La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar, conforme a lo previsto en el Artículo 2 Inc. b de la Ley 24284, a la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, a que proceda a proponer ante las Cámaras los candidatos para ocupar el cargo de "Defensor del Pueblo de la Nación", el cual se encuentra en estado de acefalía en contra de lo que dispone la Constitución Nacional en su Artículo 86.

Notificar la presente resolución al Senado de la Nación, bajo cuya Presidencia corresponde reunir a los miembros de la Comisión Bicameral permanente, en cumplimiento de la mencionada Ley, para poner en marcha el procedimiento de designación de un nuevo Defensor del Pueblo de la Nación.

Señor presidente:

El cargo de defensor del Pueblo de la Nación, creado en 1993 bajo la órbita del poder legislativo y consagrado en la Constitución un año después, se encuentra vacante desde 2009. El defensor adjunto, Anselmo Sella, se desempeñó como cabeza de este organismo pero la finalización de su mandato en diciembre del 2013 dejó acéfalo a este órgano independiente; cuya misión, según define el artículo 86 de la Carta Magna, es "la defensa de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados" por la norma fundamental.

Sin una conducción, el organismo sólo puede continuar las causas iniciadas -no sin dificultades-, pero se encuentra impedido de presentarse como parte en nuevos casos. Así se evita un rol de control constitucional para las acciones de la administración pública y las empresas privadas proveedoras de servicios públicos.

La designación, requiere el voto calificado (dos tercios) de los presentes en ambas cámaras y debe ser propuesto por una comisión bicameral, integrada por seis miembros por recinto, que no ha sido plenamente constituida desde el recambio legislativo.

El último candidato impulsado por la bancada oficialista para este cargo fue el del ex jefe de Gabinete y actual embajador designado ante el Mercosur, Juan Manuel Abal Medina, algo que fue rechazado de plano por la oposición por tratarse de un cargo que requiere independencia de la administración que debe controlar.

Por su parte, los representantes de la oposición propusieron continuar el mandato del adjunto, pero esta alternativa - rechazada por el oficialismo- contraria las normas que regulan su funcionamiento, según indicaron distintos especialistas.

Ante la consulta de LA NACION, distintos empleados de esta institución, que pidieron mantener su nombre en reserva, indicaron que la situación genera preocupación en muchos de ellos. "Es una institución unipersonal y hay funciones que sólo las puede ejercer el Defensor, se continúa el mandato sobre las causas en curso, pero no se pueden impulsar nuevos temas", explicó uno de ellos, y agregó: "El peligro es que esta situación se normalice tras cinco años sin defensor y se desvirtúe el rol de una institución con rango constitucional".

La acefalía implica una práctica parálisis en casos graves de vulneración de derechos humanos, como el que motivó una cautelar de la corte por la situación de los indígenas en el Chaco o el caso que motivó una sentencia de la Corte Suprema que obliga al estado a proceder al saneamiento de la cuenca del Matanza Riachuelo.

A raíz de esta última causa la Corte creó un cuerpo colegiado, que preside el Defensor e integran, entre otras ONG, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace. Las organizaciones enviaron una nota al máximo tribunal donde señalaron la "crítica situación por la que atraviesa el cuerpo colegiado, debido a la vacante generada en la Defensoría del Pueblo de la Nación".

Además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió en Washington a organizaciones civiles argentinas y alertó sobre el impacto para la vigencia de los derechos humanos en el país la falta de designación del Defensor del Pueblo.

En este contexto, el señor Relator para Argentina, Comisionado Paulo Vannuchi, manifestó que en su visita de noviembre ofrecerá sus gestiones para facilitar un diálogo entre los actores involucrados que permitan el nombramiento del titular del organismo. La audiencia fue convocado a partir de la situación de acefalía que presenta la institución desde 2009, producto del incumplimiento del Congreso Nacional de proponer y designar un nuevo Defensor.

La situación que se agravó a partir de diciembre de 2013, cuando cesó el mandato de los Defensores Adjuntos, por lo que quedó la entidad provisoriamente a cargo del Secretario General. Los representantes de las organizaciones manifestaron ante la CIDH su "profunda preocupación por la fragilidad institucional" y alertaron sobre la "pérdida gradual de protagonismo de la entidad respecto de las discusiones públicas más relevantes para la vigencia de los derechos humanos".

La audiencia fue solicitada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Poder Ciudadano.

Por las razones expuestas solicito a los miembros de la Honorable Cámara de Diputados que me acompañe en el presente proyecto.