La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del art. 100 inciso 11 de la Constitución Nacional, informe a ésta H. Cámara de Diputados de la Nación, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y demás organismos competentes en la materia, acerca de los siguientes puntos vinculados a la presunta presión ejercida sobre el fiscal federal Dr. Claudio Kishimoto, por la Procuradora General de la Nación Dr. Alejandra Gils Carbó y los subordinados de ésta funcionaria, los fiscales federales Dres. Jorge Auat y Daniel Adler, para que se acusara falsamente al Juez Correccional N° 4 de Mar del Plata Dr. Pedro Federico Hooft que fue sometido a Jury de Enjuiciamiento y luego absuelto por amplia mayoría.

1.- En orden a lo dispuesto por el art. 23 de la ley 24.946 se requiera a la Procuradora General de la Nación un completo informe circunstanciado, referido a la supuesta presión ilegal ejercida sobre el Fiscal Federal Dr. Claudio Kishimoto para que se acusara falsamente al Juez Correccional N° 4 de Mar del Plata Dr. Pedro Federico Hooft, con acreditación de las actuaciones que se hubieran promovido de conformidad con el poder disciplinario que emana del art. 16 de la citada ley.

2.- Siendo que la causa contra el Dr. Pedro Federico Hooft se inició por denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y que el Fiscal federal Claudio Kishimoto, personalmente le dijo a Federico Hooft -hijo y codefensor del acusado- que la causa era "un gran verso" y que Hooft no había cometido delitos de lesa humanidad, en la llamada "Noche de las Corbatas", remitir a esta H. Cámara todos los antecedentes existentes en dicha dependencia respecto del aludido juez bonaerense.

Señor presidente:

La defensa del honorable juez Dr. Pedro Federico Hooft presentó el 16 de octubre ante la Cámara Federal de Mar del Plata una declaración testimonial del Fiscal General Federal de esa ciudad, Dr. Juan Manuel Pettigiani, donde detalló que el fiscal federal Dr. Claudio Kishimoto confesó que estaba "preocupado" por la causa contra Hooft, porque "es una causa donde no había nada", además de denunciar quiénes fueron los que obligaron a hacerlo.

"Estaba preocupado por la causa contra el juez Hooft porque le estaban haciendo firmar en una causa donde no había nada contra él, y que las personas que lo estaban obligando eran el Dr. Jorge Auat y el Dr. Daniel Adler", detallaron los defensores.

El escrito fue presentado ante la Cámara Federal, debido a que Pettigiani no fue citado a declarar por la Justicia pese a los insistentes pedidos del juez Hooft y sus defensores, quienes en abril de 2013 presentaron una denuncia por presuntos hechos de corrupción en la Justicia federal, y al mismo tiempo pidieron que se investigue si se había conformado una asociación ilícita de abogados, funcionarios judiciales y miembros de la Procuración General de la Nación para armar la causa penal contra él.

Cabe aclarar que la denuncia realizada por el juez Hooft y su defensa se fundamentó en las expresiones del ya citado fiscal federal Claudio Kishimoto, quien personalmente le dijo a Federico Hooft -hijo y codefensor del acusado- que la causa era "un gran verso" y que Hooft no había cometido delitos de lesa humanidad, en la llamada "Noche de las Corbatas".

La charla duró cerca de cuarenta y cinco minutos y fue totalmente grabada. Está en poder de la Justicia federal. Las expresiones de Kishimoto -de acuerdo con el testimonio escrito del fiscal federal Pettigiani- coinciden plenamente con lo que dice en la charla grabada.

La presentación de Pettigiani se produce seis meses después del jury al juez Hooft que llevó adelante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que terminó con el reconocimiento de la total inocencia del magistrado. El jurado lo absolvió por 8 votos contra 2 y lo reintegró en su cargo en abril pasado.

Rememoremos que la causa contra Hooft comenzó en 2006 tras varias denuncias de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de organizaciones sociales y políticas, que lo acusaron de complicidad con la dictadura militar y por no investigar causas sobre personas desaparecidas durante la represión en Mar del Plata.

