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PROYECTO DE TP
Expediente 8857-D-2014
Sumario: EDUCACION SUPERIOR - LEY 24521 -. INCORPORACION DE LOS ARTICULOS 39 TER Y 39 QUATER, SOBRE PROMOCION DEL PATENTAMIENTO Y PROTECCION DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO.
Fecha: 07/11/2014
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 162
El Senado y Cámara de Diputados...
Promoción del patentamiento y
protección del conocimiento científico
Artículo 1.- Incorpórase a la ley 24521
el siguiente texto
"Artículo 39 ter: Las instituciones
universitarias estarán obligadas a patentar y proteger la totalidad del conocimiento
científico que se produzca en sus claustros y centros de investigación, como
asimismo la integridad de las publicaciones de sus alumnos, profesores e
investigadores.
La cantidad y calidad del
patentamiento del conocimiento científico universitario será evaluado por la
CONEAU y el CONICET y servirá de indicador para el otorgamiento de becas,
subsidios y asignaciones presupuestarias extras destinadas a la promoción de la
investigación y a proyectos de promoción tecnológica.
Todas las instituciones reguladas por
esta ley deberán, sin excepción, establecer una dependencia de transferencia de
tecnología y de los resultados de la investigación, conforme a los recaudos
establecidos en la ley 22.426.
Los gastos que demande el
cumplimiento de lo dispuesto precedentemente serán a cargo del Tesoro
nacional.
Las instituciones universitarias, en el
ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán la valorización, la protección
y la transferencia del conocimiento con objeto de que los resultados de la
investigación sean transferidos a la sociedad. En este mismo contexto se
fomentará la transferencia inversa de conocimiento en proyectos liderados por el
sector empresarial en colaboración con las entidades de investigación para el
desarrollo de objetivos de mercado basados en los resultados de la
investigación.
La valorización, entendida como la
puesta en valor del conocimiento obtenido mediante el proceso de investigación,
alcanzará a todos los procesos que permitan acercar los resultados de la
investigación financiada con fondos públicos a todos los sectores, y tendrá como
objetivos:
a) Detectar los grupos de
investigación que realicen desarrollos científicos y tecnológicos con potenciales
aplicaciones en los diferentes sectores.
b) Facilitar una adecuada protección
del conocimiento y de los resultados de la investigación, con el fin de facilitar su
transferencia.
c) Establecer mecanismos de
transferencia de conocimientos, capacidades y tecnología, con especial interés en
la creación y apoyo a empresas de base tecnológica.
d) Fomentar las relaciones entre
centros públicos de investigación, centros tecnológicos y empresas, en especial
pequeñas y medianas, con el objeto de facilitar la incorporación de innovaciones
tecnológicas, de diseño o de gestión, que impulsen el aumento de la productividad
y la competitividad.
e) Fomentar las relaciones entre
centros de investigación, personal de investigación y empresas.
f) Crear entornos que estimulen la
demanda de conocimientos, capacidades y tecnologías generados por las
actividades de investigación, desarrollo e innovación.
g) Estimular la iniciativa pública y
privada que intermedie en la transferencia del conocimiento generado por la
actividad de investigación, desarrollo e innovación.
Se reconoce el papel de los parques
científicos y tecnológicos como lugares estratégicos para la transferencia de
resultados de investigación a los sectores productivos."
Artículo 2.- Incorpórase a la ley 24521
el siguiente texto:
"Artículo 39 quater: Las instituciones
reguladas por la presente ley podrán celebrar estos convenios los propios agentes
públicos entre sí, o con agentes privados que realicen actividades de investigación
científica y técnica, nacionales, supranacionales o extranjeros, para la realización
conjunta de las siguientes actividades:
a) Proyectos y actuaciones de
investigación científica, desarrollo e innovación.
b) Creación o financiación de
centros, institutos y unidades de investigación
c) Financiación de proyectos
científico-técnicos singulares.
d) Formación de personal científico y
técnico.
e) Divulgación científica y
tecnológica.
f) Uso compartido de inmuebles, de
instalaciones y de medios materiales para el desarrollo de actividades de
investigación científica, desarrollo e innovación.
En estos convenios se incluirán las
aportaciones realizadas por los intervinientes, así como el régimen de distribución
y protección de los derechos y resultados de la investigación, el desarrollo y la
innovación. La transmisión de los derechos sobre estos resultados se deberá
realizar con una contraprestación que corresponda a su valor de mercado.
El objeto de estos convenios no
podrá coincidir con el de ninguno de los contratos regulados en la legislación sobre
contratos del sector público.
La creación de centros, institutos y
unidades de investigación a través de convenios de colaboración tendrá en
consideración en cada caso las normas propias de constitución que fueran de
aplicación.
Podrán celebrarse asimismo
convenios con instituciones y empresas extranjeras como forma de promoción de
la internacionalización del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación
productiva".
El Poder Ejecutivo Nacional, el
Sistema Universitario Nacional, las universidades privadas y provinciales
impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto
a las publicaciones de su personal de investigación, y establecerán sistemas que
permitan conectarlos con iniciativas similares de ámbito nacional e
internacional.
El personal de investigación cuya
actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos del
Presupuestos Nacional hará pública una versión digital de la versión final de los
contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de
investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más
tarde de seis meses después de la fecha oficial de publicación.
La versión electrónica se hará pública
en repositorios de acceso abierto reconocidos en el campo de conocimiento en el
que se ha desarrollado la investigación, o en repositorios institucionales de acceso
abierto.
La versión electrónica pública podrá
ser empleada por el Estado Nacional en sus procesos de evaluación.
El Ministerio de Educación y el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva facilitarán el acceso
centralizado a los repositorios, y su conexión con iniciativas similares nacionales e
internacionales.
