La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio y preocupación ante los nuevos casos de gatillo fácil perpetrados por oficiales de la Policía Bonaerense, registrados el 3 de febrero en José León Suárez y el 12 de febrero en Baradero, resultando asesinados Franco Almirón y Mauricio Arce, y Lucas Rotella respectivamente.-

Señor presidente:

Los dos recientes casos de gatillo fácil perpetrados por la Policía Bonaerense vuelven a alertarnos sobre esta inexcusable práctica homicida que ya es una vieja costumbre de las fuerzas de seguridad en general, y de esta fuerza provincial en particular.

Franco Almirón y Mauricio Arce, dos jóvenes de 16 y 17 años que ayudaban a su familia con el cartoneo en el CEAMSE, fueron asesinados por la Policía Bonaerense el 3 de febrero en La Cárcova, uno de los barrios pobres de José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires. La policía llegó al lugar tras una supuesta denuncia al 911 de que la gente del barrio había descarrilado un tren del Nuevo Central Argentino (NCA) y estaba robando el contenido de los vagones. Este llamado bastó para que la policía comenzara a disparar desde el terraplén a la gente que se agolpó a curiosear. Franco murió en el acto, baleado por la espalda cuando entraba al barrio intentando escapar de la represión. Mauricio aguantó hasta la nochecita, y murió en el hospital zonal. La bronca del barrio por los asesinatos y heridos se trasladó a las puertas de la comisaría 4ª, donde la represión se repitió ocasionando decenas de detenidos y heridos. Las medidas tomadas desde el gobierno fueron la saturación y cercamiento del barrio por la gendarmería "que estará a cargo de la investigación" y la "sanción" a algún policía que "reconoció haber disparado con un arma de fuego".

Como se desprende de las investigaciones posteriores, todo indica que el tren se descarriló porque las vías están en muy mal estado (como la enorme mayoría de las vías ferroviarias de todo el país) y la gente sólo estaba viendo qué pasaba, pues los vagones descarrilados estaban vacíos. Otro de los datos que los investigadores corroboraron es que los adolescentes asesinados no estaban armados y al momento del descarrilamiento del tren iban a buscar cartones en bicicleta.

El policía detenido e identificado como principal responsable, el teniente Gustavo Vega, aseguró que no tiró a matar, sino a los pies de un hombre que lo amenazaba con un arma a tres metros de distancia, y que al recargar su escopeta confundió los cartuchos de postas de goma con los de plomo. Fuentes judiciales informaron a Telam que Vega fue indagado por el fiscal de San Martín Marcelo Sendot, quien resolvió que continúe detenido hasta recibir los peritajes balísticos de la Gendarmería Nacional. Si bien los estudios no podrán determinar con qué escopeta fueron disparados los perdigones que mataron a los chicos, los análisis planimétricos permitirían establecer dónde se encontraban los tiradores y los blancos y así llegar a alguna conclusión. Vale aclarar que en su declaración el policía Vega reconoció que es profesor de tiro, razón por la cual no debería haber confundido los diferentes tipos de cartuchos.

Asimismo hay otros 15 efectivos que participaron de la represión policial, de los cuales cinco declararon que dispararon postas de goma y también fueron agredidos a tiros. Ante los fiscales Sendot, Raúl Sorracco y Ana María Armetta, los efectivos detallaron que los disparos partieron desde la villa La Cárcova, pero no identificaron a los agresores como miembros del grupo que supuestamente algunos vecinos identificaron como "los transas" (vendedores de droga de la zona).

Los principales medios audiovisuales llegaron a José León Suárez e hicieron suya la versión policial del descarrilamiento provocado, del enfrentamiento y la represión. En efecto, la versión que primó en los medios de comunicación masiva fue la del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires: que la gente del barrio "agredió a la policía", "descarriló el tren para robar", etc. La muerte de los pibes fue presentada como la de los "delincuentes" que dispararon contra la policía y rápidamente vincularon lo sucedido con la muerte de un "efectivo" sucedida horas antes en la misma localidad. Una vez más volvieron a encender las alarmas por la inseguridad.

Sin embargo, ninguno de estos medios se hizo eco de la versión que finalmente se comprobó: los chicos asesinados pertenecían a familias pobres que iban, como lo hacen miles de personas diariamente, a la montaña del CEAMSE a cirujear para sobrevivir y fueron muertos a sangre fría a muy corta distancia por escopetas policiales. Como era de esperar, tampoco fueron capaces de denunciar la inseguridad que genera para la salud de toda la población esa montaña que recibe diariamente los desperdicios de millones habitantes de la C.A.B.A. y del Gran Buenos Aires.

