La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Tribunal Fiscal de la Nación en los términos del art. 100 inciso 11 de la Constitución Nacional y art. 6° del anexo VII del decreto 1172/2003, informe a ésta H. Cámara de Diputados de la Nación, acerca del estado de la causa 37253-I, que tramita en la Sala D de dicho organismo e investiga una operatoria con facturas apócrifas de la firma Action Media S.A. (CUIT 30-70937364-8) integrada por el señor José María Núñez Carmona y reconocida expresamente como propia por el señor vicepresidente de la Nación Licenciado Amado Boudou.

1.- Remitir copia certificada de la totalidad del expediente 37253-I que se ventila por ante la sala D del H. Tribunal Fiscal de la Nación.

2.- Adjuntar asimismo, copias fieles de la totalidad de la documentación que se encontrare reservada en caja de seguridad del Tribunal.

3.- Efectuar una relación precisa de la deuda que mantiene la empresa Action Media S.A. para con el Estado Nacional en concepto de impuestos a las ganancias, IVA y otros que se hubieren determinado de oficio.

4.- Informar los motivos por los cuales aún no ha recaído sentencia en el expediente de marras, toda vez que se hallarían vencidos los términos dispuestos para fallar de conformidad con lo normado por los arts. 184, 188 y concordantes de la ley 11.683.

Señor presidente:

El presente pedido de informes se interpone a tenor de lo normado por el art. 6° del anexo VII del decreto 1172/2003 y art. 100 inciso 11 de la C.N., invocándose además el precedente de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado a 14/10/2014 in re: G. 36. L. RECURSO DE HECHO Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986 en el cual se resolvió que:

"... en efecto, los jueces de la causa consideraron que el actor, en su condición de ciudadano, se hallaba legitimado para acceder a la información requerida en poder de la Administración demandada de acuerdo a lo previsto expresamente en el arto 6° del anexo VII del decreto 1172/2003, que confiere ese derecho a toda persona física y jurídica. El recurrente pretende confutar este argumento con la mera afirmación dogmática de que el actor interpuso la demanda exclusivamente en su carácter de diputado de la Nación y que como tal cuenta con. "canales institucionales específicos" para acceder a la información que requiere. No refuta, sin embargo, el fundamento de la cámara según el cual su condición de diputado no le hace perder su calidad de ciudadano, ni tampoco se hace cargo de la jurisprudencia de esta Corte, conforme a la cual el derecho a solicitar información en poder del Estado corresponde a toda persona, sin necesidad de acreditar un interés o afectación directa; es decir, que la legitimación activa es amplia, de conformidad con el principio de máxima divulgación que rige la materia (ver Fallos: 335:2393 y sus citas, y el precedente C.830.XLVI "CIPPEC c/ E.N. - Min. de Desarrollo Social - dto. 1172/2003 s/ amparo ley 16.986", del 26 de marzo de 2014). A lo expuesto cabe agregar que el apelante tampoco critica la interpretación realizada por la sentencia con respecto a las leyes y otras disposiciones que asignarían carácter público a la información requerida, ni desarrolla argumento alguno que explique por qué esa información se hallaría exceptuada de proveerla en los términos del artículo 16 del decreto 1172/2003".

El Tribunal Fiscal de la Nación creado por ley 15.265 y arts. 144 a 199 y concordantes de la ley 11.683 se encuentra dentro de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, que designa a sus vocales y por ende es susceptible de responder explicaciones y contestar informes a tenor de los arts. 71 y 100 inciso 11 de la Carta Magna.

Ahora, bien auto, domicilio y, ahora también, facturas truchas. Una sociedad vinculada al vicepresidente Amado Boudou enfrenta un reclamo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la presunta evasión de impuestos a través de facturas apócrifas a las que recurrió para reducir sus pagos por IVA y Ganancias.

La operatoria irregular, que involucraría un monto cercano al medio millón de pesos, se concentra en Action Media SA, la firma en la que aparece como dueño el socio del vicepresidente, José María Núñez Carmona, pero que Boudou incorporó como parte del mismo grupo económico en documentos societarios que presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Banco Macro, por lo que comparten sus beneficios.

Action Media no aparece aún en el listado con más de 1200 "usinas" o empresas "usuarias" de facturas truchas que la AFIP subió a Internet luego de que LA NACION reveló que empresas de Bahía Blanca emitieron documentos falsos por decenas de millones de pesos, que terminaron en los registros contables de Austral Construcciones, la nave insignia del grupo de Lázaro Báez.

Eso se debe a que el reclamo de la AFIP aún no tiene sentencia. El caso se encuentra en el Tribunal Fiscal de la Nación desde el 14 de febrero de 2013. Se registró con el número 37253-I, y quedó en la Sala D, que integran Edith Gómez -asumió en el Tribunal gracias a una polémica renovación impulsada desde el Palacio de Hacienda- e Ignacio Buitrago, como subrogante.