El Poder Ejecutivo Nacional, las
provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Sistema Universitario Nacional,
las universidades privadas y el provinciales el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas (CONICET) fomentarán, en colaboración y coordinación con el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, la cooperación internacional al desarrollo en los
ámbitos científicos, tecnológicos y de innovación en los países prioritarios para la
cooperación argentina y en los programas de los organismos internacionales en los
que Argentina participa, para favorecer los procesos de generación, uso por el
propio país y utilización del conocimiento científico y tecnológico para mejorar las
condiciones de vida, el crecimiento económico y la equidad social.
Lo anterior se entiende sin perjuicio
de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir a
terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será de aplicación cuando los
derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e
innovación sean susceptibles de protección.
Artículo 3°.- Comuníquese al Poder
Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
¿Por qué los científicos se sienten
obligados a publicar, muchas veces apresuradamente, sus trabajos de
investigación? Puesto que una norma básica de la ciencia académica, admitida
tácitamente y recogida en el comunalismo mertoniano (Merton, 1973), es que
deben hacerse públicos los resultados de las investigaciones para favorecer la
comunicación entre los miembros de una comunidad científica, la respuesta obvia
e inmediata podría ser que lo hacen para dar cuenta formalmente de sus hallazgos
a su comunidad, cumpliendo así con la norma al uso.
Sin embargo, la comunicación entre
los científicos no se limita a los artículos en las revistas especializadas de
investigación científica que contienen información avanzada de dominio público. En
efecto, las relaciones más o menos informales entre los investigadores hacen que
hoy en día la información científica novedosa fluya continuamente, siendo conocida
a menudo antes de ser publicada formalmente, al menos por aquellos científicos
que están en el frente de una línea de investigación (Acevedo, 1998). Los canales
informales pueden ser conversaciones, llamadas telefónicas, cartas privadas y
envíos de las redacciones previas de los artículos, favorecidos en los últimos años
por la existencia de modernos y rápidos medios de comunicación como el fax, las
redes de comunicación informática y, sobre todo, el correo electrónico. Aunque no
estén sistematizados, se facilitan gracias a encuentros científicos más formales
como seminarios, simposios, congresos y otras reuniones, que a su vez pueden dar
lugar a publicaciones en forma de actas o libros de coautoría. Estos cauces
aceleran la transferencia de información significativa entre los científicos y son, sin
duda, la forma de comunicación más habitual, ya que resulta muy difícil estar al
día de lo que se investiga sin mantener contactos personales con otros colegas de
la especialidad (Ziman, 1984).
Si en la actualidad los artículos ya no
tienen como principal finalidad la de informar rápidamente a los demás miembros
de una comunidad científica y, pese a todo, se continúa publicando a muy buen
ritmo, entonces ¿para qué sirven? La hipótesis de Merton (1973) es que hay una
relación directa entre la prioridad en el descubrimiento, avalada formalmente por
su publicación, y el reconocimiento institucional. Además, los sistemas empleados
para la promoción personal y la concesión de subvenciones a la investigación,
dentro de la organización universitaria adoptada en muchos países, obligan todavía
a la inmensa mayoría de los científicos académicos a publicar de manera
imperiosa, siguiendo la conocida máxima de "publica o perece".
Teniendo en cuenta que los artículos
dan una medida aproximada, aunque imperfecta, de la labor realizada como
investigador y las recompensas que se derivan de ellos, resulta comprensible el
interés de los científicos académicos por publicar, a ser posible en revistas
especializadas de prestigio por el reconocimiento que esto supone. Además, no
conviene olvidar tampoco que un artículo adquiere cierta relevancia institucional
cuando es citado en las publicaciones de otros científicos. Como advierte Ziman
(1984), aunque no todas las citas sean favorables al trabajo publicado, éstas
indican que la investigación del autor merece alguna consideración. Guggenheim
(1982) resume todo esto con gran precisión:
"Los científicos publican para
reivindicar el derecho al reconocimiento profesional de su contribución a la
construcción colectiva del conocimiento científico. Este reconocimiento se ve
reflejado en las citas que hacen otros autores en sus artículos, proceso que
conduce a considerar el artículo científico como un bien de consumo y a
determinar su valor conforme al mercado de citas." (p. 1224. Las cursivas son
nuestras).
El reconocimiento institucional de lo
que realizan los científicos es, ante todo, consecuencia de las pautas marcadas por
la propia comunidad científica. A menudo se destaca que la urgencia de muchos
investigadores por conseguir la prioridad de los resultados es una característica de
la ciencia absolutamente profesionalizada de la segunda mitad del siglo XX. No
obstante, el interés y el esfuerzo por la prioridad es tan antiguo como la propia
ciencia:
"La institución de la ciencia ha
actuado desde hace tiempo recompensando a los científicos haciendo que colegas
expertos les otorguen su reconocimiento por las contribuciones distintivas. En
correspondencia con esto, los científicos han desarrollado una pasión por la
eponimia y no por el anonimato." (Merton, 1973, p. 431 de la traducción
española).
También se subraya que, debido al
aumento de científicos profesionales, la ciencia está demasiado acelerada en su
ritmo, habiéndose hecho tan grande la competencia entre los diversos equipos de
investigación que unos tratan de aventajar a los otros que trabajan en el mismo
campo para intentar conseguir así la prioridad y el reconocimiento por sus
realizaciones. El exceso de científicos puede conducir, en efecto, a una fuerte
rivalidad entre los diferentes grupos que están abordando un mismo problema de
investigación, pero lo cierto es que, desde su nacimiento en el siglo XVII, hay
bastantes ejemplos históricos de controversias y agrias disputas por la prioridad y
el reconocimiento en todas las épocas de la ciencia moderna.
