunstancia debiera ser neutralizado en el actual proceso licitatorio mediante las suficientes garantías de acceso a los mercados externos y a la disponibilidad de divisas, si queremos garantizar tarifas justas y razonables para los consumidores y usuarios.

Otra preocupación está referida al hecho que no estén regulados los precios de interconexión para favorecer la competencia, con lo cual, si el proceso licitatorio se lleva adelante sin participación de la industria de la TV por cable, puede ocurrir una fuerte concentración del sector de las comunicaciones en manos de las compañías telefónicas, capaz de generar una grave asimetría que puede poner en riesgo la convergencia de los servicios relacionados y la competencia entre los distintos operadores.

En principio, la información disponible parece indicar que las regulaciones establecidas en la licitación y las condiciones de competencia que fijó para participar el gobierno nacional, benefician mayormente a las compañías telefónicas, en detrimento de las empresas de televisión por cable.

Pero hay además otras incertidumbres que debemos despejar si queremos avanzar en una renovación tecnológica - con equidad, reglas claras y previsibilidad-, para desarrollar más capacidad y calidad de los servicios de la telefonía celular en nuestro país, protegiendo adecuadamente los derechos de los consumidores y usuarios.

Por todo lo expuesto, pido el apoyo de mis pares para dar aprobación al presente proyecto de resolución