La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de convocar a una audiencia para el 28 de octubre a fin de tratar el problema de la falta de nombramiento del Defensor del Pueblo de la Nación y su impacto sobre la vigencia de los derechos humanos en nuestro país.

Señor presidente:

Hemos expresado nuestra profunda preocupación por la falta de designación del Defensor del Pueblo de la Nación, que se omite desde el año 2009 y que se encuentra acéfalo desde 2013. En este sentido, hemos presentado a esta Honorable Cámara un proyecto, Nº 2550-D-2014, planteando esta situación y solicitando que se tomen todas las medidas necesarias para conformar y poner en funcionamiento los mecanismos necesarios para tal designación.

Esta situación inédita en nuestro país, ensombrece el compromiso que el gobierno proclama por los derechos humanos, máxime cuando teniendo mayoría en esta Cámara se omite la puesta en funcionamiento de la comisión bicameral que tiene a su cargo la selección del Defensor y lamentablemente también se omite toda acción tendiente a designar el Defensor del Niño, Niña y Adolescente creado por la ley de protección integral de sus derechos, Ley Nº 26.061.

La importancia en la designación del Defensor del Pueblo radica en su independencia, autonomía funcional y por encontrarse exento de recibir instrucciones de ninguna autoridad en materia de defensa de los derechos humanos en nuestro país. Si bien fue creada en una primera instancia por decreto, luego se sancionó la ley específica 24.284 y por último la institución fue elevada a rango constitucional en 1994.

Una de las graves consecuencias de encontrarse acéfala, es que la Defensoría no puede impulsar nuevas causas, ni asumir la defensa de los derechos humanos que se consideren conculcados en ningún proceso judicial o administrativo nuevo que se sustancie en nuestros tribunales sobre hechos u omisiones de la administración pública y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.

La denuncia interpuesta por varias organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentran la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Poder Ciudadano y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), ha tenido acogida en el sistema interamericano de defensa de los derechos humanos y vemos con agrado y expectativa positiva, la convocatoria a una audiencia pública fijada para el 28 de octubre en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Creemos que esta es una vía importante para que el oficialismo rinda cuentas y asuma su responsabilidad en materia de derechos humano con coherencia y sistematización. Respetar la Constitución Nacional y las leyes que crean estas instituciones de derechos humanos como el defensor del pueblo y del niño, no es mera burocracia, sino que es esencial para fortalecer una democracia que sólo puede ser vigorosa cuando respeta integralmente los derechos humanos, comenzando con la integración de los órganos constitucionales y legales previstos para su promoción, control y defensa.

Han pasado más de treinta años de recuperación de la democracia y veinte años de la creación de esta institución en nuestro país, creemos que es necesario fortalecer nuestro sistema democrático. Es por todo lo expuesto, que solicitamos la aprobación de este proyecto.