Una consecuencia de esta exagerada
competencia es que los científicos se sienten obligados, por un lado, a comunicar
parte de los resultados para garantizar su prioridad en el tema y, por otro, temen
revelarlos demasiado pronto para no dar pistas a los rivales; situación poco
deseable que está originando que sus comunicaciones sean a veces demasiado
crípticas e incompletas. Feinberg (1985) lo deja bien claro:
"Además, si los científicos creen que
disponen de menos tiempo para acabar su labor, darán a conocer resultados
parciales y no un cuadro completo de los problemas, y quizá se pierdan aspectos
importantes de los fenómenos que se estudian. Una señal de ello es la
proliferación en diversos campos científicos de 'revistas epistolares', en las que se
publican con carácter periódico comunicaciones breves con gran rapidez. En ciertos
campos donde la competencia es intensa, la práctica común consiste en enviar a
tales revistas [letters] una serie de informes breves sobre el avance de una
investigación, como forma de mantenerse en cabeza de dicha rivalidad. Se supone
que el grupo acabará por enviar una descripción completa del trabajo a una
revista, pero no siempre sucede tal cosa [...]" (p. 254 de la traducción española. El
añadido en cursivas es nuestro).
Merton (1973) añade también que la
mayor preocupación por estas cuestiones en la ciencia actual no se debe tanto a
un cambio de conducta en los científicos de ahora como al incremento de lo que se
publica y a la tendencia al anonimato debido a que los equipos están formados por
un elevado número de científicos y técnicos, una característica de la investigación
contemporánea, especialmente en la denominada big science.
En 1894, durante el Congreso anual
de la British Association for the Advancement of Science celebrado en Oxford,
Lodge presentó sus dispositivos transmisores de ondas hercianas, enviando con
ellos señales electromagnéticas de hasta cincuenta metros de alcance. Este físico
británico pensaba que el conocimiento científico debía ser de dominio público;
estaba muy preocupado por las restricciones que suponía el uso de patentes y era
contrario a ellas. Posteriormente, en 1897, Lodge, en contra de sus propias
convicciones, acabó por patentar sus investigaciones sobre el tema, llegando
incluso a establecer un acuerdo comercial con una empresa para fabricar un
equipo de radio que había diseñado (Basalla 1988). Sin embargo, un año antes, el
joven Marconi había tomado la iniciativa en este terreno obteniendo la primera
patente en todo el mundo para la radiotelegrafía: Un método de transmitir señales
por medio de impulsos eléctricos. En 1909 Marconi, inventor y empresario,
compartió el premio Nobel con el físico alemán K.F. Braun por sus contribuciones a
las comunicaciones por radio. Lodge, precursor de esta técnica, no pudo
conseguirlo.
Además de los científicos académicos
hay muchos más que trabajan en el campo industrial o de la investigación
tecnológica. Ellis (1972) mostró hace treinta años, en un trabajo clásico sobre el
tema, que muy pocos de éstos se oponen a las restricciones que suelen darse en
las empresas para publicar artículos y que la mayoría comprenden y justifican esta
situación. Señaló también que los científicos industriales tampoco parecen estar
demasiado preocupados por obtener su reputación mediante el sistema de
publicaciones aún vigente fuera de la organización empresarial, ya que sus
intereses y motivaciones son otros. En el caso de la tecnología la tradición no es la
misma que en la ciencia académica. El principal deseo de la mayoría de los
ingenieros y científicos industriales es contribuir a patentar en vez de publicar. Así
mismo, hay que considerar que en las revistas técnicas los artículos no tienen
generalmente la misma función que en el caso de las revistas científicas; sirven
más bien para actualizar la información tecnológica y, especialmente, para
justificar el contenido más importante de tales revistas, como son los catálogos de
productos y anuncios publicitarios que muestran la situación de la técnica en cada
tecnología (Acevedo, 1998).
Aunque en ocasiones se han
levantado críticas muy duras contra los científicos que patentan, muchos
investigadores actuales no ven mal unir sus descubrimientos científicos a las
patentes. Hay quienes opinan que éstos deben publicarse para su conocimiento
público; otros, en cambio, consideran que deben patentarse para obtener
beneficios económicos que contribuyan a paliar los enormes gastos que ocasiona la
investigación contemporánea. Los científicos están aprendiendo a buscar
alternativas en una época en la que cada vez es más difícil obtener subvenciones
económicas públicas. Incluso en algunos casos, animados por políticos y
promotores industriales, ciertos grupos de científicos han constituido sus propias
empresas (Mustar, 1988), en las que se realiza al mismo tiempo la investigación y
la comercialización de sus productos tecnológicos en áreas generalmente ligadas a
la high technology, que están creando nuevos mercados tales como biotecnología,
telecomunicaciones, nuevos materiales, robótica, inteligencia artificial, hardware y
software científico, etc. Así nació, por ejemplo, la ingeniería genética comercial en
1979, cuando una pequeña empresa de investigación en genética llamada
Genetech sacó sus acciones al mercado con una expectativa tan grande que
doblaron su valor a las pocas horas.
Por otro lado, la propiedad de los
descubrimientos científicos es una cuestión muy polémica en la actualidad, dando
lugar a largas discusiones y opiniones controvertidas. Primo (1994) ha reflexionado
sobre si la obtención de un hallazgo científico da algún derecho sobre los
resultados tecnológicos, comerciales y rentables que obtienen posteriormente otros
investigadores basándose en el conocimiento aportado por tal descubrimiento.
Respecto a esta cuestión, conviene recordar que en los años noventa se estableció
sentencia a favor de este derecho por parte de un tribunal norteamericano.
