La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio ante la salvaje represión que las policías Federal y Metropolitana desataron contra las familias que ocupaban una parte del Predio Indoamericano en Villa Soldati y que provocó la muerte de dos personas, heridas de suma gravedad a varias más y la detención de 50 vecinos y vecinas.

Señor presidente:

El martes 7 del corriente mes las policías Federal y Metropolitana llevaron a cabo un operativo de desalojo contra las familias que ocupaban una parte del Predio Indoamericano en Villa Soldati. Se trata de familias que carecen de un techo digno bajo el cual cobijarse, que padecen todo tipo de privaciones y que reclaman la vigencia de los derechos mínimos que este Estado y sus administraciones nacional y locales deben garantizar. Sin embargo, no sólo este Estado hace oídos sordos a esas demandas sino que además, desata su violencia sin miramientos si esas personas persisten en su reclamo. Por acción o por omisión, como denunciaron los y las vecinas de la Villa 20 que fue duramente reprimida, los miembros de las fuerzas de seguridad dispararon contra quienes estaban indefensos o cerraron los ojos y dejaron hacer a las patotas armadas que atacaban a los vecinos. Y el resultado no fue otro que un joven de 22 años muerto, una joven de 28 años muerta, una bebé y otro joven heridos de bala y alrededor de 50 personas detenidas. En síntesis: a las y los pobres que no se resignan a su condición, el Estado responde con balas.

Y parece que esta barbarie se torna costumbre ya que cuando algún grupo o sector de la sociedad exige se respeten sus derechos, las fuerzas policiales hacen sentir el rigor de sus armas o de las ajenas conocidas. Así lo atestiguan el asesinato de Mariano Ferreyra, la persecución y la ejecución de miembros de las comunidades indígenas que reclaman el derecho a la tierra en Formosa y ahora, lo sucedido con estas familias.

No basta con separar de sus cargos a los jefes de los operativos. Menos aún, con discursos amenazantes contra la ciudadanía que demanda por justicia. La solución debe ser estructural: construir viviendas, amparar a los sectores más desprotegidos, llevar a cabo políticas públicas de inclusión y de protección social. En definitiva: bastaría con que el Estado dejara de hacerse presente con el ejercicio de la fuerza y pusiera en escena todas las herramientas con las que cuenta para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y no, como viene haciéndolo, su plena violación.

Como Diputadas y Diputados Nacionales debemos impedir que estos hechos sigan sucediendo. Y en esa dirección es que solicito a mis pares que acompañen este proyecto.