En el mismo sentido, no debemos dejar de vincular estas muertes con otros asesinatos cometidos por fuerzas de seguridad, como el asesinato en Laguna Blanca, Formosa, de dos hermanos del pueblo Qom integrantes de la comunidad Navogoh (La Primavera) ocurrido el 23 de noviembre de 2010, quienes reclamaban la devolución de sus tierras, que por ley, y por la misma historia nacional, les pertenecen, o cualquier otro de los cientos de episodios que se repiten en todo el país y que no hacen más que poner en evidencia la urgente necesidad de discutir el "problema policial" que aquí, una vez más, intentamos problematizar.

Un nuevo caso ha puesto en evidencia esta necesidad: el sábado 12 de febrero Gustavo Kapp, oficial de la Policía Bonaerense, asesinó por la espalda a Lucas Rotella, de 19 años, quien supuestamente habría echado a correr para evadir un control policial por conducir su moto sin casco, en la localidad de Baradero. El policía, según el mismo admitió, disparo en tres oportunidades con su escopeta cargada con cartuchos de postas de plomo, causándole la muerte al jóven Lucas.

Rápido de reflejos, el comisario Juan Carlos Paggi, jefe de la Policía Bonaerense, voló a Baradero para entrevistarse con la familia Rotella, de quien consiguió -vaya a saber con qué promesas- el "compromiso de no realizar marchas para no enardecer el ánimo de los baraderenses".

Baradero es gobernada desde el año 2007 por el kirchnerista Aldo Carossi, personaje de esos que los medios llaman "polémico" por la multiplicidad de denuncias que lo vinculan con actividades no muy legales, y su destemplada lengua. El mismo que recientemente, por ejemplo, calificó de "faloperos" a los dirigentes locales de la oposición.

Vale recordar que en marzo de 2010 Baradero también había quedado en el centro de la escena política nacional cuando dos adolescentes, Giuliana y Miguel, fallecieron luego de que la motocicleta en la que viajaban fuera deliberadamente embestida por una camioneta de inspección de tránsito de la comuna porque no se detuvieron en un control de tránsito. En aquel momento buena parte de los vecinos, en especial jóvenes, se movilizaron a la comisaría, que fue apedreada, y quemaron gomas mientras cortaban la calle.

Asimismo, en Baradero hay "vecinos ilustres", como el comisario Osvaldo Somohano, de pasado procesista, amigo íntimo del subcomisario Luis Abelardo Patti, y jefe de la policía bonaerense en épocas del gobernador peronista Antonio Cafiero. Su hijo Gastón, policía federal, dirigió hace unos años la partida que torturó a Ezequiel Demonty antes de tirarlo a las aguas del Riachuelo (donde murió ahogado) junto a sus amigos Claudio Maciel, de 14 años, y Julio Ismael Paz, luego de ser detenidos ilegalmente en el Bajo Flores por tres patrulleros de la seccional 34a. Causa por la cual el entonces subinspector Gastón Somohano fuera procesado junto a otros ocho oficiales por el delito de tortura agravada seguida de muerte.

En los dos casos el sorprendente (por no decir insultante) argumento es el mismo: los oficiales se equivocaron. En el caso de Baradero, el oficial declaró haber creído que su arma estaba cargada con balas de goma. Según fuentes médicas la víctima recibió 18 perdigones en la zona de la columna, tres de esos mortales.

Medidas como la intervención de la Comisaría Cuarta de José León Suárez, dispuesta por el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, o el pase a disponibilidad de los policías que dispararon o el imprescindible juicio y castigo a los asesinos no resuelven la cuestión de fondo, ni van a evitar que estos crímenes se repitan. De hecho no es este el primer caso de asesinato policial en La Carcova, ni es el primer cambio de caras en la comisaría.

Miguel Rotella, padre de Lucas, asesinado en Baradero, advirtió sobre la falta de controles "psicofísicos" periódicos a policías como el que mató a su hijo. En esa ciudad, señaló, "los chicos cometen tonteras pero eso no es para que lo maten por la espalda". Fuentes policiales recordaron que el efectivo tenía abierto un sumario por amenazar con su arma reglamentaria a un grupo de personas durante un baile de egresados, en 2008.

Al margen de las excusas policiales y oficiales, estas muertes forman parte de un modelo que necesita del temor para inmovilizar al pueblo y garantizar los privilegios de clase de las minorías pudientes ¿O debemos creer que estos acontecimientos se deben a un mal aprendizaje o fatales equivocaciones de dos oficiales y no a los graves problemas de la formación, la estrategia y la filosofía policial? No esta de más recordar que, con estos tres asesinatos, suman 3.140 las muertes a manos de las fuerzas represivas del estado desde diciembre de 1983 hasta la fecha (Información suministrada por la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial). Y no resulta una mera casualidad estadística que la enorme mayoría de esos asesinatos sean jóvenes y pobres.