En todo caso, lo cierto es que durante
buena parte del siglo XX las patentes han jugado su papel en la investigación
científica, habiéndose intensificado su influencia en el último cuarto del mismo. Así
ha ocurrido, desde la década de los ochenta, en el desarrollo de los
superconductores de alta temperatura y en el de la biotecnología, por citar dos
campos paradigmáticos. No obstante, las patentes de especies obtenidas por
ingeniería genética originan fuertes controversias. También fue muy
cuestionada la demanda de patente
para secuencias de segmentos del genoma humano que solicitaron los National
Institutes of Health (NIH) de los Estados Unidos. Como para poder patentar se
exige el requisito de novedad (innovación), lo que implica que no se haya
publicado o comunicado previamente, los NIH pidieron al Senado de los Estados
Unidos la preparación de una legislación especial reconociendo que la publicación
científica de una secuencia determinada no fuera ningún impedimento para
patentar con posterioridad alguna posible aplicación (Primo, 1994).
Sin duda, uno de los motivos de la
introducción de las patentes en la ciencia es su valoración comercial, un aspecto a
considerar cada vez más. En muchos países se están tomando medidas para
impedir publicaciones prematuras, las cuales se hacen solamente después de
haber evaluado todas las implicaciones económicas de los resultados de las
investigaciones. Además, en los últimos años las patentes se han introducido
también en la ciencia académica, reconociéndose como mérito para la promoción
universitaria en el mismo plano que las publicaciones. Pero, sobre todo, el interés
por las patentes es consecuencia de la enorme competencia existente entre los
diferentes equipos científicos que investigan simultáneamente en un tema.
Lewenstein (1994) destaca que los derechos de propiedad industrial sobre un
hallazgo científico están influyendo mucho en la forma en que los investigadores
dan cuenta de sus propios experimentos. De esta forma, la retención parcial de
información se está convirtiendo en algo habitual, tal y como destaca Ferné
(1989):
"Así pues, una parte de la información
científica y tecnológica ya no circula libremente por la comunidad investigadora,
sino que está cada vez controlada más explícitamente por coaliciones de intereses
científicos, económicos y estratégicos." (p. 568).
¿Son actualmente los criterios de
racionalidad tecnológica una condición sine qua non para posibilitar la propia
ciencia?
Un cambio de rumbo en la institución
científica. Tradicionalmente se ha considerado que la investigación científica debe
estar abierta al debate y la confrontación pública. Desde sus primeros pasos, la
ciencia moderna ha propugnado la libre comunicación de ideas, teorías y
resultados de los trabajos realizados para permitir el ejercicio de la crítica y
compartir el conocimiento. Pero no hay que engañarse, la relación con el estado, el
ejército, los empresarios y el mercado también ha existido siempre en mayor o
menor medida (Stewart, 1992). En los siglos XVII y XVIII era ya notorio el interés
por la dimensión tecnológica y el sentido utilitario de la ciencia, muy especialmente
en ciudades como Londres (Stewart, 1997); las implicaciones sociales, industriales
y comerciales de afamados científicos de la época como Boyle, Newton y Hooke,
entre otros muchos, son bien conocidas. Los ejemplos se extienden por todas las
épocas; en el siglo XIX
nombres de ilustres físicos teóricos
como Maxwell y Kelvin aparecen ligados también a la tecnología y a la ciencia
industrial, por ejemplo, en relación con el cableado de la telegrafía transatlántica
(Pestre, 2000; Smith y Wise, 1989). En el siglo XX, la insigne Mme. Curie, pese a
que nunca aceptó solicitar patentes por sus descubrimientos, concibió y contribuyó
a poner en marcha los procesos industriales para fabricar y purificar numerosas
sustancias radiactivas así como la instrumentación necesaria al efecto; además,
bajo su dirección, el Instituto del Radio jugó un decisivo papel en el desarrollo
metrológico de la radiactividad para usos industriales y en la medicina (Boudia,
1997), constituyéndose un servicio de medidas y control de los instrumentos al
que acudían industriales y médicos de todas partes, lo que convirtió oficiosamente
al laboratorio de Curie en el centro nacional de medidas que no existía en
Francia.
Ahora bien, por su interés como
fuente de poder (science is power), es durante la segunda mitad del siglo XX
cuando la ciencia ha tenido que doblegarse con más frecuencia que antaño a los
imperativos económico y militar, lo que queda históricamente ilustrado por el
proyecto Manhattan desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial (Ferné,
1989), la cual marca la línea divisoria entre la antigua y la nueva forma de
entender el apoyo a la ciencia. Las restricciones que imponen desde entonces los
secretos comerciales y militares chocan frontalmente con la norma mertoniana del
comunalismo científico, considerado idealmente un valor propio de la ciencia. La
mayoría de los científicos académicos que investigan subvencionados por las
empresas o el gobierno tienen que pedir autorización para publicar sus trabajos.
Aunque generalmente se les permite publicarlos, el hecho mismo de que tenga
que ser con un permiso expreso, externo a la propia ciencia, está indicando que
estos científicos ya no pueden seguir cumpliendo libremente con dicha norma.
Estas limitaciones, características del modelo I+D, se han ido extendiendo a toda
la investigación científica, porque muchos laboratorios industriales y de defensa
nacional llevan a cabo, o encargan a las universidades, no sólo investigación
aplicada, sino básica y estratégica o básica dirigida:
"En años recientes la validez de estas
normas [mertonianas] ha sido seriamente discutida por muchos sociólogos de la
ciencia, que señalan la incidencia de secretismo, autoridad excesiva, interés
material y conformidad que se da en la vida científica de hoy. ¿Fue la ciencia
siempre así o, como yo arguyo aquí, ha sufrido una transformación considerable
en los últimos decenios? Se mire como se mire, el moderno sistema colectivizado
de investigación y desarrollo no se ajusta mucho al ethos de la ciencia académica y
su estructura interna no fomenta dicho ethos." (Ziman, 1984, p. 179 de la
traducción española. El añadido es nuestro).