Concretamente, se le imputó su actuación en el año 1977 en la causa denominada "La Noche de las Corbatas", donde fueron secuestrados y permanecen desaparecidos varios abogados, además de haberse declarado incompetente para juzgar homicidios remitiendo los expedientes a la Subzona Militar XV y de visitar centros clandestinos de detención.

La investigación contra el juez marplatense se demoró por diversas recusaciones y excepciones opuestas por el propio Hooft, que incluyó cuestionamientos a ministros de la Suprema Corte, incidentes que con el tiempo quedaron desestimados.

La causa se reactivó el 14 de febrero de 2013, cuando se conformó el Jurado de Enjuiciamiento, que el 3 de marzo del mismo año y por unanimidad rechazó las nulidades planteadas, suspendió a Hooft del cargo y le impuso un embargo del 40 por ciento del sueldo.

El jury comenzó el 17 de marzo del corriente año y en las audiencias de lunes y miércoles declararon al menos un centenar de testigos, entre los que se destacó Marta García, viuda del abogado desaparecido Jorge Candeloro, quien acusó a Hooft de no haber actuado por ella mientras estaba secuestrada.

Tras la quinta audiencia del proceso, el 28 de marzo, Hooft tuvo que ser internado de urgencia en un centro asistencial de esta ciudad luego de sufrir una descompensación, aunque su abogado defensor, Héctor Granillo Fernández, no pidió la suspensión del jury que siguió adelante y culminó hoy.

Por la absolución votaron los conjueces abogados Héctor Martín, Eduardo López Wesselhoefft, Atilio Rossello, José Luis Núñez y José Miguel Nemiña; los legisladores Héctor Vitale (senador del Frente Renovador) y Abel Buil (diputado del FAP), y el ministro de la Corte y presidente del Jurado Juan Carlos Hitters.A favor de la destitución se expresaron los legisladores Luciano Martini (senador del Frente para la Victoria) y Lucía Portos (diputada del FpV).

Dada la gravedad del testimonio presentado por el fiscal Pettigiani, ahora el juez Hooft y sus defensores esperan que la Cámara Federal ordene que continúe la investigación de los hechos denunciados (Fuente: diario El Atlántico, Mar del Plata).

El presente pedido de informes se incoa a efectos de discernir si se han producido los hechos que se relatan por parte de la defensa del Dr. Hooft, lo cual sería un verdadero escándalo institucional de proporciones, si como se sospecha, desde la Procuración General de la Nación se hubiere presionado a un fiscal para introducir pruebas falsas en detrimento de un pundonoroso juez federal, lo cual daría lugar a la configuración de causal suficiente para interponer el correspondiente pedido de juicio político contra la Dra. Alejandra Gils Carbó (art. 53 de la Constitución Nacional y art. 13 de la ley 24.946) y Tribunal de enjuiciamiento contra los otros representantes de la vindicta pública, antes mencionados.

Ello así, por cuanto se encontrarían palmariamente violado el art. 25 de la ley 24.946 que establece que corresponde al Ministerio Público:a) Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad; b) Representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera; g) Velar por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes de la República; h) Velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal.

Es dable señalar que existe una fuerte preocupación con la conducción de sesgo autocrático que ejerce la DraGils Carbó, como hemos podido comprobar en el amañado proceso contra el Fiscal Federal Dr. José María Campagnoli, la persecución contra otros funcionarios del Ministerio Público y el miedo pánico que se ha instaurado entre los fiscales, quienes evitan emitir opiniones públicamente, porque quedan expuestos a las iracundas y rencorosas decisiones de la Procuradora General, la cual carece de la necesaria independencia para ejercer su cargo y ostenta una insólita militancia política que debería ser ajena a tan alta responsabilidad constitucional.

Se dirige el pedido de informes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, porque de conformidad con el art. 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 24.946, la Procuración General de la Nación se relaciona con el Poder Ejecutivo, a través de la cartera citada.

Pido el acompañamiento de mis pares con su voto.