Unos pocos meses estuvieron suspendidos los policías acusados con pruebas contundentes de haber secuestrado y torturado hasta la muerte al jóven Luciano Arruga, en el barrio de Lomas del Mirador, también en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, la agenda mediática y política vuelve a intentar imponer la demagógica, ineficaz e hipócrita idea de la necesidad de una baja en la edad de imputabilidad. Muy lejos de debatir la efectividad de las cárceles o siquiera sus condiciones actuales, vastos sectores políticos y sociales proclaman encerrar adolescentes en las mismas, desentendiéndose de la necesidad de abordar desde una discusión profunda y honesta la paupérrima situación en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

El ex vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y actual director ejecutivo del Observatorio Social Legislativo de la Cámara de Diputados bonaerense, el médico y educador Dr. Norberto Liwski, enfatiza que los datos de la realidad prueban que hay una visión colectiva excesivamente rigurosa con los chicos, cuando, en cambio, debería concentrarse en luchar contra los graves peligros que se abaten sobre ellos. Para sostener este argumento ofrece los siguientes datos: mientras el 1 por ciento de los homicidios es cometido por menores de 18 años, estos, cuando se examina el índice de mortalidad adolescente por causas externas o violentas, son las víctimas en el 18 por ciento de los homicidios y en el 24.6 de las muertes cuyos orígenes pocas veces se determinan. Lejos de intentar identificar y corregir los conflictos sociales que originan que un pibe cometa algo que el Código Penal dice que es delito, la solución que siguen ofreciendo tanto el gobierno bonaerense como el nacional es la represión y el terror policial. No hay otra manera de decirlo: es con represión y gatillo fácil que se descarga de manera indiscriminada sobre los sectores sociales más carenciados, y en especial sobre los más jóvenes de ellos, como se pretende seguir imponiendo este orden económico-social que más se ensaña con los que menos tienen.

En efecto, los enfrentamientos armados y el uso indiscriminado de la fuerza se consolidan como un eje central de las políticas de seguridad pública. En este contexto, crece la posibilidad de que cualquier acto delictivo desencadene una acción policial que ponga en peligro la vida de las personas sospechadas de cometer un delito, de los propios policías y de terceros. Así, las policías aparecen envueltas en una espiral de violencia en cuya generación participan, en lugar de contribuir a desarticular.

De los datos analizados por distintos organismos abocados al análisis de la función policial surge, en los últimos años, un marcado incremento de civiles muertos (muy superior al de policías), incremento que no aparece asociado con el aumento de los delitos violentos y cuya inusual disparidad no hace más que poner en evidencia la persistente presencia del ya mencionado y nefasto gatillo fácil. Esto se asocia asimismo con la práctica policial de reaccionar intempestivamente y de intervenir en situaciones desventajosas, en las que pone en riesgo su propia vida y la de terceros. En este sentido, constituye un grave error (cuando no una enorme hipocresía) que quienes son responsables del diseño de las políticas de seguridad, como es el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, propongan medidas que directa o indirectamente busquen incrementar el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

Una consolidación de las rutinas de trabajo violentas y la ausencia de controles sobre el uso de la fuerza está asociada a los siguientes riesgos:

Una marcada incapacidad para desarrollar acciones destinadas a reducir los niveles de violencia social e intervenir en un contexto donde es posible que se incrementen los hechos de violencia, los delitos y los conflictos interpersonales y sociales, envolviendo a la policía en una situación de violencia de la que participa sin hacer uso de su capacidad para controlarla.

Una obstrucción en el desarrollo de prácticas profesionales en las fuerzas de seguridad.

Un creciente desprestigio institucional y la profundización de la brecha entre la policía y la sociedad, con un riesgo de quiebre definitivo de la confianza entre amplios sectores de la población y la policía.

Una creciente posibilidad de que algunas de estas muertes estén asociadas a prácticas corruptas y violentas y a la participación de policías en hechos delictivos y redes de ilegalidad.

Este problema sólo puede solucionarse en la medida que se opte por acciones concretas para reducir los niveles de violencia y proteger la vida de las personas. Estas acciones deben implicar un control específico sobre el uso de la fuerza por parte de la policía y la implementación de medidas concretas para impedir la proliferación de armas en la sociedad civil, muchas de ellas provistas por las propias fuerzas policiales. Distintos factores, entre los que se destaca una cultura institucional y política que sobrevalora el uso de la fuerza y devalúa la misión policial de resolver conflictos entre las personas del modo menos lesivo posible, parecen dificultar estas políticas.

No se trata sólo de la reafirmación de que la injusticia reina por estos pagos. Lo que aparece con obstinada persistencia, más allá de toda la manipulación mediática, es el interminable genocidio que se sigue cometiendo contra nuestro pueblo, y en particular contra sus integrantes más desvalidos y expuestos: los jóvenes pobres.

Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a las Señoras Diputadas y Señores Diputados que acompañen la sanción del presente Proyecto de Declaración.-