Algunos valores contextuales -
utilitarismo, beneficios económicos, prestigio nacional, poderes político y militar,
etc.- están condicionando en
exceso la práctica de otros valores
considerados desde siempre como constitutivos o propios de la ciencia
académica.
¿Se ha convertido entonces la ciencia
en una propiedad de gobernantes e industriales? Así parece ser, en efecto. Los
intereses políticos y económicos están estableciendo un nuevo marco, dentro del
cual la investigación científica está siendo sometida a normas de funcionamiento
muy distintas a las correspondientes al ethos definido por el esquema normativo
mertoniano de la ciencia; marco que se caracteriza por la aparición de redes
internacionales, con nuevas formas organizativas, que controlan buena parte del
conocimiento esencial, así como la difusión de ideas y resultados en los campos
estratégicos de investigación punta. Esta tendencia pone de manifiesto la aparición
de nuevas relaciones entre la investigación básica y la investigación
tecnológica.
Desde los comienzos de la década de
los ochenta, la valoración comercial de los resultados de las investigaciones se ha
constituido en la preocupación más importante de la política científica y
tecnológica. En estos tiempos, el interés por las aplicaciones comerciales de tales
resultados se está imponiendo sobre sus propias implicaciones científicas. En
coherencia con esta posición, los países más avanzados hacen considerables
esfuerzos para animar a los científicos a proseguir su tarea más allá de sus
proyectos de investigación básica e, incluso, a que participen en la aplicación de
sus resultados. Al mismo tiempo los gobiernos y las grandes empresas promueven
programas nacionales e internacionales destinados a desarrollar investigaciones
que obligan a la colaboración entre equipos de universidades y empresas. Como
señala Ferné (1989): "[...] los [investigadores] universitarios tienen como
compañeros de viaje a políticos y a industriales." (p. 567).
Pero, ¿es posible estimar la calidad de
la investigación básica por su rendimiento económico y social? Gobernantes y
empresarios así lo creen y antes de apoyar una investigación quieren tener cierta
seguridad de que conducirá a desarrollos tecnológicos que puedan ser explotados
a fondo. En consecuencia, uno de los elementos básicos de la política científica y
tecnológica de una nación es la toma de decisiones sobre la asignación de recursos
a los proyectos de I+D. Sin embargo, los análisis de este tipo, por muy
exhaustivos que sean, resultan demasiado complejos y dejan un amplio margen de
incertidumbre, por lo que no permiten predecir cambios tecnológicos a largo
plazo.
Aunque no puedan hacerse vaticinios
precisos en este sentido, sí es posible identificar áreas de futuro crecimiento
tecnológico a las que la investigación básica contribuya con aportaciones
relevantes, bien mediante conocimientos y técnicas esenciales, bien formando
investigadores de alta cualificación que se incorporarán al mundo industrial. Por
tanto, para determinar los fondos que se concederán a la
investigación científica, los gobiernos
y las empresas procuran conocer previamente qué aportaciones son necesarias en
aquellos campos tecnológicos considerados estratégicos e intentan establecer de
qué manera la investigación básica puede llevarlas a cabo. Apoyando determinadas
líneas de investigación y marginando otras, gobiernos, empresarios, militares y
diversos grupos sociales de presión influyen en la configuración de la ciencia y la
tecnología que se hace en un país en una determinada época (Acevedo, 1998;
Manassero, Vázquez y Acevedo, 2001).
Ahora bien, no todos están de
acuerdo con este modelo de investigación básica dirigida a lograr metas
tecnológicas específicas, habiéndose formulado duras críticas contra el mismo. La
necesidad social de planificar y gestionar los recursos destinados a financiar la
investigación científica y el desarrollo tecnológico no debería conducir a los
políticos y gestores a caer en un excesivo dirigismo, exclusivamente orientado
hacia objetivos tecnológicos concretos a lograr a corto plazo, porque la
investigación básica, que genera conocimientos y prepara científicos -muchos de
los cuales trabajarán en la ciencia industrial-, es también fundamental para la
innovación tecnológica. Ésta es la opinión de Feinberg (1985), uno de los críticos
del modelo señalado, el cual afirma que:
"Sería muy imprudente que la
sociedad intentase dirigir la mayor parte de la investigación hacia objetivos
tecnológicos específicos, porque no podemos predecir con exactitud y con gran
antelación cuál será el enfoque de los problemas científicos no resueltos que nos
conducirá a los resultados tecnológicos deseados. [...] Por desgracia, los científicos
mismos a menudo prometen que de su investigación básica surgirán tecnologías
específicas, quizá como manera de estimular la recepción de ayudas económicas.
Tales promesas [...] muestran cortedad de miras." (p. 274 de la traducción
española).
Y, también, cuando manifiesta con
rotundidad que: "Cuando se necesitan nuevos descubrimientos científicos para
lograr determinada tecnología en particular, el mejor método para efectuar tales
descubrimientos es la investigación corriente no dirigida. A veces dichos
descubrimientos aparecen en áreas claramente relacionadas con la tecnología
deseada y, a veces, en áreas aparentemente no relacionadas con ella." (p. 275 de
la traducción española).
En el mundo actual la ciencia
académica cada vez está siendo más dirigida por las finalidades y metas
tecnológicas.
No obstante, lo que se percibe en el
mundo contemporáneo es que a la investigación científica se le exige cada vez
más el requisito de interés tecnológico y su compatibilidad con la tecnología. Para
la inmensa mayoría de los ciudadanos la ciencia es uno de los componentes del
complejo sistema denominado tecnociencia (Acevedo, 1997, 2001) y se valora por
su
utilidad. Para bien o para mal, en los
albores del siglo XXI emerge un paradigma de Desarrollo e Investigación (D+I), en
ese orden, que está sustituyendo al de Investigación y Desarrollo (I+D), el cual ha
venido dominando la política científica y tecnológica desde la década de los setenta
(José Antonio Acevedo Díaz ¿Publicar o Patentar? Hacia una Ciencia cada vez más
ligada a la Tecnología. Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
En nuestro país, el impulsor de la
presente ley es el Dr. Arturo Prins, quien sostiene con Price (1972) las actitudes de
los científicos y los tecnólogos ante las publicaciones marcan una diferencia
importante entre ciencia y tecnología. ¿Sigue siendo esto así más de cuarenta años
después?