La AFIP detectó la operatoria irregular años antes, cuando inspectores de la Regional Mar del Plata del organismo analizaron la contabilidad de Action Media, hasta que en diciembre de 2012 completaron lo que en la jerga interna se denomina una "determinación de oficio" sobre cuál sería la deuda acumulada por Ganancias e IVA.

El trabajo dentro de la Regional registró varios momentos de tensión, según reconstruyó LA NACION, ya que para entonces Boudou era un funcionario público en continuo ascenso, que pasó de la Anses al Ministerio de Economía y de allí a la vicepresidencia.

El nombre de Boudou no aparece en los papeles de Action Media, pero él mismo reconoció que esa firma conforma un grupo económico junto a Inversiones Inmobiliarias Aspen y Habitat Natural -las dos sociedades que sí declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA)-, y otras cuatro empresas que en teoría sólo eran de su socio Núñez Carmona: Rock Argentina, WSM, Beaver Cheek y Embarcaciones Argentinas.

En los registros oficiales de Action Media aparecen otros rostros visibles. Como socios constitutivos figuraron en 2005 Guido Forcieri -luego jefe de gabinete de Boudou en el Palacio de Hacienda, también procesado en el caso Ciccone- y Sandra Viviana Rizzo, una amiga de Núñez Carmona que voló a Miami con pasajes pagos por The Old Fund, el misterioso fondo controlante de la ex Ciccone.

Ya en octubre de 2006, dentro de Action Media, apareció Eduardo Dehaut, el contador de Boudou y de Núñez Carmona, según surge del Boletín Oficial bonaerense. Y desde 2010, Juan Carlos López, que compartió una cuenta bancaria en el HSBC con el vicepresidente y su socio.

Pero si en los papeles no aparece, Boudou se encargó de explicitar su vinculación con Action Media en un acta de asamblea extraordinaria de Aspen en la que detalló que ambas integraban un grupo empresarial junto con Rock Argentina, WSM, Beaver Cheek y Embarcaciones Argentinas.

"Se ha considerado por el directorio [de Aspen, es decir, Boudou y Núñez Carmona] la relación comercial existente entre las empresas y la sociedad, siendo que el beneficio de cada una de las empresas redunda en un beneficio para la sociedad", detallaron, para luego estampar sus firmas, presentar el documento ante la IGJ y "garantizar las líneas crediticias" que deseaban obtener en el Banco Macro.

Aunque sin tanto detalle, dentro de la Regional Mar del Plata de la AFIP sospechaban de los vínculos de Boudou con las firmas que en teoría sólo eran de Núñez Carmona, como Action Media.

Esa sospecha se confirmó cuando, según reconstruyó el matutino La Nación, llovieron las presiones sobre varios funcionarios para que no le notificaran a esa sociedad el ajuste fiscal por facturas truchas que se le imputaba y que, además, se le exigiera que emprolijara su situación.

Ya notificados, desde Action Media optaron por no pagar. Para evitar ese desembolso, recurrieron al Tribunal Fiscal, un órgano que depende del Ministerio de Economía y al que los contribuyentes pueden acceder para objetar las decisiones de la AFIP sin tener que pagar como sí se exige cuando se acude al Poder Judicial. Allí se encuentra desde febrero de 2013.

Para Boudou y Núñez Carmona, de todos modos, no significó el único contratiempo con la AFIP. En 2009, el organismo que lidera Ricardo Echegaray reportó al socio del entonces ministro de Economía ante la unidad antilavado (UIF) por blanquear $ 7,2 millones, con la primera ley de moratoria y blanqueo que abrió el Gobierno.

Y tres años después, en 2012, la AFIP dispuso la baja automática del CUIT de otra firma de ambos, Coinal SA, como parte de un plan más amplio para eliminar nichos de evasión con el que purgó cientos de miles de firmas.

Con Coinal SA, Boudou y Núñez Carmona habían registrado dos marcas comerciales: El Viejo Pirata y Bucanero Garfio.

Para Action Media tampoco fue el primer traspié. En la causa Skanska consta que descontó cheques en la misma cueva de la City porteña a la que recurrió una docena de proveedores truchos de la multinacional sueca. Y en mayo de 2008, el entonces titular de Télam, Martín Granovsky, denunció a Núñez Carmona por el presunto intento de pago de coimas para destrabar pagos para esa firma.

La avanzada de la AFIP sobre la empresa Action Media no sólo expuso una vez más la tirante relación entre Echegaray y Boudou, sino también las dificultades que encuentra el vicepresidente dentro del propio Gobierno. Allí hay varios funcionarios que desearían que Boudou dé un paso al costado para evitar pagar el costo político que arrastran sus causas judiciales (Fuente: Hugo Alconada Mon, diario La Nación).

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares con su voto a fin de aprobar el presente pedido de informes.