Esta norma podría denominarse Ley
Prins, sin lugar a dudas, baste analizar siquiera algunas de las publicaciones del
director ejecutivo de la Fundación Sales y secretario de la Fundación Criterio.
El 16 de julio de 2007 en el diario La
Nación bajo el título: "La Argentina desperdicia su conocimiento" Prins sostuvo:
"Vivimos la mayor bonanza económica
de los últimos cien años. Esta situación puede resultar efímera -así ocurrió otras
veces- si no atendemos a un aspecto siempre relegado: el fortalecimiento de
nuestra debilitada industria, que aún no produce mayor valor agregado.
Cuatro nuevos indicadores muestran
si la industria está tecnológicamente avanzada: las patentes, la tasa de
dependencia, la de autosuficiencia y el coeficiente de invención. Esta novedosa
estadística, que habría que incorporar al análisis económico, la desarrollan la Red
Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (www.ricyt.org) y el
Conicet (www.caicyt.gov.ar ).
Tales indicadores nos muestran
rezagados por no haber incorporado el conocimiento a la economía.
Los países que lo hicieron crecen
sostenidamente, con industrias avanzadas, y hasta subsidian al sector
agropecuario cuando factores externos lo amenazan. En la Argentina, en cambio,
el campo subsidia el transporte, la electricidad, la energía y otras industrias y
servicios para frenar la inflación.
En 2006 se gastaron $ 4418 millones
con ese fin. Criticamos los subsidios, pero los aplicamos de manera inversa.
Siendo el conocimiento el mayor valor
económico, protegerlo parecería una verdad de Perogrullo. Sin embargo, nuestras
empresas siempre patentaron, poco y el sistema científico, menos aún. En el
último decenio medido (1995-2004), el promedio anual de patentes solicitadas en
el país
por residentes (empresas,
instituciones y personas argentinas) fue de sólo 841, y las otorgadas, 191. Brasil,
máximo exponente de la región, solicitó 8648 y obtuvo 2936 (10 y 15 veces más,
respectivamente); Estados Unidos, el mayor exponente del mundo, solicitó
154.163 y logró 77.456.
Las patentes marcan la dimensión de
la economía y su relación con la ciencia.
La Universidad de Buenos Aires
(UBA), creada hace 186 años (en 1821), es la que mayor presupuesto, aunque
siga resultando exiguo, destina a la investigación. Sus científicos publican más de
mil trabajos por año. A pesar de que la ley 111, de patentes, (reformada en 1995)
tiene casi un siglo y medio (1864), en ese lapso la UBA no registra patentes
vigentes, salvo ocho otorgadas en el país y siete en el exterior, en la última
década.
Sin política de propiedad intelectual,
la universidad regala conocimiento cuando publica y no protege su producción
inventiva. Invertir en educación, universidad y ciencia y no apropiarse del
conocimiento es un contrasentido. Aunque no todo debe patentarse, la protección
retroalimenta al sistema científico y a la economía de un país por los beneficios de
las regalías.
Patentar localmente tiene un costo
menor, y hacerlo en otros países no constituye el mayor gasto científico. Se
presume que las patentes en el extranjero son las de mayor potencialidad, pero
nosotros registramos muy pocas: en la plaza más fuerte (Estados Unidos), nuestra
curva fue de 15 patentes otorgadas en 1990 a 49 en 2000, para descender a 17 en
2005. Corea del Sur, con políticas serias, elevó su curva de 213 (1990) a 3285
(2000) y a 4416 patentes en 2005.
Otros dos indicadores miden la
dependencia o autosuficiencia económica, con relación al conocimiento patentado.
La tasa de dependencia muestra el coeficiente entre las patentes solicitadas por
residentes y no residentes (filiales extranjeras en el país, con residencia en el
exterior). Un valor mayor a uno señala dependencia, por la preeminencia de
patentes solicitadas desde el exterior; un valor entre cero y uno indica
autosuficiencia, por la preeminencia local.
La Argentina tiene una alta
dependencia: 5,5 puntos, ya que los no residentes solicitaron, en el decenio 1995-
2004, un promedio de 4604 patentes por año, frente a las 841 de los residentes.
Brasil se acercó a la tasa deseable:
1,5 puntos, pues las patentes de no residentes promediaron 13.126 por año y las
de residentes, 8648. En los EE.UU., la tasa es de 0,8 puntos, con 125.070 patentes
solicitadas por no residentes y 154.163 por residentes.
La tasa de autosuficiencia, contracara
de la anterior, muestra el coeficiente entre las patentes solicitadas por residentes y
el total de las solicitadas.
Crece en la medida en que la
participación local es mayor. En la Argentina, esta tasa siempre fue chata: en el
mencionado decenio, el promedio anual fue de 0,15 puntos. En Brasil, llegó a 0,40
y en los EE.UU., a 0,55.
Aplaudir la inversión sin atender de
dónde proviene y a quién y cómo beneficia es un error. La industria argentina se
extranjerizó y debilitó por la transferencia de activos al exterior y la consecuente
pérdida de espacios creadores de conocimiento y tecnologías. La inversión
extranjera no se vuelca al logro de mayor valor agregado nacional y la argentina
crece fuera del país y del sistema: en 1992 sumaba US$ 44.258 millones y hoy,
US$ 109.932 millones. Se ha dicho que esto ocurre por nuestra baja calidad
institucional.
Un reciente análisis de Rosendo Fraga
-sin desconocer este dato- indica que la inversión "se ha hecho más cínica": China
es el mayor receptor de inversión extranjera; Vietnam del Norte, Rusia, Cuba y
Venezuela reciben inversiones y crecen a tasas elevadas. Faltaría analizar por qué
los argentinos no invierten en su país.
Finalmente está el coeficiente de
invención: cuanto mayor sea, mayor será la capacidad innovadora de una nación.
El indicador mide la relación entre el número de patentes solicitadas por
residentes, cada 100 mil habitantes. Nuevamente estamos rezagados: en el
decenio analizado, nuestro coeficiente promedio fue de 2,36 por año. Brasil lo
duplicó, con 5,05, y los EE.UU. estuvieron al tope, con un impresionante 55,16. La
capacidad de invención del sector científico puede ser alta, como en nuestro caso,
pero desaprovechada. Las universidades y centros científicos favorecen el
crecimiento humano y cultural, pero para crecer económica y socialmente la
ciencia y la industria no deben estar de espaldas.
Hay iniciativas en la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y en algunas universidades, pero no
tenemos una cultura y estrategias de apropiación del conocimiento, ni
presupuestos y equipos para evaluar los trabajos y negociar su transferencia a la
industria. Por eso hay centenares de patentes fuera del sistema, solicitadas por
investigadores o, lo que es más grave, financiadas por empresas y universidades
del exterior, que se benefician. Ante esto se hace la vista gorda, pues al dejar libre
un espacio no se puede exigir que nadie lo ocupe.
Si agregamos la emigración de
científicos, concluimos que la Argentina es donante de conocimientos. Así podemos
importar lo que ayudamos a producir y perdemos la oportunidad de exportarlo. Así
la actual bonanza seguirá siendo un espejismo que esconde la fragilidad de
nuestra economía. Prescindir del conocimiento en la industria y no tener una
política de protección de la propiedad intelectual es un desatino. Creer que el
campo puede y debe sostenerlo todo es injusto y riesgoso.
Recientemente (23/10/2014) en el
diario fundado por el general Mitre, Prins volvió a la carga con su planteo y expuso
bajo la consigna: "La otra fuga de cerebros" que: "debido a su dificultad para
aplicar o proteger el conocimiento generado en el país, el Estado "regala" sus
avances científicos a empresas e instituciones extranjeras que lo aprovechan para
su propio desarrollo.
Tres profesores de la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ), Alberto Díaz, Darío Gabriel Codner y Paulina Becerra,
se preguntaron si investigaciones biomédicas de esa universidad pública podrían
ser apropiadas en el extranjero. Para confirmar la sospecha seleccionaron una
muestra de 14 científicos calificados de la UNQ. Luego accedieron a más de 54
millones de registros de patentes, de la plataforma más completa del mundo
(Delphion), para identificar las que hicieran referencia a artículos de esos
científicos. Cuando una patente refiere a una publicación científica, es porque en
ésta hay un potencial valor tecnológico.
Tras un vasto análisis, identificaron
finalmente 52 familias de patentes (conjunto de patentes de origen común)
otorgadas gracias a los avances publicados por varios de los 14 científicos
seleccionados, entre 1999 y 2010. En algunos casos las patentes se solicitaron
dentro de los dos años siguientes a la publicación, lo que indica que tenían un
potencial tecnológico no advertido por la UNQ.
Alrededor del 53% de las patentes
fue apropiado para la posible producción de nuevos fármacos, por Bayer Schering
Pharma (Alemania), Isis Pharmaceuticals, Trubion Pharmaceuticals, Tracie Martyn
International Ltd. y Dionex Corp. (Estados Unidos); Tranzyme Pharma Inc.
(Canadá); IPSAT Therapies Oy (Finlandia); St. Jude Medical Systems AB (Suecia),
y Aktiengesellschaft (Austria). Aproximadamente un 30% lo apropiaron
instituciones científicas de los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japón, Israel y
España para enriquecer sus investigaciones con los consiguientes beneficios, si se
transfieren a la industria. El 13% de las patentes fue solicitado por inventores
individuales, que podrían comercializarlas o hacer emprendimientos de joint
venture.
La alarmante investigación no tiene
antecedentes y se publicó en Journal of Technology Management & Innovation.
Sus autores definen el hecho como una "fuga ciega de conocimiento" o
"transferencia ciega de tecnología", pues no fue percibida por la propia
universidad. La califican como "drenaje de cerebros" por el desperdicio de
conocimientos que el país no supo utilizar, y como "inteligencia regalada" por el
subsidio indirecto del sector público a empresas e instituciones extranjeras.
Concluyen que si esto sucedió en una universidad que no es de las mayores
ocurriría lo mismo en las demás instituciones de ciencia y tecnología.
Efectivamente, en un artículo que
escribí en 2007 contaba que la UBA, la mayor universidad y la que más fondos
destina a investigación, con más de mil trabajos por año publicados por sus
científicos, tenía sólo 15 patentes obtenidas en los últimos años. La ley Mitre 111
de patentes cumplía entonces casi un siglo y medio (1864) y la UBA, 186 años
(1821), un largo período sin protección del conocimiento.
La Argentina tiene muy pocas
patentes: en una década (2002-11) registra un promedio de sólo 260 otorgadas
por año, mientras Estados Unidos supera las 90.000, muchas originadas en
conocimientos regalados. Varios estudios nos califican como país pobremente
industrializado, que no incorporó el rol de la propiedad intelectual a sus políticas
públicas. Agregan que conocimientos científicos de argentinos en los últimos 70
años, algunos originados en trabajos de los premios Nobel Houssay y Leloir,
sirvieron de base para que empresas internacionales desarrollaran nuevos
medicamentos.
El conocimiento es factor principal del
crecimiento económico, pero nos caracterizamos por no alentarlo ni protegerlo.
Más aún, expulsamos inteligencia. Lo decía nuestro premio Nobel Bernardo
Houssay (1962): "Ahora exportamos científicos, lo que nos empobrece". Un trabajo
de Mario Albornoz, estudioso y analista de indicadores de ciencia y tecnología
iberoamericanos e interamericanos, mostraba que en 30 años (1972-2002)
emigraron del país 50.000 universitarios, de los cuales 20.000 eran científicos.
Estimó el costo de formación de cada uno en 25.000 dólares, por lo que la suma
invertida en el exterior fue altísima, sin beneficio local.
Mientras las naciones receptoras de
inteligencia calificada tienen políticas para captarla, las que la expulsan carecen de
ellas. Esto responde a la ignorancia sobre la importancia del conocimiento y su
protección legal, y a tener una industria desconectada del sistema científico-
tecnológico.
Habrá que distinguir, de ahora en
más, la clásica "fuga de cerebros" de esta "otra fuga" que se detectó en la UNQ.
En la primera, el país expulsor dona el costo de la formación de quien emigra, pero
el país receptor paga su salario, gastos de investigación e infraestructura. En la
"otra fuga" el país receptor está subsidiado totalmente, pues recibe el
conocimiento de otro país sin incurrir en gastos científicos. Aquí la pérdida es muy
grande: a nuestros costos de formación e investigación hay que sumarles los miles
de millones de dólares que perdemos y que reciben las empresas y universidades
cuando comercializan los conocimientos que les regalamos.
Tal pérdida se extiende a América
latina. Un estudioso, Manuel Krauskopf, tras ver el impacto de investigaciones de
Chile en tecnologías patentadas en los Estados Unidos, entre 1984 y 2003,
concluía: la investigación local no es utilizada por la industria chilena sino que
empresas estadounidenses se la apropian. Chile tenía entonces un promedio de
sólo 20 patentes otorgadas por año. Coincidentemente, América latina y el Caribe
era la región del mundo con mayor crecimiento de emigrantes calificados.
¿Qué hacer ante esta realidad? Dado
que publicar y proteger no se contraponen, los autores de la investigación en la
UNQ sugieren una toma de conciencia por parte de los científicos cuando priorizan
publicar para ser reconocidos y obtener subsidios. Subrayan también el rol de las
oficinas de transferencia tecnológica en universidades y centros científicos.
Los países más desarrollados lo son
por el conocimiento que obtienen y protegen para transferir a sus industrias. Es
urgente que nuestro Parlamento y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva implementen políticas y apliquen medidas para que las
universidades públicas y el Conicet protejan la inteligencia científica y promuevan
con los ministerios de Economía y de Industria una economía del conocimiento
para crecer.
Einstein lo vaticinó: "Los imperios del
futuro se construirán sobre el conocimiento". Y Houssay decía: "América latina está
atrasada en este terreno". Lo expresaba en 1934... y seguimos igual o peor".
Para la creación de tecnología y
propiedad intelectual se necesita invertir tiempo, empeño, creatividad y dinero; si
ya invirtió todo lo anterior y más, no deje de lado hacer la última pequeña
inversión que le permite evitar riesgos y problemas innecesarios.
Poca importancia sigue imperando en
la mente creativa de los argentinos por cuanto hace a los cuidados necesarios en
el tema de transferencia de tecnología, la repercusión de esto sale a la luz cuando
un tercero hace uso no autorizado de la misma y por falta de protección, merman
las posibilidades del éxito en el reclamo por los daños causados.
Diversos estudios se han publicado
respecto a la mucha o poca capacidad creativa del argentino; sin embargo,
realmente todos los días nos sorprende la creatividad de muchos de nosotros, esto
se debe a diversos factores como lo son la alimentación, la región en donde nacen,
crecen y desarrollan, incluso la sociedad, porque no es la misma en el sur que en
el norte.
Empero, el punto medular de este
artículo, transferencia de tecnología, no se relaciona con el grado de desarrollo
intelectual, sino con la importancia que debe poner el creador en proteger su
creación y luego el cuidado en la licencia o transmisión de derechos que obtenga
derivado de éstos.
Toda creación que se pretende
proteger lleva de manera intrínseca un esfuerzo de por medio, mental y económico
cuando menos, y en más de las ocasiones la finalidad de la protección es que a
corto, mediano o largo plazo produzca beneficios económicos para el creador y, en
caso de haber un inversionista, también para éste.
Existen diversas acepciones para los
términos "tecnología" y "transferencia". Según la Real Academia Española, para el
primero
usaremos el que la define como
"conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del
conocimiento científico" y, para el segundo concepto "Operación por la que se
transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra"; el uso de ambos
conceptos será por analogía para este artículo, y entenderemos la transferencia de
tecnología como la "transmisión de propiedad intelectual, de la que una persona
física o moral es creadora o poseedora de los derechos correspondientes, a otra
para su uso o explotación científica o comercial".
Para la creación de tecnología y
propiedad intelectual, sin detenernos en definiciones, se necesita invertir tiempo,
empeño, creatividad, dinero y en ocasiones grandes montos, por lo que si ya se
invirtió todo lo anterior y más, no podemos dejar de lado hacer la última pequeña
inversión que le permita a nuestros científicos protegerse frente a terceros y
transferir con tranquilidad el uso o explotación de su creación, evitando riesgos y
problemas innecesarios.
Por todo lo expuesto, solicito el
acompañamiento de mis pares a fin de aprobar este proyecto de ley.
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| Firmante | Distrito | Bloque |
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Giro a comisiones en Diputados
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